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El artículo de Michael Roberts —tercera parte de su revisión sobre las teorías de la inflación— propone algo bastante más profundo que la explicación monetarista de “demasiado dinero persiguiendo pocos bienes”. Su punto de partida es la teoría marxista del valor.

La tesis central

Para Roberts y Guglielmo Carchedi, la inflación debe analizarse a partir de la relación entre dinero en circulación y valor producido. El valor se aproxima mediante las horas de trabajo productivo empleadas en la producción de mercancías. La inflación aparece cuando el crecimiento del dinero efectivamente circulante supera el crecimiento del valor creado.

La fórmula conceptual es sencilla:

Inflación = crecimiento del dinero en circulación − crecimiento del valor producido

Pero el argumento marxista está en determinar por qué se mueve cada componente.

Roberts sostiene que el dinero no es la causa última: las autoridades monetarias reaccionan frente a la evolución de la economía. Cuando cae la rentabilidad y se desacelera la creación de valor, los bancos centrales intentan compensarlo mediante expansión monetaria y reducción de tasas. El problema es que emitir más dinero no crea por sí mismo nuevo valor.

El punto fuerte: la rentabilidad

Aquí aparece una conexión particularmente interesante. El aumento de la composición orgánica del capital —más medios de producción respecto del trabajo empleado— tiende a reducir la tasa de ganancia y, según Roberts, también limita el crecimiento de las horas de trabajo productivo. En su evidencia para Estados Unidos entre 1949 y 2022 encuentra una correlación positiva entre la tasa de ganancia y la evolución de las horas trabajadas.

Esto permite reinterpretar la inflación de los años setenta: no sería simplemente un episodio de “exceso de dinero”, sino una situación en la que la creación de valor se debilitó mientras la respuesta monetaria intentaba sostener la acumulación. El resultado fue una aceleración de la inflación junto con estancamiento económico: la conocida stagflation.

Y acá está lo políticamente importante

El artículo introduce una crítica potente a la manera convencional de medir la inflación, no ya el dibujo metodológico bizarro del INDEC, que lo hace con un IPC con ponderadores dos décadas atrasados.

Roberts calcula que entre 1949 y 2019 la denominada “tasa de inflación del valor” promedió 5,2% anual, frente al 3,4% del IPC estadounidense y el 3,1% del deflactor del PIB.

La consecuencia es decisiva: el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores puede ser mayor de lo que registra la inflación oficial, si se mide el salario no simplemente por su capacidad de comprar una canasta de bienes, sino en relación con el valor producido y el tiempo de trabajo necesario para obtener esos bienes.

En otras palabras, Roberts desplaza la discusión desde:

“¿Cuánto subieron los precios?” hacia una pregunta mucho más incómoda:

“¿Qué ocurrió con la relación entre el trabajo realizado, el valor producido, el dinero que circula y lo que los trabajadores pueden apropiarse?”

Ese desplazamiento es central desde una perspectiva de clase. La inflación deja de aparecer como una anomalía técnica que debe corregirse mediante tasas de interés y pasa a inscribirse en las contradicciones de la acumulación capitalista y la distribución del valor entre capital y trabajo.

Además, Roberts sostiene que sus pruebas estadísticas encuentran evidencia de que los cambios en las horas de trabajo —su proxy del valor— preceden a los cambios en el dinero circulante, mientras que no encuentra la relación inversa con la misma fuerza. Advierte, correctamente, que correlación no equivale por sí misma a causalidad.

Para Argentina, la veta más fértil del artículo está ahí: permite discutir críticamente el IPC sin caer en la idea simplista de que todo índice oficial es necesariamente “falso”, (aunque en La Argentina hay serias objeciones metodológicas al actual IPC) como se muestra en la nota de cierre). La cuestión más profunda es qué relación social queda oculta detrás de un número de inflación y quién soporta el costo de preservar la rentabilidad, el ajuste y la estabilidad monetaria.

Roberts anuncia que la cuarta parte abordará precisamente la cuestión de los salarios reales, además de explicar el salto inflacionario posterior a la pandemia.

El economista Michael Roberts analiza en su último artículo las principales discusiones del XIX Congreso de la World Association of Political Economy (WAPE), realizado en la Universidad de Greenwich, Londres, con la participación de más de 150 investigadores y más de un centenar de ponencias. El encuentro tuvo como eje la vigencia de Adam Smith, a 250 años de La riqueza de las naciones, pero extendió el debate hacia el imperialismo, la financiarización, la inteligencia artificial, la teoría del valor y el ascenso de China.

