Sobreviviente de la Masacre de Trelew y militante revolucionaria desaparecida durante la dictadura, María Antonia Berger representa una experiencia política que todavía interpela al presente.
Recordarla no significa convertir los años setenta en una leyenda, sino recuperar los conflictos de clase, las aspiraciones y las contradicciones de una generación que quiso transformar la sociedad argentina.
El 17 y 18 de octubre Italia se vio sacudida por una oleada de protestas en ciudades como Milán, Turín, Bolonia, Génova, Roma y Florencia, en una combinación de manifestaciones de las y los jovenes (como en Milan, donde la convocatoria partía de la red Movimiento 17 de octubre) hasta el bloqueo del aeropuerto de Génova protagonizados por trabajadores siderúrgicos o los bloqueos de puertos y autopistas por parte de transportistas y agricultores en Nápoles.
Una movilización a la que el Gobierno Meloni respondió con el endurecimiento de su política represiva. Publicamos a continuación el Editorial de la revista Manifesto y un articulo de Diroberto Rotunno publicado por Fatto Quotidiano
Finalmente, no es casualidad que la señal de alarma sea dada por estos jóvenes que la italianísmoa Giorgia Meloni había identificado desde el principio como una amenaza. Lo son, para su gobierno neoliberal y globalista, lo son.
En su crónica desde Río de Janeiro, Esteban Schmidt registra una diferencia política que interpela directamente a la Argentina: mientras en Brasil la disputa electoral se expresa también en la calle, aquí la oposición parece atrapada entre las pantallas, la fragmentación de las protestas y la dificultad para construir una alternativa colectiva. Falopa digital entretenida.
Su observación abre una discusión que va más allá de la campaña brasileña. La calle no es solamente un escenario de protesta: es el espacio donde el malestar individual puede convertirse en experiencia compartida, identidad política y organización.
Pero movilizar no es suficiente. El desafío consiste en articular a trabajadores formales e informales, estudiantes, jubilados y sectores medios golpeados por el ajuste en un proyecto capaz de disputar el rumbo del país. Porque el rechazo a Milei no garantiza, por sí mismo, una alternativa política ni resuelve las diferencias de intereses que atraviesan a la oposición.
La pregunta, entonces, no es solamente quién gana la calle, sino qué fuerza social consigue organizarla, con qué programa y al servicio de qué intereses de clase.
Desde esa perspectiva, la crónica de Schmidt ofrece un punto de partida para pensar una cuestión decisiva: cómo transformar la resistencia dispersa en una voluntad política capaz de construir una alternativa de poder.
Al pié datos oficiales de la segunda ronda en la elección de Brsil a partir del las 19hs. En la apertura transmisión especial en vivo de NODAL y continúa Federico Montero explicando el triunfo de Lula.
El desgaste de Milei no garantiza una alternativa política, del mismo modo que la unidad del peronismo no asegura un proyecto de gobierno. La experiencia mexicana de AMLO y la ruptura con el PRI ofrecen una clave para pensar el dilema argentino: cuando las diferencias programáticas se subordinan al rechazo de un adversario común, la victoria electoral puede postergar, pero no resolver, las contradicciones. En la noche de Milei, todos los gatos son pardos; el problema comienza cuando amanece y hay que decidir quién paga los costos de la crisis y en beneficio de quién se gobierna. En el video de apertura, Amado Boudou acerca de la "Unidad" y el frente "Anti Milei".
Las apuestas electorales convierten la disputa por el poder en un negocio financiero y comunicacional. Detrás de las cotizaciones digitales confluyen fondos de inversión, magnates tecnológicos y redes vinculadas a la derecha global. Ya no se trata solamente de anticipar quién ganará en las urnas, sino de quién tiene capacidad para producir expectativas, instalar ganadores y condicionar la percepción pública de la democracia.
La tesis más potente de este trabajo de Michael Roberts es que la austeridad no constituye una respuesta neutral a la deuda pública: es una disputa por la distribución de los costos de la crisis. Cuando cae la rentabilidad del capital y se debilita la inversión productiva, los gobiernos pueden intentar recomponer las condiciones de acumulación mediante la contención salarial, la reducción de derechos sociales y la transferencia de recursos hacia otras prioridades estatales.
El problema es que esa estrategia puede profundizar la propia crisis: al reducir los ingresos populares y deteriorar los servicios públicos, restringe el consumo y agrava el malestar social. La crisis francesa muestra así el límite de una política económica que exige disciplina a los trabajadores mientras protege la confianza de los acreedores y los intereses del capital.
