Milei no achica el Estado: reorganiza la economía para los grandes propietarios. La concentración entonces no es un efecto colateral del programa. Es su resultado estructural.

Mientras el discurso invoca competencia y mercado, las condiciones concretas consolidan posiciones dominantes y transfieren recursos desde el trabajo y el consumo popular hacia quienes controlan los activos estratégicos.

El trabajo de Pablo Manzanelli y Valentina Castro (CIFRA-CTA / FLACSO) aporta una clave precisa: no estamos solo ante un programa de estabilización con costos sociales altos. Estamos ante un reordenamiento de la propiedad de los activos estratégicos y del poder de decisión sobre el excedente.

Cinco procesos se entrelazan. Primero, la concentración empresaria: grupos como Clarín (Telecom-Telefónica), Galicia y Macro (HSBC, Itaú), y Vila-Manzano (energía y servicios) amplían su presencia comprando activos de multinacionales que se retiran o reestructuran. Segundo, la reprimarización: el modelo privilegia energía, minería e hidrocarburos sin mecanismos que garanticen industrialización ni valor agregado nacional. Tercero, el RIGI como mecanismo de transferencia: de los 70.826 millones de dólares de inversión inicial mínima comprometida hasta octubre de 2026, el 42,1 % corresponde a empresas locales y, dentro de ese tramo, el 98,3 % a grupos económicos (Pluspetrol, Tecpetrol/Techint, Pampa Energía, Sielecki, PCR), concentrados casi por completo en Vaca Muerta. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios —con estabilidad a 30 años— mejoran la rentabilidad privada sin contraprestación equivalente en empleo de calidad, tecnología o proveedores locales. Cuarto, la valorización financiera: la apertura y la desregulación premian la rentabilidad financiera y la adquisición de activos antes que la inversión productiva de largo plazo. Quinto, la disputa por el excedente: la cuestión decisiva es quién se apropia de la riqueza producida y hacia dónde se orienta la inversión.

La concentración no es un accidente ni un efecto secundario. Es el resultado estructural del programa. Se produce una transferencia sistemática de recursos desde los ingresos del trabajo, el consumo popular y las capacidades productivas nacionales hacia los sectores con mayor capacidad de apropiación. No se trata necesariamente de una subordinación simple del capital nacional al extranjero. Lo que emerge es una nueva articulación entre grandes grupos económicos locales y capital financiero internacional: una comunidad de negocios en la que los locales se expanden en energía y activos estratégicos mientras el capital extranjero se concentra en minería metalífera y litio. El discurso oficial reivindica la competencia; las condiciones concretas favorecen la centralización del capital y la consolidación de posiciones dominantes.

Desde el punto de vista político, la oposición no puede limitarse a denunciar la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones o la contracción del consumo. Tiene que explicar qué estructura económica se está construyendo y qué intereses sociales la sostienen. El problema no es solamente que algunos ganan mientras otros pierden. Es que se reorganiza la economía para que determinados sectores tengan capacidad de decidir sobre los recursos, la inversión, el empleo y el destino del excedente nacional. La fiesta no es para unos pocos por casualidad: es para unos pocos porque el modelo organiza las condiciones para que así sea.

Milei no está achicando simplemente el Estado. Está reorganizando la economía para los grandes propietarios. La desindustrialización, la concentración empresaria y la explotación de recursos naturales sin industrialización configuran un nuevo patrón de acumulación cuya contracara es una sociedad con menor capacidad productiva, mayor dependencia y una distribución regresiva de la riqueza. El desafío de una alternativa nacional y popular es superar la denuncia puramente distributiva y volver a discutir el poder económico: quién controla los activos estratégicos, quién decide la inversión y quién se apropia del excedente.

La destrucción de la casa del periodista libanés Radwan Mortada, en la localidad de Aita al-Jabal, en el sur del Líbano, condensa una dimensión del conflicto que suele quedar relegada detrás de los partes militares: la destrucción deliberada de las condiciones materiales que hacen posible la permanencia de una población en su territorio.