Uno de los puntos centrales fue la disputa por la apropiación de Adam Smith. Frente a la tradición neoliberal que lo convirtió en fundador ideológico del laissez-faire, los economistas marxistas reunidos en WAPE sostienen que Smith tenía una concepción bastante más compleja: reconocía la importancia de la división social del trabajo y del mercado, pero también el papel del Estado, las normas morales y las contradicciones de la sociedad comercial. Roberts destaca especialmente la tensión entre La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones.

Desde una perspectiva marxista, la contradicción fundamental de Smith aparece en su teoría del valor. Aunque reconoció al trabajo como fuente de la riqueza, terminó incorporando una concepción basada en los llamados factores de producción —salarios, ganancias y renta—. Marx consideró que esa contradicción era significativa porque Smith había identificado problemas que sus sucesores resolverían tomando posiciones opuestas. Para Roberts, la economía convencional terminó descartando la teoría del valor-trabajo y consolidando la visión de los factores productivos.

La parte más relevante del artículo aparece cuando Roberts aborda el imperialismo y la relación entre centro y periferia. Su tesis es contundente: bajo las actuales relaciones imperialistas, los países pobres difícilmente podrán cerrar la brecha de ingresos, productividad y desarrollo humano respecto del Norte Global.

La explicación no se limita a una diferencia tecnológica interna. Roberts plantea que existe una transferencia persistente de valor desde el Sur hacia el Norte, mientras que la rentabilidad del capital en las economías periféricas cae más rápidamente que aumenta la productividad laboral. Esto restringe la inversión y reproduce el atraso relativo.

La excepción sería China, cuya dinámica de inversión depende menos de la rentabilidad inmediata que la de otras grandes economías periféricas. Roberts estima que China podría alcanzar hacia 2041 los niveles actuales de ingreso de los países de altos ingresos y aproximarse a sus niveles proyectados hacia 2046. Ninguno de los demás BRICS tendría, según su proyección, posibilidades semejantes en las próximas dos décadas.

Otro dato particularmente importante es el referido a la riqueza financiera offshore. Roberts cita estimaciones según las cuales entre US$7,6 y US$36 billones de riqueza financiera no tributada se encontraban depositados offshore hacia 2015, con un crecimiento anual estimado de entre US$200.000 y US$850.000 millones. La magnitud resulta especialmente significativa cuando se la compara con los aproximadamente US$153.000 millones de asistencia oficial al desarrollo de los países de la OCDE.

El mecanismo tiene una dimensión de clase evidente: la evasión y elusión fiscal internacional permite que una fracción extraordinariamente concentrada de la riqueza escape de los sistemas tributarios nacionales. Roberts señala que aproximadamente la mitad de la riqueza ubicada en paraísos fiscales pertenecería al 0,01% más rico, mientras que cerca del 77% estaría en manos del 0,1%.

Así, el imperialismo contemporáneo no opera solamente mediante comercio desigual o dominación política directa. También lo hace mediante flujos financieros, estructuras corporativas offshore, deuda, propiedad transnacional y apropiación fiscalmente privilegiada del excedente.

Roberts polemiza además con una parte de la literatura heterodoxa que interpreta la financiarización como una transformación cualitativa del capitalismo, en la que las ganancias financieras habrían adquirido autonomía respecto de la explotación del trabajo.

Su argumento marxista es diferente: el capital ficticio no constituye una fuente independiente de valor. Es, fundamentalmente, una apuesta sobre la futura extracción de plusvalor. Las ganancias financieras pueden redistribuir el excedente producido en la esfera productiva, pero no crean valor autónomamente.

Esta distinción es fundamental. Para Roberts, hablar de capital ficticio no significa hablar de un capital "virtual" desligado de la producción. El capital financiero sigue conectado, aunque indirectamente y mediante múltiples mediaciones, con la capacidad futura del sistema para generar plusvalor.

El aporte más potente del artículo puede sintetizarse así: la desigualdad internacional no es simplemente el resultado de que algunos países sean más productivos que otros; es también una relación estructural mediante la cual el excedente producido en la periferia es apropiado, transferido o capturado por el capital concentrado en el centro.

Desde esta perspectiva, la financiarización no reemplaza al capitalismo productivo sino que constituye una de sus formas de valorización y redistribución del excedente. Y los paraísos fiscales funcionan como una infraestructura fundamental para esa concentración.

Esto permite establecer una conexión particularmente relevante con América Latina y Argentina: la fuga de capitales, la deuda externa, la extranjerización de activos estratégicos y la transferencia de excedentes hacia centros financieros internacionales pueden ser analizadas no como fenómenos aislados, sino como componentes de una misma estructura de subordinación periférica.

