Categoría Geopolítica

La nube también contamina: el capitalismo digital detrás del ecocidio

La revolución digital no terminó con la explotación: la hizo más veloz, más global y, en buena medida, más invisible. Detrás de la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas existe una gigantesca infraestructura material sostenida por trabajadores, energía, agua, minerales y territorios. Benjamin Selwyn advierte que la digitalización no separa al capitalismo de la destrucción ambiental: puede convertirla en un proceso más eficiente y extendido.

De allí el concepto de “ecocidio sistémico”: la destrucción de la naturaleza no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia incorporada al funcionamiento cotidiano de las cadenas globales de valor. La misma dinámica que presiona sobre los trabajadores presiona sobre los territorios. La explotación laboral y la apropiación de la naturaleza no son procesos independientes: forman parte de una misma lógica de acumulación.

La tecnología promete eficiencia, pero el capitalismo puede convertir esa eficiencia en más consumo. La llamada paradoja de Jevons muestra precisamente esa contradicción: cuando una tecnología reduce el costo de utilizar un recurso, su consumo puede aumentar en lugar de disminuir. Por eso no alcanza con afirmar que una economía más digital será necesariamente una economía más sustentable.

El litio concentra buena parte de esta contradicción. Las baterías necesarias para la transición energética requieren minerales cuya extracción demanda territorios, agua y trabajo. Selwyn muestra cómo esa cadena puede producir contaminación, agotamiento de recursos hídricos, degradación ambiental y riesgos laborales. La transición verde no elimina automáticamente las relaciones de explotación: puede trasladarlas hacia otros territorios y otros eslabones de la cadena global.

Lo mismo ocurre con la economía digital. La nube no flota en el aire. Necesita centros de datos, electricidad, chips, cables, minerales, dispositivos y enormes cantidades de infraestructura. Tampoco desaparece el trabajo: se reorganiza mediante sistemas capaces de monitorear, disciplinar y coordinar proveedores y trabajadores dispersos por el planeta. La digitalización, entonces, no desmaterializa el capitalismo: digitaliza su capacidad de organizar la producción y de ejercer control sobre ella.

Aquí aparece la cuestión central: ¿quién controla esa tecnología y quién paga sus costos? Las grandes empresas pueden utilizar la digitalización para coordinar cadenas cada vez más extensas, mientras los costos materiales, sociales y ambientales quedan distribuidos entre trabajadores, comunidades y territorios. El capital digitaliza la producción, pero no digitaliza sus costos.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y transición energética no puede reducirse a una cuestión tecnológica. Es también una discusión sobre poder, propiedad y distribución. Si la innovación permanece subordinada a la acumulación, una tecnología más eficiente puede significar simplemente una capacidad mayor para extraer recursos, intensificar el trabajo y ampliar los mercados.

El desafío planteado por Selwyn va en otra dirección: imponer límites ecológicos, prolongar la vida útil de los dispositivos, garantizar reparación, reducir la obsolescencia y someter las infraestructuras digitales a formas de control público y democrático.

La paradoja del capitalismo digital es que cuanto más “virtual” parece, más material puede ser su huella. La inteligencia artificial no elimina la vieja relación entre capital, trabajo y naturaleza. La reorganiza bajo nuevas tecnologías. Y detrás de cada algoritmo, cada centro de datos y cada batería sigue existiendo la misma pregunta que el capitalismo intenta ocultar: quién se apropia de los beneficios y quién soporta los costos.

Socialdemocracia alemana: Etiqueta negra

La trampa del centro consiste en creer que la única alternativa a la extrema derecha es conservar el centro. Las elecciones alemanas de ayer muestran exactamente lo contrario: cuando el centro se convierte en administrador de un orden social en crisis, puede ser desplazado simultáneamente por la derecha y por la izquierda. La AfD crece donde transforma el malestar en nacionalismo excluyente; Die Linke crece donde transforma el malestar en conflicto social. El problema, entonces, no es solamente quién ocupa el centro: es quién consigue darle un sentido político al descontento de las clases subalternas.

Elecciones : Vuelco histórico en Alemania y triunfo electoral oficialista en Rusia

La doble cita electoral en Berlín y Mecklemburgo-Pomerania Occidental ha supuesto un duro golpe para el gobierno del canciller demócrata-cristiano Friedrich Merz, consolidando una profunda polarización en el país. Rusia concluyó sus primeras elecciones parlamentarias para renovar los 450 escaños de la Duma Estatal desde el inicio de la invasión a Ucrania en 2022.

