El texto de Emilia Trabucco plantea que el atentado contra Cristina Kirchner fue un síntoma de una crisis democrática más profunda: la persistencia de estructuras judiciales y políticas capaces de sobrevivir a gobiernos y denuncias públicas. Cuatro años después, la bala no salió, pero la estructura de poder sigue intacta y con mayor capacidad de intervención en la Argentina.
Este artículo de Sgarzini tiene un eje muy potente : Malvinas, petróleo, Israel y el alineamiento geopolítico de Milei. Sgarzini sostiene que Navitas Petroleum controla el 65% del proyecto Sea Lion junto a la británica Rockhopper, y que la inversión avanzó mientras el Gobierno argentino no adoptaba nuevas medidas administrativas o judiciales para frenarla.
El presente artículo establece un análisis comparativo y crítico entre el colapso criosférico ocurrido en el pico Langtang Lirung (Nepal) en agosto de 2026 y las implicancias ambientales derivadas de la reforma a la Ley Nacional de Glaciares en la República Argentina (promulgada como Ley 27.804 en abril de 2026). Se sostiene que la flexibilización de la tutela jurídica sobre el ambiente periglacial, motivada por lógicas de desregulación económica, incrementa de manera exponencial los riesgos de inestabilidad geológica y estrés hídrico crónico en las cuencas andinas, desoyendo las advertencias empíricas que los desastres en el Himalaya imponen a la gobernanza climática global. Finalmente, se examina la reciente ola de demandas colectivas e impugnaciones constitucionales que buscan frenar la aplicación de la nueva norma. En la apertura: ¿Cual fue el origen de la catástrofe que arrasó un valle en Nepal y ha dejado una terrible lista de víctimas y desaparecidos? ¿Se podría haber evitado? ¿Hay más lugares en el mundo donde puede ocurrir esto mismo?
El ICE está construyendo una gigantesca reserva genética de migrantes que alimenta la principal base de ADN criminal de Estados Unidos. Lo que comienza como política de control fronterizo abre una nueva fase del capitalismo de vigilancia: la apropiación estatal de información biológica de poblaciones vulnerables para usos policiales presentes y futuros. La comparación con Milei es pertinente, pero hay que hacerla con precisión: Argentina no está en el punto del “saqueo genético” del ICE que describe Sgarzini; está avanzando en la construcción de una infraestructura de vigilancia biométrica, digital y migratoria que podría constituir el sustrato para una expansión futura.
La similitud más importante no está todavía en el ADN, sino en la lógica política. Trump convierte al migrante en objeto privilegiado de extracción de información biológica; Milei está desplazando la cuestión migratoria desde un paradigma de derechos hacia uno de seguridad, control e inteligencia. El DNU 366/2025 endureció el régimen migratorio y el Gobierno incorporó mecanismos de autenticación biométrica en los pasos fronterizos.
El paralelismo se vuelve más significativo cuando se observa la expansión de las tecnologías de vigilancia en Argentina. En 2024-2025 el Gobierno incorporó herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes y plataformas de análisis de información; además, en 2026 se informó sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de cruzar información proveniente de distintos organismos estatales.
La cuestión de fondo es quién controla esos datos y para qué. Una base biométrica no es simplemente una herramienta administrativa: cuando se articula con inteligencia artificial, reconocimiento facial, información migratoria, antecedentes, redes sociales y bases estatales, puede convertirse en una infraestructura de clasificación y vigilancia de la población.
Y aquí aparece una diferencia importante entre Trump y Milei. En Estados Unidos, el dispositivo tiene una escala y una acumulación genética muy superiores. En Argentina, el proceso está más avanzado en el terreno de la biometría, la vigilancia digital y la securitización de la migración. El peligro no reside entonces en afirmar que Milei ya está haciendo lo mismo que ICE, sino en advertir que se está construyendo una arquitectura tecnológica compatible con una expansión de esas prácticas.
Hay además una dimensión de clase particularmente clara. La población migrante pobre constituye el primer objetivo de esta transformación. El Gobierno ha endurecido los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina y ha asociado crecientemente migración, seguridad y criminalidad. Paralelamente, mantiene mecanismos destinados a facilitar la radicación de extranjeros que aporten capital.
