El texto de Jonathan Cook que publicamos es especialmente potente para una lectura de clase y de poder imperial, porque desplaza la discusión de la aparente disputa entre Tucker Carlson y Jacob Rees-Mogg hacia una cuestión mucho más profunda: quién tiene derecho a matar, quién define qué violencia es legítima y qué vidas pueden ser sacrificadas en nombre de los intereses de las grandes potencias.
Cook sostiene que buena parte del establishment liberal británico presentó a Rees-Mogg como el vencedor del debate con Carlson. Pero, según su lectura, ocurrió casi lo contrario. Rees-Mogg defendió explícitamente la idea de que en una “guerra total” puede ser legítimo matar civiles, y calificó como “incuestionablemente” justificado el uso estadounidense de armas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki.Hay un elemento muy actual: la entrevista de Tucker Carlson y Rees-Mogg que efectivamente estuvo centrada en la preparación británica para una eventual guerra con Rusia, el gasto militar, las armas nucleares, la Segunda Guerra Mundial y la soberanía ucraniana. La discusión, no es marginal: expresa una disputa real dentro de la derecha occidental sobre qué hacer con el declive relativo del poder occidental y quién debe asumir sus costos.
No estamos viendo solamente una disputa entre belicismo e “aislacionismo”. Estamos viendo una disputa dentro de las élites occidentales sobre la administración de un orden imperial en crisis.

Piketty demuestra con cifras la obscena concentración de la riqueza que produce el capitalismo, pero su propuesta tropieza con el límite de toda política que confía demasiado en la razón de las instituciones y demasiado poco en la lucha de clases. No basta con gravar las fortunas: hay que disputar el poder de quienes controlan el capital, las finanzas y los resortes fundamentales de la economía. La cuestión decisiva no es cómo convencer a los ricos de aceptar una distribución más justa, sino cómo construir la fuerza organizada de las clases trabajadoras para imponerla. Piketty tiene razón sobre la enfermedad, pero todavía deposita demasiada confianza en la medicina institucional.

El capitalismo puede aceptar determinados niveles de redistribución cuando la correlación de fuerzas lo obliga —impuestos progresivos, Estado de bienestar, derechos laborales, reducción de la jornada—, pero tiende permanentemente a reconstruir la concentración cuando esas fuerzas sociales retroceden.

Por eso la pregunta decisiva no es solamente cómo distribuir mejor la riqueza, sino cómo construir nuevamente el poder colectivo de quienes producen la riqueza.

Y aquí aparece una diferencia sustancial entre una perspectiva socialdemócrata avanzada y una perspectiva socialista: la primera busca domesticar la acumulación; la segunda intenta transformar las relaciones sociales que hacen posible esa acumulación.

Hay además un punto que podríamos conectar muy bien con tus columnas sobre Milei, Trump, Lula y la ofensiva contemporánea de las derechas: mientras Piketty imagina una redistribución global racional, las derechas están construyendo políticamente el sujeto contrario. Convencen a sectores populares de que su enemigo es el inmigrante, el empleado público, el pobre, el Estado, el impuesto o incluso otro trabajador, mientras el gran capital queda fuera del campo de batalla.

Ese es quizás el verdadero problema político de nuestro tiempo: la desigualdad no se sostiene solamente por la concentración económica, sino también por la capacidad de las clases dominantes para transformar las contradicciones entre explotados en enfrentamientos entre explotados.

Y ahí Piketty necesita algo que sus estadísticas, por extraordinarias que sean, no pueden proporcionar por sí mismas: organización, conciencia de clase y poder político.

Hay una contradicción que atraviesa a las derechas contemporáneas: pueden exhibir crecimiento económico, inversiones, mercados financieros en alza y determinados indicadores favorables, pero cada vez les resulta más difícil convencer a las mayorías de que esa prosperidad también les pertenece.

El caso de Donald Trump es revelador. Un reciente análisis de Axios muestra la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana de los estadounidenses. Los precios, la vivienda, la gasolina, las tasas de interés y la inseguridad laboral pesan más que cualquier dato del PIB.

La contradicción no es comunicacional. Es material.

Un trabajador no compra el PIB. No paga el supermercado con la tasa de crecimiento ni la hipoteca con la cotización de Wall Street. La economía que importa para las mayorías es la que determina cuánto cuesta reproducir diariamente su vida.

Trump llegó nuevamente al poder explotando esa frustración. Prometió recuperar salarios, empleo industrial y capacidad adquisitiva. Ahora empieza a ser juzgado por las mismas condiciones materiales que utilizó para cuestionar a sus adversarios.

Aquí aparece una cuestión de clase que el lenguaje económico suele ocultar: no alcanza con preguntar cuánto crece una economía; hay que preguntar quién se apropia de ese crecimiento.

La inteligencia artificial ofrece un ejemplo paradigmático. El capital celebra inversiones, productividad y valorizaciones bursátiles; millones de trabajadores observan, en cambio, la posibilidad de que la automatización transforme o elimine sus empleos. El capital celebra la productividad futura. El trabajador pregunta si tendrá trabajo mañana.

La misma contradicción aparece en Argentina.

Milei construye buena parte de su legitimidad sobre la caída de la inflación, el equilibrio fiscal, la recuperación financiera y las expectativas de los mercados. Pero una economía no se convierte automáticamente en una experiencia social positiva porque mejoren sus variables financieras.

Puede bajar la inflación y mantenerse un nivel de precios inaccesible para millones. Puede equilibrarse el presupuesto mientras se deterioran servicios públicos. Puede aumentar la rentabilidad empresarial mientras se debilita el empleo formal. Puede crecer la inversión mientras aumenta la precariedad.

No se trata de negar los datos, sino de preguntar qué relaciones sociales producen esos resultados y quién se apropia de sus beneficios.

Ese es el punto que las derechas intentan desplazar mediante la individualización del conflicto. Si el salario no alcanza, falta capacitación. Si no hay trabajo, es un problema personal. Si aumenta el endeudamiento, fue una mala decisión familiar. La estructura desaparece detrás de la responsabilidad individual.

Pero la experiencia cotidiana termina imponiéndose.

Trump puede decir que la economía funciona. Milei puede afirmar que el programa es exitoso. Los mercados pueden acompañarlos. Existe, sin embargo, un límite político: la percepción que las clases populares tienen de sus propias condiciones de existencia.

Cuando una mayoría siente que trabaja más, paga más y tiene menos seguridad sobre su futuro, los indicadores macroeconómicos dejan de producir legitimidad.

Por eso el problema de Trump puede terminar siendo también el de Milei: una economía puede ser exitosa para los mercados y políticamente desastrosa para un gobierno cuando el crecimiento no se traduce en bienestar para las mayorías.

Las sociedades no votan solamente sobre el PIB, el déficit o el riesgo país. Votan sobre su propia vida, o mejor, sobre lo que imagina es su propia vida.

Y cuando la distancia entre la economía que celebran los mercados y la economía que padecen las mayorías se vuelve demasiado grande, la contradicción económica muchas veces, termina convirtiéndose en contradicción política.