
La doble cita electoral en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha supuesto un duro golpe para el gobierno del canciller demócrata-cristiano Friedrich Merz, consolidando una profunda polarización en el país. Rusia concluyó sus primeras elecciones parlamentarias para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.
En Rusia el partido oficialista del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, se perfiló nuevamente como el claro ganador en un proceso marcado - como ya es parte del folclore occidental - por denuncias internacionales de irregularidades, podios vacíos y la inhabilitación sistemática de la oposición real (como el partido liberal Yábloko). Belive it or not.
En el inicio el streaming «DEMOLIENDO MITOS». El Dr. Ezequiel Bistoletti en charla con el analista español Juan Antonio Aguilar sobre ambas elecciones.

La nueva evidencia presentada por la defensa de Cristina Kirchner reabre el debate sobre la causa Vialidad y sobre los fundamentos de una condena que no sólo impuso una pena, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si esa prueba modifica aspectos sustanciales de la sentencia, su revisión trasciende la defensa individual: pone en juego el debido proceso, la representación política y los límites de la proscripción en democracia.

Las elecciones rusas transcurren bajo una fuerte continuidad política y en un contexto económico cada vez más condicionado por la guerra. El problema que plantea Michael Roberts no es solamente quién obtiene los votos, sino qué capacidad tiene el sistema para producir una salida al estancamiento económico, la dependencia de una economía de guerra y el conflicto prolongado con Ucrania. Detrás de la estabilidad política aparece una contradicción: mientras el Estado puede sostener el esfuerzo bélico mediante el gasto público y la movilización de recursos, la economía civil enfrenta límites crecientes y una perspectiva de bajo crecimiento. La guerra, lejos de ser una variable externa, se convierte así en un componente estructural del funcionamiento económico y político ruso.
La cuestión central es la relación entre estabilidad política y estancamiento económico: una estabilidad que puede sostenerse mientras continúe la capacidad estatal para financiar la guerra, pero que enfrenta tensiones cuando ese mecanismo deja de traducirse en mejoras materiales para la población.

Lo más significativo del escenario brasileño es que la disputa electoral vuelve a concentrar una contradicción estructural de la política latinoamericana: la tensión entre la democracia electoral y el poder económico, mediático, judicial y financiero que condiciona sus resultados.
La elección del 4 de octubre no aparece, por lo tanto, como una simple repetición de 2022. Lula llega buscando un nuevo mandato, mientras el campo bolsonarista intenta reorganizarse alrededor de Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central aunque no sea el candidato presidencial. Las mediciones publicadas durante septiembre muestran una competencia estrecha y un escenario abierto.
Pero hay un elemento nuevo: la crisis ya no está solamente dentro de la sociedad brasileña; también atraviesa a las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto político.
La fractura expuesta dentro del Supremo Tribunal Federal alrededor del caso Banco Master es particularmente significativa. La sesión del 15 de septiembre terminó suspendida después de un enfrentamiento entre magistrados y un pedido de vista de Flávio Dino. El debate involucra acusaciones sobre los vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, aunque esas acusaciones están siendo objeto de disputa y no equivalen por sí mismas a una comprobación judicial de corrupción.
La cuestión política es otra: por primera vez en mucho tiempo, el propio Supremo aparece como escenario visible de la lucha electoral.
Eso modifica la relación entre justicia y política que Brasil arrastra desde el ciclo del impeachment de Dilma Rousseff, Lava Jato, la prisión de Lula y el posterior retorno del dirigente del PT a la Presidencia. El Poder Judicial dejó de ser un actor externo al conflicto político: se convirtió en uno de sus territorios centrales.
Desde una perspectiva de clase, esto permite observar algo más profundo. La crisis brasileña no se explica solamente por la polarización ideológica entre izquierda y derecha. También expresa la disputa por quién controla los mecanismos institucionales capaces de proteger o limitar determinados intereses económicos.
El escándalo Banco Master vuelve a poner en escena precisamente esa zona de contacto entre capital financiero, sistema político, justicia y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la derecha intenta convertir la crisis institucional en un instrumento electoral contra Lula y contra los sectores del Supremo identificados con la defensa del orden constitucional frente al bolsonarismo.
Por eso las próximas semanas serán particularmente sensibles. No está en juego únicamente quién ocupará el Palacio del Planalto. También está en disputa qué tipo de equilibrio institucional emergerá después de las elecciones.
La experiencia de 2022 sigue funcionando como antecedente. El bolsonarismo no desapareció con la derrota de Jair Bolsonaro. La invasión de los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 demostró hasta qué punto una parte de la derecha brasileña estaba dispuesta a desconocer el resultado electoral y tensionar los límites institucionales.
Ahora la confrontación adopta formas diferentes. La batalla se desplaza hacia las instituciones, las investigaciones judiciales, los medios, las redes sociales y la construcción de legitimidad antes de las urnas.
Brasil vuelve a convertirse así en un laboratorio político continental. Lo que ocurra en octubre tendrá consecuencias que excederán ampliamente sus fronteras: afectará la relación de fuerzas entre los gobiernos progresistas y las derechas latinoamericanas, el papel de Brasil en la integración regional y el equilibrio político de América del Sur.
La elección será, en ese sentido, mucho más que una competencia entre candidatos. Será una disputa por el sentido de la democracia brasileña después de una década de crisis, judicialización de la política, ascenso de la extrema derecha y creciente poder del capital financiero.

