
Hay una hipótesis comparativa potente, pero conviene formularla con rigor: no afirmar que ambos atentados forman parte de una misma estructura criminal, porque eso todavía no está probado y en La Argentina jamás se probará, se trata de señalar las regularidades de método, reclutamiento y contexto político que justifican investigar una eventual matriz regional de violencia de ultraderecha.
Cerimedo de fuertes vínculos con la familia Caputo fue detenido en Bolivia y es investigado por su presunta relación con el ataque contra Beller. Reuters y The Guardian coinciden en que los atacantes utilizaron disfraces de repartidores y que la investigación contempla la hipótesis de un ataque planificado. Reclutamiento de lúmpenes, operativos precarios, investigaciones ausentes, borramiento de pruebas y redes regionales de ultraderecha impulsando el retorno de la violencia política y no solo narrativa.

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

El capitalismo enfrenta una contradicción que durante mucho tiempo pudo desplazar hacia adelante: el planeta tiene límites. La expansión económica ya no ocurre sobre un espacio aparentemente infinito de recursos naturales, energía, tierras y mercados. El concepto de “mundo lleno” desarrollado por Alberto Garzón en Monthly Review permite pensar esta transformación desde una perspectiva que articula economía, ecología y geopolítica.
Durante la expansión del capitalismo industrial, el crecimiento podía presentarse como un proceso potencialmente ilimitado. La incorporación permanente de nuevos territorios, recursos y trabajadores permitía ampliar la producción y los mercados. Pero esa dinámica encuentra hoy límites materiales cada vez más evidentes. Energía, minerales estratégicos, agua, tierras cultivables y capacidad de absorción de los ecosistemas se convierten en factores de competencia.
El problema no es simplemente que los recursos sean “escasos”. Lo decisivo es quién controla esos recursos, quién decide sobre su utilización y quién se apropia de la renta que generan.
En este escenario reaparece con fuerza una lógica neomercantilista. Las grandes potencias procuran asegurar mercados, cadenas de suministro, tecnologías, fuentes de energía y minerales críticos. Los aranceles, las sanciones, las guerras comerciales y las políticas de relocalización industrial dejan de ser fenómenos aislados: forman parte de una disputa más amplia por posiciones dentro de una economía mundial sometida a crecientes restricciones materiales.
La competencia entre Estados aparece así estrechamente vinculada con la competencia entre capitales. El imperialismo del siglo XXI no se limita al control territorial. También se expresa mediante el dominio tecnológico, financiero, energético y logístico, y mediante la capacidad de apropiarse de recursos localizados en las periferias del sistema.
Desde una perspectiva de clase, esta cuestión adquiere una dimensión todavía más profunda. La escasez no se distribuye democráticamente. Las clases dominantes poseen mayores posibilidades de proteger sus niveles de consumo y trasladar los costos ambientales y económicos hacia las mayorías sociales. La inflación energética y alimentaria, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida pueden convertirse en mecanismos mediante los cuales se socializan los costos de una crisis cuya apropiación continúa siendo privada.
Por eso, la llamada transición ecológica tampoco es políticamente neutral. Puede significar una reorganización democrática de la producción y del consumo o, por el contrario, convertirse en una nueva oportunidad para concentrar renta y poder alrededor de los capitales que controlan las tecnologías, los minerales, la energía y las infraestructuras estratégicas.
Esta perspectiva resulta particularmente relevante para Argentina. El país dispone de recursos cuya importancia aumenta en la nueva competencia internacional: hidrocarburos, alimentos, minerales críticos, agua y enormes extensiones de territorio productivo. El problema estratégico no consiste solamente en aumentar las exportaciones o atraer inversiones. La cuestión fundamental es qué lugar ocupa Argentina en la nueva división internacional del trabajo y quién captura la renta derivada de sus recursos.
Existe aquí una contradicción que merece ser discutida. Mientras las principales potencias despliegan políticas destinadas a proteger sus industrias, garantizar energía, controlar tecnologías y asegurar cadenas de abastecimiento, las economías periféricas pueden ser inducidas a profundizar su especialización primaria. En nombre de la apertura y de la competitividad, pueden terminar ofreciendo justamente aquello que las potencias necesitan: recursos naturales baratos y rentas extraordinarias para el capital transnacional.
El concepto de “mundo lleno” obliga, entonces, a abandonar una visión ingenua de la globalización. En un planeta sometido a límites materiales, la disputa por los recursos se convierte necesariamente en una disputa por el poder.
La cuestión argentina no debería formularse únicamente en términos de cuánto capital extranjero puede atraer el país, sino de qué proyecto nacional permite transformar sus recursos estratégicos en capacidad de desarrollo, soberanía tecnológica, empleo y bienestar social.
El problema central del siglo XXI no será solamente producir más. Será decidir para quién, bajo qué relaciones de propiedad y con qué costos sociales y ambientales se produce.
Como advierte la perspectiva desarrollada por Garzón, el “mundo lleno” modifica las condiciones de reproducción del capitalismo. Y en ese nuevo escenario, la vieja pregunta sobre la distribución de la riqueza adquiere una dimensión geopolítica: quien controle los recursos estratégicos tendrá una posición privilegiada para definir el futuro del sistema mundial.

La guerra contra Irán está produciendo una paradoja estratégica: Estados Unidos e Israel buscaban reducir la capacidad regional de Teherán, pero Irán ha conseguido convertir el estrecho de Ormuz en una herramienta decisiva de presión sobre Washington y sobre la economía mundial.
Ormuz concentra cerca de una quinta parte del petróleo y del gas comercializados globalmente. Por eso, su control no es solamente una cuestión militar: es poder económico. Cada restricción al tránsito eleva el precio de la energía, encarece el transporte y presiona sobre la inflación mundial.
La cuestión central es que superioridad militar no equivale necesariamente a capacidad de imponer una solución política. Estados Unidos puede disponer de una enorme fuerza naval, pero abrir Ormuz por la vía militar implica asumir costos económicos y bélicos crecientes.
Desde una perspectiva de clase, la contradicción es todavía más evidente: los costos de la guerra se trasladan hacia trabajadores y consumidores mediante energía, alimentos y transporte más caros, mientras determinados sectores financieros y energéticos pueden beneficiarse de la volatilidad.
Ormuz muestra así los límites de la hegemonía estadounidense: Irán no necesita derrotar militarmente a Estados Unidos; necesita demostrar que puede hacer demasiado costosa la guerra para que Washington pueda sostenerla indefinidamente.
La disputa por un estrecho de apenas unas decenas de kilómetros revela, en definitiva, una transformación mayor: el poder mundial ya no puede ejercerse únicamente desde la superioridad militar. También depende de quién controla los puntos estratégicos de circulación del capitalismo global.

