Categoría Economía

El centroizquierda peronista o no, no muere por sus derrotas: muere cuando deja de confrontar al poder

Varoufakis recupera una distinción fundamental: no es lo mismo negociar desde una posición de fuerza que convertir la negociación en una renuncia permanente. El compromiso deja de ser una herramienta política cuando implica abandonar los objetivos que justifican la propia existencia de una fuerza de izquierda.
¿Qué significa para la Argentina?
La discusión interpela directamente al peronismo y al conjunto del progresismo argentino. No alcanza con denunciar el ajuste de Javier Milei ni con esperar que el deterioro económico produzca, por sí solo, una recuperación electoral. La cuestión es qué alternativa se ofrece y qué intereses sociales está dispuesta a enfrentar.
Si la oposición se limita a prometer una administración más moderada del mismo orden económico, sin discutir la distribución del ingreso, el endeudamiento, el poder de los grandes grupos económicos y la precarización laboral, corre el riesgo de reconstruir las condiciones que hicieron posible el ascenso libertario.
La lección de Varoufakis, sin embargo, también merece una discusión crítica: permanecer en la oposición no garantiza una política transformadora, del mismo modo que gobernar no implica necesariamente capitular. La cuestión decisiva es la relación de fuerzas, la organización popular y la capacidad de convertir un programa en poder efectivo.
El desafío consiste en evitar dos trampas: el posibilismo que termina administrando los intereses de las clases dominantes y el purismo que renuncia a construir mayorías capaces de disputar el Estado.
La pregunta, entonces, no es solamente por qué fracasa el centroizquierda. Es más incómoda: ¿qué sentido tiene conquistar el gobierno si, para conservarlo, hay que renunciar a transformar las relaciones de poder que perjudican a las mayorías?

Estás Frito Angelito

La promesa de libertad económica convive con una paradoja: mientras se reivindica la autonomía individual, millones de personas quedan condicionadas por sus obligaciones financieras. La libertad del acreedor para cobrar tiene como contracara la pérdida de margen de decisión del deudor.

El artículo de Gatti acierta al proponer la politización de la deuda y la organización colectiva del malestar. Su principal aporte consiste en desplazar la discusión desde la responsabilidad individual hacia las relaciones sociales que producen el endeudamiento.

Una precisión importante: no toda deuda es idéntica ni todo endeudamiento constituye automáticamente explotación. Es necesario distinguir entre crédito productivo, endeudamiento público, financiamiento del consumo y préstamos usurarios. La cuestión de clase pasa por identificar quién presta, quién se beneficia, quién asume el riesgo y quién termina pagando los costos.

La conclusión política: no alcanza con enseñar a administrar mejor las deudas. También hay que discutir por qué los ingresos del trabajo resultan insuficientes, cómo se distribuye el excedente y qué poder adquieren los acreedores sobre la vida social. La educación financiera popular puede ser una herramienta de defensa; sin embargo la transformación de las condiciones que producen el endeudamiento exige organización y disputa política que de no ocurrir, estás frito angelito.

España: Guerra sucia

La amenaza de una victoria electoral de la derecha no se enfrenta solamente en las urnas. La huelga general expresa una fuerza que el poder económico preferiría mantener invisible: la capacidad de la clase trabajadora para interrumpir la producción y disputar quién paga los costos de la crisis. Frente a esa ofensiva, la huelga general puede convertirse en mucho más que una protesta sindical. Es una demostración de fuerza social capaz de cuestionar la normalidad económica sobre la que se sostiene el poder empresarial. Pero su eficacia depende de que no sea un gesto aislado: necesita organización, continuidad y objetivos políticos que articulen las reivindicaciones laborales con las demandas del conjunto de los sectores populares.

En Argentina, el gobierno de Milei impulsa un programa de disciplinamiento laboral, reducción de derechos y transferencia de ingresos hacia los sectores económicos dominantes. Enfrentarlo exclusivamente mediante la competencia electoral supone aceptar que la disputa se limite a los tiempos y las reglas de las instituciones, mientras la reorganización regresiva de la sociedad continúa avanzando.