El artículo de Jacobin plantea una tesis muy potente: el problema de la extrema derecha alemana no se resuelve apelando abstractamente a la “defensa de la democracia”, porque la propia crisis de representación de los partidos tradicionales está alimentando electoralmente a la AfD.
En Sajonia-Anhalt, la AfD obtuvo 43,8%, mientras la participación alcanzó un récord del 76%. Lo decisivo, según Thomas Zimmermann, es que una parte enorme de quienes habitualmente no votaban volvió a las urnas y la mayoría de esos nuevos votantes se inclinó por la extrema derecha. Es decir, la AfD no sólo conserva un electorado movilizado: está logrando incorporar a sectores políticamente desenganchados.
Ahí aparece la cuestión de clase. La derecha radical está consiguiendo transformar malestar social, desconfianza institucional y frustración con el statu quo en energía política. Mientras tanto, los partidos tradicionales ofrecen variantes de una misma administración del orden existente. La socialdemocracia ya no aparece como alternativa social; la izquierda no logra articular un horizonte de transformación; y los Verdes, la CDU y el resto del sistema terminan disputando fundamentalmente los términos de la gestión.
Por eso la idea central del artículo puede formularse así: la extrema derecha no crece solamente porque exista una derecha radicalizada; crece porque consigue ocupar el espacio político abandonado por una izquierda incapaz de representar las demandas materiales y las expectativas de futuro de las mayorías populares.
Y esto tiene una traducción argentina particularmente interesante. El fenómeno puede pensarse en relación con Milei: no basta explicar su ascenso por “engaño”, manipulación mediática o derechización cultural. Una parte fundamental de su eficacia política reside en haber convertido el rechazo al orden existente en una identidad política, incluso cuando las soluciones que propone terminan perjudicando materialmente a sectores que constituyen parte de su base electoral.
La enseñanza estratégica de Jacobin es entonces importante: la izquierda no puede derrotar a la derecha radical defendiendo simplemente el statu quo en nombre de la democracia. Necesita disputar el mismo terreno que la extrema derecha está conquistando: trabajadores precarizados, sectores populares, jóvenes, no votantes, desencantados y quienes sienten que la política institucional dejó de ofrecerles un futuro.
En términos gramscianos, el problema no es sólo electoral sino hegemónico. La AfD está intentando convertir el malestar social en sentido común reaccionario. La respuesta no puede consistir exclusivamente en aislarla institucionalmente: requiere construir otra interpretación del malestar y, sobre todo, otra perspectiva de futuro.
La frase que sintetiza el artículo podría ser:
La derecha radical gana cuando consigue movilizar a quienes la izquierda dejó de convocar.
Y ahí hay un puente muy fértil con Argentina: Milei y la AfD expresan modalidades distintas de una misma crisis de representación de las democracias occidentales, aunque sus contextos históricos y programas económicos no sean equivalentes. La pregunta decisiva para el campo popular no es solamente cómo frenar a la extrema derecha, sino cómo recuperar políticamente a las mayorías que dejaron de creer que la democracia puede transformar sus condiciones materiales de existencia. Los llamados a "defender la democracia" no la detendran, un sucedáneo del obsoleto "cordón sanitario" traducido como "frente anti MIlei", tampoco.