La disputa electoral de 2027 agrega otra contradicción. Roberts advierte que la extrema derecha de Marine Le Pen también propone un ajuste fiscal severo. Por eso, el conflicto no puede reducirse a una oposición entre globalismo y nacionalismo, ni entre élites y pueblo en abstracto: hay que examinar qué clases sociales se benefician de cada programa y quién termina pagando sus costos.
La pregunta central es esta: ¿quién debe financiar la salida de la crisis: los trabajadores mediante salarios, pensiones y servicios públicos deteriorados, o los sectores propietarios mediante una redistribución de la riqueza y de los recursos acumulados? En el video de apertura análisis múltiple en el stream "El viejo Topo" de la situación de crisis y alzamiento popular en diversos países de Europa y en el cierre, video on line sobre la protesta y represión en Francia.
El eje de la investigación de Bruno Sgarzini es una contradicción central del orden político estadounidense: mientras Washington invoca la lucha contra la corrupción para disciplinar a gobiernos y dirigentes extranjeros, su propio sistema de lobby permite que empresarios contraten a operadores vinculados con funcionarios de alto nivel para obtener ventajas comerciales.
El artículo sostiene que, alrededor de Marco Rubio y de la política estadounidense hacia Venezuela, se habría configurado una trama de intermediación política, concesiones económicas y acceso privilegiado a recursos estratégicos. El caso involucra a empresas energéticas y mineras, firmas de lobby vinculadas a exfuncionarios y operaciones sobre petróleo, oro y aluminio.
La lectura de clase es decisiva: la presión geopolítica no aparece solamente como una disputa por la orientación política de Venezuela, sino también como un mecanismo para reorganizar la propiedad y el control de sus recursos naturales en favor del capital privado.
Según Sgarzini, Mercuria Energy y Heeney Capital pagaron 330.000 dólares a Continental Strategy, una firma de lobby fundada por Carlos Trujillo, exembajador estadounidense ante la OEA. Posteriormente, las empresas obtuvieron oportunidades comerciales vinculadas con materias primas venezolanas, aluminio y concesiones mineras. La secuencia plantea interrogantes sobre conflictos de intereses y acceso privilegiado, aunque la existencia de esos pagos y contratos no demuestra por sí sola la comisión de un delito de soborno.
La cuestión de fondo excede las conductas individuales: cuando la diplomacia, las sanciones económicas y las licencias comerciales se articulan con los intereses de corporaciones privadas, la política exterior puede funcionar como instrumento de acumulación de capital.
Venezuela aparece así como un territorio donde la presión de una potencia y las necesidades de inversión de un Estado en crisis pueden abrir oportunidades extraordinarias para determinados grupos empresarios. El resultado potencial es una transferencia de activos y rentas estratégicas hacia capitales privados, mientras la sociedad venezolana soporta los costos de la crisis y pierde capacidad de decisión sobre sus recursos.
La pregunta decisiva es quién se beneficia de la política de Washington y quién paga sus consecuencias. Detrás del discurso de la democracia, la seguridad y la lucha contra la corrupción, hay que examinar quién controla el petróleo, los minerales y las empresas estratégicas. Esa es la dimensión material del conflicto: no solo quién gobierna Venezuela, sino quién se apropia de la riqueza que produce.
Algo cambió en los últimos meses en Argentina. No de manera definitiva ni irreversible, pero cambió. La pregunta ya no parece ser si el gobierno de Javier Milei puede ser derrotado, sino en qué plazos y, sobre todo, de qué forma.
El artículo de Pablo Pozzi en Tektónikos plantea una tesis central: aunque Donald Trump y los republicanos sufran una derrota en las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, eso no garantiza un cambio sustancial en la orientación política de Estados Unidos.
La clave del análisis es que el trumpismo excede a Trump. Sus políticas encuentran respaldo en sectores concentrados del poder económico y en consensos bipartidistas que atraviesan a republicanos y demócratas.
El argumento más relevante es que la alternancia electoral no necesariamente modifica las relaciones de poder. Ambos partidos reciben financiamiento de grandes corporaciones y coinciden en cuestiones estratégicas, como el incremento del gasto militar y el apoyo a Israel, mientras amplios sectores sociales sienten que carecen de capacidad real para influir en las decisiones gubernamentales.
La crisis demócrata tampoco puede explicarse únicamente por la eficacia de Trump. Pesa su propio historial de rescates financieros, guerras, inflación y deterioro salarial. Esa pérdida de credibilidad abre espacio para candidaturas que intentan conectar la política con necesidades materiales concretas, como el control de alquileres y la reducción del costo de los alimentos.
