El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.
El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?
El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.
Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.
Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.
Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.
Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.
Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.
La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.
Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.
La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.
