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Este artículo de Michael Roberts permite ir más allá de la explicación de la elecciones estadounidenses en su aspecto electoral.

La fractura estadounidense no enfrenta simplemente a republicanos y demócratas. También expresa una contradicción entre una economía que genera enormes riquezas para los propietarios de activos financieros y tecnológicos y una población trabajadora que encuentra cada vez mayores dificultades para reproducir sus condiciones de vida.

Roberts aporta cifras elocuentes: entre 2022 y 2025, el patrimonio mediano del 10% más rico habría aumentado aproximadamente un 30%, mientras los sectores del 40% inferior perdieron terreno.

La victoria demócrata recoge ese malestar, pero no significa necesariamente que exista un programa capaz de modificar las relaciones de propiedad y distribución que lo producen.

El propio Roberts advierte que los demócratas no plantean una ruptura con el gasto militar, la política exterior estadounidense ni las condiciones estructurales que alimentan la desigualdad.

Hay, además, una precisión electoral: la participación fue cercana al 49% del electorado habilitado, una cifra elevada para una elección de medio término, aunque todavía dejó fuera a más de la mitad de los ciudadanos habilitados.

La derrota de Trump demuestra que el malestar económico puede convertirse en rechazo electoral. Pero cambiar la mayoría parlamentaria no equivale a transformar el régimen económico.

La pregunta que plantea Roberts es más profunda: ¿puede la economía de la inteligencia artificial producir bienestar social cuando sus decisiones fundamentales están subordinadas a la rentabilidad privada?

Lo más interesante de estos artículos que publicamos no es solamente mostrar la ambición presidencial de Vance, sino la fractura que comienza a manifestarse dentro de la derecha estadounidense que mostramos reiteradamente en este blog. En la apertura Tucker Carlson explica las razones de la derrota electoral del Partido Republicano y profundiza la fractura de MAGA.

El trumpismo había conseguido reunir intereses sociales diferentes bajo una consigna nacionalista: trabajadores industriales desplazados, sectores populares empobrecidos, pequeñas empresas, capital nacional y fracciones del gran capital enfrentadas con la globalización liberal.

La guerra, la inflación y el costo económico de la política exterior ponen en tensión esa coalición.

Vance intenta recuperar su componente nacionalista y popular, pero sin cuestionar las relaciones económicas y de propiedad que sostienen el poder de las grandes corporaciones. Su crítica apunta a la orientación del gobierno, no a las estructuras económicas que producen el malestar social.

Hay una contradicción adicional: pretende representar la rebelión contra el intervencionismo mientras integra una administración responsable de esa misma política.

La cuestión de fondo es quién heredará el trumpismo: el nacionalismo económico que promete priorizar a Estados Unidos o los sectores del poder político, financiero y militar que siguen defendiendo su proyección imperial.

La disputa por 2028 comienza, así, antes de que termine el segundo mandato de Trump. Y la guerra contra Irán se convierte en uno de sus principales campos de batalla.

Zohran Mamdani comprendió algo que nadie más entendió: la mayoría de los votantes de Donald Trump tenían sus razones para apoyarlo, y esas razones eran económicas. Mamdani lo vio y encontró la manera de recuperarlos. Le dio un nombre: asequibilidad. En la apertura Carlos Waisman, sociólogo por la Universidad de Harvard, politólogo especialista en política comparada y profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, analiza en diálogo en piso con Jorge Fontevecchia el histórico impacto del revés electoral sufrido por el Partido Republicano. Durante la entrevista, evalúa las razones detrás del voto de repudio hacia la gestión de Donald Trump impulsado por la inflación, la política exterior y los operativos migratorios, desglosa la fractura en las bases de apoyo demográficas del conservadurismo y proyecta las fuerzas centrífugas que amenazan la cohesión interna del Partido Republicano frente a la eventual consolidación de nuevos liderazgos populistas de derecha.

A pesar de la ratificación de los resultados por el Tribunal Superior Electoral (TSE), Flávio Bolsonaro anunció que pedirá la anulación de los comicios, tachando de ilegítima la prórroga del horario de votación y rehusándose a reconocer la derrota. Se calentó.

