
El boom de la inteligencia artificial está llevando las ganancias corporativas estadounidenses a niveles históricos, pero detrás de la euforia tecnológica aparece una estructura mucho más frágil: salarios deprimidos, concentración del capital, endeudamiento masivo, compromisos fuera de balance y un circuito financiero que necesita que la demanda de IA crezca indefinidamente. La pregunta no es si la IA transformará la economía, sino si el capitalismo podrá convertir los cientos de miles de millones invertidos en una rentabilidad suficiente para evitar que la revolución tecnológica termine convertida en una nueva burbuja financiera.
Y esto conecta directamente con la cuestión argentina. Milei ofrece a la Argentina como plataforma de recursos naturales, energía barata y desregulación para ese nuevo ciclo de acumulación al que da por consolidado. Sin embargo la discusión, entonces, no debería limitarse a cuántos dólares puede atraer la IA, sino su sustentabilidad y en todo caso quién captura la renta energética, quién controla la infraestructura y qué parte del excedente queda en el país. La experiencia histórica juega en contra e indica que cuando una nueva revolución tecnológica de consolidarse, llega acompañada de una enorme concentración financiera, la pregunta decisiva no es cuánto crece la tecnología, sino quién se apropia de sus ganancias y quién paga sus crisis.

Venezuela parece estar convirtiéndose en el principal monumento a la nueva escuela de contribuciones. Hasta hace poco, ocupaba las portadas de los periódicos: la operación militar estadounidense, la captura de Nicolás Maduro, su traslado a Estados Unidos, el liderazgo interino liderado por Delcy Rodríguez, las declaraciones de Donald Trump sobre el nuevo futuro del país. Luego la atención se desplazó hacia Irán, el Estrecho de Ormuz y otra gran guerra. Venezuela está casi olvidada.
Mientras tanto, fue allí, en silencio, donde quizá ocurría lo más interesante: se estaba aclarando el precio de la victoria estadounidense. O más bien, ¿cuánto le debe Venezuela a Trump por un nuevo futuro feliz, bajo el patrocinio de Estados Unidos? El caso venezolano debería ser observado con enorme atención desde Argentina.
Porque el patrón no se limita al petróleo. Litio, gas, cobre, oro, tierras raras, agua y energía constituyen hoy el centro de una nueva disputa mundial por recursos estratégicos. América Latina vuelve a ocupar una posición central, pero la pregunta es si será capaz de transformar esa riqueza en desarrollo autónomo o si volverá a quedar reducida a proveedora de materias primas.
En ese sentido, Venezuela funciona como un caso extremo de una tendencia mucho más amplia: la disputa por los recursos naturales está reemplazando progresivamente a la vieja disputa ideológica como uno de los principales ejes de la geopolítica mundial.
Y allí aparece una conexión inevitable con la Argentina de Milei: mientras Trump construye una estrategia imperial-nacionalista para garantizar recursos estratégicos a Estados Unidos, el gobierno argentino promueve una apertura extraordinariamente favorable al capital extranjero sobre recursos estratégicos argentinos.
La diferencia es fundamental: Trump utiliza el mercado para fortalecer el poder imperial estatal estadounidense; el Psycho Killer presenta la subordinación de los recursos al capital transnacional como si fuera sinónimo de soberanía de mercado.
Ese contraste merece ser discutido. Venezuela muestra hacia dónde puede conducir una política de recursos estratégicos cuando la correlación de fuerzas permite que una potencia externa determine quién invierte, quién extrae y quién controla la renta. Argentina debería mirar ese espejo antes de entregar los suyos, pero con el gatito mimoso, no lo hará, obvio.

Los archivos desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores británico muestran que Gran Bretaña llevó a cabo una ofensiva de propaganda encubierta para impedir que el líder chileno Salvador Allende ganara dos elecciones presidenciales democráticas, y ayudó a preparar el terreno para el brutal régimen militar del general Augusto Pinochet.

Este artículo de Sgarzini tiene un eje muy potente : Malvinas, petróleo, Israel y el alineamiento geopolítico de Milei. Sgarzini sostiene que Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto Sea Lion junto a la británica Rockhopper, y que la inversión avanzó mientras el Gobierno argentino no adoptaba nuevas medidas administrativas o judiciales para frenarla.

