Categoría Geopolítica

Universidad pública: ajustar el conocimiento, disciplinar el trabajo

El Presupuesto 2027 consolida el ajuste sobre las universidades públicas y los salarios docentes, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la reasignación de recursos en favor de los sectores económicos que se benefician de su programa: acreedores del Estado, capital financiero y grandes grupos empresarios favorecidos por la reducción de cargas, los incentivos fiscales y la desregulación. El costo recae sobre los trabajadores universitarios y los sectores populares, que dependen de la educación pública para ampliar sus oportunidades. No es una consecuencia inevitable de las cuentas públicas, sino una decisión sobre quién paga y quién gana. Detrás del recorte se disputa también el acceso al conocimiento, la capacidad científica nacional y el papel de la universidad en una sociedad atravesada por la desigualdad.

Resiliencia capitalista: una economía mundial que crece sobre bases frágiles

La principal contribución del artículo de Michael Roberts consiste en distinguir entre la capacidad del capitalismo para evitar temporalmente un colapso y su capacidad para garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.
Una economía puede mantener el crecimiento agregado mientras millones de personas pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran y la riqueza se concentra. También puede registrar grandes inversiones tecnológicas sin que estas produzcan todavía un aumento equivalente de la productividad social.
La resiliencia, por lo tanto, no debe evaluarse solamente por la continuidad de los mercados financieros o por el crecimiento del producto bruto. También hay que preguntar cómo se distribuyen los ingresos, quién controla la inversión y quién paga cuando las expectativas de ganancias fracasan.
La contradicción que señala Roberts es que el capitalismo puede demostrar una notable capacidad para sostener la acumulación financiera sin demostrar la misma capacidad para satisfacer las necesidades sociales. Y mientras la rentabilidad privada siga determinando las decisiones estratégicas de inversión, la estabilidad económica continuará subordinada a los intereses de quienes poseen el capital.

El imperialismo jurídico: cuando la ley se convierte en un instrumento de dominación

La contribución más interesante del texto es que permite pensar el derecho como parte de la estructura de dominación capitalista, sin reducirlo a una mera ficción ni suponer que todas las normas sean idénticas o carezcan de efectos protectores.
Desde esta perspectiva, conviene formular tres preguntas:
- ¿Quién define las reglas? Qué Estados, grupos económicos e instituciones disponen de capacidad efectiva para establecerlas.
- ¿Quién obtiene los beneficios materiales? Qué sectores controlan recursos, inversiones, propiedad intelectual, crédito y circuitos comerciales.
- ¿Quién paga los costos? Qué sociedades y clases soportan el ajuste, la pérdida de soberanía económica o las consecuencias de las sanciones y las intervenciones.
Para América Latina, este enfoque permite examinar críticamente la relación entre endeudamiento externo, tribunales internacionales, protección de las inversiones y condicionamientos sobre las políticas económicas nacionales. No significa que todos esos instrumentos respondan a una misma lógica ni que sus efectos sean siempre iguales, sino que deben analizarse en su contexto histórico y de clase.
La conclusión política
El imperialismo no es únicamente una potencia que interviene desde afuera: es también una relación social que puede consolidarse mediante instituciones, normas y alianzas entre fracciones del capital internacional y clases dominantes locales.
Por eso, la defensa de la soberanía no puede agotarse en la reivindicación abstracta del Estado nacional. Exige identificar qué intereses de clase representa la política económica, quién controla los recursos estratégicos y qué capacidad tienen las mayorías populares para decidir sobre la riqueza que producen.
El problema de fondo no es solamente si se respeta la ley, sino qué relaciones sociales consagra esa ley y qué fuerzas políticas pueden transformarlas.

Brasil: La mano no puede temblar

La mayor virtud del artículo es que no reduce el avance de la extrema derecha a un fenómeno electoral ni a las características personales de Bolsonaro. Identifica una coalición social con intereses materiales concretos: sectores empresariales que buscan reducir costos laborales, capitales interesados en las privatizaciones, acreedores que priorizan el ajuste fiscal y grupos conservadores que pretenden restringir derechos.
Sin embargo, hay una cuestión estratégica que merece profundizarse: la unidad electoral contra la extrema derecha es necesaria, pero no garantiza por sí misma una alternativa popular duradera.
Si el lulismo logra contener a Bolsonaro sin modificar las condiciones materiales que alimentan el malestar social —endeudamiento familiar, precarización laboral, insuficiencia de los ingresos y desigualdad—, la derecha conservará buena parte de su base social. El rechazo a la extrema derecha necesita traducirse también en mejoras concretas para la clase trabajadora.
Aquí aparece la contradicción central: para derrotar al bolsonarismo se necesita una alianza amplia, pero para desarmar sus bases sociales hace falta una política que dispute los intereses económicos y las ideas que lo sostienen. No alcanza con defender las instituciones si amplios sectores populares no encuentran en ellas respuestas a sus necesidades.
Cerrar filas no significa suspender la crítica ni subordinar indefinidamente a los trabajadores a los límites del gobierno de Lula. Significa construir la unidad necesaria para derrotar a la reacción, preservando al mismo tiempo la autonomía política y la capacidad de organización de las clases populares.

