Mientras en Venezuela el vector es la reconexión financiera; en Argentina, el régimen que organiza la captura de renta de recursos, el RIGI. Son piezas del mismo capitalismo estratégico, no el mismo negocio.
En Venezuela, Erebor Bank —startup con charter bancario estadounidense, cofundada por Palmer Luckey y Joe Lonsdale y respaldada por el Founders Fund de Peter Thiel— se ofreció desde mayo de 2026 a restablecer corresponsalía y subcuentas en dólares para bancos y empresas locales, en un mercado que la banca global sigue evitando por sanciones. En octubre se reportó un acuerdo de corresponsalía con el Banco de Venezuela. El interés declarado no es sólo bancario: el mismo ecosistema (Thiel, Palantir, Anduril) articula finanzas, defensa, datos y minerales críticos. La palanca es el acceso al sistema de pagos estadounidense.
En Argentina la palanca es otra. El RIGI funciona como contrato de largo plazo entre el Estado y el capital de gran escala: estabilidad fiscal y cambiaria, beneficios impositivos y libre disponibilidad gradual de divisas a cambio de un piso de inversión. A mediados de septiembre de 2026 el gobierno contabilizaba 23 proyectos aprobados por unos US$49.800 millones, con el cobre en torno a US$13.300 millones y el litio cerca de US$5.800 millones, más los desarrollos de Vaca Muerta (Los Toldos II Este, Rincón de Aranda, el oleoducto Vaca Muerta Sur, y más tarde Bajo del Choique–La Invernada de Pluspetrol, anunciado en US$12.400 millones a 25 años).
Vicuña encaja en esa cifra. Es la sociedad de BHP y Lundin Mining sobre Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, con extensión a Chile. En febrero de 2026 la evaluación económica preliminar estimó US$18.000 millones a lo largo de varios años —el canciller Quirno habló de los primeros diez—, con unos US$7.000 millones hasta el primer concentrado de cobre, previsto para 2030. En julio el Ministerio de Economía aprobó su ingreso al RIGI como proyecto de exportación estratégica de largo plazo, con un compromiso de US$9.700 millones hasta 2031, parte de ese potencial mayor. La producción media proyectada para los primeros 25 años es de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata al año.
La pregunta de fondo el RIGI la responde de un modo preciso. El Estado no desaparece: diseña el marco, aprueba el ingreso y retiene regalías e impuestos residuales. Lo que cede es la capacidad de revisar, durante décadas, la alícuota, las retenciones y el acceso a divisas. La renta del recurso queda así repartida entre un operador extranjero que controla la tecnología, el financiamiento y la colocación, una provincia que cobra regalías, y un Estado nacional que cambia ingreso fiscal futuro y margen de política por inversión presente y exportaciones. No es concesión petrolera clásica ni nacionalización: es un régimen de estabilidad a medida del capital que puede movilizar decenas de miles de millones.
La analogía con Erebor sirve si se la lee así. No hace falta que Thiel tenga un banco en Buenos Aires. El patrón es la integración de eslabones que antes estaban separados: quien financia, quien extrae el mineral o el hidrocarburo, quien provee la infraestructura y, en el caso venezolano, quien reabre la puerta al dólar. En Argentina ese paquete lo arman BHP, Lundin, Rio Tinto, Glencore y las operadoras de Vaca Muerta, bajo un marco que el Estado escribió para atraerlos y que, una vez firmado, le quita margen para rediscutir quién se queda con la renta. Han aparecido las actas, la casa está en orden.
¿Qué clase de democracia es aquella en la que una persona tiene derecho a votar cada cuatro años pero durante ocho horas diarias no tiene derecho a decidir prácticamente nada sobre la actividad que sostiene su existencia?
Esa contradicción permite conectar muy bien Marx, Gramsci, Althusser y la democracia económica contemporánea: la disputa por la democracia no termina en el Estado; continúa en el lugar donde se produce el valor y donde se decide quién se apropia del excedente.
El exconductor de Fox News, impulsor inicial de MAGA y hoy el mayor influencer políticos de Estados Unidos, intensifica su giro aislacionista y acusa a los grupos de cabildeo pro-Israel de anteponer intereses extranjeros, profundizando la brecha geopolítica dentro del movimiento conservador estadounidense.