Esto no significa contraponer la calle a las urnas, sino comprender que ambas dimensiones se condicionan mutuamente. Sin movilización y organización desde abajo, una victoria electoral puede resultar insuficiente; sin una alternativa política capaz de transformar esa fuerza social en un proyecto de mayorías, la protesta corre el riesgo de agotarse.

La cuestión estratégica es, por lo tanto, quién logra organizar el descontento y darle una dirección política. La derecha convierte las frustraciones sociales en resentimiento contra los sectores más vulnerables. Una alternativa emancipadora debe hacer lo contrario: identificar las relaciones de poder que producen la desigualdad y construir una respuesta colectiva.

La huelga general no garantiza por sí sola una derrota electoral de la reacción. Pero renunciar a la capacidad de lucha popular significa dejarle a las clases dominantes la iniciativa en el terreno donde ejercen su poder más concreto: la economía ,las relaciones sociales de producción el parlamento y la autodenominada "Justicia".

Salvo que se logre perturbar el sistema mediante la acción colectiva, el único vestigio de control que tienen los trabajadores bajo el capitalismo es el poder de salida

¿Qué clase de democracia es aquella en la que una persona tiene derecho a votar cada cuatro años pero durante ocho horas diarias no tiene derecho a decidir prácticamente nada sobre la actividad que sostiene su existencia?

Esa contradicción permite conectar muy bien Marx, Gramsci, Althusser y la democracia económica contemporánea: la disputa por la democracia no termina en el Estado; continúa en el lugar donde se produce el valor y donde se decide quién se apropia del excedente.

Anwar Shaikh: comprender el capitalismo para transformar la realidad

La muerte de Anwar Shaikh deja una ausencia significativa en la economía política marxista. Su obra tuvo una virtud poco frecuente: estudiar el capitalismo realmente existente —su competencia, sus crisis, sus desequilibrios y sus relaciones de clase— sin reducirlo a modelos abstractos ni a recetas de política económica.

Su legado resulta particularmente actual para pensar la Argentina de Milei. Shaikh mostró que “liberar el mercado” no elimina las contradicciones del capitalismo: las reorganiza. En una economía periférica, esa reorganización puede trasladar los costos hacia el trabajo, debilitar las capacidades estatales y profundizar la subordinación frente al capital internacional.

Su aporte permite dialogar con Marx, Poulantzas y Althusser desde una premisa fundamental: la política no actúa por fuera de las estructuras de clase. El Estado puede intervenir sobre la economía, pero no puede abolir por decreto las relaciones sociales que sostienen la acumulación capitalista.

Recordar a Shaikh es, entonces, mucho más que recordar a un economista marxista. Es reivindicar una forma de pensar que se negó a confundir el funcionamiento del mercado con la naturaleza de la sociedad y que buscó explicar, detrás de las cifras, quién acumula, quién decide y quién paga los costos de las crisis.

Su obra queda como herramienta para comprender un capitalismo que sigue siendo, como él enseñó, competencia, conflicto y crisis.

Piketty: Ganaron los malos

Piketty demuestra con cifras la obscena concentración de la riqueza que produce el capitalismo, pero su propuesta tropieza con el límite de toda política que confía demasiado en la razón de las instituciones y demasiado poco en la lucha de clases. No basta con gravar las fortunas: hay que disputar el poder de quienes controlan el capital, las finanzas y los resortes fundamentales de la economía. La cuestión decisiva no es cómo convencer a los ricos de aceptar una distribución más justa, sino cómo construir la fuerza organizada de las clases trabajadoras para imponerla. Piketty tiene razón sobre la enfermedad, pero todavía deposita demasiada confianza en la medicina institucional.

El capitalismo puede aceptar determinados niveles de redistribución cuando la correlación de fuerzas lo obliga —impuestos progresivos, Estado de bienestar, derechos laborales, reducción de la jornada—, pero tiende permanentemente a reconstruir la concentración cuando esas fuerzas sociales retroceden.

Por eso la pregunta decisiva no es solamente cómo distribuir mejor la riqueza, sino cómo construir nuevamente el poder colectivo de quienes producen la riqueza.