Sajonia-Anhalt, una región de dos millones de habitantes situada en el este de Alemania, renovaba este domingo su Parlamento regional. Según las primeras proyecciones publicadas a las 18:00, Alternativa para Alemania (AfD, ESN) aún tiene posibilidades de gobernar la región. AfD roza la mayoría absoluta y depende del apoyo del partido de la izquierda nacionalista BSW para asumir el poder. Los democristianos del canciller Friedrich Merz se desploman y pasan de 40 a 16 diputados.

Se analizan las tensiones internas dentro del peronismo y se traza un paralelismo histórico sobre los intentos de construir alternativas por fuera de los liderazgos mayoritarios:
“Esto viene desde 1955 con el primer intento de neoperonismo de Bramuglia tras el derrocamiento de Perón, criticándolo por 'personalista' y por tomar decisiones 'a dedo'.
Si hacés un esfuerzo, parece exactamente lo que se discute hoy. No me llama la atención que, en medio de la proscripción de Cristina Kirchner, surjan intentos de desconocer su conducción, pero es una tradición donde todos los ensayos terminaron mal”.
Se desestian las comparaciones con figuras históricas como Augusto Timoteo Vandor y remarcan la falta de volumen político de los armados actuales:
“Comparar la emergencia de neoperonismos o dirigentes que intentan alternativizar la conducción de Cristina con lo que fue Vandor es un exabrupto insostenible; la UOM de los 60 tenía una fuerza territorial e industrial que hoy nadie tiene.
En la interna Cafiero-Menem no había un liderazgo constituido, pero con Perón sí lo había y se lo desafió igual. Desconocer liderazgos populares consolidados en momentos de persecución política siempre condujo al fracaso”.
Mirá el programa en el video de apertura.

La entrevista de Alan Coelho y Valter Pomar parte de una constatación que excede largamente la política brasileña: la derecha latinoamericana ha dejado de ser una suma de experiencias nacionales para constituirse en un espacio político regional articulado. Bolsonaro, Milei, Kast y las derechas que avanzan en otros países expresan, con sus particularidades, una misma disputa por redefinir la relación entre Estado, mercado, trabajo y soberanía.
Brasil ocupa en ese tablero una posición decisiva. No sólo por su dimensión económica y demográfica, sino porque el resultado de la elección puede alterar el equilibrio político continental. La eventual victoria de Flávio Bolsonaro significaría mucho más que la continuidad de una familia política: supondría la reconstrucción institucional del bolsonarismo después del fracaso del intento de ruptura del 8 de enero de 2023.
Por eso resulta significativa la decisión de sectores situados a la izquierda del PT de brindar un apoyo crítico a Lula desde la primera vuelta. No se trata necesariamente de una adhesión al programa del gobierno ni de desconocer sus límites. Es una decisión de carácter estratégico: impedir que la derecha radical convierta el desgaste de un gobierno progresista en una restauración política de mayor alcance.
La contradicción es evidente. Lula representa un gobierno con fuertes límites para las expectativas de transformación social de la izquierda brasileña, pero al mismo tiempo constituye una barrera institucional frente a una derecha que pretende avanzar mucho más allá de una alternancia electoral.
Ahí aparece una cuestión particularmente relevante para Argentina. El gobierno de Milei no observa esta elección desde la neutralidad diplomática: su alineamiento ideológico con el espacio bolsonarista convierte al resultado brasileño en un asunto de política regional. La propia campaña argentina ha quedado involucrada en la disputa brasileña mediante el respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro.
Desde una perspectiva de clase, entonces, la discusión no debería reducirse a “Lula sí o Lula no”. La pregunta es qué relación de fuerzas sociales permite cada escenario. El problema que enfrentan las izquierdas es cómo sostener una posición independiente del lulismo sin desconocer que una victoria de la ultraderecha puede modificar drásticamente las condiciones de la lucha popular.
Y aquí aparece una enseñanza particularmente importante para el peronismo argentino: la crítica al gobierno progresista no puede confundirse con la indiferencia frente a la posibilidad de una restauración reaccionaria. Una izquierda que sólo mide la política por la distancia entre su programa ideal y el gobierno existente corre el riesgo de no percibir las diferencias cualitativas entre distintos bloques de poder.
La elección brasileña plantea, en definitiva, una disyuntiva latinoamericana: reformismo progresista con límites estructurales o una derecha radical que busca transformar esos límites en una nueva correlación de fuerzas favorable al capital concentrado y subordinada a la nueva estrategia estadounidense para la región.
Y allí Brasil vuelve a ser central. Porque si Lula logra contener al bolsonarismo, la experiencia argentina de Milei quedará políticamente más aislada en Sudamérica. Si triunfa Flávio Bolsonaro, en cambio, podría consolidarse un eje regional de derechas radicalizadas con capacidad para disputar simultáneamente la agenda económica, cultural y geopolítica del continente.