El debate contemporáneo sobre Marx suele quedar atrapado entre dos reducciones: quienes lo convierten exclusivamente en un teórico de la lucha de clases y quienes lo presentan como un pensador preocupado, ante todo, por la libertad individual. El artículo de Jan Kandiyali publicado en Jacobin permite salir de esa disyuntiva y recuperar una dimensión central de la tradición marxista: la emancipación humana como transformación de las relaciones sociales y como posibilidad de florecimiento colectivo.
La discusión parte de las interpretaciones desarrolladas por filósofos analíticos como G. A. Cohen y Jon Elster. En ellas aparece una lectura de Marx en la que el comunismo puede ser entendido como una sociedad capaz de liberar a los individuos de las restricciones que impiden desarrollar sus capacidades. El problema, señala Kandiyali, es que esta interpretación corre el riesgo de trasladar a Marx una concepción demasiado individualista de la realización humana.
En Marx, por el contrario, el individuo nunca existe separado de sus relaciones sociales. La conocida formulación de La ideología alemana resulta decisiva: «la esencia humana no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales». La emancipación, por lo tanto, no puede consistir simplemente en ampliar las opciones disponibles para individuos aislados. Debe transformar las relaciones sociales que condicionan esas opciones.
libertad y condiciones materiales
Esta cuestión adquiere una enorme actualidad frente al discurso liberal contemporáneo.
La libertad liberal suele ser presentada como ausencia de interferencia: cada individuo sería libre en la medida en que nadie interfiera en sus decisiones. Pero Marx introduce una pregunta anterior: ¿qué condiciones materiales permiten realmente ejercer esa libertad?
Un trabajador que formalmente puede elegir dónde trabajar, pero necesita vender su fuerza de trabajo para garantizar su subsistencia, es jurídicamente libre. Sin embargo, esa libertad está atravesada por una relación material de dependencia.
Lo mismo puede observarse hoy en dimensiones que exceden el trabajo industrial clásico. La vivienda, la educación, la salud, el cuidado, el crédito y hasta el tiempo disponible para la vida familiar están crecientemente determinados por la capacidad de ingreso y por el acceso al mercado.
La paradoja del capitalismo contemporáneo es evidente: la sociedad posee una capacidad productiva extraordinariamente superior a la de cualquier época anterior, pero esa capacidad no se traduce automáticamente en mayor libertad para las mayorías.
La productividad puede aumentar y, simultáneamente, crecer el endeudamiento familiar, la precariedad laboral o la inseguridad respecto del futuro.
el problema no es solamente quién posee
Aquí aparece una cuestión fundamental para una lectura política de Marx.
El capitalismo no constituye únicamente un sistema caracterizado por una distribución desigual de la riqueza. Es también un sistema en el que las relaciones sociales están organizadas alrededor de la valorización del capital.
Por eso, la cuestión de la propiedad resulta indispensable, pero no suficiente.
Una sociedad emancipada no debería limitarse a distribuir de otra manera aquello que produce el capitalismo. También debería preguntarse qué produce, para quién produce y bajo qué relaciones sociales se produce.
El problema del trabajo es particularmente ilustrativo.
En el capitalismo, el trabajo aparece fundamentalmente como un medio para obtener ingresos y reproducir la existencia. El trabajador vende su fuerza de trabajo y el proceso productivo queda subordinado a una finalidad externa: la valorización del capital.
El comunismo pensado desde el horizonte del florecimiento humano implica algo mucho más profundo que una redistribución del ingreso: la posibilidad de transformar el trabajo en una actividad socialmente significativa, cooperativa y progresivamente libre.
La emancipación no sería entonces escapar de toda actividad productiva, sino liberar la actividad humana de su subordinación absoluta a la rentabilidad.
del individuo competitivo al sujeto colectivo
Este punto permite establecer una diferencia profunda con el neoliberalismo.
La concepción neoliberal parte del individuo como unidad fundamental de la sociedad. La sociedad aparece como resultado de millones de decisiones individuales y el mercado como mecanismo privilegiado para coordinarlas.
El marxismo invierte la perspectiva: los individuos son producidos socialmente. Sus posibilidades, aspiraciones y condiciones de existencia dependen de instituciones, relaciones de propiedad, estructuras productivas y relaciones de poder.
De allí que la emancipación no pueda ser exclusivamente individual.
Nadie puede emanciparse completamente de relaciones sociales que continúan sometiendo a otros.
La libertad de algunos basada en la subordinación material de otros no constituye, desde esta perspectiva, una libertad universal.
Este planteo adquiere una particular relevancia en el presente argentino. Frente a una concepción política que reivindica al individuo propietario y presenta la sociedad como una agregación de intercambios privados, la tradición marxista obliga a formular otra pregunta: ¿quién controla las condiciones materiales que hacen posible la libertad?
Porque no alcanza con proclamar la libertad si millones de personas dependen del salario, del crédito, del alquiler o de la asistencia familiar para reproducir cotidianamente su existencia.
el florecimiento humano como horizonte político
La recuperación del concepto de florecimiento humano permite, en definitiva, ampliar la discusión sobre el socialismo.
No se trata solamente de cuánto debe ganar cada persona ni de cómo distribuir la riqueza. Se trata de preguntarse qué tipo de sociedad permite que las capacidades humanas puedan desarrollarse plenamente.
Una sociedad donde la educación no sea una mercancía, donde la salud no dependa de la capacidad de pago, donde la vivienda no sea principalmente un activo financiero, donde el tiempo libre no constituya un privilegio y donde el trabajo pueda ser progresivamente liberado de la lógica de la explotación.
En ese sentido, el comunismo aparece menos como un modelo económico cerrado que como un horizonte de emancipación social.
Y allí reside quizás la principal actualidad de Marx.
El capitalismo ha demostrado una capacidad extraordinaria para desarrollar las fuerzas productivas. Pero precisamente ese desarrollo vuelve más evidente la contradicción entre las posibilidades materiales de la humanidad y las relaciones sociales que organizan su utilización.
La pregunta marxista sigue siendo entonces incómodamente vigente:
si la sociedad dispone de recursos y capacidades productivas suficientes para garantizar una vida digna para todos, ¿por qué esas capacidades continúan subordinadas a la acumulación privada?
Responder esa pregunta implica volver a colocar en el centro de la política no solamente la distribución del ingreso, sino el control social de las condiciones de existencia.
Porque la verdadera emancipación no consiste simplemente en que cada individuo pueda elegir dentro del mercado. Consiste en que los seres humanos puedan decidir colectivamente sobre las condiciones materiales y sociales de su propia vida.
Y esa es, precisamente, una de las dimensiones más potentes del Marx que el debate contemporáneo vuelve a descubrir. En la apertura presentación del libro de Chipi Castillo "Leer a Marx". Acompañan al autor en el panel Lucas Rubinich, Paula Varela y Mariano Schuster, quienes analizan la vigencia del pensamiento marxista frente a los desafíos del capitalismo actual, el ascenso de las extremas derechas y las posibilidades de una transformación social. Una charla imprescindible para quienes buscan coordenadas de lectura en tiempos convulsivos y quieren profundizar en el núcleo duro del marxismo como herramienta de lucha y emancipación.