La igualdad como condición material de la libertad

Rocco Carbone desmonta en Otro folletín: Igualdad una de las operaciones ideológicas centrales del mileísmo: presentar la desigualdad como precio inevitable de la libertad. Detrás de esa abstracción hay una disputa concreta entre clases sociales, una transferencia de recursos y una redefinición del Estado para favorecer a los sectores propietarios. La pregunta que Javier Milei evita es la decisiva: ¿prosperidad para quién?

Columbus Day

El Día de Colón es una festividad nacional en muchos países de América y otros lugares, y una festividad federal en Estados Unidos. Oficialmente celebra el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Desembarcó en Guanahaní, una isla de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Construyó La Navidad en la costa noroeste de la isla de La Española (cerca de la actual Caracol, departamento del Nordeste, Haití) a finales de diciembre de 1492, el primer fuerte europeo en América. Tras la destrucción del fuerte por parte del pueblo indígena taíno, Colón estableció La Isabela en la costa centro-norte de la isla (actual República Dominicana) a finales de diciembre de 1493, el primer asentamiento europeo estable en América. 🙇🙇‍♂️🙇‍♀️

El centroizquierda peronista o no, no muere por sus derrotas: muere cuando deja de confrontar al poder

Varoufakis recupera una distinción fundamental: no es lo mismo negociar desde una posición de fuerza que convertir la negociación en una renuncia permanente. El compromiso deja de ser una herramienta política cuando implica abandonar los objetivos que justifican la propia existencia de una fuerza de izquierda.
¿Qué significa para la Argentina?
La discusión interpela directamente al peronismo y al conjunto del progresismo argentino. No alcanza con denunciar el ajuste de Javier Milei ni con esperar que el deterioro económico produzca, por sí solo, una recuperación electoral. La cuestión es qué alternativa se ofrece y qué intereses sociales está dispuesta a enfrentar.
Si la oposición se limita a prometer una administración más moderada del mismo orden económico, sin discutir la distribución del ingreso, el endeudamiento, el poder de los grandes grupos económicos y la precarización laboral, corre el riesgo de reconstruir las condiciones que hicieron posible el ascenso libertario.
La lección de Varoufakis, sin embargo, también merece una discusión crítica: permanecer en la oposición no garantiza una política transformadora, del mismo modo que gobernar no implica necesariamente capitular. La cuestión decisiva es la relación de fuerzas, la organización popular y la capacidad de convertir un programa en poder efectivo.
El desafío consiste en evitar dos trampas: el posibilismo que termina administrando los intereses de las clases dominantes y el purismo que renuncia a construir mayorías capaces de disputar el Estado.
La pregunta, entonces, no es solamente por qué fracasa el centroizquierda. Es más incómoda: ¿qué sentido tiene conquistar el gobierno si, para conservarlo, hay que renunciar a transformar las relaciones de poder que perjudican a las mayorías?

España: Guerra sucia

La amenaza de una victoria electoral de la derecha no se enfrenta solamente en las urnas. La huelga general expresa una fuerza que el poder económico preferiría mantener invisible: la capacidad de la clase trabajadora para interrumpir la producción y disputar quién paga los costos de la crisis. Frente a esa ofensiva, la huelga general puede convertirse en mucho más que una protesta sindical. Es una demostración de fuerza social capaz de cuestionar la normalidad económica sobre la que se sostiene el poder empresarial. Pero su eficacia depende de que no sea un gesto aislado: necesita organización, continuidad y objetivos políticos que articulen las reivindicaciones laborales con las demandas del conjunto de los sectores populares.

