Argentina: Entre caníbales. Algunas pistas para desentrañar los cimientos
Hoy tambalea la hegemonía global del dólar y proliferan las relaciones comerciales y financieras con otras monedas. Este mundo visibiliza la importancia estratégica de los recursos nacionales y brinda a los países de la periferia la oportunidad de recuperar soberanía y avanzar hacia un desarrollo integrado e inclusivo. Así, este mundo en crisis y al borde de una guerra entre potencias nucleares ha parido una paradoja: el concepto de nación ocupa el centro del escenario político internacional.
En este contexto global, la Argentina encara un ciclo electoral caracterizado por la ausencia de un profundo debate político e intelectual sobre cómo aprovechar los nuevos cambios mundiales para poner fin a décadas de estancamiento económico e inestabilidad política y social. Sergio Massa, candidato a la presidencia por UxP, enfrenta una encrucijada: por un lado, reconoce que el peso de una deuda ilegítima contraída por el gobierno de Macri habilitó al FMI a imponer condicionamientos que reproducen la inflación. Esta deuda, sin embargo, fue oportunamente legitimada por el gobierno peronista y su gestión profundiza el ajuste impuesto por el FMI, lo que potencia la degradación de la situación económica y social de la población y el crecimiento del endeudamiento en dólares. Estas circunstancias quitan credibilidad a un discurso oficial que no puede presentar una alternativa válida. Mientras tanto, la derecha avanza raudamente, se radicaliza y se unifica en torno al objetivo común de eliminar todo vestigio de populismo en la Argentina.
Así, luego de cuatro décadas de vida en democracia, la extrema derecha amenaza con derrotar al peronismo proclamando a los cuatro vientos que viene dispuesta “al todo o nada”, a usar la “motosierra” y la “dinamita” para imponer el orden de la dolarización, única solución posible a los problemas del país. Esto ocurre mientras cerca del 40 % de la población se hunde en la pobreza y en la indigencia al ritmo impune de remarcaciones de precios y corridas cambiarias que conducen a un mayor endeudamiento externo. Este baile diabólico expresa la pugna a muerte entre intereses parciales dispuestos a avasallar todo lo que encuentran a su paso con tal de maximizar ganancias y poder lo más rápido posible. En esta dinámica los vulnerables son invisibilizados y su miseria se naturaliza. Si protestan, se convierten en el enemigo interno al que hay que “eliminar”. Poco a poco, esta dinámica exuda su esencia: el concepto de nación y la épica del interés general han sido deglutidos por un canibalismo social que se espiraliza sin límite alguno. Esta borrachera de poder no es producto del azar y anticipa la llegada de los peores fantasmas del pasado. Paradójicamente, revela al fenómeno que yace oculto en los cimientos de la sociedad: una estructura de poder basada en una matriz productiva que perpetúa la dependencia tecnológica y el endeudamiento ilimitado, al tiempo que siembra el clientelismo y destruye la legitimidad de las instituciones.
La emergencia de un personaje mesiánico, violento, confuso y delirante como catalizador de la bronca de amplios sectores de la población frente a un presente sin esperanza, expone las consecuencias de esta matriz productiva: la crisis de representatividad de los partidos políticos, sindicatos e instituciones, y el vaciamiento de los conceptos y valores de la democracia. Luego de muchas décadas de vida democrática, una estructura mafiosa y clientelista, enquistada en las instituciones, sale plenamente a la intemperie. El lawfare desatado por el gobierno de Macri contribuyo a visibilizarla y a exponer el vaciamiento del funcionamiento de las instituciones y de los valores democráticos. Milei avanza un paso más: echa luz sobre el resultado político del clientelismo y expone la intensidad de la pugna que corroe la estructura de poder. Pone el dedo en la llaga de la “casta política” para movilizar la bronca de la población. Sin embargo, él mismo es producto del núcleo duro de esa casta y se mueve al influjo de sus operaciones. Este núcleo duro y su capacidad destructiva han permanecido ocultos por mucho tiempo. Designado en sus orígenes como la “patria contratista”, este actor social ha acumulado poder y maximizado ganancias, sustituyendo a la inversión productiva por recursos de distinta índole, facilitados por un Estado cautivo de sus presiones. Una “patria” contratista cuya ferocidad se intensifica al ritmo de la importancia que adquieren los recursos estratégicos del país en el contexto geopolítico actual.