El texto de Le Grand Continent es especialmente interesante porque permite ir más allá de la caracterización de Roberto Vannacci como un dirigente de “extrema derecha” y reconstruir la arquitectura ideológica de la nueva derecha europea. El programa de Futuro Nazionale, presentado de cara a las elecciones de 2027, combina nacionalismo identitario, conservadurismo católico, soberanismo, crítica a la UE y una política económica que conserva elementos del liberalismo.
Vannacci rechaza explícitamente el mundo unipolar estadounidense y reivindica un orden multipolar. El programa sostiene que las doctrinas de Wolfowitz y Brzezinski buscaron impedir el surgimiento de potencias autónomas y debilitar a Rusia y a los países europeos.
Y propone algo particularmente significativo: reabrir los canales de comunicación con Rusia, incluso por razones energéticas.
La argumentación es geopolítica y económica: Italia necesita energía barata y debe evitar que la confrontación europea con Moscú empuje a Rusia definitivamente hacia China.
Esto coloca a Vannacci en una posición que, aunque no sea idéntica, tiene puntos de contacto con sectores de la derecha soberanista europea y con determinados sectores de la administración Trump.
Europa sí, pero una Europa de naciones soberanas; Occidente sí, pero sin subordinación automática a Washington; mercado sí, pero subordinado al interés nacional.
Vannacci quiere una Italia soberana, pero no plantea una transformación de las estructuras económicas que producen dependencia.
Por eso su nacionalismo puede ser entendido como una tentativa de recomponer la hegemonía de las clases dominantes mediante una nueva alianza social.
La cuestión social no desaparece: cambia de lenguaje. En lugar de capital versus trabajo la nueva derecha propone italianos productivos versus globalistas, burócratas, inmigrantes y élites cosmopolitas.
Ese desplazamiento es políticamente decisivo y aquí aparece una comparación particularmente útil con Javier Milei.
Vannacci y Milei son diferentes y no deben confundirse, especialmente porque Vannacci reivindica un Estado con capacidad estratégica, políticas industriales, negociación colectiva, energía nacional y protección del empleo.
Pero ambos participan de una transformación más amplia de la derecha occidental: la construcción de una identidad política que combina reacción cultural, liderazgo fuerte y ruptura con el liberalismo cosmopolita tradicional.
La diferencia fundamental es que Milei mantiene un discurso mucho más radicalmente libertario en materia económica, mientras Vannacci intenta ocupar el espacio de una derecha nacional-productivista.
Por eso Vannacci puede resultar incluso más interesante como fenómeno político: busca responder al deterioro material de las clases populares sin entregar la conducción de ese descontento a la izquierda.
Y ése es probablemente el núcleo estratégico del fenómeno. La nueva derecha europea está intentando hacer algo que históricamente hizo la izquierda: hablarle al trabajador sobre su salario, su empleo, su vivienda y su futuro. La diferencia es que lo hace sustituyendo la conciencia de clase por conciencia nacional.

En una entrevista atravesada por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, Abel Prieto sostiene que la ofensiva estadounidense contra Cuba busca producir las condiciones materiales y psicológicas para una ruptura política. Pero advierte que el poder imperial tiene límites. Su reflexión sobre la guerra cultural, los “pobres de derecha” y la destrucción de la capacidad crítica resulta particularmente pertinente para comprender el avance contemporáneo de las nuevas derechas.
La afirmación de Prieto —“combatimos contra un enemigo muy poderoso, pero no todopoderoso”— condensa una concepción del conflicto internacional que excede ampliamente la cuestión cubana. Washington conserva una capacidad económica, financiera, tecnológica, militar y comunicacional extraordinaria, pero esa capacidad no equivale a omnipotencia. El dato estratégico central es precisamente ese: la hegemonía no significa dominio absoluto.
El caso cubano constituye un laboratorio extremo. Según Prieto, la actual política estadounidense ya no puede ser caracterizada simplemente como bloqueo comercial: se trata de una estrategia de asfixia multidimensional, dirigida contra combustible, alimentos, medicamentos, transporte, turismo, cooperación médica y vínculos empresariales internacionales. El objetivo político sería provocar un deterioro social suficientemente profundo como para convertir la crisis económica en crisis de legitimidad y, finalmente, en ruptura política.

El artículo de Viento Sur plantea una cuestión central que permite salir de la lectura convencional de la deuda venezolana: no se trata simplemente de cuánto debe Venezuela, sino de quién tiene capacidad efectiva para cobrar, administrar y condicionar esa deuda.