La cuestión decisiva, entonces, no es simplemente cuánto crece una economía periférica, sino quién se apropia del excedente que produce y dónde termina ese excedente. Esa es, en última instancia, la pregunta de clase que atraviesa todo el texto de Roberts.

Una precisión importante: las proyecciones de Roberts sobre China y la persistencia de la brecha Norte-Sur son hipótesis analíticas, no hechos establecidos. Su valor reside en el marco teórico y empírico que propone para explicar la reproducción de las desigualdades globales

La crisis que atraviesa Cuba no puede comprenderse al margen de un dato histórico decisivo: la Revolución cubana lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Desde 1962, Washington convirtió el aislamiento de la isla en una política de Estado destinada a limitar su capacidad de comercio, inversión, financiamiento y acceso a bienes estratégicos. No se trata, por lo tanto, de un episodio coyuntural ni de una sanción puntual, sino de una estructura permanente de coerción económica que ha condicionado durante generaciones el funcionamiento de la economía cubana.

El bloqueo constituye el marco estructural de la decadencia económica cubana. Una economía pequeña, insular y altamente dependiente del comercio exterior enfrenta costos extraordinarios cuando se le restringe el acceso a mercados, créditos, tecnologías, insumos y fuentes de financiamiento. A ello se agrega el carácter extraterritorial de buena parte de las sanciones estadounidenses, que presiona sobre empresas y entidades de terceros países que pretenden comerciar o financiar operaciones con Cuba. La consecuencia es un encarecimiento sistemático de las transacciones y una reducción de las posibilidades de acumulación e inversión.

La cuestión energética expresa con particular claridad esta dependencia. La disponibilidad de combustible resulta indispensable para sostener la generación eléctrica, el transporte y la producción. Cuando se restringen las fuentes externas de abastecimiento, el deterioro energético se transforma rápidamente en deterioro productivo: menos electricidad significa menos producción; menos combustible significa menos transporte; menos producción significa menos exportaciones y menos divisas; y la falta de divisas vuelve todavía más difícil importar combustible, alimentos, medicamentos y bienes de capital. Se configura así un círculo de reproducción de la escasez.

Desde esta perspectiva, las actuales penurias cubanas no deberían interpretarse simplemente como la consecuencia de una supuesta incapacidad de la economía socialista para funcionar. Existe, indudablemente, una dimensión interna de la crisis: baja productividad, dificultades de gestión, envejecimiento demográfico, emigración, pérdida de fuerza de trabajo y problemas derivados de las reformas económicas. Pero colocar exclusivamente allí la explicación significa eliminar de la ecuación seis décadas de presión económica externa.

El dato político fundamental es que el bloqueo no opera solamente sobre el Estado cubano: su efecto final se descarga sobre las condiciones materiales de vida de las clases populares. Las dificultades para obtener alimentos, medicamentos, transporte, electricidad y bienes de consumo no constituyen abstracciones macroeconómicas. Son la forma concreta en que una política internacional de coerción termina impactando sobre la reproducción cotidiana de la población.

Aquí aparece una paradoja histórica. Estados Unidos sostiene que el deterioro económico cubano demuestra el fracaso del sistema político de la isla; pero al mismo tiempo mantiene una política diseñada precisamente para dificultar las condiciones materiales necesarias para el funcionamiento de ese sistema. El bloqueo, en consecuencia, no es simplemente un contexto externo de la crisis: es uno de los mecanismos mediante los cuales la crisis es producida y reproducida.

Esto no implica negar las responsabilidades del gobierno cubano. Una lectura de clase exige evitar tanto la explicación liberal —“todo es culpa del socialismo”— como una explicación exculpatoria que atribuya cada dificultad exclusivamente al imperialismo. Cuba enfrenta contradicciones internas reales y profundas, y algunas de sus políticas económicas han contribuido a reducir productividad, inversión y capacidad de respuesta. Pero esas contradicciones se desarrollan dentro de una estructura internacional excepcionalmente adversa.

Por eso, la apertura económica que está impulsando La Habana debe interpretarse también desde esta perspectiva. La incorporación creciente de capital privado y de mecanismos de mercado no necesariamente expresa una conversión ideológica al capitalismo, sino la búsqueda de mecanismos de supervivencia y acumulación en una economía sometida a una presión externa prolongada. La pregunta de fondo será quién captura los beneficios de esa apertura y quién soporta sus costos.

