
Desde una perspectiva comparada, el caso estadounidense comparte elementos con crisis de representación observadas en otras democracias occidentales: partidos tradicionales incapaces de expresar las consecuencias sociales de décadas de financiarización, concentración económica y debilitamiento del trabajo organizado.
La respuesta puede adoptar formas opuestas: derechas populistas que canalizan el malestar contra inmigrantes, minorías o instituciones democráticas, o izquierdas populares que intentan disputar la estructura económica que produce desigualdad.
El-Sayed expresa la segunda alternativa.
La cuestión decisiva será si esta nueva izquierda puede articular una alianza amplia entre trabajadores industriales, jóvenes precarizados, sectores urbanos progresistas y comunidades históricamente excluidas sin quedar limitada a una minoría ideologizada.
En síntesis: la primaria de Michigan no es solamente una elección interna demócrata. Es un síntoma de una crisis más profunda: la disputa por quién representará a las mayorías sociales en la etapa posterior al neoliberalismo estadounidense.

Cada 7 de agosto, aniversario del fallecimiento de San Cayetano, cientos de miles de argentinos se congregan para pedir pan, trabajo y salud. La devoción al santo de los trabajadores constituye una de las expresiones más profundas de la religiosidad popular argentina, pero también forma parte de una historia política en la que la fe, la organización colectiva y las luchas sociales se entrelazaron. El 7 de noviembre de 1981, la marcha de la CGT Brasil bajo la consigna "Pan, Paz y Trabajo" convirtió al santuario de San Cayetano en el escenario de una de las primeras grandes irrupciones populares contra la última dictadura militar. Aquella jornada no solo desafió al poder represivo: inauguró una nueva subjetividad democrática al demostrar que el miedo podía ser derrotado cuando un pueblo encontraba un símbolo capaz de transformar la esperanza en acción colectiva.

La Ley de Tierras: cuando un acontecimiento modifica la correlación de fuerzas. La decisión del Gobierno de retirar el capítulo que habilitaba la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros fue presentada como una concesión parlamentaria. Sin embargo, detrás del repliegue oficialista se encuentra una secuencia política más profunda: un acontecimiento inesperado que desplazó el debate hacia la soberanía nacional, activó una resistencia social por fuera de los canales institucionales y terminó modificando la correlación de fuerzas. A la luz de las reflexiones de Alain Badiou sobre el acontecimiento y de Antonio Gramsci sobre la construcción de la hegemonía, la marcha atrás del oficialismo revela que las grandes derrotas políticas suelen comenzar mucho antes de llegar al recinto legislativo y ser reconocidas por la mayoría de la representación política tradicional.

La actitud vacilante de Rusia frente al depliegue colonial norteamericano en nuestra región, pero también en medio oriente medio y áfrica, merece ensayar una perspectiva histórica que explique este comportamiento.
En ese sentido, puede afirmarse que la realpolitik de Putin constituye una herencia más de la evolución del Estado soviético posterior a Lenin que del leninismo mismo. La prioridad concedida a la seguridad del Estado, la existencia de una esfera de influencia y la subordinación del principio de autodeterminación a las necesidades estratégicas tienen un antecedente claro en la transformación de la URSS durante el estalinismo y la Guerra Fría.
La principal diferencia radica en el fundamento ideológico: donde la dirigencia soviética invocaba el socialismo y la defensa del bloque revolucionario, Putin invoca la continuidad histórica de Rusia como gran potencia y una concepción civilizatoria de la nación. En ambos casos, sin embargo, la razón de Estado termina prevaleciendo sobre el principio leninista de libre autodeterminación de los pueblos.

El artículo sostiene que las principales corporaciones del complejo militar-industrial occidental no solo producen armamento, sino que también invierten sistemáticamente en la formación cultural e ideológica de las futuras generaciones mediante programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Su tesis central es que estas iniciativas funcionan como mecanismos de legitimación social y de reclutamiento temprano para la industria de la defensa. El caso resulta especialmente significativo para Argentina porque muestra cómo la competencia geopolítica ya no se libra únicamente mediante bases militares o ventas de armas, sino también mediante la construcción de capacidades científicas y tecnológicas. El artículo también invita a pensar una contradicción estructural.
Las empresas argumentan que financian STEM porque existe escasez de ingenieros y especialistas.
Pero esa necesidad responde, en buena medida, al enorme crecimiento del presupuesto militar estadounidense y a la creciente integración entre universidades, laboratorios privados y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.
Así, la educación deja de ser únicamente formación científica para convertirse también en una política de abastecimiento de recursos humanos altamente calificados para la industria bélica.
En un contexto donde La Argentina debate su inserción internacional, la política científica y tecnológica adquiere una dimensión estratégica: el desarrollo de recursos humanos altamente calificados puede orientarse hacia objetivos de desarrollo nacional o integrarse a cadenas globales de valor dominadas por grandes corporaciones. En este sentido la desfinanciación del sistema público de enseñanza en todos sus niveles, muestra que la disputa por la soberanía no se limita al control del territorio o de los recursos naturales, sino que alcanza también a la producción de conocimiento y a la formación de las futuras generaciones de científicos e ingenieros.