Los años 1955 y 2026 se tocan. Cuando se excluye a un liderazgo nacional estructurante con condena, atentado y falsas consignas mediáticas, el sistema no se estabiliza: se fragmenta. El resultado son gobiernos débiles, dependientes del FMI y una sociedad que paga el ajuste con 46% de informalidad y deuda para comer. En este contexto de fragilidad cualquier cosa puede suceder, menos una: Estabilizar el desastre socioeconómico que, como objetivo central, diseñó paso a paso el gobierno nacional. Horacio Rovelli en la apertura, analiza el rumbo del modelo actual una vez más, pero en su tramo final ya con el tiempo jugando en su contra y el ocaso acelerándose notablemente.

La refinanciación de las deudas familiares impulsada por el Gobierno porteño, con el Banco Ciudad y otras entidades financieras, se presenta como una respuesta al sobreendeudamiento de los hogares. Pero detrás del alivio a las familias aparece otra función decisiva: evitar que el crecimiento de la morosidad se transforme en un problema para el sistema financiero. La deuda no desaparece: se reestructura, se prolonga y se administra. El Estado interviene así en una contradicción cada vez más visible: salarios que no alcanzan, hogares que recurren al crédito para sostener su reproducción cotidiana y bancos que necesitan que esa deuda siga siendo pagable.

El artículo de Jacobin de Jared Abbott y Joan C. Williams es particularmente interesante porque permite leer la crisis de la coalición de Trump no como un simple problema electoral, sino como un fenómeno de realineamiento de clase y ausencia de representación.
El dato central es contundente: entre los votantes que llevaron a Trump a la victoria en 2024, quienes hoy dudan de volver a votar republicano pasaron del 20% en febrero al 23% en abril y a más del 25% en julio de 2026. Entre quienes ganan menos de US$50.000, la proporción llega al 32%, frente al 18% entre quienes ganan más de US$100.000.
Pero hay algo todavía más importante: la pérdida de Trump no se transforma automáticamente en recuperación demócrata. Menos de uno de cada cinco de esos votantes fluctuantes dice que votaría demócrata en 2028; el 56% permanece indeciso, el 22% optaría por un independiente o un tercer partido y el 5% directamente no votaría. Es decir, los demócratas recuperaron menos del 5% de los votantes que Trump obtuvo en 2024.
Aquí aparece, a mi juicio, la cuestión de fondo.
La lectura convencional diría: Trump está perdiendo trabajadores porque su gobierno no cumple sus promesas. Pero el artículo muestra algo más profundo: una parte creciente de la clase trabajadora está abandonando la identificación partidaria sin encontrar todavía una representación política alternativa.
Y esto tiene una enorme importancia desde una perspectiva de clase. La crisis no es solamente de Trump; es también una crisis de representación política de las clases subalternas.
Los propios encuestados explican por qué no saltan hacia los demócratas. El 37% de las respuestas negativas sobre el Partido Demócrata se relacionan con corrupción, intereses propios y enriquecimiento de sus dirigentes; otro 12% con debilidad e incapacidad para actuar, y alrededor del 10% con la percepción de que el partido ya no conoce ni representa la vida cotidiana de los sectores populares. En conjunto, estos tres elementos explican alrededor del 60% de las opiniones negativas.
Esto es especialmente significativo porque desmonta una explicación muy difundida: el problema de los demócratas no es principalmente que los trabajadores los consideren "demasiado izquierdistas". Las cuestiones vinculadas al llamado wokeness representan una proporción bastante menor de las críticas. El problema central es otro: no creen que los demócratas estén de su lado.
Ahí está probablemente la clave política del fenómeno.
Trump consiguió construir una coalición interclasista de derecha utilizando demandas materiales reales —inflación, salarios, costo de vida, inmigración— y combinándolas con una política cultural y nacionalista. Pero esa coalición tenía una contradicción estructural: la base popular y trabajadora de Trump no pertenece necesariamente a la misma clase cuyos intereses económicos expresa el núcleo de poder que rodea al presidente.
Por eso resulta tan reveladora la observación de los autores sobre el círculo de multimillonarios de Trump. La cuestión no consiste simplemente en denunciar la riqueza de sus dirigentes, sino en mostrar la contradicción entre un discurso político dirigido a trabajadores y una estructura de poder profundamente ligada al capital concentrado.
Y aquí podemos hacer una lectura todavía más amplia: la derecha populista puede capturar el malestar de clase sin resolver la contradicción de clase que lo produce.
Ese mecanismo no es exclusivamente estadounidense. Es uno de los grandes problemas políticos contemporáneos: cuando las organizaciones tradicionales de la clase trabajadora dejan de ser percibidas como instrumentos efectivos de representación, el descontento social queda disponible para fuerzas que pueden desplazar el conflicto desde el terreno económico hacia el cultural, nacional, racial o moral.
La consecuencia es paradójica: trabajadores enfrentados a problemas semejantes pueden terminar votando políticamente en sentidos opuestos porque la experiencia de clase deja de traducirse automáticamente en conciencia y representación de clase.
Por eso el dato más importante del artículo quizá no sea que Trump esté perdiendo trabajadores. Es que esos trabajadores todavía no encontraron quién los represente.
Y esa diferencia es fundamental.
Trump puede perderlos sin que los demócratas los ganen. Pueden pasar a un tercer partido. Pueden abstenerse. Pueden permanecer indecisos. Incluso pueden volver a votar republicano como "mal menor". En otras palabras, la crisis de la hegemonía trumpista no equivale todavía a una nueva hegemonía popular.
Desde esta perspectiva, 2026 no muestra simplemente el comienzo del derrumbe de Trump. Muestra algo más interesante: la apertura de una disputa por la representación política de la clase trabajadora estadounidense.
Y allí está la verdadera pregunta estratégica para la oposición : ¿quién consigue convertir el malestar económico en organización polítca con Cristina Kirchner proscripta antes de que ese malestar vuelva a ser canalizado por la derecha?
Ese interrogante excede ampliamente a Estados Unidos. También permite pensar, por analogía, algunas de las dificultades actuales de las fuerzas populares en Argentina.

