En una entrevista atravesada por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, Abel Prieto sostiene que la ofensiva estadounidense contra Cuba busca producir las condiciones materiales y psicológicas para una ruptura política. Pero advierte que el poder imperial tiene límites. Su reflexión sobre la guerra cultural, los “pobres de derecha” y la destrucción de la capacidad crítica resulta particularmente pertinente para comprender el avance contemporáneo de las nuevas derechas.

La afirmación de Prieto —“combatimos contra un enemigo muy poderoso, pero no todopoderoso”— condensa una concepción del conflicto internacional que excede ampliamente la cuestión cubana. Washington conserva una capacidad económica, financiera, tecnológica, militar y comunicacional extraordinaria, pero esa capacidad no equivale a omnipotencia. El dato estratégico central es precisamente ese: la hegemonía no significa dominio absoluto.

El caso cubano constituye un laboratorio extremo. Según Prieto, la actual política estadounidense ya no puede ser caracterizada simplemente como bloqueo comercial: se trata de una estrategia de asfixia multidimensional, dirigida contra combustible, alimentos, medicamentos, transporte, turismo, cooperación médica y vínculos empresariales internacionales. El objetivo político sería provocar un deterioro social suficientemente profundo como para convertir la crisis económica en crisis de legitimidad y, finalmente, en ruptura política.

Hay aquí una cuestión fundamental para el análisis de clase: la crisis económica nunca es políticamente neutra. Las penurias materiales pueden ser consecuencia de determinadas relaciones de poder y, simultáneamente, convertirse en el terreno sobre el cual se disputa el sentido de esas mismas penurias.

Pero el aporte más interesante de Prieto aparece cuando desplaza el eje desde la economía hacia la batalla cultural.

La derecha contemporánea comprendió algo que una parte de la izquierda todavía subestima: el poder no se reproduce únicamente mediante salarios, precios, deuda, propiedad o coerción estatal. También se reproduce mediante la construcción cotidiana de sentido común. Las redes sociales, los algoritmos y la concentración de los medios permiten intervenir sobre la percepción misma de la realidad.

Prieto recupera una formulación de Fidel particularmente actual: los “reflejos condicionados”. El problema no consiste solamente en que una persona sea engañada por una mentira, sino en que la reiteración permanente de determinados estímulos termine reduciendo su capacidad para pensar críticamente.

Aquí aparece una paradoja decisiva del capitalismo contemporáneo: nunca hubo tanta información disponible y, al mismo tiempo, nunca fue tan sencillo producir sociedades desinformadas.

La sobreabundancia informativa no necesariamente produce conocimiento. Puede producir saturación, emocionalización y reacción inmediata. La política se transforma entonces en un régimen de estímulos: indignación, miedo, odio, resentimiento, identificación tribal. En ese terreno, las derechas radicalizadas encuentran condiciones especialmente favorables.

Por eso resulta significativa otra categoría recuperada por Prieto: los “pobres de derecha”. No se trata simplemente de trabajadores que votan contra sus intereses materiales —una explicación demasiado elemental—, sino de sectores populares que, atravesados por frustraciones reales, reciben una interpretación de esas frustraciones construida por las fuerzas dominantes.

La operación ideológica consiste en desplazar el conflicto vertical —entre clases— hacia conflictos horizontales entre sectores subordinados: trabajadores contra migrantes, pobres contra pobres, jubilados contra jóvenes, empleados públicos contra trabajadores privados, argentinos contra extranjeros.

Ese mecanismo tiene una enorme actualidad an La Argentina.

El fenómeno Milei no puede comprenderse exclusivamente como resultado de una campaña electoral exitosa ni como una anomalía cultural. Existe detrás una crisis de representación de las clases populares, alimentada por décadas de deterioro económico, frustraciones acumuladas y pérdida de credibilidad de las estructuras políticas tradicionales. La novedad es que una parte de esa insatisfacción fue capturada por una fuerza que logró construir y convertir el resentimiento social en una narrativa antiestatal y, simultáneamente, profundamente funcional a los intereses de los sectores económicos dominantes.

En ese sentido, el concepto de “pobres de derecha” de Prieto puede ser utilizado como una categoría analítica —no como un insulto— para estudiar la transformación del voto popular en el siglo XXI.

La batalla decisiva, entonces, no consiste solamente en tener razón, sino en lograr que las mayorías puedan reconocer dónde están las causas estructurales de sus problemas.

