El ajuste universitario no es un daño colateral del programa económico de Javier Milei: es una de sus consecuencias estructurales. El Gobierno pretende consolidar un orden fiscal en el que la reducción del gasto público prevalece sobre las condiciones materiales necesarias para garantizar derechos sociales. En ese esquema, las universidades deben funcionar con recursos insuficientes, sus trabajadores deben aceptar salarios deteriorados y los estudiantes deben afrontar las consecuencias de un sistema progresivamente debilitado.

No hay equilibrio fiscal neutral

Los números del informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado en octubre de 2026, son contundentes. El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una mejora real del 1,2% respecto del crédito vigente de 2026, pero mantiene el financiamiento universitario un 21,1% por debajo del nivel de 2023. Si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento Universitario, los recursos habrían alcanzado los $9,60 billones a valores de 2027: un 28% más que lo previsto en el proyecto oficial. Es decir, la discusión no es entre gastar o no gastar, sino entre distintas decisiones sobre la distribución de los recursos públicos. [1]

Presentar esta orientación como una necesidad técnica es ocultar su contenido político. Un presupuesto nunca es una planilla neutral: expresa prioridades, protege determinados intereses y distribuye sacrificios. Cuando el financiamiento universitario queda rezagado mientras se deterioran las remuneraciones de sus trabajadores, el ajuste se convierte en una transferencia concreta de costos hacia quienes enseñan, investigan y estudian.

La pregunta central es, por lo tanto, quién paga el costo del programa económico y qué modelo de sociedad se construye a partir de esa distribución.

El salario docente también sostiene la universidad

La crisis universitaria no se mide únicamente por los edificios que necesitan mantenimiento, los laboratorios que pierden capacidad operativa o los proyectos de investigación que quedan sin recursos. También se expresa en el salario de quienes enseñan, investigan y forman profesionales.

Según el CEPA, en septiembre de 2026 el poder adquisitivo de los trabajadores docentes y no docentes universitarios permanecía un 24,2% por debajo del nivel de noviembre de 2023. La pérdida se había concentrado especialmente en los primeros meses de gestión, cuando la aceleración inflacionaria superó ampliamente los aumentos salariales. Aunque durante 2026 se produjo una recuperación parcial, esta no alcanzó para revertir el deterioro acumulado. [1]

El ejemplo de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad permite dimensionar el problema. Su salario, expresado en pesos constantes de septiembre de 2026, pasó de $1.185.861 en noviembre de 2015 a $672.309 en septiembre de 2026: una caída real del 43,3%. Si se hubiera aplicado la ley de financiamiento universitario, habría alcanzado los $887.581. [1]

No se trata solamente de una pérdida individual. Cuando el salario deja de garantizar condiciones de vida dignas, la universidad pierde capacidad para retener a sus trabajadores, sostener equipos de investigación y asegurar la continuidad de la enseñanza. La necesidad de buscar otros empleos, multiplicar horas de trabajo o abandonar la actividad académica deteriora las condiciones en que se produce y transmite el conocimiento.

El ajuste salarial funciona así como un mecanismo de transferencia de costos: una parte creciente de la reproducción de la universidad recae sobre sus propios trabajadores. El Estado reduce su aporte y los docentes absorben la diferencia mediante la pérdida de ingresos, el pluriempleo y el deterioro de sus condiciones laborales.

La gravedad de esta situación se vuelve aún más evidente cuando se comparan las remuneraciones con el costo de vida. En septiembre de 2026, la canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes alcanzaba los $1.632.505. El salario bruto de un auxiliar de primera con dedicación simple era de $280.825. Todas las categorías docentes de dedicación simple quedaban por debajo de la canasta alimentaria utilizada como referencia de indigencia. [1]

Una universidad puede conservar formalmente sus puertas abiertas y, sin embargo, debilitar progresivamente las condiciones materiales que hacen posible su funcionamiento.

El conocimiento también es una cuestión de clase

La universidad pública argentina no es una institución ajena a las contradicciones sociales. Su historia está vinculada con la ampliación del acceso a la educación superior, la formación de profesionales, la investigación científica y la posibilidad de que sectores sin grandes recursos económicos accedan a conocimientos que, de otro modo, quedarían reservados a quienes pueden pagarlos.

Por eso, el deterioro de su financiamiento tiene consecuencias que exceden a la comunidad universitaria.

Las familias de mayores ingresos disponen de más recursos para compensar las deficiencias de la educación pública mediante alternativas privadas, apoyo educativo y mejores condiciones materiales para estudiar. Los trabajadores y los sectores populares cuentan con menos posibilidades de sustituir aquello que el Estado deja de garantizar.

La desigualdad educativa no aparece necesariamente mediante una prohibición explícita de ingresar a la universidad. También puede construirse por vías indirectas: salarios que obligan a abandonar los estudios, mayores gastos de transporte y materiales, becas insuficientes, deterioro de la infraestructura y carreras que pierden docentes o reducen sus actividades.

En ese escenario, el derecho universal puede sobrevivir en la legislación mientras se vuelve cada vez más difícil ejercerlo en la práctica. La desigualdad económica se transforma en desigualdad de oportunidades educativas.