Michael Roberts plantea una pregunta incómoda: ¿la economía académica está cambiando realmente su manera de comprender el capitalismo o simplemente está incorporando herramientas cada vez más sofisticadas para estudiar los mismos supuestos de siempre?
La economía dominante se ha vuelto más empírica, utiliza grandes bases de datos, nuevos métodos estadísticos, experimentos naturales e inteligencia artificial. Pero, como señala Roberts, una metodología más sofisticada no garantiza una explicación más profunda de la realidad. El problema no es solamente cómo se mide, sino qué relaciones sociales quedan fuera de la medición.
La crítica adquiere especial fuerza frente a los modelos macroeconómicos de equilibrio, que suelen tratar las crisis como perturbaciones externas. Desde una perspectiva marxista, en cambio, las crisis no son simples accidentes: forman parte de las contradicciones de la acumulación capitalista. Por eso categorías como inversión, rentabilidad, endeudamiento y distribución del excedente resultan centrales para comprender la dinámica económica.
La misma cuestión aparece con la inflación. No alcanza con explicar el aumento de precios mediante dinero, costos o expectativas. Hay que preguntarse también quién puede trasladar aumentos, quién defiende sus márgenes y cómo se distribuye socialmente el costo de la inflación. Lo mismo ocurre con el endeudamiento: cuando millones de hogares recurren al crédito para sostener su consumo, difícilmente pueda explicarse como resultado de decisiones individuales. Es una expresión de relaciones económicas y sociales más amplias.
Esta perspectiva resulta particularmente pertinente para analizar la Argentina actual. El ajuste fiscal, la desregulación, las reformas laborales o las modificaciones tributarias suelen presentarse como decisiones técnicas y neutrales. Pero toda política económica redistribuye recursos y poder entre clases y sectores sociales. La pregunta fundamental es entonces quién gana, quién pierde y qué relaciones de fuerza se modifican.
El aporte de Roberts consiste en recordar que la economía puede avanzar enormemente en sus instrumentos sin necesariamente cambiar su objeto de análisis. Podemos tener más datos, mejores modelos y algoritmos más poderosos y, sin embargo, seguir sin responder preguntas elementales: ¿quién produce?, ¿quién decide?, ¿quién se apropia del excedente?, ¿quién soporta las crisis?
El desafío de una economía crítica no consiste en rechazar las nuevas herramientas, sino en utilizarlas para recuperar aquello que la economía dominante suele ocultar: que detrás de cada cifra existen relaciones sociales, intereses y relaciones de poder.

