
Hay una discusión sobre el internacionalismo que merece ser recuperada. Durante décadas, el pensamiento económico dominante presentó la globalización como un proceso inevitable y beneficioso, mientras identificaba cualquier defensa de la soberanía nacional con el atraso, el proteccionismo o el nacionalismo. Hoy, una parte de las mismas élites que promovieron aquella globalización adopta discursos nacionalistas, cuestiona el libre comercio y reivindica las fronteras. Sin embargo, el cambio de lenguaje no modifica necesariamente los intereses que organizan el sistema.
La cuestión central no es elegir entre globalización y desglobalización, entre libre comercio y barreras arancelarias. La verdadera disputa consiste en determinar quién controla la economía mundial: el capital concentrado o los pueblos que producen la riqueza. Esta es una de las ideas centrales que atraviesa el debate sobre el internacionalismo contemporáneo.
El internacionalismo del capital nunca fue una abstracción. Tiene nombres, instituciones y relaciones de poder. Las grandes corporaciones, los fondos financieros, las plataformas tecnológicas y los organismos que condicionan las políticas económicas nacionales construyeron una arquitectura internacional destinada a garantizar la circulación del capital, la apropiación de recursos y la subordinación del trabajo. Cuando esa arquitectura entra en crisis, el capital no renuncia a sus privilegios: modifica sus instrumentos.
Por eso, el repliegue de la globalización neoliberal no significa necesariamente una recuperación de la soberanía popular. El nacionalismo de las derechas puede cuestionar el multilateralismo, levantar barreras comerciales y reclamar mayor autonomía frente a otros Estados, sin alterar la concentración de la riqueza ni el poder de las grandes empresas. El proteccionismo de los poderosos no equivale a la protección de los trabajadores.
Tampoco alcanza con sustituir una dependencia por otra. La disputa entre Estados Unidos y China expresa contradicciones reales del orden internacional, pero no debería obligar a los países periféricos a convertirse en piezas subordinadas de una u otra estrategia. La autonomía no consiste en cambiar de patrón. Consiste en construir capacidad propia para decidir sobre los recursos, la producción, la tecnología, el trabajo y el destino del excedente económico.
Aquí aparece una tradición latinoamericana que conserva una notable actualidad: el internacionalismo de Juan Domingo Perón.
La Tercera Posición no fue simplemente una fórmula diplomática para mantenerse equidistante de Washington y Moscú durante la Guerra Fría. Expresaba una concepción política más amplia: los países que no pertenecían al núcleo de las grandes potencias necesitaban construir una capacidad de decisión propia. Perón comprendió que la soberanía nacional, en un mundo organizado alrededor de grandes espacios económicos y políticos, no podía sostenerse exclusivamente dentro de las fronteras de cada Estado.
Su discurso del 11 de noviembre de 1953 en la Escuela Nacional de Guerra, conocido como Unidos o Dominados, planteó con claridad esa perspectiva. El proyecto de integración entre Argentina, Brasil y Chile —el ABC— no era una iniciativa protocolar ni una simple alianza entre gobiernos. Buscaba construir una escala económica y política capaz de modificar la relación de fuerzas con los centros de poder mundial.
La integración latinoamericana aparecía así como una condición material de la independencia. La idea era sencilla y profunda: países separados, con mercados fragmentados y economías dependientes, tenían una capacidad limitada para negociar con las grandes potencias. Unidos podían construir una fuerza económica, industrial y política diferente.
Ese internacionalismo tenía, además, una dimensión popular. No se trataba solamente de asociar Estados, sino de ampliar las condiciones materiales para que sus pueblos pudieran decidir sobre su propio desarrollo. La Tercera Posición y la unidad latinoamericana formaban parte de una misma concepción: la independencia política necesitaba una base económica y la justicia social no podía consolidarse sobre una estructura de dependencia permanente.
Recuperar hoy esa tradición no significa trasladar mecánicamente las respuestas de los años cincuenta a un escenario mundial completamente distinto. Significa reconocer la vigencia de una pregunta que Perón formuló en términos estratégicos: ¿cómo pueden los pueblos periféricos evitar que su futuro sea decidido por las potencias que concentran el poder económico y militar?
La respuesta exige una integración regional que no se limite al intercambio comercial. Supone coordinar políticas industriales, defender los recursos naturales, desarrollar capacidades científicas y tecnológicas, proteger el trabajo y fortalecer la capacidad de los Estados para orientar la economía. También requiere recuperar la solidaridad entre los trabajadores y los movimientos populares de distintos países, porque el capital opera internacionalmente y las resistencias nacionales, cuando permanecen aisladas, encuentran límites cada vez más estrechos.
Las experiencias latinoamericanas de cooperación política, las movilizaciones contra la austeridad, las luchas sindicales y las campañas internacionales de solidaridad muestran que existe un terreno de acción que no se reduce a la competencia entre gobiernos y potencias. El internacionalismo popular tiene que construir vínculos entre quienes soportan las consecuencias de un mismo orden económico, aunque vivan bajo Estados diferentes.
La cuestión, entonces, no es defender cualquier nacionalismo ni celebrar cualquier forma de globalización. Es distinguir entre la soberanía utilizada para proteger los intereses del capital y aquella que permite ampliar los derechos y la capacidad de decisión de las mayorías sociales.
El internacionalismo de los pueblos no consiste en elegir entre las grandes potencias, sino en construir una fuerza propia frente a ellas. En esa tradición puede inscribirse la Tercera Posición de Perón: soberanía nacional, integración latinoamericana y solidaridad internacional. No como neutralidad frente a los conflictos del mundo, sino como una estrategia para que las mayorías sociales dejen de ser objeto de las disputas internacionales y puedan convertirse en protagonistas de su propio destino.
La verdadera alternativa no es entre un mundo globalizado y otro encerrado detrás de sus fronteras. Es entre un internacionalismo organizado alrededor de los intereses del capital y otro capaz de poner la cooperación entre los pueblos al servicio de su emancipación.