En Rusia el partido oficialista del presidente Vladimir Putin, Rusia Unida, se perfiló nuevamente como el claro ganador en un proceso marcado - como ya es parte del folclore occidental - por denuncias internacionales de irregularidades, podios vacíos y la inhabilitación sistemática de la oposición real (como el partido liberal Yábloko). Belive it or not.

En el inicio el streaming «DEMOLIENDO MITOS». El Dr. Ezequiel Bistoletti en charla con el analista español Juan Antonio Aguilar sobre ambas elecciones.

Presupuesto 2027: Los paracaidistas belgas

La deuda es el corazón del ajuste. El Presupuesto 2027 no distribuye recursos: los concentra. Mientras se recortan salarios, jubilaciones, obra pública, universidades y políticas sociales, el Estado garantiza la renta del capital financiero. El superávit fiscal aparece así como lo que realmente es: una transferencia de riqueza desde las mayorías hacia los acreedores. Detrás de la batalla por el déficit se libra una disputa de clase: quién paga la deuda y quién vive de ella.

Guerra contra Irán: Astrología, escatología, conspiracionismo y sionismo cristiano

A diferencia de las formas tradicionales de representación política, el fenómeno de Donald Trump expresa el surgimiento de una nueva gramática del poder donde la geopolítica deja de ser una construcción histórica para presentarse como el cumplimiento de un destino ineludible. Mediante la convergencia entre la astrología del universo MAGA, el sionismo cristiano y las teorías conspirativas, las decisiones militares y alianzas estratégicas en Medio Oriente dejan de interpretarse en clave de recursos, hegemonía o seguridad para transformarse en el desarrollo de una batalla cósmica y en la realización de profecías bíblicas. En este dispositivo ideológico, el individuo emprendedor del neoliberalismo cede su lugar al líder providencial: Dios elige, los astros anuncian, el complot explica y el líder ejecuta. Al revestir el conflicto con una narrativa trascendente y unir la administración de la alta tecnología con la eficacia del pensamiento mágico, la política se despoja de su contingencia y la deliberación democrática se vacía por completo, convirtiendo la guerra y el autoritarismo en mandatos sagrados e indiscutibles.

Africa y su lucha contra la retórica de la gratitud

Lumumba es el nombre más difundido que permite comprender el núcleo de esta historia. Cuando el Congo obtuvo su independencia de Bélgica en 1960, Patrice Lumumba no planteó simplemente sustituir una bandera colonial por una bandera nacional. Su proyecto implicaba que la independencia política debía convertirse en soberanía económica y en control de las riquezas congoleñas por su propio pueblo.

El Congo poseía —y posee— una extraordinaria riqueza mineral. Allí se encontraban recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo industrial y militar de las grandes potencias. La independencia, por lo tanto, amenazaba intereses económicos que excedían ampliamente las fronteras congoleñas.

Lumumba expresó esa contradicción de manera descarnada. La independencia jurídica podía ser reconocida, pero si las riquezas, las empresas, las finanzas y las decisiones estratégicas continuaban bajo control extranjero, la descolonización quedaba incompleta.

Su enfrentamiento con las estructuras coloniales y con los intereses occidentales terminó convirtiéndolo en un obstáculo para quienes pretendían conservar el Congo dentro de una relación de dependencia. En 1961 fue asesinado, en un contexto en el que participaron actores congoleños y belgas y en el que existió también implicación estadounidense. Décadas después, investigaciones y documentos desclasificados permitieron establecer con mayor precisión la dimensión de esa intervención.

Lumumba fue eliminado, pero la pregunta que representaba sobrevivió: ¿de qué sirve la independencia si un pueblo no puede decidir sobre sus propios recursos y su propio destino?

Esa pregunta conecta 1961 con el África de 2026. Cambiaron los actores, las formas de intervención y los lenguajes de la dominación, pero permanece una disputa fundamental por el control de los recursos, los territorios y las decisiones estratégicas del continente.