La dificultad de Lula no es solamente electoral. Es la expresión de una contradicción más profunda: un progresismo que consiguió mejoras económicas y sociales, pero que no logró transformar suficientemente las condiciones materiales de vida ni disputar la hegemonía cultural a la derecha.

El crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza no garantizan por sí solos el apoyo popular. Cuando los salarios se consumen en deudas, alquileres y servicios privados, el empleo deja de ser sinónimo de bienestar. La experiencia cotidiana puede contradecir los indicadores positivos del gobierno.

En ese terreno avanza la extrema derecha. Su eficacia consiste en apropiarse del malestar social, ofrecer explicaciones simples a problemas complejos y presentar como rebeldía un programa económico que beneficia a los sectores concentrados del capital. La meritocracia transforma problemas colectivos en fracasos individuales; el conservadurismo cultural identifica enemigos y desplaza el conflicto desde las relaciones de clase hacia las disputas identitarias.

El problema del progresismo es que, cuando acepta los límites de la austeridad fiscal y la ortodoxia económica, termina administrando restricciones que afectan a sus propias bases sociales. Las mejoras parciales pierden fuerza política si no se traducen en seguridad material, derechos duraderos y expectativas de futuro.

La batalla tampoco se libra únicamente en las urnas. La derecha construye comunidades, referentes y sentidos comunes a través de las redes digitales y de una presencia territorial persistente. No alcanza con exhibir resultados de gestión: es necesario disputar cómo se interpreta la realidad y quiénes son responsables de sus injusticias.

La lección de Lula para América Latina es contundente: cuando la izquierda administra lo posible sin ampliar sus límites, la derecha puede apropiarse del deseo de cambio. La respuesta no es abandonar las reformas sociales ni imitar la agenda conservadora, sino confrontar los intereses económicos que bloquean las transformaciones.

Salarios dignos, servicios públicos de calidad, protección frente al endeudamiento y derechos colectivos deben convertirse en una experiencia concreta de mejora de la vida.

El desafío es transformar el malestar en organización popular y esperanza política. Porque no basta con demostrar que el ajuste perjudica a las mayorías: hay que construir una alternativa capaz de cambiar las condiciones que reproducen ese malestar.

"Lula Lá" (cuyo título original es "Sem medo de ser feliz") es una consigna y un jingle creado para la campaña presidencial de Brasil de 1989, lo sabemos, pero nada la ha superado como visión ni como deseo colectivo. No es casual.

La mayor virtud del artículo es que no reduce el avance de la extrema derecha a un fenómeno electoral ni a las características personales de Bolsonaro. Identifica una coalición social con intereses materiales concretos: sectores empresariales que buscan reducir costos laborales, capitales interesados en las privatizaciones, acreedores que priorizan el ajuste fiscal y grupos conservadores que pretenden restringir derechos.
Sin embargo, hay una cuestión estratégica que merece profundizarse: la unidad electoral contra la extrema derecha es necesaria, pero no garantiza por sí misma una alternativa popular duradera.
Si el lulismo logra contener a Bolsonaro sin modificar las condiciones materiales que alimentan el malestar social —endeudamiento familiar, precarización laboral, insuficiencia de los ingresos y desigualdad—, la derecha conservará buena parte de su base social. El rechazo a la extrema derecha necesita traducirse también en mejoras concretas para la clase trabajadora.
Aquí aparece la contradicción central: para derrotar al bolsonarismo se necesita una alianza amplia, pero para desarmar sus bases sociales hace falta una política que dispute los intereses económicos y las ideas que lo sostienen. No alcanza con defender las instituciones si amplios sectores populares no encuentran en ellas respuestas a sus necesidades.
Cerrar filas no significa suspender la crítica ni subordinar indefinidamente a los trabajadores a los límites del gobierno de Lula. Significa construir la unidad necesaria para derrotar a la reacción, preservando al mismo tiempo la autonomía política y la capacidad de organización de las clases populares.