En Argentina, el gobierno de Milei impulsa un programa de disciplinamiento laboral, reducción de derechos y transferencia de ingresos hacia los sectores económicos dominantes. Enfrentarlo exclusivamente mediante la competencia electoral supone aceptar que la disputa se limite a los tiempos y las reglas de las instituciones, mientras la reorganización regresiva de la sociedad continúa avanzando.

Esto no significa contraponer la calle a las urnas, sino comprender que ambas dimensiones se condicionan mutuamente. Sin movilización y organización desde abajo, una victoria electoral puede resultar insuficiente; sin una alternativa política capaz de transformar esa fuerza social en un proyecto de mayorías, la protesta corre el riesgo de agotarse.

La cuestión estratégica es, por lo tanto, quién logra organizar el descontento y darle una dirección política. La derecha convierte las frustraciones sociales en resentimiento contra los sectores más vulnerables. Una alternativa emancipadora debe hacer lo contrario: identificar las relaciones de poder que producen la desigualdad y construir una respuesta colectiva.

La huelga general no garantiza por sí sola una derrota electoral de la reacción. Pero renunciar a la capacidad de lucha popular significa dejarle a las clases dominantes la iniciativa en el terreno donde ejercen su poder más concreto: la economía ,las relaciones sociales de producción el parlamento y la autodenominada "Justicia".

Pensar Brasil: ¿cómo gestionar al monstruo impredecible?

El autor sostiene que el auge de la capacidad de soñar entre los sectores populares de Brasil en los últimos años ha chocado con una realidad de trabajo precario que multiplica las ilusorias promesas de emancipación a través del emprendimiento en plataformas y redes sociales. El bolsonarismo se nutre de este deseo de autonomía y libertad, pero el voto de las clases aspiracionales refleja, sobre todo, sentimientos sobre la presencia o ausencia del Estado y el valor atribuido al esfuerzo individual.

Reino Unido: La trampa mediática

La contribución más fértil del artículo de Jonathan Cook es recordar que el poder no actúa únicamente mediante la propiedad, el dinero o la coerción estatal. También opera delimitando lo que puede decirse, quién tiene derecho a decirlo y qué posiciones deben justificarse permanentemente ante la opinión pública.
La izquierda enfrenta así una doble tarea: disputar la distribución material de la riqueza y disputar las categorías con las que la sociedad interpreta esa distribución.
Porque cuando el orden existente se presenta como la única opción razonable, defender una alternativa deja de parecer una decisión política legítima y comienza a ser tratado como una transgresión.
Esa es la trampa que Cook identifica: antes de discutir cómo transformar la sociedad, la izquierda debe superar un examen de legitimidad diseñado, según su interpretación, para preservar las condiciones que pretende cambiar. Y esta trampa mediática no sólo ocurre en el reino Unido . Prueben en La Argentina en hablar del Genocidio en GAZA o defender el derecho a elegir y ser elegida que le corresponde a Cristina Kirchner.

Francia puede pasar los próximos ocho meses literalmente prendida fuego

Sgarzini describe un gobierno que busca reducir el gasto social mientras preserva las condiciones generales de funcionamiento del orden económico. La austeridad aparece como una necesidad técnica impuesta por la deuda y los mercados financieros; sus consecuencias distributivas, en cambio, son profundamente políticas.

La pregunta es por qué el costo del desequilibrio fiscal debe recaer sobre estudiantes, trabajadores, jubilados y usuarios de los servicios públicos, mientras las decisiones tributarias favorables a los sectores más ricos quedan fuera del centro de la discusión.

La represión cumple entonces una función política: desplaza el debate desde las causas materiales del conflicto hacia el orden público, la violencia callejera y la supuesta manipulación de los jóvenes. El resultado es una inversión del problema: el deterioro de la escuela pierde centralidad y los estudiantes pasan a ser presentados como una amenaza.

Sin embargo, la movilización ya consiguió una primera concesión: el Gobierno anunció el despliegue de 3.000 docentes titulados en los establecimientos más afectados. La protesta continúa porque sus demandas exceden esa medida puntual.

El conflicto también abre una disputa por la representación del descontento. La izquierda de Jean-Luc Mélenchon puede intentar transformar la movilización en una alternativa política al macronismo, pero enfrenta el desafío de construir una mayoría social capaz de superar la fragmentación de las luchas.

La extrema derecha, por su parte, puede capitalizar el desgaste gubernamental sin cuestionar necesariamente los fundamentos económicos de la austeridad. Puede canalizar el enojo contra los migrantes, las minorías o la izquierda, desplazando la responsabilidad desde las relaciones de poder hacia determinados grupos sociales.