En Venezuela sin prisa ni pausa van apareciendo "las actas" que la comunidad occidental reclamaba y negaba el dictador y son ya un indicador de análisis insoslayable. Por ejemplo, el texto de Bruno Sgarzini que se publica presenta una tesis fuerte: Estados Unidos ya no utiliza las sanciones solo como mecanismo de presión diplomática, sino como un instrumento de administración directa de la renta petrolera venezolana. Si los datos citados son correctos, estaríamos ante un cambio cualitativo en la relación entre Washington y Caracas.
Aunque los casos son muy diferentes, el artículo invita a reflexionar sobre una cuestión más amplia. En América Latina, y La Argentina es un leading case, las disputas contemporáneas por la soberanía ya no se expresan únicamente mediante intervenciones militares.
Con frecuencia aparecen a través del control de:
la deuda externa y la fuga consecuente,
los sistemas de pagos internacionales;
las reservas de los bancos centrales;
las licencias comerciales;
las sanciones financieras;
el acceso al crédito.
Desde esa perspectiva, el dominio sobre los circuitos financieros puede resultar tan determinante como el control territorial.

El artículo de Emilia Trabucco plantea que la reforma de la Ley de Tierras Rurales constituye uno de los cambios estructurales más importantes impulsados por el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que no se trata simplemente de una desregulación del mercado inmobiliario rural, sino de una redefinición de la relación entre soberanía, propiedad y capital internacional.
Desde una perspectiva crítica de economía política, pueden señalarse cinco aspectos centrales:
1. De la tierra como bien estratégico a la tierra como activo financiero
La Ley 26.737, aprobada en 2011, consideraba que la tierra rural posee un valor estratégico que excede la propiedad privada. Por ello establecía límites a la extranjerización (15% del territorio nacional, provincial y municipal, además de restricciones por nacionalidad y ubicación). La reforma impulsada por el Gobierno flexibiliza esos límites —tras una modificación de último momento, el oficialismo pasó de proponer la eliminación total a elevar el tope al 25% para facilitar su aprobación en el Senado— bajo el argumento de atraer inversiones.
En términos económicos, la tierra deja de ser concebida como un recurso vinculado al desarrollo nacional para convertirse en un activo abierto a la valorización del capital global.
2. Una nueva fase de acumulación por desposesión
El debate puede interpretarse a través del concepto desarrollado por el geógrafo David Harvey: la acumulación por desposesión.
En este enfoque, el capital amplía sus posibilidades de ganancia apropiándose de bienes comunes o estratégicos mediante reformas legales.
La tierra rural concentra simultáneamente:
agua dulce;
minerales críticos;
bosques;
biodiversidad;
potencial energético;
producción agroalimentaria.
La flexibilización normativa facilita la incorporación de esos recursos a circuitos internacionales de valorización.
3. El argumento oficial y sus límites
El Gobierno sostiene que las restricciones vigentes desalientan inversiones que podrían alcanzar unos 15.000 millones de dólares y dinamizar economías regionales.
Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la inversión extranjera en tierras no garantiza automáticamente:
mayor empleo;
industrialización;
encadenamientos productivos;
desarrollo regional.
En muchos casos predomina un modelo extractivo orientado a la exportación de materias primas, con escaso impacto sobre el tejido económico local.
4. La cuestión de la soberanía
El aspecto más sensible es que la discusión excede la propiedad privada.
Quien controla grandes extensiones de territorio puede controlar también:
fuentes de agua;
corredores logísticos;
áreas de frontera;
reservas de minerales;
zonas con importancia geopolítica.
Diversos especialistas advierten que algunas regiones ya presentan niveles de propiedad extranjera superiores al promedio nacional, especialmente en áreas con recursos estratégicos.
Por eso el debate se vincula directamente con la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio.
5. El significado político
La iniciativa expresa un cambio de paradigma.
Mientras la legislación de 2011 entendía que ciertos bienes debían permanecer sujetos a regulaciones por razones de interés nacional, la propuesta oficial parte de una concepción donde la libertad contractual y la protección absoluta de la propiedad privada prevalecen sobre consideraciones de soberanía territorial.
En ese sentido, la reforma acompaña otras iniciativas del gobierno de Milei orientadas a reducir regulaciones sobre recursos naturales y ampliar el espacio de actuación del capital privado.
Autores como Ruy Mauro Marini o Theotonio dos Santos sostuvieron que, en las economías periféricas, la inserción subordinada en el capitalismo mundial suele profundizarse cuando los recursos estratégicos pasan a ser controlados por capitales externos. Desde esa perspectiva, la flexibilización de la Ley de Tierras podría interpretarse como un paso adicional hacia una especialización basada en la exportación de recursos naturales con menor capacidad de decisión nacional sobre su aprovechamiento.
En síntesis, el proyecto enfrenta dos concepciones contrapuestas. Para el oficialismo, la apertura del mercado de tierras constituye un instrumento para atraer inversiones y dinamizar la economía. Para sus críticos, implica una redefinición del papel del Estado sobre recursos estratégicos y una mayor inserción dependiente de la economía argentina en los circuitos globales del capital, con potenciales implicancias sobre la soberanía territorial, el desarrollo regional y el control de bienes naturales

El programa de reformas del Gobierno argentino, inspirado en un "modelo peruano", busca consolidar la llamada "estabilidad macroeconómica" junto a una profunda fragmentación política, legislativa y flexibilización de la soberanía sobre recursos naturales. Este enfoque, que incluye la reforma del BCRA, la suba del tope de extranjerización de tierras al 25% y la flexibilización de la Ley de Glaciares, opera bajo un escenario donde el ancla de deuda externa facilita la privatización del subsuelo y la "balcanización" del federalismo, un riesgo que Cristina Kirchner ya había señalado como central.

