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El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el éxito de su partido en los comicios legislativos y estatales, coloca contra las cuerdas a la izquierda brasileña. La sociedad civil progresista ya se ha sumado a la campaña de Lula para revertir el resultado en el balotaje. Lula contra el tsunami conservador: cuando ganar elecciones no alca.

El desafío de Lula va mucho más allá de derrotar electoralmente al bolsonarismo. La derecha brasileña construyó una base social que combina poder económico, agronegocio, iglesias evangélicas y malestar popular. El problema del progresismo es cómo transformar los avances de la gestión en mejoras concretas para las mayorías, sin quedar atrapado en las restricciones de un Congreso conservador y los compromisos con el poder económico.

El fenómeno conservador brasileño no puede reducirse a Bolsonaro ni a una disputa entre liderazgos. Detrás de esa corriente convergen intereses empresariales, estructuras religiosas, redes digitales y sectores sociales golpeados por la precarización, que encuentran en la derecha una representación política de sus temores, expectativas y frustraciones.

La contradicción es evidente: una economía puede exhibir indicadores favorables mientras millones de personas continúan agobiadas por las deudas, el costo de vida y la incertidumbre laboral. Cuando la mejora macroeconómica no se traduce en seguridad material, el oficialismo pierde capacidad para convertir sus resultados en legitimidad social.

Aquí aparece el límite estratégico del lulismo. La negociación parlamentaria puede garantizar gobernabilidad, pero también restringe las transformaciones que afectan intereses económicos consolidados. Administrar el Estado no equivale necesariamente a modificar las relaciones de fuerza que organizan la sociedad.

La derecha, mientras tanto, disputa algo más profundo que los votos: construye sentidos comunes, organiza territorios y convierte problemas individuales en explicaciones políticas. Su eficacia reside, en parte, en presentar las desigualdades como fracasos personales y ofrecer respuestas conservadoras a un malestar que tiene raíces sociales.

La experiencia brasileña interpela también a la Argentina de Milei. En ambos casos, la cuestión no consiste solamente en quién gana las elecciones, sino en qué intereses sociales logra representar, qué expectativas consigue movilizar y qué condiciones materiales ofrece a las mayorías.

El desafío de Lula es convertir la defensa de la democracia en una experiencia concreta de derechos, ingresos y seguridad económica. Porque una victoria electoral puede detener temporalmente a la derecha, pero no desarma por sí sola las bases materiales y culturales que alimentan su crecimiento. La disputa decisiva sigue siendo quién consigue interpretar el malestar social y organizarlo en un proyecto colectivo.

El resultado del primer turno brasileño no expresa solamente una competencia entre Lula y Flávio Bolsonaro. Expone una fractura productiva, territorial, social, cultural y subjetiva mucho más profunda. El lulismo conserva una extraordinaria fortaleza popular en el Nordeste y en sectores subalternos, pero el bolsonarismo construyó una identidad política capaz de atravesar clases, territorios y generaciones.

La ultraderecha controla además espacios decisivos del Congreso, gobiernos estaduales, redes religiosas, territorios económicos y buena parte de la disputa digital. Lula aún puede ganar el 25 de octubre.

Pero la verdadera batalla por Brasil comenzará al día siguiente, tal como señalara Cristina Kirchner, aún ganando los gobiernos popular democráticos reciben un 25% del poder real y lo advirtió hace más de una década, ese porcentaje hoy debiera se revisado y a la baja.

Los primeros resultados oficiales de las elecciones en Brasil comenzarán a conocerse a partir de las 17:00 (hora de Brasilia y de la Argentina), una vez cerradas las urnas. 

Cierre de urnas: Las mesas de votación operan de 08:00 a 17:00 de forma simultánea. 

Publicación de datos: El Tribunal Superior Electoral (TSE) inicia la difusión de los primeros boletines parciales apenas finaliza el sufragio. 

Diferencia horaria: Al encontrarnos en Argentina, no hay diferencia horaria con el huso principal de Brasilia, por lo que los datos se siguen en el mismo horario. 

Todo dato electoral que circule antes y por fuera del escrutinio oficial no debe ser tomado en cuenta.

En el inicio Nodal en su canal de Youtube desarrolla una transmisión colaborativa en directo con teleSUR, Alba Movimientos y Brasil de Fato.

Las elecciones brasileñas no se reducen a la disputa entre Lula y el apellido Bolsonaro. Detrás de las urnas existe una estructura de poder en la que el agronegocio, el capital financiero, las iglesias evangélicas, el Congreso conservador y las nuevas formas de precarización social han convertido al bolsonarismo en algo mucho más profundo que una candidatura. Lula puede conservar el gobierno, pero el verdadero desafío será recuperar para las mayorías populares la capacidad de disputar el sentido económico, social y político del futuro brasileño y esa disputa contiene pero excede la dimensión electoral.