Eric Hobsbawm, comunista pesimista e historiador de gran éxito, dejó un legado literario que encierra lecciones fundamentales para una izquierda que vive en un histórico repliegue global. No es de extrañar que se haya convertido en un héroe para jóvenes activistas de todo el mundo. Estuvo en Berlín cuando Adolf Hitler llegó al poder, en París durante el apogeo del Frente Popular y en el Partido Comunista cuando todo se derrumbó. La nueva biografía de Émile Chabal sigue la trayectoria de un historiador que siempre se preguntó qué seguía siendo posible tras la derrota.

La figura de Néstor Kirchner no puede separarse de la de Cristina Fernández de Kirchner sin mutilar el sentido histórico del proceso político que ambos protagonizaron. Néstor inauguró una etapa de recuperación de la iniciativa estatal y de recomposición de las condiciones de vida de las mayorías populares; Cristina profundizó esa experiencia, amplió derechos y llevó más lejos la confrontación con los intereses económicos concentrados. No fueron dos liderazgos idénticos, sino dos momentos de un mismo ciclo político, atravesado por continuidades, tensiones y transformaciones.
Imitar el ejemplo de Néstor implica también defender a Cristina. Porque la disputa no es solamente por la memoria de un gobierno, sino por la vigencia de un proyecto de país que cuestionó la subordinación de la política a los mercados y modificó la distribución del ingreso. La persecución judicial y la proscripción política de Cristina no pueden leerse al margen de esa historia: expresan también una disputa por los límites de lo que las mayorías populares pueden elegir y por la posibilidad de que el peronismo vuelva a construir una alternativa al orden neoliberal.
Néstor y Cristina representan, en ese sentido, una experiencia política común, aunque no exenta de contradicciones. Evocar al primero mientras se acepta la exclusión de la segunda supone convertir una tradición de confrontación en una memoria inocua, tolerable para quienes fueron adversarios de aquel proceso. No hay reivindicación consecuente de Néstor si se renuncia a defender la participación política de Cristina.
Imitar el ejemplo, entonces, no significa repetir consignas ni refugiarse en la nostalgia. Significa recuperar la capacidad de intervenir sobre las relaciones de fuerza, identificar a los beneficiarios y perjudicados de cada política económica y reconstruir una fuerza social capaz de disputar el rumbo del país. La memoria de Néstor cobra actualidad cuando se convierte en acción política; la defensa de Cristina forma parte de esa disputa por la continuidad, el balance crítico y la renovación de aquel proyecto. Esperemos que las nuevas generaciones, a las que Cristina Kirchner llamó a tomar en sus manos el destino del país, imiten su ejemplo cerrando filas junto a ella, como siempre lo indicó Néstor Carlos Kirchner. ¡Gracias Néstor!