El respaldo del peronismo a Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña admite una lectura que excede la controversia por Lago Escondido. La cuestión decisiva es el reemplazo de Leopoldo Bruglia, uno de los jueces con mayor acumulación de decisiones adversas al kirchnerismo. Ante una salida institucionalmente inevitable, ¿el PJ pudo haber preferido un juez sin ese antecedente? La hipótesis adquiere otra dimensión cuando se la coloca en el contexto de una ofensiva política y mediática que busca presentar cualquier autonomía del peronismo respecto de Cristina como una “capitulación”, mientras, paradójicamente, la expresidenta permanece presa y proscripta.

La ofensiva contra Cristina Kirchner ya no se juega en un solo frente. Ficha Limpia, Bullrich, Lamelas, los grandes y no tan grandes medios y la Justicia Federal forman parte de un escenario donde distintos intereses pueden converger en un mismo resultado: que Cristina no vuelva a competir electoralmente. La disputa por la Sala I de la Cámara Federal muestra, a la vez, que también se pelea dentro de la Justicia por modificar una correlación de fuerzas que durante años resultó particularmente adversa al kirchnerismo.

El caso del empresario argentino Fernando Cerimedo expone una compleja infraestructura transnacional que conecta campañas electorales, plataformas digitales de desinformación y cabildeo de alto nivel entre América Latina y Estados Unidos.
Base de operaciones en Florida: En mayo de 2023, Cerimedo creó en Miami la empresa NUMEN Advisors LLC, estableciendo un centro corporativo estratégico durante la campaña presidencial argentina.
El puente con Washington: Mediante un contrato con Damián Merlo (firma Latin America Advisory Group), registrado bajo la ley FARA, la red gestionó la proyección de Javier Milei en EE. UU., incluyendo la coordinación de su entrevista con Tucker Carlson y contactos clave en el Congreso y medios estadounidenses.
Acceso político e institucional: La estructura aprovechó la red de Merlo en el sur de Florida con figuras republicanas como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. Registros de FARA revelan reuniones presenciales con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
Estrategia y expansión mediática: Con plataformas como La Derecha Diario y UHN Plus, la red ha participado en la estrategia digital y campañas de desinformación de diversos procesos regionales (Jair Bolsonaro en Brasil, el Rechazo en Chile, entre otros).
Miami no actúa como un mero domicilio comercial, sino como el nodo central y retaguardia desde donde se articulan las operaciones mediáticas y el lobbying de la nueva derecha en la región.