Por eso Lumumba no debe aparecer solamente como una figura trágica de la Guerra Fría. Es una figura política de la emancipación anticolonial. Su asesinato expresa el límite que las potencias imperiales estaban dispuestas a aceptar para la independencia africana: banderas propias, gobiernos nacionales y soberanía formal, pero no necesariamente el control efectivo de las riquezas y de las decisiones económicas.

La historia posterior de África demuestra que esa contradicción nunca quedó resuelta. En esa perspectiva, el objeto de este estudio no es repasar el conjunto de relaciones entre Estados Unidos y cada uno de los países africanos, consiste en analizar las constantes de la política estadounidense en el continente a través de ciertos episodios muy reveladores: la lucha contra los líderes panafricanistas de la década de 1960, el apoyo prestado a aliados estratégicos como Mobutu o al régimen sudafricano del apartheid, la aparición del Mando África de los EEUU(AFRICOM) a partir de 2001 y más recientemente la reorientación de la política estadounidense ante el auge de China.

Informe CEPA: política energética oscila entre el discurso soberano y el retiro del Estado

Hay una escena que los veteranos de la política argentina reconocen de memoria: un gobierno anuncia medidas históricas sobre Malvinas en cadena nacional, la prensa amplifica el gesto, los diplomáticos aplauden y, en la práctica, todo queda en una declaración de principios. Esta vez el Decreto 868/2026 no inventa la Ley 26.659 ni la prohibición de explorar hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación nacional. Cambia quién la aplica, con qué velocidad y, sobre todo, dónde duele: cualquier empresa que quiera el RIGI o una concesión bajo la Ley 17.319 debe jurar que ni ella, ni sus accionistas, ni su cadena de proveedores operan en las zonas circundantes a las islas. El canciller Quirno lo dijo sin vueltas: o Malvinas, con legalidad incierta, o Argentina, con reglas y mercado. Cancillería ya mandó 180 notas a 29 países y abrió sumarios contra 60 personas y compañías, entre ellas Rockhopper, Navitas y el entorno de Sea Lion. El problema no es el relato. Es la operatoria. Varias de las firmas alcanzadas —o de sus proveedores— están al mismo tiempo en Vaca Muerta, en el GNL de Southern Energy, en Cuenca Marina Austral y hasta en las monoboyas del oleoducto que tiene que sacar el crudo argentino. El decreto no dice cómo se resuelve esa contradicción. Y mientras el Gobierno habla de soberanía sobre el Atlántico Sur, en tierra firme se repite otro patrón: Fértil Pampa entra al RIGI con casi USD 2.700 millones para industrializar gas; RefiPampa verifica $80.000 millones de deuda; Ecogas reparte $83.000 millones en dividendos en dólares con una factura impaga a Enarsa del mismo orden; el RA-10 llega a criticidad sin modelo de negocio; y las baterías del AMBA ya las pagan los usuarios. Como lo señala el Informe Energético del CEPA, mucho ruido sobre las islas. En el tablero energético, las nueces siguen siendo otras.

La proscripción como método: condenar para excluir

La nueva evidencia presentada por la defensa de Cristina Kirchner reabre el debate sobre la causa Vialidad y sobre los fundamentos de una condena que no sólo impuso una pena, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si esa prueba modifica aspectos sustanciales de la sentencia, su revisión trasciende la defensa individual: pone en juego el debido proceso, la representación política y los límites de la proscripción en democracia.

Lado B del presupuesto: Del hambre a la deuda, de la deuda a la desesperación, el costo humano del ajuste.

El dato de que seis de cada diez familias de los barrios populares deban endeudarse para comprar alimentos adquiere una dimensión todavía más dramática cuando se lo conecta con los casos concretos de hostigamiento y sufrimiento extremo. El relevamiento del Instituto Periferias muestra que el 59,8% recurrió al endeudamiento para comprar alimentos y el 43,7% atravesó días sin comer por falta de recursos.

En este contexto, la deuda deja de ser un instrumento financiero y se transforma en un mecanismo de supervivencia. Se pide para comer, después para pagar la deuda anterior y finalmente para sostener los intereses. En los sectores de menores ingresos adquieren mayor peso los préstamos familiares y los prestamistas informales, donde pueden aparecer tasas y mecanismos de cobro particularmente gravosos.

