La vigencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en el consumo de hace dos décadas consolidó en septiembre de 2026 una inflación oficial del 1,9%, un dígito eficaz para el relato financiero pero considerado una «ficción estadística». La postergación del nuevo indicador por parte del Gobierno —que derivó en la renuncia de Marco Lavagna al INDEC— evita que el fuerte impacto de las tarifas de servicios públicos sea plenamente registrado, amortiguando de forma artificial el índice general y subestimando el costo real de la Canasta Básica Total frente al deterioro del bolsillo popular.

La contribución más interesante del texto es que permite pensar el derecho como parte de la estructura de dominación capitalista, sin reducirlo a una mera ficción ni suponer que todas las normas sean idénticas o carezcan de efectos protectores.
Desde esta perspectiva, conviene formular tres preguntas:
– ¿Quién define las reglas? Qué Estados, grupos económicos e instituciones disponen de capacidad efectiva para establecerlas.
– ¿Quién obtiene los beneficios materiales? Qué sectores controlan recursos, inversiones, propiedad intelectual, crédito y circuitos comerciales.
– ¿Quién paga los costos? Qué sociedades y clases soportan el ajuste, la pérdida de soberanía económica o las consecuencias de las sanciones y las intervenciones.
Para América Latina, este enfoque permite examinar críticamente la relación entre endeudamiento externo, tribunales internacionales, protección de las inversiones y condicionamientos sobre las políticas económicas nacionales. No significa que todos esos instrumentos respondan a una misma lógica ni que sus efectos sean siempre iguales, sino que deben analizarse en su contexto histórico y de clase.
La conclusión política
El imperialismo no es únicamente una potencia que interviene desde afuera: es también una relación social que puede consolidarse mediante instituciones, normas y alianzas entre fracciones del capital internacional y clases dominantes locales.
Por eso, la defensa de la soberanía no puede agotarse en la reivindicación abstracta del Estado nacional. Exige identificar qué intereses de clase representa la política económica, quién controla los recursos estratégicos y qué capacidad tienen las mayorías populares para decidir sobre la riqueza que producen.
El problema de fondo no es solamente si se respeta la ley, sino qué relaciones sociales consagra esa ley y qué fuerzas políticas pueden transformarlas.

La mayor virtud del artículo es que no reduce el avance de la extrema derecha a un fenómeno electoral ni a las características personales de Bolsonaro. Identifica una coalición social con intereses materiales concretos: sectores empresariales que buscan reducir costos laborales, capitales interesados en las privatizaciones, acreedores que priorizan el ajuste fiscal y grupos conservadores que pretenden restringir derechos.
Sin embargo, hay una cuestión estratégica que merece profundizarse: la unidad electoral contra la extrema derecha es necesaria, pero no garantiza por sí misma una alternativa popular duradera.
Si el lulismo logra contener a Bolsonaro sin modificar las condiciones materiales que alimentan el malestar social —endeudamiento familiar, precarización laboral, insuficiencia de los ingresos y desigualdad—, la derecha conservará buena parte de su base social. El rechazo a la extrema derecha necesita traducirse también en mejoras concretas para la clase trabajadora.
Aquí aparece la contradicción central: para derrotar al bolsonarismo se necesita una alianza amplia, pero para desarmar sus bases sociales hace falta una política que dispute los intereses económicos y las ideas que lo sostienen. No alcanza con defender las instituciones si amplios sectores populares no encuentran en ellas respuestas a sus necesidades.
Cerrar filas no significa suspender la crítica ni subordinar indefinidamente a los trabajadores a los límites del gobierno de Lula. Significa construir la unidad necesaria para derrotar a la reacción, preservando al mismo tiempo la autonomía política y la capacidad de organización de las clases populares.