Perú: El pueblo contra Boluarte y el Congreso golpista

El golpe parlamentario contra el presidente peruano Pedro Castillo, hoy detenido, derivó en un gobierno autoritario que ya asesinó a más de 20 manifestantes. La presidenta Dina Boularte busca estabilizarse a fuerza de represión, pero el desenlace del proceso sigue abierto.

En apenas dieciséis meses del asediado gobierno de Pedro Castillo se sucedieron cuatro mociones de vacancia para destituir al presidente y desatar la bronca popular en el marco de una crisis política permanente que también trasluce el antagonismo entre Lima y el resto de las regiones del país. La oligarquía racista y el Congreso golpista finalmente implantaron un régimen autoritario con Dina Boluarte a la cabeza, que hoy intenta abatir la rebelión popular en curso y, con ello, la posibilidad de que se abra un momento constituyente en el Perú.

Golpe parlamentario a Pedro Castillo

El intento de disolución del Congreso por el presidente Castillo se dio en un contexto de asedio permanente del golpismo parlamentario, la Fiscalía de la Nación y los grandes medios de comunicación que nunca toleraron a un presidente exdirigente sindical del magisterio de origen campesino. La cuarta moción de vacancia presidencial, que fue presentada el pasado 7 de diciembre, se elaboró inmediatamente después de la frustrada medida excepcional de cierre del Congreso, que representaba las expectativas de algunas fracciones de las clases populares regionales.

La vacancia de Castillo es a todas luces un golpe parlamentario, que se aprobó en nueve minutos, sin derecho a defensa y desconociendo los procedimientos regulares establecidos en la reglamentación del Congreso. Golpe que la izquierda en su conjunto debe repudiar, al margen de las críticas a la derechización gradual y a la capitulación del Gobierno. Lejos de ello, presionados por la asonada mediática, algunos parlamentarios de izquierda de Perú Libre, Nuevo Perú y el Bloque Magisterial terminaron votando a favor de la vacancia.

La medida de excepción frustrada de Castillo se explica en el contexto de un Congreso obstruccionista, pero está claro que careció de una correlación política favorable y no contó con sólidas bases populares de apoyo, lo que en consecuencia aceleró el triunfo golpista de la reacción como desenlace de una maniobra improvisada y precipitada de este Gobierno caracterizado por un populismo de baja intensidad.

El régimen autoritario de Dina Boluarte ante la rebelión popular en curso

Boluarte, ex vicepresidenta y exmilitante de Perú Libre, asumió la primera magistratura con el apoyo de las fuerzas políticas del congreso golpista y presentó su gabinete ministerial el 10 de diciembre, cuando ya era público el asesinato policial de manifestantes en Andahuaylas, capital de la región Apurímac, epicentro de las movilizaciones populares contra el golpe parlamentario.

En los primeros cuatro días de protestas la rebelión popular se expandió a todo el Perú, mientras se incrementaba la represión gubernamental. En las regiones de Apurímac y Arequipa fallecieron numerosos manifestantes producto del accionar criminal de unas fuerzas policiales que utilizaron helicópteros para disparar perdigones y bombas lacrimógenas dirigidas contra las movilizaciones. Los pueblos en lucha decidieron tomar carreteras, aeropuertos (en tres regiones) y comisarias como respuesta a un gobierno usurpador y títere del Congreso golpista. En Puno, los manifestantes antigubernamentales ocuparon los puentes agitando una huelga total es la costa, la sierra y la selva. Es evidente que las clases populares se movilizaron a nivel nacional con el objetivo explícito de cerrar el Congreso golpista, liberar a Pedro Castillo y exigir una Asamblea Constituyente que establezca una nueva Constitución.

La Asamblea Nacional de Los Pueblos (ANP) —integrada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Única Nacional de Rondas Campesinas y Urbanas del Perú (CUNARC) y la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep), entre otras organizaciones populares— convocó finalmente a una jornada nacional de lucha para este 15 de diciembre levantando las consignas de cierre del Congreso, nuevas elecciones y libertad para Castillo. La respuesta del gobierno criminal de Boluarte fue la declaración del estado de emergencia a nivel nacional durante 30 días a partir del 15 de diciembre, recrudeciendo la represión estatal a niveles similares a los años del Conflicto Armado Interno (entre los años 1981 y 1986).

En el marco del Estado de Emergencia se sucedieron diez días de movilizaciones populares que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas militares, dejando un saldo trágico de 20 personas fallecidas: 8 en Ayacucho (en la llamada masacre de Huanta), 6 en Apurímac, 1 en Arequipa, 3 en La Libertad, 1 en Huancavelica y 1 en Junín.

La crisis política permanente y las posibilidades del momento constituyente

Antes las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas contra el pueblo peruano, que ahora exige con mayor contundencia la renuncia de Boluarte, solo dimitieron dos ministros del Gabinete, en una clara muestra de la indolencia del Estado peruano. La presidenta usurpadora optó por proponer el adelanto de elecciones para 2024, sin apoyarse en el voto de confianza que le permitiría presionar al Congreso para convocar a nuevas elecciones presidenciales. Queda entonces clara la maniobra dilatoria del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, así como el apoyo de las fuerzas represivas y el imperialismo estadounidense para el sostenimiento del régimen autoritario que instalaron.

En su estrategia de contención, la coalición golpista, el Gobierno y el Congreso han movilizado manifestantes en Lima y algunas regiones bajo las consignas de paz y apoyo a las fuerzas militares y policiales. La vieja partidocracia del APRA y del Partido Popular Cristian se sumó a esta táctica por ganar la calle y estigmatizar a los manifestantes antigubernamentales. Se trata de las mismas bases sociales de la ultraderecha que antes se movilizaron contra la victoria electoral de Castillo y luego por su destitución, que cuentan con el apoyo de los grandes medios de comunicación y los influencers macartistas.

Castillo fue primero detenido en la División Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes), para ser luego fue trasladado al Penal de Barbadillo, donde afronta la prisión preventiva bajo un cargo de rebelión gestionado rápidamente por la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Un sector de los manifestantes concurrió a esta sede penitenciaria para expresar su solidaridad y organizar plantones en signo de apoyo al presidente destituido, confirmando que fracciones del campesinado y el magisterio mantienen su apoyo a Castillo durante esta situación crítica, aunque el populismo de baja intensidad de su gobierno nunca se propuso seriamente estructurar una fuerza que multiplique su implantación social y su peso político, con consecuencias gravísimas que hoy condicionan sus posibilidades de supervivencia política.

Si consideramos las consignas que levanta la mayor parte de las clases populares en las regiones, parecería muy cercano el arribo de un momento constituyente en Perú (donde en siete años hemos tenido seis presidentes). Pero los rasgos de espontaneidad y cierta dispersión del proceso de lucha ponen en evidencia las limitaciones de hipótesis muy optimistas sobre el nivel de consciencia política alcanzado en las calles por las clases populares en la impugnación a un régimen autoritario y asesino como el de Boluarte, que hoy sigue intentando estabilizarse. El desenlace continúa abierto.