El caso de José C. Paz por ejemplo, muestra el extremo al que puede llegar esta dinámica: una mujer endeudada para sostener su trabajo informal terminó sometida a fuertes presiones de los acreedores y, según el relato de su madre, atravesó dos intentos de suicidio. Presentamos aquí otro caso similar en Caraza, y que sugerimos escuchen los audios relacionados insertos en el texto.

La deuda, entonces, no sólo captura el ingreso futuro: puede capturar también la subjetividad de quien ya no encuentra salida porque cuando una economía obliga a endeudarse para comer, la deuda deja de ser una cuestión financiera y se convierte en una cuestión social, laboral, alimentaria y de salud mental.

Presupesto 2027, hay plata: ¿Para quién?

El proyecto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un resultado primario positivo del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé exportaciones por unos US$133.000 millones. Son objetivos macroeconómicos ambiciosos y, particularmente en materia de crecimiento, contrastan con estimaciones privadas más moderadas.

Pero el dato político está en otro lugar: qué estructura de gasto hace posible ese resultado fiscal.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas calcula que el gasto total previsto para 2027 sería de $202,1 billones, 26,7% inferior en términos reales al gasto ejecutado en 2023, aunque superior al presupuesto 2026. Es decir, una eventual recuperación respecto del piso de 2026 no implica recomponer el nivel de presencia estatal existente antes de Milei.

Por eso, presentar el Presupuesto simplemente como un aumento del gasto respecto de 2026 puede resultar engañoso: el punto de comparación decisivo es qué Estado queda después de varios años de licuación y recorte.

La cuestión provincial

Aquí aparece una de las contradicciones más interesantes.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA están proyectadas en unos $104 billones, con un incremento real estimado del 7,5% respecto de 2026. Pero las transferencias no automáticas presentan una caída real cercana al 1,8%.

Esto significa que la discusión no puede reducirse a si “aumenta o disminuye la coparticipación”. Hay que distinguir entre recursos automáticos establecidos por el régimen de coparticipación y recursos discrecionales cuya asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo.

Esa diferencia tiene una consecuencia política concreta: reduce el margen de negociación de los gobernadores y transforma la relación fiscal Nación-provincias en un problema estructural. La promesa de mayores recursos automáticos puede coexistir con una Nación que conserva una fuerte capacidad de disciplinamiento mediante las partidas discrecionales.

La cuestión central aparece cuando se observa qué se protege y qué se comprime.

El presupuesto mantiene como componentes enormes las prestaciones de seguridad social —ANSES representa aproximadamente el 65,5% del gasto nacional localizado en las jurisdicciones provinciales analizadas—, pero al mismo tiempo aparecen cuestionamientos por las restricciones previstas para educación, ciencia, salud y políticas sociales.

En paralelo, el proyecto contempla un fortalecimiento significativo de áreas de inteligencia, defensa y ciberseguridad. La partida del Centro Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, aparece con un incremento de 697,9%, mientras organismos científicos y tecnológicos enfrentan reducciones.

Ahí aparece la verdadera discusión: no existe “ajuste” en abstracto. Todo ajuste supone una distribución de costos y beneficios.

Cuando se reduce la capacidad estatal para financiar educación, investigación, infraestructura, asistencia o salud, el costo no desaparece: se desplaza hacia los hogares, las provincias, los trabajadores y los sectores sociales que deben sustituir con recursos propios aquello que antes proveía el Estado.

Al mismo tiempo, el presupuesto preserva la prioridad del equilibrio fiscal y del pago de la deuda. El proyecto contempla alrededor de $18,6 billones destinados a servicios de deuda.

Por eso, la pregunta política que deja abierto el Presupuesto 2027 es mucho más profunda que la discusión sobre una determinada partida: ¿qué intereses sociales quedan protegidos cuando el superávit fiscal se convierte en el principio ordenador del Estado?

La respuesta no está solamente en los números del proyecto. Está en la comparación entre lo que el Estado deja de hacer y aquello que decide seguir financiando.

El “no hay plata” deja entonces de ser una descripción de la realidad para convertirse en una decisión acerca de dónde poner la plata que sí hay, pero ¿para quien?. Ahí está el presupuesto como respuesta.

