El INDEC informó una inflación de 1,9% en junio, con un alza interanual del 33,5%. Sin embargo, el dato reabrió el debate sobre la metodología del IPC, que continúa basado en una estructura de consumo elaborada hace más de veinte años. En ese período crecieron fuertemente el peso de los alquileres, los servicios, la conectividad y la salud en el gasto de los hogares, por lo que una canasta desactualizada pierde capacidad para reflejar el costo de vida actual.

La comparación con los ingresos también resulta elocuente. El salario promedio del empleo formal ($1,8-$1,9 millones) apenas se ubica en torno a la línea de pobreza para un hogar tipo, mientras que esa canasta ni siquiera contempla el costo del alquiler. Para los trabajadores informales y buena parte de los cuentapropistas, cuyos ingresos son considerablemente menores, la distancia respecto del costo efectivo de vida es aún mayor. Así, la desaceleración del IPC convive con un mercado laboral fragmentado y una persistente pérdida del poder adquisitivo que supone un endeudamiento creciente de los hogares y fuertes tasas de pluriempleo que, como ya señalamos en este glog, llega ya al 13% de la POblación Económicamente activa.

Jonathan Cook sostiene que las sanciones anunciadas por gobiernos occidentales contra algunos colonos israelíes violentos no modifican el problema de fondo: la expansión de los asentamientos en los territorios palestinos ocupados. Según el periodista, la violencia de determinados colonos es presentada como un exceso individual, mientras se evita cuestionar una política de Estado que, desde hace décadas, promueve la ocupación y fragmentación de Cisjordania.

Para Cook, los asentamientos constituyen el verdadero núcleo del conflicto porque consolidan el control territorial israelí e impiden la viabilidad de un futuro Estado palestino. En ese contexto, las sanciones selectivas tienen un alcance meramente simbólico: no afectan la financiación, la protección militar ni el respaldo diplomático que sostienen el proceso de colonización.

El autor concluye que Estados Unidos y las principales potencias europeas difícilmente adopten medidas contra el sistema de asentamientos, ya que ello implicaría revisar una política que han tolerado y, en distintos grados, respaldado durante décadas. Desde esa perspectiva, las sanciones a individuos buscan preservar la credibilidad internacional de Occidente sin alterar las condiciones estructurales de la ocupación. En síntesis, el artículo sostiene que se condenan algunos episodios de violencia, pero no el proyecto político que los hace posibles.

El aporte más original del artículo consiste en conectar dos fenómenos habitualmente analizados por separado: el castigo creciente sobre los sectores populares; y en paralelo, la creciente impunidad de las grandes empresas. Nada de esto ocurre en La Argentina por suerte.

El sistema penal estadounidense deja de aparecer como un mecanismo neutral de aplicación de la ley y pasa a entenderse como una institución que criminaliza prioritariamente la pobreza mientras protege las formas de acumulación de capital que generan daños sociales de enorme magnitud, totalmente distinto a lo que ocurre en nuestro país..

En ese sentido, el encarcelamiento masivo cumple una doble función: administrar los conflictos derivados de la desigualdad y reforzar un orden económico en el que los delitos de cuello blanco reciben un tratamiento mucho más benigno que los delitos cometidos por individuos de bajos ingresos, lejos de nuestra realidad. Esta tesis se inscribe en una tradición crítica de la criminología y de la economía política que interpreta el derecho penal como parte de las relaciones de poder propias del capitalismo contemporáneo, puro marxismo opacado por un pátina erudita, los conocemos bien.
En el cierre en Siga Siga, Marcelo Sain, doctor en Ciencias Sociales y especialista en seguridad, analiza uno de los debates más importantes de la agenda santafesina.
📌 Las leyes de seguridad de Pullaro ¿Reforma o riesgo institucional?
🔎El alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno santafesino, sus efectos sobre el funcionamiento de las instituciones y el equilibrio entre las políticas de seguridad y las garantías democráticas