Y aquí aparece una diferencia sustancial entre una perspectiva socialdemócrata avanzada y una perspectiva socialista: la primera busca domesticar la acumulación; la segunda intenta transformar las relaciones sociales que hacen posible esa acumulación.
Milei, Trump, Lula y la ofensiva contemporánea de las derechas: mientras Piketty imagina una redistribución global racional, las derechas están construyendo políticamente el sujeto contrario. Convencen a sectores populares de que su enemigo es el inmigrante, el empleado público, el pobre, el Estado, el impuesto o incluso otro trabajador, mientras el gran capital queda fuera del campo de batalla.

Ese es quizás el verdadero problema político de nuestro tiempo: la desigualdad no se sostiene solamente por la concentración económica, sino también por la capacidad de las clases dominantes para transformar las contradicciones entre explotados en enfrentamientos entre explotados.

Y ahí Piketty necesita algo que sus estadísticas, por extraordinarias que sean, no pueden proporcionar por sí mismas: organización, conciencia de clase y poder político.

Cuando los mercados celebran y las mayorías no llegan a fin de mes

Hay una contradicción que atraviesa a las derechas contemporáneas: pueden exhibir crecimiento económico, inversiones, mercados financieros en alza y determinados indicadores favorables, pero cada vez les resulta más difícil convencer a las mayorías de que esa prosperidad también les pertenece.

El caso de Donald Trump es revelador. Un reciente análisis de Axios muestra la distancia entre los indicadores macroeconómicos y la percepción cotidiana de los estadounidenses. Los precios, la vivienda, la gasolina, las tasas de interés y la inseguridad laboral pesan más que cualquier dato del PIB.

La contradicción no es comunicacional. Es material.

Un trabajador no compra el PIB. No paga el supermercado con la tasa de crecimiento ni la hipoteca con la cotización de Wall Street. La economía que importa para las mayorías es la que determina cuánto cuesta reproducir diariamente su vida.

Trump llegó nuevamente al poder explotando esa frustración. Prometió recuperar salarios, empleo industrial y capacidad adquisitiva. Ahora empieza a ser juzgado por las mismas condiciones materiales que utilizó para cuestionar a sus adversarios.

Aquí aparece una cuestión de clase que el lenguaje económico suele ocultar: no alcanza con preguntar cuánto crece una economía; hay que preguntar quién se apropia de ese crecimiento.

La inteligencia artificial ofrece un ejemplo paradigmático. El capital celebra inversiones, productividad y valorizaciones bursátiles; millones de trabajadores observan, en cambio, la posibilidad de que la automatización transforme o elimine sus empleos. El capital celebra la productividad futura. El trabajador pregunta si tendrá trabajo mañana.

La misma contradicción aparece en Argentina.

Milei construye buena parte de su legitimidad sobre la caída de la inflación, el equilibrio fiscal, la recuperación financiera y las expectativas de los mercados. Pero una economía no se convierte automáticamente en una experiencia social positiva porque mejoren sus variables financieras.

Puede bajar la inflación y mantenerse un nivel de precios inaccesible para millones. Puede equilibrarse el presupuesto mientras se deterioran servicios públicos. Puede aumentar la rentabilidad empresarial mientras se debilita el empleo formal. Puede crecer la inversión mientras aumenta la precariedad.

No se trata de negar los datos, sino de preguntar qué relaciones sociales producen esos resultados y quién se apropia de sus beneficios.

Ese es el punto que las derechas intentan desplazar mediante la individualización del conflicto. Si el salario no alcanza, falta capacitación. Si no hay trabajo, es un problema personal. Si aumenta el endeudamiento, fue una mala decisión familiar. La estructura desaparece detrás de la responsabilidad individual.

Pero la experiencia cotidiana termina imponiéndose.

Trump puede decir que la economía funciona. Milei puede afirmar que el programa es exitoso. Los mercados pueden acompañarlos. Existe, sin embargo, un límite político: la percepción que las clases populares tienen de sus propias condiciones de existencia.

Cuando una mayoría siente que trabaja más, paga más y tiene menos seguridad sobre su futuro, los indicadores macroeconómicos dejan de producir legitimidad.

Por eso el problema de Trump puede terminar siendo también el de Milei: una economía puede ser exitosa para los mercados y políticamente desastrosa para un gobierno cuando el crecimiento no se traduce en bienestar para las mayorías.