La conclusión de Pozzi es contundente: una derrota electoral republicana podría limitar a Trump, pero difícilmente desmonte la estructura económica, política y militar que sostiene su proyecto. El desafío, por lo tanto, no consiste solamente en derrotar electoralmente a la derecha, sino en construir una alternativa capaz de disputar los intereses sociales que alimentan su hegemonía.
La pregunta estratégica de este trabajo es quiénes pueden construir una alternativa, mediante qué organizaciones y con qué programa de transformación social. La decadencia del capitalismo no garantiza su superación: también puede desembocar en autoritarismo, guerra y devastación ambiental. Nuestra renuencia a pensar en cómo cambiar nuestra realidad puede ser simplemente el ruido del capitalismo hablando a través de nosotros.
La dominación no siempre llega con los marines. También se impone mediante la deuda, los tribunales y las reglas internacionales que convierten las desigualdades de poder en obligaciones aparentemente neutrales. Argentina es un ejemplo de esa disputa por la soberanía.
El imperialismo contemporáneo no necesita abolir el derecho para ejercer su dominación: puede utilizarlo para convertir relaciones de fuerza en obligaciones jurídicas. Esa es la tesis que desarrolla Luís Eduardo Fernandes en Monthly Review, en su artículo sobre el imperialismo jurídico y la dependencia.
Desde una perspectiva marxista, el autor cuestiona la idea liberal de que el derecho internacional constituye necesariamente un límite al poder de las grandes potencias. Las normas pueden proteger derechos, pero también institucionalizar las desigualdades del sistema mundial, atravesado por la herencia colonial, la dependencia económica y el poder del capital monopólico.
La pregunta fundamental no es solamente si una decisión cumple las reglas, sino quién las establece, qué intereses protegen y quién dispone de la fuerza para imponerlas.
La experiencia argentina permite observar esta contradicción. La deuda externa no es una simple obligación contable: constituye una relación de poder capaz de condicionar el presupuesto, la política económica y las decisiones estratégicas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional expresan esa asimetría, mientras el gobierno de Javier Milei convierte el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica en pilares de su programa.
Estas políticas no distribuyen sus costos de manera uniforme. Mientras trabajadores, jubilados y sectores populares soportan las consecuencias del ajuste, los acreedores y determinados grupos económicos pueden beneficiarse de la reorganización de la economía. Lo que se presenta como una necesidad técnica contiene, por lo tanto, una decisión política y una relación de clase.
La disputa también alcanza a los recursos estratégicos. El litio, los hidrocarburos y los minerales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero la inversión extranjera no lo garantiza por sí misma. Importan el control de los recursos, el valor agregado que permanece en el país, la participación del Estado y la distribución de los beneficios. La seguridad jurídica es legítima, pero no debería convertirse en un blindaje de los privilegios del capital frente a las necesidades de la sociedad.
El problema excede la relación con el FMI: comprende un modelo de inserción internacional que puede reducir la capacidad democrática de decidir qué producir, cómo distribuir la riqueza y qué lugar ocupar en la economía mundial.
Esto no significa que todo el derecho internacional sea una ficción ni que los compromisos externos deban ignorarse. Significa que la legalidad, por sí sola, no elimina las relaciones de dominación. La soberanía requiere instrumentos económicos y políticos para negociar en condiciones menos desiguales y someter las decisiones fundamentales al control democrático.
El imperialismo también se escribe en los códigos, los contratos y las condiciones del crédito. Su eficacia reside en presentar como reglas universales decisiones que reproducen un orden mundial desigual.
La cuestión decisiva es, entonces, quién controla la riqueza social, quién se beneficia del orden vigente y quién paga sus costos. Porque la soberanía popular pierde contenido cuando las mayorías pueden votar, pero el destino de su futuro queda condicionado por poderes económicos que no están sometidos a su control democrático.
La principal enseñanza del artículo es que no alcanza con gobernar para las mayorías: también hay que construir una conciencia colectiva capaz de defender, profundizar y ampliar las conquistas sociales. Eso exige disputar la educación, la comunicación, la cultura y las redes digitales, pero también crear organización popular y espacios de formación política.
Hay, sin embargo, una precisión importante: la derrota cultural de la izquierda no puede explicar por sí sola el avance de las derechas. También deben examinarse las limitaciones de los gobiernos progresistas, las alianzas con fracciones del capital, las expectativas frustradas y las transformaciones del trabajo que debilitan la organización colectiva.
