La muerte de Anwar Shaikh deja una ausencia significativa en la economía política marxista. Su obra tuvo una virtud poco frecuente: estudiar el capitalismo realmente existente —su competencia, sus crisis, sus desequilibrios y sus relaciones de clase— sin reducirlo a modelos abstractos ni a recetas de política económica.

Su legado resulta particularmente actual para pensar la Argentina de Milei. Shaikh mostró que “liberar el mercado” no elimina las contradicciones del capitalismo: las reorganiza. En una economía periférica, esa reorganización puede trasladar los costos hacia el trabajo, debilitar las capacidades estatales y profundizar la subordinación frente al capital internacional.

Su aporte permite dialogar con Marx, Poulantzas y Althusser desde una premisa fundamental: la política no actúa por fuera de las estructuras de clase. El Estado puede intervenir sobre la economía, pero no puede abolir por decreto las relaciones sociales que sostienen la acumulación capitalista.

Recordar a Shaikh es, entonces, mucho más que recordar a un economista marxista. Es reivindicar una forma de pensar que se negó a confundir el funcionamiento del mercado con la naturaleza de la sociedad y que buscó explicar, detrás de las cifras, quién acumula, quién decide y quién paga los costos de las crisis.

Su obra queda como herramienta para comprender un capitalismo que sigue siendo, como él enseñó, competencia, conflicto y crisis.

China está disputando el monopolio tecnológico que durante décadas permitió al Norte Global controlar los segmentos de mayor valor de la economía mundial. Vehículos eléctricos, baterías, energías renovables, telecomunicaciones, drones, inteligencia artificial y farmacéutica expresan algo más profundo que una competencia empresarial: la posibilidad de que un país del Sur Global construya capacidades tecnológicas propias y modifique la división internacional del trabajo. La cuestión decisiva para América Latina no es admirar o rechazar a China, sino preguntarse qué condiciones políticas y económicas permitirían dejar de ser proveedores de materias primas para convertirse también en productores de tecnología, conocimiento y valor.

Recuperar la dimensión moral de la política no significa reemplazar el análisis de clase por una condena abstracta del bien y del mal. Significa comprender que el capitalismo puede producir injusticias estructurales sin necesitar individuos perversos, pero que explicar sus mecanismos no obliga a justificar sus consecuencias. La izquierda necesita construir una moral de clase: una ética de la justicia social que identifique tanto las estructuras de la explotación como los intereses que se benefician de ella.