La paradoja histórica es significativa: Francis Fukuyama, el intelectual que proclamó el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo, observa ahora que la derecha estadounidense llevó demasiado lejos su guerra contra el Estado. La deslegitimación de la burocracia pública, compartida durante décadas por sectores conservadores y también por parte de la izquierda, terminó creando las condiciones para el avance de Trump y de una derecha que ya no pretende simplemente reducir el Estado, sino capturarlo y utilizarlo contra sus propios mecanismos de regulación democrática.
Esta problemática permite conectar a Fukuyama con una discusión más profunda sobre Milei, la Ilustración oscura y la nueva derecha. El problema ya no es solamente cuánto Estado debe existir, sino quién controla el Estado y para qué intereses de clase. La retórica de la eficiencia, la desregulación y la eliminación de la burocracia puede presentarse como una defensa de la libertad individual, pero en determinadas condiciones funciona como una estrategia para desarmar las capacidades estatales que limitan el poder económico concentrado.
Ahí aparece la contradicción central del neoliberalismo: necesita un Estado fuerte para imponer la desregulación, pero simultáneamente construye el discurso de que ese mismo Estado es el enemigo.

Fukuyama parece advertir ahora que el resultado de esa operación no es necesariamente un mercado más libre ni una democracia más eficiente. Puede ser, por el contrario, un Estado debilitado en sus capacidades públicas pero fortalecido en sus dimensiones coercitivas y ejecutivas. Trump representa, para Fukuyama, esa deriva: una derecha que dejó atrás al conservadurismo institucional tradicional y que ya no acepta las restricciones liberales sobre el poder político.
Desde una perspectiva gramsciana, podría formularse de otro modo: la batalla no se libra entre Estado y mercado, sino por la dirección política del Estado y por la capacidad de las clases dominantes para convertir su propia visión del mundo en sentido común.
Y allí la experiencia argentina adquiere especial relevancia. Milei lleva al extremo latinoamericano esa misma operación ideológica: presentar al Estado como enemigo de la sociedad mientras se utilizan las instituciones estatales para transferir ingresos, disciplinar al trabajo, desregular mercados y favorecer la concentración económica. La paradoja es que el supuesto “antiestatismo” no elimina al Estado: lo reconfigura en función de otra relación de fuerzas sociales.
La evolución intelectual de Fukuyama resulta entonces significativa no porque abandone el liberalismo, sino porque revela una crisis dentro del propio campo liberal. El hombre que anunció el “fin de la historia” comienza a reconocer que la historia no terminó: regresó bajo la forma de una disputa por el Estado, la democracia y el poder social. En la apertura Fukuyama sobre Trump, Vance, Putin y la guerra de Ucrania sin dejar de menoscabar a las corrientes socialistas que se consolidan al interior del partido Demócrata.

Mirvis confirma las peores suposiciones de los antisemitas cuando sigue confundiendo a los judíos con Israel y utilizando su influencia para proteger a Israel de rendir cuentas por sus crímenes. El debate abierto en Gran Bretaña revela una operación política cada vez más visible: identificar la defensa de Israel con la defensa de los judíos y presentar cualquier sanción contra el Estado israelí como una amenaza para las comunidades judías. Jonathan Cook invierte esa lógica: advierte que confundir judaísmo con Israel no combate el antisemitismo, sino que puede reforzar precisamente la asociación colectiva que sostiene el prejuicio antijudío. La cuestión de fondo no es religiosa sino política: quién tiene derecho a definir qué posiciones son legítimamente judías y quién utiliza esa identidad para blindar relaciones de poder, ocupación y soberanía frente al escrutinio democrático. Y hay un fenómeno comparable en Argentina, aunque conviene formularlo con precisión: no se trata de afirmar que “la comunidad judía” actúa de una determinada manera, sino de analizar cómo determinados actores políticos y organizaciones utilizan la acusación de antisemitismo para establecer los límites de la crítica a Israel.
El caso argentino tiene además una particularidad: el gobierno de Javier Milei ha convertido su alineamiento con Israel en un componente explícito de su política exterior. Eso hace que la frontera entre crítica al Estado de Israel, crítica al sionismo, antisemitismo y oposición política al Gobierno sea particularmente disputada. La existencia de organizaciones que colocan explícitamente antisemitismo y antisionismo dentro de un mismo campo muestra hasta qué punto esa discusión está instalada.
En síntesis, cuando la defensa del gobierno de Israel se presenta como defensa de todos los judíos argentinos, la crítica a un gobierno extranjero puede convertirse artificialmente en una cuestión de identidad religiosa.
Y eso tiene consecuencias políticas. El debate deja de ser “¿qué está haciendo el gobierno de Israel?” para transformarse en “¿sos antisemita?”. Es un desplazamiento del objeto de discusión.
En el contexto actual, además, resulta especialmente significativo porque mientras algunos gobiernos europeos están sancionando productos vinculados a los asentamientos israelíes y procuran distinguir explícitamente esas medidas de una posición contra el pueblo israelí, en Argentina el Gobierno mantiene un alineamiento político particularmente estrecho con Israel.

El planteo de Michael Roberts que se publica permite leer el experimento de Milei desde una perspectiva diferente.
El discurso libertario afirma que el problema argentino es fundamentalmente el exceso de Estado, déficit, emisión, regulación e impuestos. Su respuesta consiste en reducir drásticamente la intervención estatal y confiar en que la recuperación de los incentivos permita reactivar la inversión privada.
Pero la pregunta sería otra: ¿qué ocurre si la inversión privada no responde simplemente a la reducción del Estado, sino a las expectativas de rentabilidad?
Entonces aparece una contradicción fundamental. Un Estado puede reducir salarios reales, gasto público y derechos laborales y, al mismo tiempo, generar condiciones muy favorables para determinados capitales concentrados —energía, minería, finanzas, infraestructura— sin que eso implique necesariamente una recuperación generalizada de la economía.
El problema no sería entonces Estado versus mercado, sino qué fracciones del capital se benefician de la intervención estatal y quién paga el costo de esa política.
Ese enfoque permite superar tanto el discurso neoliberal como cierto keynesianismo simplificado.
La pregunta “¿Está muerto el keynesianismo?” puede tener una respuesta más compleja:
No está muerto como política económica; está cuestionado como estrategia capaz de resolver las contradicciones estructurales del capitalismo.
El Estado todavía puede gastar, endeudarse, subsidiar, emitir, bajar tasas o invertir. Lo que resulta mucho más difícil es conseguir que esas herramientas modifiquen por sí mismas la lógica de acumulación.
Y allí está la diferencia entre Keynes y Marx: Keynes quería salvar al capitalismo de sus crisis; Marx intentó explicar por qué esas crisis son inherentes a su funcionamiento.
Para una perspectiva de clase, el debate actual no debería reducirse entonces a “más Estado” o “menos Estado”. La cuestión decisiva es qué Estado, al servicio de qué fracciones sociales, financiado por quién y orientado hacia qué estructura de acumulación.
Ese desplazamiento es particularmente potente para analizar el experimento Milei: porque permite sostener que la llamada “libertad económica” no elimina al Estado, sino que reordena su poder en favor de determinadas fracciones del capital.