Setiembre

De la desaparición y exterminio de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 al intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022, la historia argentina vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro de la escena: ¿qué sucede cuando el adversario político deja de ser concebido como un sujeto de derechos y comienza a ser pensado como un obstáculo que debe ser eliminado? La Noche de los Lápices y el atentado contra Cristina no son episodios equivalentes ni responden al mismo contexto histórico, pero pueden leerse dentro de una problemática común: la violencia como instrumento para clausurar la disputa política. En 1976, esa lógica fue llevada hasta el extremo por el terrorismo de Estado y la desaparición física. En 2022, el intento de asesinato de la principal dirigente de la oposición mostró que la violencia política podía volver a alcanzar el cuerpo de un adversario como forma extrema de supresión. Entre ambos acontecimientos se abre una cuestión que excede la memoria: qué condiciones sociales, políticas y culturales permiten que el adversario vuelva a ser construido como un enemigo cuya eliminación aparece como posible.

Brasil : elecciones, poder y una democracia bajo tensión

Lo más significativo del escenario brasileño es que la disputa electoral vuelve a concentrar una contradicción estructural de la política latinoamericana: la tensión entre la democracia electoral y el poder económico, mediático, judicial y financiero que condiciona sus resultados.

La elección del 4 de octubre no aparece, por lo tanto, como una simple repetición de 2022. Lula llega buscando un nuevo mandato, mientras el campo bolsonarista intenta reorganizarse alrededor de Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central aunque no sea el candidato presidencial. Las mediciones publicadas durante septiembre muestran una competencia estrecha y un escenario abierto.

Pero hay un elemento nuevo: la crisis ya no está solamente dentro de la sociedad brasileña; también atraviesa a las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto político.

La fractura expuesta dentro del Supremo Tribunal Federal alrededor del caso Banco Master es particularmente significativa. La sesión del 15 de septiembre terminó suspendida después de un enfrentamiento entre magistrados y un pedido de vista de Flávio Dino. El debate involucra acusaciones sobre los vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, aunque esas acusaciones están siendo objeto de disputa y no equivalen por sí mismas a una comprobación judicial de corrupción.

La cuestión política es otra: por primera vez en mucho tiempo, el propio Supremo aparece como escenario visible de la lucha electoral.

Eso modifica la relación entre justicia y política que Brasil arrastra desde el ciclo del impeachment de Dilma Rousseff, Lava Jato, la prisión de Lula y el posterior retorno del dirigente del PT a la Presidencia. El Poder Judicial dejó de ser un actor externo al conflicto político: se convirtió en uno de sus territorios centrales.

Desde una perspectiva de clase, esto permite observar algo más profundo. La crisis brasileña no se explica solamente por la polarización ideológica entre izquierda y derecha. También expresa la disputa por quién controla los mecanismos institucionales capaces de proteger o limitar determinados intereses económicos.

El escándalo Banco Master vuelve a poner en escena precisamente esa zona de contacto entre capital financiero, sistema político, justicia y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la derecha intenta convertir la crisis institucional en un instrumento electoral contra Lula y contra los sectores del Supremo identificados con la defensa del orden constitucional frente al bolsonarismo.

Por eso las próximas semanas serán particularmente sensibles. No está en juego únicamente quién ocupará el Palacio del Planalto. También está en disputa qué tipo de equilibrio institucional emergerá después de las elecciones.

La experiencia de 2022 sigue funcionando como antecedente. El bolsonarismo no desapareció con la derrota de Jair Bolsonaro. La invasión de los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 demostró hasta qué punto una parte de la derecha brasileña estaba dispuesta a desconocer el resultado electoral y tensionar los límites institucionales.

Ahora la confrontación adopta formas diferentes. La batalla se desplaza hacia las instituciones, las investigaciones judiciales, los medios, las redes sociales y la construcción de legitimidad antes de las urnas.

Brasil vuelve a convertirse así en un laboratorio político continental. Lo que ocurra en octubre tendrá consecuencias que excederán ampliamente sus fronteras: afectará la relación de fuerzas entre los gobiernos progresistas y las derechas latinoamericanas, el papel de Brasil en la integración regional y el equilibrio político de América del Sur.

La elección será, en ese sentido, mucho más que una competencia entre candidatos. Será una disputa por el sentido de la democracia brasileña después de una década de crisis, judicialización de la política, ascenso de la extrema derecha y creciente poder del capital financiero.

China: desafía las categorías del marxismo

La conferencia anual de la International Initiative for the Promotion of Political Economy (IIPPE), realizada en Lisboa, tuvo este año un eje particularmente significativo: “Capitalism Moving Beyond Neoliberalism: Crises, Changes, and What Comes Next”. La pregunta que atraviesa buena parte de los debates es precisamente qué viene después del neoliberalismo y, más profundamente, si las categorías económicas heredadas del siglo XX alcanzan para explicar el capitalismo realmente existente.

Uno de los debates más interesantes giró alrededor de China. La formulación provocadora del panel fue directa: “China no es capitalista”.

Roberts sostiene que la Revolución de 1949 produjo una ruptura cualitativa con el capitalismo. La nacionalización de la tierra, la industria y las finanzas, junto con la planificación centralizada, configuraron un sistema que no podía ser definido como capitalista. Las reformas iniciadas por Deng Xiaoping desde 1978 modificaron radicalmente esa estructura: expansión del sector privado, mercados, inversión extranjera y una creciente integración con la economía mundial. Pero, sostiene Roberts, esa transformación no significó simplemente el retorno al capitalismo.