El caso Cerimedo expone una dimensión cada vez más relevante de la disputa política argentina: la capacidad de actores privados para intervenir sobre la formación de la opinión pública mediante dinero, datos, algoritmos, redes sociales y operaciones de inteligencia. La manipulación electoral ya no necesita alterar una urna; puede comenzar mucho antes, condicionando qué información reciben los ciudadanos, qué adversarios son construidos como enemigos y qué temas dominan la agenda pública.
Desde esta perspectiva, los llamados “sótanos de la democracia” adquieren una nueva dimensión. Las estructuras tradicionales de inteligencia y operaciones políticas pueden articularse con empresas tecnológicas, consultores electorales y capitales privados, creando una verdadera infraestructura de ingeniería de la opinión. El interrogante para 2027 no es solamente quién ganará las elecciones, sino quién posee los recursos económicos y tecnológicos para intervenir sobre las condiciones en las que millones de argentinos forman su voluntad política.
La disputa electoral de 2027 podría librarse mucho antes de las urnas: dinero, datos, algoritmos y redes de operaciones pueden convertirse en instrumentos de poder capaces de condicionar la voluntad popular. El caso Cerimedo, analizado por Emilia Trabucco, obliga así a discutir un problema institucional mayor: la privatización de capacidades de manipulación política que históricamente estuvieron concentradas en aparatos estatales. En una democracia formalmente libre, la cuestión decisiva pasa a ser quién controla el espacio informacional donde se construye el consentimiento popular.

El texto de Esteban Schmidt es una pieza de opinión de alto voltaje, bien escrita y con una voz propia. Tiene el tono de alguien que conoce el oficio mediático desde adentro y que no se deja seducir por el "storytelling" de resiliencia y meritocracia que Hadad viene construyendo.
La tesis central —que Hadad es un simulador profesional, un jugador galáctico del periodismo como herramienta de poder y no como servicio público, y que ahora prueba el agua presidencial— está clara y se sostiene.
En fin que como señalara el gran Rene Lavand, frente a un público que (¡ay!) jamás descubría sus triquiñelas (?) : "No se puede hacer más lento"

Los años 1955 y 2026 se tocan. Cuando se excluye a un liderazgo nacional estructurante con condena, atentado y falsas consignas mediáticas, el sistema no se estabiliza: se fragmenta. El resultado son gobiernos débiles, dependientes del FMI y una sociedad que paga el ajuste con 46% de informalidad y deuda para comer. En este contexto de fragilidad cualquier cosa puede suceder, menos una: Estabilizar el desastre socioeconómico que, como objetivo central, diseñó paso a paso el gobierno nacional. Horacio Rovelli en la apertura, analiza el rumbo del modelo actual una vez más, pero en su tramo final ya con el tiempo jugando en su contra y el ocaso acelerándose notablemente.

