La democracia no siempre se destruye mediante golpes de Estado: también se vacía cuando las corporaciones controlan la circulación de información, las potencias extranjeras condicionan elecciones y los tribunales excluyen dirigentes de la competencia política. De Meta a las presiones de Trump en Honduras, de las controversias electorales en Colombia y Bolivia a la intervención en Venezuela y la proscripción de Cristina Kirchner, seis casos revelan una amenaza común: la voluntad popular subordinada a poderes económicos, judiciales y geopolíticos que nadie eligió. Detrás de estas intervenciones hay intereses materiales concretos y disputas por el control del Estado, los recursos y el rumbo de las sociedades. Defender la democracia exige que ningún poder esté por encima de la soberanía popular. Por eso, Cristina Libre no es solo una consigna política: es una defensa del derecho del pueblo a elegir sin proscripciones.

A falta de estadísticas oficiales del INDEC desglosadas por ingresos, la demografía social en la Argentina demuestra, a través del nivel educativo y la segregación territorial, que la esperanza de vida está fuertemente condicionada por el estrato socioeconómico. Mientras las poblaciones de mayor instrucción y mejor localización urbana superan los 80 años de expectativa, los sectores vulnerables registran hasta siete años menos de longevidad, penalizados por diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas, precariedad habitacional y barreras en el acceso a la salud. Al respecto, el dato más contundente del ajuste en salud es el del Plan Remediar con una caída del 72 % del presupuesto real entre 2023 y 2026, junto con la reducción de los tratamientos distribuidos. En todos los planes se redujeron de manera sustancial los recursos nacionales destinados a garantizar su acceso gratuito.

Las grandes corporaciones tecnológicas presentan la inteligencia artificial como innovación neutral, pero sus algoritmos reproducen discriminaciones, concentran riqueza y condicionan el debate público. El problema no es solamente tecnológico: es político y de clase.

La inteligencia artificial no funciona en el vacío. Detrás de cada algoritmo hay empresas, intereses económicos y decisiones sobre qué información circula, qué conductas se premian y qué sectores sociales quedan expuestos a la discriminación. El artículo de Tarcizio Silva en *Jacobin Brasil* muestra que la supuesta neutralidad tecnológica encubre relaciones de poder.

La investigación de Joy Buolamwini sobre los sistemas de reconocimiento facial expuso errores y sesgos discriminatorios en tecnologías desarrolladas por grandes corporaciones. El problema no se limita a fallas técnicas: cuando estos sistemas intervienen en la seguridad pública, el acceso al crédito o la selección de personas, los prejuicios sociales pueden convertirse en decisiones automatizadas con consecuencias concretas.

Pero hay algo más. Las Big Tech no solo acumulan datos y ganancias: también presionan a los Estados para limitar las regulaciones que podrían someterlas al control democrático. Silva describe cómo, en Brasil, el lobby empresarial debilitó los intentos de regular las plataformas y la inteligencia artificial, restringiendo la transparencia y la participación de los sectores afectados.

La administración de Donald Trump profundiza esa tendencia al desmontar políticas antidiscriminatorias y favorecer los intereses de las grandes empresas tecnológicas. La alianza entre capital corporativo y poder político muestra que la expansión de la inteligencia artificial no es un proceso inevitable ni ajeno a las disputas sociales: responde a decisiones concretas sobre quién controla la tecnología y para qué se utiliza.

Desde una perspectiva de clase, la contradicción es evidente: mientras las corporaciones privatizan las ganancias derivadas de los datos y la automatización, los costos de sus errores y discriminaciones recaen sobre trabajadores y sectores históricamente marginados. La sociedad produce información y conocimiento, pero una minoría empresarial concentra la infraestructura y el beneficio económico.

**Desenmascarar los algoritmos significa, por lo tanto, discutir quién los diseña, quién los controla y quién se beneficia de ellos.** Las auditorías independientes, la transparencia, la regulación pública y la participación social son herramientas indispensables, aunque insuficientes si no se cuestiona la concentración de la propiedad tecnológica.

La democracia no puede quedar subordinada a empresas cuyo principal compromiso es con sus accionistas. La inteligencia artificial debe estar sometida a derechos colectivos y controles públicos, no al privilegio de quienes poseen los servidores, los datos y los recursos para imponer sus reglas.

El desafío no consiste en rechazar toda innovación, sino en impedir que la innovación se convierta en una nueva forma de dominación. Porque los algoritmos no tienen voluntad propia: expresan decisiones humanas, intereses materiales y relaciones de fuerza. Y mientras esas relaciones permanezcan bajo el control de las grandes corporaciones, la promesa de progreso tecnológico convivirá con la reproducción automatizada de las desigualdades.

Basada en el artículo de Tarcizio Silva, «Cómo “desenmascarar” los algoritmos de las grandes tecnológicas», publicado en Jacobin Brasil.