La unidad del peronismo es necesaria, pero no puede convertirse en un sustituto de la discusión central: la proscripción de Cristina Kirchner. La experiencia argentina de Frondizi, Illia y Cámpora demuestra que excluir de la competencia a una fuerza o liderazgo con capacidad de representación social no elimina su gravitación: puede, por el contrario, profundizar la distancia entre instituciones y relaciones reales de fuerza. El desafío actual no es simplemente volver a juntar dirigentes, sino construir una mayoría capaz de representar a quienes hoy necesitan ser representados y, al mismo tiempo, defender las condiciones de una democracia efectivamente inclusiva. Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción.

El artículo de Michael Roberts —tercera parte de su revisión sobre las teorías de la inflación— propone algo bastante más profundo que la explicación monetarista de “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes”. Su punto de partida es la teoría marxista del valor.

La tesis central

Para Roberts y Guglielmo Carchedi, la inflación debe analizarse a partir de la relación entre dinero en circulación y valor producido. El valor se aproxima mediante las horas de trabajo productivo empleadas en la producción de mercancías. La inflación aparece cuando el crecimiento del dinero efectivamente circulante supera el crecimiento del valor creado.

La fórmula conceptual es sencilla:

Inflación = crecimiento del dinero en circulación − crecimiento del valor producido

Pero el argumento marxista está en determinar por qué se mueve cada componente.

Roberts sostiene que el dinero no es la causa última: las autoridades monetarias reaccionan frente a la evolución de la economía. Cuando cae la rentabilidad y se desacelera la creación de valor, los bancos centrales intentan compensarlo mediante expansión monetaria y reducción de tasas. El problema es que emitir más dinero no crea por sí mismo nuevo valor.

El punto fuerte: la rentabilidad

Aquí aparece una conexión particularmente interesante. El aumento de la composición orgánica del capital —más medios de producción respecto del trabajo empleado— tiende a reducir la tasa de ganancia y, según Roberts, también limita el crecimiento de las horas de trabajo productivo. En su evidencia para Estados Unidos entre 1949 y 2022 encuentra una correlación positiva entre la tasa de ganancia y la evolución de las horas trabajadas.

Esto permite reinterpretar la inflación de los años setenta: no sería simplemente un episodio de “exceso de dinero”, sino una situación en la que la creación de valor se debilitó mientras la respuesta monetaria intentaba sostener la acumulación. El resultado fue una aceleración de la inflación junto con estancamiento económico: la conocida stagflation.

Y acá está lo políticamente importante

El artículo introduce una crítica potente a la manera convencional de medir la inflación, no ya el dibujo metodológico bizarro del INDEC, que lo hace con un IPC con ponderadores dos décadas atrasados.

Roberts calcula que entre 1949 y 2019 la denominada “tasa de inflación del valor” promedió 5,2% anual, frente al 3,4% del IPC estadounidense y el 3,1% del deflactor del PIB.

La consecuencia es decisiva: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores puede ser mayor de lo que registra la inflación oficial, si se mide el salario no simplemente por su capacidad de comprar una canasta de bienes, sino en relación con el valor producido y el tiempo de trabajo necesario para obtener esos bienes.

En otras palabras, Roberts desplaza la discusión desde:

“¿Cuánto subieron los precios?” hacia una pregunta mucho más incómoda:

“¿Qué ocurrió con la relación entre el trabajo realizado, el valor producido, el dinero que circula y lo que los trabajadores pueden apropiarse?”

Ese desplazamiento es central desde una perspectiva de clase. La inflación deja de aparecer como una anomalía técnica que debe corregirse mediante tasas de interés y pasa a inscribirse en las contradicciones de la acumulación capitalista y la distribución del valor entre capital y trabajo.

Además, Roberts sostiene que sus pruebas estadísticas encuentran evidencia de que los cambios en las horas de trabajo —su proxy del valor— preceden a los cambios en el dinero circulante, mientras que no encuentra la relación inversa con la misma fuerza. Advierte, correctamente, que correlación no equivale por sí misma a causalidad.

Para Argentina, la veta más fértil del artículo está ahí: permite discutir críticamente el IPC sin caer en la idea simplista de que todo índice oficial es necesariamente “falso”, (aunque en La Argentina hay serias objeciones metodológicas al actual IPC) como se muestra en la nota de cierre). La cuestión más profunda es qué relación social queda oculta detrás de un número de inflación y quién soporta el costo de preservar la rentabilidad, el ajuste y la estabilidad monetaria.

Roberts anuncia que la cuarta parte abordará precisamente la cuestión de los salarios reales, además de explicar el salto inflacionario posterior a la pandemia.

El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.

El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.

En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.

Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.

La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.

Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.

Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.

La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:

¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?

Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.