Categoría Salud

El Estado en demolición: El caso INMET

Por un ahorro fiscal marginal, el Gobierno está dispuesto a desmantelar una infraestructura científica construida durante años. El cierre del Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMeT) no es simplemente una medida de austeridad: expresa una decisión política sobre qué capacidades colectivas conserva el Estado, cuáles abandona y quién ocupa el espacio que deja vacío.

Según el análisis publicado por Monthly Review Online, el presupuesto del INMeT para 2025 rondaba los 617.692 dólares y el ahorro efectivo derivado de su cierre sería de aproximadamente 103.000 dólares anuales, descontando salarios que continuarían. A cambio, se desarticula una institución con 11 hectáreas, unos 10.000 metros cuadrados de laboratorios y equipamiento científico de alta complejidad. La desproporción revela que el problema no es contable: es político.

Ubicado en Puerto Iguazú, el INMeT investiga enfermedades tropicales y problemas epidemiológicos propios de una región fronteriza con Brasil y Paraguay. Su desmantelamiento retira capacidad científica del territorio donde cumple una función estratégica. Un laboratorio, una red de vigilancia o un investigador especializado no son partidas intercambiables: constituyen capacidades acumuladas durante años y difíciles de reconstruir cuando desaparecen.

El discurso del ajuste convierte esas capacidades en “gasto”. Pero el proyecto neoliberal no se limita a reducir el Estado: modifica la relación de fuerzas entre lo público y lo privado. Allí donde el Estado deja de producir conocimiento, investigación o capacidades sanitarias, el mercado gana espacio; y el mercado distribuye esos bienes según rentabilidad y capacidad de pago, no según necesidad social. La desigualdad, por tanto, no desaparece con el retiro estatal: cambia de forma.

La dimensión territorial y estratégica es inseparable de esa operación. Concentrar recursos en los grandes centros mientras se desarman instituciones instaladas en las regiones reproduce una estructura histórica: el centro conserva recursos y decisión; las periferias quedan con los problemas y pierden herramientas para resolverlos. Al mismo tiempo, un país que desmantela laboratorios, investigadores y sistemas de vigilancia aumenta su dependencia científica y tecnológica. La dependencia también se construye desde adentro cuando se renuncia a las capacidades que permiten reducirla.

Por eso el caso del INMeT excede a la institución. Expone un método: convertir lo público en una cifra de gasto, presentarlo como burocracia, justificar su eliminación en nombre de la eficiencia y ocultar que cada cierre también redistribuye capacidades y poder. La vieja fórmula de Margaret Thatcher —“no existe la sociedad”— encuentra aquí una traducción concreta: si sólo existen individuos, las instituciones que organizan respuestas colectivas pueden presentarse como obstáculos. Pero una epidemia no se enfrenta con individuos aislados ni una emergencia sanitaria se resuelve mediante el mercado.

Los gigantes no son los pequeños organismos públicos acusados de consumir recursos. El verdadero gigante es la capacidad colectiva que permite a una sociedad producir conocimiento, proteger su territorio y disputar su dependencia.

Cuando esa capacidad se destruye en nombre del ahorro, la pregunta decisiva no es cuánto dinero se economiza, sino qué intereses se fortalecen cuando aquello que fue construido colectivamente deja de ser considerado un bien común.

Tres casos de intento de desalojo de comunidades indígenas y campesinas en Peñas Negras (Catamarca), San Pedro (Misiones) y Lof Melo (Villa La Angostura)

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?

El Estado como socio de la adicción: cuando el mercado convierte la vulnerabilidad juvenil en negocio

La llamada “economía de la adicción” ya no puede pensarse como un fenómeno marginal: apuestas online, pornografía y consumos problemáticos se expanden al amparo de un capitalismo digital que convierte la vulnerabilidad social en negocio. Entre la desregulación, la precarización y el pragmatismo fiscal, el Estado corre el riesgo de pasar de garante de derechos a socio indirecto de industrias que lucran con la dependencia, mientras una generación de jóvenes queda atrapada entre el mercado, el endeudamiento y la ausencia de expectativas de futuro. En la apertura Tucker Carlson dialosga con Saagar Enjeti que habla sobre quiénes se están enriqueciendo con la destrucción de los hombres jóvenes en Estados Unidos.
Saagar Enjeti es el presentador de Breaking Points with Krystal and Saagar, disponible en YouTube y en tu plataforma de podcasts favorita. Saagar trabajó anteriormente en The Daily Caller como corresponsal en la Casa Blanca. En este reportaje es particularmente interesante porque nos muestra otra faceta de "hacia dónde estamos yendo" en nuestro país.

