¿Son tan decisivas las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Se verá, pero el artículo de Axios – un house organ trumpista que debe considerarse-, plantea una hipótesis política relevante: Donald Trump ya no estaría concentrado prioritariamente en conservar una mayoría republicana en el Congreso, sino en garantizar que, gane o pierda el Partido Republicano las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el trumpismo mantenga el control ideológico del partido y del Estado.

Las principales tesis del artículo

El poder antes que la mayoría parlamentaria

Según Axios, Trump asume que los republicanos podrían perder una o ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, considera que eso no implicaría necesariamente una derrota estratégica si consigue consolidar un Partido Republicano completamente subordinado a su liderazgo.

La presidencia como fuente principal de poder

El artículo sostiene que Trump privilegia las facultades ejecutivas —órdenes presidenciales, designaciones, capacidad de indulto y control del aparato estatal— por encima de la negociación legislativa tradicional. La lógica es gobernar mediante una fuerte concentración de atribuciones presidenciales.

Preparar la sucesión sin abandonar el liderazgo

Axios señala que Trump buscaría convertirse en el gran «árbitro» de la política republicana hacia 2028, definiendo quién heredará su capital político. En ese contexto, aparecen como figuras centrales el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, aunque existen fuertes disputas dentro del propio partido.

Las investigaciones como arma política

El título del artículo («Trump’s final act begins») hace referencia a la posibilidad de que, si los demócratas recuperan el Congreso, se reactive una ola de investigaciones parlamentarias sobre la administración Trump. Paradójicamente, Axios sostiene que el propio Trump parece menos preocupado por esas investigaciones que por asegurar la cohesión del movimiento MAGA.

Igualmente el texto refleja una transformación profunda del sistema político estadounidense.

Ya no se trataría únicamente de una disputa entre republicanos y demócratas, sino entre dos concepciones del ejercicio del poder:

una basada en los mecanismos clásicos del constitucionalismo liberal (equilibrio entre poderes, negociación legislativa y controles institucionales);
otra que privilegia la legitimidad directa del liderazgo presidencial, el control del Ejecutivo y la movilización permanente de una base política organizada.

En este marco, el Congreso pierde centralidad relativa frente a la Casa Blanca, los tribunales y los organismos ejecutivos.

Otro aspecto importante es que la verdadera batalla parece desarrollarse dentro del propio Partido Republicano.

Los sectores conservadores tradicionales —representados editorialmente por medios como The Wall Street Journal— observan con preocupación que JD Vance encarne la continuidad del trumpismo, mientras que el ala MAGA interpreta esas críticas como una confirmación de que el viejo establishment perdió el control del partido.

Esto sugiere que el conflicto ya no enfrenta únicamente a republicanos contra demócratas, sino también a:

el conservadurismo clásico;
el nacional-populismo trumpista.
Perspectiva de clase

Puede sostenerse sin esfuerzo que el conflicto estadounidense expresa también una disputa entre distintas fracciones del capital.

Por un lado, sectores vinculados al capital financiero global, las grandes tecnológicas y parte del establishment institucional; por otro, una coalición que combina capital industrial nacional, sectores energéticos tradicionales, pequeñas y medianas empresas y una base social compuesta por trabajadores blancos, clases medias empobrecidas y segmentos rurales.

En ese sentido, el trumpismo no cuestiona el capitalismo estadounidense, sino que propone una forma distinta de organizar su hegemonía: más nacionalista, proteccionista y concentrada en el poder ejecutivo.

Conclusión : El artículo de Axios sugiere que Trump ya no mide su éxito únicamente por el resultado electoral inmediato. Su objetivo estratégico sería dejar consolidado un movimiento político capaz de dominar el Partido Republicano y seguir condicionando la política estadounidense incluso después del final de su mandato. Si esa interpretación es correcta, las elecciones de medio término definirán no solo el equilibrio entre demócratas y republicanos, sino también si el trumpismo logra institucionalizarse como la corriente dominante de la derecha estadounidense durante la próxima década.