El resultado sería una formación económica híbrida, en la que el mercado y la ley del valor siguen funcionando, existen empresas privadas, capitalistas y multimillonarios, pero el Estado mantiene el control de los principales instrumentos económicos y financieros.

Ahí aparece el núcleo del problema.

Para Roberts, China tampoco puede ser considerada socialista en sentido marxista estricto. Subsisten el dinero, los salarios, las ganancias, el mercado y profundas desigualdades de ingreso y riqueza. Por eso propone caracterizarla como una economía en transición, en la que la cuestión decisiva es quién controla los medios de producción y hacia dónde se orienta el excedente social.

La discusión adquiere particular relevancia porque rompe con una identificación frecuente: mercado igual a capitalismo. Para Roberts, esa equivalencia es insuficiente. Lo decisivo no es solamente la existencia de empresas privadas o trabajadores asalariados, sino la estructura de propiedad y, sobre todo, quién posee capacidad efectiva para orientar la acumulación.

Su argumento es que China conserva un peso extraordinario de la propiedad y la inversión pública. Roberts señala que alrededor de dos tercios de las cien empresas chinas más grandes son estatales o están bajo control estatal. Desde esta perspectiva, la presencia de capital privado no determina por sí misma el carácter global de la formación económica.

Otros participantes del panel fueron incluso más optimistas. Torkil Lauesen sostuvo que China no es socialista todavía, pero podría avanzar hacia el socialismo. Mick Dunford propuso interpretar la experiencia china como una trayectoria diferenciada respecto de la transición clásica al capitalismo, mientras que Dic Lo planteó la cuestión en términos de una posible culminación de la construcción de las condiciones materiales necesarias para una futura sociedad socialista.

Pero también aparecieron objeciones. Algunos participantes cuestionaron que China pudiera ser sustraída de la categoría capitalista cuando la mayoría de sus trabajadores está empleada en empresas que operan bajo relaciones de mercado. Otros plantearon una caracterización alternativa: capitalismo de Estado, donde el Estado administra el excedente en beneficio de una elite.

Aquí reside precisamente la riqueza política del debate: no existe una conclusión consensuada sobre qué es China.

La discusión tampoco puede separarse de la posición de China en el sistema mundial. Roberts reconoce que las inversiones chinas en el Sur Global persiguen recursos estratégicos y pueden generar relaciones de explotación. Pero sostiene que la extracción de excedente desde esas economías hacia China es muy inferior a la transferencia de valor que históricamente se produce desde China y el Sur Global hacia las economías occidentales. También diferencia el financiamiento chino de infraestructura de las condiciones asociadas a instituciones como el FMI y el Banco Mundial.

La cuestión, entonces, no consiste simplemente en decidir si China es “buena” o “mala”, socialista o capitalista. La pregunta verdaderamente marxista es qué relaciones sociales organizan la producción, quién controla el excedente y cuál es la dirección histórica de esa estructura.

Y allí aparece una cuestión estratégica de enorme importancia.

Si China fuese simplemente otra economía capitalista, su ascenso podría interpretarse como un desplazamiento del centro imperialista dentro de las mismas reglas del sistema. Si, en cambio, se trata de una formación transicional basada en una combinación contradictoria de mercado, planificación y propiedad pública, su evolución podría modificar las relaciones de fuerza del capitalismo mundial.

Roberts introduce incluso una advertencia: esa transición no está garantizada. China podría avanzar hacia una profundización socialista, pero también podría terminar consolidando una estructura capitalista. El desenlace dependerá de la relación entre Estado, capital y trabajo dentro de China y de la evolución de la crisis del capitalismo mundial.

Por eso el debate de IIPPE resulta más importante que la discusión terminológica. China no puede comprenderse desde categorías congeladas. Su experiencia plantea una pregunta que excede ampliamente sus fronteras: en un mundo atravesado por crisis recurrentes, endeudamiento, guerra económica, desigualdad y agotamiento del neoliberalismo, ¿puede existir una vía de desarrollo en la que el Estado conserve capacidad para subordinar parcialmente la rentabilidad privada a objetivos de acumulación, desarrollo tecnológico e infraestructura?

La respuesta todavía está abierta.

Pero justamente por eso China constituye uno de los grandes laboratorios históricos del siglo XXI: no una sociedad socialista realizada, tampoco simplemente una reproducción del capitalismo occidental, sino una formación contradictoria cuyo desenlace puede incidir sobre el futuro del sistema mundial.

Vialidad: una nueva prueba pone en jaque el corazón de la condena contra Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó un informe surgido de un testigo de la fiscalía en la causa Cuadernos que, según sus abogados, contradice uno de los fundamentos centrales de la sentencia. Entre 2009 y 2015 se ejecutaron más de US$2.000 millones en obras viales y menos del 1% habría correspondido a empresas de Lázaro Báez. El dato abre un nuevo frente judicial y será llevado también ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ajuste: the bitch always lands on the weakest

El dato más importante del Informe CEPA es que la estabilización macroeconómica de Milei convive con una contracción de la estructura productiva y laboral.

No se trata simplemente de decir que “hay menos empleo”. El informe permite observar una transferencia de poder económico: se debilita el tejido de empresas pequeñas y medianas, se contrae especialmente la industria y la construcción, y simultáneamente las grandes empresas también reducen empleo pero conservan una posición relativa mucho más fuerte.

El resultado es una economía con menor densidad productiva, menor capacidad de generación de empleo formal y mayor presión hacia la informalidad. El propio CEPA señala que la caída del empleo registrado puede combinarse con el traslado de trabajadores hacia el sector informal.