En Cisjordania, jóvenes en situación de riesgo son rebautizados como pioneros: financiados por ministerios israelíes y organizaciones benéficas estadounidenses cuyas donaciones son deducibles de impuestos, son desplegados para acosar, despojar y expulsar a los palestinos de sus tierras.

El artículo «Monetary Policy and Capitalism», de Jan Toporowski, publicado en la edición de julio-agosto de 2026 de Monthly Review, desarrolla una crítica marxista a la idea dominante de que la política monetaria es el principal instrumento para regular el capitalismo contemporáneo. El autor denomina este paradigma «dominancia de la política monetaria»
El aporte de Toporowski consiste en cuestionar la creencia de que los bancos centrales poseen la capacidad de «administrar» el capitalismo mediante el manejo de las tasas de interés. Su tesis es que la política monetaria opera sobre la superficie financiera del sistema, mientras que la dinámica profunda depende de la acumulación de capital, la rentabilidad esperada y las relaciones sociales de producción. En ese sentido, la inflación, las crisis y el crecimiento no pueden entenderse aisladamente como fenómenos monetarios, sino como manifestaciones de las contradicciones estructurales del capitalismo contemporáneo.
Si se aplica la tesis de Jan Toporowski al proyecto de «blindaje» del Banco Central impulsado por el gobierno de Javier Milei, emerge una crítica profunda que va más allá del debate sobre la autonomía institucional del BCRA. No se trata de discutir únicamente si un banco central independiente es deseable, sino de preguntarse qué problemas puede resolver realmente la política monetaria y cuáles exceden completamente su alcance.
El proyecto oficial busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro y reforzar su independencia respecto del poder político, con el objetivo declarado de evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. La iniciativa se inscribe en una concepción según la cual la estabilidad de precios depende, ante todo, de reglas monetarias estrictas y de la autonomía del banco emisor.
Desde la perspectiva de Toporowski, ese diagnóstico parte de un supuesto discutible: que el Banco Central constituye el principal instrumento para gobernar el capitalismo contemporáneo. El economista sostiene precisamente lo contrario: la llamada «dominancia de la política monetaria» exagera la capacidad de las tasas de interés y de los bancos centrales para determinar la inversión, el crecimiento y el empleo. En última instancia, la dinámica capitalista depende de la acumulación de capital y de las expectativas de rentabilidad, no de decisiones monetarias aisladas.
El blindaje institucional no garantiza el desarrollo
Desde esta óptica, el blindaje del Banco Central podría fortalecer la credibilidad financiera del país frente a acreedores e inversores, pero no garantiza por sí mismo:
mayores niveles de inversión productiva;
creación de empleo;
incremento de la productividad;
transformación de la estructura productiva;
reducción de la restricción externa.
Un Banco Central jurídicamente independiente puede contribuir a estabilizar variables nominales, pero carece de instrumentos para modificar las decisiones de inversión privada cuando las expectativas de rentabilidad son bajas.
La prioridad del capital financiero
La crítica adquiere mayor profundidad cuando se incorpora el concepto de financiarización, central en la obra de Toporowski.
En economías altamente financiarizadas, las decisiones del Banco Central afectan principalmente:
el precio de los activos financieros;
el rendimiento de los bonos;
el costo del crédito;
los flujos internacionales de capital.
Su influencia sobre la economía real resulta mucho más indirecta. En consecuencia, un Banco Central blindado puede terminar funcionando principalmente como una institución destinada a garantizar la estabilidad de los mercados financieros antes que la expansión de la producción y el empleo.
La cuestión de la soberanía democrática
Existe además una dimensión política.
Blindar constitucional o legalmente al Banco Central supone retirar del debate democrático una parte sustancial de la política económica.
Los defensores de esa autonomía sostienen que ello evita el uso electoral de la emisión monetaria y fortalece la credibilidad.
Sin embargo, puede interpretarse como una despolitización de decisiones que tienen efectos distributivos. Las tasas de interés, el acceso al crédito, la administración de reservas y la regulación financiera no son instrumentos neutrales: benefician o perjudican de manera diferente a sectores sociales y económicos.
Resumiendo mucho: En Argentina, es obvio que la inflación no responde exclusivamente a fenómenos monetarios. Diversos estudios identifican un conjunto de factores que interactúan:
restricción externa y fuga de capitales
volatilidad cambiaria;
concentración económica;
formación oligopólica de precios;
puja distributiva;
expectativas;
dinámica fiscal y monetaria.
Desde la perspectiva de Toporowski, concentrar la estrategia antiinflacionaria casi exclusivamente en un Banco Central independiente corre el riesgo de transformar un problema estructural en uno puramente monetario.
El blindaje del Banco Central puede interpretarse como una forma de institucionalizar la primacía del capital financiero sobre otras prioridades de política económica. Al limitar la capacidad del Estado para coordinar políticas monetarias, fiscales e industriales, se reduce el margen de intervención de gobiernos futuros, incluso si cuentan con legitimidad electoral para impulsar otra estrategia de desarrollo.
En este sentido, la tesis de Toporowski no implica negar la importancia de la estabilidad monetaria. Su planteo es diferente: la estabilidad de una economía capitalista no puede descansar exclusivamente sobre el Banco Central, porque los determinantes fundamentales del crecimiento son la inversión, la estructura productiva, la distribución del ingreso y la acumulación de capital. Cuando estos factores permanecen estancados, la autonomía del banco central puede preservar la estabilidad financiera, pero difícilmente genere desarrollo sostenido o mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El artículo "Rebeldía Controlada" utilizando el caso Bramuglia, el primer intento de construir un "peronismo sin Perón" ya en el año 1955 sostiene una hipótesis central: los liderazgos populares de volumen histórico y gran arraigo popular no son sustituibles mediante operaciones políticas ni judiciales, y que la proscripción termina debilitando la representación democrática más que al liderazgo proscripto. Para desarrollar esa idea, establece un paralelo entre la proscripción de Juan Domingo Perón tras 1955 y la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner.
El texto recupera la experiencia del neoperonismo encabezado por Juan Atilio Bramuglia, quien intentó construir un peronismo autónomo aprovechando la proscripción de Perón. Apoyándose en trabajos del historiador Raanan Rein, el artículo señala que ese intento fracasó porque el liderazgo de Perón conservó la adhesión mayoritaria del movimiento aun desde el exilio.
Como contracara, recupera la posición de John William Cooke, quien rechazaba las corrientes "blandas" o conciliadoras y sostenía que la conducción seguía perteneciendo al líder proscripto. Según el autor, esa experiencia histórica demuestra que la legitimidad política no puede transferirse mecánicamente a dirigentes sustitutos.
El artículo se vincula con un trabajo posterior de López donde desarrolla el concepto de "déficit de legitimidad sustitutiva". La idea es que cuando un liderazgo con gran capacidad de representación queda excluido de la competencia política, quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan un problema estructural: heredan parte del electorado, pero no la legitimidad política ni simbólica del liderazgo original.
Desde esa perspectiva, la proscripción no afecta solamente al dirigente alcanzado por la medida, sino que altera el funcionamiento del sistema de representación en su conjunto.
El artículo afirma que el reclamo "Cristina Libre" debe entenderse como una demanda vinculada a la calidad democrática y no únicamente como una consigna electoral. Según el autor, la exclusión judicial de un liderazgo con fuerte apoyo popular reduce la competencia política efectiva y contribuye al aumento de la apatía electoral entre sectores sociales que se identifican con ese liderazgo.
Establece un paralelo histórico consistente entre distintas experiencias de proscripción del peronismo;
incorpora bibliografía especializada, particularmente los estudios de Raanan Rein;
intenta formular un concepto analítico ("déficit de legitimidad sustitutiva") que trasciende la coyuntura argentina.
En conjunto, el texto combina historia política, teoría de la representación y una interpretación claramente situada en el debate político argentino. Su aporte más original es la formulación del concepto de déficit de legitimidad sustitutiva, que busca explicar por qué, según el autor, la exclusión de un liderazgo popular produce dificultades persistentes para la construcción de liderazgos alternativos y afecta la legitimidad del sistema político.

Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, está en su mejor momento. En una época en la que el público está desencantado con la política, las encuestas recientes muestran que, de hecho, su popularidad entre los neoyorquinos va en aumento. Se puede decir que eso se debe en parte a la buena vibra: cuando los Knicks ganaron el campeonato de la NBA, Mamdani fue una de las principales voces de apoyo al equipo, beneficiándose del brillo de su victoria; la Copa Mundial fue un éxito arrollador, con Nueva York inundada de aficionados celebrando; Taylor Swift se casó en una ceremonia secreta en el lugar más visible de Nueva York.
Y mientras su popularidad aumenta, Mamdani, un socialista democrático, también ha estado demostrando su poder político de formas nuevas: su respaldo a tres candidatos progresistas para la Cámara de Representantes les dio la ventaja frente a titulares y candidatos respaldados por el establishment, y consolidó su papel como figura decisiva en el Partido Demócrata. Por supuesto, Mamdani también tiene muchos detractores, tanto en la derecha como entre los líderes demócratas en Washington, a quienes les preocupa su influencia y sus objetivos al llevar al partido más hacia la izquierda.

Después de cuestionar las teorías monetaristas y keynesianas en la primera parte de la serie, Roberts dirige ahora su análisis hacia las interpretaciones heterodoxas. Su tesis central es que, aunque estas corrientes identifican problemas reales del capitalismo, no logran explicar de manera consistente el origen de la inflación.
El autor examina principalmente dos enfoques.
El primero sostiene que la inflación es consecuencia del poder monopólico de las grandes empresas, que elevan sus márgenes de ganancia («mark-up inflation»). Roberts reconoce que la concentración económica permite a las corporaciones apropiarse de una mayor parte del excedente, pero objeta que ello no explica por qué los precios aumentan de forma generalizada en determinados períodos y no de manera permanente. Si el monopolio fuera la causa suficiente, argumenta, la inflación debería ser constante en todas las economías capitalistas altamente concentradas.
El segundo enfoque interpreta la inflación como resultado del conflicto distributivo entre capital y trabajo. Según esta visión, empresas y trabajadores intentan preservar o ampliar su participación en el ingreso nacional, generando una espiral de precios y salarios. Roberts considera que esta explicación invierte la relación causal. Retomando a Marx, sostiene que los salarios suelen reaccionar al aumento previo de los precios y no ser su detonante inicial. En consecuencia, el conflicto distributivo puede amplificar la inflación, pero no constituye su origen fundamental.
El debate resulta especialmente pertinente para La Argentina. La narrativa oficial suele atribuir la inflación exclusivamente a la emisión monetaria, mientras que buena parte del pensamiento heterodoxo opositor la relaciona con la concentración económica, la puja distributiva y las devaluaciones o asume posiciones neokeynesianas obsoletas que siempre concluyen en devaluaciones del tipo de cambio y empobrecimiento popular.
El enfoque de Roberts invita a ir un paso más allá: preguntarse por qué esas tensiones aparecen de manera recurrente en economías capitalistas periféricas y cuál es la relación entre la acumulación de capital, la rentabilidad y la dinámica de los precios.
Esto desplaza la discusión desde las políticas monetarias y heterodoxas coyunturales hacia las contradicciones estructurales del capitalismo y supone que cualquier modelo económico social alternativo supone fuerte conflicto de intereses con el bloque en el poder – incluídos obviamente los organismos de crédito internacionales – por parte del poder político esto es actuar según lo indica "la marchita", pero completa en un momento donde es posible pensar en el fin del trabajo asalariado que, por caso, reestructurar la deuda impagable.
En ese sentido, el artículo constituye una crítica tanto al monetarismo dominante como a las explicaciones heterodoxas que, según Roberts, describen correctamente algunos mecanismos pero no alcanzan a identificar la causa fundamental de la inflación. Esa explicación será desarrollada en la tercera parte de la serie mediante su propuesta de una «teoría del valor de la inflación», elaborada junto con Guglielmo Carchedi.

