
El artículo de Trabucco concluye que la visita papal es un catalizador que pone al descubierto la crisis de representación. La clase trabajadora sufre una precarización severa, pero no encuentra canales políticos tradicionales que expresen su descontento. La fe y la identidad religiosa emergen entonces como el lenguaje y el territorio donde se está librando la batalla política y cultural por determinar quién pagará los costos de la crisis y cómo se reorganizarán las relaciones de poder en el país.

La cuestión más interesante en el caso de Morena y su proyección futura ya no es si su próximo candidato o candidata (en este caso Harfuch) es de izquierda o de derecha. Es qué transformación experimenta un proyecto político cuando la seguridad comienza a convertirse en su principal fuente de legitimidad.
Morena nació de una impugnación al orden político neoliberal mexicano. Su identidad se construyó alrededor de la movilización popular, la recuperación del Estado y la redistribución social. Pero el problema de la violencia criminal no desapareció con el cambio de gobierno.
Harfuch representa una respuesta: reconstruir la autoridad estatal mediante inteligencia, profesionalización policial y capacidad coercitiva.
El riesgo es que la eficacia policial termine ocupando el lugar de la transformación social. El narcotráfico no es solamente un problema de delincuencia: está relacionado con circuitos financieros, economías ilegales, corrupción institucional, territorios abandonados y estructuras de acumulación. Combatir sus manifestaciones sin intervenir sobre esas relaciones limita cualquier solución duradera.
Hay, además, una contradicción histórica: la izquierda mexicana deposita parte de su legitimidad en un funcionario formado en estructuras policiales del viejo régimen y estrechamente vinculado con las agencias de seguridad estadounidenses.
La pregunta estratégica para Morena es si está construyendo un Estado democrático con capacidad de garantizar derechos o si está fortaleciendo un Estado de seguridad cuya eficacia termina desplazando su programa de transformación.
Esa contradicción es mucho más importante que las especulaciones sobre la candidatura presidencial de Harfuch en 2030.

Lo que sucede en Francia tiene una proyección europea y también latinoamericana. La promesa neoliberal de que el empleo y el crecimiento terminarán derramando bienestar muestra sus límites.
Cuando trabajar no alcanza para vivir, el problema deja de ser individual y se convierte en político. La cuestión ya no es cómo incorporar a los excluidos al mercado laboral, sino quién se apropia de la riqueza producida por quienes trabajan.
La huelga francesa pone sobre la mesa una pregunta de fondo: ¿puede sostenerse un orden económico que necesita trabajadores cada vez más baratos, pero también consumidores capaces de comprar lo que producen? Ese es el núcleo de la contradicción.
En el cierre el grupo INTI-ILLIMANI entona un tema tradicional hoy recargado en la huelga nacional francesa.

La interpretación de Axios - un house organ de la Casa Blanca hasta ... - que publicamos presenta el resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos como una reacción del sentido común ciudadano frente a los excesos de los políticos. Pero la cuestión es más profunda.
La guerra contra Irán no representa solamente un error de cálculo presidencial: compromete recursos públicos, encarece la energía y traslada sus costos a los hogares y a los sectores productivos. Mientras tanto, los beneficios de la economía de guerra se distribuyen entre intereses empresariales, financieros y militares que no soportan proporcionalmente esas consecuencias.
La corrupción tampoco puede reducirse a una cuestión de conducta individual. Hay que examinar la relación entre poder político, negocios privados y apropiación de recursos públicos.
La contradicción del trumpismo es que prometió defender a los trabajadores estadounidenses frente a las élites y terminó reproduciendo conflictos y políticas cuyos costos recaen sobre esos mismos sectores.
La elección estadounidense como cualquier otra también expresa ese conflicto, aunque no significa la adhesión automática a un programa alternativo. El propio Axios advierte que Estados Unidos sigue siendo una sociedad electoralmente dividida y que los demócratas también pueden ser castigados si interpretan el resultado como un cheque en blanco.
La lección política es que el malestar social no desaparece con la propaganda ni con la polarización cultural cuando las condiciones materiales de vida contradicen las promesas electorales.