Y hay un indicador especialmente revelador: el empleo registrado en casas particulares cayó en 28.651 personas. Es un segmento muy sensible al ingreso de los hogares. Cuando las familias dejan de poder pagar ese servicio, el ajuste aparece rápidamente allí.

En síntesis: el modelo Milei no sólo está ajustando el Estado; está reestructurando el mercado de trabajo y el aparato productivo. La pregunta política ya no es solamente cuánto bajó la inflación, sino qué estructura social y productiva está quedando después del ajuste.

IA: El punto central es quién controla su desarrollo, quién captura sus beneficios y quién asume sus costos sociales.

Trump convirtió una discusión compleja sobre poder, tecnología y regulación en otra batalla cultural. El 14 y 15 de septiembre calificó las advertencias sobre riesgos de la IA de “conspiración enfermiza” y de “hoax”, y afirmó que la única barrera de seguridad necesaria es “un presidente fuerte e inteligente”. La operación discursiva es clara: deja de discutirse qué controles democráticos requiere una tecnología disruptiva y se discute quién tiene autoridad para definir qué riesgos son reales. Esa autoridad, en su relato, recae en el poder presidencial y en el desarrollo empresarial acelerado.

Tranquila

Leer El Capital no es una tarea sencilla. La dificultad no reside solamente en la complejidad de Marx, sino también en la necesidad de abandonar ciertas formas habituales de pensar la sociedad. Marx no analiza el capitalismo como una realidad eterna ni como una simple suma de individuos, empresas y mercados: intenta reconstruir su lógica interna a partir de las relaciones que articulan el conjunto.

Por eso comienza con la mercancía, la forma elemental de la riqueza capitalista. No se trata de una elección arbitraria. La mercancía funciona como una suerte de célula económica en la que puede encontrarse, condensada, la lógica del organismo capitalista. Analizarla significa comenzar a descubrir cómo funciona el sistema en su totalidad.

La primera distinción fundamental es entre valor de uso y valor. Toda mercancía posee determinadas propiedades materiales que permiten satisfacer una necesidad. Un alimento, una vivienda, una herramienta o una máquina tienen una utilidad concreta. Ese valor de uso depende de las características físicas del objeto y de su relación con una necesidad humana.

Aquí aparece una cuestión particularmente actual: la naturaleza está presente desde el comienzo del análisis marxiano. El valor de uso no existe en el aire. Necesita de un cuerpo material, de materia y energía extraídas de la naturaleza. Sin embargo, cuando Marx avanza hacia el concepto de valor, esas propiedades concretas son progresivamente abstraídas.

El valor de cambio expresa una relación entre mercancías. Pero si mercancías completamente diferentes pueden intercambiarse en determinadas proporciones, debe existir algo común que permita compararlas. Ese elemento no puede ser una propiedad física: las mercancías son materialmente distintas. Tampoco puede ser su utilidad concreta.

Lo que queda es el trabajo humano abstracto. No importa ya si se trata del trabajo de un carpintero, un agricultor, un programador o un obrero industrial. Sus diferencias concretas desaparecen en la abstracción que permite comparar los productos como mercancías. El valor aparece así como una forma social específica del capitalismo.

Esta operación contiene una consecuencia ecológica de enorme importancia. Para llegar al valor, Marx abstrae las propiedades naturales y concretas de las mercancías. La naturaleza queda del lado del contenido material, mientras que el valor pertenece a una forma social históricamente determinada.

La contradicción es profunda: la producción capitalista necesita permanentemente de la naturaleza, pero la lógica del valor es indiferente a sus condiciones materiales. El mercado puede ponerle precio a un producto, pero el precio no expresa necesariamente el agotamiento del suelo, la destrucción de un ecosistema o el tiempo necesario para la reproducción de una especie.

De allí surge una de las claves de la lectura ecológica de Marx. El problema ambiental no puede reducirse a una cuestión técnica ni solucionarse simplemente mediante nuevas mercancías “verdes”. Si la producción continúa subordinada a la expansión del valor, la naturaleza seguirá siendo tratada como una condición externa, un recurso disponible para el proceso de valorización.

La distinción entre riqueza material y forma social de la riqueza permite comprender el problema. El aire, la tierra virgen o los bosques naturales pueden poseer un enorme valor de uso y, sin embargo, no tener valor en el sentido específicamente capitalista porque no son productos del trabajo humano. La paradoja es evidente: aquello que resulta indispensable para la reproducción de la vida puede carecer de valor económico mientras que una mercancía destructiva puede alcanzar un elevado precio.

Marx no desarrolla en esta primera sección una teoría ecológica completa. Esa reconstrucción será realizada posteriormente por autores como Paul Burkett, John Bellamy Foster o Kohei Saito, a partir de distintos pasajes de su obra. Pero el método ya contiene una pista decisiva: el metabolismo entre sociedad y naturaleza no puede comprenderse al margen de las relaciones sociales que organizan la producción.

Por eso resulta insuficiente reducir la teoría marxiana a la fórmula “el trabajo crea valor”. El aporte fundamental de Marx está en mostrar que el valor no es una propiedad natural de las cosas. Es una forma social históricamente determinada, propia de una sociedad donde la producción generalizada de mercancías organiza el intercambio y la reproducción económica.

La cuestión adquiere una actualidad extraordinaria. En el capitalismo contemporáneo, prácticamente todo puede convertirse en mercancía: la tierra, el agua, los alimentos, la energía, el conocimiento e incluso aspectos crecientes de la reproducción de la vida. La expansión del valor tiende a subordinar el contenido material de la riqueza a una lógica abstracta de valorización.

