IA: Tenés razón

El informe, «¿Se puede confiar en la IA en materia de clima? Por qué busca complacer al usuario y falla en el razonamiento complejo y el multilingüismo» (disponible en inglés), emite una advertencia dirigida a responsables de políticas y de investigación que pueden sentir la tentación de utilizar modelos de IA para desarrollar políticas climáticas. El informe revela que no siempre se puede confiar en la IA para atenerse a los hechos científicos sobre el cambio climático; los modelos de IA se alejan rápidamente de los hechos cuando se les cuestiona. También son deficientes a la hora de analizar nueva información y cometen más errores cuando responden en lenguas menos habladas.

Sobre el derecho social a comer y hacerlo dignamente

La pregunta política que atraviesa el libro The Full English, del organizador político y chef Lewis Bassett, analiza la industria de restaurante inglesa es muy sencilla: ¿por qué la calidad de la alimentación, el placer y la abundancia deben ser privilegios reservados a quienes pueden pagarlos?

Esta discusión en apariencia trivial, tiene una traducción directa a nuestra realidad. En la Argentina, un país con extraordinaria capacidad de producción de alimentos, la inseguridad alimentaria convive con exportaciones agropecuarias, concentración de la propiedad rural y un sistema de distribución subordinado a la rentabilidad empresarial.

La paradoja es estructural: producimos alimentos para abastecer a buena parte del mundo, pero millones de argentinos encuentran dificultades para acceder a una alimentación suficiente y saludable.

El problema no es la falta de alimentos, sino las relaciones sociales que determinan su producción, circulación y apropiación. Bajo el modelo económico de Milei, la desregulación, la pérdida de ingresos populares y la subordinación de la economía a los intereses exportadores profundizan esa contradicción.

La alimentación también es un campo de disputa política. No alcanza con discutir precios o asistencia alimentaria: hay que discutir quién controla la tierra, quién organiza la producción, quién se apropia del excedente y qué lugar ocupa el derecho social a comer dignamente. No naturalicemos el comer por descarte, existe el derecho a comer y a comer dignamente. La comida llega a la mesa como mercancía, pero antes fue trabajo humano, tierra y riqueza colectiva. La pregunta es quién se apropia de ese trabajo y quién termina pagando sus consecuencias.

La hegemonía no se declama, se construye. Gramsci, Cristina y los desafíos de un nuevo orden popular

La lectura de Gramsci que propone Peter D. Thomas permite pensar uno de los problemas centrales de la Argentina: cómo construir una nueva hegemonía popular frente al proyecto de Milei. Pero esa disputa tiene obstáculos que no pueden soslayarse: la fragmentación del campo popular, la crisis de representación y el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner, lideresa política de un sector importante de las clases subalternas. No hay construcción hegemónica posible ignorando esas contradicciones.

En efecto la reflexión del teórico marxita recientemente fallecido Peter D. Thomas sobre Gramsci, recupera una dimensión frecuentemente relegada de su pensamiento: la hegemonía no es solamente una teoría del poder, del consenso o de la dominación cultural. Es, fundamentalmente, un método estratégico de construcción política. No se trata únicamente de conquistar posiciones dentro del orden existente, sino de crear las condiciones materiales, culturales, organizativas e institucionales para construir otro orden social.

Esta distinción resulta decisiva para pensar la Argentina contemporánea. El gobierno de Javier Milei expresa un proyecto de reorganización de las relaciones sociales en beneficio del capital concentrado, las finanzas y los sectores económicos vinculados a la apropiación de la renta. Su ofensiva no es exclusivamente económica: busca modificar el sentido común, desarticular solidaridades colectivas, debilitar las organizaciones populares y presentar la subordinación social como una expresión de libertad individual.

Frente a este proyecto, la resistencia, aunque necesaria, no alcanza. La cuestión estratégica consiste en transformar las luchas dispersas en una fuerza política capaz de disputar la dirección de la sociedad. En términos gramscianos, construir un orden nuevo desde las contradicciones del presente.

Thomas identifica cuatro dimensiones fundamentales de esa tarea: la construcción de un nuevo orden, el progreso histórico como superación concreta de las contradicciones sociales, un liderazgo entendido como relación de aprendizaje y empoderamiento, y la organización política como laboratorio pedagógico donde las clases subalternas desarrollan capacidades de autodeterminación.

Pero la Argentina agrega una dificultad que vuelve especialmente compleja esta tarea: el encarcelamiento y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

CFK no es simplemente una dirigente partidaria ni una referencia electoral más. Es la lideresa política de un sector importante de las clases subalternas, cuya identidad política, memoria de derechos conquistados y representación social se reconocen en su trayectoria. Su encarcelamiento y proscripción constituyen, por eso, algo más que una restricción individual: expresan un condicionamiento estructural de la disputa democrática y hegemónica en los término que se depliega en el análisis de Thomas.

La judicialización de la política y la exclusión de una dirigente con la mayor capacidad de representación realmente existente alteran las condiciones en las que se construye la voluntad popular. No eliminan las bases sociales que representa, pero limitan sus posibilidades de expresión, organización y participación política y electoral. La proscripción tampoco resuelve la crisis de representación: la profundiza y la desplaza al interior del propio campo popular donde un fantasma sobrevuela: El de la fragmentación.