Este artículo de Michael Roberts permite ir más allá de la explicación de la elecciones estadounidenses en su aspecto electoral.
La fractura estadounidense no enfrenta simplemente a republicanos y demócratas. También expresa una contradicción entre una economía que genera enormes riquezas para los propietarios de activos financieros y tecnológicos y una población trabajadora que encuentra cada vez mayores dificultades para reproducir sus condiciones de vida.
Roberts aporta cifras elocuentes: entre 2022 y 2025, el patrimonio mediano del 10% más rico habría aumentado aproximadamente un 30%, mientras los sectores del 40% inferior perdieron terreno.
La victoria demócrata recoge ese malestar, pero no significa necesariamente que exista un programa capaz de modificar las relaciones de propiedad y distribución que lo producen.
El propio Roberts advierte que los demócratas no plantean una ruptura con el gasto militar, la política exterior estadounidense ni las condiciones estructurales que alimentan la desigualdad.
Hay, además, una precisión electoral: la participación fue cercana al 49% del electorado habilitado, una cifra elevada para una elección de medio término, aunque todavía dejó fuera a más de la mitad de los ciudadanos habilitados.
La derrota de Trump demuestra que el malestar económico puede convertirse en rechazo electoral. Pero cambiar la mayoría parlamentaria no equivale a transformar el régimen económico.
La pregunta que plantea Roberts es más profunda: ¿puede la economía de la inteligencia artificial producir bienestar social cuando sus decisiones fundamentales están subordinadas a la rentabilidad privada?

El eje de esta columna sobre la crisis en Paraguay se estructura en torno a la relación entre concentración de la propiedad, subordinación del trabajo y captura de recursos públicos. Es una crítica estimamos más profunda que la denuncia de los vínculos personales de Peña: permite explicar el modelo como una estructura de clases y no solamente como un escándalo de corrupción y al mismo tiempo establecer simetrías con el modelo depredador argentino. Roban de manera (algo) diferente, pero despliegan modelos socioeconómicos similares.

Lo más interesante de estos artículos que publicamos no es solamente mostrar la ambición presidencial de Vance, sino la fractura que comienza a manifestarse dentro de la derecha estadounidense que mostramos reiteradamente en este blog. En la apertura Tucker Carlson explica las razones de la derrota electoral del Partido Republicano y profundiza la fractura de MAGA.
El trumpismo había conseguido reunir intereses sociales diferentes bajo una consigna nacionalista: trabajadores industriales desplazados, sectores populares empobrecidos, pequeñas empresas, capital nacional y fracciones del gran capital enfrentadas con la globalización liberal.
La guerra, la inflación y el costo económico de la política exterior ponen en tensión esa coalición.
Vance intenta recuperar su componente nacionalista y popular, pero sin cuestionar las relaciones económicas y de propiedad que sostienen el poder de las grandes corporaciones. Su crítica apunta a la orientación del gobierno, no a las estructuras económicas que producen el malestar social.
Hay una contradicción adicional: pretende representar la rebelión contra el intervencionismo mientras integra una administración responsable de esa misma política.
La cuestión de fondo es quién heredará el trumpismo: el nacionalismo económico que promete priorizar a Estados Unidos o los sectores del poder político, financiero y militar que siguen defendiendo su proyección imperial.
La disputa por 2028 comienza, así, antes de que termine el segundo mandato de Trump. Y la guerra contra Irán se convierte en uno de sus principales campos de batalla.

Zohran Mamdani comprendió algo que nadie más entendió: la mayoría de los votantes de Donald Trump tenían sus razones para apoyarlo, y esas razones eran económicas. Mamdani lo vio y encontró la manera de recuperarlos. Le dio un nombre: asequibilidad. En la apertura Carlos Waisman, sociólogo por la Universidad de Harvard, politólogo especialista en política comparada y profesor emérito de la Universidad de California en San Diego, analiza en diálogo en piso con Jorge Fontevecchia el histórico impacto del revés electoral sufrido por el Partido Republicano. Durante la entrevista, evalúa las razones detrás del voto de repudio hacia la gestión de Donald Trump impulsado por la inflación, la política exterior y los operativos migratorios, desglosa la fractura en las bases de apoyo demográficas del conservadurismo y proyecta las fuerzas centrífugas que amenazan la cohesión interna del Partido Republicano frente a la eventual consolidación de nuevos liderazgos populistas de derecha.