Nacida en los primeros estadios de la industrialización argentina, la patria contratista fue transformándose y concentrando poder. Hoy está conformada por un conjunto de grandes grupos económicos con control monopólico y oligopólico en todas las áreas claves de la economía. Esto les permite maximizar ganancias y poder, capturando ingresos, rentas y ganancias producidos en otros sectores económicos y sociales. Para ello, usan distintos recursos: desde la “formación de precios” a las corridas cambiarias, los subsidios y exenciones impositivas de todo tipo, la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, importaciones y exportaciones “truchas”, evasión de todo tipo de impuestos, especulación financiera y cambiaria, y así sucesivamente.
El control que hoy tiene el FMI sobre la economía exacerba la disputa por la apropiación del excedente, ingresos, ganancias y rentas entre grupos económicos y sectores sociales. El ajuste conduce a un endeudamiento que, al ritmo de un crecimiento exponencial de los intereses, deriva en endeudamiento ilimitado: la constante captación de nueva deuda para enfrentar una deuda vieja imposible de saldar. La intervención del FMI intensifica la disputa por la apropiación de los recursos, al tiempo que acollara al país a la geopolítica del dólar.
Orígenes de la patria contratista
A mediados de la década del ‘40, el general Perón convoco al empresariado nacional y a los sectores populares a unir fuerzas tras un nuevo modelo de desarrollo basado en la expansión del mercado interno y del consumo popular [1]. Para ello, dio impulso a la industrialización con fuerte protección arancelaria y subsidios basados en transferencias de parte de las ganancias y rentas obtenidas por el sector agropecuario. Esto generó conflictos al interior de las fracciones más poderosas del capital, y entre estas y los sectores populares, que llegan hasta el presente [2].
En abierto contraste con lo ocurrido durante la industrialización de los países centrales, la incipiente industria argentina contó desde el vamos con fuerte presencia del capital extranjero. De ahí que las políticas implementadas contribuyeron a reforzar la posición dominante que ciertas corporaciones extranjeras ya tenían en la industria. Estas empresas líderes formaban parte de conglomerados transnacionales y dependían, para expandirse, de las importaciones de tecnología —incorporada en insumos, bienes intermedios y de capital— producida y alocada por estos complejos. La industrialización dependía, pues, de una lógica de maximización de ganancias que poco tenía que ver con las necesidades relativas del país y de las características de su mercado de trabajo. Asimismo, estas importaciones solo podían ser saldadas con las divisas obtenidas por las exportaciones agropecuarias. Bien pronto, estas últimas fueron insuficientes para satisfacer una creciente demanda de importaciones y desde principios de los ‘60, los ciclos de crecimiento industrial culminaron en crisis del sector externo y aumento del endeudamiento externo. Paradójicamente, estas crisis otorgaban poder de veto a los sectores más poderosos del “campo”, siempre reacios a aceptar impuestos y retenciones a sus exportaciones y contrarios a la transferencia de estos recursos hacia la industria y otros sectores sociales.
Las pequeñas y medianas empresas que inicialmente se beneficiaron con las políticas del gobierno peronista pronto perdieron toda autonomía con relación a las corporaciones extranjeras que lideraban el desarrollo, y el empresariado industrial se unificó en torno al reclamo de protección arancelaria y de subsidios de distinta índole. Nació así la “patria contratista”: un actor que, asociado de distinta manera con las empresas extrajeras, sustituía la inversión productiva por la protección y los subsidios estatales. Para lograrlo, presionaba de distinta manera sobre los gobiernos de turno con el fin de obtener las transferencias de ingresos, ganancias y rentas que, provenientes de otros sectores sociales, irían a maximizar sus propias ganancias y su posibilidad de capturar mercados. Estos fenómenos dieron lugar a una creciente dependencia tecnológica y a un Estado que, cautivo de las presiones sectoriales, iría recreando una maquinaria clientelista con terminales en todo el sistema institucional.
Así, mientras la patria contratista se vestía con el ropaje del “empresario nacional”, el mercado de trabajo se restringía al influjo de importaciones que sustituían mano de obra por capital y las demandas populares se radicalizaban. Estos fenómenos derivaron en creciente violencia política y culminaron en el terrorismo de Estado.
Endeudamiento ilimitado y diversificación de la patria contratista
Este sangriento régimen cívico-militar persiguió dos objetivos: eliminar definitivamente al populismo del país y poner fin al conflicto generado entre las principales fracciones empresarias, promoviendo la formación de grupos económicos, con inversiones en distintos sectores de la economía y hegemonizados por el capital financiero internacional [3]. De ahí en más, el endeudamiento ilimitado paso a regir los destinos del país.
