En Cisjordania, jóvenes en situación de riesgo son rebautizados como pioneros: financiados por ministerios israelíes y organizaciones benéficas estadounidenses cuyas donaciones son deducibles de impuestos, son desplegados para acosar, despojar y expulsar a los palestinos de sus tierras.

El artículo «Monetary Policy and Capitalism», de Jan Toporowski, publicado en la edición de julio-agosto de 2026 de Monthly Review, desarrolla una crítica marxista a la idea dominante de que la política monetaria es el principal instrumento para regular el capitalismo contemporáneo. El autor denomina este paradigma «dominancia de la política monetaria»

El aporte de Toporowski consiste en cuestionar la creencia de que los bancos centrales poseen la capacidad de «administrar» el capitalismo mediante el manejo de las tasas de interés. Su tesis es que la política monetaria opera sobre la superficie financiera del sistema, mientras que la dinámica profunda depende de la acumulación de capital, la rentabilidad esperada y las relaciones sociales de producción. En ese sentido, la inflación, las crisis y el crecimiento no pueden entenderse aisladamente como fenómenos monetarios, sino como manifestaciones de las contradicciones estructurales del capitalismo contemporáneo.

Si se aplica la tesis de Jan Toporowski al proyecto de «blindaje» del Banco Central impulsado por el gobierno de Javier Milei, emerge una crítica profunda que va más allá del debate sobre la autonomía institucional del BCRA. No se trata de discutir únicamente si un banco central independiente es deseable, sino de preguntarse qué problemas puede resolver realmente la política monetaria y cuáles exceden completamente su alcance.

El proyecto oficial busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro y reforzar su independencia respecto del poder político, con el objetivo declarado de evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. La iniciativa se inscribe en una concepción según la cual la estabilidad de precios depende, ante todo, de reglas monetarias estrictas y de la autonomía del banco emisor.

Desde la perspectiva de Toporowski, ese diagnóstico parte de un supuesto discutible: que el Banco Central constituye el principal instrumento para gobernar el capitalismo contemporáneo. El economista sostiene precisamente lo contrario: la llamada «dominancia de la política monetaria» exagera la capacidad de las tasas de interés y de los bancos centrales para determinar la inversión, el crecimiento y el empleo. En última instancia, la dinámica capitalista depende de la acumulación de capital y de las expectativas de rentabilidad, no de decisiones monetarias aisladas.

El blindaje institucional no garantiza el desarrollo

Desde esta óptica, el blindaje del Banco Central podría fortalecer la credibilidad financiera del país frente a acreedores e inversores, pero no garantiza por sí mismo:

mayores niveles de inversión productiva;
creación de empleo;
incremento de la productividad;
transformación de la estructura productiva;
reducción de la restricción externa.

Un Banco Central jurídicamente independiente puede contribuir a estabilizar variables nominales, pero carece de instrumentos para modificar las decisiones de inversión privada cuando las expectativas de rentabilidad son bajas.

La prioridad del capital financiero

La crítica adquiere mayor profundidad cuando se incorpora el concepto de financiarización, central en la obra de Toporowski.

En economías altamente financiarizadas, las decisiones del Banco Central afectan principalmente:

el precio de los activos financieros;
el rendimiento de los bonos;
el costo del crédito;
los flujos internacionales de capital.

Su influencia sobre la economía real resulta mucho más indirecta. En consecuencia, un Banco Central blindado puede terminar funcionando principalmente como una institución destinada a garantizar la estabilidad de los mercados financieros antes que la expansión de la producción y el empleo.

La cuestión de la soberanía democrática

Existe además una dimensión política.
Blindar constitucional o legalmente al Banco Central supone retirar del debate democrático una parte sustancial de la política económica.
Los defensores de esa autonomía sostienen que ello evita el uso electoral de la emisión monetaria y fortalece la credibilidad.
Sin embargo, puede interpretarse como una despolitización de decisiones que tienen efectos distributivos. Las tasas de interés, el acceso al crédito, la administración de reservas y la regulación financiera no son instrumentos neutrales: benefician o perjudican de manera diferente a sectores sociales y económicos.