¿Son tan decisivas las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Se verá, pero el artículo de Axios - un house organ trumpista que debe considerarse-, plantea una hipótesis política relevante: Donald Trump ya no estaría concentrado prioritariamente en conservar una mayoría republicana en el Congreso, sino en garantizar que, gane o pierda el Partido Republicano las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el trumpismo mantenga el control ideológico del partido y del Estado.
Las principales tesis del artículo:
El poder antes que la mayoría parlamentaria. Según Axios, Trump asume que los republicanos podrían perder una o ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, considera que eso no implicaría necesariamente una derrota estratégica si consigue consolidar un Partido Republicano completamente subordinado a su liderazgo.
La presidencia como fuente principal de poder. El artículo sostiene que Trump privilegia las facultades ejecutivas —órdenes presidenciales, designaciones, capacidad de indulto y control del aparato estatal— por encima de la negociación legislativa tradicional. La lógica es gobernar mediante una fuerte concentración de atribuciones presidenciales.
Preparar la sucesión sin abandonar el liderazgo. Axios señala que Trump buscaría convertirse en el gran "árbitro" de la política republicana hacia 2028, definiendo quién heredará su capital político. En ese contexto, aparecen como figuras centrales el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, aunque existen fuertes disputas dentro del propio partido.
Las investigaciones como arma política. El título del artículo ("Trump's final act begins") hace referencia a la posibilidad de que, si los demócratas recuperan el Congreso, se reactive una ola de investigaciones parlamentarias sobre la administración Trump. Paradójicamente, Axios sostiene que el propio Trump parece menos preocupado por esas investigaciones que por asegurar la cohesión del movimiento MAGA.
Igualmente el texto refleja una transformación profunda del sistema político estadounidense. Ya no se trataría únicamente de una disputa entre republicanos y demócratas, sino entre dos concepciones del ejercicio del poder:
una basada en los mecanismos clásicos del constitucionalismo liberal (equilibrio entre poderes, negociación legislativa y controles institucionales);
otra que privilegia la legitimidad directa del liderazgo presidencial, el control del Ejecutivo y la movilización permanente de una base política organizada.
En este marco, el Congreso pierde centralidad relativa frente a la Casa Blanca, los tribunales y los organismos ejecutivos.
Otro aspecto importante es que la verdadera batalla parece desarrollarse dentro del propio Partido Republicano.
Los sectores conservadores tradicionales —representados editorialmente por medios como The Wall Street Journal— observan con preocupación que JD Vance encarne la continuidad del trumpismo, mientras que el ala MAGA interpreta esas críticas como una confirmación de que el viejo establishment perdió el control del partido.
Esto sugiere que el conflicto ya no enfrenta únicamente a republicanos contra demócratas, sino también a:
el conservadurismo clásico;
el nacional-populismo trumpista.
Igualmente puede sostenerse sin esfuerzo que el conflicto estadounidense expresa también una disputa entre distintas fracciones del capital.
Por un lado, sectores vinculados al capital financiero global, las grandes tecnológicas y parte del establishment institucional; por otro, una coalición que combina capital industrial nacional, sectores energéticos tradicionales, pequeñas y medianas empresas y una base social compuesta por trabajadores blancos, clases medias empobrecidas y segmentos rurales.
En ese sentido, el trumpismo no cuestiona el capitalismo estadounidense, sino que propone una forma distinta de organizar su hegemonía: más nacionalista, proteccionista y concentrada en el poder ejecutivo.
Conclusión : El artículo de Axios sugiere que Trump ya no mide su éxito únicamente por el resultado electoral inmediato. Su objetivo estratégico sería dejar consolidado un movimiento político capaz de dominar el Partido Republicano y seguir condicionando la política estadounidense incluso después del final de su mandato. Si esa interpretación es correcta, las elecciones de medio término definirán no solo el equilibrio entre demócratas y republicanos, sino también si el trumpismo logra institucionalizarse como la corriente dominante de la derecha estadounidense durante la próxima década.
Finalmente y desde una mirada más situada, conviene recordar que los demócratas demostraron tanto o más vocación de intervención en la región que los republicanos, a punto tal que fue Obama, - al que muchos confundieron con el negro Rada a la hora de celebrar su primer triunfo electoral en 2008 - el que acompañó y respaldó a Mauricio Macri en su campaña en La Argentina. Por otro lado, la disputa por la hegemonía con China y otras grandes potencias emergentes continuará sin prisa ni pause, pase lo que pase en noviembre en los pagos del señor naranja.

