Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.

El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.

Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.

La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.

Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.

Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.

Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.

Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.

En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.

En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

El artículo de Delfina Rossi y Franco Metaza en Jacobin, publicado el 11 de agosto, plantea una tesis fuerte: la erosión democrática argentina no se produce necesariamente alterando el resultado de las elecciones, sino restringiendo previamente quiénes pueden competir.

La proscripción como forma contemporánea de lawfare

El eje del artículo es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Los autores sostienen que su condena en la causa Vialidad y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos deben ser leídas no solamente como un proceso judicial, sino como un mecanismo de exclusión política de la principal dirigente opositora. Señalan que Cristina permanece bajo arresto domiciliario y que la condena le impide competir electoralmente en 2027.

La comparación histórica que propone Jacobin es particularmente significativa: 1955 y 2026 no serían fenómenos idénticos, pero sí podrían cumplir una función política semejante. Después del derrocamiento de Perón, el peronismo fue proscripto durante 18 años. La exclusión se realizó entonces mediante golpes militares, decretos y prohibiciones explícitas. En el presente, sostienen Rossi y Metaza, el mecanismo opera mediante tribunales, procesos judiciales y decisiones de inhabilitación.

La fórmula podría sintetizarse así:

antes, la proscripción necesitaba tanques; hoy puede operar mediante expedientes judiciales.

El punto más interesante: no hace falta manipular las urnas

Aquí está, a mi juicio, la contribución conceptual más importante del artículo.

La democracia puede deteriorarse sin fraude electoral. Es posible mantener elecciones formalmente limpias y, simultáneamente, reducir sustancialmente la competencia democrática mediante la exclusión judicial de determinados actores.

Eso desplaza el problema desde la pregunta clásica:

“¿Se alteró el resultado electoral?”

hacia otra mucho más profunda:

“¿Quiénes tienen realmente permitido disputar el poder?”

Los autores plantean precisamente que una elección puede contar correctamente los votos y, sin embargo, producir una democracia sustancialmente mutilada si uno de los principales contendientes ha sido previamente eliminado de la competencia.

La cuestión no es solamente Cristina sí o Cristina no. El problema estructural es qué ocurre cuando un liderazgo político mantiene capacidad de representación sobre sectores sociales que el bloque dominante pretende desplazar del proceso de decisión.

El artículo caracteriza al kirchnerismo como un movimiento asociado a la redistribución de ingresos y presenta a Cristina como una adversaria particularmente conflictiva para la derecha argentina.

En ese sentido, la proscripción puede interpretarse como una tecnología política de disciplinamiento de la representación popular: no elimina necesariamente las preferencias sociales existentes, pero intenta impedir que esas preferencias puedan convertirse nuevamente en poder estatal.

Y ahí aparece una paradoja central: la exclusión de un dirigente no elimina la demanda social que ese dirigente representa. Puede incluso desplazarla desde el terreno electoral hacia otras formas de conflicto político.

La comparación latinoamericana

Rossi y Metaza inscriben el caso argentino en una secuencia regional que incluye a Lula en Brasil, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo. Su argumento es que, pese a las enormes diferencias entre cada caso, aparece una estructura recurrente: judicialización de la política, medios concentrados que producen legitimidad previa y actores políticos que terminan siendo desplazados de la competencia.

Hay que hacer, sin embargo, una precisión analítica: “lawfare” no debería convertirse en una explicación totalizante que presuponga que toda investigación o condena contra un dirigente popular es necesariamente una conspiración. La cuestión políticamente relevante es demostrar si existe una selectividad estructural en la aplicación de la justicia, si se vulneran garantías procesales, si existe coordinación entre actores judiciales, mediáticos y económicos y, sobre todo, si el resultado es una alteración sustantiva de la competencia democrática.

Ese es el terreno donde el concepto adquiere densidad analítica y deja de ser simplemente una consigna.

La tesis política de fondo

El artículo puede resumirse en una frase:

la democracia no comienza cuando se deposita el voto; comienza mucho antes, cuando todos los sectores con capacidad de representación tienen derecho efectivo a disputar el poder.

Por eso la situación de Cristina adquiere una dimensión que excede su persona. Si una dirigente que continúa siendo central para una parte significativa del electorado puede ser excluida definitivamente de la competencia mediante una sentencia judicial, la discusión deja de ser solamente jurídica y pasa a ser una discusión sobre el régimen democrático y la distribución efectiva del poder político.

En ese sentido, el título original —“How Argentina Banned Its Opposition”— es deliberadamente contundente: no dice que Argentina haya cometido fraude electoral, sino algo más inquietante: que puede estar construyéndose una democracia en la que se vota, pero se restringe previamente quién puede ser votado

El creciente endeudamiento de los hogares argentinos no puede leerse como una suma de malas decisiones individuales, falta de previsión o incapacidad para administrar los ingresos. Es, antes que nada, una respuesta social a un modelo económico que deteriora el poder adquisitivo, encarece las condiciones de reproducción de la vida y obliga a millones de familias a recurrir al crédito para sostener consumos básicos. Como advirtió Mark Fisher, uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo consiste en transformar problemas estructurales en fracasos personales: aquello que produce el sistema aparece como responsabilidad del individuo. Así, la deuda deja de ser una anomalía privada y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento social. El trabajador endeudado no simplemente «gasta de más»: utiliza crédito para compensar la insuficiencia de su salario. La morosidad, entonces, tampoco expresa necesariamente irresponsabilidad: puede ser el punto en que la capacidad familiar de absorber el ajuste llega a su límite. La deuda de los hogares no es una carencia moral de las familias; es una de las formas concretas en que la crisis del modelo económico se descarga sobre ellas. Cierra el cura Juan Rega: «Deuda o hambre», en los barrios populares ya las familias comen una vez al día.