Aquí aparece una contradicción que el peronismo no puede esquivar. No es posible reconstruir una alternativa nacional y popular desconociendo la centralidad política de Cristina Kirchner, pero tampoco alcanza con reducir la reconstrucción hegemónica a la defensa de su liderazgo o a la expectativa de una recuperación electoral. La defensa de Cristina Libre es inseparable de la defensa de la democracia, pero la construcción de una nueva mayoría requiere, además, transformar esa resistencia en un proyecto colectivo de emancipación.

En este punto adquiere importancia la concepción gramsciana del liderazgo que recupera Thomas. La conducción no debe confundirse con el mando unilateral ni la representación con la sustitución de la voluntad popular. Un liderazgo se vuelve hegemónico cuando consigue que amplios sectores sociales reconozcan un programa político como expresión de sus propios intereses y necesidades. Su fortaleza no reside solamente en la autoridad de quien conduce, sino en la capacidad de generar organización, conciencia y autonomía en quienes lo acompañan.

Por eso, la cuestión no consiste en elegir entre liderazgo y construcción colectiva. Consiste en articularlos. Cristina representa una referencia política insoslayable para una parte significativa del pueblo, y el desafío estratégico es que esa representación contribuya a ampliar las capacidades de organización y dirección de las mayorías populares.

La hegemonía tampoco puede construirse sobre una nostalgia del pasado. Requiere un programa económico concreto: recuperación del salario, empleo digno, reconstrucción industrial, defensa de los bienes públicos, soberanía económica y ampliación de derechos y discutir la centralidad del tema de la deuda, donde una quita es el primer paso para poder deplegar polítca económoca soberana . Pero también una reforma intelectual y moral que dispute los valores individualistas, meritocráticos y autoritarios que legitiman el actual orden social.

El problema de fondo es que las clases subalternas no constituyen automáticamente un sujeto político unificado. Su autonomía debe construirse mediante experiencias compartidas, organización y elaboración de intereses comunes. Los sindicatos, los movimientos sociales, el feminismo, las organizaciones territoriales, los sectores juveniles y las expresiones políticas del peronismo deben encontrar formas de articulación que no anulen sus diferencias, sino que las conviertan en capacidad colectiva.

La enseñanza de Gramsci es contundente: la hegemonía no se decreta desde arriba ni se obtiene solamente en las urnas. Se construye en una disputa prolongada por la dirección intelectual, moral, económica y política de la sociedad.

La Argentina enfrenta, entonces, dos límites estructurales que debe resolver simultáneamente: un modelo económico que procura consolidar la subordinación de las mayorías al capital concentrado y un sistema de exclusión política que tiene en el encarcelamiento de Cristina Fernández la materialización grave.

Superar ambos límites exige algo más que una coalición electoral o una unidad defensiva. Exige construir un nuevo bloque histórico, capaz de convertir las resistencias sociales en un proyecto de país y a los sectores subalternos en protagonistas de su propia emancipación.

La disputa no es solamente por quién gobierna la Argentina. Es por quién tiene la capacidad de organizar la sociedad, definir sus prioridades y conducir su futuro. Esa es, en definitiva, la cuestión de la hegemonía y está en la base de la consigna "Cristina Libre". En este preciso sentido "Cristina Libre" no es una consigna exterior a la construcción de una nueva hegemonía. Es una condición de la disputa democrática. La defensa de su libertad y la reconstrucción de la autonomía política realativa de las clases subalternas son dimensiones que deben articularse, sin confundir la conducción con la sustitución del protagonismo popular.

Hacia la desintegración de la representación política

En marzo de 2023, al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro, Cristina Fernández de Kirchner advirtió que la atomización partidaria paraliza la capacidad de respuesta del Estado. A más de tres años de aquella disertación en Viedma, su diagnóstico sobre el riesgo de fractura institucional cobra renovada vigencia frente al debate legislativo de noviembre de 2026 para suspender o eliminar las PASO, una vez proscripto el liderazgo nacional de CFK, la reforma prevista amenaza con desarmar aún más los mecanismos de cohesión coalicional e impulsar la fragmentación, con Perú como modelo de llegada.

Justicia de clase: Condenar a quienes resisten, proteger a quienes lucran con el genocidio

El caso Filton 25 que publica Monthly Review, expone una contradicción estructural del capitalismo contemporáneo: la fabricación y comercialización de armas que alimentan guerras puede desarrollarse dentro de la legalidad, mientras que quienes intentan detener esa maquinaria pueden terminar encarcelados.

No se trata de sostener que cualquier acción directa queda automáticamente justificada. Se trata de preguntar por qué el sistema jurídico es tan severo con quienes dañan bienes de una empresa armamentística y tan poco eficaz para establecer responsabilidades sobre las empresas, los gobiernos y los intereses económicos que sostienen la violencia.

