Apenas días después de la muerte de dos trabajadores en Vaca Muerta, el nuevo acuerdo de productividad entre el sindicato petrolero y las empresas vuelve a poner en el centro una contradicción decisiva: cuando el salario premia la reducción de los tiempos de operación, la seguridad puede quedar subordinada a la presión por producir más y más rápido. En una actividad de alto riesgo, los cuerpos de los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de la productividad. Los dos operarios muertos recuerdan brutalmente cuál puede ser el costo humano de esa lógica.

El caso del empresario argentino Fernando Cerimedo expone una compleja infraestructura transnacional que conecta campañas electorales, plataformas digitales de desinformación y cabildeo de alto nivel entre América Latina y Estados Unidos.

Base de operaciones en Florida: En mayo de 2023, Cerimedo creó en Miami la empresa NUMEN Advisors LLC, estableciendo un centro corporativo estratégico durante la campaña presidencial argentina.

El puente con Washington: Mediante un contrato con Damián Merlo (firma Latin America Advisory Group), registrado bajo la ley FARA, la red gestionó la proyección de Javier Milei en EE. UU., incluyendo la coordinación de su entrevista con Tucker Carlson y contactos clave en el Congreso y medios estadounidenses.

Acceso político e institucional: La estructura aprovechó la red de Merlo en el sur de Florida con figuras republicanas como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. Registros de FARA revelan reuniones presenciales con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.

Estrategia y expansión mediática: Con plataformas como La Derecha Diario y UHN Plus, la red ha participado en la estrategia digital y campañas de desinformación de diversos procesos regionales (Jair Bolsonaro en Brasil, el Rechazo en Chile, entre otros).

Miami no actúa como un mero domicilio comercial, sino como el nodo central y retaguardia desde donde se articulan las operaciones mediáticas y el lobbying de la nueva derecha en la región.

El caso Cerimedo expone una dimensión cada vez más relevante de la disputa política argentina: la capacidad de actores privados para intervenir sobre la formación de la opinión pública mediante dinero, datos, algoritmos, redes sociales y operaciones de inteligencia. La manipulación electoral ya no necesita alterar una urna; puede comenzar mucho antes, condicionando qué información reciben los ciudadanos, qué adversarios son construidos como enemigos y qué temas dominan la agenda pública.

Desde esta perspectiva, los llamados “sótanos de la democracia” adquieren una nueva dimensión. Las estructuras tradicionales de inteligencia y operaciones políticas pueden articularse con empresas tecnológicas, consultores electorales y capitales privados, creando una verdadera infraestructura de ingeniería de la opinión. El interrogante para 2027 no es solamente quién ganará las elecciones, sino quién posee los recursos económicos y tecnológicos para intervenir sobre las condiciones en las que millones de argentinos forman su voluntad política.

La disputa electoral de 2027 podría librarse mucho antes de las urnas: dinero, datos, algoritmos y redes de operaciones pueden convertirse en instrumentos de poder capaces de condicionar la voluntad popular. El caso Cerimedo, analizado por Emilia Trabucco, obliga así a discutir un problema institucional mayor: la privatización de capacidades de manipulación política que históricamente estuvieron concentradas en aparatos estatales. En una democracia formalmente libre, la cuestión decisiva pasa a ser quién controla el espacio informacional donde se construye el consentimiento popular.