El penalista Maximiliano Rusconi sostuvo en el streaming Inteligencia Artesanal que el sistema judicial argentino no requiere reformas, sino una refundación total ante un «espanto estructural» que ha deslegitimado el poder judicial. Argumentó que la independencia judicial ha sido tergiversada para desconectar a los magistrados de la sociedad y que el sistema actual, heredero de complicidades históricas, debe ser sustituido por un nuevo pacto democrático que garantice la participación popular.

La idea principal es que la agresividad de la política latinoamericana de Trump no expresa fortaleza sino debilidad estructural. Cuanto más disminuye la capacidad de Estados Unidos para ejercer hegemonía mediante consenso, comercio o liderazgo político, más depende de sanciones, amenazas militares, presiones diplomáticas y gobiernos aliados para preservar su influencia regional.
Desde una perspectiva geopolítica, el artículo se inscribe en una tradición que interpreta la política exterior estadounidense como una forma de imperialismo, donde América Latina continúa siendo y los es crecientemente un espacio estratégico para asegurar recursos naturales, mercados y posiciones militares. La novedad que señala Goodfriend es que, bajo Trump, esa lógica deja de presentarse con el lenguaje del multilateralismo o de los derechos humanos y aparece de manera mucho más explícita, reflejando las dificultades crecientes de Estados Unidos para sostener el orden internacional que lideró durante gran parte del siglo XX.

Cuando el poder judicial se arroga la facultad de tachar nombres de las boletas electorales de por vida bajo ficciones jurídicas, no sólo juzga a una persona, sino que mantiene amputado el derecho de las mayorías a elegir su propio destino. La tesis del artículo es que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner no representa únicamente la exclusión de una dirigente política, sino una restricción del derecho democrático de la sociedad a elegir a sus representantes, configurando un mecanismo de disciplinamiento político que fortalece a los poderes económicos y judiciales por encima de la voluntad popular. Así las cosas, debilidad estructural de origen que afectará a los eventuales candidatos, estará anclada en la lógica del simulacro democrático donde es posible votar, pero no elegir. Habrá consecuencias.