Hay acá tres cuestiones fundamentales:
1. El capital armamentístico: la guerra no es solamente una tragedia humanitaria; también constituye un mercado, una fuente de acumulación y un negocio sostenido por contratos estatales.
2. El Estado y la justicia: la neutralidad jurídica se vuelve problemática cuando la protección de la propiedad empresarial recibe mayor eficacia que la protección de la vida humana.
3. La criminalización de la solidaridad: cuando la protesta contra el genocidio es tratada como una amenaza a la seguridad nacional, el problema deja de ser exclusivamente judicial y pasa a ser político.
La pregunta incómoda que deja el artículo es esta: ¿quién amenaza realmente a la sociedad: quienes intentan detener la producción de armas utilizadas contra la población civil o quienes convierten esa producción en una fuente legítima de ganancias?

La tesis más potente para desarrollar en una columna es que la legalidad no siempre coincide con la justicia: puede convertirse en el mecanismo institucional que protege los intereses económicos responsables de aquello que dice condenar.

Y allí aparece una dimensión que excede a Palestina: cuando el Estado utiliza el aparato judicial y las leyes antiterroristas para disciplinar la protesta, lo que está en juego es el derecho mismo a la disidencia.

La justicia no solo en el affaire Filton, está claro que mide con dos balanzas, en este caso, una para quienes desafían el negocio de la guerra y otra para quienes se benefician de él.

El ajuste también destruye el futuro: el juvenicidio de la Argentina de Milei

Hay una cuestión que merece profundizarse: el neoliberalismo no solamente redistribuye ingresos desde el trabajo hacia el capital. También modifica las condiciones en las que las personas construyen su identidad, sus expectativas y sus relaciones sociales.

El gobierno de Milei lleva esa lógica a una expresión particularmente agresiva. La exaltación del individuo, la competencia y el éxito personal convive con la destrucción de los soportes colectivos que permiten sostener la vida: educación pública, salud, empleo protegido, seguridad social y posibilidades de ascenso social.

El problema no es simplemente que los jóvenes tengan dificultades para insertarse en el mercado laboral. Es que una parte creciente de ellos deja de ser considerada necesaria incluso como fuerza de trabajo estable.

Hay una contradicción brutal: el capitalismo necesita trabajadores, pero produce generaciones enteras a las que ofrece informalidad, endeudamiento y exclusión.

Y cuando esa experiencia genera sufrimiento, el discurso meritocrático vuelve a responsabilizar a sus víctimas.

El ajuste no solamente empobrece los ingresos de una sociedad; también empobrece su horizonte de futuro.

Argentina en la guerra de la IA: litio, datos sobre el filo de la navaja

En este artículo Bruno Sgarzini ve una batalla entre un enfoque más “abierto”/comercial (defendido por Jensen Huang, que permitía mayor flujo de chips y favorecía modelos abiertos) y uno de contención dura que beneficia a los laboratorios cerrados (Anthropic/Claude, OpenAI). Alice Huang es presentada como víctima parcial del patriarcado y de narrativas mediáticas, pero no como inocente: forma parte de un entramado empresarial mayor. El resultado inclina la balanza hacia la “IA privatizada” (oligopolios cerrados y caros) frente a alternativas más abiertas o estatales/chinas.La nota es interpretativa y sitúa el escándalo en el marco de la guerra tecnológica EE.UU.-China, las restricciones de exportación, las estrategias de elusión chinas y las luchas internas en la administración Trump.

Cierra una artículo que muestra que Argentina queda fuera del nuevo cerco estadounidense a los chips y al cómputo avanzado destinado a China, pero el impacto igual llega por otro lado: el país se convierte en pieza clave del tablero de minerales críticos, energía y data centers. Mientras Milei apuesta a convertir al territorio en hub de IA (con Vaca Muerta, el litio y la Patagonia como activos), la fuerte presencia china en el litio y el alineamiento con Washington generan una tensión geopolítica que puede abrir puertas tecnológicas y, al mismo tiempo, complicar la relación comercial con el principal comprador de minerales argentinos.

17 de noviembre de 1972, el día que Perón volvió

El regreso de Perón el 17 de noviembre de 1972 fue mucho más que el fin de diecisiete años de exilio: fue la derrota de una proscripción que el poder ya no podía sostener. La candidatura de Cámpora y la estrategia electoral del FREJULI convirtieron aquella resistencia en una victoria política. Medio siglo después, la exclusión de Cristina Fernández de Kirchner plantea un interrogante semejante: ¿puede el peronismo reconstruir la fuerza social y política necesaria para quebrar una proscripción y recuperar el derecho de las mayorías a elegir a sus representantes?

El sionismo como credencial del nuevo orden conservador

El paralelo entre República Dominicana y la Argentina permite identificar una operación política que merece atención: la utilización de la relación privilegiada con Israel y de la defensa de la lucha contra el antisemitismo como elementos de legitimación de proyectos políticos nacionales.

En República Dominicana, el gobierno de Luis Abinader reivindica la recepción de refugiados judíos durante el trujillismo mientras convive con políticas de persecución y discriminación contra la población haitiana. En la Argentina de Javier Milei aparece otra configuración: un alineamiento ideológico, diplomático y político con el gobierno israelí que el propio Presidente convirtió en una de las marcas distintivas de su política exterior.