La campaña antiargentina que lleva adelante el gobierno nacional pisa el acelerador cada día. El artículo "Ser Batavia" plantea una tesis central: el gobierno de Javier Milei no estaría impulsando únicamente un programa de ajuste económico, sino una transformación estructural del Estado argentino orientada a subordinar el país a los intereses del capital financiero y tecnológico global. La referencia a Batavia —la antigua capital de las Indias Orientales Holandesas, hoy Yakarta— funciona como metáfora de una colonia administrada en beneficio de corporaciones extranjeras antes que de su propia población.
Desde esa perspectiva, el autor sostiene que existe una arquitectura legislativa coherente integrada por el DNU 70/23, la Ley Bases, las reformas fiscales, laborales y ambientales, y una nueva serie de proyectos de ley que profundizarían ese rumbo. El argumento es que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino partes de un mismo programa destinado a reducir la capacidad regulatoria del Estado, favorecer la concentración económica y garantizar rentabilidad al gran capital internacional.
Uno de los ejes más importantes del texto es la cuestión de la tierra y los recursos naturales. El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" es presentado como un mecanismo para eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros, facilitar el acceso a zonas de frontera, glaciares y reservas de agua, y debilitar la protección jurídica de comunidades indígenas, campesinos e inquilinos rurales. El artículo interpreta estas reformas como un nuevo ciclo de extranjerización del territorio argentino.
En la misma dirección ubica al denominado Súper RIGI, que ampliaría los beneficios otorgados a grandes inversiones en minería, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energías renovables. Según el texto, la combinación de estabilidad fiscal por treinta años, libre disponibilidad de divisas, baja carga tributaria y posibilidad de acudir al CIADI consolidaría un régimen excepcional favorable a grandes conglomerados internacionales.
Otro aspecto novedoso es la crítica a la propuesta de crear una "sociedad automatizada", es decir, una persona jurídica administrada por algoritmos. El artículo contrapone esa iniciativa con la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cita la advertencia atribuida al historiador israelí Yuval Noah Harari, según la cual Buenos Aires correría el riesgo de convertirse no en una nueva Ámsterdam sino en una nueva Batavia: un espacio gobernado crecientemente por corporaciones tecnológicas antes que por instituciones democráticas.
También ocupa un lugar destacado la crítica a la denominada Inocencia Fiscal II, que, según el autor, invierte la carga de la prueba en materia tributaria y limita las capacidades de fiscalización del Estado, al tiempo que amplía beneficios para grandes patrimonios y funcionarios públicos.
Respecto del sistema financiero, el artículo sostiene que las modificaciones proyectadas para la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a consolidar un esquema donde los bancos financian crecientemente al Tesoro mediante instrumentos como LECAP y BONCAP. El texto cuestiona la idea oficial de independencia monetaria y afirma que el sistema financiero destina una porción sustancial de su capacidad crediticia al financiamiento de la deuda pública antes que a la economía productiva.
Finalmente, el artículo interpreta la política de recortes presupuestarios, paralización de obra pública y vetos presidenciales como una estrategia de "shutdown" del Estado. En lugar de limitarse al equilibrio fiscal, el objetivo sería reducir permanentemente las funciones estatales en educación, salud, infraestructura, previsión social y federalismo fiscal.
El texto ofrece una interpretación coherente basada en la teoría de la dependencia y en los enfoques sobre financiarización del capitalismo. Su principal fortaleza consiste en vincular distintas reformas dentro de un mismo proyecto político, en lugar de analizarlas aisladamente.
En este sentido, la metáfora de Batavia resulta potente porque resume la hipótesis central del artículo: la Argentina estaría transitando desde un modelo de Estado nacional hacia otro donde las decisiones estratégicas sobre recursos naturales, infraestructura, sistema financiero y desarrollo tecnológico quedan crecientemente condicionadas por intereses corporativos transnacionales, mientras disminuye la capacidad soberana de las instituciones democráticas para regular esos procesos. ¿Se van entendiendo los alcances de "la campaña antialgentina"?

