Entre las pruebas pendientes para definir si el referente de Revolución Federal, Jonathan Morel, recibió financiamiento para esa violenta organización a través de la empresa Caputo Hermanos, el fiscal Gerardo Pollicita pidió tasar todos los muebles que la firma le encomendó para un edificio en la localidad de Añelo, en Neuquén. Morel tenía una carpintería pequeña en Boulogne y carecía de capacidad para hacer el trabajo que le pedían pero, aun así, obtuvo más de 13 millones de pesos por oficiar de intermediario. Uno de los datos más llamativos, que señaló con anterioridad la querella de Cristina Fernández de Kirchner, es que comenzó a recibir pagos de los Caputo el 24 de mayo del año pasado, un día antes de que la organización hiciera su primera marcha callejera con antorchas, y se cortaron justo con el intento de magnicidio.

El dictamen de Pollicita dice que busca determinar «si existió una vinculación de la firma Fideicomiso Espacio Añelo (nombre del emprendimiento inmobiliario) con el financiamiento» de Revolución Federal «o si, de lo contrario, las transferencias efectuadas por aquella a Jonathan Morel, a sus allegados y a distintos proveedores a él relacionados se habían efectuado pura y exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados». Durante la investigación ya se inspeccionó el edificio de Añelo y se incorporaron fotos, videos y actas relacionadas con el mobiliario, dieron testimonio quienes aparecen como proveedores y se juntó documentación sobre ellos. El fiscal le pide al juez Marcelo Martínez de Giorgi que le dé intervención al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que calcule el valor de los muebles al ser adquiridos.

La duda es si se pudo haber pagado más de lo que valía el trabajo, en negro. Algunos de los hallazgos de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos muestran cómo ciertos proveedores facturaban determinado monto y recibían en sus cuentas bancarias solo una parte. El resto podría haber ido directo al bolsillo de Morel. Para la querella también fue llamativo que el joven actuara como intermediario pero contratara proveedores como Javier Aris que ya había hecho trabajos a pedido de Rosana Caputo, la mujer que le propuso a Morel el megatrabajo en Añelo.

Un relato muy dudoso

Cuando fue indagado, Morel relató que había conocido a Rosana Caputo en diciembre de 2021, un día que ella pasó por la puerta de su taller y entró a mirar (aunque desde afuera no se advertía que ahí había una carpintería). Le encargó dos mesitas ratonas y dos barras para una casa en el barrio Santa Clara al Sur, otro emprendimiento de Caputo Hermanos. Esta empresa es manejada por los hermanos de Luis «Toto» Caputo, el exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Contó el líder de Revolución Federal que la mujer tuvo problemas (por roturas) con los muebles que le compró y le fue a reclamar, pero le terminó ofreciendo el trabajo en Espacio Añelo.

La querella de CFK, representada por los abogados Marcos Aldazabal y José Manuel Ubeira, hace tiempo plantea que era a todas luces descabellada la contratación de un carpintero que hacía trabajos pequeños, que no tenía capacidad para equipar 60 departamentos, y cuyo local está a más de mil kilómetros del lugar donde debían entregarse los muebles. Pidieron la indagatoria de Rosana Caputo, pero aún no tuvieron respuesta judicial. Al requerirlo, plantearon: «La financiación de Caputo Hermanos a Morel empezó y terminó con Revolución Federal. Así como todo comenzó en mayo de 2022, todo concluyó con el atentado a Cristina Fernández de Kirchner».

La tasación

Morel reconoció en su momento que él no podía hacer el trabajo que le pedían, ni facturarlo tampoco. Hasta pusieron facturas su exnovia Evelyn Balboa y su exsocia Ailen Cintia Vallero, que se anotaron en el monotributo especialmente para la ocasión. También lo hicieron algunos proveedores conocidos de él y otras personas que no está claro si tuvieron vínculo con los trabajos. Sería el caso de María Isabel Said, inscripta en rubros como servicio de call center, taxis y remises, venta en kioscos o polirrubros y reformas o reparación de edificios. En el domicilio donde está inscripta no había cartelería ni nada que se parezca a un local comercial. Algunos vecinos dijeron a agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que podría ser que hiciera trabajos en madera. Las facturas emitidas a favor de Espacio Añelo totalizan 3.460.393 pesos.

La lista de muebles entregados y sus precios (cuando fueron encargados) que Pollicita pide determinar es la siguiente: 144 respaldos de cama, 144 mesas de luz, 24 mesas de comedor rectangulares, 12 mesas de comedor redondas, 60 mesas ratonas, 60 mesas de TV, 24 barras desayunadoras, 60 percheros, 96 sillas «master» negras, 108 y 48 sillas más, 48 banquetas, 144 juegos de colchón y sommier, 144 almohadas, 36 sillones de dos cuerpos, 36 cortinas traslúcidas y con rieles y accesorios, 72 cortinas black out con y sin rieles y accesorios, 144 veladores. El fiscal también pidió saber el valor del servicio de transporte entre el 1 de julio y el 15 de agosto.

Un testigo que trabaja en Caputo Hermanos, Lucas Nudelman, aportó datos clave:

* Que la empresa de transportes que contrata la firma habitualmente no fue la convocada esta vez, sino una que llevó Morel, quien le dijo a Rosana que él mismo debía ir en un furgón cerrado, por si llovía. Sin embargo, Morel viajó por Flybondi.

* Nudelman dijo que Caputo Hermanos solo se dedica a la construcción de barrios cerrados, a la infraestructura y áreas comunes. Pero no se ocupa de las viviendas particulares ni de su interior. Explicó que están a cargo Flavio y Hugo Caputo, pero que Rosana «no tiene un rol activo (…) es decoradora por su cuenta». También contó que en un un comienzo se le encomendó a él la cuestión del equipamiento de Espacio Añelo y buscó proveedores en Neuquén. Cuando presentó presupuestos a fines de abril de 2022, Flavio le dijo que «del equipamiento mobiliario» se ocuparía Rosana.

Al día de hoy cuatro integrantes de Revolución Federal (Morel, Leonardo Sosa, Gastón Guerra y Sabrina Basile) están procesados por incitación a la violencia colectiva, figura que les aplicó la Cámara Federal en reemplazo de la de asociación ilícita para imponer ideas por la fuerza que habían elegido el juez y el fiscal, al relacionar las acciones de la organización con un contexto de violencia extrema que tuvo como punto máximo el intento de asesinato de CFK.  El grupo actuaba en las calles con insultos, amenazas, escupitajos y otras agresiones contra dirigentes ligados al oficialismo en su mayoría. En la plataforma Twitter Spaces hacían reuniones de hasta 2 mil persnas donde directamente hablaban de matar. Allí Morel dijo que le hubiera gustado meterse entre los militantes que iban a apoyar a Cristina, cantar la marcha peronista como uno más y hacerla «pasar a la historia». El problema, decía, era que La Cámpora lo conocía. Fue, en definitiva, lo que intentó Fernando Sabag Montiel, y falló.