Mil días de Milei: Perfil de un psycho killer (fafafa)

El gobierno de Milei no sólo redujo la inflación y el déficit: modificó la distribución del ingreso y las relaciones de poder. El ajuste recayó sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, mientras el capital financiero y los sectores concentrados ampliaron su participación en el excedente. Mil días después, el experimento libertario deja una sociedad más desigual, hogares más endeudados y una Argentina nuevamente condicionada por la valorización financiera y la dependencia externa ya en fase colonial.

El auge del «complejo industrial del sarampión» y la deriva antivacunas de la derecha

Un análisis de Paul Krugman sobre las consecuencias del reciente decreto de Donald Trump orientado a reducir las vacunas infantiles recomendadas en EE. UU., enmarcado en el crecimiento del escepticismo médico dentro del movimiento MAGA y la extrema derecha.

Puntos centrales:

Políticas de salud en retroceso: Basándose en la teoría desmentida sobre el vínculo entre vacunas y autismo, la medida de la administración estadounidense reduce la cobertura preventiva de enfermedades como el sarampión, las paperas y la rubéola, impulsando el peor brote de casos de sarampión en las últimas décadas.

La paradoja del autismo: Mientras se atacan las vacunas sin base científica, la ciencia ha documentado una fuerte correlación entre el trastorno del espectro autista y la exposición a la contaminación atmosférica (combustibles fósiles), una agenda que el sector conservador desregula activamente.

Una brecha puramente partidista: Datos de encuestas como Gallup revelan que el rechazo a la efectividad y seguridad de la vacunación infantil no es un fenómeno generalizado, sino concentrado casi exclusivamente entre los votantes y simpatizantes republicanos.

El negocio de la desinformación: Detrás del discurso antivacunas existe un "complejo industrial" muy lucrativo: un ecosistema mediático de derecha alimentado por la venta de remedios milagrosos, suplementos sin evidencia y charlatanería médica que lucra cuestionando la ciencia tradicional.

La herencia de la pandemia: La reacción contra la acción colectiva durante el COVID-19 derivó en un movimiento antiintelectual y conspirativo generalizado que hoy amenaza los logros históricos de la medicina pública.

PD: Todo tiene ,obviamente, su réplica berreta en La Argentina de Milei y su banda.

¿Los votantes libertarios son unos pelotudos? Refutando a Coroniti

Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.

El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.

Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.

La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.

Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.

Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.

Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.

Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.

En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.

En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

Etiquetado frontal: No existen argumentos sanitarios para derogar la ley

La nota de Chequeado analiza el proyecto del Gobierno para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como ley de etiquetado frontal) y refuta cinco argumentos utilizados para justificar esa decisión.

Más allá de la verificación de datos, el conflicto expresa una disputa entre dos enfoques de política pública:

El enfoque desregulador sostiene que el Estado debe intervenir lo menos posible y que la información nutricional tradicional alcanza para que el consumidor decida libremente.
El enfoque de salud pública considera que existe una fuerte asimetría de información y de poder entre grandes empresas alimenticias y consumidores, especialmente niños y adolescentes, por lo que los sistemas de advertencia constituyen una herramienta para reducir enfermedades asociadas al consumo de ultraprocesados.

La experiencia regional, especialmente en Chile, ha mostrado que los sellos frontales pueden modificar decisiones de compra e incentivar la reformulación de productos por parte de la industria, aunque el impacto sobre obesidad y enfermedades crónicas depende también de otras políticas complementarias.

En la apertura la edición de Carpe Diem la Dra. María Teresa Enrico, médica diabetóloga y especialista en Nutrición, analiza los cambios que impulsa el Gobierno a la Ley de Etiquetado Frontal. Durante la entrevista abordamos el impacto que estas modificaciones podrían tener en la salud pública y las razones por las que numerosas sociedades científicas expresaron su preocupación frente a esta iniciativa.