Después de más de sesenta años, el bloqueo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una verdadera estructura histórica de la economía cubana. Su duración permite observar algo que suele quedar oculto en los debates ideológicos: las sociedades no se desarrollan en el vacío. Las posibilidades de acumulación, productividad y bienestar dependen también de las relaciones de poder internacionales.

La decadencia cubana, entonces, debe ser comprendida como el resultado de una combinación entre contradicciones internas y una presión imperial externa sostenida durante seis décadas, donde el bloqueo ocupa un lugar central. Negar las primeras conduce a una lectura apologética; ignorar la segunda conduce a una lectura profundamente incompleta.

El problema no es solamente por qué Cuba tiene hoy dificultades para producir y distribuir bienes. La pregunta histórica más relevante es qué habría ocurrido con la economía cubana durante estos sesenta años sin el bloqueo estadounidense. Esa comparación contrafáctica es imposible de realizar empíricamente, pero su ausencia no permite borrar el hecho histórico: durante más de seis décadas, Cuba ha debido desarrollar su economía bajo una política de coerción internacional excepcionalmente prolongada.

En ese sentido, las “penurias de Cuba” no pueden separarse de la historia del bloqueo. La escasez actual es también el resultado acumulado de seis décadas de asedio económico, sobre el cual se superponen las limitaciones, errores y contradicciones del propio modelo cubano.

Japón vuelve a enfrentar una paradoja que parecía haber dejado atrás: después de décadas de deflación y estancamiento, ahora debe lidiar con inflación sin haber recuperado un crecimiento vigoroso. En su reciente análisis, el economista marxista Michael Roberts sostiene que la tercera economía mundial quedó atrapada entre inflación y estancamiento, luego de años de expansión monetaria, tasas de interés ultrabajas y estímulo fiscal.

El cambio es significativo. Japón había construido durante décadas un régimen caracterizado por inflación extremadamente baja, salarios contenidos y una política monetaria expansiva destinada a estimular el consumo y la inversión. Sin embargo, la depreciación del yen y el aumento de los costos de importación modificaron el escenario. La inflación comenzó a trasladarse a los hogares mientras el crecimiento continuó siendo débil. El Banco de Japón enfrenta así un dilema clásico: si aumenta las tasas para contener los precios, puede profundizar el estancamiento; si mantiene una política monetaria expansiva, corre el riesgo de prolongar la pérdida del poder adquisitivo.

Los datos recientes muestran esa tensión. Aunque la inflación se ha moderado, el Banco de Japón reconoce que la depreciación del yen amplificó los shocks externos y que el vínculo entre precios y salarios está adquiriendo mayor persistencia. El FMI, por su parte, señala que los salarios nominales japoneses crecen, pero los salarios reales continúan bajo presión porque los precios avanzan más rápidamente.

El problema de fondo señalado por Roberts no es solamente monetario. La dificultad central es la insuficiencia de la acumulación privada. El Estado puede sostener la demanda mediante déficit y el Banco Central puede abaratar el crédito, pero ninguna de esas políticas garantiza que el capital privado encuentre condiciones suficientes de rentabilidad para ampliar la inversión productiva. De allí surge una contradicción decisiva: pueden coexistir beneficios empresariales elevados, abundante liquidez y una economía con escaso dinamismo.

La comparación con Argentina

La experiencia japonesa resulta particularmente interesante para Argentina, aunque ambas economías se encuentran en posiciones estructurales muy diferentes.

Japón llega a esta situación desde el centro del capitalismo mundial: posee una enorme base industrial, alta productividad, grandes activos financieros y una elevada capacidad de ahorro interno. Argentina, en cambio, es una economía periférica y dependiente, condicionada por la restricción externa, la escasez de divisas y una estructura productiva con fuerte peso de las actividades primarias y extractivas.

Sin embargo, existe una semejanza fundamental: en ambos casos aparece el límite de creer que una determinada política monetaria puede resolver por sí misma los problemas de la acumulación capitalista.

El programa de Javier Milei parte de una hipótesis casi inversa a la japonesa. Mientras Japón intentó durante años estimular la economía mediante dinero barato y gasto público, Argentina busca disciplinar la inflación mediante ajuste fiscal, tasas reales elevadas, restricción monetaria y un tipo de cambio que el Gobierno procura mantener relativamente estable. La expectativa oficial es que la estabilización genere confianza, reduzca el riesgo y finalmente desencadene inversión privada.

Pero el caso japonés permite introducir una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la rentabilidad financiera o empresarial no se transforma en inversión productiva suficiente?

