Por CLAUDIO LOZANO

Fase Dos del Plan Económico: Intervenciones y Conflictos

Una de las medidas más destacadas de esta fase ha sido la intervención en el mercado cambiario paralelo. El gobierno ha implementado un mecanismo que, bajo la apariencia de un objetivo de emisión monetaria cero, permite al BCRA esterilizar los pesos emitidos al comprar divisas en el mercado financiero. Esta estrategia tiene como objetivo controlar la brecha cambiaria y mantener la inflación bajo control, aunque con un costo significativo en términos de reservas internacionales. De todos modos, tampoco podemos descartar el otro objetivo -no declarado- de mantener la estabilidad cambiaria para efectivizar las ganancias financieras provenientes de rentas en pesos que han sido realizadas por algunos fondos de inversión.

Paralelamente, el gobierno ha flexibilizado el pago de importaciones, permitiendo a los importadores pagar el 50% de sus compras cada 30 días, con la intención de reducir la demanda de dólares en el mercado paralelo. Este movimiento, aunque necesario para aliviar la presión sobre el tipo de cambio, refleja la profunda escasez de divisas que enfrenta el país.

Desde el comienzo de su mandato, una de las principales metas de Milei ha sido que el BCRA no emita para financiar al Tesoro, en un intento por evitar el aumento de la base monetaria que, en la interpretación del gobierno, podría derivar en una espiral inflacionaria. Para lograrlo, el gobierno ha promovido la eliminación de pasivos remunerados del BCRA, como las LELIQs, migrando estos instrumentos a letras del Tesoro (LECAP). Esta política se ha operativizado mediante la emisión de LECAPs a tasas superiores, incentivando a los bancos a cambiar su deuda del BCRA por deuda del Tesoro, aunque bajo la garantía de los PUTs, opciones que permitían a los bancos vender títulos al BCRA a un precio preestablecido.

En las últimas semanas, el BCRA ha logrado rescindir el 76% de los PUTs sobre títulos públicos del Tesoro mediante un canje con las entidades financieras, eliminando así una potencial fuente de emisión monetaria. Además, se ha introducido la Letra Fiscal de Liquidez (LEFI) como nuevo instrumento de política monetaria, que transfiere el compromiso de pago al Tesoro, reduciendo la Base Monetaria Amplia.

Conflictos con el Bloque de Poder: Dolarización y Ajuste Inflacionario

La fase dos del plan económico de Milei se centra en tres objetivos principales: reducir la inflación a niveles cercanos al 2% mensual, estabilizar la base monetaria en un nivel bajo y acumular reservas para levantar eventualmente el cepo cambiario. Sin embargo, estos objetivos no están exentos de tensiones y conflictos.

El dogmatismo monetarista del gobierno, que busca evitar la devaluación para controlar la inflación, entra en conflicto directo con la necesidad de acumular reservas y pagar los intereses de la deuda. La apuesta del gobierno por una posible dolarización endógena, que induciría la remonetización de la economía con dólares atesorados por el sector privado, se enfrenta a la resistencia del tradicional bloque exportador, se expresa en la menor liquidación de la cosecha validando expectativas de devaluación en un contexto de precios internacionales a la baja.

En este contexto, la acumulación de reservas se ha convertido en una prioridad, aunque con perspectivas inciertas. El gobierno espera que el blanqueo de capitales aporte cerca de USD 5.000 millones, aunque estimaciones más realistas sugieren que la cifra se aproximará a los USD 2.000 millones. Además, se anticipa la posibilidad de negociar fondos frescos con el FMI, en caso de un eventual triunfo de Trump en las elecciones de Estados Unidos, así como la atracción de inversión extranjera directa a más largo plazo.

Sin embargo, el gobierno enfrenta presiones significativas en la gestión de las divisas. El pago de intereses de la deuda, junto con la intervención en el mercado cambiario, ha ejercido una fuerte presión sobre las reservas. A esto se suma la resistencia del complejo agroexportador a liquidar sus dólares, lo que ha exacerbado las dificultades para mantener un tipo de cambio estable.

El conflicto entre la estrategia de dolarización y el ajuste inflacionario se manifiesta en la tensión entre el gobierno y el bloque de poder económico. Mientras que la dolarización podría eliminar la herramienta de ajuste inflacionario que históricamente ha beneficiado a ciertos sectores del capital, como el exportador, también podría consolidar un tipo de cambio apreciado que afecte negativamente la competitividad de la algunos grupos empresarios locales.