El artículo de Lucas Schaerer, publicado hoy en RezoXVos, propone una lectura de San Martín centrada en su catolicismo, su espiritualidad y la dimensión religiosa del Ejército de los Andes. El texto sostiene que sus padres eran terciarios dominicos, que San Martín fue bautizado en Yapeyú, que los Granaderos utilizaban escapularios y mantenían una disciplina espiritual, y que antes del cruce de los Andes el general hizo bendecir a la Virgen del Carmen de Cuyo y le entregó el bastón de mando.
Pero hay un punto políticamente mucho más interesante: el artículo intenta disputar el significado contemporáneo de San Martín. La cuestión no es solamente si San Martín fue católico —hay abundante evidencia histórica sobre su pertenencia cultural y religiosa—, sino qué proyecto político se construye hoy a partir de esa dimensión de su pensamiento.
San Martín: fe, independencia y soberanía
El artículo acierta al recordar algo que cierta historiografía liberal tendió a relegar: la revolución independentista rioplatense no nació en un vacío cultural secularizado. La sociedad colonial era profundamente católica y las ideas de emancipación convivían con lenguajes religiosos, jurídicos y políticos heredados de la tradición hispánica.
Sin embargo, reducir a San Martín a “un hombre de fe” resulta insuficiente. Su religiosidad debe ser situada dentro de un proyecto político mucho más amplio: la emancipación americana y la construcción de soberanías capaces de enfrentar la dominación colonial.
La propia trayectoria sanmartiniana resulta reveladora. Su proyecto no se limitaba a independizar un territorio administrativo del Imperio español. El objetivo estratégico era mucho más ambicioso: derrotar el poder colonial en América del Sur y evitar que la fragmentación política convirtiera a las nuevas repúblicas en espacios subordinados a las grandes potencias.
Por eso resulta especialmente significativo el pasaje del artículo que recupera la preocupación sanmartiniana por el “libre comercio” y contrapone su proyecto al de Rivadavia y posteriormente al de Mitre.
Ahí aparece una clave que permite conectar al San Martín histórico con los debates argentinos contemporáneos.
El problema no es religión versus secularismo
La discusión interesante no debería ser si San Martín fue “religioso” o “laico”. Esa oposición proyecta sobre el siglo XIX categorías contemporáneas.
La cuestión decisiva es otra: ¿Qué relación existía entre su fe, su concepción de la autoridad política y su proyecto de emancipación continental?
El artículo cita el Estatuto Provisional del Perú de 1821, cuyo primer artículo establecía la religión católica, apostólica y romana como religión del Estado. También señala que los funcionarios debían profesar la religión cristiana.
Pero ese dato necesita ser colocado en su contexto histórico. San Martín no estaba diseñando un Estado liberal del siglo XXI. Estaba organizando políticamente un territorio recién liberado de una monarquía colonial y en medio de una guerra revolucionaria.
Por eso resulta metodológicamente peligroso utilizar ese texto para convertir retrospectivamente a San Martín en un precursor de cualquier programa político contemporáneo.
El San Martín que incomoda al liberalismo económico
Hay, en cambio, una dimensión de San Martín que resulta particularmente fértil para pensar la Argentina actual.
El libertador entendía la independencia política como inseparable de la capacidad efectiva de los pueblos para decidir sobre su destino. La soberanía no podía reducirse a la existencia formal de una bandera, un gobierno y una Constitución.
Y aquí aparece una tensión histórica que sigue siendo actual: ¿Puede existir independencia política cuando las principales decisiones económicas, comerciales, financieras y estratégicas quedan subordinadas a poderes externos?
El San Martín de la emancipación ofrece una respuesta inequívoca: la independencia debía ser efectiva.
De ahí que sea mucho más productivo recuperar su figura desde la relación entre soberanía, territorio, recursos, integración continental y autonomía económica que utilizarlo como simple emblema religioso.
La disputa por la memoria de San Martín
Hay además una cuestión de política cultural.
San Martín es uno de los pocos símbolos argentinos capaces de atravesar las fronteras partidarias. Precisamente por eso, su figura constituye un terreno permanente de disputa por la memoria colectiva.
El liberalismo oligárquico construyó durante décadas un San Martín compatible con una determinada narrativa de la organización nacional. El nacionalismo popular recuperó otro San Martín: el de la emancipación americana, la soberanía y la oposición a la subordinación económica.
El artículo de Schaerer introduce ahora otra dimensión: el San Martín católico y espiritual.
Las tres dimensiones pueden coexistir históricamente. Lo que no debería hacerse es utilizar una de ellas para borrar las otras.
Porque un San Martín exclusivamente religioso sería tan incompleto como un San Martín exclusivamente militar o exclusivamente liberal.
La paradoja contemporánea
Y aquí aparece, a mi juicio, la cuestión política más potente.
Si se quiere recuperar al San Martín católico, también habría que recuperar su idea de comunidad, su noción de deber público y su concepción de la emancipación americana.
No parece posible reivindicar su religiosidad mientras se abandona la cuestión de la soberanía económica.
No parece coherente reivindicar su cruzada emancipadora mientras se considera que la inserción subordinada de la Argentina en los circuitos financieros y comerciales globales constituye una virtud en sí misma.
Y tampoco parece razonable convertir la religión de San Martín en una herramienta de legitimación de un proyecto económico que pueda profundizar la dependencia.
San Martín no fue simplemente un hombre que creyó en Dios. Fue un hombre que puso esa convicción al servicio de una determinada concepción del deber, la comunidad política y la emancipación.
Por eso la pregunta contemporánea no debería ser solamente “¿en qué creía San Martín?”, sino:
¿Qué entendía San Martín por libertad y qué condiciones materiales consideraba necesarias para conquistarla?
Esa pregunta devuelve la discusión al terreno verdaderamente sanmartiniano: la independencia como proyecto político, económico y continental.
Y allí el debate deja de ser sobre estampitas, ceremonias o apropiaciones religiosas de la memoria del Libertador para convertirse en una discusión sobre soberanía o dependencia.