Ceuta expresa la contradicción entre un capitalismo profundamente desigual y un régimen de fronteras extremadamente selectivo.
Europa necesita mano de obra migrante para diversos sectores productivos, pero procura administrar esos flujos de forma estrictamente controlada. Marruecos, por su parte, convierte esa capacidad de control en un recurso de negociación con Bruselas, obteniendo financiamiento, reconocimiento diplomático y ventajas económicas a cambio de contener los movimientos migratorios.
En ese esquema:
los trabajadores migrantes constituyen la parte más vulnerable;
Marruecos obtiene capacidad de presión internacional;
la Unión Europea busca preservar la estabilidad política interna frente al crecimiento de fuerzas antiinmigración;
las derechas europeas capitalizan electoralmente cada episodio de presión fronteriza.
En consecuencia, Ceuta es una crisis geopolítica porque la migración fue utilizada como herramienta de presión estatal; pero esa estrategia sólo es posible porque existen profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo que generan una oferta permanente de personas dispuestas a migrar. Reducir el fenómeno únicamente a la seguridad o únicamente a la pobreza deja fuera una parte esencial del problema. En La Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 681/2026) mediante el cual el gobierno de Javier Milei modificó aspectos de la Ley de Migraciones se inscribe en esta tendencia de usos de la inmigración por parte de la ultraderecha para actuar un nacionalismo del que en la práctica abjura, como veremos en la nota de Rovelli. La norma xenófoba fue publicada a fines de julio de 2026 y generó un intenso debate político y jurídico.
Los principales cambios son:
Se habilita a impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que incurran en conductas consideradas de "odio", discriminación o agravio contra los argentinos o los símbolos nacionales.
Se amplían las causales de expulsión para personas extranjeras que ya se encuentren en el país.
El Gobierno sostiene que la medida no alcanza a las críticas políticas, académicas o ideológicas, sino únicamente a expresiones que constituyan incitación al odio o a la violencia.
Los argumentos del Gobierno
El Poder Ejecutivo justificó el DNU afirmando que existió una "campaña antiargentina" durante el Mundial de Fútbol 2026 y que era necesario proteger a los ciudadanos argentinos frente a manifestaciones xenófobas o discriminatorias provenientes del exterior.
Las principales críticas
Diversos constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la medida por varias razones:
La amplitud e indeterminación del concepto de "agravio", que podría permitir interpretaciones discrecionales.
El uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la política migratoria, evitando el debate parlamentario.
El posible conflicto con garantías constitucionales sobre libertad de expresión y debido proceso.
El riesgo de utilizar la política migratoria como herramienta de política exterior o de confrontación política.
Una lectura política
Desde una perspectiva comparada, el decreto se inscribe en una tendencia observable en distintos gobiernos de derecha radical y nacionalista —como los de Donald Trump en Estados Unidos o varios ejecutivos europeos— que vinculan la política migratoria con la seguridad nacional y la defensa de la identidad nacional.
Desde una perspectiva crítica de clase, puede interpretarse como parte de un proceso de securitización de la migración: el fenómeno migratorio deja de abordarse principalmente como una cuestión de derechos humanos o de mercado de trabajo para convertirse en un problema de orden público y soberanía. Al mismo tiempo, sus críticos sostienen que este tipo de medidas puede contribuir a desplazar el debate público desde los problemas económicos y sociales internos hacia la identificación de amenazas externas o de "enemigos" simbólicos, una derva de "La campaña antiargentina" que soportamos tras la derrota en la final del mundial 2026 donde los argentino volvimos a ser derechos y humanos ... un ratito, hasta este decreto nefasto, por ejemplo. ¯\_(ツ)_/¯i

Podemos desacelerar en la periferia del sistema capitalista? Esa es precisamente una de las principales preguntas y objeciones que se le hace a Kohei Saito. Su propuesta de "desaceleración" (degrowth o decrecimiento) adquiere una dimensión muy distinta cuando se la observa desde la periferia del capitalismo y no desde las economías centrales.
Saito sostiene que la crisis ecológica no puede resolverse manteniendo un imperativo de crecimiento infinito. Inspirándose en una lectura de Karl Marx, plantea reducir la producción de bienes superfluos, acortar la jornada laboral, ampliar los bienes comunes y reorganizar la economía en función de las necesidades sociales antes que de la rentabilidad.
Sin embargo, esa propuesta enfrenta un problema estructural.
El Norte y el Sur no parten del mismo lugar. Los países centrales acumularon durante más de dos siglos enormes niveles de riqueza gracias a:
la industrialización temprana;
la apropiación colonial de recursos;
el intercambio desigual con la periferia;
una elevada productividad tecnológica.
En cambio, gran parte de América Latina, África y parte de Asia todavía presentan déficits en infraestructura, vivienda, salud, educación, transporte y capacidad industrial y están sometidos con La Argentian a gobiernos que los despojan de recursos materiales e institucionales de manera creciente y exponencial.
Para millones de personas de la periferia, "consumir menos" no significa dejar de comprar un tercer automóvil o realizar menos vuelos internacionales, sino que puede implicar renunciar a satisfacer necesidades básicas que aún no están cubiertas.
Ahí aparece una contradicción importante.
¿Puede la periferia decrecer?
Desde una perspectiva marxista dependencista, la respuesta suele ser negativa.
Autores como Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos o Samir Amin sostienen que el problema de la periferia nunca fue el exceso de crecimiento sino la forma subordinada en que crece.
La cuestión no sería producir menos, sino producir de otra manera y para otros fines.
Es decir:
industrializarse;
agregar valor;
desarrollar ciencia y tecnología;
sustituir importaciones estratégicas;
mejorar salarios;
disminuir la dependencia financiera y tecnológica.
En otras palabras, la periferia necesita transformar su estructura productiva antes que reducirla.
El intercambio ecológicamente desigual
Aquí aparece un punto donde Saito y la teoría de la dependencia pueden complementarse.
El Norte global externaliza buena parte de sus costos ambientales hacia el Sur.
Ejemplos:
minería del litio;
soja;
petróleo;
cobre;
tierras raras;
pesca;
deforestación.
Los impactos ecológicos quedan en los países exportadores mientras el consumo ocurre principalmente en las economías desarrolladas.
Por eso muchos autores hablan de un intercambio ecológicamente desigual: el centro importa naturaleza barata y exporta manufacturas y tecnología caras.
Una lectura desde América Latina
Autores como Eduardo Gudynas o Alberto Acosta proponen una posición intermedia.
No se trata simplemente de crecer o decrecer.
Se trataría de:
decrecer en sectores ambientalmente destructivos;
crecer en salud, educación, investigación científica y energías limpias;
abandonar el extractivismo como eje permanente de acumulación.
Es un cambio cualitativo más que una reducción cuantitativa del producto.
¿Qué ocurre con Argentina?
Argentina ilustra bien esta tensión.
Si aplicara una política de decrecimiento en el sentido estricto de Saito, podría profundizar problemas ya existentes:
desindustrialización;
desempleo;
restricción externa;
dependencia tecnológica;
menor capacidad estatal.
Pero tampoco resulta sostenible reproducir un patrón basado exclusivamente en exportar materias primas para obtener divisas.
El desafío no es "producir menos" sino disputar qué se produce, quién decide la producción, cómo se distribuye el excedente y cuáles son los costos ambientales que asume cada clase social.
Una posible síntesis
La propuesta de Saito es especialmente convincente como crítica al hiperconsumo de las economías desarrolladas. Allí, reducir el consumo material puede mejorar tanto la sostenibilidad ambiental como la calidad de vida.
En la periferia, en cambio, la cuestión es distinta. Un proyecto emancipador difícilmente pueda prescindir de cierto crecimiento económico, pero ese crecimiento debería orientarse a satisfacer necesidades sociales, fortalecer la soberanía productiva y reducir la dependencia externa, en lugar de reproducir un modelo extractivista y financieramente subordinado.
En ese sentido, una síntesis entre Saito y la teoría marxista de la dependencia podría formularse así: el Norte debería decrecer en consumo material y apropiación de recursos, mientras que la periferia necesita transformarse estructuralmente para poder desarrollarse dentro de límites ecológicos, con mayor autonomía y justicia distributiva. Veamos en esta entrevista la mirada de Saito que, más allá de críticas, merece la pena política y conceptualmente.