William Nordhaus recibió el Premio Nobel de Economía en 2018 por sus investigaciones sobre la relación entre crecimiento económico y cambio climático. Su propuesta consistió en incorporar los daños ambientales a los modelos económicos y calcular cuánto cuesta contaminar falleció la pasada semana. En una nota tributo Michael Roberts sostiene que el problema es el capitalismo, no solamente el carbono. La discusión tiene una dimensión que va más allá de la economía ambiental.
El capitalismo transforma la naturaleza en un insumo de producción y subordina su utilización a la rentabilidad privada. Cuando aparecen los costos ecológicos, intenta convertirlos en variables monetarias, como si el mercado pudiera administrar indefinidamente las consecuencias de su propia expansión.
Pero hay una contradicción desplazada en los modelos de William Nordhaus : quién produce el deterioro ambiental, quién obtiene los beneficios de esa producción y quién paga sus consecuencias.
Las grandes corporaciones energéticas e industriales concentran beneficios, mientras los costos de la degradación recaen desproporcionadamente sobre los trabajadores, los sectores populares y las poblaciones periféricas del capitalismo mundial.
También hay una contradicción geopolítica: los países centrales construyeron su riqueza mediante siglos de industrialización intensiva en recursos fósiles, mientras hoy pretenden administrar la transición ecológica sin alterar las jerarquías económicas internacionales.
La tesis más potente que puede extraerse de Roberts es que no alcanza con ponerle precio a la naturaleza: hay que discutir las relaciones sociales de producción que determinan su explotación.

La derrota republicana en las elecciones de medio término no expresa solamente el desgaste de Trump. También refleja el rechazo a una guerra con Irán en la que Estados Unidos terminó comprometiéndose para satisfacer los objetivos estratégicos de Israel. El nacionalismo económico y la promesa de terminar con las guerras interminables chocaron contra la realidad de una nueva intervención militar en Oriente Medio.
La derrota de Donald Trump tiene una dimensión que excede el reparto de bancas en el Congreso. Los demócratas conquistaron ambas cámaras, avanzaron sobre bastiones republicanos y quebraron mayorías que parecían inexpugnables. La magnitud del resultado recuerda el castigo electoral que recibió el Partido Republicano después del Watergate, en 1974.
Pero hay una cuestión central para comprender este resultado: la guerra con Irán.
Trump llegó a la presidencia prometiendo terminar con las intervenciones militares, recuperar los recursos estadounidenses y colocar los intereses nacionales por encima de los compromisos internacionales. Su consigna America First había conectado con sectores populares cansados de financiar guerras en el exterior mientras sus condiciones de vida se deterioraban.
Sin embargo, terminó involucrando a Estados Unidos en una guerra que Netanyahu llevaba décadas promoviendo. Israel consiguió que Washington asumiera los costos militares, económicos y diplomáticos de una confrontación que responde fundamentalmente a su propia estrategia de hegemonía regional.
Trump tomó la decisión y es responsable de ella. Pero queda una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto los intereses estratégicos de un aliado pueden condicionar las decisiones de la principal potencia mundial?
La contradicción tiene una dimensión de clase. Mientras los trabajadores estadounidenses soportan el encarecimiento de los combustibles, la inflación y las consecuencias económicas de la guerra, el complejo militar-industrial encuentra nuevas oportunidades de negocios. La guerra tiene beneficiarios y tiene pagadores. Rara vez son los mismos.
Allí comenzó a fracturarse la coalición MAGA. Una parte de los trabajadores que acompañaron a Trump por su discurso contra las élites y las guerras exteriores descubrió que su gobierno terminaba haciendo exactamente aquello que había prometido evitar.
El alejamiento de jóvenes, votantes hispanos y sectores populares expresa esa ruptura. No significa necesariamente un giro masivo hacia la izquierda ni una adhesión al programa demócrata. Significa que el rechazo a Trump encontró una expresión electoral contundente, aunque todavía no una alternativa capaz de modificar las relaciones de poder que sostienen estas guerras.
La paradoja es evidente: Trump llegó prometiendo liberar a Estados Unidos de compromisos que subordinaban sus intereses y terminó mostrando los límites de esa promesa. Su relación con Netanyahu expuso que America First puede convertirse en una consigna vacía cuando los intereses de los aliados estratégicos prevalecen sobre las necesidades de la propia sociedad estadounidense.
Trump perdió una elección. Pero la discusión es mucho más profunda: quién decide las guerras, quién obtiene sus beneficios y quién paga sus consecuencias.