El terrorismo de Estado no logró desarticular el poder de la patria contratista que emergió con mayor control sobre sectores claves de la economía, aumentando así su capacidad para desabastecer y formar precios. Asimismo, el sector agropecuario aumentó su control sobre la producción, las exportaciones y la capacidad de incidir sobre los precios y el tipo de cambio reteniendo cosechas y divisas. De ahí en más, la inflación desmadrada y las corridas cambiarias socavaron la estabilidad política del terrorismo de Estado y de todos los gobiernos que lo sucedieron en democracia, independientemente de su signo político.
Esta lógica de caníbales perjudicó especialmente a los asalariados y sectores populares y resultó en un empate inestable en la disputa entre los principales grupos económicos. La consolidación del endeudamiento ilimitado fogoneó la pelea por la repartija, y la fuga de capitales paso a ser una vía fundamental de succión del excedente, ingresos, ganancias y rentas del país.
Matriz productiva, restricción externa y patria contratista
El endeudamiento ilimitado y la fuga de capitales potenciaron las limitaciones estructurales de la matriz productiva. A la falta de dólares para importaciones indispensables para el crecimiento económico, se sumó la falta de dólares para saldar los intereses de una deuda externa que crecía exponencialmente. La inflación, la corrida cambiaria y la fuga de capitales constituyeron los lazos del nudo gordiano que hundía al país en el estancamiento y la permanente desestabilización política y social.
Hoy el ministro Massa considera que la crónica falta de dólares es “una restricción externa” que será superada con el aumento de las exportaciones. Sin embargo, este fenómeno sólo expresa a nivel del intercambio la existencia de una estructura productiva altamente concentrada y sujeta a la maximización de ganancias de los complejos multinacionales que controlan los eslabones de las cadenas de valor global en las que el país está insertado. No por casualidad, la expansión de la producción agropecuaria depende en la actualidad estrechamente de importaciones de tecnología incorporada a insumos y fertilizantes provistos por un puñado de enormes corporaciones que controlan la producción y la venta mundial de alimentos y de los insumos necesarios para producirlos. Esto ha derivado, en las tres últimas décadas, en una creciente primarizacion de nuestras exportaciones [4] y contribuye a profundizar la vulnerabilidad de la economía argentina a los cambios que ocurren en la coyuntura económica internacional y a la estrategia de maximización de ganancias de un puñado de complejos multinacionales.
Hacia una épica nueva
Milei no surgió de un repollo. Salió de las entrañas de un grupo económico integrante de la patria contratista. Es apadrinado y asesorado por dirigentes y ex funcionarios de este grupo, del menemismo, de las finanzas locales y de otros grupos económicos [5]. No por casualidad, Milei apeló a Macri como garantía de su futuro gobierno y este le acercó sus asesores financieros. El proyecto de Milei no es nuevo: busca maximizar las ganancias y el poder de algunos individuos y grupos económicos, aliándose con grandes bancos y fondos financieros del exterior. En el 2015 Macri llego a la presidencia con el apoyo de toda la patria contratista. Desde allí, intentó imponer los intereses de su propio grupo sobre los demás y fue rápidamente desestabilizado [6].
Milei, a diferencia de Macri, no posee corporaciones ni estructura partidaria. En su lugar, esgrime carisma y voluntad de venderse al mejor postor. Sin embargo, su propuesta de dolarización siembra dudas entre los que mueven los hilos del capital financiero internacional. Consideran que es poco seria y que culminará en un plan Bonex, hiperinflación e implosión social descontrolada. Asimismo, la convertibilidad mostró que la dolarización no acaba con el déficit fiscal, ni con el endeudamiento y, ante un shock externo y pérdida de competitividad de las exportaciones, vuelve la inflación y explota el endeudamiento externo. El problema prioritario es pues el déficit fiscal y “tienen que arreglarse primero entre ustedes» para resolverlo. El país se está dolarizando gradualmente y hay que evitar una crisis de gobernabilidad [7].