La derrota de la extrema derecha en Brasil a manos de Lula no solo le asegura al presidente brasileño un lugar definitivo en la historia de la democracia mundial, sino que también ofrece valiosas lecciones para los socialistas de todo el planeta. Frente a un mundo oscuro, dominado por las corporaciones tecnológicas (el "camino" y los algoritmos que la canción o la realidad intentan controlar), la victoria masiva y sorpresiva de Lula funciona como una suerte de desvío impredecible —una "locura" colectiva y esperanzadora para los descartados — que rompe con el supuesto orden preestablecido. Lula Lá.

El problema teórico que plantea este escriti es más interesante que la disputa por la propiedad simbólica de los Beatles.
El capitalismo no produce solamente mercancías materiales: también organiza la circulación de la música, las imágenes, los deseos y las formas de identificación colectiva. La industria cultural puede transformar una expresión de rebeldía en un producto rentable, separar una obra de sus condiciones históricas de producción y convertir la disidencia en un estilo de consumo.
Pero ese proceso nunca es absoluto. La comercialización de una obra no elimina necesariamente sus significados críticos, del mismo modo que su origen obrero no garantiza una orientación socialista. La posición de clase de un artista, su compromiso político y el sentido social de su obra son dimensiones relacionadas, pero no equivalentes.
Los Beatles fueron una mercancía extraordinariamente exitosa y, al mismo tiempo, participaron de una transformación cultural que cuestionó convenciones generacionales, sexuales y sociales. Ambas cosas pueden ser ciertas sin necesidad de resolver la contradicción mediante una apropiación ideológica.
La pregunta decisiva, entonces, no es si los Beatles pertenecen a la izquierda, sino qué hace la izquierda con la cultura popular: ¿se limita a reivindicar retrospectivamente los productos culturales que considera afines o construye las condiciones para que los trabajadores sean productores, protagonistas y organizadores de su propia cultura?
Desde esta perspectiva, la discusión remite a una cuestión gramsciana: la disputa por la hegemonía no se libra únicamente en las instituciones políticas y económicas. También se desarrolla en el terreno de la cultura, donde se forman el sentido común, las aspiraciones y las representaciones de lo posible.
La izquierda no necesita convertir a los Beatles en militantes socialistas póstumos. Necesita comprender por qué una música nacida en una ciudad obrera pudo convertirse en una experiencia colectiva mundial y qué contradicciones atravesaron ese proceso. Esa explicación es más productiva que una disputa por la propiedad ideológica de una banda.
La cultura popular no es automáticamente emancipadora ni necesariamente conservadora. Es un terreno de conflicto en el que el mercado puede apropiarse de la rebeldía, pero no siempre consigue clausurar sus significados. La tarea crítica consiste, precisamente, en estudiar esa contradicción sin confundir el éxito comercial con la emancipación ni la circulación mercantil con la desaparición de toda potencia crítica.

Sobreviviente de la Masacre de Trelew y militante revolucionaria desaparecida durante la dictadura, María Antonia Berger representa una experiencia política que todavía interpela al presente.
Recordarla no significa convertir los años setenta en una leyenda, sino recuperar los conflictos de clase, las aspiraciones y las contradicciones de una generación que quiso transformar la sociedad argentina.

El desgaste de Milei no garantiza una alternativa política, del mismo modo que la unidad del peronismo no asegura un proyecto de gobierno. La experiencia mexicana de AMLO y la ruptura con el PRI ofrecen una clave para pensar el dilema argentino: cuando las diferencias programáticas se subordinan al rechazo de un adversario común, la victoria electoral puede postergar, pero no resolver, las contradicciones. En la noche de Milei, todos los gatos son pardos; el problema comienza cuando amanece y hay que decidir quién paga los costos de la crisis y en beneficio de quién se gobierna. En el video de apertura, Amado Boudou acerca de la "Unidad" y el frente "Anti Milei".

