El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.

El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?

El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.

Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.

Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.

Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.

Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.

La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.

Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.

La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.

A mil días de gobierno (asumió el 10 de diciembre de 2023), el balance es mixto y muy polarizado.

Lo que mejoró de forma clara
Inflación: Recibió 211,4% anual en 2023. En 2024 cerró en 117,8% y en 2025 en 31,5%. En agosto de 2026 el dato mensual fue 1,7%, el más bajo para ese mes en casi una década. Sigue alta para estándares internacionales (~30-34% interanual), pero el descenso es el dato más sólido de la gestión.
Pobreza: Pegó un pico brutal en el primer semestre de 2024 (52,9%) por la devaluación y el ajuste. Después bajó. El último dato oficial (segundo semestre 2025) la ubica en 28,2%. Milei dice que sacó a 14 millones de personas de la pobreza midiendo desde ese pico. Contra fines de 2023 la caída es menor (unos 6 millones). El dato del primer semestre 2026 sale el 24 de septiembre.
Cuentas públicas: Superávit fiscal primario sostenido. El Estado dejó de emitir para cubrir el rojo.
Riesgo país y dólar: El riesgo país bajó de más de 1.900 puntos a alrededor de 500. El tipo de cambio está más estable que en 2023-2024.
Exportaciones e inversión: Récords de exportaciones, boom en energía y minería, y el RIGI atrayendo proyectos (el gobierno habla de decenas de miles de millones de dólares aprobados o en pipeline).

El costo
Salarios: Los registrados privados siguen por debajo del nivel de noviembre 2023 (caídas reales de entre 3% y 8% según el recorte). El salario mínimo perdió alrededor del 40% de poder adquisitivo. El sector público nacional está bastante más atrás.
Empleo: Se perdieron cientos de miles de puestos formales (las cifras van de 300.000 a más de 400.000 según la fuente). Subió la informalidad (alrededor del 44%). El desempleo abierto está en 7,8%. La industria y la construcción siguen flojas.
Actividad: 2025 creció 4,4%. Para 2026 las proyecciones bajaron a menos del 2% (algunas consultoras hablan de 1,5-2%). El crecimiento está concentrado en agro, energía y minería; no llega parejo al mercado interno.
Imagen: La aprobación de Milei ronda el 35-40% y la desaprobación el 58-62% en las encuestas recientes. Las principales quejas de la gente son falta de trabajo, salarios bajos y, en menor medida, corrupción.

Como se se lee según el lente
Quienes lo defienden dicen que heredó una economía al borde del descontrol (inflación de tres dígitos, déficit, reservas negativas) y que el ajuste era inevitable. Destacan que, a diferencia de otros intentos, esta vez el equilibrio fiscal se sostuvo y la inflación no volvió a dispararse.

Quienes lo critican dicen que el “éxito” macro se pagó con un ajuste recesivo que recortó ingresos, empleo formal y consumo, y que el crecimiento no es generalizado. También apuntan al estilo confrontativo, a escándalos (el caso Adorni fue el que más desgaste generó) y a que parte del alivio social viene de comparar contra el peor momento de 2024, no contra 2023.

En resumen: en inflación, déficit y riesgo país el cambio es grande y medible. En salarios, empleo formal y sensación cotidiana de mucha gente, el balance es negativo o, como mínimo, incompleto. “Bueno” o “malo” termina dependiendo de si priorizás la estabilización macro o el costo social inmediato, y de cómo evolucionen 2026-2027. El próximo dato de pobreza y las elecciones de 2027 van a pesar más que cualquier discurso.👌

Veinticinco años después, el 11-S vuelve a ocupar un lugar incómodo en la política estadounidense. No porque hayan aparecido pruebas concluyentes que permitan afirmar que los atentados fueron organizados por el propio gobierno norteamericano —esa afirmación sigue sin estar demostrada— sino porque comienza a resultar cada vez más difícil sostener que la historia del 11-S puede reducirse a la narración simple de un ataque exterior que tomó completamente por sorpresa al aparato de seguridad más poderoso del planeta.

Tucker Carlson es uno de los protagonistas más visibles de este cambio. Lo significativo no es solamente lo que afirma actualmente, sino el reconocimiento de que él mismo se equivocó al descalificar durante años las preguntas de quienes cuestionaban determinados aspectos de la versión oficial. En The 9/11 Files, Carlson vuelve sobre aquellas preguntas y desplaza el centro de gravedad de la discusión: ya no se trata necesariamente de quién «derribó las Torres», sino de qué sabía el aparato de inteligencia estadounidense antes del atentado, qué información circulaba entre sus agencias y por qué determinadas señales no fueron convertidas en acciones preventivas.

Ese desplazamiento es políticamente mucho más importante que cualquier teoría conspirativa.