La comparación no supone equiparar las trayectorias históricas ni los regímenes políticos. La dictadura de Trujillo tuvo características propias, incluido el genocidio de haitianos de 1937. Lo que interesa es examinar una lógica política compartida: cómo se construyen legitimidades internacionales mientras se establecen jerarquías y exclusiones dentro de las propias sociedades.

En la Argentina, Javier Milei fue todavía más lejos. No se limitó a estrechar relaciones diplomáticas: convirtió su identificación con Israel en una definición doctrinaria de su gobierno. Él mismo afirmó en noviembre de 2026 que, desde el primer día de su gestión, la Argentina se había puesto del lado de Israel y que ese país constituía un baluarte de los valores de Occidente.
Argentina

La creación de los Acuerdos de Isaac, anunciada por Milei y Netanyahu en abril de 2026, institucionalizó ese alineamiento mediante una plataforma de cooperación política, militar, económica y de seguridad. En octubre, ambos países firmaron además un memorándum de cooperación en Defensa.
Cancillería Argentina.

Pero hay una cuestión que merece una lectura más profunda: el sionismo de Milei no funciona solamente como política exterior. Forma parte de una cosmovisión que divide el mundo entre Occidente y sus enemigos, identifica a la izquierda como adversario cultural y presenta la alianza con Israel como una frontera civilizatoria. En esa construcción, la crítica a las políticas del gobierno de Netanyahu corre el riesgo de ser confundida deliberadamente con antisemitismo.

El interrogante es inevitable: ¿qué intereses materiales acompañan esta identificación ideológica? El alineamiento estratégico con Washington y Tel Aviv, la cooperación militar y tecnológica y la subordinación de la diplomacia argentina a una alianza política internacional forman parte de una misma orientación. Mientras tanto, el ajuste económico, la precarización laboral y el retroceso de las capacidades estatales reorganizan las relaciones sociales dentro del país.

La comparación con Abinader permite advertir una coincidencia política, aunque no una identidad histórica: la utilización de la defensa de Israel como credencial de legitimidad internacional mientras se desarrollan políticas internas que merecen ser examinadas por sus efectos sobre los derechos y las condiciones de vida de sectores subordinados.

Hay que establecer una distinción fundamental: combatir el antisemitismo es una obligación democrática irrenunciable. Pero ninguna causa legítima puede convertirse en un blindaje para gobiernos, políticas militares o proyectos de dominación. El pueblo judío no es el gobierno de Israel, y el sionismo no representa por sí solo la totalidad de las identidades ni de las posiciones políticas judías.

La cuestión central no es la relación de Milei con el judaísmo, sino la conversión de una alianza geopolítica en identidad política de Estado. Cuando la solidaridad internacional se transforma en alineamiento incondicional, la política exterior deja de defender los intereses autónomos de la Argentina para convertirse en una pieza de una estrategia ajena.

Y aquí aparece la verdadera paradoja: quienes invocan permanentemente la libertad y los valores de Occidente parecen olvidar que esos valores también exigen defender los derechos de los palestinos, condenar los crímenes contra civiles y reconocer que ningún Estado está por encima del derecho internacional.

Walsh: «El peronismo de izquierda no era un invento mío»

En la revista Kranear el sociólogo e historiador Roberto Baschetti despide a Patricia Walsh, una militante y luchadora que aparte de ser la hija de Walsh, tiene unos cuantos pergaminos para ser subrayados, como ser la autora del proyecto de ley que anuló las leyes que garantizaban la impunidad de los genocidas; tuvo una amistad con el autor de la nota, que incluye un intercambio epistolar.

Tierra y vivienda: el negocio de apropiarse de la riqueza social

El artículo de Jacobin, a partir de las ideas desarrolladas por el periodista económico Mike Bird en su libro The Land Trap, plantea una cuestión central para comprender el capitalismo contemporáneo: la propiedad de la tierra sigue siendo uno de los mecanismos más poderosos de concentración y reproducción de la riqueza.

A diferencia de otros activos, la tierra tiene una característica decisiva: su oferta es limitada. No puede producirse más territorio y su valor aumenta con el desarrollo económico, la infraestructura y la inversión colectiva. Esto permite que sus propietarios acumulen riqueza sin necesidad de producir bienes, generar empleo o realizar innovaciones.

Aquí aparece una de las contradicciones fundamentales del sistema. Cuando el Estado construye una autopista, un ferrocarril, una estación o mejora los servicios urbanos, aumenta el valor de los terrenos cercanos. La inversión se financia con recursos públicos, pero buena parte de la valorización termina incorporándose al patrimonio privado. La sociedad paga y los propietarios cobran. Es una transferencia de riqueza colectiva hacia quienes controlan el suelo.

La alianza entre propiedad inmobiliaria y sistema financiero profundiza esta dinámica. Los inmuebles funcionan como garantía del crédito y alimentan procesos especulativos. El crecimiento de los precios expande el endeudamiento; su caída puede desencadenar crisis bancarias y recesiones, cuyos costos terminan descargándose sobre los trabajadores.

El artículo recupera también a Henry George, quien proponía gravar la renta del suelo para impedir que los propietarios se apropiaran de las valorizaciones generadas socialmente. Una propuesta que cuestionaba el privilegio de la propiedad territorial, aunque sin llegar a discutir las relaciones de explotación del capitalismo.