Resumiendo mucho: En Argentina, es obvio que la inflación no responde exclusivamente a fenómenos monetarios. Diversos estudios identifican un conjunto de factores que interactúan:

restricción externa y fuga de capitales
volatilidad cambiaria;
concentración económica;
formación oligopólica de precios;
puja distributiva;
expectativas;
dinámica fiscal y monetaria.

Desde la perspectiva de Toporowski, concentrar la estrategia antiinflacionaria casi exclusivamente en un Banco Central independiente corre el riesgo de transformar un problema estructural en uno puramente monetario.

El blindaje del Banco Central puede interpretarse como una forma de institucionalizar la primacía del capital financiero sobre otras prioridades de política económica. Al limitar la capacidad del Estado para coordinar políticas monetarias, fiscales e industriales, se reduce el margen de intervención de gobiernos futuros, incluso si cuentan con legitimidad electoral para impulsar otra estrategia de desarrollo.

En este sentido, la tesis de Toporowski no implica negar la importancia de la estabilidad monetaria. Su planteo es diferente: la estabilidad de una economía capitalista no puede descansar exclusivamente sobre el Banco Central, porque los determinantes fundamentales del crecimiento son la inversión, la estructura productiva, la distribución del ingreso y la acumulación de capital. Cuando estos factores permanecen estancados, la autonomía del banco central puede preservar la estabilidad financiera, pero difícilmente genere desarrollo sostenido o mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El artículo «Rebeldía Controlada» utilizando el caso Bramuglia, el primer intento de construir un «peronismo sin Perón» ya en el año 1955 sostiene una hipótesis central: los liderazgos populares de volumen histórico y gran arraigo popular no son sustituibles mediante operaciones políticas ni judiciales, y que la proscripción termina debilitando la representación democrática más que al liderazgo proscripto. Para desarrollar esa idea, establece un paralelo entre la proscripción de Juan Domingo Perón tras 1955 y la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner.

El texto recupera la experiencia del neoperonismo encabezado por Juan Atilio Bramuglia, quien intentó construir un peronismo autónomo aprovechando la proscripción de Perón. Apoyándose en trabajos del historiador Raanan Rein, el artículo señala que ese intento fracasó porque el liderazgo de Perón conservó la adhesión mayoritaria del movimiento aun desde el exilio.

Como contracara, recupera la posición de John William Cooke, quien rechazaba las corrientes «blandas» o conciliadoras y sostenía que la conducción seguía perteneciendo al líder proscripto. Según el autor, esa experiencia histórica demuestra que la legitimidad política no puede transferirse mecánicamente a dirigentes sustitutos.

El artículo se vincula con un trabajo posterior de López donde desarrolla el concepto de «déficit de legitimidad sustitutiva». La idea es que cuando un liderazgo con gran capacidad de representación queda excluido de la competencia política, quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan un problema estructural: heredan parte del electorado, pero no la legitimidad política ni simbólica del liderazgo original.

Desde esa perspectiva, la proscripción no afecta solamente al dirigente alcanzado por la medida, sino que altera el funcionamiento del sistema de representación en su conjunto.

El artículo afirma que el reclamo «Cristina Libre» debe entenderse como una demanda vinculada a la calidad democrática y no únicamente como una consigna electoral. Según el autor, la exclusión judicial de un liderazgo con fuerte apoyo popular reduce la competencia política efectiva y contribuye al aumento de la apatía electoral entre sectores sociales que se identifican con ese liderazgo.

Establece un paralelo histórico consistente entre distintas experiencias de proscripción del peronismo;
incorpora bibliografía especializada, particularmente los estudios de Raanan Rein;
intenta formular un concepto analítico («déficit de legitimidad sustitutiva») que trasciende la coyuntura argentina.

En conjunto, el texto combina historia política, teoría de la representación y una interpretación claramente situada en el debate político argentino. Su aporte más original es la formulación del concepto de déficit de legitimidad sustitutiva, que busca explicar por qué, según el autor, la exclusión de un liderazgo popular produce dificultades persistentes para la construcción de liderazgos alternativos y afecta la legitimidad del sistema político.