Finalmente y desde una mirada más situada, conviene recordar que los demócratas demostraron tanto o más vocación de intervención en la región que los republicanos, a punto tal que fue Obama, – al que muchos confundieron con el negro rada a la hora de celebrar su primer triunfo electoral en 2008 – el que acompañó y respaldó a Mauricio Macri en su campaña en La Argentina. Por otro lado, la disputa por la hegemonía con China y otras grandes potencias emergentes continuará sin prisa ni pause, pase lo que pase en noviembre en los pagos del señor naranja.

La campaña antiargentina que lleva adelante el gobierno nacional pisa el acelerador cada día. El artículo «Ser Batavia» plantea una tesis central: el gobierno de Javier Milei no estaría impulsando únicamente un programa de ajuste económico, sino una transformación estructural del Estado argentino orientada a subordinar el país a los intereses del capital financiero y tecnológico global. La referencia a Batavia —la antigua capital de las Indias Orientales Holandesas, hoy Yakarta— funciona como metáfora de una colonia administrada en beneficio de corporaciones extranjeras antes que de su propia población.

Desde esa perspectiva, el autor sostiene que existe una arquitectura legislativa coherente integrada por el DNU 70/23, la Ley Bases, las reformas fiscales, laborales y ambientales, y una nueva serie de proyectos de ley que profundizarían ese rumbo. El argumento es que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino partes de un mismo programa destinado a reducir la capacidad regulatoria del Estado, favorecer la concentración económica y garantizar rentabilidad al gran capital internacional.

Uno de los ejes más importantes del texto es la cuestión de la tierra y los recursos naturales. El proyecto de «Inviolabilidad de la Propiedad Privada» es presentado como un mecanismo para eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros, facilitar el acceso a zonas de frontera, glaciares y reservas de agua, y debilitar la protección jurídica de comunidades indígenas, campesinos e inquilinos rurales. El artículo interpreta estas reformas como un nuevo ciclo de extranjerización del territorio argentino.

En la misma dirección ubica al denominado Súper RIGI, que ampliaría los beneficios otorgados a grandes inversiones en minería, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energías renovables. Según el texto, la combinación de estabilidad fiscal por treinta años, libre disponibilidad de divisas, baja carga tributaria y posibilidad de acudir al CIADI consolidaría un régimen excepcional favorable a grandes conglomerados internacionales.

Otro aspecto novedoso es la crítica a la propuesta de crear una «sociedad automatizada», es decir, una persona jurídica administrada por algoritmos. El artículo contrapone esa iniciativa con la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cita la advertencia atribuida al historiador israelí Yuval Noah Harari, según la cual Buenos Aires correría el riesgo de convertirse no en una nueva Ámsterdam sino en una nueva Batavia: un espacio gobernado crecientemente por corporaciones tecnológicas antes que por instituciones democráticas.

También ocupa un lugar destacado la crítica a la denominada Inocencia Fiscal II, que, según el autor, invierte la carga de la prueba en materia tributaria y limita las capacidades de fiscalización del Estado, al tiempo que amplía beneficios para grandes patrimonios y funcionarios públicos.

Respecto del sistema financiero, el artículo sostiene que las modificaciones proyectadas para la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a consolidar un esquema donde los bancos financian crecientemente al Tesoro mediante instrumentos como LECAP y BONCAP. El texto cuestiona la idea oficial de independencia monetaria y afirma que el sistema financiero destina una porción sustancial de su capacidad crediticia al financiamiento de la deuda pública antes que a la economía productiva.

Finalmente, el artículo interpreta la política de recortes presupuestarios, paralización de obra pública y vetos presidenciales como una estrategia de «shutdown» del Estado. En lugar de limitarse al equilibrio fiscal, el objetivo sería reducir permanentemente las funciones estatales en educación, salud, infraestructura, previsión social y federalismo fiscal.

El texto ofrece una interpretación coherente basada en la teoría de la dependencia y en los enfoques sobre financiarización del capitalismo. Su principal fortaleza consiste en vincular distintas reformas dentro de un mismo proyecto político, en lugar de analizarlas aisladamente.