Ese es el riesgo estratégico: que una crisis originada en el deterioro de las condiciones de vida termine fortaleciendo una salida política que profundice la exclusión.

¿Qué relación tiene con la Argentina de Milei?

La comparación no supone equiparar dos países con estructuras económicas e institucionales diferentes. Permite reconocer una lógica común: presentar el ajuste como una imposición inevitable, debilitar la capacidad del Estado para garantizar derechos sociales y deslegitimar las resistencias que cuestionan la distribución de sus costos.

En Francia, el conflicto se expresa en escuelas deterioradas, falta de docentes y barreras de acceso a la universidad. En Argentina, la discusión sobre el financiamiento educativo, las universidades públicas, los salarios docentes y las condiciones de vida plantea interrogantes similares.

La lección política es que el ajuste no es únicamente una operación contable. Redistribuye recursos, modifica relaciones de fuerza y condiciona las oportunidades de las distintas clases sociales.

Cuando el derecho a la educación depende cada vez más de la posición social de origen, la desigualdad deja de ser una consecuencia lateral del sistema y se convierte en uno de sus mecanismos de reproducción.
La protesta estudiantil francesa importa, por eso, mucho más que como episodio de conflictividad juvenil. Expone la contradicción entre una democracia que proclama la igualdad de oportunidades y un orden económico que distribuye de manera desigual las condiciones materiales para ejercerla.

Brasil : Cuando la vida se vuelve más y más difícil

El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, así como el éxito de su partido en los comicios legislativos y estatales, coloca contra las cuerdas a la izquierda brasileña. La sociedad civil progresista ya se ha sumado a la campaña de Lula para revertir el resultado en el balotaje. Lula contra el tsunami conservador: cuando ganar elecciones no alca.

El desafío de Lula va mucho más allá de derrotar electoralmente al bolsonarismo. La derecha brasileña construyó una base social que combina poder económico, agronegocio, iglesias evangélicas y malestar popular. El problema del progresismo es cómo transformar los avances de la gestión en mejoras concretas para las mayorías, sin quedar atrapado en las restricciones de un Congreso conservador y los compromisos con el poder económico.

El fenómeno conservador brasileño no puede reducirse a Bolsonaro ni a una disputa entre liderazgos. Detrás de esa corriente convergen intereses empresariales, estructuras religiosas, redes digitales y sectores sociales golpeados por la precarización, que encuentran en la derecha una representación política de sus temores, expectativas y frustraciones.

La contradicción es evidente: una economía puede exhibir indicadores favorables mientras millones de personas continúan agobiadas por las deudas, el costo de vida y la incertidumbre laboral. Cuando la mejora macroeconómica no se traduce en seguridad material, el oficialismo pierde capacidad para convertir sus resultados en legitimidad social.

Aquí aparece el límite estratégico del lulismo. La negociación parlamentaria puede garantizar gobernabilidad, pero también restringe las transformaciones que afectan intereses económicos consolidados. Administrar el Estado no equivale necesariamente a modificar las relaciones de fuerza que organizan la sociedad.

La derecha, mientras tanto, disputa algo más profundo que los votos: construye sentidos comunes, organiza territorios y convierte problemas individuales en explicaciones políticas. Su eficacia reside, en parte, en presentar las desigualdades como fracasos personales y ofrecer respuestas conservadoras a un malestar que tiene raíces sociales.

La experiencia brasileña interpela también a la Argentina de Milei. En ambos casos, la cuestión no consiste solamente en quién gana las elecciones, sino en qué intereses sociales logra representar, qué expectativas consigue movilizar y qué condiciones materiales ofrece a las mayorías.

El desafío de Lula es convertir la defensa de la democracia en una experiencia concreta de derechos, ingresos y seguridad económica. Porque una victoria electoral puede detener temporalmente a la derecha, pero no desarma por sí sola las bases materiales y culturales que alimentan su crecimiento. La disputa decisiva sigue siendo quién consigue interpretar el malestar social y organizarlo en un proyecto colectivo.

Se nota mucho: La presión popular reactiva la Ley de Tierras y la proscripción a CFK tensa el tablero

La presión y movilizaqción social, «la calle», marca el pulso judicial frente al escepticismo de la dirigencia política. La masiva movilización popular y el repudio generalizado en los tribunales forzaron a la Corte Suprema a un giro de timón inmediato, desarmando el discurso resignado de ciertos sectores partidarios que daban por perdida la batalla contra la entrega del territorio nacional tras el rechazo al amparo del CECIM.