La pregunta estratégica de este trabajo es quiénes pueden construir una alternativa, mediante qué organizaciones y con qué programa de transformación social. La decadencia del capitalismo no garantiza su superación: también puede desembocar en autoritarismo, guerra y devastación ambiental. Nuestra renuencia a pensar en cómo cambiar nuestra realidad puede ser simplemente el ruido del capitalismo hablando a través de nosotros.

La dominación no siempre llega con los marines. También se impone mediante la deuda, los tribunales y las reglas internacionales que convierten las desigualdades de poder en obligaciones aparentemente neutrales. Argentina es un ejemplo de esa disputa por la soberanía.
El imperialismo contemporáneo no necesita abolir el derecho para ejercer su dominación: puede utilizarlo para convertir relaciones de fuerza en obligaciones jurídicas. Esa es la tesis que desarrolla Luís Eduardo Fernandes en Monthly Review, en su artículo sobre el imperialismo jurídico y la dependencia.
Desde una perspectiva marxista, el autor cuestiona la idea liberal de que el derecho internacional constituye necesariamente un límite al poder de las grandes potencias. Las normas pueden proteger derechos, pero también institucionalizar las desigualdades del sistema mundial, atravesado por la herencia colonial, la dependencia económica y el poder del capital monopólico.
La pregunta fundamental no es solamente si una decisión cumple las reglas, sino quién las establece, qué intereses protegen y quién dispone de la fuerza para imponerlas.
La experiencia argentina permite observar esta contradicción. La deuda externa no es una simple obligación contable: constituye una relación de poder capaz de condicionar el presupuesto, la política económica y las decisiones estratégicas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional expresan esa asimetría, mientras el gobierno de Javier Milei convierte el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica en pilares de su programa.
Estas políticas no distribuyen sus costos de manera uniforme. Mientras trabajadores, jubilados y sectores populares soportan las consecuencias del ajuste, los acreedores y determinados grupos económicos pueden beneficiarse de la reorganización de la economía. Lo que se presenta como una necesidad técnica contiene, por lo tanto, una decisión política y una relación de clase.
La disputa también alcanza a los recursos estratégicos. El litio, los hidrocarburos y los minerales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero la inversión extranjera no lo garantiza por sí misma. Importan el control de los recursos, el valor agregado que permanece en el país, la participación del Estado y la distribución de los beneficios. La seguridad jurídica es legítima, pero no debería convertirse en un blindaje de los privilegios del capital frente a las necesidades de la sociedad.
El problema excede la relación con el FMI: comprende un modelo de inserción internacional que puede reducir la capacidad democrática de decidir qué producir, cómo distribuir la riqueza y qué lugar ocupar en la economía mundial.
Esto no significa que todo el derecho internacional sea una ficción ni que los compromisos externos deban ignorarse. Significa que la legalidad, por sí sola, no elimina las relaciones de dominación. La soberanía requiere instrumentos económicos y políticos para negociar en condiciones menos desiguales y someter las decisiones fundamentales al control democrático.
El imperialismo también se escribe en los códigos, los contratos y las condiciones del crédito. Su eficacia reside en presentar como reglas universales decisiones que reproducen un orden mundial desigual.
La cuestión decisiva es, entonces, quién controla la riqueza social, quién se beneficia del orden vigente y quién paga sus costos. Porque la soberanía popular pierde contenido cuando las mayorías pueden votar, pero el destino de su futuro queda condicionado por poderes económicos que no están sometidos a su control democrático.