La narrativa oficial presenta la experiencia mileísta como una recuperación basada en el equilibrio fiscal, la desinflación y la apertura económica. Pero detrás de las variables macroeconómicas aparece otra realidad: contracción del consumo, deterioro del mercado laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y una creciente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quién captura ese crecimiento y quién paga el costo de su estabilización.
El texto desarrollará especialmente la contradicción entre estabilización macroeconómica y reproducción social, evitando reducir el análisis a la discusión sobre déficit, inflación o PIB. La hipótesis central será que el programa de Milei no constituye simplemente un plan de ordenamiento fiscal, sino una reconfiguración regresiva de la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo.
La cuestión es especialmente relevante porque el propio oficialismo comienza a modificar su política económica. Bloomberg señaló en agosto que el Gobierno está flexibilizando algunos aspectos del ajuste monetario procurando inyectar liquidez para reactivar una economía cuyo enfriamiento empieza a afectar la percepción social. No se trata de un detalle técnico: constituye el reconocimiento implícito de que la estabilidad macroeconómica neoliberal por sí sola, no garantiza estabilidad política y menos aún eficacia electoral.

El primer debate presidencial francés, celebrado el jueves, fue organizado por la agrupación empresarial Medef. Los empresarios rieron cuando el candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, pidió aumentos salariales, pero él hablaba muy en serio. La fórmula francesa "más trabajo, menos gasto público" tiene un paralelo evidente con la narrativa libertaria argentina: reducción del Estado, desregulación, disminución de cargas laborales, subordinación del salario a la competitividad y transformación de los derechos sociales en "costos".
Pero existe una diferencia fundamental.
En Francia, la disputa todavía se desarrolla dentro de una sociedad con una tradición de derechos sociales, organización sindical y Estado de bienestar mucho más consolidada. Por eso la ofensiva empresarial necesita presentarse como una inevitable modernización frente a la deuda, la competitividad y el envejecimiento demográfico.
En Argentina, en cambio, el programa de ajuste puede avanzar sobre una estructura social mucho más vulnerable.
El punto de contacto es precisamente éste:
la cuestión central no es cuánto debe gastar el Estado, sino quién absorbe el costo del ajuste.
Si el ajuste recae sobre salarios, jubilaciones, empleo público, servicios sociales y regulación laboral, estamos frente a una socialización de los costos de la crisis mientras se preservan o expanden determinados espacios de rentabilidad privada.

Chris Hedges analiza el mecanismo mediante el cual los grandes medios convierten la destrucción de Gaza en una sucesión de acontecimientos aislados, eufemismos y controversias. La guerra no se libra solamente con bombas: también necesita un aparato mediático capaz de transformar la violencia estructural en información neutral. Y ahora esa batalla se extiende a la inteligencia artificial, donde gobiernos y corporaciones intentan disputar las fuentes con las que las máquinas construirán nuestra percepción del mundo.
La tesis central de Chris Hedges puede condensarse así: el genocidio necesita armas para ejecutarse, pero necesita un régimen de representación para volverse políticamente sostenible.
Por eso la disputa por Gaza no ocurre solamente en el territorio palestino. También se libra en las redacciones, las universidades, las redes sociales, las plataformas digitales y ahora en los sistemas de inteligencia artificial.
El dato más significativo es que el aparato de propaganda empieza a trasladarse desde el control de los medios hacia el control de los algoritmos que organizan el conocimiento.
En ese sentido, Gaza anticipa un problema mayor: quién controla la producción social de la verdad cuando la información deja de estar mediada exclusivamente por periodistas y pasa a ser sintetizada por máquinas alimentadas por bases de datos que también pueden ser intervenidas políticamente.

