
Leer El Capital no es una tarea sencilla. La dificultad no reside solamente en la complejidad de Marx, sino también en la necesidad de abandonar ciertas formas habituales de pensar la sociedad. Marx no analiza el capitalismo como una realidad eterna ni como una simple suma de individuos, empresas y mercados: intenta reconstruir su lógica interna a partir de las relaciones que articulan el conjunto.
Por eso comienza con la mercancía, la forma elemental de la riqueza capitalista. No se trata de una elección arbitraria. La mercancía funciona como una suerte de célula económica en la que puede encontrarse, condensada, la lógica del organismo capitalista. Analizarla significa comenzar a descubrir cómo funciona el sistema en su totalidad.
La primera distinción fundamental es entre valor de uso y valor. Toda mercancía posee determinadas propiedades materiales que permiten satisfacer una necesidad. Un alimento, una vivienda, una herramienta o una máquina tienen una utilidad concreta. Ese valor de uso depende de las características físicas del objeto y de su relación con una necesidad humana.
Aquí aparece una cuestión particularmente actual: la naturaleza está presente desde el comienzo del análisis marxiano. El valor de uso no existe en el aire. Necesita de un cuerpo material, de materia y energía extraídas de la naturaleza. Sin embargo, cuando Marx avanza hacia el concepto de valor, esas propiedades concretas son progresivamente abstraídas.
El valor de cambio expresa una relación entre mercancías. Pero si mercancías completamente diferentes pueden intercambiarse en determinadas proporciones, debe existir algo común que permita compararlas. Ese elemento no puede ser una propiedad física: las mercancías son materialmente distintas. Tampoco puede ser su utilidad concreta.
Lo que queda es el trabajo humano abstracto. No importa ya si se trata del trabajo de un carpintero, un agricultor, un programador o un obrero industrial. Sus diferencias concretas desaparecen en la abstracción que permite comparar los productos como mercancías. El valor aparece así como una forma social específica del capitalismo.
Esta operación contiene una consecuencia ecológica de enorme importancia. Para llegar al valor, Marx abstrae las propiedades naturales y concretas de las mercancías. La naturaleza queda del lado del contenido material, mientras que el valor pertenece a una forma social históricamente determinada.
La contradicción es profunda: la producción capitalista necesita permanentemente de la naturaleza, pero la lógica del valor es indiferente a sus condiciones materiales. El mercado puede ponerle precio a un producto, pero el precio no expresa necesariamente el agotamiento del suelo, la destrucción de un ecosistema o el tiempo necesario para la reproducción de una especie.
De allí surge una de las claves de la lectura ecológica de Marx. El problema ambiental no puede reducirse a una cuestión técnica ni solucionarse simplemente mediante nuevas mercancías “verdes”. Si la producción continúa subordinada a la expansión del valor, la naturaleza seguirá siendo tratada como una condición externa, un recurso disponible para el proceso de valorización.
La distinción entre riqueza material y forma social de la riqueza permite comprender el problema. El aire, la tierra virgen o los bosques naturales pueden poseer un enorme valor de uso y, sin embargo, no tener valor en el sentido específicamente capitalista porque no son productos del trabajo humano. La paradoja es evidente: aquello que resulta indispensable para la reproducción de la vida puede carecer de valor económico mientras que una mercancía destructiva puede alcanzar un elevado precio.
Marx no desarrolla en esta primera sección una teoría ecológica completa. Esa reconstrucción será realizada posteriormente por autores como Paul Burkett, John Bellamy Foster o Kohei Saito, a partir de distintos pasajes de su obra. Pero el método ya contiene una pista decisiva: el metabolismo entre sociedad y naturaleza no puede comprenderse al margen de las relaciones sociales que organizan la producción.
Por eso resulta insuficiente reducir la teoría marxiana a la fórmula “el trabajo crea valor”. El aporte fundamental de Marx está en mostrar que el valor no es una propiedad natural de las cosas. Es una forma social históricamente determinada, propia de una sociedad donde la producción generalizada de mercancías organiza el intercambio y la reproducción económica.
La cuestión adquiere una actualidad extraordinaria. En el capitalismo contemporáneo, prácticamente todo puede convertirse en mercancía: la tierra, el agua, los alimentos, la energía, el conocimiento e incluso aspectos crecientes de la reproducción de la vida. La expansión del valor tiende a subordinar el contenido material de la riqueza a una lógica abstracta de valorización.
Leer lentamente El Capital, entonces, no significa detenerse en una obra del siglo XIX para encontrar respuestas mecánicas al presente. Significa reconstruir las categorías capaces de explicar por qué una sociedad que dispone de una capacidad productiva extraordinaria puede, al mismo tiempo, destruir las condiciones naturales de su propia existencia.
La mercancía es apenas el comienzo. Pero en esa pequeña célula ya aparece una contradicción gigantesca: la riqueza capitalista necesita de la naturaleza para existir, mientras que la lógica del valor puede tratarla como si fuera infinita e indiferente.
Y quizás allí se encuentre una de las razones por las que todavía vale la pena leer a Marx lentamente.

El texto de Samuel Farber sobre Max Weber y la política revolucionaria permite recuperar una discusión que conserva una enorme actualidad: ¿qué significa actuar responsablemente en política cuando se enfrentan proyectos sociales antagónicos? La célebre distinción weberiana entre una «ética de la convicción» y una «ética de la responsabilidad» suele presentarse como una oposición entre quienes actúan guiados por principios absolutos, sin considerar las consecuencias de sus actos, y quienes asumen las consecuencias concretas de sus decisiones. Sin embargo, Farber muestra que esta lectura resulta insuficiente cuando se aplica a la política revolucionaria. El marxismo, lejos de constituir una política basada exclusivamente en la pureza de los principios, parte precisamente del análisis de las condiciones materiales, las contradicciones sociales y, sobre todo, de las relaciones de fuerza. La política revolucionaria no consiste en actuar ignorando la realidad en nombre de una doctrina, sino en intervenir sobre ella intentando modificar la correlación de fuerzas.