Es decir: fronteras más cerradas para el migrante pobre y puertas selectivamente abiertas para el capital extranjero.
Ese contraste permite formular una hipótesis política más amplia: el neoliberalismo de Milei no elimina al Estado; lo reconfigura y amplía. Reduce sus funciones sociales y amplía sus capacidades de vigilancia, identificación, disciplinamiento y protección de la propiedad.
La comparación con el modelo Trump resulta entonces reveladora: el Estado que se retira de la protección social reaparece fortalecido como Estado policial, fronterizo y tecnológico.
El ADN es apenas el límite extremo de una transformación más amplia: cuando el Estado deja de garantizar derechos y comienza a clasificar cuerpos, migrantes y ciudadanos mediante tecnologías de vigilancia, la información personal se convierte en un nuevo recurso estratégico del poder.
¿Cuánto falta para que la biometría migratoria, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y las bases de datos estatales dejen de ser instrumentos administrativos y se conviertan en una verdadera infraestructura de vigilancia social?
Apenas días después de la muerte de dos trabajadores en Vaca Muerta, el nuevo acuerdo de productividad entre el sindicato petrolero y las empresas vuelve a poner en el centro una contradicción decisiva: cuando el salario premia la reducción de los tiempos de operación, la seguridad puede quedar subordinada a la presión por producir más y más rápido. En una actividad de alto riesgo, los cuerpos de los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de la productividad. Los dos operarios muertos recuerdan brutalmente cuál puede ser el costo humano de esa lógica.
El caso del empresario argentino Fernando Cerimedo expone una compleja infraestructura transnacional que conecta campañas electorales, plataformas digitales de desinformación y cabildeo de alto nivel entre América Latina y Estados Unidos.
Base de operaciones en Florida: En mayo de 2023, Cerimedo creó en Miami la empresa NUMEN Advisors LLC, estableciendo un centro corporativo estratégico durante la campaña presidencial argentina.
El puente con Washington: Mediante un contrato con Damián Merlo (firma Latin America Advisory Group), registrado bajo la ley FARA, la red gestionó la proyección de Javier Milei en EE. UU., incluyendo la coordinación de su entrevista con Tucker Carlson y contactos clave en el Congreso y medios estadounidenses.
Acceso político e institucional: La estructura aprovechó la red de Merlo en el sur de Florida con figuras republicanas como Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart. Registros de FARA revelan reuniones presenciales con altos funcionarios del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa.
Estrategia y expansión mediática: Con plataformas como La Derecha Diario y UHN Plus, la red ha participado en la estrategia digital y campañas de desinformación de diversos procesos regionales (Jair Bolsonaro en Brasil, el Rechazo en Chile, entre otros).
Miami no actúa como un mero domicilio comercial, sino como el nodo central y retaguardia desde donde se articulan las operaciones mediáticas y el lobbying de la nueva derecha en la región.
El caso de Lionel Messi, Taylor Swift, Kanye West y otras celebridades protegidas por exintegrantes de los servicios de seguridad e inteligencia israelíes revela un fenómeno que excede ampliamente al mundo del espectáculo: la privatización global de capacidades desarrolladas originalmente por los Estados.
Exmilitares y exagentes de unidades especiales israelíes trasladan al mercado privado conocimientos adquiridos en estructuras militares y de inteligencia. La seguridad deja así de ser exclusivamente una función estatal para convertirse en una mercancía de lujo destinada, fundamentalmente, a quienes pueden pagarla.
Desde una perspectiva de clase, el fenómeno resulta particularmente significativo. Mientras la seguridad social y económica se debilita para amplios sectores de la población, las grandes fortunas pueden acceder a dispositivos personalizados de protección, vigilancia e inteligencia. La desigualdad también se expresa en quién puede comprar seguridad y qué tipo de seguridad puede comprar.
El caso israelí muestra, además, cómo la experiencia militar puede transformarse en capital económico y simbólico: la reputación adquirida en operaciones de inteligencia y contraterrorismo se convierte posteriormente en una marca comercial dentro de la industria privada de seguridad.