Las sociedades no votan solamente sobre el PIB, el déficit o el riesgo país. Votan sobre su propia vida, o mejor, sobre lo que imagina es su propia vida.

Y cuando la distancia entre la economía que celebran los mercados y la economía que padecen las mayorías se vuelve demasiado grande, la contradicción económica muchas veces, termina convirtiéndose en contradicción política.

Servida en bandeja

El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras vuelve a mostrar que detrás de los expedientes y los tecnicismos jurídicos hay una disputa bastante menos sofisticada: quién se queda con la tierra. En una Argentina donde la extranjerización avanza mientras el poder económico amplía su capacidad de apropiación, la Justicia no aparece por fuera del conflicto social: también forma parte de la trama que define quién puede comprar, concentrar y disponer del territorio.

Informe Energético CEPA: Guerra a los usuarios

La política energética del Gobierno exhibe una contradicción central: mientras promete seguridad jurídica e inversiones récord en París, en la Argentina se investigan decisiones vinculadas al RIGI, se condonan USD 1.842 millones a distribuidoras eléctricas y se avanza con privatizaciones que favorecen a actores ya instalados. Al mismo tiempo, el ajuste de la Zona Fría descarga el costo sobre millones de usuarios, mientras los grandes negocios energéticos reciben beneficios, subsidios y garantías. Entre el RIGI, Vaca Muerta y las reformas regulatorias, el modelo redefine quién paga y quién captura la renta energética.

IA: La burbuja más cara que jamás haya construído Wall Street

La inteligencia artificial ya no es un sector: es *la* apuesta. Cinco tecnológicas planean gastar 4,2 billones de dólares hasta 2029 —más que ferrocarriles, rutas e internet juntos— mientras su flujo de caja se derrumba y los precios de los tokens se hunden. El crecimiento de Estados Unidos pende de un solo hilo. El economista marxista Michael Roberts advierte en este artículo que si la productividad no aparece, el mercado lo va a sentir.

Del ajuste salarial al endeudamiento popular

El fenómeno de endeudamiento puede sintetizarse así: primero cae el salario real → aumentan los costos esenciales → se reduce el ingreso disponible → el hogar se endeuda para sostener el consumo → llega la morosidad → la deuda deja de ser una solución transitoria y se convierte en otra forma de ajuste.

Por eso, la morosidad récord no es simplemente un problema de quienes “no pagan”. Es también un indicador de la incapacidad de los ingresos laborales y previsionales para acompañar el costo de reproducción de la vida.

La nube también contamina: el capitalismo digital detrás del ecocidio

La revolución digital no terminó con la explotación: la hizo más veloz, más global y, en buena medida, más invisible. Detrás de la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas existe una gigantesca infraestructura material sostenida por trabajadores, energía, agua, minerales y territorios. Benjamin Selwyn advierte que la digitalización no separa al capitalismo de la destrucción ambiental: puede convertirla en un proceso más eficiente y extendido.

De allí el concepto de “ecocidio sistémico”: la destrucción de la naturaleza no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia incorporada al funcionamiento cotidiano de las cadenas globales de valor. La misma dinámica que presiona sobre los trabajadores presiona sobre los territorios. La explotación laboral y la apropiación de la naturaleza no son procesos independientes: forman parte de una misma lógica de acumulación.

La tecnología promete eficiencia, pero el capitalismo puede convertir esa eficiencia en más consumo. La llamada paradoja de Jevons muestra precisamente esa contradicción: cuando una tecnología reduce el costo de utilizar un recurso, su consumo puede aumentar en lugar de disminuir. Por eso no alcanza con afirmar que una economía más digital será necesariamente una economía más sustentable.

El litio concentra buena parte de esta contradicción. Las baterías necesarias para la transición energética requieren minerales cuya extracción demanda territorios, agua y trabajo. Selwyn muestra cómo esa cadena puede producir contaminación, agotamiento de recursos hídricos, degradación ambiental y riesgos laborales. La transición verde no elimina automáticamente las relaciones de explotación: puede trasladarlas hacia otros territorios y otros eslabones de la cadena global.