En Argentina, la mejora de determinados indicadores financieros puede coexistir con una demanda interna debilitada por la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones, el aumento del endeudamiento de los hogares y la contracción del gasto público. El problema no es solamente cuánto gana una empresa, sino qué hace con esa ganancia: si amplía capacidad productiva, incorpora tecnología y empleo, o si privilegia posiciones financieras, recomposición patrimonial, distribución de dividendos o actividades de rentabilidad rápida.

Desde esta perspectiva, Japón ofrece una advertencia que trasciende las diferencias entre ambas economías. El ajuste sobre los trabajadores puede mejorar determinados indicadores de costos, pero no garantiza por sí mismo un ciclo expansivo. Para que exista acumulación sostenida debe existir inversión productiva y, en última instancia, una expectativa de realización de esas mercancías en el mercado.

La cuestión distributiva resulta entonces central. En Japón, el desafío consiste en conseguir que los aumentos nominales de salarios superen de manera sostenida la inflación para recuperar el consumo. El propio Banco de Japón considera que la estabilidad depende de que salarios y precios entren en un ciclo ascendente relativamente equilibrado.

En Argentina ocurre algo diferente pero relacionado: la estrategia antiinflacionaria se apoya fuertemente en la contención del salario y de la demanda. La estabilidad de precios puede mejorar mientras se deterioran las condiciones materiales de amplios sectores sociales. El resultado puede ser una desinflación acompañada de contracción económica, en lugar de una expansión basada en mayores ingresos populares.

La comparación permite, por lo tanto, escapar de una falsa dicotomía entre Estado y mercado. Japón demuestra que el Estado puede sostener durante mucho tiempo la demanda sin resolver el problema de la acumulación; Argentina muestra que el ajuste puede mejorar las variables financieras sin garantizar una expansión de la inversión productiva.

La pregunta decisiva no es simplemente si baja o sube la inflación, ni si el Estado tiene déficit o superávit. La cuestión es quién absorbe el costo del ajuste, quién captura las ganancias de la estabilización y si esas ganancias se convierten efectivamente en inversión, empleo y expansión de la capacidad productiva.

Japón constituye así una advertencia para Argentina: la estabilidad macroeconómica no equivale automáticamente a desarrollo, del mismo modo que la rentabilidad empresarial no equivale necesariamente a acumulación productiva. Cuando ambas dimensiones se separan, una economía puede alcanzar estabilidad financiera y, simultáneamente, profundizar el estancamiento y la desigualdad.

La paradoja japonesa y la experiencia argentina convergen finalmente en una cuestión más profunda: el capitalismo puede modificar sus instrumentos de política económica, pero no puede eliminar mediante tasas de interés, emisión, ajuste fiscal o devaluación la contradicción fundamental entre rentabilidad privada y reproducción social.

El artículo «Monetary Policy and Capitalism», de Jan Toporowski, publicado en la edición de julio-agosto de 2026 de Monthly Review, desarrolla una crítica marxista a la idea dominante de que la política monetaria es el principal instrumento para regular el capitalismo contemporáneo. El autor denomina este paradigma «dominancia de la política monetaria»

El aporte de Toporowski consiste en cuestionar la creencia de que los bancos centrales poseen la capacidad de «administrar» el capitalismo mediante el manejo de las tasas de interés. Su tesis es que la política monetaria opera sobre la superficie financiera del sistema, mientras que la dinámica profunda depende de la acumulación de capital, la rentabilidad esperada y las relaciones sociales de producción. En ese sentido, la inflación, las crisis y el crecimiento no pueden entenderse aisladamente como fenómenos monetarios, sino como manifestaciones de las contradicciones estructurales del capitalismo contemporáneo.

Si se aplica la tesis de Jan Toporowski al proyecto de «blindaje» del Banco Central impulsado por el gobierno de Javier Milei, emerge una crítica profunda que va más allá del debate sobre la autonomía institucional del BCRA. No se trata de discutir únicamente si un banco central independiente es deseable, sino de preguntarse qué problemas puede resolver realmente la política monetaria y cuáles exceden completamente su alcance.

El proyecto oficial busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro y reforzar su independencia respecto del poder político, con el objetivo declarado de evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. La iniciativa se inscribe en una concepción según la cual la estabilidad de precios depende, ante todo, de reglas monetarias estrictas y de la autonomía del banco emisor.