Las elecciones pueden cambiar gobiernos sin modificar las estructuras que organizan el poder. Israel ofrece un ejemplo de esa contradicción.
Las listas árabes obtuvieron 19 bancas en un Parlamento de 120 miembros. Su representación puede resultar decisiva para desplazar a Benjamin Netanyahu, pero los partidos de la oposición tampoco parecen dispuestos a incorporarlas plenamente a una alternativa de gobierno. La paradoja que señala Jonathan Cook es contundente: los palestinos tienen derecho a votar, pero ese derecho encuentra un límite cuando puede traducirse en poder efectivo.
Para comprenderlo hay que retroceder a 1948. La creación de Israel estuvo acompañada por la expulsión de aproximadamente 750.000 palestinos y la apropiación de sus tierras. Aquella transformación no fue solamente una catástrofe nacional: modificó la propiedad, el control del territorio y las condiciones materiales sobre las que se organizó el nuevo Estado.
Aquí aparece la dimensión de clase del conflicto. La cuestión palestina no puede reducirse a una disputa religiosa o identitaria. El control de la tierra, el agua, los recursos y la circulación de la población determina quién puede producir, trabajar y desarrollar una economía propia. La expansión de los asentamientos y la fragmentación territorial de Cisjordania consolidan una estructura de subordinación que tiene beneficiarios materiales y costos sociales concretos.
La desigualdad también adquirió forma institucional. En 2018, la Ley Básica del Estado-nación del pueblo judío estableció que el derecho a la autodeterminación nacional en Israel es exclusivo del pueblo judío. No se trata, por lo tanto, de una anomalía atribuible a un gobierno particular, sino de una definición incorporada a la arquitectura jurídica del Estado.
La oposición a Netanyahu cuestiona aspectos de su gestión, pero eso no significa que proponga modificar las bases de la ocupación ni los privilegios asociados al control territorial. La disputa entre partidos puede ser intensa y, al mismo tiempo, conservar un amplio consenso sobre los límites de la igualdad palestina.
Ese consenso tiene una dimensión económica: la ocupación articula propiedad, infraestructura, inversiones, acceso a recursos y relaciones laborales. No es una política aislada de seguridad, sino parte de una organización territorial y social cuyos intereses exceden a cualquier administración.
Estados Unidos y Europa también forman parte de este escenario. Durante décadas respaldaron la imagen de Israel como una democracia excepcional, mientras separaban sus instituciones electorales de la situación de la población palestina sometida a ocupación. Esa mirada permitió presentar como contradicciones circunstanciales lo que constituye un problema estructural.
El planteo de Cook obliga a desplazar la discusión: no alcanza con preguntar quién reemplazará a Netanyahu. Hay que preguntar qué relaciones de propiedad, qué intereses económicos y qué jerarquías políticas permanecerán intactos después de un eventual cambio de gobierno.
Porque la democracia no se mide solamente por la posibilidad de elegir gobernantes. También se mide por la capacidad de una sociedad para decidir sobre su territorio, sus recursos y su destino colectivo. Y allí reside la contradicción que Israel todavía no resuelve.