El artículo «Globalismo» de Le Grand Continent (12 de agosto de 2026), forma parte de un proyecto particularmente interesante: reconstruir críticamente el vocabulario político de la extrema derecha contemporánea. El punto central no es solamente qué significa la palabra globalismo, sino cómo una categoría originalmente descriptiva fue transformándose en una pieza de combate político y, en determinados discursos, en una teoría conspirativa.
La propia revista explica que términos como «globalismo», «marxismo cultural», «declive de Occidente», «orden natural» o «deep state» deben analizarse no aisladamente, sino como componentes de un repertorio ideológico que establece una frontera entre un in-group considerado legítimo y un out-group presentado como amenaza.
Una cuestión especialmente relevante desde una perspectiva de clase
El problema del concepto globalismo es que puede capturar una contradicción real del capitalismo contemporáneo, pero desplazarla hacia una explicación conspirativa.
Existe, efectivamente, una transformación estructural del capitalismo: internacionalización de las cadenas de valor, financiarización, concentración transnacional del capital, poder de las grandes plataformas tecnológicas, organismos supranacionales, fondos de inversión y creciente capacidad de las corporaciones para condicionar las decisiones estatales.
Pero una cosa es analizar la estructura material del capitalismo global y otra muy distinta atribuir esa estructura a una conspiración homogénea de «élites globalistas».
Ahí aparece una operación ideológica decisiva: la relación entre capital y trabajo desaparece detrás de la oposición entre «pueblo» y «globalistas».
El trabajador precarizado, el pequeño empresario endeudado o el jubilado que pierde capacidad adquisitiva pueden experimentar efectivamente las consecuencias de procesos globales. Pero si la explicación identifica como responsable a «los globalistas», se produce un desplazamiento: la contradicción social deja de ser capital/trabajo y pasa a ser nación/élite cosmopolita.
Ese desplazamiento es políticamente extraordinariamente eficaz.
El problema de la extrema derecha no es que invente todas las contradicciones
Este punto me parece fundamental para leer el texto.
La extrema derecha contemporánea no necesita inventar el malestar social. Lo que hace es darle una determinada gramática política.
La investigación que acompaña el proyecto de Le Grand Continent sostiene precisamente que la batalla política contemporánea también se libra en el terreno del lenguaje. Steven Forti señala que la normalización de determinadas palabras e ideas permite que posiciones que antes eran marginales ingresen progresivamente en el sentido común.
Esto permite comprender algo que en Argentina resulta particularmente visible.
Cuando Milei habla contra «la casta», «el socialismo», «la justicia social» o determinadas formas de «globalismo», no estamos solamente ante definiciones doctrinarias. Estamos ante operaciones de construcción de antagonismos.
El problema es qué sujetos quedan incluidos y excluidos en esos antagonismos.
Del conflicto de clases a la guerra cultural
La eficacia de esta nueva derecha reside, en buena medida, en haber comprendido que la hegemonía no se construye exclusivamente alrededor de un programa económico.
Se construye alrededor de una interpretación del mundo.
Por eso adquieren tanta importancia cuestiones como género, inmigración, nación, seguridad, «wokismo», libertad de expresión, identidad nacional, élites culturales y «globalismo». El propio Forti señala que la nueva derecha combina storytelling emocional, provocación, memes y guerras culturales para desplazar el centro del debate.
Desde una perspectiva gramsciana, podría decirse que estamos ante una disputa por el sentido común.
Y aquí aparece una paradoja: sectores populares pueden terminar adhiriendo a una representación del conflicto que identifica correctamente algunas experiencias de subordinación pero identifica incorrectamente sus causas.
Ese es quizás uno de los mecanismos más sofisticados de la hegemonía contemporánea.
Globalización no es lo mismo que «globalismo»
Conviene, por eso, separar tres conceptos:
Globalización: proceso histórico-material de expansión e integración de mercados, capitales, tecnologías, cadenas productivas y flujos financieros.
Gobernanza global: conjunto de instituciones y mecanismos mediante los cuales se coordinan determinadas decisiones internacionales.
Globalismo: término político que, en determinados discursos de extrema derecha, transforma esos procesos complejos en la acción deliberada de una élite homogénea que conspiraría contra las naciones.
La diferencia no es académica. Es política.
Porque criticar la globalización capitalista puede ser perfectamente compatible con una crítica marxista del capital transnacional, mientras que la teoría conspirativa del globalismo tiende a personalizar y moralizar relaciones estructurales.
Y aquí aparece la cuestión argentina
El concepto adquiere especial importancia para interpretar el proyecto de Milei.
Hay una contradicción que merece ser examinada con mucha atención: el discurso libertario denuncia supuestas élites globales mientras impulsa una política de apertura, desregulación y subordinación de importantes decisiones económicas a las condiciones de los mercados internacionales y del capital financiero.
Por eso no alcanza con preguntarse si Milei es «globalista» o «antiglobalista».
La pregunta más productiva es:
¿Qué fracción del capital se beneficia de cada dimensión de su proyecto y cuál es el lugar que ocupa el trabajo en esa reorganización?
Ese interrogante permite salir de la trampa semántica.
La retórica nacional-popular de determinadas derechas puede coexistir perfectamente con políticas económicas favorables a sectores altamente internacionalizados del capital. Y, a la inversa, puede utilizar el nacionalismo cultural para construir legitimidad social para una transformación económica profundamente regresiva.
La cuestión de fondo
Hay entonces una conclusión que, a mi juicio, permite ir más allá del artículo:
la crítica al globalismo no debe ser monopolizada por la extrema derecha.
Existe una crítica de izquierda mucho más consistente: no necesita imaginar una conspiración mundial. Puede analizar empíricamente la concentración del capital, la financiarización, la pérdida de capacidad regulatoria de los Estados, la internacionalización productiva, la desigual distribución de la renta y la subordinación de las mayorías populares a decisiones tomadas por actores económicos que carecen de control democrático.
El desafío político consiste, precisamente, en reconstruir ese conflicto sin convertirlo en una guerra cultural entre pueblos y enemigos imaginarios.
Porque detrás de la palabra «globalismo» hay una pregunta mucho más concreta:
¿quién controla el capital, quién controla el Estado, quién se apropia del excedente y quién paga los costos de la reorganización capitalista mundial?
Esa es la pregunta que permite recuperar la dimensión de clase que la retórica de la «guerra contra el globalismo» tiende a ocultar. Y también permite comprender por qué la extrema derecha puede presentarse simultáneamente como rebelión contra las élites y como vehículo político de determinadas fracciones de las clases dominantes.

De Zeballos a Storni, de Travassos a Guglialmelli, la Argentina construyó una tradición geopolítica que pensó el territorio como una dimensión del poder. Recuperar esa mirada permite leer de otro modo el AtlánticoSur, Malvinas, los recursos estratégicos, la relación con Brasil y los desafíos de la dependencia en el siglo XXI. Abre el video de Mates con Historia, conversación de Pablo Yurman con Juan José Borrelli
sobre Historia de la geopolítica argentina.

En última instancia, el artículo de Sgarzini que publicamos, muestra que la pelea por Infantino no es una pelea entre quienes quieren mercantilizar el fútbol y quienes quieren preservarlo como patrimonio popular. Es, por ahora, una disputa entre distintas fracciones del capital y de las burocracias deportivas por controlar una de las grandes máquinas globales de producción de renta, audiencia y poder simbólico.