Una política emancipadora necesita articular ambas dimensiones: las condiciones materiales de existencia y la construcción de una voluntad política capaz de transformarlas.
En términos de Gramsci, la tarea no consiste simplemente en responder a cada provocación de la derecha, sino en construir una nueva hegemonía. Esto implica que los sectores populares no sean únicamente destinatarios de políticas públicas ni consumidores de mensajes políticos, sino sujetos organizados de un proyecto propio de sociedad.
En el video de apertura una mirada clara y sintética sobre la Ideología los Aparatos Ideológicos de Estado.
En la visión de Keynes, la política debía contener los efectos destructivos de la inestabilidad económica, impedir que el desempleo y la desesperación social alimentaran salidas extremas y crear condiciones para una transformación gradual.
El propio artículo recupera esa tensión: Keynes imaginaba que la abundancia permitiría superar la necesidad económica, pero advertía que esa transición no sería inmediata. En 1930, frente a la depresión y al avance de las respuestas reaccionarias, cuestionaba tanto el catastrofismo como la idea de que todo estaba perdido.
La lección para el presente es que la moderación política no debe confundirse con la moderación de las demandas sociales. No significa pedir paciencia a quienes pierden sus empleos, sus ingresos o sus derechos mientras se preservan los privilegios de quienes concentran la riqueza. Significa construir respuestas racionales y democráticas a la crisis, evitando que el miedo, el resentimiento y la desesperación sean utilizados por fuerzas autoritarias para imponer sacrificios a las mayorías.
El límite de Keynes aparece cuando esa moderación descansa en la expectativa de que las élites económicas aceptarán voluntariamente las reformas necesarias. La estabilidad no puede sostenerse indefinidamente si sus costos recaen sobre los trabajadores mientras los beneficios de la productividad se concentran en el capital.
Michael Roberts plantea una pregunta incómoda para la economía convencional: ¿por qué determinados economistas conservan su prestigio pese a las dificultades de sus modelos para anticipar las crisis y explicar sus consecuencias? El problema no es exclusivamente académico. También es político: quién tiene autoridad para definir qué es una crisis, qué políticas se consideran inevitables y sobre qué sectores sociales recae el costo de resolverla.
La Argentina ofrece un caso especialmente revelador: Ricardo Arriazu, economista de referencia para sectores empresarios y financieros, continúa ocupando un lugar destacado en el debate público y entre los interlocutores del gobierno de Javier Milei. Sus exposiciones ante empresarios, banqueros e inversores siguen siendo escenarios privilegiados para interpretar la coyuntura y anticipar el rumbo económico.
La cuestión no es negar que Arriazu posea conocimientos técnicos ni afirmar que todos sus pronósticos hayan fracasado. Es someter sus predicciones a una evaluación sistemática: qué anticipó, con qué supuestos, qué ocurrió efectivamente y qué consecuencias tuvo para sus diagnósticos. Sin esa comparación documentada, la acusación de fracaso permanente sería tan poco rigurosa como la veneración que se pretende cuestionar.
Pero hay una contradicción política que merece atención. En 2024, Arriazu proyectó para 2025 un crecimiento del 5,2% y una inflación anual cercana al 20%.
La distancia entre una proyección y el resultado efectivo debe medirse con los datos de cierre del período, sin confundir una estimación fallida con una trayectoria completa. Lo significativo es que el prestigio del especialista no depende exclusivamente de la precisión de cada pronóstico: también descansa en su capacidad para interpretar los acontecimientos desde el marco conceptual compartido por las élites económicas.
En 2026, esa autoridad sigue vigente. Arriazu sostiene que las perspectivas de crecimiento descansan en el equilibrio fiscal, la confianza y la expansión de sectores como la energía, la minería y el agro. Al mismo tiempo, reconoce que la apertura económica perjudica a determinadas actividades industriales y que la construcción, el comercio y la industria enfrentan dificultades de recuperación y empleo.
Ahí aparece el núcleo de una crítica de clase. El crecimiento agregado no equivale al bienestar de la mayoría. Una economía puede generar divisas y mejorar determinados indicadores macroeconómicos mientras destruye puestos de trabajo, debilita el entramado industrial y desplaza los costos del ajuste hacia los asalariados y las pequeñas empresas. La pregunta decisiva no es solamente cuánto crece el producto, sino quién se apropia de sus beneficios, quién pierde sus ingresos y qué estructura productiva se consolida.