Lo mismo ocurre con la economía digital. La nube no flota en el aire. Necesita centros de datos, electricidad, chips, cables, minerales, dispositivos y enormes cantidades de infraestructura. Tampoco desaparece el trabajo: se reorganiza mediante sistemas capaces de monitorear, disciplinar y coordinar proveedores y trabajadores dispersos por el planeta. La digitalización, entonces, no desmaterializa el capitalismo: digitaliza su capacidad de organizar la producción y de ejercer control sobre ella.

Aquí aparece la cuestión central: ¿quién controla esa tecnología y quién paga sus costos? Las grandes empresas pueden utilizar la digitalización para coordinar cadenas cada vez más extensas, mientras los costos materiales, sociales y ambientales quedan distribuidos entre trabajadores, comunidades y territorios. El capital digitaliza la producción, pero no digitaliza sus costos.

Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y transición energética no puede reducirse a una cuestión tecnológica. Es también una discusión sobre poder, propiedad y distribución. Si la innovación permanece subordinada a la acumulación, una tecnología más eficiente puede significar simplemente una capacidad mayor para extraer recursos, intensificar el trabajo y ampliar los mercados.

El desafío planteado por Selwyn va en otra dirección: imponer límites ecológicos, prolongar la vida útil de los dispositivos, garantizar reparación, reducir la obsolescencia y someter las infraestructuras digitales a formas de control público y democrático.

La paradoja del capitalismo digital es que cuanto más “virtual” parece, más material puede ser su huella. La inteligencia artificial no elimina la vieja relación entre capital, trabajo y naturaleza. La reorganiza bajo nuevas tecnologías. Y detrás de cada algoritmo, cada centro de datos y cada batería sigue existiendo la misma pregunta que el capitalismo intenta ocultar: quién se apropia de los beneficios y quién soporta los costos.

Socialdemocracia alemana: Etiqueta negra

La trampa del centro consiste en creer que la única alternativa a la extrema derecha es conservar el centro. Las elecciones alemanas de ayer muestran exactamente lo contrario: cuando el centro se convierte en administrador de un orden social en crisis, puede ser desplazado simultáneamente por la derecha y por la izquierda. La AfD crece donde transforma el malestar en nacionalismo excluyente; Die Linke crece donde transforma el malestar en conflicto social. El problema, entonces, no es solamente quién ocupa el centro: es quién consigue darle un sentido político al descontento de las clases subalternas.

Presupuesto 2027: Los paracaidistas belgas

La deuda es el corazón del ajuste. El Presupuesto 2027 no distribuye recursos: los concentra. Mientras se recortan salarios, jubilaciones, obra pública, universidades y políticas sociales, el Estado garantiza la renta del capital financiero. El superávit fiscal aparece así como lo que realmente es: una transferencia de riqueza desde las mayorías hacia los acreedores. Detrás de la batalla por el déficit se libra una disputa de clase: quién paga la deuda y quién vive de ella.

Informe CEPA: política energética oscila entre el discurso soberano y el retiro del Estado

Hay una escena que los veteranos de la política argentina reconocen de memoria: un gobierno anuncia medidas históricas sobre Malvinas en cadena nacional, la prensa amplifica el gesto, los diplomáticos aplauden y, en la práctica, todo queda en una declaración de principios. Esta vez el Decreto 868/2026 no inventa la Ley 26.659 ni la prohibición de explorar hidrocarburos en la plataforma continental sin habilitación nacional. Cambia quién la aplica, con qué velocidad y, sobre todo, dónde duele: cualquier empresa que quiera el RIGI o una concesión bajo la Ley 17.319 debe jurar que ni ella, ni sus accionistas, ni su cadena de proveedores operan en las zonas circundantes a las islas. El canciller Quirno lo dijo sin vueltas: o Malvinas, con legalidad incierta, o Argentina, con reglas y mercado. Cancillería ya mandó 180 notas a 29 países y abrió sumarios contra 60 personas y compañías, entre ellas Rockhopper, Navitas y el entorno de Sea Lion. El problema no es el relato. Es la operatoria. Varias de las firmas alcanzadas —o de sus proveedores— están al mismo tiempo en Vaca Muerta, en el GNL de Southern Energy, en Cuenca Marina Austral y hasta en las monoboyas del oleoducto que tiene que sacar el crudo argentino. El decreto no dice cómo se resuelve esa contradicción. Y mientras el Gobierno habla de soberanía sobre el Atlántico Sur, en tierra firme se repite otro patrón: Fértil Pampa entra al RIGI con casi USD 2.700 millones para industrializar gas; RefiPampa verifica $80.000 millones de deuda; Ecogas reparte $83.000 millones en dividendos en dólares con una factura impaga a Enarsa del mismo orden; el RA-10 llega a criticidad sin modelo de negocio; y las baterías del AMBA ya las pagan los usuarios. Como lo señala el Informe Energético del CEPA, mucho ruido sobre las islas. En el tablero energético, las nueces siguen siendo otras.