Un diálogo imprescindible para comprender un debate que involucra el derecho a una alimentación saludable y al acceso a información clara para los consumidores.

La productividad aumenta

El artículo "Turnos nocturnos, mataderos y niños" de Bruno Sgarzini propone una reflexión sobre un aspecto poco visible de la transformación del capitalismo contemporáneo: cómo la organización del trabajo termina reconfigurando la vida familiar, el cuidado infantil y la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.

Lejos de presentar el trabajo nocturno como una simple modalidad laboral, el texto lo interpreta como el síntoma de un modelo económico que extiende la lógica de la producción durante las veinticuatro horas del día. Cuando la economía funciona sin pausas, también exige trabajadores disponibles permanentemente, trasladando los costos de esa disponibilidad a las familias.

El artículo recupera la imagen histórica de los mataderos y de los turnos industriales para mostrar que, aunque las tecnologías hayan cambiado, persiste un problema estructural: el tiempo del capital y el tiempo de la vida no coinciden. Mientras las empresas buscan maximizar la utilización de instalaciones y equipos mediante turnos continuos, las necesidades de cuidado de niños, descanso, educación y sociabilidad quedan subordinadas a esa lógica.

Desde esa perspectiva, la ausencia de jardines maternales nocturnos o de políticas públicas de cuidado deja de ser una simple deficiencia administrativa para convertirse en una manifestación de una contradicción más profunda. La economía necesita trabajadores disponibles de noche, pero no garantiza las condiciones sociales que permitan sostener esa disponibilidad. El resultado es que las familias —y especialmente las mujeres— absorben gratuitamente ese costo mediante redes informales de cuidado, sobrecarga doméstica

Reino Unido: El panóptico

El periodista británico Jonathan Cook sostiene que el Reino Unido ya vive bajo un modelo de control estatal que recuerda al universo de 1984 de George Orwell, aunque la mayoría de la población aún no lo perciba. Según el autor, el cambio no se produjo mediante un golpe institucional, sino a través de una sucesión de reformas legales y prácticas administrativas que fueron ampliando paulatinamente las capacidades coercitivas del Estado.

Cook argumenta que la atención pública ha sido desviada hacia enemigos internos —inmigrantes, musulmanes, activistas de izquierda o defensores de Palestina— mientras el aparato estatal fortalece mecanismos de vigilancia, censura y criminalización de la protesta. El resultado sería una ciudadanía que acepta crecientes restricciones en nombre de la seguridad nacional.

Uno de los ejes centrales del artículo es la utilización del conflicto en Gaza y de la legislación antiterrorista como justificación para limitar derechos fundamentales. El autor sostiene que la persecución de organizaciones de solidaridad con Palestina constituye un precedente peligroso que podría extenderse a cualquier forma de disidencia política.

Asimismo, Cook afirma que el deterioro democrático no responde únicamente a decisiones de un gobierno determinado, sino a una convergencia entre el Estado, los grandes medios de comunicación y poderosos intereses económicos. En ese marco, considera que el sistema político británico prioriza la preservación del orden establecido frente al ejercicio efectivo de las libertades públicas.

El artículo concluye con una advertencia: el verdadero riesgo del autoritarismo contemporáneo reside en que avanza de forma incremental y normalizada. Cuando la sociedad advierta plenamente la pérdida de derechos, sostiene Cook, gran parte de los mecanismos democráticos para revertir esa situación podrían haberse debilitado o desaparecido.

Aislamiento y fragmentación

El artículo de Axios sintetiza una tendencia que diversos estudios vienen registrando desde hace años: los estadounidenses socializan cada vez menos, independientemente de la edad. El dato central proviene de la American Time Use Survey y muestra que el tiempo promedio diario dedicado a la interacción social cayó de 45 minutos a 35 minutos en las últimas dos décadas. Este proceso tiene consecuencias políticas importantes. Una sociedad con menos espacios de encuentro tiende a presentar menor confianza interpersonal, mayor polarización, menor participación en organizaciones colectivas y una ciudadanía más expuesta a la fragmentación informativa y a las dinámicas algorítmicas de las redes sociales.
En conjunto, el artículo sugiere que la disminución de la sociabilidad no es un simple cambio de hábitos, sino un indicador de una transformación profunda de la estructura social estadounidense. En el contexto del 250.º aniversario del país del norte, esta tendencia dialoga con otros síntomas de malestar registrados recientemente, como el aumento del pesimismo sobre el futuro y la pérdida de confianza en las instituciones. No hay registros en nuestro país pero, podemos inferir que la tendencia es similar en sus consecuencias sociales y políticas: asilamiento y fragmentación.

