El concepto de «capital paciente», analizado por Siyuan Liu en Monthly Review, apunta a una contradicción central del capitalismo: la producción necesita tiempo, pero las finanzas exigen beneficios rápidos. Desarrollar semiconductores, investigar medicamentos, construir redes eléctricas o transformar la matriz energética requiere inversiones de largo plazo que la especulación privada no siempre está dispuesta a sostener.

La experiencia china propone otra relación entre inversión y desarrollo. La propiedad pública, la planificación estratégica y los fondos estatales pueden orientar recursos hacia objetivos productivos que exceden el rendimiento financiero inmediato. La cuestión no es convencer a los capitalistas de que tengan paciencia, sino construir instituciones capaces de subordinar las finanzas a prioridades colectivas.

Pero la perspectiva marxista exige ir más allá de la eficiencia económica. Quién controla la inversión, quién decide qué producir y quién se apropia de los resultados son preguntas tan importantes como cuánto se produce. El financiamiento público de una innovación pierde su potencial emancipador si los riesgos recaen sobre la sociedad y las ganancias terminan concentradas en empresas privadas.

Por eso, el capital paciente no es sinónimo automático de socialismo. Un horizonte de inversión más largo no elimina la explotación laboral, los conflictos distributivos ni la subordinación de la naturaleza a la acumulación. Su carácter transformador depende de que la riqueza generada fortalezca a los trabajadores y satisfaga necesidades sociales, en lugar de reproducir privilegios.

La lección para América Latina es relevante. Frente a economías dependientes de las exportaciones primarias, la fuga de capitales y la valorización financiera, la planificación de largo plazo podría contribuir a diversificar la producción, desarrollar capacidades tecnológicas y ampliar la soberanía económica. Pero eso requiere capacidad estatal, control democrático y una disputa efectiva por la distribución del excedente.

La pregunta decisiva, entonces, no es si el capital puede esperar, sino quién tiene el poder de hacerlo esperar y para beneficio de quién.

La sociedad debe invertir tiempo en el conocimiento, la infraestructura y el desarrollo humano. No debe resignarse a esperar frente a la pobreza, la explotación y los monopolios. El capital debe aprender a esperar; los pueblos ya han esperado demasiado.

Perón no inventó a la clase trabajadora ni le regaló sus derechos. Su liderazgo fue posible porque los trabajadores irrumpieron como fuerza social y política, desafiando los privilegios de las clases dominantes.

La infancia de Juan Domingo Perón y su contacto con el mundo rural ayudan a comprender su formación. Pero el nacimiento del peronismo no se explica por la biografía de un hombre, sino por una transformación histórica: la industrialización, las migraciones internas y la emergencia de una clase trabajadora que ya no aceptaba vivir sin derechos ni representación política.

El Estatuto del Peón, el aguinaldo y las vacaciones pagas modificaron las relaciones entre capital y trabajo. No fueron concesiones gratuitas: expresaron una nueva correlación de fuerzas, en la que los trabajadores conquistaron derechos y obligaron al Estado a intervenir en un orden social organizado alrededor de los intereses patronales.

Perón fortaleció a los sindicatos y reconoció a los trabajadores como sujetos políticos, mientras procuraba contener el conflicto social dentro de un proyecto de conciliación de clases. Los trabajadores avanzaron en derechos y participación, pero no se abolió el poder económico de los propietarios.

La clave histórica no es lo que Perón concedió, sino lo que los trabajadores conquistaron y la fuerza social que fueron capaces de construir.

Recordar a aquel pibe llamado Perón significa, entonces, reconocer a los hombres y mujeres que con la lealtad como andamiaje estructural, hicieron posible su liderazgo y finalmente comprender que ninguna conquista popular es irreversible cuando cambia la relación de fuerzas.

Porque el peronismo nació cuando los trabajadores dejaron de ser mano de obra subordinada y se convirtieron en protagonistas de la política argentina.

La dificultad de Lula no es solamente electoral. Es la expresión de una contradicción más profunda: un progresismo que consiguió mejoras económicas y sociales, pero que no logró transformar suficientemente las condiciones materiales de vida ni disputar la hegemonía cultural a la derecha.

El crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza no garantizan por sí solos el apoyo popular. Cuando los salarios se consumen en deudas, alquileres y servicios privados, el empleo deja de ser sinónimo de bienestar. La experiencia cotidiana puede contradecir los indicadores positivos del gobierno.

En ese terreno avanza la extrema derecha. Su eficacia consiste en apropiarse del malestar social, ofrecer explicaciones simples a problemas complejos y presentar como rebeldía un programa económico que beneficia a los sectores concentrados del capital. La meritocracia transforma problemas colectivos en fracasos individuales; el conservadurismo cultural identifica enemigos y desplaza el conflicto desde las relaciones de clase hacia las disputas identitarias.

El problema del progresismo es que, cuando acepta los límites de la austeridad fiscal y la ortodoxia económica, termina administrando restricciones que afectan a sus propias bases sociales. Las mejoras parciales pierden fuerza política si no se traducen en seguridad material, derechos duraderos y expectativas de futuro.

La batalla tampoco se libra únicamente en las urnas. La derecha construye comunidades, referentes y sentidos comunes a través de las redes digitales y de una presencia territorial persistente. No alcanza con exhibir resultados de gestión: es necesario disputar cómo se interpreta la realidad y quiénes son responsables de sus injusticias.

La lección de Lula para América Latina es contundente: cuando la izquierda administra lo posible sin ampliar sus límites, la derecha puede apropiarse del deseo de cambio. La respuesta no es abandonar las reformas sociales ni imitar la agenda conservadora, sino confrontar los intereses económicos que bloquean las transformaciones.

Salarios dignos, servicios públicos de calidad, protección frente al endeudamiento y derechos colectivos deben convertirse en una experiencia concreta de mejora de la vida.

El desafío es transformar el malestar en organización popular y esperanza política. Porque no basta con demostrar que el ajuste perjudica a las mayorías: hay que construir una alternativa capaz de cambiar las condiciones que reproducen ese malestar.

«Lula Lá» (cuyo título original es «Sem medo de ser feliz») es una consigna y un jingle creado para la campaña presidencial de Brasil de 1989, lo sabemos, pero nada la ha superado como visión ni como deseo colectivo. No es casual.