Hoy sabemos que existieron advertencias previas. Y las nuevas desclasificaciones de la CIA conocidas en estos días vuelven a poner el problema sobre la mesa: documentos de inteligencia muestran advertencias reiteradas sobre las intenciones de Osama bin Laden y Al Qaeda, incluida información que señalaba la posibilidad de ataques dentro de Estados Unidos. La cuestión, entonces, no es inventar retrospectivamente una conspiración, sino explicar por qué un Estado que disponía de información relevante no logró impedir el ataque.

Ahí aparece una diferencia fundamental entre una investigación crítica y una teoría conspirativa. Una cosa es demostrar que existieron fallas de inteligencia, disputas burocráticas, información compartimentada, advertencias ignoradas y posteriores operaciones de encubrimiento o clasificación documental. Otra, muy distinta, es convertir esos hechos en una prueba de que el gobierno estadounidense organizó deliberadamente los atentados. La primera cuestión posee abundante material documental. La segunda requiere pruebas que no han sido establecidas.

La misma cautela debe aplicarse a Israel.

Carlson ha avanzado hacia la hipótesis de que sectores israelíes pudieron haber tenido conocimiento previo de los atentados. Ha mencionado, entre otros elementos, a los ciudadanos israelíes detenidos después del 11-S y las investigaciones del FBI sobre posibles actividades de inteligencia. Pero incluso dentro del material presentado por el propio Carlson aparece una distinción decisiva: las investigaciones no demostraron que aquellos individuos conocieran anticipadamente los ataques.

Por eso resulta imprescindible separar conocimiento previo, espionaje, negligencia, encubrimiento, complicidad y autoría. Son categorías diferentes y no pueden convertirse unas en otras mediante inferencias políticas.

Lo que sí puede analizarse seriamente es algo mucho más amplio: qué actores estatales pudieron beneficiarse políticamente de las consecuencias del 11-S y cómo esas consecuencias transformaron la estructura del poder estadounidense.

El atentado permitió una extraordinaria expansión del aparato de seguridad: Patriot Act, vigilancia masiva, fortalecimiento de los organismos de inteligencia, guerras permanentes, tortura, Guantánamo, intervención en Afganistán e Irak y una expansión sin precedentes de la infraestructura securitaria. La propia historia posterior de la CIA incluye el escándalo de las torturas y la utilización de inteligencia defectuosa para justificar la invasión de Irak.

Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.

No hace falta demostrar que el Estado estadounidense organizó el 11-S para demostrar que el 11-S transformó profundamente al Estado estadounidense.

Y esa diferencia es crucial.

Carlson, desde la derecha nacionalista, está llegando a un territorio que durante décadas fue ocupado principalmente por la izquierda antiimperialista: la crítica al aparato de seguridad, al intervencionismo militar y a la utilización de amenazas externas para ampliar el poder estatal.

La paradoja es enorme. Una parte de la derecha que durante décadas defendió el poder militar estadounidense comienza ahora a preguntarse si ese mismo poder mintió, ocultó información o utilizó una tragedia para impulsar una agenda geopolítica previamente deseada.

El fenómeno también debe ser leído a la luz de los actuales alineamientos internacionales. La guerra de Gaza, el creciente cuestionamiento de la relación entre Washington e Israel y las guerras de Medio Oriente modificaron una parte del imaginario político de la derecha estadounidense. Carlson es uno de los ejemplos más visibles de ese desplazamiento. Investigaciones recientes señalan precisamente cómo su posición sobre Israel y el 11-S se fue modificando en paralelo con el creciente rechazo dentro de sectores conservadores estadounidenses al apoyo incondicional de Washington a Israel. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

Esto no convierte a Carlson en un analista de izquierda ni transforma automáticamente sus hipótesis en verdades. Pero sí revela una fractura dentro del campo político estadounidense.

La pregunta histórica ya no es solamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001.

Es también qué ocurrió después.

Quién ganó poder. Quién ganó contratos. Qué instituciones se expandieron. Qué libertades fueron restringidas. Qué guerras fueron justificadas. Qué información permaneció clasificada. Qué actores fueron protegidos. Y, sobre todo, cómo una tragedia que produjo un enorme trauma social fue convertida en una plataforma para una transformación radical del Estado y de la política exterior estadounidense.

Desde una perspectiva de poder, esa es una pregunta mucho más profunda que la obsesión por encontrar una «conspiración».

Porque incluso si mañana ninguna de las hipótesis más extremas de Carlson pudiera demostrarse, permanecería intacto el interrogante fundamental:

¿Cómo pudo el aparato de inteligencia más poderoso del mundo recibir durante años advertencias sobre la amenaza de Al Qaeda, no impedir el mayor atentado de su historia y, después, utilizar esa tragedia para construir un orden político, militar y securitario completamente nuevo?

Ese interrogante no pertenece al terreno de la conspiración.

Pertenece al terreno de la historia del poder. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.