País Fernet: Muerte por desesperación

El artículo "Desigualdad y salud: pérdidas en las brumas del tiempo", publicado en Viento Sur, recupera una idea central de la epidemiología social: la salud de las poblaciones depende mucho más de las condiciones sociales que de las decisiones individuales o de la atención médica. A partir de esa premisa, cuestiona el predominio de enfoques biomédicos centrados en el individuo y propone volver a colocar la desigualdad social en el centro del análisis sanitario. El artículo concluye que mejorar la salud colectiva exige reducir las desigualdades sociales, no únicamente ampliar la cobertura sanitaria o desarrollar nuevos tratamientos. La salud aparece como un indicador sintético de la organización económica y política de una sociedad: cuando aumentan la precarización, la exclusión y la concentración de la riqueza, también se deterioran los indicadores sanitarios, aun cuando la tecnología médica continúe avanzando. En La Argentina como es obvio se combina deterioro de indicadores sociales con estancamiento de la tecnología méddica, salvo para el 30% de la cima de la pirámide de estratificación. 70/30, país fernet.

La incertidumbre

El estudio del Observatorio de Psicología Social de la UBA define la incertidumbre como un estresor cotidiano que impacta la salud mental, caracterizado por la erosión de la cohesión social y la previsibilidad institucional. El paradigma destaca fenómenos como la anomia social, el bloqueo de proyectos a futuro, la polarización afectiva y la indefensión aprendida, que en conjunto fomentan apatía y malestar psicológico en la población.

Siguiendo el paradigma conceptual del estudio, el lector observará que la incertidumbre es un ansiógeno poderoso en todas sus formas, incluida la incertidumbre política, que afecta a la dirigencia - no solo-, y promueve narrativas notablemente exaltadas, de las que devienen normalmente actos insólitos. Un acting narrativo donde el sujeto no descarga la tensión sólo con una acción impulsiva, sino que la transforma en relato. Otro síntoma de la época.

El agotamiento vende – la cultura del esfuerzo –

Según Axios, la recuperación física y mental óptima a través del turismo de sueño de lujo, la medicina de longevidad y el couching ejecutivo se ha convertido en un nuevo símbolo de estatus para los estadounidenses medios y altos y no solo estadounidenses.
Esta tendencia resalta un cambio donde el agotamiento de la "cultura del esfuerzo" (hustle culture, como la de Macri por ejemplo) se enfrenta con soluciones de bienestar exclusivas y de alto costo. Cierra la entrada un notable texto de Esteban Schmidt que es atrapante ab initio: "Milei pasará, si dios nos ayuda, pero las bandas de la política sobrevivirán; más cerca Espinoza, más allá Insfrán; a los más alfabetizados nos toca Yacobitti. El rol de Radio con Vos. Insufribles y +..."

Algunas discretas maneras de estar loco

El artículo “El presidente está enfermo”, de Hugo Presman, es una crítica política muy dura a la figura de Javier Milei. Según la presentación de la revista, Presman sostiene que el Presidente muestra una “preocupante desconexión con la realidad” y que requeriría un tratamiento adecuado, sin que ello excluya la necesidad de juzgar políticamente las consecuencias de su gobierno. En la apertura Gustavo Dessall ** sobre psicosis ordinaria, un fragmento de su ponencia.

