El informe permite ir más allá de la discusión contable sobre “déficit versus superávit”. Lo que aparece es una recomposición de las prioridades del Estado.

El ajuste no consiste simplemente en que el Estado gaste menos: gasta menos en determinadas funciones y preserva o incrementa otras. La reducción particularmente intensa de educación, ciencia, infraestructura, políticas alimentarias, desarrollo productivo y asistencia a provincias y municipios supone una transferencia de recursos desde funciones de reproducción social y desarrollo económico hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal, los servicios de la deuda y determinados aparatos estratégicos del Estado.

El dato de +33% real en Inteligencia, colocado junto al desplome de políticas sociales y educativas, resulta políticamente significativo.

En términos de estructura social, puede sintetizarse así: el Estado reduce su intervención allí donde ésta funciona como mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, mientras conserva una fuerte capacidad de intervención en áreas vinculadas con la deuda, el control y la seguridad.

Esto permite caracterizar el programa fiscal del gobierno de Milei no solamente como un programa de reducción del gasto, sino como una reorientación clasista del gasto público.

Hay además una diferencia metodológica importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando otra base y otra comparación interanual, informa para los primeros siete meses de 2026 una caída real del gasto de la Administración Nacional mucho menor, del 0,8% interanual. Esto no invalida el diagnóstico del CEPA: significa que la comparación elegida —2026 contra 2023— es decisiva para medir la magnitud del ajuste acumulado durante el ciclo de gobierno de Milei.

La conclusión política es, entonces, más fuerte que el simple dato del superávit: el equilibrio fiscal se está construyendo mediante una profunda modificación de la composición del gasto público. El interrogante central deja de ser cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién pierde, quién conserva y quién gana con esa redistribución de los recursos públicos.

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.

Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Desde una perspectiva de clase, puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.

Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.

El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.

Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.

En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.

La crisis que atraviesa Cuba no puede comprenderse al margen de un dato histórico decisivo: la Revolución cubana lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Desde 1962, Washington convirtió el aislamiento de la isla en una política de Estado destinada a limitar su capacidad de comercio, inversión, financiamiento y acceso a bienes estratégicos. No se trata, por lo tanto, de un episodio coyuntural ni de una sanción puntual, sino de una estructura permanente de coerción económica que ha condicionado durante generaciones el funcionamiento de la economía cubana.

El bloqueo constituye el marco estructural de la decadencia económica cubana. Una economía pequeña, insular y altamente dependiente del comercio exterior enfrenta costos extraordinarios cuando se le restringe el acceso a mercados, créditos, tecnologías, insumos y fuentes de financiamiento. A ello se agrega el carácter extraterritorial de buena parte de las sanciones estadounidenses, que presiona sobre empresas y entidades de terceros países que pretenden comerciar o financiar operaciones con Cuba. La consecuencia es un encarecimiento sistemático de las transacciones y una reducción de las posibilidades de acumulación e inversión.

La cuestión energética expresa con particular claridad esta dependencia. La disponibilidad de combustible resulta indispensable para sostener la generación eléctrica, el transporte y la producción. Cuando se restringen las fuentes externas de abastecimiento, el deterioro energético se transforma rápidamente en deterioro productivo: menos electricidad significa menos producción; menos combustible significa menos transporte; menos producción significa menos exportaciones y menos divisas; y la falta de divisas vuelve todavía más difícil importar combustible, alimentos, medicamentos y bienes de capital. Se configura así un círculo de reproducción de la escasez.

Desde esta perspectiva, las actuales penurias cubanas no deberían interpretarse simplemente como la consecuencia de una supuesta incapacidad de la economía socialista para funcionar. Existe, indudablemente, una dimensión interna de la crisis: baja productividad, dificultades de gestión, envejecimiento demográfico, emigración, pérdida de fuerza de trabajo y problemas derivados de las reformas económicas. Pero colocar exclusivamente allí la explicación significa eliminar de la ecuación seis décadas de presión económica externa.

El dato político fundamental es que el bloqueo no opera solamente sobre el Estado cubano: su efecto final se descarga sobre las condiciones materiales de vida de las clases populares. Las dificultades para obtener alimentos, medicamentos, transporte, electricidad y bienes de consumo no constituyen abstracciones macroeconómicas. Son la forma concreta en que una política internacional de coerción termina impactando sobre la reproducción cotidiana de la población.

Aquí aparece una paradoja histórica. Estados Unidos sostiene que el deterioro económico cubano demuestra el fracaso del sistema político de la isla; pero al mismo tiempo mantiene una política diseñada precisamente para dificultar las condiciones materiales necesarias para el funcionamiento de ese sistema. El bloqueo, en consecuencia, no es simplemente un contexto externo de la crisis: es uno de los mecanismos mediante los cuales la crisis es producida y reproducida.

Esto no implica negar las responsabilidades del gobierno cubano. Una lectura de clase exige evitar tanto la explicación liberal —“todo es culpa del socialismo”— como una explicación exculpatoria que atribuya cada dificultad exclusivamente al imperialismo. Cuba enfrenta contradicciones internas reales y profundas, y algunas de sus políticas económicas han contribuido a reducir productividad, inversión y capacidad de respuesta. Pero esas contradicciones se desarrollan dentro de una estructura internacional excepcionalmente adversa.

Por eso, la apertura económica que está impulsando La Habana debe interpretarse también desde esta perspectiva. La incorporación creciente de capital privado y de mecanismos de mercado no necesariamente expresa una conversión ideológica al capitalismo, sino la búsqueda de mecanismos de supervivencia y acumulación en una economía sometida a una presión externa prolongada. La pregunta de fondo será quién captura los beneficios de esa apertura y quién soporta sus costos.

Después de más de sesenta años, el bloqueo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una verdadera estructura histórica de la economía cubana. Su duración permite observar algo que suele quedar oculto en los debates ideológicos: las sociedades no se desarrollan en el vacío. Las posibilidades de acumulación, productividad y bienestar dependen también de las relaciones de poder internacionales.

La decadencia cubana, entonces, debe ser comprendida como el resultado de una combinación entre contradicciones internas y una presión imperial externa sostenida durante seis décadas, donde el bloqueo ocupa un lugar central. Negar las primeras conduce a una lectura apologética; ignorar la segunda conduce a una lectura profundamente incompleta.

El problema no es solamente por qué Cuba tiene hoy dificultades para producir y distribuir bienes. La pregunta histórica más relevante es qué habría ocurrido con la economía cubana durante estos sesenta años sin el bloqueo estadounidense. Esa comparación contrafáctica es imposible de realizar empíricamente, pero su ausencia no permite borrar el hecho histórico: durante más de seis décadas, Cuba ha debido desarrollar su economía bajo una política de coerción internacional excepcionalmente prolongada.

En ese sentido, las “penurias de Cuba” no pueden separarse de la historia del bloqueo. La escasez actual es también el resultado acumulado de seis décadas de asedio económico, sobre el cual se superponen las limitaciones, errores y contradicciones del propio modelo cubano.