La cuestión central, entonces, no es la nacionalidad de los guardaespaldas, sino el proceso mediante el cual capacidades estatales de inteligencia, vigilancia y protección son privatizadas y comercializadas globalmente.
La secuencia es clara: Estado, inteligencia, experiencia militar, privatización y mercado.
La seguridad de las celebridades constituye apenas la superficie de un fenómeno mucho mayor: la construcción de una industria transnacional destinada a proteger a las élites económicas y culturales. La guerra produce capacidades; el mercado las convierte en mercancías; y las desigualdades sociales determinan quién puede acceder a ellas.
El artículo de Bruno Sgarzini pone el foco en un caso especialmente revelador de la relación entre poder político, capital tecnológico y Estado: Trump compró acciones de Palantir y posteriormente salió públicamente a defender la cotización de la empresa. Los registros muestran compras por cientos de miles de dólares durante el primer trimestre de 2026, mientras Palantir se beneficiaba de contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense.
El punto político de fondo es más importante que la operación bursátil: la administración Trump aparece como un espacio donde se entrecruzan decisiones estatales, intereses empresariales y valorización financiera. Palantir, fundada con financiamiento de la CIA y estrechamente vinculada al aparato de seguridad estadounidense, se convirtió en un proveedor estratégico de software para vigilancia, inmigración y defensa.
Trump no sólo gobierna: también invierte en empresas que se benefician de las políticas de su propia administración. El caso Palantir expone la creciente fusión entre Estado, capital tecnológico y complejo militar-securitario estadounidense, donde los contratos públicos alimentan las ganancias privadas y las decisiones del poder político pueden impactar directamente sobre la valorización financiera de las corporaciones.
Hay una hipótesis comparativa potente, pero conviene formularla con rigor: no afirmar que ambos atentados forman parte de una misma estructura criminal, porque eso todavía no está probado y en La Argentina jamás se probará, se trata de señalar las regularidades de método, reclutamiento y contexto político que justifican investigar una eventual matriz regional de violencia de ultraderecha.
Cerimedo de fuertes vínculos con la familia Caputo fue detenido en Bolivia y es investigado por su presunta relación con el ataque contra Beller. Reuters y The Guardian coinciden en que los atacantes utilizaron disfraces de repartidores y que la investigación contempla la hipótesis de un ataque planificado. Reclutamiento de lúmpenes, operativos precarios, investigaciones ausentes, borramiento de pruebas y redes regionales de ultraderecha impulsando el retorno de la violencia política y no solo narrativa.
El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.
El artículo "Turnos nocturnos, mataderos y niños" de Bruno Sgarzini propone una reflexión sobre un aspecto poco visible de la transformación del capitalismo contemporáneo: cómo la organización del trabajo termina reconfigurando la vida familiar, el cuidado infantil y la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.
Lejos de presentar el trabajo nocturno como una simple modalidad laboral, el texto lo interpreta como el síntoma de un modelo económico que extiende la lógica de la producción durante las veinticuatro horas del día. Cuando la economía funciona sin pausas, también exige trabajadores disponibles permanentemente, trasladando los costos de esa disponibilidad a las familias.
El artículo recupera la imagen histórica de los mataderos y de los turnos industriales para mostrar que, aunque las tecnologías hayan cambiado, persiste un problema estructural: el tiempo del capital y el tiempo de la vida no coinciden. Mientras las empresas buscan maximizar la utilización de instalaciones y equipos mediante turnos continuos, las necesidades de cuidado de niños, descanso, educación y sociabilidad quedan subordinadas a esa lógica.
Desde esa perspectiva, la ausencia de jardines maternales nocturnos o de políticas públicas de cuidado deja de ser una simple deficiencia administrativa para convertirse en una manifestación de una contradicción más profunda. La economía necesita trabajadores disponibles de noche, pero no garantiza las condiciones sociales que permitan sostener esa disponibilidad. El resultado es que las familias —y especialmente las mujeres— absorben gratuitamente ese costo mediante redes informales de cuidado, sobrecarga doméstica
La aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial en China abrió una nueva grieta dentro del poder económico y político de Estados Unidos. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, cuestionó a la administración de Donald Trump por impulsar regulaciones basadas en temores sobre los riesgos futuros de la IA y advirtió que una estrategia excesivamente restrictiva puede terminar debilitando la competitividad estadounidense frente a Pekín.