La hipótesis, que se busca testear analizando los distintos proyectos neoperonistas del 1955 hasta 1973, es que Perón pugnó por mantener la conducción de su movimiento buscando permanentemente destruir cualquier forma de organización que escapara a su control y a la lógica del liderazgo carismático, y lo hizo aprovechando la puja interna característica de su partido, construyendo y destruyendo alianzas internas o externas, operando con un pragmatismo que demostró tener alta efectividad. Pese a proclamar lo contrario, el propio Perón trabajó en contra de la organización o institucionalización del peronismo, para poder mantener su control sobre esa fuerza política. Dicho de otra manera, la organización carismática, con fuerte dependencia de las acciones del líder y conductor, fue el único o más efectivo modo que Perón encontró para mantener vivo al peronismo. El espacio de tiempo que se analiza termina en 1973 con el retorno de Perón al poder político, hecho que sumado a su muerte al poco tiempo, colocó al peronismo en una situación totalmente diferente al proceso que examinaremos a continuación. Para realizar este estudio nos apoyaremos en los aportes de Panebianco (Panebianco, 1995), en su conceptualización de los partidos carismáticos y en sus contribuciones a la comprensión de dinámica de constitución de las coaliciones dominantes en el interior de esos partidos. En tanto la investigación empírica nos reveló que, en todas las etapas, la lucha por la conducción del peronismo se resolvió en un juego entre tres fuerzas protagónicas, utilizaremos también los esquemas desarrollados por Theodore Caplow para el análisis de la teoría de las coaliciones en las tríadas (Caplow, 1956 y 1959).

El artículo de Viento Sur, por su propio título —“Cuando comenzó el genocidio, Walid tenía dos años”—, parece plantear una clave especialmente potente: el genocidio no comienza el 7 de octubre de 2023, sino que debe inscribirse en una temporalidad histórica mucho más extensa, en la que la experiencia palestina aparece marcada por desposesión, ocupación, expulsión y violencia estructural.

La unidad del peronismo es necesaria, pero no puede convertirse en un sustituto de la discusión central: la proscripción de Cristina Kirchner. La experiencia argentina de Frondizi, Illia y Cámpora demuestra que excluir de la competencia a una fuerza o liderazgo con capacidad de representación social no elimina su gravitación: puede, por el contrario, profundizar la distancia entre instituciones y relaciones reales de fuerza. El desafío actual no es simplemente volver a juntar dirigentes, sino construir una mayoría capaz de representar a quienes hoy necesitan ser representados y, al mismo tiempo, defender las condiciones de una democracia efectivamente inclusiva. Que el árbol de la unidad no nos impida ver el bosque de la proscripción, esto supone no iniciar un nuevo intento de neoperonismo de los tantos que existieron como vimos, en la historia del movimimiento fundado por Juan Perón.

El artículo de Michael Roberts —tercera parte de su revisión sobre las teorías de la inflación— propone algo bastante más profundo que la explicación monetarista de “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes”. Su punto de partida es la teoría marxista del valor.
La tesis central
Para Roberts y Guglielmo Carchedi, la inflación debe analizarse a partir de la relación entre dinero en circulación y valor producido. El valor se aproxima mediante las horas de trabajo productivo empleadas en la producción de mercancías. La inflación aparece cuando el crecimiento del dinero efectivamente circulante supera el crecimiento del valor creado.
La fórmula conceptual es sencilla:
Inflación = crecimiento del dinero en circulación − crecimiento del valor producido
Pero el argumento marxista está en determinar por qué se mueve cada componente.
Roberts sostiene que el dinero no es la causa última: las autoridades monetarias reaccionan frente a la evolución de la economía. Cuando cae la rentabilidad y se desacelera la creación de valor, los bancos centrales intentan compensarlo mediante expansión monetaria y reducción de tasas. El problema es que emitir más dinero no crea por sí mismo nuevo valor.
El punto fuerte: la rentabilidad
Aquí aparece una conexión particularmente interesante. El aumento de la composición orgánica del capital —más medios de producción respecto del trabajo empleado— tiende a reducir la tasa de ganancia y, según Roberts, también limita el crecimiento de las horas de trabajo productivo. En su evidencia para Estados Unidos entre 1949 y 2022 encuentra una correlación positiva entre la tasa de ganancia y la evolución de las horas trabajadas.
Esto permite reinterpretar la inflación de los años setenta: no sería simplemente un episodio de “exceso de dinero”, sino una situación en la que la creación de valor se debilitó mientras la respuesta monetaria intentaba sostener la acumulación. El resultado fue una aceleración de la inflación junto con estancamiento económico: la conocida stagflation.
Y acá está lo políticamente importante
El artículo introduce una crítica potente a la manera convencional de medir la inflación, no ya el dibujo metodológico bizarro del INDEC, que lo hace con un IPC con ponderadores dos décadas atrasados.
Roberts calcula que entre 1949 y 2019 la denominada “tasa de inflación del valor” promedió 5,2% anual, frente al 3,4% del IPC estadounidense y el 3,1% del deflactor del PIB.
La consecuencia es decisiva: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores puede ser mayor de lo que registra la inflación oficial, si se mide el salario no simplemente por su capacidad de comprar una canasta de bienes, sino en relación con el valor producido y el tiempo de trabajo necesario para obtener esos bienes.
En otras palabras, Roberts desplaza la discusión desde:
“¿Cuánto subieron los precios?” hacia una pregunta mucho más incómoda:
“¿Qué ocurrió con la relación entre el trabajo realizado, el valor producido, el dinero que circula y lo que los trabajadores pueden apropiarse?”
Ese desplazamiento es central desde una perspectiva de clase. La inflación deja de aparecer como una anomalía técnica que debe corregirse mediante tasas de interés y pasa a inscribirse en las contradicciones de la acumulación capitalista y la distribución del valor entre capital y trabajo.
Además, Roberts sostiene que sus pruebas estadísticas encuentran evidencia de que los cambios en las horas de trabajo —su proxy del valor— preceden a los cambios en el dinero circulante, mientras que no encuentra la relación inversa con la misma fuerza. Advierte, correctamente, que correlación no equivale por sí misma a causalidad.
Para Argentina, la veta más fértil del artículo está ahí: permite discutir críticamente el IPC sin caer en la idea simplista de que todo índice oficial es necesariamente “falso”, (aunque en La Argentina hay serias objeciones metodológicas al actual IPC) como se muestra en la nota de cierre). La cuestión más profunda es qué relación social queda oculta detrás de un número de inflación y quién soporta el costo de preservar la rentabilidad, el ajuste y la estabilidad monetaria.
Roberts anuncia que la cuarta parte abordará precisamente la cuestión de los salarios reales, además de explicar el salto inflacionario posterior a la pandemia.