El artículo de Katu Arkonada y Matías Caciabue, publicado en NODAL el 30 de octubre de 2026, plantea una tesis que merece atención: las nuevas derechas comprendieron antes que buena parte de las izquierdas que la disputa política ya no se limita a conquistar votos; exige construir hegemonía cultural, organización social, control tecnológico y capacidad de intervención sobre el Estado. El trabajo mantiene una tensión interesante: reivindica la construcción de hegemonía gramsciana y la organización leninista, pero corre el riesgo de convertir la experiencia brasileña en una fórmula demasiado general.
La pregunta que deja abierta es cómo construir una fuerza política capaz de combinar liderazgo, organización popular, formación de cuadros, disputa cultural y transformación de las relaciones de producción.
Y aquí aparece una cuestión particularmente importante para el peronismo: ¿puede recuperar su condición de movimiento nacional de organización de los trabajadores y construcción de poder, o quedará reducido a una coalición electoral que administra las consecuencias del neoliberalismo?
No se trata de copiar al PT ni de importar el modelo brasileño. Se trata de recuperar la capacidad de construir una mayoría social organizada, con programa, conducción y horizonte de transformación.
La enseñanza más profunda del artículo no es que la derecha haya aprendido a utilizar a Gramsci y Lenin. Es que la política emancipadora necesita volver a pensar el poder como una construcción social integral, y no solamente como la conquista periódica del gobierno.

El Sur Global frente al capitalismo tecnológico: desarrollo, independencia económica e internacionalismo. La vigencia de una discusión que también interpela al peronismo.
El viejo orden mundial atraviesa una crisis y la transición hacia una estructura multipolar abre posibilidades que hace algunas décadas parecían impensables. Sin embargo, hay una advertencia fundamental: la multipolaridad no es sinónimo de socialismo, ni la pérdida de la hegemonía occidental garantiza por sí misma la emancipación de los pueblos.
Un documento publicado por Monthly Review, a partir de una intervención política en Shanghái, plantea una discusión que merece atención: ¿quién conduce la modernización del Sur Global y quién se apropia de sus resultados?
La pregunta es esencial. El colonialismo no dejó simplemente países atrasados: organizó economías dependientes, especializadas en exportar materias primas, suministrar mano de obra barata e importar tecnología y manufacturas de alto valor agregado. Esa división internacional del trabajo no desapareció con las independencias políticas. Se transformó.
Por eso, modernizar no significa imitar a Occidente. Significa desarrollar capacidades industriales, científicas y tecnológicas propias, controlar los recursos estratégicos y decidir democráticamente el destino del excedente económico. Pero hay una cuestión todavía más profunda: ¿quién se beneficia de ese desarrollo? Porque la soberanía económica sin justicia social puede terminar fortaleciendo nuevas burguesías sin modificar las relaciones de explotación.
La experiencia china introduce una dimensión decisiva en este debate. Demuestra que existen caminos históricos diferentes de los recorridos por el capitalismo occidental, aunque sus contradicciones y particularidades no permitan convertirla en una receta universal. Lo importante es recuperar la planificación estratégica, la capacidad estatal y la inversión en fuerzas productivas como instrumentos de transformación.
Aquí aparece una conexión inevitable con el pensamiento de Perón. La independencia económica, la soberanía política y la justicia social no eran consignas separadas, sino dimensiones de un mismo proyecto nacional. Y el internacionalismo peronista entendía que ninguna nación podía resolver aisladamente los desafíos de un mundo organizado alrededor de grandes concentraciones de poder.
El problema contemporáneo es que el capitalismo ha internacionalizado la producción, las finanzas y la tecnología, mientras las organizaciones populares continúan fragmentadas. Las corporaciones coordinan sus estrategias globalmente; los trabajadores, en cambio, encuentran enormes dificultades para construir respuestas comunes.
La inteligencia artificial agrega una nueva dimensión a esa contradicción. No estamos ante una discusión exclusivamente tecnológica: estamos ante una disputa por la propiedad, el conocimiento y la distribución de la productividad. Si la automatización aumenta la riqueza social, pero sus beneficios quedan concentrados en los monopolios tecnológicos, el progreso técnico profundizará la desigualdad.
La respuesta no puede ser el rechazo a la tecnología, sino la disputa por su control social, la soberanía digital y la distribución de sus beneficios.
El documento propone, además, una cuestión política que las izquierdas y los movimientos nacionales deberían examinar: reconstruir formas permanentes de cooperación entre partidos, sindicatos y organizaciones populares del Sur Global. No alcanza con declaraciones de solidaridad ni encuentros diplomáticos. Hace falta organización, formación política, investigación compartida y coordinación efectiva de las luchas.
La discusión, en definitiva, vuelve a colocar en el centro una vieja cuestión: no hay emancipación nacional sin transformación social, ni internacionalismo efectivo sin pueblos organizados.
La multipolaridad puede abrir una oportunidad histórica, pero no determina quién la aprovechará. Eso dependerá de las fuerzas sociales capaces de intervenir en esa transición.
La soberanía no consiste solamente en dejar de obedecer a una potencia extranjera. Consiste en construir la capacidad material, política y tecnológica para decidir el propio destino. Y esa capacidad no se declama: se organiza.