Lado B del presupuesto: Del hambre a la deuda, de la deuda a la desesperación, el costo humano del ajuste.

El dato de que seis de cada diez familias de los barrios populares deban endeudarse para comprar alimentos adquiere una dimensión todavía más dramática cuando se lo conecta con los casos concretos de hostigamiento y sufrimiento extremo. El relevamiento del Instituto Periferias muestra que el 59,8% recurrió al endeudamiento para comprar alimentos y el 43,7% atravesó días sin comer por falta de recursos.

En este contexto, la deuda deja de ser un instrumento financiero y se transforma en un mecanismo de supervivencia. Se pide para comer, después para pagar la deuda anterior y finalmente para sostener los intereses. En los sectores de menores ingresos adquieren mayor peso los préstamos familiares y los prestamistas informales, donde pueden aparecer tasas y mecanismos de cobro particularmente gravosos.

El caso de José C. Paz por ejemplo, muestra el extremo al que puede llegar esta dinámica: una mujer endeudada para sostener su trabajo informal terminó sometida a fuertes presiones de los acreedores y, según el relato de su madre, atravesó dos intentos de suicidio. Presentamos aquí otro caso similar en Caraza, y que sugerimos escuchen los audios relacionados insertos en el texto.

La deuda, entonces, no sólo captura el ingreso futuro: puede capturar también la subjetividad de quien ya no encuentra salida porque cuando una economía obliga a endeudarse para comer, la deuda deja de ser una cuestión financiera y se convierte en una cuestión social, laboral, alimentaria y de salud mental.

Presupesto 2027, hay plata: ¿Para quién?

El proyecto oficial proyecta para 2027 un crecimiento del PBI del 4%, una inflación anual del 18%, un resultado primario positivo del 1,5% del PBI y un superávit financiero del 0,2%. También prevé exportaciones por unos US$133.000 millones. Son objetivos macroeconómicos ambiciosos y, particularmente en materia de crecimiento, contrastan con estimaciones privadas más moderadas.

Pero el dato político está en otro lugar: qué estructura de gasto hace posible ese resultado fiscal.

El Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas calcula que el gasto total previsto para 2027 sería de $202,1 billones, 26,7% inferior en términos reales al gasto ejecutado en 2023, aunque superior al presupuesto 2026. Es decir, una eventual recuperación respecto del piso de 2026 no implica recomponer el nivel de presencia estatal existente antes de Milei.

Por eso, presentar el Presupuesto simplemente como un aumento del gasto respecto de 2026 puede resultar engañoso: el punto de comparación decisivo es qué Estado queda después de varios años de licuación y recorte.

La cuestión provincial

Aquí aparece una de las contradicciones más interesantes.

Las transferencias automáticas a provincias y CABA están proyectadas en unos $104 billones, con un incremento real estimado del 7,5% respecto de 2026. Pero las transferencias no automáticas presentan una caída real cercana al 1,8%.

Esto significa que la discusión no puede reducirse a si “aumenta o disminuye la coparticipación”. Hay que distinguir entre recursos automáticos establecidos por el régimen de coparticipación y recursos discrecionales cuya asignación depende de decisiones del Poder Ejecutivo.

Esa diferencia tiene una consecuencia política concreta: reduce el margen de negociación de los gobernadores y transforma la relación fiscal Nación-provincias en un problema estructural. La promesa de mayores recursos automáticos puede coexistir con una Nación que conserva una fuerte capacidad de disciplinamiento mediante las partidas discrecionales.