La experiencia de Singapur, con una fuerte intervención estatal sobre la propiedad de la tierra y la vivienda, demuestra que el mercado inmobiliario no constituye un orden natural, sino el resultado de decisiones políticas.

La discusión excede, por lo tanto, el precio de los alquileres o el acceso a la vivienda. Se trata de una cuestión de clase: quién posee el territorio, quién controla sus usos y quién se apropia de la riqueza que produce el conjunto de la sociedad.

Por caso la tierra en Argentina no es solo un activo: es la máquina de concentración de riqueza más eficiente que tenemos.El Estado pone el subte, la autopista o el saneamiento. El valor del suelo se dispara. La sociedad paga. El propietario cobra.En la ciudad: cada vez más inquilinos, alquileres desregulados y vivienda convertida en reserva de valor.

En el campo: 13 millones de hectáreas (el tamaño de Inglaterra) en manos extranjeras y fuerte concentración.Mientras la valorización del suelo se privatice, la riqueza colectiva seguirá alimentando privilegios heredados. No es el precio del alquiler. Es quién controla el territorio.

Frente anti fascista: Los límites de la reforma social

El debate abierto por Isabella Weber y la crítica de Michael Roberts tiene una actualidad evidente para la Argentina. El experimento de Milei lleva al extremo la idea de que el mercado debe resolver por sí mismo la asignación de recursos. La desregulación, el ajuste fiscal, la reducción del Estado y la transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados no son simples decisiones técnicas: expresan una determinada relación de fuerzas entre las clases sociales.Desde esta perspectiva, combatir políticamente al mileísmo exige algo más que denunciar sus consecuencias sociales o reclamar una administración económica más eficiente. Hay que discutir quién se apropia del excedente, quién controla los recursos estratégicos, quién determina los precios y quién paga el costo de las crisis. El deterioro de las condiciones materiales no produce automáticamente conciencia política anticapitalista. Puede alimentar también salidas autoritarias, reaccionarias y antipolíticas. Esa es una advertencia que la experiencia argentina confirma una y otra vez.El mayor mérito del artículo de Roberts es recuperar una pregunta que buena parte de la socialdemocracia parece haber abandonado: ¿es posible defender la democracia sin confrontar con el poder económico que condiciona su funcionamiento? Weber sostiene que el fundamentalismo de mercado —en realidad, un fundamentalismo del beneficio— es el núcleo del problema, y propone controles de precios estratégicos, reservas públicas de productos esenciales, servicios básicos universales e impuestos a los más ricos como herramientas para restaurar la “asequibilidad”, la dignidad y la democracia. Roberts coincide en que aliviar el costo de vida y reconstruir servicios públicos puede debilitar el terreno del fascismo, pero advierte que esas medidas, mientras las finanzas, la energía, la alimentación y los recursos estratégicos permanezcan en manos de una minoría propietaria, difícilmente vayan más allá de un primer paso.No conviene subestimar las reformas que Weber propone. Los controles de precios, la recuperación de servicios públicos y la protección de los ingresos populares son instrumentos concretos de una disputa de clases. Pueden alterar la distribución del excedente, limitar el poder de fijar precios de los monopolios y demostrar que el Estado puede intervenir en favor de las mayorías. No son necesariamente un obstáculo para una transformación más profunda. El problema aparece cuando esos instrumentos se convierten en el horizonte definitivo de la política, cuando se los presenta como suficientes para “gestionar” el capitalismo sin cuestionar quién decide sobre la inversión, la propiedad y la orientación de la economía.La experiencia histórica demuestra que el fascismo no se derrota solamente con mejores indicadores económicos, pero tampoco se lo derrota ignorando las condiciones materiales que permiten su expansión. Una política que mejore parcialmente la vida cotidiana sin tocar el poder del capital puede estabilizar temporalmente el orden, pero deja intactas las bases que generan inseguridad, desigualdad y crisis. En esas condiciones, el descontento puede ser capturado por salidas autoritarias que prometen orden sin redistribuir el poder real.La tesis que conviene rescatar es esta: el antifascismo necesita una política económica, pero una política económica que no cuestione el poder del capital corre el riesgo de terminar administrando las condiciones que hacen posible el fascismo. En la Argentina actual, donde el ajuste concentra riqueza y el Estado se retira de funciones estratégicas, esa advertencia es concreta. No hay democracia sustantiva cuando las mayorías pueden votar sólo a los candidatos que el bloque en el poder autoriza, mientras una minoría propietaria conserva el poder de decidir sobre sus condiciones de existencia. Confrontar ese poder —no solo administrarlo— es el terreno en el que el antifascismo puede dejar de ser una defensa de lo existente y convertirse en una disputa por el control de la sociedad.

La revolución libertaria también tiene sector VIP

Una semana más, una semana menos en Argentina. El Papa León XIV visitó Argentina y fue recibido por el presidente Javier Milei; los medios dijeron que el mensaje del Papa era contrario al del Gobierno de Milei porque se informa a través de la CGT y los movimientos sociales; Jorge Macri y Karina Milei quedaron en el medio de la polémica por la carpa VIP para famosos como Yanina Latorre en la misa del Papa; DF Entertainment, la empresa que organizó el VIP, subcontrató dos empresas de Martín Menem para el evento; La mujer de Jorge Macri, María Belén Ludueña, invitó también a su peluquero; Milei se largó a llorar cuando se fue el Papa y Nelson Castro dijo que es un desequilibrado; Massa, Kicillof y Máximo Kirchner intentaron pegarse al Papa y Patricia Bulrrich sigue tratando de despegarse del Gobierno de Milei.