Desde la perspectiva de Toporowski, ese diagnóstico parte de un supuesto discutible: que el Banco Central constituye el principal instrumento para gobernar el capitalismo contemporáneo. El economista sostiene precisamente lo contrario: la llamada «dominancia de la política monetaria» exagera la capacidad de las tasas de interés y de los bancos centrales para determinar la inversión, el crecimiento y el empleo. En última instancia, la dinámica capitalista depende de la acumulación de capital y de las expectativas de rentabilidad, no de decisiones monetarias aisladas.

El blindaje institucional no garantiza el desarrollo

Desde esta óptica, el blindaje del Banco Central podría fortalecer la credibilidad financiera del país frente a acreedores e inversores, pero no garantiza por sí mismo:

mayores niveles de inversión productiva;
creación de empleo;
incremento de la productividad;
transformación de la estructura productiva;
reducción de la restricción externa.

Un Banco Central jurídicamente independiente puede contribuir a estabilizar variables nominales, pero carece de instrumentos para modificar las decisiones de inversión privada cuando las expectativas de rentabilidad son bajas.

La prioridad del capital financiero

La crítica adquiere mayor profundidad cuando se incorpora el concepto de financiarización, central en la obra de Toporowski.

En economías altamente financiarizadas, las decisiones del Banco Central afectan principalmente:

el precio de los activos financieros;
el rendimiento de los bonos;
el costo del crédito;
los flujos internacionales de capital.

Su influencia sobre la economía real resulta mucho más indirecta. En consecuencia, un Banco Central blindado puede terminar funcionando principalmente como una institución destinada a garantizar la estabilidad de los mercados financieros antes que la expansión de la producción y el empleo.

La cuestión de la soberanía democrática

Existe además una dimensión política.
Blindar constitucional o legalmente al Banco Central supone retirar del debate democrático una parte sustancial de la política económica.
Los defensores de esa autonomía sostienen que ello evita el uso electoral de la emisión monetaria y fortalece la credibilidad.
Sin embargo, puede interpretarse como una despolitización de decisiones que tienen efectos distributivos. Las tasas de interés, el acceso al crédito, la administración de reservas y la regulación financiera no son instrumentos neutrales: benefician o perjudican de manera diferente a sectores sociales y económicos.

Resumiendo mucho: En Argentina, es obvio que la inflación no responde exclusivamente a fenómenos monetarios. Diversos estudios identifican un conjunto de factores que interactúan:

restricción externa y fuga de capitales
volatilidad cambiaria;
concentración económica;
formación oligopólica de precios;
puja distributiva;
expectativas;
dinámica fiscal y monetaria.

Desde la perspectiva de Toporowski, concentrar la estrategia antiinflacionaria casi exclusivamente en un Banco Central independiente corre el riesgo de transformar un problema estructural en uno puramente monetario.

El blindaje del Banco Central puede interpretarse como una forma de institucionalizar la primacía del capital financiero sobre otras prioridades de política económica. Al limitar la capacidad del Estado para coordinar políticas monetarias, fiscales e industriales, se reduce el margen de intervención de gobiernos futuros, incluso si cuentan con legitimidad electoral para impulsar otra estrategia de desarrollo.

En este sentido, la tesis de Toporowski no implica negar la importancia de la estabilidad monetaria. Su planteo es diferente: la estabilidad de una economía capitalista no puede descansar exclusivamente sobre el Banco Central, porque los determinantes fundamentales del crecimiento son la inversión, la estructura productiva, la distribución del ingreso y la acumulación de capital. Cuando estos factores permanecen estancados, la autonomía del banco central puede preservar la estabilidad financiera, pero difícilmente genere desarrollo sostenido o mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Después de cuestionar las teorías monetaristas y keynesianas en la primera parte de la serie, Roberts dirige ahora su análisis hacia las interpretaciones heterodoxas. Su tesis central es que, aunque estas corrientes identifican problemas reales del capitalismo, no logran explicar de manera consistente el origen de la inflación.

El autor examina principalmente dos enfoques.

El primero sostiene que la inflación es consecuencia del poder monopólico de las grandes empresas, que elevan sus márgenes de ganancia («mark-up inflation»). Roberts reconoce que la concentración económica permite a las corporaciones apropiarse de una mayor parte del excedente, pero objeta que ello no explica por qué los precios aumentan de forma generalizada en determinados períodos y no de manera permanente. Si el monopolio fuera la causa suficiente, argumenta, la inflación debería ser constante en todas las economías capitalistas altamente concentradas.