El artículo de Jacobin de Jared Abbott y Joan C. Williams es particularmente interesante porque permite leer la crisis de la coalición de Trump no como un simple problema electoral, sino como un fenómeno de realineamiento de clase y ausencia de representación.
El dato central es contundente: entre los votantes que llevaron a Trump a la victoria en 2024, quienes hoy dudan de volver a votar republicano pasaron del 20% en febrero al 23% en abril y a más del 25% en julio de 2026. Entre quienes ganan menos de US$50.000, la proporción llega al 32%, frente al 18% entre quienes ganan más de US$100.000.
Pero hay algo todavía más importante: la pérdida de Trump no se transforma automáticamente en recuperación demócrata. Menos de uno de cada cinco de esos votantes fluctuantes dice que votaría demócrata en 2028; el 56% permanece indeciso, el 22% optaría por un independiente o un tercer partido y el 5% directamente no votaría. Es decir, los demócratas recuperaron menos del 5% de los votantes que Trump obtuvo en 2024.
Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión de fondo.
La lectura convencional diría: Trump está perdiendo trabajadores porque su gobierno no cumple sus promesas. Pero el artículo muestra algo más profundo: una parte creciente de la clase trabajadora está abandonando la identificación partidaria sin encontrar todavía una representación política alternativa.
Y esto tiene una enorme importancia desde una perspectiva de clase. La crisis no es solamente de Trump; es también una crisis de representación política de las clases subalternas.
Los propios encuestados explican por qué no saltan hacia los demócratas. El 37% de las respuestas negativas sobre el Partido Demócrata se relacionan con corrupción, intereses propios y enriquecimiento de sus dirigentes; otro 12% con debilidad e incapacidad para actuar, y alrededor del 10% con la percepción de que el partido ya no conoce ni representa la vida cotidiana de los sectores populares. En conjunto, estos tres elementos explican alrededor del 60% de las opiniones negativas.
Esto es especialmente significativo porque desmonta una explicación muy difundida: el problema de los demócratas no es principalmente que los trabajadores los consideren "demasiado izquierdistas". Las cuestiones vinculadas al llamado wokeness representan una proporción bastante menor de las críticas. El problema central es otro: no creen que los demócratas estén de su lado.
Ahí está probablemente la clave política del fenómeno.
Trump consiguió construir una coalición interclasista de derecha utilizando demandas materiales reales —inflación, salarios, costo de vida, inmigración— y combinándolas con una política cultural y nacionalista. Pero esa coalición tenía una contradicción estructural: la base popular y trabajadora de Trump no pertenece necesariamente a la misma clase cuyos intereses económicos expresa el núcleo de poder que rodea al presidente.
Por eso resulta tan reveladora la observación de los autores sobre el círculo de multimillonarios de Trump. La cuestión no consiste simplemente en denunciar la riqueza de sus dirigentes, sino en mostrar la contradicción entre un discurso político dirigido a trabajadores y una estructura de poder profundamente ligada al capital concentrado.
Y aquí podemos hacer una lectura todavía más amplia: la derecha populista puede capturar el malestar de clase sin resolver la contradicción de clase que lo produce.
Ese mecanismo no es exclusivamente estadounidense. Es uno de los grandes problemas políticos contemporáneos: cuando las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora dejan de ser percibidas como instrumentos efectivos de representación, el descontento social queda disponible para fuerzas que pueden desplazar el conflicto desde el terreno económico hacia el cultural, nacional, racial o moral.
La consecuencia es paradójica: trabajadores enfrentados a problemas semejantes pueden terminar votando políticamente en sentidos opuestos porque la experiencia de clase deja de traducirse automáticamente en conciencia y representación de clase.
Por eso el dato más importante del artículo quizá no sea que Trump esté perdiendo trabajadores. Es que esos trabajadores todavía no encontraron quién los represente.
Y esa diferencia es fundamental.
Trump puede perderlos sin que los demócratas los ganen. Pueden pasar a un tercer partido. Pueden abstenerse. Pueden permanecer indecisos. Incluso pueden volver a votar republicano como "mal menor". En otras palabras, la crisis de la hegemonía trumpista no equivale todavía a una nueva hegemonía popular.
Desde esta perspectiva, 2026 no muestra simplemente el comienzo del derrumbe de Trump. Muestra algo más interesante: la apertura de una disputa por la representación política de la clase trabajadora estadounidense.
Y allí está la verdadera pregunta estratégica para la oposición : ¿quién consigue convertir el malestar económico en organización polítca con Cristina Kirchner proscripta antes de que ese malestar vuelva a ser canalizado por la derecha?
Ese interrogante excede ampliamente a Estados Unidos. También permite pensar, por analogía, algunas de las dificultades actuales de las fuerzas populares en Argentina.

La unidad del peronismo es necesaria, pero no puede convertirse en un sustituto de la discusión central: la proscripción de Cristina Kirchner. La experiencia argentina de Frondizi, Illia y Cámpora demuestra que excluir de la competencia a una fuerza o liderazgo con capacidad de representación social no elimina su gravitación: puede, por el contrario, profundizar la distancia entre instituciones y relaciones reales de fuerza. El desafío actual no es simplemente volver a juntar dirigentes, sino construir una mayoría capaz de representar a quienes hoy necesitan ser representados y, al mismo tiempo, defender las condiciones de una democracia efectivamente inclusiva. Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción, esto supone no iniciar un nuevo intento de neoperonismo de los tantos que existieron como vimos, en la historia del movimimiento fundado por Juan Perón.

Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.
El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.
Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.
La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.
Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.
Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.
Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.
Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.
En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.
En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

El artículo "Rebeldía Controlada" utilizando el caso Bramuglia, el primer intento de construir un "peronismo sin Perón" ya en el año 1955 sostiene una hipótesis central: los liderazgos populares de volumen histórico y gran arraigo popular no son sustituibles mediante operaciones políticas ni judiciales, y que la proscripción termina debilitando la representación democrática más que al liderazgo proscripto. Para desarrollar esa idea, establece un paralelo entre la proscripción de Juan Domingo Perón tras 1955 y la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner.
El texto recupera la experiencia del neoperonismo encabezado por Juan Atilio Bramuglia, quien intentó construir un peronismo autónomo aprovechando la proscripción de Perón. Apoyándose en trabajos del historiador Raanan Rein, el artículo señala que ese intento fracasó porque el liderazgo de Perón conservó la adhesión mayoritaria del movimiento aun desde el exilio.
Como contracara, recupera la posición de John William Cooke, quien rechazaba las corrientes "blandas" o conciliadoras y sostenía que la conducción seguía perteneciendo al líder proscripto. Según el autor, esa experiencia histórica demuestra que la legitimidad política no puede transferirse mecánicamente a dirigentes sustitutos.
El artículo se vincula con un trabajo posterior de López donde desarrolla el concepto de "déficit de legitimidad sustitutiva". La idea es que cuando un liderazgo con gran capacidad de representación queda excluido de la competencia política, quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan un problema estructural: heredan parte del electorado, pero no la legitimidad política ni simbólica del liderazgo original.
Desde esa perspectiva, la proscripción no afecta solamente al dirigente alcanzado por la medida, sino que altera el funcionamiento del sistema de representación en su conjunto.
El artículo afirma que el reclamo "Cristina Libre" debe entenderse como una demanda vinculada a la calidad democrática y no únicamente como una consigna electoral. Según el autor, la exclusión judicial de un liderazgo con fuerte apoyo popular reduce la competencia política efectiva y contribuye al aumento de la apatía electoral entre sectores sociales que se identifican con ese liderazgo.
Establece un paralelo histórico consistente entre distintas experiencias de proscripción del peronismo;
incorpora bibliografía especializada, particularmente los estudios de Raanan Rein;
intenta formular un concepto analítico ("déficit de legitimidad sustitutiva") que trasciende la coyuntura argentina.
En conjunto, el texto combina historia política, teoría de la representación y una interpretación claramente situada en el debate político argentino. Su aporte más original es la formulación del concepto de déficit de legitimidad sustitutiva, que busca explicar por qué, según el autor, la exclusión de un liderazgo popular produce dificultades persistentes para la construcción de liderazgos alternativos y afecta la legitimidad del sistema político.