USA: La «guerra contra las drogas» no sucederá

El Observatorio Lawfare y el Instituto Tricontinental examinan la política exterior de EEUU en materia de drogas y analizan el impacto político, social y económico del Plan Colombia como expresión de su política de intervención.
El segundo cuaderno de Adictos al imperialismo fue realizado en coordinación con el Observatorio Lawfare. En el video de apertura Fort Bragg es la base militar más grande de Estados Unidos. Según el periodista Seth Harp, también es un foco de asesinatos y narcotráfico. En el video de apertura Tucker Carlson dialoga con Seth Harp, un veterano periodista de investigación y autor del aclamado libro “The Fort Bragg Cartel: Drug Trafficking and Murder in the Special Forces” (El Cartel de Fort Bragg: Narcotráfico y Asesinato en las Fuerzas Especiales). Antes de convertirse en periodista ejerció la abogacía durante cinco años y fue fiscal adjunto general del estado de Texas. Durante la universidad y la facultad de derecho sirvió en la Reserva del Ejército de Estados Unidos e hizo una misión en Irak. Harp explica por qué EE.UU. nunca podrá ganar la guerra contra los cárteles de la droga.

Evidencia

Como en su momento quisieron asesinar a @CFKArgentina, hoy por otros métodos, buscan la eliminación física de @JulioDeVido. Deseamos fervientemente que vuelvan a fallar.
No hay que "olvidar" ni "perdonar" estos intentos de supresión física del adversario político, solo esperan "justicia", si es que se pretende convivir en una democracia real, hoy inexistente.
Y una vez que se naturaliza, legitimándose el ciclo de supresión física del adversario como metodología, ya no se detiene ni revierte a menos que el disciplinamisnto a los intereses del bloque en el poder sea absoluto.
Eso muestra la evidencia, la narrativa puede suponer lo que se le ocurra.

Ya va a venir el día …

En 1879, los Doctores Lucio Meléndez y Emilio Coni presentaron, en el Congreso Interamericano de Medicina reunido en Ámsterdam, el informe titulado “Consideraciones sobre la estadística de la enajenación mental en la provincia de Buenos Aires”. Por sus datos retrospectivos y sus importantes reflexiones estadísticas, ese escrito se transformó en una importante referencia en la historia de la psiquiatría argentina por haber sido el primero en describir la situación que padecían las personas internadas en los manicomios del país.

Reforma laboral: ¿Déficit de infraestructura o abuso de licencias psiquiátricas? – El caso de los trabajadores ferroviarios –

La discusión sobre licencias psiquiátricas en Argentina, exacerbada por un aumento en casos de estrés, ansiedad y depresión, enfrenta regulaciones laborales más estrictas para reducir el ausentismo, con propuestas de reforma que buscan acotar plazos, modificar pagos y aumentar controles médicos, generando debate entre derechos laborales y el uso de estas licencias.
Se cuestiona el incremento de licencias por motivos psiquiátricos, lo que lleva a la intención gubernamental de aumentar los controles médicos para reducir supuestos abusos.
El gobierno plantea cambios en el esquema de bajas por enfermedad, limitando la extensión de licencias y ajustando los pagos, buscando "mayor previsibilidad para las empresas".
Se proyecta ahora la obligatoriedad de certificados médicos digitales y la intervención de juntas médicas oficiales ante discrepancias.
Se señala que hay que resolver la tensión entre el derecho a la salud mental del trabajador y la necesidad de las empresas de controlar el ausentismo, con denuncias sobre una supuesta "mafia de certificados médicos".
El incumplimiento de la licencia psiquiátrica por parte del empleador puede derivar en consecuencias legales graves, incluyendo reclamos laborales y nulidad de despidos por discriminación. 
En los hechos, las propuestas en la ley de reforma que propone Milei y su banda, subordinan el derecho a la salud mental a la productividad laboral, estableciendo controles más estrictos para enfermedades de largo tratamiento, incluyendo las de origen psiquiátrico. Sobre este punto conviene reflexionar sobre casos concretos y sujetar el análisis a la evidencia más que a la opinión que hay muchas y como es lógico, no interesan para nada.

Volver al manicomio: Tratamiento farmacológico, marginación, abandono …

El presente escrito tiene como objetivo plasmar un diálogo entre disciplinas acerca de las representaciones sociales de la locura y sus transformaciones sociohistóricas y culturales. Una crónica especialmente necesaria en un momento en el que la crisis de salud mental es probablemente el indicador más potente de un sistema que "enloquece" aún sin límites a la vista y que como toda respuesta el actual gobierno propone "Volver al manicomio".