El segundo enfoque interpreta la inflación como resultado del conflicto distributivo entre capital y trabajo. Según esta visión, empresas y trabajadores intentan preservar o ampliar su participación en el ingreso nacional, generando una espiral de precios y salarios. Roberts considera que esta explicación invierte la relación causal. Retomando a Marx, sostiene que los salarios suelen reaccionar al aumento previo de los precios y no ser su detonante inicial. En consecuencia, el conflicto distributivo puede amplificar la inflación, pero no constituye su origen fundamental.

El debate resulta especialmente pertinente para La Argentina. La narrativa oficial suele atribuir la inflación exclusivamente a la emisión monetaria, mientras que buena parte del pensamiento heterodoxo opositor la relaciona con la concentración económica, la puja distributiva y las devaluaciones o asume posiciones neokeynesianas obsoletas que siempre concluyen en devaluaciones del tipo de cambio y empobrecimiento popular.

El enfoque de Roberts invita a ir un paso más allá: preguntarse por qué esas tensiones aparecen de manera recurrente en economías capitalistas periféricas y cuál es la relación entre la acumulación de capital, la rentabilidad y la dinámica de los precios.

Esto desplaza la discusión desde las políticas monetarias y heterodoxas coyunturales hacia las contradicciones estructurales del capitalismo y supone que cualquier modelo económico social alternativo supone fuerte conflicto de intereses con el bloque en el poder – incluídos obviamente los organismos de crédito internacionales – por parte del poder político esto es actuar según lo indica "la marchita", pero completa en un momento donde es posible pensar en el fin del trabajo asalariado que, por caso, reestructurar la deuda impagable.

En ese sentido, el artículo constituye una crítica tanto al monetarismo dominante como a las explicaciones heterodoxas que, según Roberts, describen correctamente algunos mecanismos pero no alcanzan a identificar la causa fundamental de la inflación. Esa explicación será desarrollada en la tercera parte de la serie mediante su propuesta de una «teoría del valor de la inflación», elaborada junto con Guglielmo Carchedi.

La campaña antiargentina que lleva adelante el gobierno nacional pisa el acelerador cada día. El artículo "Ser Batavia" plantea una tesis central: el gobierno de Javier Milei no estaría impulsando únicamente un programa de ajuste económico, sino una transformación estructural del Estado argentino orientada a subordinar el país a los intereses del capital financiero y tecnológico global. La referencia a Batavia —la antigua capital de las Indias Orientales Holandesas, hoy Yakarta— funciona como metáfora de una colonia administrada en beneficio de corporaciones extranjeras antes que de su propia población.

Desde esa perspectiva, el autor sostiene que existe una arquitectura legislativa coherente integrada por el DNU 70/23, la Ley Bases, las reformas fiscales, laborales y ambientales, y una nueva serie de proyectos de ley que profundizarían ese rumbo. El argumento es que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino partes de un mismo programa destinado a reducir la capacidad regulatoria del Estado, favorecer la concentración económica y garantizar rentabilidad al gran capital internacional.

Uno de los ejes más importantes del texto es la cuestión de la tierra y los recursos naturales. El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" es presentado como un mecanismo para eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros, facilitar el acceso a zonas de frontera, glaciares y reservas de agua, y debilitar la protección jurídica de comunidades indígenas, campesinos e inquilinos rurales. El artículo interpreta estas reformas como un nuevo ciclo de extranjerización del territorio argentino.

En la misma dirección ubica al denominado Súper RIGI, que ampliaría los beneficios otorgados a grandes inversiones en minería, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energías renovables. Según el texto, la combinación de estabilidad fiscal por treinta años, libre disponibilidad de divisas, baja carga tributaria y posibilidad de acudir al CIADI consolidaría un régimen excepcional favorable a grandes conglomerados internacionales.

Otro aspecto novedoso es la crítica a la propuesta de crear una "sociedad automatizada", es decir, una persona jurídica administrada por algoritmos. El artículo contrapone esa iniciativa con la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cita la advertencia atribuida al historiador israelí Yuval Noah Harari, según la cual Buenos Aires correría el riesgo de convertirse no en una nueva Ámsterdam sino en una nueva Batavia: un espacio gobernado crecientemente por corporaciones tecnológicas antes que por instituciones democráticas.

También ocupa un lugar destacado la crítica a la denominada Inocencia Fiscal II, que, según el autor, invierte la carga de la prueba en materia tributaria y limita las capacidades de fiscalización del Estado, al tiempo que amplía beneficios para grandes patrimonios y funcionarios públicos.