Leer lentamente El Capital, entonces, no significa detenerse en una obra del siglo XIX para encontrar respuestas mecánicas al presente. Significa reconstruir las categorías capaces de explicar por qué una sociedad que dispone de una capacidad productiva extraordinaria puede, al mismo tiempo, destruir las condiciones naturales de su propia existencia.

La mercancía es apenas el comienzo. Pero en esa pequeña célula ya aparece una contradicción gigantesca: la riqueza capitalista necesita de la naturaleza para existir, mientras que la lógica del valor puede tratarla como si fuera infinita e indiferente.

Y quizás allí se encuentre una de las razones por las que todavía vale la pena leer a Marx lentamente.

Malvinas: De la tragedia a la farsa

Mientras Milei vuelve a levantar la bandera de Malvinas, Trump tensiona la relación con Londres y algunos dirigentes del gobierno genocida israelí reclaman reconocer la soberanía argentina.

La coyuntura parece abrir una oportunidad diplomática, pero también una contradicción incómoda: ¿hasta dónde llega el soberanismo de un Gobierno que reivindica las islas mientras profundiza la apertura de los recursos estratégicos al capital transnacional también en las islas? En la apertura Jorge Elbaum analiza la paradoja de un gobierno de entrega que reclama soberanía, y lo hace en un marco geopolítico donde es apenas una pieza de descarte.

Tres casos de intento de desalojo de comunidades indígenas y campesinas en Peñas Negras (Catamarca), San Pedro (Misiones) y Lof Melo (Villa La Angostura)

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?

El posibilismo es un sueño eterno: cuando la “responsabilidad” se convierte en defensa del orden

El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.

El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?

El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.

Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.

Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.

Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.

Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.

La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.

Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.

La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.

¿Dime Grok, soy bueno? ( y …depende)

"A mil días de gobierno (asumió el 10 de diciembre de 2023), el balance es mixto y muy polarizado.

Lo que mejoró de forma clara
Inflación: Recibió 211,4% anual en 2023. En 2024 cerró en 117,8% y en 2025 en 31,5%. En agosto de 2026 el dato mensual fue 1,7%, el más bajo para ese mes en casi una década. Sigue alta para estándares internacionales (~30-34% interanual), pero el descenso es el dato más sólido de la gestión.
Pobreza: Pegó un pico brutal en el primer semestre de 2024 (52,9%) por la devaluación y el ajuste. Después bajó. El último dato oficial (segundo semestre 2025) la ubica en 28,2%. Milei dice que sacó a 14 millones de personas de la pobreza midiendo desde ese pico. Contra fines de 2023 la caída es menor (unos 6 millones). El dato del primer semestre 2026 sale el 24 de septiembre.
Cuentas públicas: Superávit fiscal primario sostenido. El Estado dejó de emitir para cubrir el rojo.
Riesgo país y dólar: El riesgo país bajó de más de 1.900 puntos a alrededor de 500. El tipo de cambio está más estable que en 2023-2024.
Exportaciones e inversión: Récords de exportaciones, boom en energía y minería, y el RIGI atrayendo proyectos (el gobierno habla de decenas de miles de millones de dólares aprobados o en pipeline).

El costo
Salarios: Los registrados privados siguen por debajo del nivel de noviembre 2023 (caídas reales de entre 3% y 8% según el recorte). El salario mínimo perdió alrededor del 40% de poder adquisitivo. El sector público nacional está bastante más atrás.
Empleo: Se perdieron cientos de miles de puestos formales (las cifras van de 300.000 a más de 400.000 según la fuente). Subió la informalidad (alrededor del 44%). El desempleo abierto está en 7,8%. La industria y la construcción siguen flojas.
Actividad: 2025 creció 4,4%. Para 2026 las proyecciones bajaron a menos del 2% (algunas consultoras hablan de 1,5-2%). El crecimiento está concentrado en agro, energía y minería; no llega parejo al mercado interno.
Imagen: La aprobación de Milei ronda el 35-40% y la desaprobación el 58-62% en las encuestas recientes. Las principales quejas de la gente son falta de trabajo, salarios bajos y, en menor medida, corrupción.

Como se se lee según el lente
Quienes lo defienden dicen que heredó una economía al borde del descontrol (inflación de tres dígitos, déficit, reservas negativas) y que el ajuste era inevitable. Destacan que, a diferencia de otros intentos, esta vez el equilibrio fiscal se sostuvo y la inflación no volvió a dispararse.

Quienes lo critican dicen que el “éxito” macro se pagó con un ajuste recesivo que recortó ingresos, empleo formal y consumo, y que el crecimiento no es generalizado. También apuntan al estilo confrontativo, a escándalos (el caso Adorni fue el que más desgaste generó) y a que parte del alivio social viene de comparar contra el peor momento de 2024, no contra 2023.

En resumen: en inflación, déficit y riesgo país el cambio es grande y medible. En salarios, empleo formal y sensación cotidiana de mucha gente, el balance es negativo o, como mínimo, incompleto. “Bueno” o “malo” termina dependiendo de si priorizás la estabilización macro o el costo social inmediato, y de cómo evolucionen 2026-2027. El próximo dato de pobreza y las elecciones de 2027 van a pesar más que cualquier discurso." Con cariño tío Grok😏

El 11-S bajo sospecha: Las preguntas que Washington nunca quiso responder

Veinticinco años después, el 11-S vuelve a ocupar un lugar incómodo en la política estadounidense. No porque hayan aparecido pruebas concluyentes que permitan afirmar que los atentados fueron organizados por el propio gobierno norteamericano —esa afirmación sigue sin estar demostrada— sino porque comienza a resultar cada vez más difícil sostener que la historia del 11-S puede reducirse a la narración simple de un ataque exterior que tomó completamente por sorpresa al aparato de seguridad más poderoso del planeta.