El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra ha escrito algunas de las obras más incisivas sobre las heridas persistentes del imperialismo, las promesas incumplidas de la modernidad y las tradiciones intelectuales poscoloniales desplazadas por los relatos centrados en Europa y Estados Unidos. En esta entrevista, Mishra repasa su formación intelectual en la India poscolonial, el impacto cultural de la Unión Soviética en Asia, las posibilidades y límites de la tradición socialista, las promesas truncas del antiimperialismo y la crisis moral de Occidente ante el ascenso de las extremas derechas, la islamofobia, el nacionalismo hindú de Narendra Modi y la ofensiva israelí sobre Gaza. Leyendo la entrevista veremos que Milei representa una versión particularmente radical de aquello que Mishra identifica como crisis del liberalismo: un discurso que presenta al mercado como principio ordenador de la sociedad y al Estado como obstáculo, mientras procura una reconfiguración profunda de las relaciones de poder entre capital y trabajo.
Pero hay una diferencia importante: en Argentina, esa operación se realiza sobre una sociedad con una tradición histórica mucho más fuerte de Estado social, sindicalismo, movilidad ascendente y derechos laborales.
Por eso el conflicto no es meramente económico. Es también una disputa por la memoria histórica de lo que constituye una sociedad legítima.
Desde esta perspectiva, Milei y su gobierno pueden ser interpretados como parte de una tendencia internacional que Mishra describe, pero con una particularidad argentina: la radicalización neoliberal intenta desarmar instituciones construidas durante décadas de conflicto entre capital y trabajo sin que haya aún una oposición dispuesta a enfrentar frontalmente la deconstrucción.

El ICE está construyendo una gigantesca reserva genética de migrantes que alimenta la principal base de ADN criminal de Estados Unidos. Lo que comienza como política de control fronterizo abre una nueva fase del capitalismo de vigilancia: la apropiación estatal de información biológica de poblaciones vulnerables para usos policiales presentes y futuros. La comparación con Milei es pertinente, pero hay que hacerla con precisión: Argentina no está en el punto del “saqueo genético” del ICE que describe Sgarzini; está avanzando en la construcción de una infraestructura de vigilancia biométrica, digital y migratoria que podría constituir el sustrato para una expansión futura.
La similitud más importante no está todavía en el ADN, sino en la lógica política. Trump convierte al migrante en objeto privilegiado de extracción de información biológica; Milei está desplazando la cuestión migratoria desde un paradigma de derechos hacia uno de seguridad, control e inteligencia. El DNU 366/2025 endureció el régimen migratorio y el Gobierno incorporó mecanismos de autenticación biométrica en los pasos fronterizos.
El paralelismo se vuelve más significativo cuando se observa la expansión de las tecnologías de vigilancia en Argentina. En 2024-2025 el Gobierno incorporó herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes y plataformas de análisis de información; además, en 2026 se informó sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de cruzar información proveniente de distintos organismos estatales.
La cuestión de fondo es quién controla esos datos y para qué. Una base biométrica no es simplemente una herramienta administrativa: cuando se articula con inteligencia artificial, reconocimiento facial, información migratoria, antecedentes, redes sociales y bases estatales, puede convertirse en una infraestructura de clasificación y vigilancia de la población.
Y aquí aparece una diferencia importante entre Trump y Milei. En Estados Unidos, el dispositivo tiene una escala y una acumulación genética muy superiores. En Argentina, el proceso está más avanzado en el terreno de la biometría, la vigilancia digital y la securitización de la migración. El peligro no reside entonces en afirmar que Milei ya está haciendo lo mismo que ICE, sino en advertir que se está construyendo una arquitectura tecnológica compatible con una expansión de esas prácticas.
Hay además una dimensión de clase particularmente clara. La población migrante pobre constituye el primer objetivo de esta transformación. El Gobierno ha endurecido los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina y ha asociado crecientemente migración, seguridad y criminalidad. Paralelamente, mantiene mecanismos destinados a facilitar la radicación de extranjeros que aporten capital.
Es decir: fronteras más cerradas para el migrante pobre y puertas selectivamente abiertas para el capital extranjero.
Ese contraste permite formular una hipótesis política más amplia: el neoliberalismo de Milei no elimina al Estado; lo reconfigura y amplía. Reduce sus funciones sociales y amplía sus capacidades de vigilancia, identificación, disciplinamiento y protección de la propiedad.
La comparación con el modelo Trump resulta entonces reveladora: el Estado que se retira de la protección social reaparece fortalecido como Estado policial, fronterizo y tecnológico.
El ADN es apenas el límite extremo de una transformación más amplia: cuando el Estado deja de garantizar derechos y comienza a clasificar cuerpos, migrantes y ciudadanos mediante tecnologías de vigilancia, la información personal se convierte en un nuevo recurso estratégico del poder.
¿Cuánto falta para que la biometría migratoria, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y las bases de datos estatales dejen de ser instrumentos administrativos y se conviertan en una verdadera infraestructura de vigilancia social?