El detonante de la polémica fue la irrupción de Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa china Moonshot AI, cuyo rendimiento y bajo costo sorprendieron a la industria tecnológica. Su aparición reavivó en Washington el debate sobre la conveniencia de limitar el acceso a modelos abiertos provenientes de China por razones de seguridad nacional.
Huang sostuvo que la regulación no debe quedar en manos de un reducido grupo de empresas que buscan preservar sus posiciones dominantes. En ese punto, marcó diferencias con compañías como OpenAI y Anthropic, que impulsan mayores controles sobre el desarrollo y la difusión de modelos avanzados de IA.
Detrás de la discusión técnica se esconde una disputa económica de enorme magnitud. Mientras Nvidia necesita un mercado global abierto para expandir la venta de sus procesadores, otros gigantes de la inteligencia artificial consideran que endurecer las regulaciones y restringir la competencia china es clave para mantener su liderazgo.
La controversia refleja uno de los principales dilemas de la estrategia estadounidense: cómo contener el avance tecnológico de China sin frenar la capacidad de innovación de sus propias empresas. La aparición de modelos chinos cada vez más competitivos demuestra que la carrera por la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los escenarios centrales de la competencia geopolítica entre las dos mayores potencias del mundo.
Más allá del caso británico, el artículo presenta a Palantir como un ejemplo del nuevo poder de las grandes empresas tecnológicas: compañías privadas que dejan de ser simples proveedoras de software para convertirse en infraestructura crítica del Estado. Desde esta perspectiva, la cuestión ya no es únicamente tecnológica sino profundamente política: quién controla los datos, quién toma las decisiones sobre ellos y hasta qué punto un Estado conserva su soberanía cuando funciones estratégicas quedan en manos de corporaciones vinculadas al complejo tecnológico-militar estadounidense. En la apertura Varoufakis sobre Palantir en GAZA donde hizo lo contratado por el estado sionista.
La periodista y politóloga Luciana Bertoia analizó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y advirtió sobre la consolidación de una estructura corporativa que trasciende a los gobiernos de turno. En diálogo con Pablo Caruso en Gente Que Dice, sostuvo que el acelerado proceso de designación de jueces durante la gestión de Javier Milei, la persistencia de la denominada "familia judicial", la selectividad en los tiempos de la Justicia y el peso de los operadores informales reflejan un sistema de poder con lógica propia, capaz de condicionar la vida política e institucional del país.
La proliferación de cámaras inteligentes capaces de registrar cada movimiento de millones de vehículos reabre en Estados Unidos un debate crucial sobre los límites de la vigilancia estatal. Mientras sus defensores las presentan como herramientas para combatir el delito, sus críticos advierten que la recopilación masiva de datos sin sospecha previa erosiona la privacidad, favorece el control social y pone en tensión principios fundamentales de las democracias liberales tradicionales.
La imposibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner compita electoralmente vuelve a instalar un debate que trasciende su situación personal. El centro de la discusión no es jurídico, sino político: qué ocurre con la calidad de una democracia cuando una dirigente que representa a un amplio sector del electorado queda fuera de la competencia.
Desde esta perspectiva, una elección puede desarrollarse dentro de la legalidad y, sin embargo, ofrecer una representación política incompleta. Autores como Robert Dahl sostuvieron que la democracia requiere no solo elecciones periódicas, sino también competencia efectiva entre alternativas reales. Guillermo O’Donnell y Norberto Bobbio agregaron que la legitimidad democrática depende de que los derechos políticos puedan ejercerse en igualdad de condiciones y de que los ciudadanos dispongan de opciones genuinas entre las cuales elegir.