Tucker Carlson es uno de los protagonistas más visibles de este cambio. Lo significativo no es solamente lo que afirma actualmente, sino el reconocimiento de que él mismo se equivocó al descalificar durante años las preguntas de quienes cuestionaban determinados aspectos de la versión oficial. En The 9/11 Files, Carlson vuelve sobre aquellas preguntas y desplaza el centro de gravedad de la discusión: ya no se trata necesariamente de quién «derribó las Torres», sino de qué sabía el aparato de inteligencia estadounidense antes del atentado, qué información circulaba entre sus agencias y por qué determinadas señales no fueron convertidas en acciones preventivas.

Ese desplazamiento es políticamente mucho más importante que cualquier teoría conspirativa.

Hoy sabemos que existieron advertencias previas. Y las nuevas desclasificaciones de la CIA conocidas en estos días vuelven a poner el problema sobre la mesa: documentos de inteligencia muestran advertencias reiteradas sobre las intenciones de Osama bin Laden y Al Qaeda, incluida información que señalaba la posibilidad de ataques dentro de Estados Unidos. La cuestión, entonces, no es inventar retrospectivamente una conspiración, sino explicar por qué un Estado que disponía de información relevante no logró impedir el ataque.

Ahí aparece una diferencia fundamental entre una investigación crítica y una teoría conspirativa. Una cosa es demostrar que existieron fallas de inteligencia, disputas burocráticas, información compartimentada, advertencias ignoradas y posteriores operaciones de encubrimiento o clasificación documental. Otra, muy distinta, es convertir esos hechos en una prueba de que el gobierno estadounidense organizó deliberadamente los atentados. La primera cuestión posee abundante material documental. La segunda requiere pruebas que no han sido establecidas.

La misma cautela debe aplicarse a Israel.

Carlson ha avanzado hacia la hipótesis de que sectores israelíes pudieron haber tenido conocimiento previo de los atentados. Ha mencionado, entre otros elementos, a los ciudadanos israelíes detenidos después del 11-S y las investigaciones del FBI sobre posibles actividades de inteligencia. Pero incluso dentro del material presentado por el propio Carlson aparece una distinción decisiva: las investigaciones no demostraron que aquellos individuos conocieran anticipadamente los ataques.

Por eso resulta imprescindible separar conocimiento previo, espionaje, negligencia, encubrimiento, complicidad y autoría. Son categorías diferentes y no pueden convertirse unas en otras mediante inferencias políticas.

Lo que sí puede analizarse seriamente es algo mucho más amplio: qué actores estatales pudieron beneficiarse políticamente de las consecuencias del 11-S y cómo esas consecuencias transformaron la estructura del poder estadounidense.

El atentado permitió una extraordinaria expansión del aparato de seguridad: Patriot Act, vigilancia masiva, fortalecimiento de los organismos de inteligencia, guerras permanentes, tortura, Guantánamo, intervención en Afganistán e Irak y una expansión sin precedentes de la infraestructura securitaria. La propia historia posterior de la CIA incluye el escándalo de las torturas y la utilización de inteligencia defectuosa para justificar la invasión de Irak.

Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.

No hace falta demostrar que el Estado estadounidense organizó el 11-S para demostrar que el 11-S transformó profundamente al Estado estadounidense.

Y esa diferencia es crucial.

Carlson, desde la derecha nacionalista, está llegando a un territorio que durante décadas fue ocupado principalmente por la izquierda antiimperialista: la crítica al aparato de seguridad, al intervencionismo militar y a la utilización de amenazas externas para ampliar el poder estatal.

La paradoja es enorme. Una parte de la derecha que durante décadas defendió el poder militar estadounidense comienza ahora a preguntarse si ese mismo poder mintió, ocultó información o utilizó una tragedia para impulsar una agenda geopolítica previamente deseada.

El fenómeno también debe ser leído a la luz de los actuales alineamientos internacionales. La guerra de Gaza, el creciente cuestionamiento de la relación entre Washington e Israel y las guerras de Medio Oriente modificaron una parte del imaginario político de la derecha estadounidense. Carlson es uno de los ejemplos más visibles de ese desplazamiento. Investigaciones recientes señalan precisamente cómo su posición sobre Israel y el 11-S se fue modificando en paralelo con el creciente rechazo dentro de sectores conservadores estadounidenses al apoyo incondicional de Washington a Israel. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

Esto no convierte a Carlson en un analista de izquierda ni transforma automáticamente sus hipótesis en verdades. Pero sí revela una fractura dentro del campo político estadounidense.

La pregunta histórica ya no es solamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001.

Es también qué ocurrió después.

Quién ganó poder. Quién ganó contratos. Qué instituciones se expandieron. Qué libertades fueron restringidas. Qué guerras fueron justificadas. Qué información permaneció clasificada. Qué actores fueron protegidos. Y, sobre todo, cómo una tragedia que produjo un enorme trauma social fue convertida en una plataforma para una transformación radical del Estado y de la política exterior estadounidense.

Desde una perspectiva de poder, esa es una pregunta mucho más profunda que la obsesión por encontrar una «conspiración».

Porque incluso si mañana ninguna de las hipótesis más extremas de Carlson pudiera demostrarse, permanecería intacto el interrogante fundamental:

¿Cómo pudo el aparato de inteligencia más poderoso del mundo recibir durante años advertencias sobre la amenaza de Al Qaeda, no impedir el mayor atentado de su historia y, después, utilizar esa tragedia para construir un orden político, militar y securitario completamente nuevo?