Respecto del sistema financiero, el artículo sostiene que las modificaciones proyectadas para la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a consolidar un esquema donde los bancos financian crecientemente al Tesoro mediante instrumentos como LECAP y BONCAP. El texto cuestiona la idea oficial de independencia monetaria y afirma que el sistema financiero destina una porción sustancial de su capacidad crediticia al financiamiento de la deuda pública antes que a la economía productiva.

Finalmente, el artículo interpreta la política de recortes presupuestarios, paralización de obra pública y vetos presidenciales como una estrategia de "shutdown" del Estado. En lugar de limitarse al equilibrio fiscal, el objetivo sería reducir permanentemente las funciones estatales en educación, salud, infraestructura, previsión social y federalismo fiscal.

El texto ofrece una interpretación coherente basada en la teoría de la dependencia y en los enfoques sobre financiarización del capitalismo. Su principal fortaleza consiste en vincular distintas reformas dentro de un mismo proyecto político, en lugar de analizarlas aisladamente.

En este sentido, la metáfora de Batavia resulta potente porque resume la hipótesis central del artículo: la Argentina estaría transitando desde un modelo de Estado nacional hacia otro donde las decisiones estratégicas sobre recursos naturales, infraestructura, sistema financiero y desarrollo tecnológico quedan crecientemente condicionadas por intereses corporativos transnacionales, mientras disminuye la capacidad soberana de las instituciones democráticas para regular esos procesos. ¿Se van entendiendo los alcances de "la campaña antialgentina"?

El artículo de Michael Roberts, «Theories of inflation: part one – the mainstream», constituye la primera entrega de una serie dedicada a confrontar las principales explicaciones de la inflación. Su objetivo es mostrar que las teorías dominantes —aunque difieren entre sí— comparten un rasgo central: sitúan el origen de la inflación en problemas de la circulación monetaria, la demanda agregada o las expectativas, dejando en un segundo plano las relaciones de producción y la dinámica de la rentabilidad del capital.

El debate adquiere especial relevancia para Argentina. Durante el gobierno de Javier Milei, la narrativa oficial ha combinado elementos monetaristas —la emisión como causa principal de la inflación— con una fuerte apuesta a la credibilidad del programa económico.

Sin embargo, persisten factores estructurales como la concentración de mercados, la restricción externa potenciada por la fuga de capitales récord durante su gobierno, la formación oligopólica de precios y la puja distributiva que difícilmente pueden reducirse únicamente a la cantidad de dinero en circulación.

En ese sentido, el artículo de Roberts cuestiona la idea de que la estabilidad de precios dependa exclusivamente del ajuste monetario y fiscal, e invita a analizar la inflación como una expresión de las contradicciones del proceso de acumulación capitalista, más que como un simple desequilibrio técnico entre dinero y bienes.

El artículo de Michael Roberts, "EU companies: a ‘capitalism of rent’?", retoma un informe dirigido por Mariana Mazzucato para explicar el estancamiento económico europeo a partir de una tesis central: el capitalismo de la Unión Europea ha evolucionado hacia un modelo donde predominan las rentas sobre la inversión productiva. Roberts coincide en gran medida con ese diagnóstico, aunque lo interpreta desde una perspectiva marxista más amplia.

Europa enfrenta una creciente pérdida de dinamismo económico. Un informe coordinado por Mariana Mazzucato sostiene que el problema no radica en un exceso de regulaciones ni en los salarios, sino en un capitalismo que privilegia la captura de rentas antes que la inversión productiva. Michael Roberts retoma ese diagnóstico y lo inserta en una crítica más profunda al funcionamiento del capitalismo contemporáneo.

Desde una óptica marxista, Roberts sostiene que la desaceleración refleja las contradicciones propias de una economía donde conviven mecanismos de mercado con una fuerte planificación estatal.
A diferencia de las economías capitalistas occidentales, argumenta, el Estado chino conserva herramientas para orientar el crédito, sostener la inversión estratégica y evitar que las crisis financieras deriven en colapsos generalizados del empleo o del sistema bancario.

El desafío central pasa por elevar los ingresos de los hogares y fortalecer la demanda interna sin abandonar la inversión pública ni la estrategia de desarrollo tecnológico.

Para Roberts, la desaceleración china constituye un reacomodamiento estructural, no el inicio de una crisis terminal. El crecimiento probablemente continúe siendo menor que el de décadas anteriores, pero China seguiría expandiéndose por encima de la mayoría de las grandes economías mientras consolida un patrón de desarrollo basado en innovación, industria de alta tecnología y planificación estatal. La discusión, concluye, no es si China "colapsa", sino cómo gestiona las tensiones propias de su nueva etapa de desarrollo.