Ayer se dió un paso central para consolidar el modelo peruano en La Argentina, aunque conviene hacer una precisión conceptual: el caso peruano no demuestra que el Banco Central haya quedado literalmente “por encima” del poder político. Lo que muestra es algo más sofisticado: una autonomización institucional de la política monetaria, acompañada por una fuerte inestabilidad del sistema presidencial. Julio Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006, atravesando los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hemos analizado acá lo suficiente sobre la fragilidad del sistema de representación, su fragmentación estructural en un contexto donde el principal liderazgo de plexo nacional encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo intento de supresión física se cumplirán 4 años, hoy proscripto y cumpliendo prisión rigurosa sin fundamentos legales conocidos.

El artículo de Martin Hart-Landsberg, publicado en Monthly Review, propone leer la inteligencia artificial no como una tecnología neutral, sino como un nuevo campo de disputa por el poder económico.
El punto más fuerte del texto es que la amenaza de la IA no reside solamente en la automatización del trabajo, sino en quién controla la infraestructura, los datos, los algoritmos y el capital necesario para desarrollarla.
Desde esta perspectiva, los grandes empresarios tecnológicos —los llamados tech billionaires— concentran un poder que excede ampliamente el ámbito empresarial. La IA puede convertirse en un mecanismo de centralización de riqueza y poder económico, porque las empresas dominantes poseen simultáneamente:
enormes volúmenes de datos;
capacidad computacional;
capital financiero;
infraestructura digital;
propiedad intelectual;
plataformas de distribución;
y capacidad para influir sobre los Estados.
El resultado puede ser una nueva fase de concentración monopólica.
La cuestión decisiva no es simplemente si la IA "destruirá empleos". El problema de fondo es quién se apropia de los incrementos de productividad generados por ella.
En una economía capitalista, una tecnología que permite producir más con menos trabajo no implica automáticamente una reducción de la jornada laboral o una mejora del bienestar. Puede traducirse en:
más productividad → menor necesidad de trabajadores → presión sobre salarios → mayor rentabilidad del capital → concentración de riqueza.
Por eso, la IA puede profundizar una tendencia ya existente: mientras una minoría propietaria controla los activos tecnológicos, una mayoría depende de vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.
La conclusión implícita de Hart-Landsberg es especialmente relevante: no alcanza con regular la inteligencia artificial.
La regulación puede limitar algunos abusos, pero deja intacta la estructura de propiedad. La cuestión estratégica es entonces disputar quién controla la tecnología y para qué fines sociales se utiliza.
Esto permite conectar el debate sobre IA con una cuestión clásica del pensamiento marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas puede abrir posibilidades extraordinarias de bienestar colectivo, pero bajo relaciones capitalistas esas posibilidades pueden convertirse en instrumentos de dominación.
Una lectura desde la Argentina
Este planteo resulta particularmente pertinente frente a un modelo económico que busca reducir el costo laboral como mecanismo de competitividad.
La IA puede funcionar como una nueva herramienta disciplinaria sobre el trabajo: no necesariamente porque sustituya inmediatamente a millones de trabajadores, sino porque introduce la amenaza permanente de sustitución y, por lo tanto, aumenta el poder de negociación del capital frente al trabajador.
El problema no sería entonces solamente el "desempleo tecnológico". Es algo más profundo: la apropiación privada de una productividad producida por el conocimiento social acumulado.
La resistencia que plantea Hart-Landsberg debe entenderse, por lo tanto, como una disputa por la propiedad, el control y la orientación social de la tecnología.
La pregunta fundamental no es "¿qué hará la IA con nosotros?", sino "¿quién controlará la IA y quién se apropiará de la riqueza que produzca?"

