Ayer se dió un paso central para consolidar el modelo peruano en La Argentina, aunque conviene hacer una precisión conceptual: el caso peruano no demuestra que el Banco Central haya quedado literalmente “por encima” del poder político. Lo que muestra es algo más sofisticado: una autonomización institucional de la política monetaria, acompañada por una fuerte inestabilidad del sistema presidencial. Julio Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006, atravesando los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hemos analizado acá lo suficiente sobre la fragilidad del sistema de representación, su fragmentación estructural en un contexto donde el principal liderazgo de plexo nacional encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo intento de supresión física se cumplirán 4 años, hoy proscripto y cumpliendo prisión rigurosa sin fundamentos legales conocidos.

El artículo de Martin Hart-Landsberg, publicado en Monthly Review, propone leer la inteligencia artificial no como una tecnología neutral, sino como un nuevo campo de disputa por el poder económico.

El punto más fuerte del texto es que la amenaza de la IA no reside solamente en la automatización del trabajo, sino en quién controla la infraestructura, los datos, los algoritmos y el capital necesario para desarrollarla.

Desde esta perspectiva, los grandes empresarios tecnológicos —los llamados tech billionaires— concentran un poder que excede ampliamente el ámbito empresarial. La IA puede convertirse en un mecanismo de centralización de riqueza y poder económico, porque las empresas dominantes poseen simultáneamente:

enormes volúmenes de datos;
capacidad computacional;
capital financiero;
infraestructura digital;
propiedad intelectual;
plataformas de distribución;
y capacidad para influir sobre los Estados.

El resultado puede ser una nueva fase de concentración monopólica.

La cuestión decisiva no es simplemente si la IA «destruirá empleos». El problema de fondo es quién se apropia de los incrementos de productividad generados por ella.

En una economía capitalista, una tecnología que permite producir más con menos trabajo no implica automáticamente una reducción de la jornada laboral o una mejora del bienestar. Puede traducirse en:

más productividad → menor necesidad de trabajadores → presión sobre salarios → mayor rentabilidad del capital → concentración de riqueza.

Por eso, la IA puede profundizar una tendencia ya existente: mientras una minoría propietaria controla los activos tecnológicos, una mayoría depende de vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.

La conclusión implícita de Hart-Landsberg es especialmente relevante: no alcanza con regular la inteligencia artificial.

La regulación puede limitar algunos abusos, pero deja intacta la estructura de propiedad. La cuestión estratégica es entonces disputar quién controla la tecnología y para qué fines sociales se utiliza.

Esto permite conectar el debate sobre IA con una cuestión clásica del pensamiento marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas puede abrir posibilidades extraordinarias de bienestar colectivo, pero bajo relaciones capitalistas esas posibilidades pueden convertirse en instrumentos de dominación.

Una lectura desde la Argentina

Este planteo resulta particularmente pertinente frente a un modelo económico que busca reducir el costo laboral como mecanismo de competitividad.

La IA puede funcionar como una nueva herramienta disciplinaria sobre el trabajo: no necesariamente porque sustituya inmediatamente a millones de trabajadores, sino porque introduce la amenaza permanente de sustitución y, por lo tanto, aumenta el poder de negociación del capital frente al trabajador.

El problema no sería entonces solamente el «desempleo tecnológico». Es algo más profundo: la apropiación privada de una productividad producida por el conocimiento social acumulado.

La resistencia que plantea Hart-Landsberg debe entenderse, por lo tanto, como una disputa por la propiedad, el control y la orientación social de la tecnología.

La pregunta fundamental no es «¿qué hará la IA con nosotros?», sino «¿quién controlará la IA y quién se apropiará de la riqueza que produzca?»

El artículo de Samuel Farber en Nueva Sociedad es especialmente interesante porque cuestiona una lectura muy instalada de Max Weber: la oposición entre «ética de la responsabilidad» y «ética de la convicción» como si la primera representara el realismo político y la segunda una política revolucionaria necesariamente irracional.

Farber sostiene que esa dicotomía no alcanza para comprender la política revolucionaria marxista. Weber construyó su crítica desde una posición de liberalismo moderado, nacionalismo alemán y defensa del Estado, y tendió a juzgar de manera mucho más severa la violencia cuando provenía de movimientos socialistas que cuando respondía a objetivos nacionales alemanes.

El punto más fuerte del artículo aparece en el análisis de Brest-Litovsk. Allí Farber muestra que los bolcheviques no actuaron simplemente movidos por una «ética de la convicción». Lenin, Trotski y Bujarin discutieron alternativas diferentes considerando la correlación de fuerzas, la situación militar, las posibilidades de revolución internacional y la supervivencia del poder soviético.

Es decir, la política transformadora también puede ser profundamente estratégica, racional y pragmática, sin abandonar por ello determinados principios.

La crítica de Farber adquiere una dimensión de clase particularmente relevante. Weber defendía el sindicalismo y consideraba legítima la lucha de clases reformista dentro del capitalismo democrático, pero rechazaba la ruptura revolucionaria con el orden existente.

Por eso, la «responsabilidad» weberiana no aparece como una categoría políticamente neutral. En la práctica puede terminar identificándose con la administración responsable del orden social existente, en otras palabras aceptar el campo de los posible sin intentar modificarlo, un dispositivo ideológico que asume la forma de «pragmatismo».

Y aquí está el núcleo político del texto: La responsabilidad no es necesariamente neutral respecto del poder.

Un dirigente puede ser «responsable» porque calcula las consecuencias de sus decisiones, pero también porque acepta como inmodificables las relaciones de fuerza existentes. La política popular democrática, en cambio, intenta transformar esas relaciones de fuerza.

Esta discusión permite recuperar una cuestión que suele desaparecer cuando Weber es convertido en una suerte de árbitro universal de la política: ¿responsable ante quién?

La responsabilidad de un gobierno que administra el capitalismo no tiene necesariamente el mismo contenido que la responsabilidad de una fuerza política que intenta modificar las relaciones de propiedad, distribución y poder.

Desde esta perspectiva, el concepto de responsabilidad puede funcionar ideológicamente como un mecanismo de naturalización del statu quo: realismo → moderación → compromiso → gobernabilidad → preservación del orden existente.

Frente a esto, Farber propone recuperar la racionalidad estratégica del marxismo : analizar condiciones objetivas, correlaciones de fuerzas, organización, tiempos políticos y posibilidades concretas sin convertir los principios en dogmas abstractos.

Una clave para pensar la política contemporánea

El texto resulta particularmente útil para analizar la política actual porque permite distinguir entre realismo político y adaptación política. No todo compromiso es necesariamente una traición a los principios. Pero tampoco todo compromiso es necesariamente «responsable». La cuestión decisiva es qué relación de fuerzas expresa, qué intereses sociales preserva y qué capacidad futura de acción construye o destruye.

Farber lo lleva incluso más lejos: cuando el compromiso se transforma en una filosofía permanente de gobierno, puede terminar asociado a la burocratización y a la reproducción de quienes administran el poder.

La conclusión política sería entonces contundente: la verdadera alternativa no es entre «responsabilidad» y «convicción», sino entre una política que administra relaciones de fuerza dadas y otra que intenta modificarlas conscientemente.

Este es probablemente el aspecto más fértil del artículo: la política responsable no debe definirse por su distancia respecto de la transformación social, sino por su capacidad de comprender la realidad material, identificar intereses sociales concretos y actuar sobre la correlación de fuerzas para modificarla. Lo hemos vivido recientemente cuando la responsabilidad se mimetizo en pragmatismo sin resultados y nos regaló esta agradable circunstancia por la que estamos atravezando.