Ese interrogante no pertenece al terreno de la conspiración.

Pertenece al terreno de la historia del poder. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

Gramsci contra el posibilismo: la hegemonía como estrategia para disputar el poder

El artículo “Un Gramsci para la estrategia” plantea una cuestión especialmente relevante para pensar la política contemporánea: recuperar a Gramsci no como un teórico de la cultura separado de la lucha de clases, sino como un pensador de la estrategia, del poder y de la construcción de una fuerza capaz de disputar el Estado. El texto insiste en que la hegemonía no puede reducirse a “ganar la batalla cultural”: implica construir un bloque social, conquistar posiciones, organizar a los sectores subalternos y, finalmente, disputar el poder estatal.

La distinción entre guerra de posiciones y guerra de movimientos resulta central. En las sociedades capitalistas occidentales, donde la sociedad civil posee una estructura institucional densa —partidos, sindicatos, medios, iglesias, asociaciones, universidades—, la transformación política no puede pensarse simplemente como asalto inmediato al Estado. La guerra de posiciones supone acumular fuerzas en ese entramado social, disputar el sentido común y construir organización. Pero Gramsci tampoco convierte esa estrategia en un reformismo permanente: la hegemonía es, en última instancia, una preparación para la conquista del poder.

Hay aquí una crítica implícita a una de las apropiaciones más difundidas de Gramsci: aquella que lo transforma en un simple teórico de la comunicación, de los discursos o de la “batalla cultural”. En el Gramsci estratégico, la cultura es una dimensión de la lucha por el poder, no su sustituto. La hegemonía combina consenso y coerción; de allí su célebre concepción del Estado integral como “sociedad política + sociedad civil”.

Otro aspecto particularmente fecundo es la noción de bloque histórico. El sujeto transformador no aparece dado de antemano. El proletariado no puede limitarse a representar sus intereses corporativos: necesita articularse con otras clases y fracciones subalternas —en el caso italiano, especialmente con el campesinado— y convertirse en fuerza dirigente de un nuevo bloque social. Esto permite pensar la política mucho más allá de una concepción mecánica de la relación entre estructura económica y conciencia de clase.

Y aquí aparece una cuestión muy actual para Argentina: la construcción de hegemonía exige transformar demandas dispersas en una voluntad política común. No alcanza con denunciar las consecuencias sociales del neoliberalismo ni con sumar electoralmente organizaciones preexistentes. La pregunta gramsciana es más exigente: ¿qué sujeto social puede articular a trabajadores formales e informales, sectores populares, capas medias empobrecidas, pequeños productores, jubilados y sectores de la economía popular en una nueva dirección política?

En ese sentido, el artículo permite discutir críticamente tanto al neoliberalismo como ciertas respuestas opositoras. Milei entendió que la política no se gana solamente administrando el Estado: hay que disputar previamente el sentido común. Su construcción política consiguió convertir determinadas categorías —“casta”, “libertad”, “Estado”, “mercado”, “déficit”— en organizadores ideológicos de una parte significativa de la sociedad. Una respuesta progresista o nacional-popular que se limite a administrar el Estado o a defender conquistas históricas sin reconstruir una nueva voluntad colectiva queda encerrada en una posición defensiva.

Pero existe también el peligro inverso: confundir hegemonía con marketing político. La hegemonía gramsciana no consiste en fabricar consensos desde arriba, sino en producir una articulación orgánica entre organización, experiencia social, conciencia y dirección política. Por eso el concepto de intelectual orgánico resulta fundamental: el intelectual no es un especialista exterior al pueblo que le explica qué debe pensar, sino alguien inserto en las luchas sociales, capaz de convertir experiencias fragmentarias en conciencia política.

La dimensión nacional también resulta decisiva. El artículo recupera una idea de Gramsci que suele quedar relegada: el internacionalismo no elimina la cuestión nacional. Una clase internacional debe “nacionalizarse” para poder dirigir a sectores sociales concretos. Esto tiene enorme importancia frente a un capitalismo globalizado y frente a las nuevas derechas internacionales. La lucha de clases se desarrolla dentro de Estados nacionales concretos, aunque el capital opere transnacionalmente.

Aplicado al presente argentino, esto conduce a una conclusión fuerte: la reconstrucción de una alternativa al mileísmo no puede ser solamente electoral ni tampoco una mera reunificación de las estructuras existentes. Necesita una estrategia de hegemonía: reconstruir organización popular, disputar el sentido común, producir un programa materialmente creíble y articular un bloque histórico capaz de transformar la correlación de fuerzas.

La gran actualidad de Gramsci reside precisamente allí. No se trata simplemente de ganar elecciones; se trata de construir las condiciones sociales, culturales y organizativas que hagan posible una nueva dirección de la sociedad. La política vuelve entonces a ser entendida en su sentido fuerte: lucha por la dirección intelectual y moral de un bloque social y, finalmente, lucha por el Estado.

La socialdemocracia partera de la ultraderecha

Suecia celebra hoy elecciones generales muy reñidas, en las que la ultraderecha podría acceder al gobierno por primera vez si los partidos de derecha logran la mayoría. Sin embargo, las encuestas muestran a la alianza de centroizquierda a la cabeza, con Magdalena Andersson, del Partido Socialdemócrata, como favorita para volver a ser primera ministra tras cuatro años en la oposición. No obstante, la ventaja de su bloque se ha reducido considerablemente en los últimos días de la campaña. El caso sueco revela una paradoja decisiva del capitalismo contemporáneo: la extrema derecha no surge necesariamente contra el Estado social, sino también de su desmantelamiento. Décadas de neoliberalización erosionaron la histórica alianza entre capital y trabajo que sostuvo al modelo sueco, dejando a sectores populares expuestos a la precarización y al deterioro de las certezas materiales. El vacío político fue ocupado por una derecha que transforma conflictos de clase en conflictos culturales y culpa a los inmigrantes por una crisis cuyas raíces están en la transformación neoliberal del capitalismo. El caso sueco funciona así como una advertencia más amplia: cuando la socialdemocracia abandona a la clase trabajadora, la derecha radical puede convertirse en la heredera política del descontento que la izquierda dejó de representar.