Los protagonistas de la semana fueron Javier Milei, el Papa León XIV, la carpa VIP para la misa, Karina Milei, Yanina Latorre, Patricia Bullrich, Martín Menem, Axel Kicillof, Sergio Massa, Jorge Macri, Victoria Villarruel y muchos más.

Evita y la cuestión de clase: la justicia social no fue una concesión

Eva Perón no fue una teórica marxista ni propuso la abolición de las clases sociales. Pero tampoco fue una predicadora de la conciliación entre los poderosos y los desposeídos. Su originalidad política consistió en convertir a los trabajadores en protagonistas de la vida nacional, confrontar con la oligarquía y transformar la justicia social en una obligación del Estado.

La lección histórica que dela Eva Perón es que no existe cooperación social duradera sin justicia distributiva. Y no existe justicia distributiva cuando una de las partes conserva el poder de imponer unilateralmente las condiciones de la relación al punto de hasta proscribir liderazgos populares

Allí reside una de las claves más profundas de su legado y también una de las tensiones que atraviesan al peronismo hasta nuestros días.

Un estado todopoderoso para desregular

La explosión de MetroGAS en Remedios de Escalada, que dejó al menos un muerto y 30 heridos, revela una dimensión particularmente peligrosa del proyecto de Javier Milei: el debilitamiento de las instituciones públicas encargadas de controlar a las empresas privadas.

El artículo de Somos Cítrica pone el foco en el ENReGE, organismo que debe fiscalizar los servicios de gas y electricidad. Desde junio permanece sin presidente titular, su organigrama continúa en reorganización y la designación de sus autoridades está trabada por disputas internas del oficialismo.

Hay una contradicción central en el discurso libertario: mientras se reclama libertad absoluta para las empresas, se debilitan los instrumentos públicos destinados a garantizar que esa libertad no se ejerza a costa de la seguridad colectiva.

El problema no es solamente administrativo. Es político y estructural.

Los organismos reguladores no son una interferencia arbitraria en el funcionamiento del mercado. Son instituciones que, aun con sus limitaciones, deben establecer límites a los intereses empresarios cuando están en juego bienes esenciales: la seguridad, la vivienda, la energía y la vida.

Cuando el Estado pierde capacidad técnica, autoridad regulatoria y recursos de fiscalización, las empresas ganan margen de maniobra. Pero los riesgos no desaparecen: se trasladan a la sociedad.

Y hay una dimensión de clase que no debe soslayarse: los beneficios de la desregulación y la reducción de controles pueden concentrarse en los actores económicos, mientras que los costos de los accidentes, las deficiencias de infraestructura y la precarización de los servicios recaen sobre trabajadores, vecinos y usuarios.

Esto no significa atribuir automáticamente la explosión al vaciamiento del organismo. La investigación judicial deberá determinar las responsabilidades de MetroGAS, sus contratistas y los funcionarios involucrados. Pero la debilidad institucional constituye un problema político que no puede quedar fuera del debate.

El Estado supuestamente mínimo no elimina el poder: del Estado : elimina, sobre todo, parte de los instrumentos que la sociedad tiene para limitar el poder económico.

Y cuando el control público se retira, no necesariamente aparece un mercado más eficiente. Puede aparecer algo mucho más peligroso: empresas con mayor libertad y ciudadanos con menos protección.

La deuda como instrumento de dominación

En su artículo «Marx, la deuda y los desafíos de un gobierno de izquierda en 2027», Eric Toussaint recupera una advertencia formulada por Marx en Las luchas de clases en Francia: un gobierno surgido de una movilización popular puede terminar enfrentándose a sus propias bases sociales si coloca los compromisos con los acreedores por encima de las demandas de quienes lo llevaron al poder.

En 1848, después de la caída de la monarquía francesa, el gobierno provisional priorizó garantizar el pago de la deuda pública y preservar la confianza de los sectores financieros. Para hacerlo, trasladó los costos de la crisis a las mayorías populares. La contradicción fue evidente: quienes habían conquistado el poder político terminaron soportando las consecuencias de una política económica que preservaba los intereses de las clases dominantes.

Toussaint encuentra en aquella experiencia una advertencia para los gobiernos de izquierda contemporáneos. El caso de Syriza en Grecia, en 2015, constituye una confirmación dramática. Pese al mandato popular contra la austeridad y al rechazo expresado en un referéndum, el gobierno de Tsipras terminó aceptando las condiciones impuestas por los acreedores.

La deuda pública, por lo tanto, no es una cuestión exclusivamente contable ni un problema técnico reservado a economistas. Es una relación de poder. Importa cuánto se debe, pero fundamentalmente quién contrajo la deuda, quiénes se beneficiaron con ella y quiénes deben pagarla.