Maisa Bascuas: feminismo , antiimperialismo y la batalla por una vida sin deuda

La conversación con Maisa Bascuas permite pensar el feminismo popular como una tradición latinoamericana de lucha que articula género, clase, territorio y soberanía. Desde las revoluciones independentistas y la Revolución Cubana hasta las huelgas feministas contemporáneas, esta perspectiva cuestiona la explotación capitalista, el patriarcado, el racismo y el endeudamiento como dimensiones de una misma estructura de dominación. El feminismo deja así de ser solamente una agenda de derechos individuales para convertirse en una práctica colectiva de organización y resistencia: si nuestras vidas sostienen la reproducción de la sociedad, detener ese trabajo también puede convertirse en una herramienta de poder popular.

Rusia: la estabilidad de Putin frente al estancamiento económico y una guerra sin final

Las elecciones rusas transcurren bajo una fuerte continuidad política y en un contexto económico cada vez más condicionado por la guerra. El problema que plantea Michael Roberts no es solamente quién obtiene los votos, sino qué capacidad tiene el sistema para producir una salida al estancamiento económico, la dependencia de una economía de guerra y el conflicto prolongado con Ucrania. Detrás de la estabilidad política aparece una contradicción: mientras el Estado puede sostener el esfuerzo bélico mediante el gasto público y la movilización de recursos, la economía civil enfrenta límites crecientes y una perspectiva de bajo crecimiento. La guerra, lejos de ser una variable externa, se convierte así en un componente estructural del funcionamiento económico y político ruso.

La cuestión central es la relación entre estabilidad política y estancamiento económico: una estabilidad que puede sostenerse mientras continúe la capacidad estatal para financiar la guerra, pero que enfrenta tensiones cuando ese mecanismo deja de traducirse en mejoras materiales para la población.

La IA no necesita ser superinteligente mañana, hoy Gaza marca el futuro

El debate sobre una futura IA superinteligente capaz de destruir a la humanidad puede estar ocultando un peligro mucho más inmediato: el uso actual de la inteligencia artificial como instrumento de vigilancia, guerra y control social. Gaza ofrece el ejemplo más brutal de una tecnología que no necesita volverse autónoma para multiplicar la capacidad de destrucción de los Estados y los ejércitos. El problema, entonces, no es sólo qué hará la IA cuando sea superinteligente, sino quién controla hoy esa inteligencia y al servicio de qué intereses.

Las nuevas formas de la crisis capitalista

La inteligencia artificial no aparece aquí como una tecnología neutral capaz de resolver las contradicciones del capitalismo, sino como una gigantesca nueva esfera de acumulación, concentración y competencia imperialista. El problema central vuelve a ser quién controla el capital, quién captura el excedente y quién soporta los costos de la transformación tecnológica. En paralelo, la expansión financiera, el endeudamiento y la disputa por el dinero mundial expresan una crisis de hegemonía que puede alimentar nuevas formas de autoritarismo y fascismo

USA: Bad Moon Rising

La ruptura de Tucker Carlson con Donald Trump es mucho más que el quiebre entre un principal impulsor del América First y el presidente. El quiebre expone una contradicción central de la nueva derecha estadounidense: el discurso de America First prometía terminar con las guerras y colocar los intereses de los trabajadores y votantes estadounidenses por encima de los compromisos exteriores, pero la política internacional de Trump vuelve a quedar atrapada en la lógica geopolítica tradicional de Washington. Carlson convierte esa contradicción en una acusación política: el trumpismo puede terminar enfrentándose con su propia base social cuando la promesa nacional-populista choca con las prioridades estratégicas de Estados Unidos en Medio Oriente.

Lo interesante no es solamente la predicción electoral de Carlson —que no debe confundirse con un resultado establecido— sino el conflicto dentro de la coalición social y política que llevó a Trump al poder. Su argumento señala una fractura entre una derecha nacionalista que reclama repliegue exterior y sectores del aparato político estadounidense que mantienen compromisos internacionales de largo alcance. Esa tensión aparece además en un contexto electoral especialmente conflictivo: las elecciones legislativas de noviembre están siendo acompañadas por disputas sobre las reglas electorales y por preocupaciones de funcionarios estatales respecto de posibles interferencias federales.

Desde una perspectiva de clase, allí aparece una cuestión más profunda: ¿qué significa “America First” cuando los costos económicos y sociales de una política exterior militarizada recaen sobre las mayorías mientras las decisiones estratégicas permanecen concentradas en las elites políticas, militares y económicas? Carlson está llevando esa contradicción al interior mismo del campo conservador.

