El episodio del vuelo FZ1073 no puede leerse solamente como un dramático incidente aéreo. También obliga a mirar cómo los Estados y los grandes aparatos de comunicación convierten hechos todavía bajo investigación en relatos políticos capaces de fabricar enemigos y legitimar nuevas escaladas. La hipótesis de una “bandera falsa” exige pruebas y no puede confundirse con una certeza, pero tampoco puede ignorarse la historia de operaciones encubiertas y pretextos bélicos utilizados por las potencias para construir consenso alrededor de la guerra. En Medio Oriente, donde la disputa por el territorio, los recursos y el poder regional se entrecruza con intereses estratégicos globales, la pregunta decisiva no es solamente qué ocurrió dentro de aquella cabina, sino quién tiene capacidad para imponer el significado de lo ocurrido y qué intereses se benefician cuando el miedo vuelve a convertirse en argumento político. En la apertura el historiador mexicano Cristian Nader da su punto de vista sobre el caso.

El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras vuelve a mostrar que detrás de los expedientes y los tecnicismos jurídicos hay una disputa bastante menos sofisticada: quién se queda con la tierra. En una Argentina donde la extranjerización avanza mientras el poder económico amplía su capacidad de apropiación, la Justicia no aparece por fuera del conflicto social: también forma parte de la trama que define quién puede comprar, concentrar y disponer del territorio.

La política energética del Gobierno exhibe una contradicción central: mientras promete seguridad jurídica e inversiones récord en París, en la Argentina se investigan decisiones vinculadas al RIGI, se condonan USD 1.842 millones a distribuidoras eléctricas y se avanza con privatizaciones que favorecen a actores ya instalados. Al mismo tiempo, el ajuste de la Zona Fría descarga el costo sobre millones de usuarios, mientras los grandes negocios energéticos reciben beneficios, subsidios y garantías. Entre el RIGI, Vaca Muerta y las reformas regulatorias, el modelo redefine quién paga y quién captura la renta energética.