El individualismo neoliberal en cualquiera de sus variante, particularmente la variante totalitaria como la actual en nuestro país, no puede comprenderse por fuera de las relaciones de clase. No todos los individuos ingresan al mercado desde la misma posición, ni disponen de las mismas capacidades para convertir su autonomía en una realidad material. La ideología individualista, sin embargo, borra esa desigualdad de partida y presenta como elecciones personales lo que muchas veces son posiciones determinadas por la estructura social.

Para quien posee capital, propiedad, educación, redes y capacidad de decisión, el individuo autónomo puede aproximarse a una experiencia real. Para quien depende de vender su fuerza de trabajo, de aceptar condiciones laborales que no controla o de endeudarse para reproducir su vida, la autonomía tiene límites mucho más concretos. «La libertad formal es la misma; la capacidad material de ejercerla, no.»

Aquí aparece la dimensión de clase del individualismo: transforma una relación desigual entre posiciones sociales en una competencia entre individuos aparentemente iguales. El trabajador deja de aparecer como parte de una clase y comienza a ser presentado como un emprendedor de sí mismo. Su salario se convierte en ingreso personal; su precariedad, en falta de capacitación; su desempleo, en fracaso; su endeudamiento, en una decisión financiera. La relación entre capital y trabajo queda desplazada detrás de la responsabilidad individual.

El neoliberalismo produce así una operación política decisiva: mistifica la experiencia de la explotación social transformándola en desdica individual. Allí donde existe una relación social aparece una trayectoria personal. Allí donde existe una estructura de poder aparece una elección. Allí donde existe conflicto de clases aparece competencia.

La revolución virtual profundiza esta fragmentación. Cada sujeto puede construir una identidad, una comunidad y un relato propio, pero esa multiplicación de identidades puede coexistir con una creciente homogeneización material: millones de individuos compitiendo por trabajo, ingresos, atención y reconocimiento dentro de las mismas relaciones de mercado.

La paradoja es decisiva: cuanto más se proclama la autonomía individual, más necesario resulta preguntarse quién controla las condiciones materiales que permiten ejercerla. La pantalla puede ofrecer una extraordinaria sensación de libertad mientras el trabajador continúa sometido a relaciones económicas que no decide.

Por eso la clase no debe entenderse como una identidad que el individuo simplemente elige. Es una relación material. Se pertenece a una determinada posición en la estructura de producción antes de convertir esa posición en conciencia, identidad o discurso. La conciencia de clase no inventa esa materialidad: «la reconoce, la organiza y puede convertirla en capacidad colectiva de transformación».

El individualismo neoliberal intenta invertir ese proceso. Quiere que el individuo aparezca antes que la clase, que la experiencia personal sustituya a la experiencia colectiva y que la competencia entre individuos oculte las relaciones de poder que los enfrentan.

La cuestión, entonces, no consiste en oponer mecánicamente individuo y colectivo. Se trata de comprender que el individuo mismo es una producción social y que su libertad depende de condiciones materiales que no puede crear aisladamente.

La clase es aquello que el individualismo intenta hacer desaparecer: la evidencia de que nuestras posibilidades no dependen solamente de lo que somos o elegimos, sino también de la posición que ocupamos en relaciones sociales que nos preceden y nos exceden.

Hay una escena que los veteranos de la política argentina reconocen de memoria: un gobierno anuncia medidas históricas sobre Malvinas en cadena nacional, la prensa amplifica el gesto, los diplomáticos aplauden y, en la práctica, todo queda en una declaración de principios. Esta vez el Decreto 868/2026 no inventa la Ley 26.659 ni la prohibición de explorar hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación nacional. Cambia quién la aplica, con qué velocidad y, sobre todo, dónde duele: cualquier empresa que quiera el RIGI o una concesión bajo la Ley 17.319 debe jurar que ni ella, ni sus accionistas, ni su cadena de proveedores operan en las zonas circundantes a las islas. El canciller Quirno lo dijo sin vueltas: o Malvinas, con legalidad incierta, o Argentina, con reglas y mercado. Cancillería ya mandó 180 notas a 29 países y abrió sumarios contra 60 personas y compañías, entre ellas Rockhopper, Navitas y el entorno de Sea Lion. El problema no es el relato. Es la operatoria. Varias de las firmas alcanzadas —o de sus proveedores— están al mismo tiempo en Vaca Muerta, en el GNL de Southern Energy, en Cuenca Marina Austral y hasta en las monoboyas del oleoducto que tiene que sacar el crudo argentino. El decreto no dice cómo se resuelve esa contradicción. Y mientras el Gobierno habla de soberanía sobre el Atlántico Sur, en tierra firme se repite otro patrón: Fértil Pampa entra al RIGI con casi USD 2.700 millones para industrializar gas; RefiPampa verifica $80.000 millones de deuda; Ecogas reparte $83.000 millones en dividendos en dólares con una factura impaga a Enarsa del mismo orden; el RA-10 llega a criticidad sin modelo de negocio; y las baterías del AMBA ya las pagan los usuarios. Como lo señala el Informe Energético del CEPA, mucho ruido sobre las islas. En el tablero energético, las nueces siguen siendo otras.

La nueva evidencia presentada por la defensa de Cristina Kirchner reabre el debate sobre la causa Vialidad y sobre los fundamentos de una condena que no sólo impuso una pena, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si esa prueba modifica aspectos sustanciales de la sentencia, su revisión trasciende la defensa individual: pone en juego el debido proceso, la representación política y los límites de la proscripción en democracia.