Y aquí aparece probablemente la enseñanza más importante de la entrevista: la izquierda no puede responder a la maquinaria de manipulación reproduciendo sus métodos. Prieto insiste en la necesidad de argumentos, datos, cultura, historia y pensamiento crítico.

Esto supone recuperar una dimensión que durante mucho tiempo fue central en las tradiciones populares y de izquierda: la formación política de las mayorías.

La disputa por la conciencia no es un complemento de la lucha económica. Es parte de ella, la sobredetermina.

Por eso la cuestión generacional adquiere una importancia estratégica. Prieto plantea que los jóvenes no pueden limitarse a ser consumidores pasivos de las plataformas digitales: deben convertirse en productores de sentido. De allí su reivindicación de nuevos comunicadores, influencers, youtubers y booktubers capaces de disputar culturalmente el territorio ocupado hoy por las grandes plataformas.

En términos gramscianos, podría decirse que la cuestión central es la construcción de una nueva hegemonía.

La derecha comprendió que para gobernar no alcanza con controlar el Estado: hay que conquistar previamente buena parte de la sociedad civil. La izquierda, por lo tanto, necesita reconstruir capacidad de organización, pero también capacidad de interpretación del mundo.

Cuba aparece así como un caso extremo de una disputa mucho más amplia. Washington puede intentar aislarla económicamente; las grandes plataformas pueden intentar imponer determinadas narrativas; las derechas pueden avanzar electoralmente. Pero ninguna de esas fuerzas posee un poder ilimitado.

La hegemonía siempre es una relación, y por definición puede ser disputada.

La frase final de Prieto funciona entonces menos como consigna que como hipótesis política: el adversario es poderoso, pero no todopoderoso. La cuestión estratégica para las fuerzas populares latinoamericanas es transformar ese límite objetivo del poder imperial en capacidad política propia.

En Argentina, esa tarea supone algo más que resistir al gobierno de Milei: implica reconstruir una mayoría social capaz de comprender sus propios intereses, recuperar una narrativa de futuro y transformar el malestar disperso en organización colectiva, lo que supone el reconocimiento de liderazgos nacionales y en el caso del peronismo incorpora la disputa por la libertad de Cristina Kirchner como condición de posiblilidad de dar una salida institucional sólida a la actual coyuntura dominda por el despliegue neoliberal montado sobre un simulacro de democracia.

El artículo de Viento Sur plantea una cuestión central que permite salir de la lectura convencional de la deuda venezolana: no se trata simplemente de cuánto debe Venezuela, sino de quién tiene capacidad efectiva para cobrar, administrar y condicionar esa deuda. La página no pudo ser recuperada directamente en esta consulta, así que tomo como eje el planteo del propio título y el marco histórico-económico que lo sustenta.

deuda venezolana: cuando el acreedor se convierte en poder político

La cuestión venezolana debe analizarse dentro de una estructura de dependencia financiera, energética y geopolítica. Presentar la deuda como una obligación puramente contractual entre Estados, bancos y empresas oculta la relación de fuerzas que determina quién puede exigir el pago, bajo qué condiciones y mediante qué instrumentos.

En este sentido, Estados Unidos no necesita ser formalmente el principal acreedor de Venezuela para ejercer una enorme capacidad sobre su deuda. Las sanciones, el bloqueo financiero, el control de activos venezolanos en el exterior y la disputa por los ingresos petroleros transforman la deuda en un instrumento de soberanía limitada.

El petróleo es el núcleo de esta relación. Venezuela posee una de las mayores reservas petroleras del planeta, pero la capacidad de transformar ese recurso en ingresos líquidos depende de mercados, infraestructura, tecnología, financiamiento y canales comerciales que están sometidos, en distintos grados, al poder estadounidense. De allí surge una paradoja característica de las economías dependientes: un país puede ser extraordinariamente rico en recursos naturales y, simultáneamente, encontrarse financieramente subordinado.

La deuda deja entonces de ser solamente una magnitud contable. Se convierte en una relación social y geopolítica de poder.

la pregunta que cambia todo

La pregunta convencional es:

¿Cuánto debe Venezuela?

La pregunta políticamente relevante es:

¿Quién controla los recursos con los cuales Venezuela podría pagar esa deuda?

Esta segunda pregunta conduce directamente al problema del imperialismo contemporáneo. El mecanismo ya no requiere necesariamente una ocupación territorial ni una administración colonial directa. Puede funcionar mediante sanciones financieras, restricciones comerciales, control de activos, condicionamientos crediticios y tutela sobre las instituciones que administran los ingresos estratégicos.