La ruptura también es significativa porque Carlson había sido una de las voces mediáticas más importantes del trumpismo. Su desplazamiento desde la defensa de Trump hacia una crítica frontal muestra que el conflicto no es simplemente personal: expresa una disputa por el sentido del nacionalismo estadounidense y por quién define cuáles son los intereses que deben ser considerados prioritarios.

En ese sentido, el problema de Trump no es únicamente electoral: es la tensión entre la promesa de ruptura con el establishment y la reproducción de estructuras fundamentales del poder estadounidense. Y esa contradicción empieza a ser señalada desde dentro de la propia derecha.

En el inicio Tucker Carlson da su visión sobre las elecciones de noviembre. La mano viene densa para Trump.

Setiembre

De la desaparición y exterminio de estudiantes secundarios en septiembre de 1976 al intento de femimagnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en 2022, la historia argentina vuelve a colocar una pregunta incómoda en el centro de la escena: ¿qué sucede cuando el adversario político deja de ser concebido como un sujeto de derechos y comienza a ser pensado como un obstáculo que debe ser eliminado? La Noche de los Lápices y el atentado contra Cristina no son episodios equivalentes ni responden al mismo contexto histórico, pero pueden leerse dentro de una problemática común: la violencia como instrumento para clausurar la disputa política. En 1976, esa lógica fue llevada hasta el extremo por el terrorismo de Estado y la desaparición física. En 2022, el intento de asesinato de la principal dirigente de la oposición mostró que la violencia política podía volver a alcanzar el cuerpo de un adversario como forma extrema de supresión. Entre ambos acontecimientos se abre una cuestión que excede la memoria: qué condiciones sociales, políticas y culturales permiten que el adversario vuelva a ser construido como un enemigo cuya eliminación aparece como posible.

Brasil : elecciones, poder y una democracia bajo tensión

Lo más significativo del escenario brasileño es que la disputa electoral vuelve a concentrar una contradicción estructural de la política latinoamericana: la tensión entre la democracia electoral y el poder económico, mediático, judicial y financiero que condiciona sus resultados.

La elección del 4 de octubre no aparece, por lo tanto, como una simple repetición de 2022. Lula llega buscando un nuevo mandato, mientras el campo bolsonarista intenta reorganizarse alrededor de Flávio Bolsonaro, en un contexto en el que Jair Bolsonaro continúa siendo una figura central aunque no sea el candidato presidencial. Las mediciones publicadas durante septiembre muestran una competencia estrecha y un escenario abierto.

Pero hay un elemento nuevo: la crisis ya no está solamente dentro de la sociedad brasileña; también atraviesa a las instituciones encargadas de arbitrar el conflicto político.

La fractura expuesta dentro del Supremo Tribunal Federal alrededor del caso Banco Master es particularmente significativa. La sesión del 15 de septiembre terminó suspendida después de un enfrentamiento entre magistrados y un pedido de vista de Flávio Dino. El debate involucra acusaciones sobre los vínculos entre Alexandre de Moraes y el banquero Daniel Vorcaro, aunque esas acusaciones están siendo objeto de disputa y no equivalen por sí mismas a una comprobación judicial de corrupción.

La cuestión política es otra: por primera vez en mucho tiempo, el propio Supremo aparece como escenario visible de la lucha electoral.

Eso modifica la relación entre justicia y política que Brasil arrastra desde el ciclo del impeachment de Dilma Rousseff, Lava Jato, la prisión de Lula y el posterior retorno del dirigente del PT a la Presidencia. El Poder Judicial dejó de ser un actor externo al conflicto político: se convirtió en uno de sus territorios centrales.

Desde una perspectiva de clase, esto permite observar algo más profundo. La crisis brasileña no se explica solamente por la polarización ideológica entre izquierda y derecha. También expresa la disputa por quién controla los mecanismos institucionales capaces de proteger o limitar determinados intereses económicos.

El escándalo Banco Master vuelve a poner en escena precisamente esa zona de contacto entre capital financiero, sistema político, justicia y medios de comunicación. Al mismo tiempo, la derecha intenta convertir la crisis institucional en un instrumento electoral contra Lula y contra los sectores del Supremo identificados con la defensa del orden constitucional frente al bolsonarismo.