Lejos de la supuesta «irreversibilidad» de los fallos, la presión de la sociedad civil obligó al máximo tribunal a convocar a un acuerdo extraordinario urgente y citar a conjueces para revisar, bajo la lupa ambiental de la ONG Árbol de Pie, la constitucionalidad de la Ley de Tierras.

Este recalculated institucional expone los complejos hilos del poder en una semana donde la agenda judicial se recalienta: el mismo tablero legal que hoy debe definir la soberanía de los recursos estratégicos viene de dejar firme el decomiso de bienes a los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, demostrando que la Justicia no opera en el vacío técnico, sino en un constante arbitraje frente al humor social y el conflicto.

Este es el estado de situación respecto a la proscripción de Cristina Fernández, un equilibrio que solo romperá la movilización y el rechazo popular, nada es irreversible enfrentando a la trama dirigencial propia y extraña que acuerda a viva voz o en silencio con la proscripción de CFK, atendiendo muy particularmente entre quienes «dicen» no acordar. Se nota mucho.

Petróleo, guerra y dominación: Estados Unidos e Israel, Irán y América Latina en la disputa por el poder global

En un escenario global cruzado por la desinformación y las tensiones bélicas, el análisis internacional suele quedar atrapado en narrativas polarizadas que impactan de lleno en países alineados de forma incondicional con Washington, como la Argentina de Javier Milei donde la desinformación es la norma. La reciente entrevista del periodista Max Blumenthal en The Tucker Carlson Show expone los hilos detrás de la política exterior estadounidense frente a Irán, el valor estratégico del petróleo en Venezuela y el peso de los grupos de presión; un debate indispensable para comprender la geopolítica actual más allá de los discursos oficiales.Copete. La ofensiva estadounidense contra Irán y la disputa por el petróleo venezolano revelan una dimensión central de la política internacional: la defensa de los intereses estratégicos de Washington y de los capitales que buscan controlar los recursos energéticos. La entrevista de Max Blumenthal con Tucker Carlson pone sobre la mesa las redes de influencia que condicionan la política exterior norteamericana y los límites de la soberanía de los países periféricos. La conexión entre ambos conflictos es una hipótesis que merece investigarse; el avance sobre el petróleo venezolano, en cambio, ya tiene expresiones concretas.

No camines solo: el desafío que Milei le plantea al conjunto de las fuerzas popular democráticas

Todo comenzó cuando un joven peronista se acercó al bar pidiendo supuestos consejos basada en una supuesta experiencia que al parecer creía (él) que yo tenía.😏
En concreto preguntaba si había que ir o no a reventarle las casas a los jueces. Obvio no le dije que sí ni que no, solo se me ocurrió una apreciación: "Toda decisión se debe tomar en el contexto de una organización" (comúnmente denominada ORGA), aún con todas las contradicciones y miserias, inevitables en toda ORGA. No hay efectos políticos duraderos si las decisiones se toman fuera de una organización.

No parece que me hirviera la cabeza con esa respuesta ... Pero resulta que hoy leemos en Jacobin que la hiperpolítica describe una paradoja de nuestro tiempo: crecen las protestas, la polarización y la participación política, pero ese movimiento no siempre modifica las relaciones de poder. En la Argentina de Milei, el desafío del campo popular no consiste solamente en resistir el ajuste o ganar elecciones, sino en transformar el descontento disperso en organización duradera, conciencia de clase y capacidad efectiva para disputar la hegemonía. Porque una sociedad puede estar en ebullición política y, sin embargo, dejar intactos los privilegios de quienes concentran el poder económico. La reflexión de Jäger puede ponerse en diálogo con dos tradiciones marxistas.

Desde Gramsci, el desafío es pasar de la reacción episódica a la construcción de una voluntad colectiva capaz de disputar la hegemonía. Esto requiere organización, elaboración intelectual y arraigo en la vida cotidiana de las clases subalternas.

Desde Althusser, cabe agregar que el poder de las clases dominantes no se reproduce exclusivamente mediante la coerción estatal. También opera a través de instituciones y prácticas que contribuyen a reproducir las relaciones sociales existentes. Por eso, cambiar el clima de opinión no equivale necesariamente a modificar las condiciones materiales que sostienen la dominación.