La experiencia argentina bajo Milei vuelve esta discusión particularmente urgente. Un futuro gobierno popular no podrá limitarse a prometer recuperación salarial, reactivación productiva y reconstrucción del Estado si considera intocables los condicionamientos financieros que restringen su capacidad de decisión.

La auditoría de la deuda, la soberanía monetaria, el control de las divisas y una política de redistribución del ingreso requieren algo más que voluntad gubernamental: necesitan una relación de fuerzas capaz de enfrentar las resistencias del poder económico.

La lección de Marx conserva toda su actualidad: ganar el gobierno no significa conquistar el poder. Si un proyecto popular subordina sus compromisos sociales a la confianza de los acreedores, puede terminar administrando el orden que prometió transformar.

El desafío de 2027 no será solamente derrotar electoralmente al neoliberalismo. Será construir la fuerza política y social necesaria para impedir que la deuda vuelva a gobernar en nombre de la democracia que debe ser restituída. En este sentido la consigna "Cristina Libre", expresa la demanda democrática hoy obstruída por el poder. En definitiva, se trata de dar continuidad del proyecto popular democratico y restitución de la democracia plena y no su la ficción jurídica en la que vivimos.

Saqueo y desindustrialización: Avanza la burguesía nacional

Milei no achica el Estado: reorganiza la economía para los grandes propietarios. La concentración entonces no es un efecto colateral del programa. Es su resultado estructural.

Mientras el discurso invoca competencia y mercado, las condiciones concretas consolidan posiciones dominantes y transfieren recursos desde el trabajo y el consumo popular hacia quienes controlan los activos estratégicos.

El trabajo de Pablo Manzanelli y Valentina Castro (CIFRA-CTA / FLACSO) aporta una clave precisa: no estamos solo ante un programa de estabilización con costos sociales altos. Estamos ante un reordenamiento de la propiedad de los activos estratégicos y del poder de decisión sobre el excedente.

Cinco procesos se entrelazan. Primero, la concentración empresaria: grupos como Clarín (Telecom-Telefónica), Galicia y Macro (HSBC, Itaú), y Vila-Manzano (energía y servicios) amplían su presencia comprando activos de multinacionales que se retiran o reestructuran. Segundo, la reprimarización: el modelo privilegia energía, minería e hidrocarburos sin mecanismos que garanticen industrialización ni valor agregado nacional. Tercero, el RIGI como mecanismo de transferencia: de los 70.826 millones de dólares de inversión inicial mínima comprometida hasta octubre de 2026, el 42,1 % corresponde a empresas locales y, dentro de ese tramo, el 98,3 % a grupos económicos (Pluspetrol, Tecpetrol/Techint, Pampa Energía, Sielecki, PCR), concentrados casi por completo en Vaca Muerta. Los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios —con estabilidad a 30 años— mejoran la rentabilidad privada sin contraprestación equivalente en empleo de calidad, tecnología o proveedores locales. Cuarto, la valorización financiera: la apertura y la desregulación premian la rentabilidad financiera y la adquisición de activos antes que la inversión productiva de largo plazo. Quinto, la disputa por el excedente: la cuestión decisiva es quién se apropia de la riqueza producida y hacia dónde se orienta la inversión.

La concentración no es un accidente ni un efecto secundario. Es el resultado estructural del programa. Se produce una transferencia sistemática de recursos desde los ingresos del trabajo, el consumo popular y las capacidades productivas nacionales hacia los sectores con mayor capacidad de apropiación. No se trata necesariamente de una subordinación simple del capital nacional al extranjero. Lo que emerge es una nueva articulación entre grandes grupos económicos locales y capital financiero internacional: una comunidad de negocios en la que los locales se expanden en energía y activos estratégicos mientras el capital extranjero se concentra en minería metalífera y litio. El discurso oficial reivindica la competencia; las condiciones concretas favorecen la centralización del capital y la consolidación de posiciones dominantes.

Desde el punto de vista político, la oposición no puede limitarse a denunciar la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones o la contracción del consumo. Tiene que explicar qué estructura económica se está construyendo y qué intereses sociales la sostienen. El problema no es solamente que algunos ganan mientras otros pierden. Es que se reorganiza la economía para que determinados sectores tengan capacidad de decidir sobre los recursos, la inversión, el empleo y el destino del excedente nacional. La fiesta no es para unos pocos por casualidad: es para unos pocos porque el modelo organiza las condiciones para que así sea.

Milei no está achicando simplemente el Estado. Está reorganizando la economía para los grandes propietarios. La desindustrialización, la concentración empresaria y la explotación de recursos naturales sin industrialización configuran un nuevo patrón de acumulación cuya contracara es una sociedad con menor capacidad productiva, mayor dependencia y una distribución regresiva de la riqueza. El desafío de una alternativa nacional y popular es superar la denuncia puramente distributiva y volver a discutir el poder económico: quién controla los activos estratégicos, quién decide la inversión y quién se apropia del excedente.

Nuestra casa resistió hasta hoy

La destrucción de la casa del periodista libanés Radwan Mortada, en la localidad de Aita al-Jabal, en el sur del Líbano, condensa una dimensión del conflicto que suele quedar relegada detrás de los partes militares: la destrucción deliberada de las condiciones materiales que hacen posible la permanencia de una población en su territorio.

