Hay una hipótesis comparativa potente, pero conviene formularla con rigor: no afirmar que ambos atentados forman parte de una misma estructura criminal, porque eso todavía no está probado y en La Argentina jamás se probará, se trata de señalar las regularidades de método, reclutamiento y contexto político que justifican investigar una eventual matriz regional de violencia de ultraderecha.

Cerimedo de fuertes vínculos con la familia Caputo fue detenido en Bolivia y es investigado por su presunta relación con el ataque contra Beller. Reuters y The Guardian coinciden en que los atacantes utilizaron disfraces de repartidores y que la investigación contempla la hipótesis de un ataque planificado. Reclutamiento de lúmpenes, operativos precarios, investigaciones ausentes, borramiento de pruebas y redes regionales de ultraderecha impulsando el retorno de la violencia política y no solo narrativa.

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.

Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.

Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.

Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.

La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.

Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.

En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

El capitalismo enfrenta una contradicción que durante mucho tiempo pudo desplazar hacia adelante: el planeta tiene límites. La expansión económica ya no ocurre sobre un espacio aparentemente infinito de recursos naturales, energía, tierras y mercados. El concepto de “mundo lleno” desarrollado por Alberto Garzón en Monthly Review permite pensar esta transformación desde una perspectiva que articula economía, ecología y geopolítica.

Durante la expansión del capitalismo industrial, el crecimiento podía presentarse como un proceso potencialmente ilimitado. La incorporación permanente de nuevos territorios, recursos y trabajadores permitía ampliar la producción y los mercados. Pero esa dinámica encuentra hoy límites materiales cada vez más evidentes. Energía, minerales estratégicos, agua, tierras cultivables y capacidad de absorción de los ecosistemas se convierten en factores de competencia.

El problema no es simplemente que los recursos sean “escasos”. Lo decisivo es quién controla esos recursos, quién decide sobre su utilización y quién se apropia de la renta que generan.

En este escenario reaparece con fuerza una lógica neomercantilista. Las grandes potencias procuran asegurar mercados, cadenas de suministro, tecnologías, fuentes de energía y minerales críticos. Los aranceles, las sanciones, las guerras comerciales y las políticas de relocalización industrial dejan de ser fenómenos aislados: forman parte de una disputa más amplia por posiciones dentro de una economía mundial sometida a crecientes restricciones materiales.

La competencia entre Estados aparece así estrechamente vinculada con la competencia entre capitales. El imperialismo del siglo XXI no se limita al control territorial. También se expresa mediante el dominio tecnológico, financiero, energético y logístico, y mediante la capacidad de apropiarse de recursos localizados en las periferias del sistema.

Desde una perspectiva de clase, esta cuestión adquiere una dimensión todavía más profunda. La escasez no se distribuye democráticamente. Las clases dominantes poseen mayores posibilidades de proteger sus niveles de consumo y trasladar los costos ambientales y económicos hacia las mayorías sociales. La inflación energética y alimentaria, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida pueden convertirse en mecanismos mediante los cuales se socializan los costos de una crisis cuya apropiación continúa siendo privada.

Por eso, la llamada transición ecológica tampoco es políticamente neutral. Puede significar una reorganización democrática de la producción y del consumo o, por el contrario, convertirse en una nueva oportunidad para concentrar renta y poder alrededor de los capitales que controlan las tecnologías, los minerales, la energía y las infraestructuras estratégicas.

Esta perspectiva resulta particularmente relevante para Argentina. El país dispone de recursos cuya importancia aumenta en la nueva competencia internacional: hidrocarburos, alimentos, minerales críticos, agua y enormes extensiones de territorio productivo. El problema estratégico no consiste solamente en aumentar las exportaciones o atraer inversiones. La cuestión fundamental es qué lugar ocupa Argentina en la nueva división internacional del trabajo y quién captura la renta derivada de sus recursos.

Existe aquí una contradicción que merece ser discutida. Mientras las principales potencias despliegan políticas destinadas a proteger sus industrias, garantizar energía, controlar tecnologías y asegurar cadenas de abastecimiento, las economías periféricas pueden ser inducidas a profundizar su especialización primaria. En nombre de la apertura y de la competitividad, pueden terminar ofreciendo justamente aquello que las potencias necesitan: recursos naturales baratos y rentas extraordinarias para el capital transnacional.

El concepto de “mundo lleno” obliga, entonces, a abandonar una visión ingenua de la globalización. En un planeta sometido a límites materiales, la disputa por los recursos se convierte necesariamente en una disputa por el poder.

La cuestión argentina no debería formularse únicamente en términos de cuánto capital extranjero puede atraer el país, sino de qué proyecto nacional permite transformar sus recursos estratégicos en capacidad de desarrollo, soberanía tecnológica, empleo y bienestar social.

El problema central del siglo XXI no será solamente producir más. Será decidir para quién, bajo qué relaciones de propiedad y con qué costos sociales y ambientales se produce.

Como advierte la perspectiva desarrollada por Garzón, el “mundo lleno” modifica las condiciones de reproducción del capitalismo. Y en ese nuevo escenario, la vieja pregunta sobre la distribución de la riqueza adquiere una dimensión geopolítica: quien controle los recursos estratégicos tendrá una posición privilegiada para definir el futuro del sistema mundial.