La discusión, por lo tanto, excede a Cristina Fernández de Kirchner. Remite a una pregunta más amplia: ¿puede alcanzar plena legitimidad un gobierno surgido de una elección en la que una parte significativa de la sociedad considera que su principal referencia política no pudo participar?
La historia argentina ofrece antecedentes que alimentan ese interrogante. Durante la proscripción del peronismo, los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia no lograron completar un ciclo institucional estable. También en 1973, aunque el Partido Justicialista volvió a competir, Juan Domingo Perón permanecía impedido de ser candidato, lo que derivó en una salida transitoria con la candidatura de Héctor Cámpora antes del regreso definitivo del líder justicialista.
Las diferencias históricas son evidentes, pero la enseñanza resulta pertinente: cuando amplios sectores perciben que la competencia electoral está limitada, la legitimidad del sistema político tiende a resentirse.
En un contexto de fuerte deterioro económico y social, el próximo gobierno argentino enfrentará desafíos extraordinarios. Si, además, una parte importante del electorado considera que la competencia fue restringida, la gobernabilidad podría comenzar condicionada desde el primer día. Ese es, en definitiva, el núcleo del debate sobre la proscripción: no solo el destino de un liderazgo popular, sino la calidad de la democracia argentina.
Cierra, una consecuencia del régimen de democracia tutelada, objetivo largamente buscado por facciones del poder económico de La Argentina: ¿Caramelos o aviones? se preguntaba Martrinez de Hoz a mediado de los años 70, sobre la capacidad productiva de nuestro país , veamos la respuesta que da el actual gobierno: La reprimarización de la economía, ¿Dulce de leche o el Carem?
El artículo de Jacobin, titulado "The Iran War Had Plenty of Cheerleaders in the Media. We Shouldn't Forget How Spectacularly, Destructively Wrong They Were", constituye una crítica al papel desempeñado por buena parte del establishment mediático estadounidense durante la guerra con Irán y a la posterior ausencia de autocrítica cuando muchas de las justificaciones de la intervención quedaron desmentidas por los hechos. La tesis central del artículo es que el verdadero problema no reside únicamente en que numerosos analistas hayan apoyado una guerra que terminó mostrando resultados muy distintos a los prometidos. Lo preocupante, según Jacobin, es que el sistema político-mediático estadounidense reproduce cíclicamente los mismos incentivos: las voces que impulsan la intervención militar conservan prestigio y espacio público incluso cuando sus diagnósticos fracasan, mientras que las posiciones críticas suelen quedar marginadas hasta que el conflicto ya ha producido consecuencias irreversible. ¡¡Por suerte en La Argentina esto no pasa!!
La tercera entrega de "250 Years: The United States – From Independence to Empire", publicada por el economista marxista Michael Roberts en The Next Recession, se concentra en la transformación de Estados Unidos desde una potencia industrial en ascenso hacia la principal potencia imperial del capitalismo mundial durante el siglo XX.
El texto sostiene que la expansión estadounidense no fue un producto accidental de su éxito económico sino una necesidad derivada de la acumulación de capital. A medida que la economía crecía, las empresas estadounidenses requirieron nuevos mercados, fuentes de materias primas, oportunidades de inversión y mecanismos para asegurar tasas de ganancia elevadas. En ese marco, el Estado pasó a desempeñar un papel decisivo en la protección de esos intereses.
Roberts describe cómo, tras la Guerra Hispano-Estadounidense, Estados Unidos comenzó a construir un imperio de ultramar mediante la ocupación o control de territorios como Puerto Rico, Filipinas y Guam. Paralelamente consolidó su influencia sobre América Latina mediante intervenciones militares, ocupaciones y respaldo a gobiernos favorables a sus intereses económicos.
El autor vincula este proceso con las interpretaciones clásicas del imperialismo desarrolladas por Vladimir Lenin y Rosa Luxemburg. Desde esa perspectiva, el imperialismo constituye una fase del capitalismo caracterizada por la concentración del capital, el predominio del capital financiero y la exportación de inversiones hacia el exterior.