La pregunta estratégica para la izquierda argentina es, entonces, cómo convertir el malestar social en capacidad colectiva de intervención, sin confundir la visibilidad política con la fuerza organizada. En esa perspectiva la cuestión central no aprece ser cuánto se moviliza una sociedad, sino qué fuerza social queda organizada después de la movilización y qué capacidad tiene para cambiar las condiciones materiales de vida. Esa es la diferencia entre una política que expresa el descontento y una política que puede disputar el poder.

Venezuela: Siguen apareciendo las actas

Mientras en Venezuela el vector es la reconexión financiera; en Argentina, el régimen que organiza la captura de renta de recursos, el RIGI. Son piezas del mismo capitalismo estratégico, no el mismo negocio.

En Venezuela, Erebor Bank —startup con charter bancario estadounidense, cofundada por Palmer Luckey y Joe Lonsdale y respaldada por el Founders Fund de Peter Thiel— se ofreció desde mayo de 2026 a restablecer corresponsalía y subcuentas en dólares para bancos y empresas locales, en un mercado que la banca global sigue evitando por sanciones. En octubre se reportó un acuerdo de corresponsalía con el Banco de Venezuela. El interés declarado no es sólo bancario: el mismo ecosistema (Thiel, Palantir, Anduril) articula finanzas, defensa, datos y minerales críticos. La palanca es el acceso al sistema de pagos estadounidense.

En Argentina la palanca es otra. El RIGI funciona como contrato de largo plazo entre el Estado y el capital de gran escala: estabilidad fiscal y cambiaria, beneficios impositivos y libre disponibilidad gradual de divisas a cambio de un piso de inversión. A mediados de septiembre de 2026 el gobierno contabilizaba 23 proyectos aprobados por unos US$49.800 millones, con el cobre en torno a US$13.300 millones y el litio cerca de US$5.800 millones, más los desarrollos de Vaca Muerta (Los Toldos II Este, Rincón de Aranda, el oleoducto Vaca Muerta Sur, y más tarde Bajo del Choique–La Invernada de Pluspetrol, anunciado en US$12.400 millones a 25 años).

Vicuña encaja en esa cifra. Es la sociedad de BHP y Lundin Mining sobre Josemaría y Filo del Sol, en San Juan, con extensión a Chile. En febrero de 2026 la evaluación económica preliminar estimó US$18.000 millones a lo largo de varios años —el canciller Quirno habló de los primeros diez—, con unos US$7.000 millones hasta el primer concentrado de cobre, previsto para 2030. En julio el Ministerio de Economía aprobó su ingreso al RIGI como proyecto de exportación estratégica de largo plazo, con un compromiso de US$9.700 millones hasta 2031, parte de ese potencial mayor. La producción media proyectada para los primeros 25 años es de unas 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata al año.

La pregunta de fondo el RIGI la responde de un modo preciso. El Estado no desaparece: diseña el marco, aprueba el ingreso y retiene regalías e impuestos residuales. Lo que cede es la capacidad de revisar, durante décadas, la alícuota, las retenciones y el acceso a divisas. La renta del recurso queda así repartida entre un operador extranjero que controla la tecnología, el financiamiento y la colocación, una provincia que cobra regalías, y un Estado nacional que cambia ingreso fiscal futuro y margen de política por inversión presente y exportaciones. No es concesión petrolera clásica ni nacionalización: es un régimen de estabilidad a medida del capital que puede movilizar decenas de miles de millones.

La analogía con Erebor sirve si se la lee así. No hace falta que Thiel tenga un banco en Buenos Aires. El patrón es la integración de eslabones que antes estaban separados: quien financia, quien extrae el mineral o el hidrocarburo, quien provee la infraestructura y, en el caso venezolano, quien reabre la puerta al dólar. En Argentina ese paquete lo arman BHP, Lundin, Rio Tinto, Glencore y las operadoras de Vaca Muerta, bajo un marco que el Estado escribió para atraerlos y que, una vez firmado, le quita margen para rediscutir quién se queda con la renta. Han aparecido las actas, la casa está en orden.

Salvo que se logre perturbar el sistema mediante la acción colectiva, el único vestigio de control que tienen los trabajadores bajo el capitalismo es el poder de salida

¿Qué clase de democracia es aquella en la que una persona tiene derecho a votar cada cuatro años pero durante ocho horas diarias no tiene derecho a decidir prácticamente nada sobre la actividad que sostiene su existencia?

Esa contradicción permite conectar muy bien Marx, Gramsci, Althusser y la democracia económica contemporánea: la disputa por la democracia no termina en el Estado; continúa en el lugar donde se produce el valor y donde se decide quién se apropia del excedente.