Mientras Milei vuelve a levantar la bandera de Malvinas, Trump tensiona la relación con Londres y algunos dirigentes del gobierno genocida israelí reclaman reconocer la soberanía argentina.

La coyuntura parece abrir una oportunidad diplomática, pero también una contradicción incómoda: ¿hasta dónde llega el soberanismo de un Gobierno que reivindica las islas mientras profundiza la apertura de los recursos estratégicos al capital transnacional también en las islas? En la apertura Jorge Elbaum analiza la paradoja de un gobierno de entrega que reclama soberanía, y lo hace en un marco geopolítico donde es apenas una pieza de descarte.

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?

El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.

El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?

El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.

Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.

Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.

Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.

Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.

La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.

Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.

La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.