En este sentido, la metáfora de Batavia resulta potente porque resume la hipótesis central del artículo: la Argentina estaría transitando desde un modelo de Estado nacional hacia otro donde las decisiones estratégicas sobre recursos naturales, infraestructura, sistema financiero y desarrollo tecnológico quedan crecientemente condicionadas por intereses corporativos transnacionales, mientras disminuye la capacidad soberana de las instituciones democráticas para regular esos procesos. ¿Se van entendiendo los alcances de «la campaña antialgentina»?

Ceuta expresa la contradicción entre un capitalismo profundamente desigual y un régimen de fronteras extremadamente selectivo.

Europa necesita mano de obra migrante para diversos sectores productivos, pero procura administrar esos flujos de forma estrictamente controlada. Marruecos, por su parte, convierte esa capacidad de control en un recurso de negociación con Bruselas, obteniendo financiamiento, reconocimiento diplomático y ventajas económicas a cambio de contener los movimientos migratorios.

En ese esquema:

los trabajadores migrantes constituyen la parte más vulnerable;
Marruecos obtiene capacidad de presión internacional;
la Unión Europea busca preservar la estabilidad política interna frente al crecimiento de fuerzas antiinmigración;
las derechas europeas capitalizan electoralmente cada episodio de presión fronteriza.

En consecuencia, Ceuta es una crisis geopolítica porque la migración fue utilizada como herramienta de presión estatal; pero esa estrategia sólo es posible porque existen profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo que generan una oferta permanente de personas dispuestas a migrar. Reducir el fenómeno únicamente a la seguridad o únicamente a la pobreza deja fuera una parte esencial del problema. En La Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 681/2026) mediante el cual el gobierno de Javier Milei modificó aspectos de la Ley de Migraciones se inscribe en esta tendencia de usos de la inmigración por parte de la ultraderecha para actuar un nacionalismo del que en la práctica abjura, como veremos en la nota de Rovelli. La norma xenófoba fue publicada a fines de julio de 2026 y generó un intenso debate político y jurídico.

Los principales cambios son:

Se habilita a impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que incurran en conductas consideradas de «odio», discriminación o agravio contra los argentinos o los símbolos nacionales.
Se amplían las causales de expulsión para personas extranjeras que ya se encuentren en el país.
El Gobierno sostiene que la medida no alcanza a las críticas políticas, académicas o ideológicas, sino únicamente a expresiones que constituyan incitación al odio o a la violencia.
Los argumentos del Gobierno

El Poder Ejecutivo justificó el DNU afirmando que existió una «campaña antiargentina» durante el Mundial de Fútbol 2026 y que era necesario proteger a los ciudadanos argentinos frente a manifestaciones xenófobas o discriminatorias provenientes del exterior.

Las principales críticas

Diversos constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la medida por varias razones:

La amplitud e indeterminación del concepto de «agravio», que podría permitir interpretaciones discrecionales.
El uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la política migratoria, evitando el debate parlamentario.
El posible conflicto con garantías constitucionales sobre libertad de expresión y debido proceso.
El riesgo de utilizar la política migratoria como herramienta de política exterior o de confrontación política.
Una lectura política

Desde una perspectiva comparada, el decreto se inscribe en una tendencia observable en distintos gobiernos de derecha radical y nacionalista —como los de Donald Trump en Estados Unidos o varios ejecutivos europeos— que vinculan la política migratoria con la seguridad nacional y la defensa de la identidad nacional.

Desde una perspectiva crítica de clase, puede interpretarse como parte de un proceso de securitización de la migración: el fenómeno migratorio deja de abordarse principalmente como una cuestión de derechos humanos o de mercado de trabajo para convertirse en un problema de orden público y soberanía. Al mismo tiempo, sus críticos sostienen que este tipo de medidas puede contribuir a desplazar el debate público desde los problemas económicos y sociales internos hacia la identificación de amenazas externas o de «enemigos» simbólicos, una derva de «La campaña antiargentina» que soportamos tras la derrota en la final del mundial 2026 donde los argentino volvimos a ser derechos y humanos … un ratito, hasta este decreto nefasto, por ejemplo. ¯\_(ツ)_/¯i