La empresa de análisis de datos, criticada por sus contratos militares y migratorios, agota una chaqueta de 239 dólares con la que busca convertir su identidad tecnológica en una señal de pertenencia cultural. alantir expresa la emergencia de una fracción de la burguesía tecnológica que busca transformar su poder económico y estratégico en hegemonía cultural e ideológica. No es simplemente capitalismo digital: es la articulación entre capital, Estado, vigilancia y guerra. Es notable como Palantir está intentando construir algo más ambicioso que una marca de ropa: una comunidad ideológica alrededor de la fusión entre Silicon Valley, el complejo militar-industrial y el nacionalismo estadounidense.
Durante décadas, las grandes empresas tecnológicas construyeron su legitimidad alrededor de la innovación, la libertad individual y la promesa de conectar al mundo. Ahora una parte de ese universo abandona la retórica de la neutralidad y reivindica abiertamente la competencia geopolítica, la vigilancia y la capacidad militar.
La tecnología deja de presentarse como instrumento neutral del progreso y comienza a reivindicarse como instrumento de dominación.
La cuestión de fondo no es quién compra una chaqueta de Palantir. Es quién controla los datos, quién desarrolla los algoritmos, quién decide sus aplicaciones y quién dispone de la capacidad de vigilar, clasificar y eventualmente eliminar al adversario.

La fuga de Flávio Bolsonaro hacia Miami expone una trama internacional que conecta al gobierno de Milei, el entorno de Trump y un exintegrante del Mossad. La investigación de CNN Brasil revela algo más que una operación de escape: los vínculos entre gobiernos, servicios de inteligencia y operadores políticos de una ultraderecha que predica soberanía, pero construye redes internacionales para proteger a los propios.

El genocidio palestino revela algo más que la brutalidad del Estado israelí. Expone la arquitectura de poder de un orden internacional que combina supremacía militar, colonialismo, intereses económicos y desarrollo tecnológico. La población palestina es sometida a una experimentación militar y algorítmica mientras las potencias occidentales garantizan las condiciones materiales y diplomáticas para que continúe.
La cuestión no es solamente la responsabilidad moral de quienes aprietan el botón. Es la responsabilidad política de quienes diseñan el sistema, financian sus instrumentos, obtienen beneficios de su desarrollo y protegen a quienes lo utilizan.
La banalidad del mal tiene también una economía política.
Esta última idea parece especialmente fértil para desarrollar una columna: desplaza el análisis desde la indignación moral hacia las relaciones de clase, el imperialismo y la organización material de la violencia.

Hay una cuestión que merece profundizarse que se desperde de esta nota de Bruno Sgazini: la disputa entre Estados Unidos y China no es simplemente una confrontación entre dos modelos nacionales. Es una lucha por la apropiación de recursos, mercados, infraestructura y excedentes económicos.
América Latina vuelve a ocupar un lugar subordinado en una disputa entre grandes potencias. La pregunta decisiva es quién controla los recursos y quién captura los beneficios de su explotación.
La ultraderecha puede alinearse ideológicamente con Washington, pero no puede resolver por decreto las contradicciones de la inserción económica latinoamericana.
El planteo permite desarrollar una tesis interesante para una columna: Milei y las derechas regionales pueden ser aliados políticos de Trump, pero no tienen autonomía económica suficiente para ejecutar sin costos la estrategia estadounidense de expulsión de China.
El nuevo ciclo colonialista de esta etapa de crisis del capitalismo, llega tarde y su legitiación depende de manera creciente de los aparatos represivos de estado, en especial el aparato judicial que luego del intento de suprersión física, mantiene exilados, presos y/o proscriptos a los líderes popular-democráticos latinoamericanos.