¿Son tan decisivas las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Se verá, pero el artículo de Axios - un house organ trumpista que debe considerarse-, plantea una hipótesis política relevante: Donald Trump ya no estaría concentrado prioritariamente en conservar una mayoría republicana en el Congreso, sino en garantizar que, gane o pierda el Partido Republicano las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el trumpismo mantenga el control ideológico del partido y del Estado.
Las principales tesis del artículo:
El poder antes que la mayoría parlamentaria. Según Axios, Trump asume que los republicanos podrían perder una o ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, considera que eso no implicaría necesariamente una derrota estratégica si consigue consolidar un Partido Republicano completamente subordinado a su liderazgo.
La presidencia como fuente principal de poder. El artículo sostiene que Trump privilegia las facultades ejecutivas —órdenes presidenciales, designaciones, capacidad de indulto y control del aparato estatal— por encima de la negociación legislativa tradicional. La lógica es gobernar mediante una fuerte concentración de atribuciones presidenciales.
Preparar la sucesión sin abandonar el liderazgo. Axios señala que Trump buscaría convertirse en el gran "árbitro" de la política republicana hacia 2028, definiendo quién heredará su capital político. En ese contexto, aparecen como figuras centrales el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, aunque existen fuertes disputas dentro del propio partido.
Las investigaciones como arma política. El título del artículo ("Trump's final act begins") hace referencia a la posibilidad de que, si los demócratas recuperan el Congreso, se reactive una ola de investigaciones parlamentarias sobre la administración Trump. Paradójicamente, Axios sostiene que el propio Trump parece menos preocupado por esas investigaciones que por asegurar la cohesión del movimiento MAGA.
Igualmente el texto refleja una transformación profunda del sistema político estadounidense. Ya no se trataría únicamente de una disputa entre republicanos y demócratas, sino entre dos concepciones del ejercicio del poder:
una basada en los mecanismos clásicos del constitucionalismo liberal (equilibrio entre poderes, negociación legislativa y controles institucionales);
otra que privilegia la legitimidad directa del liderazgo presidencial, el control del Ejecutivo y la movilización permanente de una base política organizada.
En este marco, el Congreso pierde centralidad relativa frente a la Casa Blanca, los tribunales y los organismos ejecutivos.
Otro aspecto importante es que la verdadera batalla parece desarrollarse dentro del propio Partido Republicano.
Los sectores conservadores tradicionales —representados editorialmente por medios como The Wall Street Journal— observan con preocupación que JD Vance encarne la continuidad del trumpismo, mientras que el ala MAGA interpreta esas críticas como una confirmación de que el viejo establishment perdió el control del partido.
Esto sugiere que el conflicto ya no enfrenta únicamente a republicanos contra demócratas, sino también a:
el conservadurismo clásico;
el nacional-populismo trumpista.
Igualmente puede sostenerse sin esfuerzo que el conflicto estadounidense expresa también una disputa entre distintas fracciones del capital.
Por un lado, sectores vinculados al capital financiero global, las grandes tecnológicas y parte del establishment institucional; por otro, una coalición que combina capital industrial nacional, sectores energéticos tradicionales, pequeñas y medianas empresas y una base social compuesta por trabajadores blancos, clases medias empobrecidas y segmentos rurales.
En ese sentido, el trumpismo no cuestiona el capitalismo estadounidense, sino que propone una forma distinta de organizar su hegemonía: más nacionalista, proteccionista y concentrada en el poder ejecutivo.
Conclusión : El artículo de Axios sugiere que Trump ya no mide su éxito únicamente por el resultado electoral inmediato. Su objetivo estratégico sería dejar consolidado un movimiento político capaz de dominar el Partido Republicano y seguir condicionando la política estadounidense incluso después del final de su mandato. Si esa interpretación es correcta, las elecciones de medio término definirán no solo el equilibrio entre demócratas y republicanos, sino también si el trumpismo logra institucionalizarse como la corriente dominante de la derecha estadounidense durante la próxima década.
Finalmente y desde una mirada más situada, conviene recordar que los demócratas demostraron tanto o más vocación de intervención en la región que los republicanos, a punto tal que fue Obama, - al que muchos confundieron con el negro Rada a la hora de celebrar su primer triunfo electoral en 2008 - el que acompañó y respaldó a Mauricio Macri en su campaña en La Argentina. Por otro lado, la disputa por la hegemonía con China y otras grandes potencias emergentes continuará sin prisa ni pause, pase lo que pase en noviembre en los pagos del señor naranja.

¿Puede el peronismo ganar y gobernar con un liderazgo proscripto o desplazado de la candidatura presidencial? La historia argentina ofrece una secuencia de experiencias que parecen responder negativamente. Desde Frondizi hasta Alberto Fernández, pasando por Illia y Cámpora, las fórmulas construidas para reemplazar o compensar la ausencia del liderazgo central terminaron enfrentando problemas de legitimidad política, conflictos de conducción o gobiernos truncos. Este artículo sostiene que las llamadas "candidaturas delegadas" constituyen una constante históricamente fallida del peronismo y que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a colocar ese dilema en el centro de la escena política argentina.