Según el relato publicado por The Grayzone, soldados israelíes ingresaron en la vivienda, saquearon pertenencias y colocaron explosivos en su interior. La demolición se produjo el 17 de octubre, semanas después de que Mortada difundiera un documental de gran repercusión sobre la operación israelí con buscapersonas explosivos de septiembre de 2024. El Comité para la Protección de los Periodistas expresó su preocupación por una posible represalia contra el periodista. No existe, sin embargo, una prueba concluyente de que ambos hechos estén directamente relacionados.

La casa no estaba en una zona de combate ni dentro de la denominada línea amarilla establecida unilateralmente por Israel. Era una propiedad familiar construida durante casi ocho años. Allí convergían tres generaciones, recuerdos familiares, olivos plantados por el abuelo y la memoria de un hermano fallecido. No se destruyeron solamente paredes: se arrasó una historia de vida.

Pero reducir el episodio a una represalia contra un periodista sería insuficiente. Lo verdaderamente significativo es su inscripción en una política territorial más amplia. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, llegó a anunciar que las localidades del sur libanés serían destruidas siguiendo el modelo aplicado en Rafah y Beit Hanoun, en Gaza. También celebró la imposibilidad de retorno de los habitantes de 24 localidades y afirmó posteriormente que 60 pueblos habían sido arrasados.

Aquí aparece una continuidad política entre Gaza y el sur del Líbano. La destrucción de viviendas, caminos, infraestructura y medios de subsistencia no constituye solamente un daño colateral de la guerra. Cuando se convierte en una práctica sistemática y se acompaña de declaraciones explícitas sobre impedir el regreso de los habitantes, adquiere una dimensión de ingeniería territorial y desplazamiento forzado.

Hay una cuestión que tampoco debe omitirse. Quienes pierden sus casas, sus tierras, sus comercios y sus medios de trabajo son fundamentalmente las mayorías populares que carecen de recursos para reconstruir su existencia en otro lugar. La devastación no distribuye sus consecuencias de manera igualitaria: golpea sobre quienes tienen menos capacidad económica para resistirla. La destrucción de una vivienda es también la destrucción de un patrimonio familiar, de una economía doméstica y de una red comunitaria.

La cuestión del territorio adquiere entonces una dimensión material. No se trata solamente de establecer quién ejerce el control militar, sino de determinar quién puede vivir, trabajar, cultivar y reconstruir su existencia en ese espacio. La expulsión de una población no necesita necesariamente una orden de deportación: también puede producirse mediante la destrucción de todo aquello que vuelve posible el regreso.

El caso de Mortada agrega otra dimensión: el periodismo que documenta esas prácticas también queda expuesto a la intimidación y la violencia. Cuando la casa de un periodista es demolida por una fuerza ocupante, la amenaza trasciende a su familia y alcanza a quienes pretenden investigar y hacer visibles los mecanismos de la guerra.

La comunidad internacional no puede limitarse a contabilizar víctimas y emitir declaraciones de preocupación. Debe exigir responsabilidades y garantizar el derecho al retorno de las poblaciones desplazadas.

Porque hay una diferencia sustancial entre ganar una guerra y destruir las condiciones de existencia de un pueblo. Lo segundo no es una consecuencia inevitable de lo primero: es una decisión política.

La disputa no es solamente por el control de la tierra. Es por el derecho de quienes la habitan a seguir perteneciendo a ella.

La vida por León

La visita de León XIV no puede reducirse a una oportunidad para confrontar con Milei ni convertirse en un recurso de una dirigencia que ha perdido capacidad de convocatoria y representación. La religiosidad popular y la tradición del catolicismo social constituyen un territorio cultural en disputa con el neoliberalismo. La cuestión de fondo no es quién consigue fotografiarse junto al Papa, sino quién será capaz de disputar el sentido de una sociedad donde el mercado pretende ocupar el lugar de la comunidad, la riqueza el de la virtud y el individualismo el de la solidaridad. Allí se juega una batalla cultural y política que ninguna sotana puede librar en lugar de la dirigencia. Relacionado la extensión del besamanos papal y la discusión por las PASO y la reelección indefinida de intendentes.

Serbia: cuando la protesta estudiantil se convierte en alternativa de poder

Serbia muestra que una generación puede irrumpir en la política sin reproducir necesariamente las estructuras tradicionales de representación. Pero también muestra que derrotar electoralmente a un régimen no resuelve por sí mismo el conflicto entre democracia política y poder económico.

Ese es el punto más fértil del artículo y, a mi juicio, el que merece una columna de mayor alcance: cuando los estudiantes dejan de protestar y comienzan a disputar el Estado, la cuestión democrática se convierte inevitablemente en una cuestión social.

En Argentina también existe una distancia entre el malestar social, las movilizaciones sectoriales y la construcción de una alternativa política nacional.

La experiencia serbia plantea una pregunta estratégica: ¿cómo convertir la indignación dispersa en organización, la organización en representación y la representación en un proyecto de transformación?

Y agrega otra enseñanza: no alcanza con denunciar al adversario. Hay que construir instituciones propias de participación, deliberación y control de los representantes.