Según el relato publicado por The Grayzone, soldados israelíes ingresaron en la vivienda, saquearon pertenencias y colocaron explosivos en su interior. La demolición se produjo el 17 de octubre, semanas después de que Mortada difundiera un documental de gran repercusión sobre la operación israelí con buscapersonas explosivos de septiembre de 2024. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por una posible represalia contra el periodista. No existe, sin embargo, una prueba concluyente de que ambos hechos estén directamente relacionados.

La casa no estaba en una zona de combate ni dentro de la denominada línea amarilla establecida unilateralmente por Israel. Era una propiedad familiar construida durante casi ocho años. Allí convergían tres generaciones, recuerdos familiares, olivos plantados por el abuelo y la memoria de un hermano fallecido. No se destruyeron solamente paredes: se arrasó una historia de vida.

Pero reducir el episodio a una represalia contra un periodista sería insuficiente. Lo verdaderamente significativo es su inscripción en una política territorial más amplia. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llegó a anunciar que las localidades del sur libanés serían destruidas siguiendo el modelo aplicado en Rafah y Beit Hanoun, en Gaza. También celebró la imposibilidad de retorno de los habitantes de 24 localidades y afirmó posteriormente que 60 pueblos habían sido arrasados.

Aquí aparece una continuidad política entre Gaza y el sur del Líbano. La destrucción de viviendas, caminos, infraestructura y medios de subsistencia no constituye solamente un daño colateral de la guerra. Cuando se convierte en una práctica sistemática y se acompaña de declaraciones explícitas sobre impedir el regreso de los habitantes, adquiere una dimensión de ingeniería territorial y desplazamiento forzado.

Hay una cuestión que tampoco debe omitirse. Quienes pierden sus casas, sus tierras, sus comercios y sus medios de trabajo son fundamentalmente las mayorías populares que carecen de recursos para reconstruir su existencia en otro lugar. La devastación no distribuye sus consecuencias de manera igualitaria: golpea sobre quienes tienen menos capacidad económica para resistirla. La destrucción de una vivienda es también la destrucción de un patrimonio familiar, de una economía doméstica y de una red comunitaria.

La cuestión del territorio adquiere entonces una dimensión material. No se trata solamente de establecer quién ejerce el control militar, sino de determinar quién puede vivir, trabajar, cultivar y reconstruir su existencia en ese espacio. La expulsión de una población no necesita necesariamente una orden de deportación: también puede producirse mediante la destrucción de todo aquello que vuelve posible el regreso.

El caso de Mortada agrega otra dimensión: el periodismo que documenta esas prácticas también queda expuesto a la intimidación y la violencia. Cuando la casa de un periodista es demolida por una fuerza ocupante, la amenaza trasciende a su familia y alcanza a quienes pretenden investigar y hacer visibles los mecanismos de la guerra.

La comunidad internacional no puede limitarse a contabilizar víctimas y emitir declaraciones de preocupación. Debe exigir responsabilidades y garantizar el derecho al retorno de las poblaciones desplazadas.

Porque hay una diferencia sustancial entre ganar una guerra y destruir las condiciones de existencia de un pueblo. Lo segundo no es una consecuencia inevitable de lo primero: es una decisión política.

La disputa no es solamente por el control de la tierra. Es por el derecho de quienes la habitan a seguir perteneciendo a ella.

La visita de León XIV no puede reducirse a una oportunidad para confrontar con Milei ni convertirse en un recurso de una dirigencia que ha perdido capacidad de convocatoria y representación. La religiosidad popular y la tradición del catolicismo social constituyen un territorio cultural en disputa con el neoliberalismo. La cuestión de fondo no es quién consigue fotografiarse junto al Papa, sino quién será capaz de disputar el sentido de una sociedad donde el mercado pretende ocupar el lugar de la comunidad, la riqueza el de la virtud y el individualismo el de la solidaridad. Allí se juega una batalla cultural y política que ninguna sotana puede librar en lugar de la dirigencia. Relacionado la extensión del besamanos papal y la discusión por las PASO y la reelección indefinida de intendentes.