El punto de partida histórico es 1976, cuando la dictadura y la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz marcaron un cambio profundo en la trayectoria argentina, con apertura financiera, endeudamiento y transformación regresiva de las relaciones entre capital y trabajo.
No se trata de atribuir a Arriazu la autoría de ese programa ni de sostener, sin un archivo de pronósticos verificables, que todos sus modelos hayan fracasado desde aquel año. Se trata de observar la persistencia de un paradigma económico que, con distintas variantes, privilegia la estabilidad monetaria, la disciplina fiscal, la confianza de los inversores y la rentabilidad privada como condiciones centrales del desarrollo.
Ese paradigma puede cambiar de instrumentos sin abandonar sus prioridades. Cuando una predicción no se cumple, el problema suele atribuirse a la política, a las expectativas, a la incertidumbre o a un cambio imprevisto de las condiciones externas. Algunas de esas explicaciones pueden ser válidas. Lo que debe discutirse es por qué la revisión de los diagnósticos no suele tener el mismo peso que la exigencia de nuevos sacrificios sociales.
La hipótesis política es que la autoridad del economista ortodoxo no se sostiene únicamente en su capacidad de anticipar el futuro, sino también en su función de legitimar determinadas decisiones de clase. Su prestigio se reproduce en los espacios donde empresarios, inversores, funcionarios y medios de comunicación comparten un lenguaje económico que presenta sus propios intereses como necesidades universales.
Así se entiende la paradoja: los pronósticos pueden ser revisados, los escenarios pueden cambiar y las crisis pueden repetirse, pero la prescripción fundamental permanece. Ajustar el gasto, disciplinar los salarios, reducir costos laborales, abrir mercados y restaurar la confianza del capital aparecen una y otra vez como condiciones necesarias, aun cuando sus resultados distributivos sean profundamente desiguales.
El caso de Arriazu permite llevar más lejos la crítica de Roberts. El problema de la economía dominante no consiste simplemente en equivocarse al pronosticar la inflación, el dólar o el crecimiento. Consiste en que sus errores no siempre cuestionan las premisas que organizan sus recomendaciones.
Desde una perspectiva marxista, la economía no puede evaluarse únicamente por la estabilidad de sus variables monetarias. Debe examinarse a partir de las relaciones sociales que organizan la producción, la apropiación del excedente y la distribución de los costos de las crisis.
En la Argentina, la pregunta que el prestigio de los economistas del establishment deja pendiente es elemental: ¿estabilizar para qué y para quién? ¿Para garantizar la rentabilidad de los capitales, la capacidad de pago de la deuda y la confianza financiera, o para ampliar el empleo, los salarios, la producción industrial y las condiciones materiales de vida?
Medio siglo después de 1976, esa discusión sigue abierta. La continuidad del prestigio de los expertos no demuestra por sí misma que sus diagnósticos sean falsos, pero sí obliga a examinar los mecanismos institucionales y sociales que reproducen su autoridad, incluso cuando sus predicciones no se cumplen.
Porque el verdadero éxito de una doctrina económica no siempre consiste en acertar lo que va a suceder. A veces consiste en conseguir que, ocurra lo que ocurra, sus recetas sigan siendo consideradas las únicas posibles.
Medio siglo de fracasos y aplausos: cuando la economía ortodoxa puede perder capacidad predictiva sin perder autoridad política.
La desmanicomialización no consiste simplemente en cerrar manicomios. Consiste en construir las condiciones materiales para que nadie quede condenado al encierro por su padecimiento ni abandonado por su pobreza.
La pregunta decisiva no es solamente cómo tratar la locura, sino qué sociedad produce sufrimiento, cómo distribuye el cuidado y qué intereses se benefician cuando el Estado renuncia a garantizarlo.
Argentina enfrenta una crisis de salud pública que no puede explicarse únicamente desde la psicología individual. La precarización laboral, el endeudamiento, la pérdida de expectativas y el debilitamiento de las redes de protección obligan a interrogar las condiciones sociales en las que se produce el sufrimiento. No se trata de convertir cada suicidio en una consecuencia directa de la economía, sino de entender por qué una sociedad deja a tantas personas sin herramientas para afrontar sus crisis. Ciertamente el dolor es una experiencia personal, pero nunca ocurre fuera de la sociedad. Reconocerlo no significa negar la singularidad de cada historia: significa asumir que la prevención del suicidio necesita tanto atención clínica como políticas públicas, vínculos comunitarios y condiciones de vida que hagan posible imaginar un futuro.
