La contribución más fértil del artículo de Jonathan Cook es recordar que el poder no actúa únicamente mediante la propiedad, el dinero o la coerción estatal. También opera delimitando lo que puede decirse, quién tiene derecho a decirlo y qué posiciones deben justificarse permanentemente ante la opinión pública.
La izquierda enfrenta así una doble tarea: disputar la distribución material de la riqueza y disputar las categorías con las que la sociedad interpreta esa distribución.
Porque cuando el orden existente se presenta como la única opción razonable, defender una alternativa deja de parecer una decisión política legítima y comienza a ser tratado como una transgresión.
Esa es la trampa que Cook identifica: antes de discutir cómo transformar la sociedad, la izquierda debe superar un examen de legitimidad diseñado, según su interpretación, para preservar las condiciones que pretende cambiar. Y esta trampa mediática no sólo ocurre en el reino Unido . Prueben en La Argentina en hablar del Genocidio en GAZA o defender el derecho a elegir y ser elegida que le corresponde a Cristina Kirchner.

Sgarzini describe un gobierno que busca reducir el gasto social mientras preserva las condiciones generales de funcionamiento del orden económico. La austeridad aparece como una necesidad técnica impuesta por la deuda y los mercados financieros; sus consecuencias distributivas, en cambio, son profundamente políticas.

La pregunta es por qué el costo del desequilibrio fiscal debe recaer sobre estudiantes, trabajadores, jubilados y usuarios de los servicios públicos, mientras las decisiones tributarias favorables a los sectores más ricos quedan fuera del centro de la discusión.

La represión cumple entonces una función política: desplaza el debate desde las causas materiales del conflicto hacia el orden público, la violencia callejera y la supuesta manipulación de los jóvenes. El resultado es una inversión del problema: el deterioro de la escuela pierde centralidad y los estudiantes pasan a ser presentados como una amenaza.

Sin embargo, la movilización ya consiguió una primera concesión: el Gobierno anunció el despliegue de 3.000 docentes titulados en los establecimientos más afectados. La protesta continúa porque sus demandas exceden esa medida puntual.

El conflicto también abre una disputa por la representación del descontento. La izquierda de Jean-Luc Mélenchon puede intentar transformar la movilización en una alternativa política al macronismo, pero enfrenta el desafío de construir una mayoría social capaz de superar la fragmentación de las luchas.

La extrema derecha, por su parte, puede capitalizar el desgaste gubernamental sin cuestionar necesariamente los fundamentos económicos de la austeridad. Puede canalizar el enojo contra los migrantes, las minorías o la izquierda, desplazando la responsabilidad desde las relaciones de poder hacia determinados grupos sociales.

Ese es el riesgo estratégico: que una crisis originada en el deterioro de las condiciones de vida termine fortaleciendo una salida política que profundice la exclusión.

¿Qué relación tiene con la Argentina de Milei?

La comparación no supone equiparar dos países con estructuras económicas e institucionales diferentes. Permite reconocer una lógica común: presentar el ajuste como una imposición inevitable, debilitar la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales y deslegitimar las resistencias que cuestionan la distribución de sus costos.

En Francia, el conflicto se expresa en escuelas deterioradas, falta de docentes y barreras de acceso a la universidad. En Argentina, la discusión sobre el financiamiento educativo, las universidades públicas, los salarios docentes y las condiciones de vida plantea interrogantes similares.

La lección política es que el ajuste no es únicamente una operación contable. Redistribuye recursos, modifica relaciones de fuerza y condiciona las oportunidades de las distintas clases sociales.

Cuando el derecho a la educación depende cada vez más de la posición social de origen, la desigualdad deja de ser una consecuencia lateral del sistema y se convierte en uno de sus mecanismos de reproducción.
La protesta estudiantil francesa importa, por eso, mucho más que como episodio de conflictividad juvenil. Expone la contradicción entre una democracia que proclama la igualdad de oportunidades y un orden económico que distribuye de manera desigual las condiciones materiales para ejercerla.

El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el éxito de su partido en los comicios legislativos y estatales, coloca contra las cuerdas a la izquierda brasileña. La sociedad civil progresista ya se ha sumado a la campaña de Lula para revertir el resultado en el balotaje. Lula contra el tsunami conservador: cuando ganar elecciones no alca.

El desafío de Lula va mucho más allá de derrotar electoralmente al bolsonarismo. La derecha brasileña construyó una base social que combina poder económico, agronegocio, iglesias evangélicas y malestar popular. El problema del progresismo es cómo transformar los avances de la gestión en mejoras concretas para las mayorías, sin quedar atrapado en las restricciones de un Congreso conservador y los compromisos con el poder económico.

El fenómeno conservador brasileño no puede reducirse a Bolsonaro ni a una disputa entre liderazgos. Detrás de esa corriente convergen intereses empresariales, estructuras religiosas, redes digitales y sectores sociales golpeados por la precarización, que encuentran en la derecha una representación política de sus temores, expectativas y frustraciones.

La contradicción es evidente: una economía puede exhibir indicadores favorables mientras millones de personas continúan agobiadas por las deudas, el costo de vida y la incertidumbre laboral. Cuando la mejora macroeconómica no se traduce en seguridad material, el oficialismo pierde capacidad para convertir sus resultados en legitimidad social.

Aquí aparece el límite estratégico del lulismo. La negociación parlamentaria puede garantizar gobernabilidad, pero también restringe las transformaciones que afectan intereses económicos consolidados. Administrar el Estado no equivale necesariamente a modificar las relaciones de fuerza que organizan la sociedad.

La derecha, mientras tanto, disputa algo más profundo que los votos: construye sentidos comunes, organiza territorios y convierte problemas individuales en explicaciones políticas. Su eficacia reside, en parte, en presentar las desigualdades como fracasos personales y ofrecer respuestas conservadoras a un malestar que tiene raíces sociales.

La experiencia brasileña interpela también a la Argentina de Milei. En ambos casos, la cuestión no consiste solamente en quién gana las elecciones, sino en qué intereses sociales logra representar, qué expectativas consigue movilizar y qué condiciones materiales ofrece a las mayorías.

El desafío de Lula es convertir la defensa de la democracia en una experiencia concreta de derechos, ingresos y seguridad económica. Porque una victoria electoral puede detener temporalmente a la derecha, pero no desarma por sí sola las bases materiales y culturales que alimentan su crecimiento. La disputa decisiva sigue siendo quién consigue interpretar el malestar social y organizarlo en un proyecto colectivo.