De la bandera de Malvinas a la venta de la tierra
Hay una contradicción política : no alcanza con denunciar hoy la extranjerización si antes se acompañó —desde distintos espacios opositores y provinciales— el andamiaje jurídico y económico que amplió la capacidad del capital transnacional para apropiarse de recursos estratégicos.
Conviene, eso sí, distinguir responsabilidades: no todos los dirigentes opositores votaron lo mismo ni apoyaron el RIGI. La propia votación parlamentaria muestra posiciones diferenciadas. Pero sí existe un antecedente documentado de gobernadores peronistas y legisladores provinciales aliados que impulsaron o acompañaron el RIGI, Súper RIGI el andamiaje estructural de la pérdida de soberanía particularmente en el Norte del paí, que según esta dirigencia transvcersal, resularía beneficiado con la entrega de soberanía.
La soberanía como consigna de ocasión
De la bandera de Malvinas a la venta de la tierra: la soberanía no puede ser una consigna de ocasión
El 15 de julio de 2026, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la selección argentina acababa de eliminar a Inglaterra (2-1) y Giovani Lo Celso recogía del borde del área una sábana pintada en un hotel. Lisandro Martínez y Cristian Romero la desplegaron con él. La leyenda era una sola: “Las Malvinas son argentinas”. El gesto no lo inventó el plantel. Lo tiró la tribuna, sorteando el operativo que había prometido impedir alusiones a la guerra. En minutos dio la vuelta al mundo. El canciller Pablo Quirno dijo que la bandera “dice una verdad” y que no había nada de qué disculparse. [1]
Setenta y seis días después, el 29 de septiembre, la Corte Suprema —Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti— revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023. Ese artículo deroga la Ley 26.737, de tierras rurales. La Corte no se pronunció sobre el fondo. Resolvió que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había iniciado el amparo, carecía de legitimación y que no había caso. En los hechos, el artículo vuelve a regir. Con él caen el tope del 15 % de titularidad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, el límite del 30 % de ese cupo para una misma nacionalidad y el tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo. [2]
La ironía no es decorativa. Quienes frenaron judicialmente la derogación fueron excombatientes de Malvinas. Quienes la reabrieron, por vía procesal, fueron los jueces del máximo tribunal. Y quienes en agosto habían obligado al gobierno a retirar del Congreso el capítulo que flexibilizaba la misma ley —después de intentar primero la liberalización total y luego subir el techo del 15 % al 25 %— son, en buena parte, los mismos dirigentes que en 2024 votaron la arquitectura que hace posible la concentración.
La contradicción tiene nombre y apellido
Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) fueron, con sus bloques, piezas decisivas de la Ley Bases y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. En junio de 2024 sus diputados aportaron los votos que faltaban para Ganancias y para el RIGI. El régimen otorga, por treinta años, estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria a proyectos de más de 200 millones de dólares en minería, energía, petróleo, gas, forestoindustria e infraestructura. La Mesa del Cobre que impulsaron Jalil, Sáenz y Marcelo Orrego fue parte del lobby que lo sostuvo. Jaldo lo acompañó aunque Tucumán no tenga yacimientos: apuesta a la logística que generen Catamarca y Salta. [3]
En agosto de 2026, cuando el oficialismo quiso meter la extranjerización de la tierra en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, los tres se bajaron. Jaldo ordenó a sus senadoras votar en contra y declaró que “la gente puede venir a invertir, lo que no se puede es venir a apropiarse de nuestras tierras”. Sáenz hizo lo mismo con Flavia Royón. Jalil dijo a Clarín, en la inauguración de un parque solar en Recreo: “Estamos en contra de la extranjerización de la tierra”. El capítulo se retiró. El Senado aprobó el resto. El límite del 15 % parecía salvado por la política. [4]
La Corte lo desarmó dos meses después, sin tocar el texto de la ley de 2011 y sin declarar constitucional el DNU. Alcanzó con negar la legitimación de los excombatientes.
Lo que ya está vendido, y lo que el RIGI acelera
No se discute una hipótesis. El Registro Nacional de Tierras Rurales computa 13.262.725 hectáreas rurales en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras: 13,3 millones, cerca del 4,97 % de las 266,6 millones de hectáreas rurales del país, una superficie del orden de la provincia de Santa Fe. Desde 2018 la cifra pasó de 12,5 a 13,3 millones: 781.000 hectáreas más, un 6,25 %. Durante la gestión de Milei el Ministerio de Justicia otorgó 111 certificados de habilitación para compras de extranjeros: 35 en 2024, 29 en 2025 y 47 en lo que iba de 2026 al momento del relevamiento. [5]
El promedio nacional es un anestésico. Ninguna provincia llega todavía al 15 %, pero decenas de departamentos ya lo superan, y cuatro están por encima del 50 %: San Carlos (Salta) 59,82 %, Molinos (Salta) 57,79 %, General Lamadrid (La Rioja) 56,70 %, Lácar (Neuquén) 54,17 %. El origen principal del capital identificado es estadounidense (alrededor de 2,7 millones de hectáreas), seguido por italiano y español.