La principal enseñanza del artículo es que no alcanza con gobernar para las mayorías: también hay que construir una conciencia colectiva capaz de defender, profundizar y ampliar las conquistas sociales. Eso exige disputar la educación, la comunicación, la cultura y las redes digitales, pero también crear organización popular y espacios de formación política.
Hay, sin embargo, una precisión importante: la derrota cultural de la izquierda no puede explicar por sí sola el avance de las derechas. También deben examinarse las limitaciones de los gobiernos progresistas, las alianzas con fracciones del capital, las expectativas frustradas y las transformaciones del trabajo que debilitan la organización colectiva.
Una política emancipadora necesita articular ambas dimensiones: las condiciones materiales de existencia y la construcción de una voluntad política capaz de transformarlas.
En términos de Gramsci, la tarea no consiste simplemente en responder a cada provocación de la derecha, sino en construir una nueva hegemonía. Esto implica que los sectores populares no sean únicamente destinatarios de políticas públicas ni consumidores de mensajes políticos, sino sujetos organizados de un proyecto propio de sociedad.
En el video de apertura una mirada clara y sintética sobre la Ideología los Aparatos Ideológicos de Estado.

El concepto de «capital paciente», analizado por Siyuan Liu en Monthly Review, apunta a una contradicción central del capitalismo: la producción necesita tiempo, pero las finanzas exigen beneficios rápidos. Desarrollar semiconductores, investigar medicamentos, construir redes eléctricas o transformar la matriz energética requiere inversiones de largo plazo que la especulación privada no siempre está dispuesta a sostener.
La experiencia china propone otra relación entre inversión y desarrollo. La propiedad pública, la planificación estratégica y los fondos estatales pueden orientar recursos hacia objetivos productivos que exceden el rendimiento financiero inmediato. La cuestión no es convencer a los capitalistas de que tengan paciencia, sino construir instituciones capaces de subordinar las finanzas a prioridades colectivas.
Pero la perspectiva marxista exige ir más allá de la eficiencia económica. Quién controla la inversión, quién decide qué producir y quién se apropia de los resultados son preguntas tan importantes como cuánto se produce. El financiamiento público de una innovación pierde su potencial emancipador si los riesgos recaen sobre la sociedad y las ganancias terminan concentradas en empresas privadas.
Por eso, el capital paciente no es sinónimo automático de socialismo. Un horizonte de inversión más largo no elimina la explotación laboral, los conflictos distributivos ni la subordinación de la naturaleza a la acumulación. Su carácter transformador depende de que la riqueza generada fortalezca a los trabajadores y satisfaga necesidades sociales, en lugar de reproducir privilegios.
La lección para América Latina es relevante. Frente a economías dependientes de las exportaciones primarias, la fuga de capitales y la valorización financiera, la planificación de largo plazo podría contribuir a diversificar la producción, desarrollar capacidades tecnológicas y ampliar la soberanía económica. Pero eso requiere capacidad estatal, control democrático y una disputa efectiva por la distribución del excedente.
La pregunta decisiva, entonces, no es si el capital puede esperar, sino quién tiene el poder de hacerlo esperar y para beneficio de quién.
La sociedad debe invertir tiempo en el conocimiento, la infraestructura y el desarrollo humano. No debe resignarse a esperar frente a la pobreza, la explotación y los monopolios. El capital debe aprender a esperar; los pueblos ya han esperado demasiado.

Perón no inventó a la clase trabajadora ni le regaló sus derechos. Su liderazgo fue posible porque los trabajadores irrumpieron como fuerza social y política, desafiando los privilegios de las clases dominantes.
La infancia de Juan Domingo Perón y su contacto con el mundo rural ayudan a comprender su formación. Pero el nacimiento del peronismo no se explica por la biografía de un hombre, sino por una transformación histórica: la industrialización, las migraciones internas y la emergencia de una clase trabajadora que ya no aceptaba vivir sin derechos ni representación política.
El Estatuto del Peón, el aguinaldo y las vacaciones pagas modificaron las relaciones entre capital y trabajo. No fueron concesiones gratuitas: expresaron una nueva correlación de fuerzas, en la que los trabajadores conquistaron derechos y obligaron al Estado a intervenir en un orden social organizado alrededor de los intereses patronales.
Perón fortaleció a los sindicatos y reconoció a los trabajadores como sujetos políticos, mientras procuraba contener el conflicto social dentro de un proyecto de conciliación de clases. Los trabajadores avanzaron en derechos y participación, pero no se abolió el poder económico de los propietarios.
La clave histórica no es lo que Perón concedió, sino lo que los trabajadores conquistaron y la fuerza social que fueron capaces de construir.
Recordar a aquel pibe llamado Perón significa, entonces, reconocer a los hombres y mujeres que con la lealtad como andamiaje estructural, hicieron posible su liderazgo y finalmente comprender que ninguna conquista popular es irreversible cuando cambia la relación de fuerzas.
Porque el peronismo nació cuando los trabajadores dejaron de ser mano de obra subordinada y se convirtieron en protagonistas de la política argentina.