De darse, la continuidad de Lula abre una nueva etapa política en Brasil, pero también vuelve a poner sobre la mesa la contradicción central del lulismo: mejorar las condiciones de vida de las mayorías sin alterar las estructuras de poder que garantizan la reproducción del capital. El desafío no es sólo derrotar electoralmente a la derecha, sino avanzar sobre la concentración económica, el poder financiero y la apropiación privada del excedente. El problema no es solamente si gobierna una derecha brutal como Milei o una centroizquierda como Lula. La cuestión estructural es qué clase controla las palancas fundamentales de la economía.

La diferencia política es enorme —y sería un error equiparar ambos proyectos—, pero existe una cuestión común: cuando el capital conserva el control sobre inversión, crédito, tierra, comercio exterior y recursos estratégicos, el margen de transformación de un gobierno popular queda condicionado.

En Brasil, además, esa estructura tiene una dimensión imperialista/subimperialista particular: una enorme burguesía nacional, un agronegocio extremadamente concentrado, grandes bancos, minería, petróleo y una industria con peso regional. No estamos frente a una economía periférica simple.

Por eso el segundo mandato de Lula debería evaluarse menos por el discurso electoral y más por qué ocurre con la propiedad, la inversión, la distribución del excedente y el poder de negociación de la clase trabajadora.

Y allí aparece la pregunta que Roberts deja abierta y que, desde una perspectiva marxista, resulta inevitable:

¿Puede el lulismo administrar el capitalismo brasileño durante otros cuatro años sin terminar subordinando nuevamente las necesidades populares a las exigencias de la acumulación?

La doble cita electoral en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha supuesto un duro golpe para el gobierno del canciller demócrata-cristiano Friedrich Merz, consolidando una profunda polarización en el país. Rusia concluyó sus primeras elecciones parlamentarias para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.

En Rusia el partido oficialista del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, se perfiló nuevamente como el claro ganador en un proceso marcado - como ya es parte del folclore occidental - por denuncias internacionales de irregularidades, podios vacíos y la inhabilitación sistemática de la oposición real (como el partido liberal Yábloko). Belive it or not.

En el inicio el streaming «DEMOLIENDO MITOS». El Dr. Ezequiel Bistoletti en charla con el analista español Juan Antonio Aguilar sobre ambas elecciones.

Las elecciones rusas transcurren bajo una fuerte continuidad política y en un contexto económico cada vez más condicionado por la guerra. El problema que plantea Michael Roberts no es solamente quién obtiene los votos, sino qué capacidad tiene el sistema para producir una salida al estancamiento económico, la dependencia de una economía de guerra y el conflicto prolongado con Ucrania. Detrás de la estabilidad política aparece una contradicción: mientras el Estado puede sostener el esfuerzo bélico mediante el gasto público y la movilización de recursos, la economía civil enfrenta límites crecientes y una perspectiva de bajo crecimiento. La guerra, lejos de ser una variable externa, se convierte así en un componente estructural del funcionamiento económico y político ruso.

La cuestión central es la relación entre estabilidad política y estancamiento económico: una estabilidad que puede sostenerse mientras continúe la capacidad estatal para financiar la guerra, pero que enfrenta tensiones cuando ese mecanismo deja de traducirse en mejoras materiales para la población.

Lo más significativo del escenario brasileño es que la disputa electoral vuelve a concentrar una contradicción estructural de la política latinoamericana: la tensión entre la democracia electoral y el poder económico, mediático, judicial y financiero que condiciona sus resultados.

La elección del 4 de octubre no aparece, por lo tanto, como una simple repetición de 2022. Lula llega buscando un nuevo mandato, mientras el campo bolsonarista intenta reorganizarse alrededor de Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central aunque no sea el candidato presidencial. Las mediciones publicadas durante septiembre muestran una competencia estrecha y un escenario abierto.

Pero hay un elemento nuevo: la crisis ya no está solamente dentro de la sociedad brasileña; también atraviesa a las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto político.

La fractura expuesta dentro del Supremo Tribunal Federal alrededor del caso Banco Master es particularmente significativa. La sesión del 15 de septiembre terminó suspendida después de un enfrentamiento entre magistrados y un pedido de vista de Flávio Dino. El debate involucra acusaciones sobre los vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, aunque esas acusaciones están siendo objeto de disputa y no equivalen por sí mismas a una comprobación judicial de corrupción.

La cuestión política es otra: por primera vez en mucho tiempo, el propio Supremo aparece como escenario visible de la lucha electoral.

Eso modifica la relación entre justicia y política que Brasil arrastra desde el ciclo del impeachment de Dilma Rousseff, Lava Jato, la prisión de Lula y el posterior retorno del dirigente del PT a la Presidencia. El Poder Judicial dejó de ser un actor externo al conflicto político: se convirtió en uno de sus territorios centrales.

Desde una perspectiva de clase, esto permite observar algo más profundo. La crisis brasileña no se explica solamente por la polarización ideológica entre izquierda y derecha. También expresa la disputa por quién controla los mecanismos institucionales capaces de proteger o limitar determinados intereses económicos.

El escándalo Banco Master vuelve a poner en escena precisamente esa zona de contacto entre capital financiero, sistema político, justicia y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la derecha intenta convertir la crisis institucional en un instrumento electoral contra Lula y contra los sectores del Supremo identificados con la defensa del orden constitucional frente al bolsonarismo.