Catamarca ilustra el doble discurso con números propios. El 8,22 % de su superficie rural está en manos extranjeras, quinto puesto del país. Tinogasta —agua, glaciares, periglaciares y litio— llega al 26,61 %, muy por encima del tope departamental que la ley fijaba. Al mismo tiempo la provincia tiene seis proyectos aprobados en el RIGI, entre ellos Sal de Vida (Río Tinto, litio, 818 millones de dólares), Sal de Oro (Posco) y Diablillos (AbraSilver). Jalil, esta semana en el Argentina Week de París, espera la luz verde del régimen para Agua Rica, de Glencore, por unos 4.000 millones, dentro del complejo MARA, y pone la reexportación de cobre de Bajo de la Alumbrera para después de junio o julio de 2027. [6]
El RIGI no transfiere el dominio del suelo por sí mismo. Hace otra cosa, más durable: congela por tres décadas el marco fiscal y cambiario de quien controla el recurso. La tierra, el agua y el mineral quedan sujetos a un contrato de estabilidad que la provincia promovió y que la Nación sancionó con los votos de quienes ahora descubren la soberanía territorial. El intento de subir el cupo de extranjerización —lo que en el debate se llamó, con razón polémica, un súper RIGI dominial— fracasó en el recinto. El DNU, rehabilitado por la Corte, lo logra por otra puerta: no eleva el 15 % al 25 %. Lo borra.
La bandera y el registro
La bandera de Atlanta no es un programa. Es un límite simbólico que la tribuna impuso cuando el Estado había prometido impedir el mensaje. Sirve, precisamente por eso, para medir la distancia entre la consigna y la norma.
La Ley 26.737 no prohibía la inversión extranjera. Ponía un techo: 15 % nacional, provincial y departamental; 30 % de ese cupo para una sola nacionalidad; 1.000 hectáreas en la zona núcleo o su equivalente. Era un régimen de protección del dominio, no una clausura. Derogarla por DNU, frenarla en el Congreso ante la presión de gobernadores y de la calle (“La patria no se vende”) y rehabilitarla por un fallo que niega legitimación a los excombatientes de Malvinas es una secuencia, no tres episodios sueltos.
Jalil, Jaldo y Sáenz pueden alegar que una cosa es el incentivo a la gran inversión y otra la titularidad del suelo. El alegato es formalmente verdadero y políticamente insuficiente. Quien vota un régimen de treinta años para el capital que explota el litio, el cobre y el agua de la Puna, y después se espanta de que ese mismo capital compre el departamento donde están el glaciar y el salar, no defiende la soberanía. Administra el momento en que la consigna deja de ser rentable.
La soberanía territorial no se afirma en una semifinal ni se recupera en una declaración de agosto. Se afirma en el registro, en el límite y en la ley que el propio bloque ayudó a dejar sin efecto. Mientras el artículo 154 siga vigente, la bandera de Atlanta y el discurso de Recreo dicen cosas distintas. Una la sostuvo la tribuna. La otra, hasta ahora, no la sostiene el voto.
Notas
[1] El partido fue la semifinal del Mundial 2026, el 15 de julio, en Atlanta. La sábana la pintaron hinchas en un hotel y entró pese al operativo anunciado por la ministra de Seguridad. Lo Celso la recogió; Romero y Martínez la desplegaron. Reconstrucción en La Nación y La Capital, 16 de julio de 2026. Quirno: declaraciones reproducidas por EFE/Heraldo, agosto de 2026.
[2] Ley 26.737 (2011), Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El artículo 154 del DNU 70/2023 la deroga. La Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucional ese artículo a partir del amparo del CECIM La Plata. Corte Suprema, 29 de septiembre de 2026: revocación por falta de legitimación y ausencia de caso, sin juicio sobre la validez constitucional. Firmas: Rosatti, Rosenkrantz, Lorenzetti. Véase El País, La Nación, Chequeado y El Economista, 29 y 30 de septiembre de 2026. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió que, en la práctica, personas, empresas o Estados extranjeros podrían comprar tierra rural, incluidas zonas de frontera, sin el límite de la ley.
[3] La Nación, 28 de junio de 2024: Jalil, Jaldo y Sáenz aportaron los votos provinciales decisivos para la Ley Bases, Ganancias y el RIGI. Política Argentina, mayo de 2024: la Mesa del Cobre (Sáenz, Jalil, Orrego) como impulsora del régimen. Umbral original del RIGI: proyectos superiores a 200 millones de dólares, estabilidad de 30 años.
[4] La Nación y La Política Online, 5 de agosto de 2026: Jaldo, Sáenz y Rolando Figueroa (Neuquén) ordenaron el voto en contra del capítulo de tierras; el oficialismo lo retiró tras intentar la eliminación del tope y, luego, subirlo de 15 % a 25 %. Clarín, 4 de agosto de 2026: declaración de Jalil. El Senado dio media sanción al resto de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada el 6 de agosto, sin los capítulos de tierras y de manejo del fuego.
[5] Chequeado, 5 de agosto de 2026, con datos del Registro Nacional de Tierras Rurales y del Ministerio de Justicia: 13,3 millones de hectáreas; variación 2018-2025/26 de 12,5 a 13,3 millones (+6,25 %); 111 certificados en la gestión Milei (35, 29 y 47). El Estratégico y relevamientos del Observatorio de Tierras: 13.262.725 ha sobre 266.643.212 (4,97 %); departamentos por encima del 50 %.
[6] El Ancasti, 3 de agosto de 2026: Catamarca 8,22 %; Tinogasta 26,61 %, con superposición de extranjerización, glaciares y proyectos mineros. Bloomberg Línea, 1 de octubre de 2026: seis proyectos RIGI aprobados en la provincia; Agua Rica (Glencore, unos 4.000 millones de dólares) a la espera del régimen; Bajo de la Alumbrera, exportación de cobre proyectada después de junio o julio de 2027.
[7] El DNU sigue sujeto al control del Congreso: el Senado lo rechazó en marzo de 2024; para caer se requiere el rechazo de ambas cámaras. Chequeado, 30 de septiembre de 2026. Mientras eso no ocurra, y mientras no se sancione una ley que reponga los límites, el artículo 154 produce efectos.