Por eso resulta especialmente importante hablar de tutela neocolonial. El término permite observar que la soberanía jurídica de un Estado puede coexistir con una soberanía económica profundamente restringida.

el caso venezolano y la disputa por la renta petrolera

Venezuela no enfrenta solamente una contradicción entre Caracas y Washington. Existe una disputa más profunda alrededor de quién controla la renta petrolera venezolana y quién se apropia de ella.

La cuestión atraviesa al Estado venezolano, a las empresas petroleras internacionales, a los acreedores, al sistema financiero y a las potencias que buscan garantizar acceso privilegiado a los recursos energéticos.

Desde esta perspectiva, las sanciones no deben interpretarse únicamente como una política exterior destinada a «castigar» al gobierno de Nicolás Maduro. También pueden ser comprendidas como un mecanismo para reordenar las condiciones bajo las cuales el capital internacional accede a la renta petrolera venezolana.

La deuda puede cumplir precisamente esa función: transformar un problema financiero en una palanca de reorganización de la propiedad y del control sobre los recursos estratégicos.

Lo que está en discusión es un viejo problema latinoamericano: la diferencia entre soberanía política y soberanía económica.

Argentina ofrece un ejemplo particularmente relevante. La experiencia de la deuda externa muestra que un país puede conservar formalmente sus instituciones, elecciones y gobierno propio mientras determinados compromisos financieros reducen considerablemente el margen de decisión de la política económica.

La cuestión fundamental no es, por lo tanto, si un gobierno «paga» o «no paga». Es qué estructura productiva genera la deuda, quién recibe los recursos, quién soporta el costo del ajuste y quién obtiene los activos estratégicos cuando llega la crisis.

Cuando el endeudamiento se socializa mediante ajuste salarial, reducción del gasto público, privatizaciones y transferencia de ingresos, mientras los activos estratégicos quedan disponibles para el capital financiero y transnacional, la deuda funciona como mecanismo de transferencia de riqueza desde las mayorías sociales hacia los sectores acreedores y propietarios del capital.

La principal enseñanza del caso venezolano es que la deuda no puede separarse de la disputa por la soberanía.

Venezuela tiene petróleo, pero no controla plenamente las condiciones internacionales bajo las cuales puede comercializarlo. Tiene activos, pero algunos se encuentran bloqueados o sujetos a litigios internacionales. Tiene capacidad productiva, pero las sanciones afectan su acceso a financiamiento, tecnología y mercados.

Por eso la pregunta «¿quién debe qué a quién?» resulta mucho más subversiva que la pregunta convencional sobre el tamaño de la deuda.

Porque obliga a invertir la perspectiva:

no mirar solamente al deudor, sino también al acreedor; no solamente la obligación financiera, sino la relación de poder; no solamente el monto adeudado, sino quién termina apropiándose de la riqueza que permite pagarlo.

Y allí Venezuela vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que atraviesa a toda América Latina: la soberanía nacional no se define únicamente por la existencia de un Estado independiente, sino por la capacidad efectiva de una sociedad para decidir sobre sus recursos estratégicos y sobre el destino de la riqueza que produce.

La narrativa oficial presenta la experiencia mileísta como una recuperación basada en el equilibrio fiscal, la desinflación y la apertura económica. Pero detrás de las variables macroeconómicas aparece otra realidad: contracción del consumo, deterioro del mercado laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y una creciente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quién captura ese crecimiento y quién paga el costo de su estabilización.

El texto desarrollará especialmente la contradicción entre estabilización macroeconómica y reproducción social, evitando reducir el análisis a la discusión sobre déficit, inflación o PIB. La hipótesis central será que el programa de Milei no constituye simplemente un plan de ordenamiento fiscal, sino una reconfiguración regresiva de la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo.

La cuestión es especialmente relevante porque el propio oficialismo comienza a modificar su política económica. Bloomberg señaló en agosto que el Gobierno está flexibilizando algunos aspectos del ajuste monetario procurando inyectar liquidez para reactivar una economía cuyo enfriamiento empieza a afectar la percepción social. No se trata de un detalle técnico: constituye el reconocimiento implícito de que la estabilidad macroeconómica neoliberal por sí sola, no garantiza estabilidad política y menos aún eficacia electoral.