La ofensiva contra Cristina Kirchner ya no se juega en un solo frente. Ficha Limpia, Bullrich, Lamelas, los grandes y no tan grandes medios y la Justicia Federal forman parte de un escenario donde distintos intereses pueden converger en un mismo resultado: que Cristina no vuelva a competir electoralmente. La disputa por la Sala I de la Cámara Federal muestra, a la vez, que también se pelea dentro de la Justicia por modificar una correlación de fuerzas que durante años resultó particularmente adversa al kirchnerismo.

La ofensiva de Trump sobre Venezuela tiene en el petróleo su verdadero núcleo estratégico. Más que cambiar un gobierno, Washington busca recuperar capacidad de decisión sobre una de las mayores reservas energéticas del planeta. La disputa no es solamente por quién extrae el petróleo, sino por quién controla la renta que produce. Y el caso venezolano plantea una pregunta incómoda para toda América Latina: ¿soberanía sobre los recursos o administración extranjera del excedente?
Hay una conexión particularmente relevante con el modelo que está construyéndose en Argentina alrededor de los hidrocarburos.
La pregunta que Venezuela vuelve a colocar sobre la mesa es: ¿Para quién se desarrolla el recurso?
No alcanza con aumentar producción, exportaciones e inversión extranjera. Hay que observar quién controla los activos, quién financia, quién exporta, quién recibe las divisas, qué impuestos y regalías quedan en el Estado y qué proporción de la renta termina en manos privadas.
Por eso, el caso venezolano constituye una advertencia mucho más amplia: la soberanía energética no se pierde únicamente cuando una potencia extranjera ocupa un yacimiento. También puede perderse cuando el Estado conserva la propiedad formal del recurso pero renuncia al control efectivo de su renta.

El texto de Emilia Trabucco plantea que el atentado contra Cristina Kirchner fue un síntoma de una crisis democrática más profunda: la persistencia de estructuras judiciales y políticas capaces de sobrevivir a gobiernos y denuncias públicas. Cuatro años después, la bala no salió, pero la estructura de poder sigue intacta y con mayor capacidad de intervención en la Argentina.