El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.

El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.

En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.

Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.

La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.

Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.

Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.

La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:

¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?

Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.

El texto aborda el creciente malestar psíquico en Argentina, especialmente entre jóvenes, marcado por ansiedad, depresión, trastornos del sueño y riesgo suicida. Más de la mitad de quienes necesitan atención psicológica no acceden a tratamiento, y los sectores populares concentran los peores indicadores.

El autor sostiene que reducir el sufrimiento a un problema meramente sanitario es un error: la salud mental debe entenderse desde una perspectiva colectiva, vinculada a condiciones sociales, económicas y políticas. Se compara la crisis actual con la de 2001, cuando la organización comunitaria (piqueteros, fábricas recuperadas, asambleas barriales) permitió elaborar el dolor de manera compartidaPágina actual+1Página actual. Sin embargo, aquella crisis produjo simultáneamente un proceso de organización social.Página actual. El movimiento piquetero, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, los clubes de trueque y múltiples experienci…. Hoy, en cambio, predomina el individualismo y la fragmentación social, con un Estado debilitado y políticas públicas desfinanciadas.

La precarización laboral, la lógica meritocrática y el aislamiento digital generan sujetos más solos frente a sus padecimientos. Esto se refleja en el alarmante aumento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años, etapa vital para construir proyectos de vida que hoy chocan con empleos precarios, salarios insuficientes y falta de horizontes colectivosPágina actual+1Página actual. Quizá por eso uno de los datos más alarmantes sea el crecimiento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años. No se…Página actual. Cuando esas expectativas chocan sistemáticamente con empleos precarios, salarios insuficientes, imposibilidad de acceder…. Según Julieta Calmels, en Argentina mueren 14 personas por día por suicidio, cifra directamente vinculada al deterioro social y económico.

El artículo concluye que la crisis actual no sólo empobrece ingresos, sino también vínculos, proyectos y esperanza. La salud mental requiere reconstruir espacios comunitarios: sin comunidad no hay salud mental, y sin horizonte común, incluso vivir puede volverse insoportable para muchos jóvenes. En suma la salud mental es inseparable de la justicia social y de la posibilidad de imaginar un futuro compartido. Un lapsus momentáneo de razón.

El análisis publicado corresponde al artículo de Jonathan Cook, publicado hoy, 14 de agosto de 2026: “Thatcher warned in 1989 of a climate crisis. She did nothing. Nor will her successors”.

La tesis central es potente: la crisis climática no puede explicarse como un fracaso de información o de conocimiento científico. Los gobiernos sabían desde hacía décadas lo que estaba ocurriendo y cuáles serían sus consecuencias. Cook reconstruye una cadena de advertencias que va desde los primeros estudios sobre el efecto invernadero hasta las investigaciones internas de las propias petroleras. Incluso Exxon había elaborado en 1982 proyecciones que anticipaban con notable precisión los niveles de CO₂ y el calentamiento que se verificarían décadas después.

El punto político decisivo aparece en 1989: Margaret Thatcher, emblema del neoliberalismo y de la defensa de los mercados, ya advertía públicamente ante la ONU sobre el cambio climático. Sin embargo, esa conciencia no se tradujo en una política capaz de enfrentar las causas estructurales del problema. Paralelamente, la industria fósil comenzó a financiar think tanks y campañas destinadas a sembrar dudas sobre una evidencia científica que sus propias investigaciones internas respaldaban.

Ahí está lo más interesante del artículo: el problema no es que “la humanidad” haya sido ignorante o irresponsable en abstracto. El obstáculo fue la contradicción entre la supervivencia ecológica y la rentabilidad del capital fósil. Los gobiernos podían conocer el peligro, pero intervenir seriamente significaba enfrentar intereses económicos con enorme capacidad de presión política, mediática y financiera. Cook sostiene precisamente que los costos políticos de enfrentarse al poder corporativo fueron demasiado elevados.

En otras palabras: no faltó información; faltó poder político para convertir el conocimiento en decisión. Y esa diferencia es fundamental. La historia climática de las últimas décadas puede leerse como una demostración de que el capitalismo es capaz de incorporar el conocimiento de una catástrofe siempre que pueda seguir extrayendo rentabilidad de las actividades que la producen.

La paradoja de Thatcher es particularmente reveladora: el mismo neoliberalismo que proclamaba la superioridad de las decisiones descentralizadas del mercado terminó subordinando una cuestión civilizatoria a las necesidades de acumulación de grandes corporaciones energéticas. El mercado sabía; los científicos sabían; los gobiernos sabían. Pero la rentabilidad tenía mayor capacidad de imponer sus prioridades.

No fue ignorancia: fue la clase dominante sabiendo exactamente lo que estaba haciendo.

Y allí el artículo de Cook adquiere una dimensión que excede la cuestión ambiental y la geografía del Reino Unido: la crisis climática es también una crisis de democracia y de poder, porque demuestra hasta qué punto el conocimiento científico puede ser desconocido y políticamente impotente cuando choca contra intereses económicos concentrados. ¿No les recuerda nada?