En Venezuela sin prisa ni pausa van apareciendo «las actas» que la comunidad occidental reclamaba y negaba el dictador y son ya un indicador de análisis insoslayable. Por ejemplo, el texto de Bruno Sgarzini que se publica presenta una tesis fuerte: Estados Unidos ya no utiliza las sanciones solo como mecanismo de presión diplomática, sino como un instrumento de administración directa de la renta petrolera venezolana. Si los datos citados son correctos, estaríamos ante un cambio cualitativo en la relación entre Washington y Caracas.
Aunque los casos son muy diferentes, el artículo invita a reflexionar sobre una cuestión más amplia. En América Latina, y La Argentina es un leading case, las disputas contemporáneas por la soberanía ya no se expresan únicamente mediante intervenciones militares.

Con frecuencia aparecen a través del control de:

la deuda externa y la fuga consecuente,
los sistemas de pagos internacionales;
las reservas de los bancos centrales;
las licencias comerciales;
las sanciones financieras;
el acceso al crédito.

Desde esa perspectiva, el dominio sobre los circuitos financieros puede resultar tan determinante como el control territorial.

El artículo de Emilia Trabucco plantea que la reforma de la Ley de Tierras Rurales constituye uno de los cambios estructurales más importantes impulsados por el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que no se trata simplemente de una desregulación del mercado inmobiliario rural, sino de una redefinición de la relación entre soberanía, propiedad y capital internacional.

Desde una perspectiva crítica de economía política, pueden señalarse cinco aspectos centrales:

1. De la tierra como bien estratégico a la tierra como activo financiero

La Ley 26.737, aprobada en 2011, consideraba que la tierra rural posee un valor estratégico que excede la propiedad privada. Por ello establecía límites a la extranjerización (15% del territorio nacional, provincial y municipal, además de restricciones por nacionalidad y ubicación). La reforma impulsada por el Gobierno flexibiliza esos límites —tras una modificación de último momento, el oficialismo pasó de proponer la eliminación total a elevar el tope al 25% para facilitar su aprobación en el Senado— bajo el argumento de atraer inversiones.

En términos económicos, la tierra deja de ser concebida como un recurso vinculado al desarrollo nacional para convertirse en un activo abierto a la valorización del capital global.

2. Una nueva fase de acumulación por desposesión

El debate puede interpretarse a través del concepto desarrollado por el geógrafo David Harvey: la acumulación por desposesión.

En este enfoque, el capital amplía sus posibilidades de ganancia apropiándose de bienes comunes o estratégicos mediante reformas legales.

La tierra rural concentra simultáneamente:

agua dulce;
minerales críticos;
bosques;
biodiversidad;
potencial energético;
producción agroalimentaria.

La flexibilización normativa facilita la incorporación de esos recursos a circuitos internacionales de valorización.

3. El argumento oficial y sus límites

El Gobierno sostiene que las restricciones vigentes desalientan inversiones que podrían alcanzar unos 15.000 millones de dólares y dinamizar economías regionales.

Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la inversión extranjera en tierras no garantiza automáticamente:

mayor empleo;
industrialización;
encadenamientos productivos;
desarrollo regional.

En muchos casos predomina un modelo extractivo orientado a la exportación de materias primas, con escaso impacto sobre el tejido económico local.

4. La cuestión de la soberanía

El aspecto más sensible es que la discusión excede la propiedad privada.

Quien controla grandes extensiones de territorio puede controlar también:

fuentes de agua;
corredores logísticos;
áreas de frontera;
reservas de minerales;
zonas con importancia geopolítica.

Diversos especialistas advierten que algunas regiones ya presentan niveles de propiedad extranjera superiores al promedio nacional, especialmente en áreas con recursos estratégicos.

Por eso el debate se vincula directamente con la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio.

5. El significado político
La iniciativa expresa un cambio de paradigma.
Mientras la legislación de 2011 entendía que ciertos bienes debían permanecer sujetos a regulaciones por razones de interés nacional, la propuesta oficial parte de una concepción donde la libertad contractual y la protección absoluta de la propiedad privada prevalecen sobre consideraciones de soberanía territorial.

En ese sentido, la reforma acompaña otras iniciativas del gobierno de Milei orientadas a reducir regulaciones sobre recursos naturales y ampliar el espacio de actuación del capital privado.

Autores como Ruy Mauro Marini o Theotonio dos Santos sostuvieron que, en las economías periféricas, la inserción subordinada en el capitalismo mundial suele profundizarse cuando los recursos estratégicos pasan a ser controlados por capitales externos. Desde esa perspectiva, la flexibilización de la Ley de Tierras podría interpretarse como un paso adicional hacia una especialización basada en la exportación de recursos naturales con menor capacidad de decisión nacional sobre su aprovechamiento.

En síntesis, el proyecto enfrenta dos concepciones contrapuestas. Para el oficialismo, la apertura del mercado de tierras constituye un instrumento para atraer inversiones y dinamizar la economía. Para sus críticos, implica una redefinición del papel del Estado sobre recursos estratégicos y una mayor inserción dependiente de la economía argentina en los circuitos globales del capital, con potenciales implicancias sobre la soberanía territorial, el desarrollo regional y el control de bienes naturales

El programa de reformas del Gobierno argentino, inspirado en un «modelo peruano», busca consolidar la llamada «estabilidad macroeconómica» junto a una profunda fragmentación política, legislativa y flexibilización de la soberanía sobre recursos naturales. Este enfoque, que incluye la reforma del BCRA, la suba del tope de extranjerización de tierras al 25% y la flexibilización de la Ley de Glaciares, opera bajo un escenario donde el ancla de deuda externa facilita la privatización del subsuelo y la «balcanización» del federalismo, un riesgo que Cristina Kirchner ya había señalado como central.