Los israelíes están mayoritariamente bajo la influencia de una ideología colonial

Israel vota el 27 de octubre en medio de una «guerra» que ya dejó miles de muertos en Gaza. Desde 1977 la derecha nacionalista gobierna el país con pocas interrupciones, mientras la corriente colonial mesiánica –minoritaria en votos pero cada vez más influyente– impuso su relato. Entre emigración, crisis de salud mental y una campaña calificada como la más sucia de la historia, no todo se reduce a que el incombustible Benjamin Netanyahu gane o pierda la contienda electoral.

Fragilidad económica, deuda y los límites del modelo actual

La economía argentina enfrenta una transformación que va mucho más allá de la baja de la inflación o del equilibrio fiscal. Como advierte Pablo Manzanelli, detrás de los datos oficiales aparecen una crisis de ingresos, desindustrialización, fuga de capitales y un endeudamiento creciente que vuelve a colocar al FMI en el centro de la escena. El modelo de Milei no sólo está modificando la distribución del ingreso: está reconfigurando la estructura productiva en favor de los sectores concentrados, con una economía cada vez más dependiente de la exportación de recursos naturales y del ingreso de dólares. La pregunta decisiva ya no es cuánto crece la economía, sino qué economía está creciendo, quién se apropia de ese crecimiento y quién paga sus costos.

Trump rearma el imperio y Milei entrega la periferia

Lapavitsas permite leer el momento actual del capitalismo mundial desde una perspectiva que va más allá de Trump como fenómeno político. Su tesis central es que Estados Unidos no está abandonando el imperialismo, sino reconfigurándolo frente al desgaste de su hegemonía. El dólar y el poder militar aparecen como dos dimensiones de una misma estructura de dominación: la coerción financiera, tecnológica y comercial se articula con la capacidad militar para sostener una posición de privilegio que ya no puede reproducirse exclusivamente mediante el consenso del viejo orden liberal. En este sentido, el trumpismo expresa una transformación del imperialismo norteamericano: menos universalismo liberal, más nacionalismo económico y una utilización mucho más explícita del poder estatal para defender los intereses estratégicos de Estados Unidos. Aranceles, sanciones, control tecnológico, presión sobre aliados, disputa por recursos estratégicos y despliegue militar no son políticas aisladas, sino instrumentos de una misma estrategia. La paradoja es que cuanto más se deterioran las condiciones que permitieron la hegemonía estadounidense posterior a 1945, mayor es la necesidad de recurrir a la coerción para preservarla. Desde una perspectiva gramsciana, podría decirse que cuando disminuye la capacidad de construir hegemonía mediante consenso aumenta el peso relativo de la coerción. Y esta transformación permite comprender mejor el papel de la Argentina de Milei. Trump busca reconstruir la primacía estadounidense desde el centro del sistema; Milei intenta insertar a la Argentina, desde la periferia, en esa nueva arquitectura de poder. No se trata simplemente de una política exterior alineada con Washington, sino de una concepción del desarrollo nacional subordinada a las necesidades estratégicas del capital y de Estados Unidos. Litio, petróleo, gas, Vaca Muerta, minerales críticos, infraestructura, alimentos y territorio adquieren así una dimensión geopolítica que excede ampliamente el intercambio comercial. La cuestión decisiva pasa a ser quién controla esos recursos, quién captura la renta y quién determina su destino estratégico. Allí aparece el problema de la soberanía. Si el nuevo imperialismo estadounidense combina dólar, tecnología, finanzas, energía y poder militar, una Argentina que ofrece sus recursos estratégicos y su política exterior a cambio de integración subordinada corre el riesgo de convertirse en una plataforma periférica de esa estrategia imperial. Por eso el fenómeno Milei no debería analizarse como una excentricidad ideológica ni solamente como una versión extrema del neoliberalismo: constituye también una respuesta periférica a la reorganización del capitalismo mundial. La paradoja histórica es contundente: mientras Estados Unidos procura recuperar margen de maniobra mediante un Estado más intervencionista y proteccionista, Milei propone precisamente lo contrario para la Argentina, desarmando capacidades estatales y entregando al mercado —y crecientemente al capital extranjero— áreas estratégicas. Trump intenta reconstruir el poder imperial desde el centro; Milei ofrece reorganizar la periferia en función de ese poder. En esa relación se encuentra una de las claves para comprender la actual disputa por los recursos, la soberanía y el lugar de la Argentina en el nuevo orden mundial. En la apertura la importancia de los apraratos ideológicos. Santiago Caputo adoctrinando, esto es consolidando la formación de cuadros afines en la Universidad Di Tella. Es su derecho.