Hay una cuestión que permite profundizar el argumento de María Cecilia Míguez que publicamos: la política exterior no es una esfera separada de las relaciones económicas y sociales internas.
La ruptura diplomática puede leerse como parte de un proyecto de reorganización de la inserción internacional argentina.
La subordinación política a Estados Unidos no constituye solamente una preferencia ideológica. Se relaciona con un modelo de inserción económica, financiera y comercial que redefine los márgenes de autonomía del Estado argentino.
Desde esta perspectiva, la soberanía no es una abstracción nacionalista. Es una condición para decidir sobre los recursos estratégicos, las relaciones comerciales, el endeudamiento, la política industrial y las alianzas internacionales.
Hay también una dimensión histórica importante: la tradición diplomática argentina no fue patrimonio exclusivo de un partido. Su continuidad, incluso durante gobiernos neoliberales, demuestra que existían consensos institucionales que trascendían las alternancias electorales.
La pregunta política que deja planteada el artículo es qué Argentina pretende construir el gobierno de Milei cuando abandona esos consensos.
Y una segunda pregunta, todavía más importante: ¿qué intereses económicos y geopolíticos se benefician con esa transformación?

Hay una discusión sobre el internacionalismo que merece ser recuperada. Durante décadas, el pensamiento económico dominante presentó la globalización como un proceso inevitable y beneficioso, mientras identificaba cualquier defensa de la soberanía nacional con el atraso, el proteccionismo o el nacionalismo. Hoy, una parte de las mismas élites que promovieron aquella globalización adopta discursos nacionalistas, cuestiona el libre comercio y reivindica las fronteras. Sin embargo, el cambio de lenguaje no modifica necesariamente los intereses que organizan el sistema.
La cuestión central no es elegir entre globalización y desglobalización, entre libre comercio y barreras arancelarias. La verdadera disputa consiste en determinar quién controla la economía mundial: el capital concentrado o los pueblos que producen la riqueza. Esta es una de las ideas centrales que atraviesa el debate sobre el internacionalismo contemporáneo.
El internacionalismo del capital nunca fue una abstracción. Tiene nombres, instituciones y relaciones de poder. Las grandes corporaciones, los fondos financieros, las plataformas tecnológicas y los organismos que condicionan las políticas económicas nacionales construyeron una arquitectura internacional destinada a garantizar la circulación del capital, la apropiación de recursos y la subordinación del trabajo. Cuando esa arquitectura entra en crisis, el capital no renuncia a sus privilegios: modifica sus instrumentos.
Por eso, el repliegue de la globalización neoliberal no significa necesariamente una recuperación de la soberanía popular. El nacionalismo de las derechas puede cuestionar el multilateralismo, levantar barreras comerciales y reclamar mayor autonomía frente a otros Estados, sin alterar la concentración de la riqueza ni el poder de las grandes empresas. El proteccionismo de los poderosos no equivale a la protección de los trabajadores.
Tampoco alcanza con sustituir una dependencia por otra. La disputa entre Estados Unidos y China expresa contradicciones reales del orden internacional, pero no debería obligar a los países periféricos a convertirse en piezas subordinadas de una u otra estrategia. La autonomía no consiste en cambiar de patrón. Consiste en construir capacidad propia para decidir sobre los recursos, la producción, la tecnología, el trabajo y el destino del excedente económico.
Aquí aparece una tradición latinoamericana que conserva una notable actualidad: el internacionalismo de Juan Domingo Perón.
La Tercera Posición no fue simplemente una fórmula diplomática para mantenerse equidistante de Washington y Moscú durante la Guerra Fría. Expresaba una concepción política más amplia: los países que no pertenecían al núcleo de las grandes potencias necesitaban construir una capacidad de decisión propia. Perón comprendió que la soberanía nacional, en un mundo organizado alrededor de grandes espacios económicos y políticos, no podía sostenerse exclusivamente dentro de las fronteras de cada Estado.