Desde una perspectiva de clase, el problema no consiste en atribuir a cada recorte una intención única y deliberada, sino en examinar sus efectos materiales. Cuando el acceso al conocimiento depende cada vez más de los recursos familiares, las diferencias económicas existentes se reproducen también en las posibilidades de estudiar, graduarse y acceder a mejores empleos.

La disputa por el presupuesto es una disputa por el futuro

El conflicto adquiere otra dimensión cuando se considera la función de la universidad en el desarrollo científico y tecnológico. La investigación requiere continuidad, equipos estables, infraestructura y planificación de largo plazo. No puede organizarse exclusivamente según la rentabilidad inmediata ni depender de decisiones administrativas discrecionales.

El proyecto de Presupuesto 2027 incluye $851.558 millones bajo el concepto de fortalecimiento de recursos humanos, cuya ejecución, según advierte el CEPA, queda sujeta a decisiones administrativas. La inclusión de una partida no garantiza por sí sola que los recursos lleguen efectivamente a su destino. [1]

Esta incertidumbre compromete la planificación institucional y puede debilitar la capacidad nacional para producir conocimiento, formar especialistas y desarrollar tecnologías propias. En un país periférico, atravesado por la dependencia financiera y tecnológica, esa pérdida tiene consecuencias estratégicas: aumenta el riesgo de que las capacidades científicas nacionales se deterioren mientras se profundiza la subordinación a tecnologías y decisiones producidas en otros centros económicos.

Esto no significa que toda actividad universitaria deba quedar fuera de la evaluación pública. Significa que evaluar resultados exige considerar los recursos disponibles, los objetivos sociales y los plazos propios de la investigación. Exigir productividad sin garantizar condiciones materiales de trabajo no constituye una política científica consistente.

El debate, por lo tanto, no enfrenta simplemente a quienes reclaman más fondos con quienes defienden el equilibrio fiscal. Enfrenta concepciones diferentes sobre el papel del Estado, la distribución de los recursos y las capacidades que una sociedad necesita preservar para decidir su propio futuro.

La ley, el Congreso y los límites del Poder Ejecutivo

El conflicto presupuestario tiene, además, una dimensión institucional que no puede ser soslayada.

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo y ratificada por ambas cámaras con la mayoría requerida en octubre de 2025. La norma establece como objetivos garantizar el financiamiento de las universidades públicas, las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes, y el desarrollo de la enseñanza, la investigación y la extensión universitaria. [2]

Sin embargo, el Gobierno suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025. Posteriormente, según reconstruye el CEPA, un juzgado contencioso administrativo federal ordenó cumplir la ley, mientras que una iniciativa oficial para modificarla no llegó a tratarse en comisión. Al momento de publicarse el informe de octubre de 2026, la norma continuaba sin aplicarse, de acuerdo con el documento. [1]

La controversia no se limita a la cuantía de los recursos: compromete la relación entre las decisiones del Poder Ejecutivo, las normas sancionadas por el Congreso y el cumplimiento de las obligaciones estatales.

La legalidad presupuestaria no es un asunto accesorio. Cuando una ley aprobada por los representantes legislativos queda sin aplicación efectiva, la disputa alcanza el funcionamiento de las instituciones democráticas y los límites del poder gubernamental.

Defender el cumplimiento de la ley no significa desconocer que los recursos son limitados. Significa discutir democráticamente cómo se distribuyen y exigir que las obligaciones del Estado no queden subordinadas a decisiones unilaterales.

Defender la universidad es defender un derecho social

El Presupuesto 2027 obliga a mirar más allá de las cifras aisladas. La pérdida acumulada de financiamiento, el deterioro salarial y la incertidumbre sobre la aplicación de la legislación forman parte de un mismo conflicto: qué recursos se destinan a garantizar derechos y qué costos se trasladan a quienes viven de su trabajo.

La universidad pública no es gratuita en el sentido de que no cueste nada. La sostienen los recursos de la sociedad, el trabajo de docentes y no docentes, la investigación y el esfuerzo cotidiano de estudiantes y familias. La cuestión decisiva es si ese costo se asume colectivamente como inversión social o si se descarga progresivamente sobre los trabajadores universitarios y quienes necesitan la educación pública.

El ajuste puede presentarse como una exigencia técnica, pero sus consecuencias son profundamente políticas. Cuando se deterioran los salarios, se debilita la investigación y se restringen las condiciones de acceso, no desaparece el costo de la educación: cambia quién lo soporta y quién queda en mejores condiciones para aprovechar sus beneficios.

Por eso, defender la universidad pública no consiste en reivindicar un privilegio corporativo ni en rechazar toda discusión presupuestaria. Consiste en sostener que el conocimiento, la formación profesional y la investigación son bienes sociales cuya existencia no puede depender exclusivamente de la capacidad de pago de cada familia ni de la rentabilidad inmediata de cada actividad.

El presupuesto expresa una decisión sobre la sociedad que se quiere construir. Si la recuperación fiscal se hace a costa de los salarios docentes, la investigación y las oportunidades educativas de los sectores populares, el resultado no será solamente una universidad más pobre: será una sociedad con menos instrumentos para reducir sus desigualdades y ampliar su autonomía.