La Primera Fase del Plan Económico: Profundización de la Desigualdad y Reconfiguración del Capital

La primera fase del plan económico de Milei fue una etapa marcada por una transferencia masiva de ingresos desde los sectores trabajadores/as hacia los propietarios de capital. Este proceso se llevó a cabo a través de una combinación de devaluación, ajuste fiscal y desregulación económica, que consolidó el poder de un selecto grupo de actores económicos a expensas de la mayoría de la población.

La devaluación de la moneda fue una de las principales estrategias de esta fase, utilizada como un mecanismo para reducir la demanda de dólares para importaciones y encarecer los productos importados. Este movimiento provocó una inflación de costos significativa, que afectó directamente el poder adquisitivo de los trabajadores. A la par, el ajuste fiscal implementado por el gobierno consistió en drásticos recortes en el gasto público, particularmente en sectores clave como salud, educación y programas sociales. Estos recortes fueron presentados como necesarios para reducir el déficit fiscal, pero en realidad operaron como un mecanismo de transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía, que se beneficiaron de subsidios y exenciones fiscales.

El impacto de estas políticas sobre la población fue devastador. Los salarios registrados en el sector privado cayeron un 6,6% desde el inicio de la gestión de Milei hasta mayo de 2024, mientras que en el sector público, la caída fue aún más pronunciada, alcanzando un 18,4%. El salario mínimo vital y móvil, un indicador clave para los sectores más vulnerables, experimentó una caída del 28,8%, mientras que el programa ex-Potenciar Trabajo se desplomó un 52,6%. Estas caídas no solo redujeron drásticamente el poder adquisitivo de la población, sino que también aumentaron las tasas de pobreza y desempleo, exacerbando las tensiones sociales.

Concentración de Beneficios en Sectores Oligopólicos

Mientras que la mayoría de la población sufría las consecuencias de la devaluación y el ajuste fiscal, un pequeño grupo de grandes empresas y sectores oligopólicos se beneficiaron enormemente. Empresas de hidrocarburos, productores de alimentos, bancos, metalurgia, energía y laboratorios experimentaron aumentos significativos en su rentabilidad operativa y neta. En promedio, la muestra de 15 empresas que aquí presentamos expandió su resultado operativo en 687,5% y el resultado neto -que incorpora ganancia financiera, participación en sociedades, el pago del impuesto a las ganancias entre otros conceptos- aumentó en 831,1%. Los beneficios contables finales fueron especialmente importantes para el laboratorio que conforma la muestra, Richmond, (+9.851%), las empresas de la energía mayorista (+5.203%), el complejo exportador de granos (+4.921%), las empresas alimenticias (+1.331%), el sector bancario (+945%) y el hidrocarburífero (+790%). Estos sectores no solo consolidaron su poder económico, sino que también aprovecharon la desregulación del control de precios y la dolarización de sus excedentes para maximizar sus ganancias, incluso en un contexto de crisis económica generalizada.

La primera fase del plan de Milei implicó el fortalecimiento del capital en Argentina, donde grandes conglomerados económicos consolidaron su control sobre sectores clave de la economía. En este sentido la “Ley de Bases y Punto de Partida para la Libertad de los Argentinos”, fue el broche de oro que facilitó la flexibilización laboral y otorgó exenciones tributarias y cambiarias a los grandes capitales con destino a la profundización del modelo extractivista de recursos naturales.

Hasta aquí, la relación entre el Gobierno Nacional y el bloque de poder ha venido transitando un sendero de armonía que hizo realidad la fórmula anhelada que el sistema político dominante, tributario del ajuste moderado, no terminaba de concretar o lo hacía a medias: contener el gasto público, pulverizar el salario y sellar el pacto con una escalada represiva que discipline de aquí en adelante la protesta social en las calles.

La Fase Dos: Congelamiento de la Regresividad Distributiva y Disciplinamiento del Capital

La segunda fase del plan de gobierno de Milei se presenta como una continuación de la primera, pero con un enfoque aún más agresivo en términos de congelar la regresividad distributiva y disciplinar a las fracciones del capital que se ven afectadas por esta estrategia. Mientras que la primera fase se centró en la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, la fase dos busca consolidar este modelo, incluso a costa de generar tensiones con el bloque de poder.