Rocco Carbone desmonta en Otro folletín: Igualdad una de las operaciones ideológicas centrales del mileísmo: presentar la desigualdad como precio inevitable de la libertad. Detrás de esa abstracción hay una disputa concreta entre clases sociales, una transferencia de recursos y una redefinición del Estado para favorecer a los sectores propietarios. La pregunta que Javier Milei evita es la decisiva: ¿prosperidad para quién?

El politólogo John Mearsheimer afirma que la ofensiva de Hamás el 7 de octubre fue una respuesta inevitable a las décadas de ocupación y apartheid de Israel en Gaza, advirtiendo que el conflicto ha deteriorado irreversiblemente la legitimidad global de Tel Aviv.

La reivindicación de Rucci puede convertirse en una operación de restauración neoliberal del peronismo: recuperar la doctrina como mecanismo de disciplinamiento, invocar a Perón y a Néstor Kirchner para deslegitimar al kirchnerismo y desplazar a Cristina Fernández de Kirchner del horizonte político del movimiento.

El Día de Colón es una festividad nacional en muchos países de América y otros lugares, y una festividad federal en Estados Unidos. Oficialmente celebra el aniversario de la llegada de Cristóbal Colón a América. Desembarcó en Guanahaní, una isla de las Bahamas, el 12 de octubre de 1492. Construyó La Navidad en la costa noroeste de la isla de La Española (cerca de la actual Caracol, departamento del Nordeste, Haití) a finales de diciembre de 1492, el primer fuerte europeo en América. Tras la destrucción del fuerte por parte del pueblo indígena taíno, Colón estableció La Isabela en la costa centro-norte de la isla (actual República Dominicana) a finales de diciembre de 1493, el primer asentamiento europeo estable en América. 🙇🙇♂️🙇♀️

Todo comenzó cuando un joven peronista se acercó al bar pidiendo supuestos consejos basada en una supuesta experiencia que al parecer creía (él) que yo tenía.😏
En concreto preguntaba si había que ir o no a reventarle las casas a los jueces. Obvio no le dije que sí ni que no, solo se me ocurrió una apreciación: "Toda decisión se debe tomar en el contexto de una organización" (comúnmente denominada ORGA), aún con todas las contradicciones y miserias, inevitables en toda ORGA. No hay efectos políticos duraderos si las decisiones se toman fuera de una organización.
No parece que me hirviera la cabeza con esa respuesta ... Pero resulta que hoy leemos en Jacobin que la hiperpolítica describe una paradoja de nuestro tiempo: crecen las protestas, la polarización y la participación política, pero ese movimiento no siempre modifica las relaciones de poder. En la Argentina de Milei, el desafío del campo popular no consiste solamente en resistir el ajuste o ganar elecciones, sino en transformar el descontento disperso en organización duradera, conciencia de clase y capacidad efectiva para disputar la hegemonía. Porque una sociedad puede estar en ebullición política y, sin embargo, dejar intactos los privilegios de quienes concentran el poder económico. La reflexión de Jäger puede ponerse en diálogo con dos tradiciones marxistas.
Desde Gramsci, el desafío es pasar de la reacción episódica a la construcción de una voluntad colectiva capaz de disputar la hegemonía. Esto requiere organización, elaboración intelectual y arraigo en la vida cotidiana de las clases subalternas.
Desde Althusser, cabe agregar que el poder de las clases dominantes no se reproduce exclusivamente mediante la coerción estatal. También opera a través de instituciones y prácticas que contribuyen a reproducir las relaciones sociales existentes. Por eso, cambiar el clima de opinión no equivale necesariamente a modificar las condiciones materiales que sostienen la dominación.
La pregunta estratégica para la izquierda argentina es, entonces, cómo convertir el malestar social en capacidad colectiva de intervención, sin confundir la visibilidad política con la fuerza organizada. En esa perspectiva la cuestión central no aprece ser cuánto se moviliza una sociedad, sino qué fuerza social queda organizada después de la movilización y qué capacidad tiene para cambiar las condiciones materiales de vida. Esa es la diferencia entre una política que expresa el descontento y una política que puede disputar el poder.