Malvinas: Una pieza en el tablero geopolítico

El artículo de Bruno Sgarzini es particularmente útil para profundizar una tesis que venís trabajando: el giro de Milei sobre Malvinas puede leerse menos como un viraje nacionalista que como una operación política destinada a desplazar la discusión sobre la crisis económica y recomponer una legitimidad que se deteriora.
La entrevista con Alejandra Loucau aporta varios elementos fuertes: Loucau sostiene explícitamente que Milei utiliza Malvinas como un “atajo político” para recuperar apoyo y desplazar del centro del debate la situación económica, el endeudamiento y el deterioro social.
Contradicción ideológica: el mismo Milei que reivindicó a Margaret Thatcher y relativizó históricamente la cuestión Malvinas aparece ahora como defensor de la soberanía. El contraste cuestiona la autenticidad del giro. Nacionalismo de mínima: las sanciones a empresas que operan en Malvinas no constituyen por sí mismas una nueva política de Estado. Loucau señala que existe legislación argentina previa que contempla esas sanciones y que, por lo tanto, la novedad reside también en la espectacularización comunicacional de una medida que debería formar parte de una política permanente.
La cuestión económica: el punto político más potente es que la soberanía aparece como una operación de sustitución de agenda: en lugar de discutir quién paga la crisis, quién se endeuda, quién pierde ingresos y quién se beneficia con el modelo económico, se instala una cuestión nacional que posee una enorme capacidad de movilización simbólica.
Trump y Malvinas: la entrevista introduce otra dimensión interesante: Malvinas puede estar siendo utilizada por Trump como una ficha en su negociación con Gran Bretaña, especialmente alrededor de la OTAN y de cuestiones estratégicas. Argentina correría así el riesgo de convertirse en instrumento de una negociación entre potencias.
Israel: el apoyo israelí tampoco debería interpretarse automáticamente como solidaridad con la Argentina. Loucau plantea que Israel puede utilizar Malvinas como carta diplomática frente al Reino Unido y para mejorar su propia posición internacional.
Hay además un dato coyuntural importante: otros análisis publicados esta semana también vinculan directamente el giro de Milei sobre Malvinas con su situación política interna y con el descenso de su aprobación.
El problema no es que Milei hable ahora de Malvinas; el problema es qué relación existe entre ese súbito nacionalismo y su política económica.
Ahí aparece una contradicción de clase muy potente. El Gobierno puede construir un discurso de soberanía territorial mientras sostiene una política económica que, según la crítica que venís desarrollando, favorece la valorización financiera, la extranjerización de recursos estratégicos y una inserción internacional subordinada.
La pregunta entonces no sería simplemente: ¿Milei se volvió nacionalista? más específicamente ¿Puede un gobierno reivindicar Malvinas mientras subordina la soberanía económica y energética? Este contraste permite conectar Malvinas, Vaca Muerta, recursos naturales, deuda y política exterior. Y ahí la denuncia adquiere mucha más fuerza: la soberanía no puede reducirse a una consigna territorial utilizada electoralmente; también implica decidir quién controla los recursos, quién se apropia de la renta y qué intereses define la política exterior argentina. El paralelismo histórico con Galtieri es provocador y evidente: la idea de que una potencia occidental está en decadencia y que Estados Unidos acompañará a la Argentina recuerda peligrosamente los absurdos supuestos de 1982. En el inicio el reportaje de Sgazini a Alejandra Locau.

Del Chile de Pinochet a la Argentina de Milei: La dictadura del capital

El recuerdo del golpe del 11 de setiembre de 1973 en Chile cobra notable actualidad tanto en el país trsandino como en el nuestro.
Pinochet representa la versión autoritaria originaria del neoliberalismo latinoamericano; Milei representa uno de sus intentos contemporáneos de radicalización por vía electoral y proscripción en la oposición
No son políticamente idénticos. Pero pueden ser colocados dentro de una misma genealogía de transformación de las relaciones entre Estado, mercado y clases sociales.
Y el peligro de borrar esa genealogía es enorme: porque cuando se presenta a Pinochet exclusivamente como un reformador económico, desaparece de la fotografía aquello que el informe secreto revela con crudeza: que detrás de la transformación económica existió un Estado capaz de ejercer violencia sistemática contra quienes podían resistirla. Bajo otro formato la represión primero física el 1 de setiembre de 2022 y luego judicial a partir de su apresamiento y proscripción el 17 de junio de 2025, muestran que el modelo inaugurado por la dictadura pinochetista sigue desplegándose en la región bajo formatos diversos pero un único fin: La dictadura del capital. En suma, Chile 1973 y Argentina 2025 muestran contextos históricos diferentes, pero la discusión sobre democracia, proscripción, poder judicial y reestructuración social vuelve a colocar en primer plano la relación entre poder político y poder económico.

El Estado como socio de la adicción: cuando el mercado convierte la vulnerabilidad juvenil en negocio

La llamada “economía de la adicción” ya no puede pensarse como un fenómeno marginal: apuestas online, pornografía y consumos problemáticos se expanden al amparo de un capitalismo digital que convierte la vulnerabilidad social en negocio. Entre la desregulación, la precarización y el pragmatismo fiscal, el Estado corre el riesgo de pasar de garante de derechos a socio indirecto de industrias que lucran con la dependencia, mientras una generación de jóvenes queda atrapada entre el mercado, el endeudamiento y la ausencia de expectativas de futuro. En la apertura Tucker Carlson dialosga con Saagar Enjeti que habla sobre quiénes se están enriqueciendo con la destrucción de los hombres jóvenes en Estados Unidos.
Saagar Enjeti es el presentador de Breaking Points with Krystal and Saagar, disponible en YouTube y en tu plataforma de podcasts favorita. Saagar trabajó anteriormente en The Daily Caller como corresponsal en la Casa Blanca. En este reportaje es particularmente interesante porque nos muestra otra faceta de "hacia dónde estamos yendo" en nuestro país.