La denuncia de Lula ante la OEA por presuntas restricciones electorales de Meta no es un episodio aislado. Honduras, Colombia, Bolivia y Venezuela muestran, con diferencias importantes entre cada caso, que la disputa por la democracia latinoamericana también se libra en las plataformas digitales, los organismos internacionales y las decisiones de las potencias. La pregunta de fondo es quién controla las condiciones en las que los pueblos eligen y qué intereses económicos y geopolíticos se juegan detrás de esa disputa.

El Presupuesto 2027 consolida el ajuste sobre las universidades públicas y los salarios docentes, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la reasignación de recursos en favor de los sectores económicos que se benefician de su programa: acreedores del Estado, capital financiero y grandes grupos empresarios favorecidos por la reducción de cargas, los incentivos fiscales y la desregulación. El costo recae sobre los trabajadores universitarios y los sectores populares, que dependen de la educación pública para ampliar sus oportunidades. No es una consecuencia inevitable de las cuentas públicas, sino una decisión sobre quién paga y quién gana. Detrás del recorte se disputa también el acceso al conocimiento, la capacidad científica nacional y el papel de la universidad en una sociedad atravesada por la desigualdad.

La principal contribución del artículo de Michael Roberts consiste en distinguir entre la capacidad del capitalismo para evitar temporalmente un colapso y su capacidad para garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.
Una economía puede mantener el crecimiento agregado mientras millones de personas pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran y la riqueza se concentra. También puede registrar grandes inversiones tecnológicas sin que estas produzcan todavía un aumento equivalente de la productividad social.
La resiliencia, por lo tanto, no debe evaluarse solamente por la continuidad de los mercados financieros o por el crecimiento del producto bruto. También hay que preguntar cómo se distribuyen los ingresos, quién controla la inversión y quién paga cuando las expectativas de ganancias fracasan.
La contradicción que señala Roberts es que el capitalismo puede demostrar una notable capacidad para sostener la acumulación financiera sin demostrar la misma capacidad para satisfacer las necesidades sociales. Y mientras la rentabilidad privada siga determinando las decisiones estratégicas de inversión, la estabilidad económica continuará subordinada a los intereses de quienes poseen el capital.