Por eso las próximas semanas serán particularmente sensibles. No está en juego únicamente quién ocupará el Palacio del Planalto. También está en disputa qué tipo de equilibrio institucional emergerá después de las elecciones.

La experiencia de 2022 sigue funcionando como antecedente. El bolsonarismo no desapareció con la derrota de Jair Bolsonaro. La invasión de los edificios de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023 demostró hasta qué punto una parte de la derecha brasileña estaba dispuesta a desconocer el resultado electoral y tensionar los límites institucionales.

Ahora la confrontación adopta formas diferentes. La batalla se desplaza hacia las instituciones, las investigaciones judiciales, los medios, las redes sociales y la construcción de legitimidad antes de las urnas.

Brasil vuelve a convertirse así en un laboratorio político continental. Lo que ocurra en octubre tendrá consecuencias que excederán ampliamente sus fronteras: afectará la relación de fuerzas entre los gobiernos progresistas y las derechas latinoamericanas, el papel de Brasil en la integración regional y el equilibrio político de América del Sur.

La elección será, en ese sentido, mucho más que una competencia entre candidatos. Será una disputa por el sentido de la democracia brasileña después de una década de crisis, judicialización de la política, ascenso de la extrema derecha y creciente poder del capital financiero.

China: desafía las categorías del marxismo

La conferencia anual de la International Initiative for the Promotion of Political Economy (IIPPE), realizada en Lisboa, tuvo este año un eje particularmente significativo: “Capitalism Moving Beyond Neoliberalism: Crises, Changes, and What Comes Next”. La pregunta que atraviesa buena parte de los debates es precisamente qué viene después del neoliberalismo y, más profundamente, si las categorías económicas heredadas del siglo XX alcanzan para explicar el capitalismo realmente existente.

Uno de los debates más interesantes giró alrededor de China. La formulación provocadora del panel fue directa: “China no es capitalista”.

Roberts sostiene que la Revolución de 1949 produjo una ruptura cualitativa con el capitalismo. La nacionalización de la tierra, la industria y las finanzas, junto con la planificación centralizada, configuraron un sistema que no podía ser definido como capitalista. Las reformas iniciadas por Deng Xiaoping desde 1978 modificaron radicalmente esa estructura: expansión del sector privado, mercados, inversión extranjera y una creciente integración con la economía mundial. Pero, sostiene Roberts, esa transformación no significó simplemente el retorno al capitalismo.

El resultado sería una formación económica híbrida, en la que el mercado y la ley del valor siguen funcionando, existen empresas privadas, capitalistas y multimillonarios, pero el Estado mantiene el control de los principales instrumentos económicos y financieros.

Ahí aparece el núcleo del problema.

Para Roberts, China tampoco puede ser considerada socialista en sentido marxista estricto. Subsisten el dinero, los salarios, las ganancias, el mercado y profundas desigualdades de ingreso y riqueza. Por eso propone caracterizarla como una economía en transición, en la que la cuestión decisiva es quién controla los medios de producción y hacia dónde se orienta el excedente social.

La discusión adquiere particular relevancia porque rompe con una identificación frecuente: mercado igual a capitalismo. Para Roberts, esa equivalencia es insuficiente. Lo decisivo no es solamente la existencia de empresas privadas o trabajadores asalariados, sino la estructura de propiedad y, sobre todo, quién posee capacidad efectiva para orientar la acumulación.

Su argumento es que China conserva un peso extraordinario de la propiedad y la inversión pública. Roberts señala que alrededor de dos tercios de las cien empresas chinas más grandes son estatales o están bajo control estatal. Desde esta perspectiva, la presencia de capital privado no determina por sí misma el carácter global de la formación económica.

Otros participantes del panel fueron incluso más optimistas. Torkil Lauesen sostuvo que China no es socialista todavía, pero podría avanzar hacia el socialismo. Mick Dunford propuso interpretar la experiencia china como una trayectoria diferenciada respecto de la transición clásica al capitalismo, mientras que Dic Lo planteó la cuestión en términos de una posible culminación de la construcción de las condiciones materiales necesarias para una futura sociedad socialista.

