William Nordhaus recibió el Premio Nobel de Economía en 2018 por sus investigaciones sobre la relación entre crecimiento económico y cambio climático. Su propuesta consistió en incorporar los daños ambientales a los modelos económicos y calcular cuánto cuesta contaminar falleció la pasada semana. En una nota tributo Michael Roberts sostiene que el problema es el capitalismo, no solamente el carbono. La discusión tiene una dimensión que va más allá de la economía ambiental.

El capitalismo transforma la naturaleza en un insumo de producción y subordina su utilización a la rentabilidad privada. Cuando aparecen los costos ecológicos, intenta convertirlos en variables monetarias, como si el mercado pudiera administrar indefinidamente las consecuencias de su propia expansión.

Pero hay una contradicción desplazada en los modelos de William Nordhaus : quién produce el deterioro ambiental, quién obtiene los beneficios de esa producción y quién paga sus consecuencias.

Las grandes corporaciones energéticas e industriales concentran beneficios, mientras los costos de la degradación recaen desproporcionadamente sobre los trabajadores, los sectores populares y las poblaciones periféricas del capitalismo mundial.

También hay una contradicción geopolítica: los países centrales construyeron su riqueza mediante siglos de industrialización intensiva en recursos fósiles, mientras hoy pretenden administrar la transición ecológica sin alterar las jerarquías económicas internacionales.

La tesis más potente que puede extraerse de Roberts es que no alcanza con ponerle precio a la naturaleza: hay que discutir las relaciones sociales de producción que determinan su explotación.

La derrota republicana en las elecciones de medio término no expresa solamente el desgaste de Trump. También refleja el rechazo a una guerra con Irán en la que Estados Unidos terminó comprometiéndose para satisfacer los objetivos estratégicos de Israel. El nacionalismo económico y la promesa de terminar con las guerras interminables chocaron contra la realidad de una nueva intervención militar en Oriente Medio.

La derrota de Donald Trump tiene una dimensión que excede el reparto de bancas en el Congreso. Los demócratas conquistaron ambas cámaras, avanzaron sobre bastiones republicanos y quebraron mayorías que parecían inexpugnables. La magnitud del resultado recuerda el castigo electoral que recibió el Partido Republicano después del Watergate, en 1974.

Pero hay una cuestión central para comprender este resultado: la guerra con Irán.

Trump llegó a la presidencia prometiendo terminar con las intervenciones militares, recuperar los recursos estadounidenses y colocar los intereses nacionales por encima de los compromisos internacionales. Su consigna America First había conectado con sectores populares cansados de financiar guerras en el exterior mientras sus condiciones de vida se deterioraban.

Sin embargo, terminó involucrando a Estados Unidos en una guerra que Netanyahu llevaba décadas promoviendo. Israel consiguió que Washington asumiera los costos militares, económicos y diplomáticos de una confrontación que responde fundamentalmente a su propia estrategia de hegemonía regional.

Trump tomó la decisión y es responsable de ella. Pero queda una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto los intereses estratégicos de un aliado pueden condicionar las decisiones de la principal potencia mundial?

La contradicción tiene una dimensión de clase. Mientras los trabajadores estadounidenses soportan el encarecimiento de los combustibles, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra, el complejo militar-industrial encuentra nuevas oportunidades de negocios. La guerra tiene beneficiarios y tiene pagadores. Rara vez son los mismos.

Allí comenzó a fracturarse la coalición MAGA. Una parte de los trabajadores que acompañaron a Trump por su discurso contra las élites y las guerras exteriores descubrió que su gobierno terminaba haciendo exactamente aquello que había prometido evitar.

El alejamiento de jóvenes, votantes hispanos y sectores populares expresa esa ruptura. No significa necesariamente un giro masivo hacia la izquierda ni una adhesión al programa demócrata. Significa que el rechazo a Trump encontró una expresión electoral contundente, aunque todavía no una alternativa capaz de modificar las relaciones de poder que sostienen estas guerras.

La paradoja es evidente: Trump llegó prometiendo liberar a Estados Unidos de compromisos que subordinaban sus intereses y terminó mostrando los límites de esa promesa. Su relación con Netanyahu expuso que America First puede convertirse en una consigna vacía cuando los intereses de los aliados estratégicos prevalecen sobre las necesidades de la propia sociedad estadounidense.

Trump perdió una elección. Pero la discusión es mucho más profunda: quién decide las guerras, quién obtiene sus beneficios y quién paga sus consecuencias.

Las elecciones pueden cambiar gobiernos sin modificar las estructuras que organizan el poder. Israel ofrece un ejemplo de esa contradicción.

Las listas árabes obtuvieron 19 bancas en un Parlamento de 120 miembros. Su representación puede resultar decisiva para desplazar a Benjamin Netanyahu, pero los partidos de la oposición tampoco parecen dispuestos a incorporarlas plenamente a una alternativa de gobierno. La paradoja que señala Jonathan Cook es contundente: los palestinos tienen derecho a votar, pero ese derecho encuentra un límite cuando puede traducirse en poder efectivo.

Para comprenderlo hay que retroceder a 1948. La creación de Israel estuvo acompañada por la expulsión de aproximadamente 750.000 palestinos y la apropiación de sus tierras. Aquella transformación no fue solamente una catástrofe nacional: modificó la propiedad, el control del territorio y las condiciones materiales sobre las que se organizó el nuevo Estado.

Aquí aparece la dimensión de clase del conflicto. La cuestión palestina no puede reducirse a una disputa religiosa o identitaria. El control de la tierra, el agua, los recursos y la circulación de la población determina quién puede producir, trabajar y desarrollar una economía propia. La expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial de Cisjordania consolidan una estructura de subordinación que tiene beneficiarios materiales y costos sociales concretos.

La desigualdad también adquirió forma institucional. En 2018, la Ley Básica del Estado-nación del pueblo judío estableció que el derecho a la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío. No se trata, por lo tanto, de una anomalía atribuible a un gobierno particular, sino de una definición incorporada a la arquitectura jurídica del Estado.

La oposición a Netanyahu cuestiona aspectos de su gestión, pero eso no significa que proponga modificar las bases de la ocupación ni los privilegios asociados al control territorial. La disputa entre partidos puede ser intensa y, al mismo tiempo, conservar un amplio consenso sobre los límites de la igualdad palestina.

Ese consenso tiene una dimensión económica: la ocupación articula propiedad, infraestructura, inversiones, acceso a recursos y relaciones laborales. No es una política aislada de seguridad, sino parte de una organización territorial y social cuyos intereses exceden a cualquier administración.

Estados Unidos y Europa también forman parte de este escenario. Durante décadas respaldaron la imagen de Israel como una democracia excepcional, mientras separaban sus instituciones electorales de la situación de la población palestina sometida a ocupación. Esa mirada permitió presentar como contradicciones circunstanciales lo que constituye un problema estructural.

El planteo de Cook obliga a desplazar la discusión: no alcanza con preguntar quién reemplazará a Netanyahu. Hay que preguntar qué relaciones de propiedad, qué intereses económicos y qué jerarquías políticas permanecerán intactos después de un eventual cambio de gobierno.

Porque la democracia no se mide solamente por la posibilidad de elegir gobernantes. También se mide por la capacidad de una sociedad para decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino colectivo. Y allí reside la contradicción que Israel todavía no resuelve.