La cuestión central aparece cuando se observa qué se protege y qué se comprime.

El presupuesto mantiene como componentes enormes las prestaciones de seguridad social —ANSES representa aproximadamente el 65,5% del gasto nacional localizado en las jurisdicciones provinciales analizadas—, pero al mismo tiempo aparecen cuestionamientos por las restricciones previstas para educación, ciencia, salud y políticas sociales.

En paralelo, el proyecto contempla un fortalecimiento significativo de áreas de inteligencia, defensa y ciberseguridad. La partida del Centro Nacional de Ciberseguridad, por ejemplo, aparece con un incremento de 697,9%, mientras organismos científicos y tecnológicos enfrentan reducciones.

Ahí aparece la verdadera discusión: no existe “ajuste” en abstracto. Todo ajuste supone una distribución de costos y beneficios.

Cuando se reduce la capacidad estatal para financiar educación, investigación, infraestructura, asistencia o salud, el costo no desaparece: se desplaza hacia los hogares, las provincias, los trabajadores y los sectores sociales que deben sustituir con recursos propios aquello que antes proveía el Estado.

Al mismo tiempo, el presupuesto preserva la prioridad del equilibrio fiscal y del pago de la deuda. El proyecto contempla alrededor de $18,6 billones destinados a servicios de deuda.

Por eso, la pregunta política que deja abierto el Presupuesto 2027 es mucho más profunda que la discusión sobre una determinada partida: ¿qué intereses sociales quedan protegidos cuando el superávit fiscal se convierte en el principio ordenador del Estado?

La respuesta no está solamente en los números del proyecto. Está en la comparación entre lo que el Estado deja de hacer y aquello que decide seguir financiando.

El “no hay plata” deja entonces de ser una descripción de la realidad para convertirse en una decisión acerca de dónde poner la plata que sí hay, pero ¿para quien?. Ahí está el presupuesto como respuesta.

Ajuste: the bitch always lands on the weakest

El dato más importante del Informe CEPA es que la estabilización macroeconómica de Milei convive con una contracción de la estructura productiva y laboral.

No se trata simplemente de decir que “hay menos empleo”. El informe permite observar una transferencia de poder económico: se debilita el tejido de empresas pequeñas y medianas, se contrae especialmente la industria y la construcción, y simultáneamente las grandes empresas también reducen empleo pero conservan una posición relativa mucho más fuerte.

El resultado es una economía con menor densidad productiva, menor capacidad de generación de empleo formal y mayor presión hacia la informalidad. El propio CEPA señala que la caída del empleo registrado puede combinarse con el traslado de trabajadores hacia el sector informal.

Y hay un indicador especialmente revelador: el empleo registrado en casas particulares cayó en 28.651 personas. Es un segmento muy sensible al ingreso de los hogares. Cuando las familias dejan de poder pagar ese servicio, el ajuste aparece rápidamente allí.

En síntesis: el modelo Milei no sólo está ajustando el Estado; está reestructurando el mercado de trabajo y el aparato productivo. La pregunta política ya no es solamente cuánto bajó la inflación, sino qué estructura social y productiva está quedando después del ajuste.

Tranquila

Leer El Capital no es una tarea sencilla. La dificultad no reside solamente en la complejidad de Marx, sino también en la necesidad de abandonar ciertas formas habituales de pensar la sociedad. Marx no analiza el capitalismo como una realidad eterna ni como una simple suma de individuos, empresas y mercados: intenta reconstruir su lógica interna a partir de las relaciones que articulan el conjunto.

Por eso comienza con la mercancía, la forma elemental de la riqueza capitalista. No se trata de una elección arbitraria. La mercancía funciona como una suerte de célula económica en la que puede encontrarse, condensada, la lógica del organismo capitalista. Analizarla significa comenzar a descubrir cómo funciona el sistema en su totalidad.

La primera distinción fundamental es entre valor de uso y valor. Toda mercancía posee determinadas propiedades materiales que permiten satisfacer una necesidad. Un alimento, una vivienda, una herramienta o una máquina tienen una utilidad concreta. Ese valor de uso depende de las características físicas del objeto y de su relación con una necesidad humana.