Su discurso del 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra, conocido como Unidos o Dominados, planteó con claridad esa perspectiva. El proyecto de integración entre Argentina, Brasil y Chile —el ABC— no era una iniciativa protocolar ni una simple alianza entre gobiernos. Buscaba construir una escala económica y política capaz de modificar la relación de fuerzas con los centros de poder mundial.
La integración latinoamericana aparecía así como una condición material de la independencia. La idea era sencilla y profunda: países separados, con mercados fragmentados y economías dependientes, tenían una capacidad limitada para negociar con las grandes potencias. Unidos podían construir una fuerza económica, industrial y política diferente.
Ese internacionalismo tenía, además, una dimensión popular. No se trataba solamente de asociar Estados, sino de ampliar las condiciones materiales para que sus pueblos pudieran decidir sobre su propio desarrollo. La Tercera Posición y la unidad latinoamericana formaban parte de una misma concepción: la independencia política necesitaba una base económica y la justicia social no podía consolidarse sobre una estructura de dependencia permanente.
Recuperar hoy esa tradición no significa trasladar mecánicamente las respuestas de los años cincuenta a un escenario mundial completamente distinto. Significa reconocer la vigencia de una pregunta que Perón formuló en términos estratégicos: ¿cómo pueden los pueblos periféricos evitar que su futuro sea decidido por las potencias que concentran el poder económico y militar?
La respuesta exige una integración regional que no se limite al intercambio comercial. Supone coordinar políticas industriales, defender los recursos naturales, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas, proteger el trabajo y fortalecer la capacidad de los Estados para orientar la economía. También requiere recuperar la solidaridad entre los trabajadores y los movimientos populares de distintos países, porque el capital opera internacionalmente y las resistencias nacionales, cuando permanecen aisladas, encuentran límites cada vez más estrechos.
Las experiencias latinoamericanas de cooperación política, las movilizaciones contra la austeridad, las luchas sindicales y las campañas internacionales de solidaridad muestran que existe un terreno de acción que no se reduce a la competencia entre gobiernos y potencias. El internacionalismo popular tiene que construir vínculos entre quienes soportan las consecuencias de un mismo orden económico, aunque vivan bajo Estados diferentes.
La cuestión, entonces, no es defender cualquier nacionalismo ni celebrar cualquier forma de globalización. Es distinguir entre la soberanía utilizada para proteger los intereses del capital y aquella que permite ampliar los derechos y la capacidad de decisión de las mayorías sociales.
El internacionalismo de los pueblos no consiste en elegir entre las grandes potencias, sino en construir una fuerza propia frente a ellas. En esa tradición puede inscribirse la Tercera Posición de Perón: soberanía nacional, integración latinoamericana y solidaridad internacional. No como neutralidad frente a los conflictos del mundo, sino como una estrategia para que las mayorías sociales dejen de ser objeto de las disputas internacionales y puedan convertirse en protagonistas de su propio destino.
La verdadera alternativa no es entre un mundo globalizado y otro encerrado detrás de sus fronteras. Es entre un internacionalismo organizado alrededor de los intereses del capital y otro capaz de poner la cooperación entre los pueblos al servicio de su emancipación.

La victoria de Lula no se explica por la destreza de los comunicadores ni por la eficacia de los algoritmos. Detrás de los votos hay una disputa entre intereses de clase: de un lado, el capital financiero, el agronegocio y los sectores empresariales que buscan preservar sus privilegios; del otro, los trabajadores y las mayorías populares que reclaman mejores salarios, reducción de la jornada laboral, derechos sociales y defensa de los servicios públicos. Las redes pueden amplificar esa confrontación, pero no reemplazan la organización ni la construcción de fuerza social. Atribuirles el protagonismo es convertir una disputa por la distribución de la riqueza en un problema de marketing político y borrar a sus verdaderos protagonistas. En el cierre, Lula y el valor del liderazgo.