La obra sostiene además que las dos guerras mundiales aceleraron el desplazamiento de Reino Unido como potencia hegemónica y consolidaron a Estados Unidos como el centro económico y financiero del sistema capitalista. Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington impulsó un nuevo orden internacional basado en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el sistema monetario de Acuerdos de Bretton Woods, instrumentos que, según Roberts, facilitaron la expansión global del capital estadounidense.
Otro eje del artículo es la estrecha relación entre poder económico y poder militar. El autor argumenta que el liderazgo internacional de Estados Unidos se sostuvo mediante una red mundial de bases militares, alianzas estratégicas y una capacidad de intervención que garantizó la estabilidad del orden económico favorable a sus corporaciones.
Finalmente, Roberts plantea que las contradicciones internas del capitalismo estadounidense —como la desaceleración de la productividad, la caída de la rentabilidad y el ascenso de competidores como China— anuncian el inicio de un período de declive relativo de la hegemonía estadounidense. No obstante, sostiene que ese debilitamiento no implica el fin inmediato de su predominio, sino una transición hacia un escenario internacional más conflictivo y multipolar, donde las disputas económicas, tecnológicas y militares adquieren un peso creciente.
En conjunto, la tercera parte completa el recorrido iniciado en las entregas anteriores: desde la independencia y la expansión continental hasta la constitución de Estados Unidos como la principal potencia imperial del capitalismo contemporáneo, interpretando esa evolución desde un enfoque de economía política marxista.
El artículo "Imperialism-Induced Fault Lines: The Venezuelan Earthquake", propone una lectura marcadamente política del terremoto que golpeó a Venezuela. Su tesis central es que la magnitud de la tragedia no puede explicarse únicamente por el fenómeno geológico, sino por el impacto acumulado de las sanciones, el bloqueo y la presión imperial sobre el Estado venezolano. El terremoto en Venezuela reabrió un debate político que trasciende la catástrofe natural. El desastre expuso cómo las sanciones y el bloqueo occidental profundizaron la vulnerabilidad del país, mientras que la organización popular heredada de la Revolución Bolivariana mostró capacidad de respuesta. La tragedia aparece así como una expresión simultánea de las fallas geológicas y de las fracturas del orden geopolítico contemporáneo. En el video de apertura, el pollitólogo e historiador venezolano William Serafino desde Caracas, analiza para el streaming Sinsonte la guerra desinformativa sobre la tragedia.
Ambos países firmaron un memorando para finalizar la guerra, pero la ofensiva de Israel en Líbano puede hacerlo fracasar. La guerra que prometió ganar en dos días fue un salvavidas de plomo para Trump. El acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán representa específicamente un intento de cerrar una guerra que resultó más costosa y prolongada de lo que esperaba la administración de Donald Trump. Sin embargo, su estabilidad depende de factores que exceden a los dos firmantes. El principal obstáculo es el papel de Benjamin Netanyahu y la continuidad de las operaciones israelíes en el sur del Líbano.
El memorando establece el cese de hostilidades, la apertura de una negociación de 60 días y compromisos vinculados al programa nuclear iraní, el levantamiento parcial de sanciones y la seguridad en el estrecho de Ormuz. A cambio, Washington habilitó temporalmente exportaciones petroleras iraníes y abrió la posibilidad de liberar fondos congelados.
Desde una perspectiva geopolítica, el acuerdo refleja que ninguno de los actores logró imponer una victoria decisiva. Estados Unidos evitó una escalada regional de consecuencias imprevisibles; Irán preservó la continuidad de su régimen y obtuvo alivios económicos parciales; mientras que Israel aparece como el actor más incómodo frente a una negociación que limita su margen de acción militar.
La cuestión central que muestra Luzzani es que la paz no depende únicamente de Washington y Teherán. Los bombardeos israelíes posteriores a la firma del acuerdo evidencian que el frente libanés sigue siendo un punto de ruptura potencial. Cada ataque amenaza con reactivar una dinámica bélica que podría arrastrar nuevamente a las potencias involucradas. La guerra finalmente no duró "cuatro días", no hubo "cambio de régimen", como prometió el Mossad y probablemente su final haya ingresado a una zona de indefinición estructural. En la apertura, Vance advierte sobre el "desamor". Un romántico finalmente el vice.