El caso del empresario argentino Fernando Cerimedo expone una compleja infraestructura transnacional que conecta campañas electorales, plataformas digitales de desinformación y cabildeo de alto nivel entre América Latina y Estados Unidos.
Base de operaciones en Florida: En mayo de 2023, Cerimedo creó en Miami la empresa NUMEN Advisors LLC, estableciendo un centro corporativo estratégico durante la campaña presidencial argentina.
El puente con Washington: Mediante un contrato con Damián Merlo (firma Latin America Advisory Group), registrado bajo la ley FARA, la red gestionó la proyección de Javier Milei en EE. UU., incluyendo la coordinación de su entrevista con Tucker Carlson y contactos clave en el Congreso y medios estadounidenses.
Acceso político e institucional: La estructura aprovechó la red de Merlo en el sur de Florida con figuras republicanas como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. Registros de FARA revelan reuniones presenciales con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
Estrategia y expansión mediática: Con plataformas como La Derecha Diario y UHN Plus, la red ha participado en la estrategia digital y campañas de desinformación de diversos procesos regionales (Jair Bolsonaro en Brasil, el Rechazo en Chile, entre otros).
Miami no actúa como un mero domicilio comercial, sino como el nodo central y retaguardia desde donde se articulan las operaciones mediáticas y el lobbying de la nueva derecha en la región.

El caso Cerimedo expone una dimensión cada vez más relevante de la disputa política argentina: la capacidad de actores privados para intervenir sobre la formación de la opinión pública mediante dinero, datos, algoritmos, redes sociales y operaciones de inteligencia. La manipulación electoral ya no necesita alterar una urna; puede comenzar mucho antes, condicionando qué información reciben los ciudadanos, qué adversarios son construidos como enemigos y qué temas dominan la agenda pública.
Desde esta perspectiva, los llamados “sótanos de la democracia” adquieren una nueva dimensión. Las estructuras tradicionales de inteligencia y operaciones políticas pueden articularse con empresas tecnológicas, consultores electorales y capitales privados, creando una verdadera infraestructura de ingeniería de la opinión. El interrogante para 2027 no es solamente quién ganará las elecciones, sino quién posee los recursos económicos y tecnológicos para intervenir sobre las condiciones en las que millones de argentinos forman su voluntad política.
La disputa electoral de 2027 podría librarse mucho antes de las urnas: dinero, datos, algoritmos y redes de operaciones pueden convertirse en instrumentos de poder capaces de condicionar la voluntad popular. El caso Cerimedo, analizado por Emilia Trabucco, obliga así a discutir un problema institucional mayor: la privatización de capacidades de manipulación política que históricamente estuvieron concentradas en aparatos estatales. En una democracia formalmente libre, la cuestión decisiva pasa a ser quién controla el espacio informacional donde se construye el consentimiento popular.

El caso de Lionel Messi, Taylor Swift, Kanye West y otras celebridades protegidas por exintegrantes de los servicios de seguridad e inteligencia israelíes revela un fenómeno que excede ampliamente al mundo del espectáculo: la privatización global de capacidades desarrolladas originalmente por los Estados.
Exmilitares y exagentes de unidades especiales israelíes trasladan al mercado privado conocimientos adquiridos en estructuras militares y de inteligencia. La seguridad deja así de ser exclusivamente una función estatal para convertirse en una mercancía de lujo destinada, fundamentalmente, a quienes pueden pagarla.
Desde una perspectiva de clase, el fenómeno resulta particularmente significativo. Mientras la seguridad social y económica se debilita para amplios sectores de la población, las grandes fortunas pueden acceder a dispositivos personalizados de protección, vigilancia e inteligencia. La desigualdad también se expresa en quién puede comprar seguridad y qué tipo de seguridad puede comprar.
El caso israelí muestra, además, cómo la experiencia militar puede transformarse en capital económico y simbólico: la reputación adquirida en operaciones de inteligencia y contraterrorismo se convierte posteriormente en una marca comercial dentro de la industria privada de seguridad.
La cuestión central, entonces, no es la nacionalidad de los guardaespaldas, sino el proceso mediante el cual capacidades estatales de inteligencia, vigilancia y protección son privatizadas y comercializadas globalmente.
La secuencia es clara: Estado, inteligencia, experiencia militar, privatización y mercado.
La seguridad de las celebridades constituye apenas la superficie de un fenómeno mucho mayor: la construcción de una industria transnacional destinada a proteger a las élites económicas y culturales. La guerra produce capacidades; el mercado las convierte en mercancías; y las desigualdades sociales determinan quién puede acceder a ellas.

La reconfiguración del mapa político en Siria ha transformado la histórica rivalidad diplomática entre Ankara y Tel Aviv en un choque militar inminente. Analistas internacionales advierten que la falta de mediación de Washington podría encender la mecha de un conflicto regional sin precedentes. En la apertura dialpoga con Glenn Diesen el embajador Chas Freeman que fue ex subsecretario de Defensa y recibió los más altos galardones al servicio público del Departamento de Defensa por su papel en el diseño de un sistema de seguridad europeo posterior a la Guerra Fría centrado en la OTAN y en el restablecimiento de las relaciones militares y de defensa con China. Se desempeñó como embajador de Estados Unidos en Arabia Saudita durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto.