Es importante destacar que Milei nunca fue la expresión política del Poder Económico Local (PEL) en Argentina. Su gobierno, aunque comparte una visión de clase con este bloque, está más alineado con la ultraderecha mundial y actores internacionales como el Partido Republicano de Estados Unidos, los fondos de inversión, las grandes corporaciones petroleras y los gigantes tecnológicos. Este alineamiento ha generado fricciones con el PEL, que históricamente ha recurrido al ajuste inflacionario como estrategia para relanzar los ciclos de negocio.

La dolarización, una de las estrategias promovidas por el gobierno de Milei, limita la capacidad de los sectores dominantes para imponer masivas transferencias de ingresos de carácter regresivo sin necesidad de recortes nominales. Esta estrategia, que requiere defender un tipo de cambio apreciado, suprime la posibilidad de favorecer mayores rentabilidades para el sector exportador, lo que ha generado descontento en sectores clave como el los grandes productores rurales y las multinacionales dedicadas al sector externo.

Reconfiguración del Capital Local

La apuesta por la explotación hidrocarburífera no convencional, la profundización de la extracción de carbonato de litio, cobre y otros minerales estratégicos para la transición energética europea, no solo representa una diversificación de la canasta exportadora, sino también un cambio en la fisonomía del poder del capitalismo local. Este cambio ha provocado nuevas tensiones con el bloque de poder, ya que los actores que dominan la producción agroindustrial no son los mismos que controlan el sector petrolero ni tampoco aquello que controlan o pueden controlar el minero. Además, el impacto de estos cambios en la geopolítica global, especialmente en el contexto de los conflictos internacionales relacionados con la energía, añade un elemento adicional de complejidad a la situación.

La falta de representación del agronegocio en el actual gabinete, dominado por actores del mundo financiero, petrolero y de los grandes grupos locales, es un reflejo de esta situación.

Una Alternativa Popular Antiinflacionaria

El momento actual nos plantea una encerrona entre la dolarización endógena y el ajuste inflacionario, un falso debate que propone dos estrategias destinadas a profundizar el malestar social consolidando esquemas de negocios distintos pero que comparten un elemento común: la postergación del salario, de los ingresos de la población, del empleo y de las unidades económicas de menor tamaño.

Si la verdadera y genuina preocupación del gobierno es la inflación, las alternativas para abordar el tema es más amplia que la acotada perspectiva que nos ofrece el Gobierno y el PEL.

Primero debe considerarse que la inflación es principalmente un fenómeno político (o de la economía política), y bastante poco comprensible desde los enfoque macroeconómicos que hacen abstracción de los efectos que plantea sobre el funcionamiento de la economía la discusión social sobre la distribución de los ingresos y la riqueza. En este sentido, la inflación tiene que ver con una disputa social donde el Estado no logra ordenar el sistema de precios, de manera tal de garantizar por consenso o coerción una determinada pauta de distribución de los ingresos y la riqueza. Es en ese plano que hay que ubicar lo que se expresa en el esquema fiscal y en la emisión de moneda. Por eso, un abordaje integral de la cuestión inflacionaria consiste en poder instaurar otro orden en el sistema de precios.

El orden de precios relativos que establece la dolarización endógena y el ajuste inflacionario supone que los precios de los alimentos y la energía deben alinearse con los precios internacionales. Lo mismo ocurre con varios insumos de uso difundido (como el aluminio y el acero), así como con las tarifas de los servicios públicos y parte de la infraestructura. Esto deriva inevitablemente en un menor poder adquisitivo, en un achicamiento del mercado interno y un aumento en los costos de producción. Esto conduce a precios relativos compatibles con una salida extractivista y un fuerte proceso de desindustrialización. No obstante, la diferencia entre la salida inflacionaria y la dolarización endógena radica en la protección de ciertos oligopolios locales, que podrían sucumbir ante la competencia externa en un contexto de dolarización.

La estrategia antiinflacionaria que necesita Argentina debe combinar alimentos y energía a precios accesibles, tarifas e infraestructura basadas en sus costos de producción. De esta manera, se incrementa el poder adquisitivo, se amplía el mercado interno de base popular y se reducen los costos para la producción local. Por lo tanto, es fundamental ponerle un límite al extractivismo y financiar, mediante la reapropiación pública de las rentas asociadas a una explotación sustentable de los recursos naturales o bienes comunes, el desarrollo de una estrategia productiva compatible con el bienestar de la comunidad. Es decir, limitar por un lado (el saqueo) y liberar, financiando y acompañando, por otro (las capacidades locales y todas sus redes)