Por eso las próximas semanas serán particularmente sensibles. No está en juego únicamente quién ocupará el Palacio del Planalto. También está en disputa qué tipo de equilibrio institucional emergerá después de las elecciones.

La experiencia de 2022 sigue funcionando como antecedente. El bolsonarismo no desapareció con la derrota de Jair Bolsonaro. La invasión de los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 demostró hasta qué punto una parte de la derecha brasileña estaba dispuesta a desconocer el resultado electoral y tensionar los límites institucionales.

Ahora la confrontación adopta formas diferentes. La batalla se desplaza hacia las instituciones, las investigaciones judiciales, los medios, las redes sociales y la construcción de legitimidad antes de las urnas.

Brasil vuelve a convertirse así en un laboratorio político continental. Lo que ocurra en octubre tendrá consecuencias que excederán ampliamente sus fronteras: afectará la relación de fuerzas entre los gobiernos progresistas y las derechas latinoamericanas, el papel de Brasil en la integración regional y el equilibrio político de América del Sur.

La elección será, en ese sentido, mucho más que una competencia entre candidatos. Será una disputa por el sentido de la democracia brasileña después de una década de crisis, judicialización de la política, ascenso de la extrema derecha y creciente poder del capital financiero.

El artículo de Jacobin plantea una tesis muy potente: el problema de la extrema derecha alemana no se resuelve apelando abstractamente a la “defensa de la democracia”, porque la propia crisis de representación de los partidos tradicionales está alimentando electoralmente a la AfD.

En Sajonia-Anhalt, la AfD obtuvo 43,8%, mientras la participación alcanzó un récord del 76%. Lo decisivo, según Thomas Zimmermann, es que una parte enorme de quienes habitualmente no votaban volvió a las urnas y la mayoría de esos nuevos votantes se inclinó por la extrema derecha. Es decir, la AfD no sólo conserva un electorado movilizado: está logrando incorporar a sectores políticamente desenganchados.

Ahí aparece la cuestión de clase. La derecha radical está consiguiendo transformar malestar social, desconfianza institucional y frustración con el statu quo en energía política. Mientras tanto, los partidos tradicionales ofrecen variantes de una misma administración del orden existente. La socialdemocracia ya no aparece como alternativa social; la izquierda no logra articular un horizonte de transformación; y los Verdes, la CDU y el resto del sistema terminan disputando fundamentalmente los términos de la gestión.

Por eso la idea central del artículo puede formularse así: la extrema derecha no crece solamente porque exista una derecha radicalizada; crece porque consigue ocupar el espacio político abandonado por una izquierda incapaz de representar las demandas materiales y las expectativas de futuro de las mayorías populares.

Y esto tiene una traducción argentina particularmente interesante. El fenómeno puede pensarse en relación con Milei: no basta explicar su ascenso por “engaño”, manipulación mediática o derechización cultural. Una parte fundamental de su eficacia política reside en haber convertido el rechazo al orden existente en una identidad política, incluso cuando las soluciones que propone terminan perjudicando materialmente a sectores que constituyen parte de su base electoral.

La enseñanza estratégica de Jacobin es entonces importante: la izquierda no puede derrotar a la derecha radical defendiendo simplemente el statu quo en nombre de la democracia. Necesita disputar el mismo terreno que la extrema derecha está conquistando: trabajadores precarizados, sectores populares, jóvenes, no votantes, desencantados y quienes sienten que la política institucional dejó de ofrecerles un futuro.

En términos gramscianos, el problema no es sólo electoral sino hegemónico. La AfD está intentando convertir el malestar social en sentido común reaccionario. La respuesta no puede consistir exclusivamente en aislarla institucionalmente: requiere construir otra interpretación del malestar y, sobre todo, otra perspectiva de futuro.

La frase que sintetiza el artículo podría ser:

La derecha radical gana cuando consigue movilizar a quienes la izquierda dejó de convocar.

Y ahí hay un puente muy fértil con Argentina: Milei y la AfD expresan modalidades distintas de una misma crisis de representación de las democracias occidentales, aunque sus contextos históricos y programas económicos no sean equivalentes. La pregunta decisiva para el campo popular no es solamente cómo frenar a la extrema derecha, sino cómo recuperar políticamente a las mayorías que dejaron de creer que la democracia puede transformar sus condiciones materiales de existencia. Los llamados a "defender la democracia" no la detendran, un sucedáneo del obsoleto "cordón sanitario" traducido como "frente anti MIlei", tampoco.

Sajonia-Anhalt, una región de dos millones de habitantes situada en el este de Alemania, renovaba este domingo su Parlamento regional. Según las primeras proyecciones publicadas a las 18:00, Alternativa para Alemania (AfD, ESN) aún tiene posibilidades de gobernar la región. AfD roza la mayoría absoluta y depende del apoyo del partido de la izquierda nacionalista BSW para asumir el poder. Los democristianos del canciller Friedrich Merz se desploman y pasan de 40 a 16 diputados.