Pero también aparecieron objeciones. Algunos participantes cuestionaron que China pudiera ser sustraída de la categoría capitalista cuando la mayoría de sus trabajadores está empleada en empresas que operan bajo relaciones de mercado. Otros plantearon una caracterización alternativa: capitalismo de Estado, donde el Estado administra el excedente en beneficio de una elite.

Aquí reside precisamente la riqueza política del debate: no existe una conclusión consensuada sobre qué es China.

La discusión tampoco puede separarse de la posición de China en el sistema mundial. Roberts reconoce que las inversiones chinas en el Sur Global persiguen recursos estratégicos y pueden generar relaciones de explotación. Pero sostiene que la extracción de excedente desde esas economías hacia China es muy inferior a la transferencia de valor que históricamente se produce desde China y el Sur Global hacia las economías occidentales. También diferencia el financiamiento chino de infraestructura de las condiciones asociadas a instituciones como el FMI y el Banco Mundial.

La cuestión, entonces, no consiste simplemente en decidir si China es “buena” o “mala”, socialista o capitalista. La pregunta verdaderamente marxista es qué relaciones sociales organizan la producción, quién controla el excedente y cuál es la dirección histórica de esa estructura.

Y allí aparece una cuestión estratégica de enorme importancia.

Si China fuese simplemente otra economía capitalista, su ascenso podría interpretarse como un desplazamiento del centro imperialista dentro de las mismas reglas del sistema. Si, en cambio, se trata de una formación transicional basada en una combinación contradictoria de mercado, planificación y propiedad pública, su evolución podría modificar las relaciones de fuerza del capitalismo mundial.

Roberts introduce incluso una advertencia: esa transición no está garantizada. China podría avanzar hacia una profundización socialista, pero también podría terminar consolidando una estructura capitalista. El desenlace dependerá de la relación entre Estado, capital y trabajo dentro de China y de la evolución de la crisis del capitalismo mundial.

Por eso el debate de IIPPE resulta más importante que la discusión terminológica. China no puede comprenderse desde categorías congeladas. Su experiencia plantea una pregunta que excede ampliamente sus fronteras: en un mundo atravesado por crisis recurrentes, endeudamiento, guerra económica, desigualdad y agotamiento del neoliberalismo, ¿puede existir una vía de desarrollo en la que el Estado conserve capacidad para subordinar parcialmente la rentabilidad privada a objetivos de acumulación, desarrollo tecnológico e infraestructura?

La respuesta todavía está abierta.

Pero justamente por eso China constituye uno de los grandes laboratorios históricos del siglo XXI: no una sociedad socialista realizada, tampoco simplemente una reproducción del capitalismo occidental, sino una formación contradictoria cuyo desenlace puede incidir sobre el futuro del sistema mundial.

Vialidad: una nueva prueba pone en jaque el corazón de la condena contra Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó un informe surgido de un testigo de la fiscalía en la causa Cuadernos que, según sus abogados, contradice uno de los fundamentos centrales de la sentencia. Entre 2009 y 2015 se ejecutaron más de US$2.000 millones en obras viales y menos del 1% habría correspondido a empresas de Lázaro Báez. El dato abre un nuevo frente judicial y será llevado también ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ajuste: the bitch always lands on the weakest

El dato más importante del Informe CEPA es que la estabilización macroeconómica de Milei convive con una contracción de la estructura productiva y laboral.

No se trata simplemente de decir que “hay menos empleo”. El informe permite observar una transferencia de poder económico: se debilita el tejido de empresas pequeñas y medianas, se contrae especialmente la industria y la construcción, y simultáneamente las grandes empresas también reducen empleo pero conservan una posición relativa mucho más fuerte.

El resultado es una economía con menor densidad productiva, menor capacidad de generación de empleo formal y mayor presión hacia la informalidad. El propio CEPA señala que la caída del empleo registrado puede combinarse con el traslado de trabajadores hacia el sector informal.

Y hay un indicador especialmente revelador: el empleo registrado en casas particulares cayó en 28.651 personas. Es un segmento muy sensible al ingreso de los hogares. Cuando las familias dejan de poder pagar ese servicio, el ajuste aparece rápidamente allí.

En síntesis: el modelo Milei no sólo está ajustando el Estado; está reestructurando el mercado de trabajo y el aparato productivo. La pregunta política ya no es solamente cuánto bajó la inflación, sino qué estructura social y productiva está quedando después del ajuste.