Aquí aparece una cuestión particularmente actual: la naturaleza está presente desde el comienzo del análisis marxiano. El valor de uso no existe en el aire. Necesita de un cuerpo material, de materia y energía extraídas de la naturaleza. Sin embargo, cuando Marx avanza hacia el concepto de valor, esas propiedades concretas son progresivamente abstraídas.

El valor de cambio expresa una relación entre mercancías. Pero si mercancías completamente diferentes pueden intercambiarse en determinadas proporciones, debe existir algo común que permita compararlas. Ese elemento no puede ser una propiedad física: las mercancías son materialmente distintas. Tampoco puede ser su utilidad concreta.

Lo que queda es el trabajo humano abstracto. No importa ya si se trata del trabajo de un carpintero, un agricultor, un programador o un obrero industrial. Sus diferencias concretas desaparecen en la abstracción que permite comparar los productos como mercancías. El valor aparece así como una forma social específica del capitalismo.

Esta operación contiene una consecuencia ecológica de enorme importancia. Para llegar al valor, Marx abstrae las propiedades naturales y concretas de las mercancías. La naturaleza queda del lado del contenido material, mientras que el valor pertenece a una forma social históricamente determinada.

La contradicción es profunda: la producción capitalista necesita permanentemente de la naturaleza, pero la lógica del valor es indiferente a sus condiciones materiales. El mercado puede ponerle precio a un producto, pero el precio no expresa necesariamente el agotamiento del suelo, la destrucción de un ecosistema o el tiempo necesario para la reproducción de una especie.

De allí surge una de las claves de la lectura ecológica de Marx. El problema ambiental no puede reducirse a una cuestión técnica ni solucionarse simplemente mediante nuevas mercancías “verdes”. Si la producción continúa subordinada a la expansión del valor, la naturaleza seguirá siendo tratada como una condición externa, un recurso disponible para el proceso de valorización.

La distinción entre riqueza material y forma social de la riqueza permite comprender el problema. El aire, la tierra virgen o los bosques naturales pueden poseer un enorme valor de uso y, sin embargo, no tener valor en el sentido específicamente capitalista porque no son productos del trabajo humano. La paradoja es evidente: aquello que resulta indispensable para la reproducción de la vida puede carecer de valor económico mientras que una mercancía destructiva puede alcanzar un elevado precio.

Marx no desarrolla en esta primera sección una teoría ecológica completa. Esa reconstrucción será realizada posteriormente por autores como Paul Burkett, John Bellamy Foster o Kohei Saito, a partir de distintos pasajes de su obra. Pero el método ya contiene una pista decisiva: el metabolismo entre sociedad y naturaleza no puede comprenderse al margen de las relaciones sociales que organizan la producción.

Por eso resulta insuficiente reducir la teoría marxiana a la fórmula “el trabajo crea valor”. El aporte fundamental de Marx está en mostrar que el valor no es una propiedad natural de las cosas. Es una forma social históricamente determinada, propia de una sociedad donde la producción generalizada de mercancías organiza el intercambio y la reproducción económica.

La cuestión adquiere una actualidad extraordinaria. En el capitalismo contemporáneo, prácticamente todo puede convertirse en mercancía: la tierra, el agua, los alimentos, la energía, el conocimiento e incluso aspectos crecientes de la reproducción de la vida. La expansión del valor tiende a subordinar el contenido material de la riqueza a una lógica abstracta de valorización.

Leer lentamente El Capital, entonces, no significa detenerse en una obra del siglo XIX para encontrar respuestas mecánicas al presente. Significa reconstruir las categorías capaces de explicar por qué una sociedad que dispone de una capacidad productiva extraordinaria puede, al mismo tiempo, destruir las condiciones naturales de su propia existencia.

La mercancía es apenas el comienzo. Pero en esa pequeña célula ya aparece una contradicción gigantesca: la riqueza capitalista necesita de la naturaleza para existir, mientras que la lógica del valor puede tratarla como si fuera infinita e indiferente.

Y quizás allí se encuentre una de las razones por las que todavía vale la pena leer a Marx lentamente.

El posibilismo es un sueño eterno: cuando la “responsabilidad” se convierte en defensa del orden

El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.

El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?

El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.

Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.

Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.

Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.

Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.

Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.

La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.

Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.

La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.