¿Qué clase de democracia es aquella en la que una persona tiene derecho a votar cada cuatro años pero durante ocho horas diarias no tiene derecho a decidir prácticamente nada sobre la actividad que sostiene su existencia?
Esa contradicción permite conectar muy bien Marx, Gramsci, Althusser y la democracia económica contemporánea: la disputa por la democracia no termina en el Estado; continúa en el lugar donde se produce el valor y donde se decide quién se apropia del excedente.

Recuperar la dimensión moral de la política no significa reemplazar el análisis de clase por una condena abstracta del bien y del mal. Significa comprender que el capitalismo puede producir injusticias estructurales sin necesitar individuos perversos, pero que explicar sus mecanismos no obliga a justificar sus consecuencias. La izquierda necesita construir una moral de clase: una ética de la justicia social que identifique tanto las estructuras de la explotación como los intereses que se benefician de ella.

Lumumba es el nombre más difundido que permite comprender el núcleo de esta historia. Cuando el Congo obtuvo su independencia de Bélgica en 1960, Patrice Lumumba no planteó simplemente sustituir una bandera colonial por una bandera nacional. Su proyecto implicaba que la independencia política debía convertirse en soberanía económica y en control de las riquezas congoleñas por su propio pueblo.
El Congo poseía —y posee— una extraordinaria riqueza mineral. Allí se encontraban recursos estratégicos fundamentales para el desarrollo industrial y militar de las grandes potencias. La independencia, por lo tanto, amenazaba intereses económicos que excedían ampliamente las fronteras congoleñas.
Lumumba expresó esa contradicción de manera descarnada. La independencia jurídica podía ser reconocida, pero si las riquezas, las empresas, las finanzas y las decisiones estratégicas continuaban bajo control extranjero, la descolonización quedaba incompleta.
Su enfrentamiento con las estructuras coloniales y con los intereses occidentales terminó convirtiéndolo en un obstáculo para quienes pretendían conservar el Congo dentro de una relación de dependencia. En 1961 fue asesinado, en un contexto en el que participaron actores congoleños y belgas y en el que existió también implicación estadounidense. Décadas después, investigaciones y documentos desclasificados permitieron establecer con mayor precisión la dimensión de esa intervención.
Lumumba fue eliminado, pero la pregunta que representaba sobrevivió: ¿de qué sirve la independencia si un pueblo no puede decidir sobre sus propios recursos y su propio destino?
Esa pregunta conecta 1961 con el África de 2026. Cambiaron los actores, las formas de intervención y los lenguajes de la dominación, pero permanece una disputa fundamental por el control de los recursos, los territorios y las decisiones estratégicas del continente.
Por eso Lumumba no debe aparecer solamente como una figura trágica de la Guerra Fría. Es una figura política de la emancipación anticolonial. Su asesinato expresa el límite que las potencias imperiales estaban dispuestas a aceptar para la independencia africana: banderas propias, gobiernos nacionales y soberanía formal, pero no necesariamente el control efectivo de las riquezas y de las decisiones económicas.
La historia posterior de África demuestra que esa contradicción nunca quedó resuelta. En esa perspectiva, el objeto de este estudio no es repasar el conjunto de relaciones entre Estados Unidos y cada uno de los países africanos, consiste en analizar las constantes de la política estadounidense en el continente a través de ciertos episodios muy reveladores: la lucha contra los líderes panafricanistas de la década de 1960, el apoyo prestado a aliados estratégicos como Mobutu o al régimen sudafricano del apartheid, la aparición del Mando África de los EEUU(AFRICOM) a partir de 2001 y más recientemente la reorientación de la política estadounidense ante el auge de China.