La crisis política de Estados Unidos tiene una dimensión que suele quedar oculta detrás de las encuestas, las elecciones y la disputa entre demócratas y republicanos: la progresiva destrucción de los vínculos colectivos que alguna vez articularon a la sociedad norteamericana.
El debate que recupera Jacobin a partir de las posiciones de Chris Murphy y Jerusalem Demsas coloca el problema en el centro: ¿la creciente soledad, el aislamiento y la pérdida de participación comunitaria son simplemente consecuencia de decisiones individuales o expresan una transformación estructural de la sociedad?
Desde una perspectiva de clase, la segunda explicación resulta más consistente.
Durante décadas, el neoliberalismo convirtió cada dimensión de la vida social en una responsabilidad individual. El empleo dejó de ser una relación colectiva para transformarse en una competencia entre individuos; la vivienda, la educación y la salud fueron progresivamente sometidas a la lógica mercantil; los sindicatos perdieron capacidad de organización y las comunidades obreras se fragmentaron.
El resultado no fue solamente mayor desigualdad económica. Fue también mayor aislamiento social.
El individuo neoliberal debe resolver individualmente aquello que antes encontraba, al menos parcialmente, en instituciones colectivas: trabajo, representación, seguridad, pertenencia y solidaridad.
Por eso resulta contradictorio que una parte del liberalismo estadounidense pretenda responder a la crisis de la comunidad reivindicando todavía más autonomía individual. El problema no es que los individuos hayan adquirido demasiada libertad, sino que han perdido buena parte de las estructuras sociales que permitían convertir esa libertad formal en una experiencia colectiva.
Aquí aparece una cuestión política decisiva.
El debilitamiento de la organización obrera dejó un vacío que la derecha comprendió mejor que el liberalismo. Allí donde desaparecieron sindicatos, asociaciones, clubes, instituciones comunitarias y formas de sociabilidad popular, la extrema derecha comenzó a ofrecer otra cosa: identidad, pertenencia, nación, autoridad y una explicación sencilla para frustraciones producidas por transformaciones económicas mucho más profundas.
No reconstruye necesariamente la solidaridad de clase. Pero ofrece una comunidad imaginaria allí donde el neoliberalismo produjo aislamiento real.
La experiencia histórica del New Deal muestra que existió otra posibilidad. Los grandes programas públicos estadounidenses no fueron solamente mecanismos de transferencia de ingresos. También crearon trabajo, instituciones, vínculos y una experiencia material de pertenencia a un proyecto colectivo.
Ese es precisamente el punto que debería recuperar una izquierda contemporánea.
No alcanza con defender derechos individuales ni con construir campañas electorales más eficaces. La reconstrucción de una política de clase exige reconstruir las condiciones materiales de la solidaridad.
Trabajo estable. Sindicatos fuertes. Servicios públicos. Vivienda accesible. Espacios comunitarios. Organización territorial. Tiempo social. Instituciones capaces de producir experiencias colectivas.
La disputa política, entonces, no es simplemente entre liberalismo y conservadurismo. Es también entre una sociedad organizada alrededor del individuo aislado y otra capaz de reconstruir sujetos colectivos.
La paradoja del liberalismo contemporáneo es que pretende defender al individuo mientras acepta las condiciones económicas que lo dejan cada vez más solo.
Y allí reside una de las claves de la crisis democrática estadounidense: cuando la sociedad pierde sus organizaciones colectivas, la libertad individual puede sobrevivir como principio jurídico, pero comienza a desaparecer como experiencia social.
La cuestión de fondo no es cómo convencer mejor al individuo aislado.
Es cómo volver a organizarlo colectivamente porque el liberalismo no puede reconstruir la sociedad que ayudó a destruir.

A partir de una célebre portada de la revista Extra de 1972, este análisis aborda nuevamente cómo la proscripción de liderazgos con representación popular masiva desestabiliza a los regímenes políticos. Entre el recuerdo de 1955-1973 y el escenario contemporáneo sobre Cristina Kirchner, una reflexión sobre la brecha entre la legalidad electoral y la legitimidad política.