Porque cuando el sufrimiento se convierte exclusivamente en culpa individual, la sociedad se desentiende de sus propias responsabilidades. Y cuando se lo reconoce como un problema común, la prevención deja de ser una exhortación moral y se convierte en una obligación colectiva.
Nicos Poulantzas desarrolló una interpretación muy original del fascismo, considerándolo un potencial latente en todos los estados capitalistas en situaciones de crisis. Su obra puede ayudarnos a comprender el peligro que representa el autoritarismo de derecha en la actualidad.
Apertura y cierre: Video continuado de las protestas y represión en Francia e Italia
En Nicaragua ya los grandes medios intentan convertir a un delincuente que funge de opositor en héroe democrático
El artículo de The Grayzone, publicado el 14 de octubre de 2026 por John Perry y Becca Renk Foster, cuestiona la cobertura de los grandes medios estadounidenses sobre Jeffrey Isaac Jarquin, un nicaragüense deportado desde Estados Unidos que fue encarcelado al llegar a Managua.
La tesis central es que la prensa hegemónica lo presentó como víctima de persecución política sin examinar suficientemente sus antecedentes penales ni su participación en los violentos sucesos de 2018, o sea, lo habitual en estos casos.
La expansión de los asentamientos en Cisjordania no se sostiene solamente con convicciones religiosas o nacionalistas: también requiere recursos estatales, redes de financiamiento privado y mecanismos de coerción que convierten la vulnerabilidad social en un instrumento de desposesión territorial.
En su investigación para Jacobin, E. A. Halevi describe cómo organizaciones vinculadas al movimiento colonizador israelí incorporan a jóvenes excluidos del sistema educativo y familiar, los instalan en puestos agrícolas y los integran a redes que hostigan a las comunidades palestinas. Lo que se presenta como rehabilitación social y formación laboral puede funcionar, en la práctica, como una vía de reclutamiento para la expansión territorial.
El artículo identifica una trama material concreta. Según sus datos, la organización Shivat Tzion recibió más de 17 millones de séqueles en 2024, incluidos más de cuatro millones de fondos estatales israelíes. Otras entidades, como Artzenu, promueven la presencia de jóvenes en explotaciones agrícolas y puestos situados en asentamientos y puestos avanzados ilegales. La investigación también documenta aportes de organizaciones financiadas desde Estados Unidos.
La cuestión de clase aparece aquí en toda su dimensión: jóvenes socialmente vulnerables son incorporados a un proyecto político que les ofrece pertenencia, formación y una función territorial, mientras las comunidades palestinas pierden acceso a tierras de cultivo, pastoreo y agua. La desigualdad no es un elemento exterior al conflicto: interviene en la distribución de sus costos y beneficios.
El fenómeno tampoco puede reducirse a grupos marginales que actúan por cuenta propia. La investigación describe conexiones con organismos públicos, dirigentes colonos y estructuras de financiamiento. A su vez, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en enero de 2026 que la violencia de los colonos, con apoyo y participación de fuerzas de seguridad israelíes en distintos casos, impulsa el desplazamiento forzado de palestinos.
El resultado es una forma de expansión territorial en la que la ocupación militar, la colonización de tierras y la violencia cotidiana se refuerzan mutuamente. La pregunta decisiva no es solamente por qué algunos jóvenes participan en estos ataques, sino qué instituciones los financian, qué proyecto territorial los organiza y qué mecanismos permiten que la desposesión continúe.
Cuando la exclusión social de una parte de la juventud se transforma en un recurso para desplazar a otra población, la supuesta rehabilitación deja de ser una política social neutral. Se convierte en una pieza de una estructura de colonización cuyos costos recaen sobre los palestinos y cuyos principales beneficiarios son quienes consolidan el control territorial.
La crisis del costo de vida en Europa no es solamente un problema de inflación, sino una disputa por la distribución social de sus costos y por la orientación política del continente. Para sostenerla periodísticamente, conviene vincular las protestas con conflictos laborales concretos, las políticas de ajuste y las consecuencias de la crisis energética, distinguiendo los hechos documentados de las interpretaciones políticas.
A continuación, una versión ampliada con título, copete, casos nacionales y una lectura crítica de clase. La información está situada al 19 de octubre de 2026; las convocatorias futuras se presentan como tales y no como hechos consumados.
Tengan en cuenta que las protestas mencionadas no constituyen un movimiento homogéneo ni responden exclusivamente a la energía. Las demandas educativas, salariales, habitacionales y presupuestarias tienen dinámicas propias, aunque convergen en el deterioro de las condiciones de vida.