Esta semana, Massa lanzó la campaña electoral con un primer paquete de medidas acompañadas de definiciones significativas [8]. Las medidas, sin embargo, se inscriben dentro de los condicionamientos impuestos por el FMI y no alteran el deterioro salarial, la precarización y la enorme división que existe entre el mundo formal y el informal. Esto último destruye la solidaridad y reproduce el viejo principio de dividir para reinar. Esto ocurre en un momento de inflexión cuyas consecuencias trascienden el resultado electoral. Si bien los grandes cambios no se logran de un día para el otro, empiezan cuando el norte de las acciones que se toman, por más pequeñas que sean, tiene una épica nueva, basada en la recuperación de la soberanía nacional, la solidaridad y la inclusión social. De ahí la importancia de acumular fuerzas empoderando de abajo hacia arriba y recuperando soberanía incluso en acciones que son de corto alcance. No parece que esto esté ocurriendo.
En los tiempos que corren hay que desnaturalizar la miseria, visibilizar sus causas y promover solidaridad, cooperación y organización. El lanzamiento de un “control social” de precios, de abajo hacia arriba, en todas las cadenas de valor y en todas las instancias sociales, no sólo permitirá acercarse a estos objetivos: pondrá límites a la lucha despiadada de la patria contratista. Estos límites también pasan por el fortalecimiento de nuestra moneda anclándola a los precios internacionales de nuestros recursos estratégicos y aprovechar así plenamente las oportunidades que brinda el mundo multipolar. Pareciera que toda la dirigencia política, desconociendo esta posibilidad, ha quedado inmersa en el debate impuesto por la dolarización. Esto no es un más que síntoma de la fragilidad del momento actual.
Referencias:
[1] Mónica Peralta Ramos, Etapas se acumulación del capital y alianzas de clase en la Argentina, 1930-1974, México, Siglo XXI, 1974.
[2] Esta nota sólo se centra en algunos de los conflictos empresariales.
[3] Para ello, impulsó la especulación financiera, abrió las finanzas locales al flujo del capital financiero internacional, promovió el endeudamiento externo, tanto público como privado, y buscó dividir a los grupos económicos según el origen de su capital y la capacidad para endeudarse localmente y en el exterior. Mónica Peralta Ramos, Acumulación del capital y crisis política en la Argentina, México: Siglo XXI (1978) y en Mónica Peralta Ramos, La economía política Argentina. Poder y clases sociales, 1930-2006, México: FCE (2007).
[4] “Informe de Cámara de Exportadores de la República Argentina”, Infobae.com, 27/8/2023; “Informe Bolsa de Comercio de Rosario”, Infobae.com, 27/8/2023.
[5] Entre otros, Infobae.com, 23/8/2023; diarioar.com, 18/8/2023, Ba.Com 7/9/2023 y dirigente del mundo de las finanzas tradicionales y fintech, comunicaciones y comercio, entre otros.
[6] Desde el vamos, la prioridad de Macri fue maximizar las ganancias de su grupo económico, y ampliar su control sobre mercados de importancia estratégica. Para ello, se alió a sectores del capital financiero internacional y les dio libre acceso a las finanzas locales. Asimismo, buscó eliminar el populismo “para siempre” y disciplinar a la patria contratista imponiendo la hegemonía de su grupo económico. Su arma fueron el tarifazo y el control de los recursos energéticos del país. La respuesta fue inmediata: mientras la protesta popular se volcaba a las calles, la patria contratista desencadenaba inflación y corrida cambiaria. Para disciplinar a la patria contratista, Macri detonó a los gloriosos cuadernos de la corrupción empresarial en la obra pública y al consiguiente procesamiento y encarcelamiento de conspicuos empresarios. Esto no surtió efecto y Macri puso entonces al grupo Techint en el centro de la pelea, recortándole subsidios y buscando debilitar su posición en Vaca Muerta. Techint inicio un proceso judicial contra el Estado nacional y en un clima de descontrol inflacionario y creciente enrarecimiento financiero y cambiario estalló la crisis de deuda que catapulto a Macri a los brazos del FMI.
Entre otros: ver Mónica Peralta Ramos, El Cohete a la Luna, 12/5/2023 y 12/8/2023.
[7] Entre otros, infobae.com, 17 y 20/8/2023; lpo.com, 6/9/2023.
[8] La recuperación salarial será el principal objetivo del próximo gobierno; este será un “gobierno de unidad nacional”; la política de ingresos debe ser manejada por el país; el impacto del gasto social sobre el presupuesto es muy inferior al de las exenciones impositivas de las corporaciones y de los individuos de altos ingresos, etc.
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