El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.
El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.
En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.
Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.
La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.
Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.
Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.
La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:
¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?
Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.

El texto aborda el creciente malestar psíquico en Argentina, especialmente entre jóvenes, marcado por ansiedad, depresión, trastornos del sueño y riesgo suicida. Más de la mitad de quienes necesitan atención psicológica no acceden a tratamiento, y los sectores populares concentran los peores indicadores.
El autor sostiene que reducir el sufrimiento a un problema meramente sanitario es un error: la salud mental debe entenderse desde una perspectiva colectiva, vinculada a condiciones sociales, económicas y políticas. Se compara la crisis actual con la de 2001, cuando la organización comunitaria (piqueteros, fábricas recuperadas, asambleas barriales) permitió elaborar el dolor de manera compartidaPágina actual+1Página actual. Sin embargo, aquella crisis produjo simultáneamente un proceso de organización social.Página actual. El movimiento piquetero, las fábricas recuperadas, las asambleas barriales, los clubes de trueque y múltiples experienci.... Hoy, en cambio, predomina el individualismo y la fragmentación social, con un Estado debilitado y políticas públicas desfinanciadas.
La precarización laboral, la lógica meritocrática y el aislamiento digital generan sujetos más solos frente a sus padecimientos. Esto se refleja en el alarmante aumento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años, etapa vital para construir proyectos de vida que hoy chocan con empleos precarios, salarios insuficientes y falta de horizontes colectivosPágina actual+1Página actual. Quizá por eso uno de los datos más alarmantes sea el crecimiento del riesgo suicida entre jóvenes de 18 a 28 años. No se...Página actual. Cuando esas expectativas chocan sistemáticamente con empleos precarios, salarios insuficientes, imposibilidad de acceder.... Según Julieta Calmels, en Argentina mueren 14 personas por día por suicidio, cifra directamente vinculada al deterioro social y económico.
El artículo concluye que la crisis actual no sólo empobrece ingresos, sino también vínculos, proyectos y esperanza. La salud mental requiere reconstruir espacios comunitarios: sin comunidad no hay salud mental, y sin horizonte común, incluso vivir puede volverse insoportable para muchos jóvenes. En suma la salud mental es inseparable de la justicia social y de la posibilidad de imaginar un futuro compartido. Un lapsus momentáneo de razón.

El análisis publicado corresponde al artículo de Jonathan Cook, publicado hoy, 14 de agosto de 2026: “Thatcher warned in 1989 of a climate crisis. She did nothing. Nor will her successors”.
La tesis central es potente: la crisis climática no puede explicarse como un fracaso de información o de conocimiento científico. Los gobiernos sabían desde hacía décadas lo que estaba ocurriendo y cuáles serían sus consecuencias. Cook reconstruye una cadena de advertencias que va desde los primeros estudios sobre el efecto invernadero hasta las investigaciones internas de las propias petroleras. Incluso Exxon había elaborado en 1982 proyecciones que anticipaban con notable precisión los niveles de CO₂ y el calentamiento que se verificarían décadas después.
El punto político decisivo aparece en 1989: Margaret Thatcher, emblema del neoliberalismo y de la defensa de los mercados, ya advertía públicamente ante la ONU sobre el cambio climático. Sin embargo, esa conciencia no se tradujo en una política capaz de enfrentar las causas estructurales del problema. Paralelamente, la industria fósil comenzó a financiar think tanks y campañas destinadas a sembrar dudas sobre una evidencia científica que sus propias investigaciones internas respaldaban.
Ahí está lo más interesante del artículo: el problema no es que “la humanidad” haya sido ignorante o irresponsable en abstracto. El obstáculo fue la contradicción entre la supervivencia ecológica y la rentabilidad del capital fósil. Los gobiernos podían conocer el peligro, pero intervenir seriamente significaba enfrentar intereses económicos con enorme capacidad de presión política, mediática y financiera. Cook sostiene precisamente que los costos políticos de enfrentarse al poder corporativo fueron demasiado elevados.
En otras palabras: no faltó información; faltó poder político para convertir el conocimiento en decisión. Y esa diferencia es fundamental. La historia climática de las últimas décadas puede leerse como una demostración de que el capitalismo es capaz de incorporar el conocimiento de una catástrofe siempre que pueda seguir extrayendo rentabilidad de las actividades que la producen.
La paradoja de Thatcher es particularmente reveladora: el mismo neoliberalismo que proclamaba la superioridad de las decisiones descentralizadas del mercado terminó subordinando una cuestión civilizatoria a las necesidades de acumulación de grandes corporaciones energéticas. El mercado sabía; los científicos sabían; los gobiernos sabían. Pero la rentabilidad tenía mayor capacidad de imponer sus prioridades.
No fue ignorancia: fue la clase dominante sabiendo exactamente lo que estaba haciendo.
Y allí el artículo de Cook adquiere una dimensión que excede la cuestión ambiental y la geografía del Reino Unido: la crisis climática es también una crisis de democracia y de poder, porque demuestra hasta qué punto el conocimiento científico puede ser desconocido y políticamente impotente cuando choca contra intereses económicos concentrados. ¿No les recuerda nada?