Este camino exige articular el enfoque macroeconómico con cambios estructurales imprescindibles entre los que se destaca la revisión de la deuda pública y la cancelación del acuerdo con el FMI. Asimismo, exige de la implementación de estrategias de regulación pública que disciplinen el comportamiento de la trama del poder asociada al endeudamiento. La lógica que el capital ha impuesto en el marco de la apertura financiera y su resultado, la deuda, se expresa en términos de consolidación de un componente de valorización financiera relevante constitutivo de la acumulación de capital. Proceso este que debilita la inversión productiva y que es acompañado por estrategias especulativas en el campo fiscal y en el balance de divisas. La resistencia a todo intento de tributación progresiva, la demanda de subsidios para consolidar posiciones dominantes, el componente especulativo en el terreno de la fijación de los precios en los mercados oligopólicos y el permanente proceso de fuga capitales, son expresiones concretas de este fenómeno. Esto debilita las cuentas públicas, promueve el endeudamiento, el déficit en materia de divisas y las presiones inflacionarias.

En este sentido, una clave principal para imponer un nuevo esquema de precios relativos es controlar el tipo de cambio y, por ende, la oferta de divisas de la economía argentina. Esto se relaciona con la necesidad de terminar con la regulación vigente en materia de comercio exterior el cual permite a las empresas llevarse los dólares a simple declaración jurada. También obliga a una profunda rediscusión respecto al sistema financiero y su papel como canal para la fuga de capitales. En este marco, y sobre la base de un cambio en el esquema fiscal que fortalezca el equilibrio de las cuentas públicas mediante la imposición sobre las grandes rentas y patrimonios de las unidades económicas y las personas físicas, y ordenando el sistema de subsidios con criterios de equidad, se necesitan otras políticas adicionales:

1. Desacoplar los Precios Internos de los Internacionales: Implementar retenciones y otros mecanismos para diferenciar los precios internos de los internacionales en alimentos y energía, especialmente en commodities agropecuarias y en insumos industriales estratégicos como el acero y otros de uso difundido.
2. Disciplinamiento a los Mercados Oligopólicos: Control Social Comunitario de la Formación de Precios a través de mesas de concertación y control por cadena de valor con representantes de empresarios, trabajadores y consumidores, bajo la mediación del Estado. Estas mesas se centrarían en bienes esenciales y en insumos estratégicos para la producción, estableciendo criterios conjuntos para la distribución de la productividad y el sistema de precios. Resulta necesario organizar la participación comunitaria en la formación de precios, enfocándose en cadenas de producción estratégicas como alimentos, energía y otros insumos. Esto implica la colaboración entre el Estado, trabajadores, pymes, cooperativas y empresarios para limitar la capacidad de fijación de precios y evitar la apropiación excesiva del excedente por parte de actores dominantes.
3. Quebrar la Inercia Inflacionaria: a través de implementar una etapa transitoria de congelamiento general de precios. Implementar un congelamiento de precios por un período limitado, acompañado de una redistribución progresiva de ingresos. La salida de este congelamiento debe ser administrada utilizando la organización de mesas sectoriales por cadena de producción.
4. Intervención Estatal en Mercados Estratégicos: Utilizar las herramientas legales existentes, como la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Abastecimiento, para evitar comportamientos especulativos. Además, el Estado como productor puede participar directamente en ciertos mercados estratégicos mediante la provisión de bienes y servicios; asumiendo el desafío de la participación de innumerables experiencias productivas que, por ejemplo, para el caso de los alimentos elaboran productos cuidados bajo modos de producción no contaminantes. Además deben generarse mecanismos e instituciones que potencien el rol de las pymes, las cooperativas y la economía popular en la producción.

El objetivo de esta propuesta es establecer un orden de precios relativos compatible con la promoción de una estrategia de desarrollo que como tal se corresponda con una distribución progresiva de los ingresos, la ampliación del mercado interno, el desarrollo de las economías regionales, la agregación de valor, la incorporación del progreso técnico y el ahorro de divisas.

En lugar de promover alimentos y energía a precios internacionales, propiciamos a través de la diferenciación de los precios internos de los internacionales, aprovechar la potencialidad alimentaria y energética de la Argentina para garantizar alimentos a precios asequibles y energía barata. Esto redunda en un mayor poder adquisitivo para la población, ampliación del mercado interno y menores costos para la producción promoviendo así el desarrollo industrial al tiempo que se combate el proceso inflacionario.