La nota de Chequeado analiza el proyecto del Gobierno para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como ley de etiquetado frontal) y refuta cinco argumentos utilizados para justificar esa decisión.
Más allá de la verificación de datos, el conflicto expresa una disputa entre dos enfoques de política pública:
El enfoque desregulador sostiene que el Estado debe intervenir lo menos posible y que la información nutricional tradicional alcanza para que el consumidor decida libremente.
El enfoque de salud pública considera que existe una fuerte asimetría de información y de poder entre grandes empresas alimenticias y consumidores, especialmente niños y adolescentes, por lo que los sistemas de advertencia constituyen una herramienta para reducir enfermedades asociadas al consumo de ultraprocesados.
La experiencia regional, especialmente en Chile, ha mostrado que los sellos frontales pueden modificar decisiones de compra e incentivar la reformulación de productos por parte de la industria, aunque el impacto sobre obesidad y enfermedades crónicas depende también de otras políticas complementarias.
En la apertura la edición de Carpe Diem la Dra. María Teresa Enrico, médica diabetóloga y especialista en Nutrición, analiza los cambios que impulsa el Gobierno a la Ley de Etiquetado Frontal. Durante la entrevista abordamos el impacto que estas modificaciones podrían tener en la salud pública y las razones por las que numerosas sociedades científicas expresaron su preocupación frente a esta iniciativa.
Un diálogo imprescindible para comprender un debate que involucra el derecho a una alimentación saludable y al acceso a información clara para los consumidores.

El artículo "Turnos nocturnos, mataderos y niños" de Bruno Sgarzini propone una reflexión sobre un aspecto poco visible de la transformación del capitalismo contemporáneo: cómo la organización del trabajo termina reconfigurando la vida familiar, el cuidado infantil y la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.
Lejos de presentar el trabajo nocturno como una simple modalidad laboral, el texto lo interpreta como el síntoma de un modelo económico que extiende la lógica de la producción durante las veinticuatro horas del día. Cuando la economía funciona sin pausas, también exige trabajadores disponibles permanentemente, trasladando los costos de esa disponibilidad a las familias.
El artículo recupera la imagen histórica de los mataderos y de los turnos industriales para mostrar que, aunque las tecnologías hayan cambiado, persiste un problema estructural: el tiempo del capital y el tiempo de la vida no coinciden. Mientras las empresas buscan maximizar la utilización de instalaciones y equipos mediante turnos continuos, las necesidades de cuidado de niños, descanso, educación y sociabilidad quedan subordinadas a esa lógica.
Desde esa perspectiva, la ausencia de jardines maternales nocturnos o de políticas públicas de cuidado deja de ser una simple deficiencia administrativa para convertirse en una manifestación de una contradicción más profunda. La economía necesita trabajadores disponibles de noche, pero no garantiza las condiciones sociales que permitan sostener esa disponibilidad. El resultado es que las familias —y especialmente las mujeres— absorben gratuitamente ese costo mediante redes informales de cuidado, sobrecarga doméstica

El artículo "De trapos, banderas y volantes" del sociólogo e historiador Roberto Baschetti, reflexiona sobre un fenómeno que excede al fútbol: el regreso de la militancia visible en el espacio público a través de símbolos materiales —banderas, trapos, volantes, murales— en un contexto de fuerte ofensiva individualista y digital. A partir de la experiencia de las movilizaciones populares recientes, el autor sostiene que esos elementos vuelven a ocupar un lugar central porque expresan organización, identidad colectiva y pertenencia política.
El mayor mérito del artículo es recordar que la política sigue siendo un fenómeno profundamente colectivo. En tiempos donde pareciera que todo sucede en las pantallas, los trapos, las banderas y los volantes recuperan su carácter original: son instrumentos de organización y de construcción de poder popular. No sustituyen al programa político ni a la organización, pero constituyen una manifestación visible de ambos. En ese sentido, cada bandera levantada representa mucho más que una consigna: expresa la voluntad de transformar el descontento individual en acción colectiva.