El problema aparece cuando la noción de «responsabilidad» se transforma, consciente o inconscientemente, en una defensa de los límites del orden existente. Ser responsable comienza entonces a significar negociar, moderarse, aceptar las reglas establecidas y renunciar a transformar las estructuras fundamentales de poder. La cuestión central pasa a ser entonces otra: ¿responsabilidad ante quién? ¿Ante el Estado existente, ante las instituciones tal como están organizadas, ante los mercados y las clases dominantes, o ante las mayorías sociales que padecen las consecuencias de esas mismas estructuras?
El ejemplo de Brest-Litovsk resulta particularmente significativo. En 1918, los bolcheviques enfrentaron una disyuntiva dramática: continuar una guerra que podía destruir las bases mismas de la revolución o aceptar un tratado con Alemania que implicaba enormes pérdidas territoriales y políticas. Lenin defendió la segunda alternativa. No porque considerara deseables las condiciones impuestas, sino porque entendía que la supervivencia del poder soviético constituía una condición indispensable para cualquier desarrollo posterior de la revolución. Se trataba de una retirada táctica para preservar la capacidad estratégica. La decisión implicaba asumir costos concretos, reconocer una correlación de fuerzas desfavorable y abandonar temporalmente objetivos considerados fundamentales. Precisamente por eso constituye un ejemplo de política revolucionaria entendida como estrategia y no como voluntarismo.
Aquí hay una cuestión fundamental: retroceder no es necesariamente capitular. Una política puede aceptar compromisos sin abandonar sus objetivos estratégicos. La diferencia está en determinar si el compromiso permite acumular fuerzas para una nueva disputa o si, por el contrario, desarma políticamente al sujeto que pretende transformar la realidad. La táctica solamente adquiere sentido en relación con una estrategia.
Farber también permite cuestionar la supuesta neutralidad política de Weber. El sociólogo alemán suele aparecer como un observador situado por encima de las luchas ideológicas, preocupado exclusivamente por las condiciones racionales del ejercicio del poder. Pero Weber fue también un liberal nacionalista alemán, defensor de un Estado fuerte y de los intereses nacionales de Alemania. Su concepción de la responsabilidad política, por lo tanto, no estaba suspendida en un vacío social. También él tenía una posición frente al conflicto de clases, frente al Estado y frente al poder.
Esto resulta especialmente importante. La política nunca se desarrolla en un espacio neutral. Las instituciones, las leyes, el Estado, los medios de comunicación y las relaciones económicas forman parte de una estructura histórica de poder. Por eso, cuando una determinada clase utiliza la coerción estatal para preservar sus intereses, suele denominarse «orden», «gobernabilidad» o «responsabilidad». Cuando las clases subalternas desafían ese orden, con frecuencia las mismas categorías se transforman en «radicalismo», «irresponsabilidad» o «extremismo». La diferencia no está necesariamente en los medios empleados, sino en quién los emplea, contra quién y para qué proyecto social.
Aquí Weber puede ser confrontado con Marx y Gramsci. Marx permite comprender que las relaciones sociales no son simplemente relaciones entre individuos, sino relaciones estructurales entre clases. Gramsci agrega que la dominación tampoco descansa exclusivamente en la coerción: necesita construir consenso, sentido común y hegemonía. Por eso la política transformadora no puede reducirse a la toma del poder estatal. También supone construir una fuerza social, cultural y política capaz de disputar la dirección de la sociedad.
Desde esta perspectiva, la verdadera oposición no es entre una supuesta «ética de la responsabilidad» y una «ética de la convicción». Esa formulación puede ocultar la cuestión decisiva: ¿de qué responsabilidad estamos hablando y frente a qué proyecto histórico? Existe una responsabilidad frente al orden existente y existe otra responsabilidad frente a quienes padecen sus consecuencias. La primera puede conducir a la administración permanente de lo dado; la segunda puede exigir transformar aquello que precisamente se presenta como inevitable.
La enseñanza política de Brest-Litovsk es, en este sentido, mucho más profunda que una simple disputa histórica entre Lenin y sus adversarios. Una estrategia revolucionaria seria no puede desconocer las relaciones de fuerza. Al contrario: debe analizarlas con mayor rigor que cualquier política reformista, porque pretende modificarlas. La cuestión no consiste en negar la realidad en nombre de los principios, sino en determinar qué concesiones son necesarias, cuáles son admisibles y cuáles destruyen la posibilidad misma de transformación.
Por eso, la crítica a Weber no debería llevar a reivindicar una política irresponsable o voluntarista. Lleva exactamente en la dirección contraria: una política de transformación necesita más análisis, más estrategia y más conciencia de las consecuencias, no menos. Pero debe definir su responsabilidad desde otro lugar. No se trata simplemente de administrar las condiciones existentes de la manera más eficiente posible, sino de construir las condiciones políticas para que esas condiciones puedan ser modificadas.
La pregunta decisiva, entonces, no es si la política debe tener responsabilidad o convicciones. Toda política necesita ambas. La cuestión es ante quién se es responsable y qué relaciones de poder se pretende conservar o transformar. Allí comienza la verdadera disputa entre una política destinada a administrar el mundo tal como existe y una política orientada a cambiarlo.

Veinticinco años después, el 11-S vuelve a ocupar un lugar incómodo en la política estadounidense. No porque hayan aparecido pruebas concluyentes que permitan afirmar que los atentados fueron organizados por el propio gobierno norteamericano —esa afirmación sigue sin estar demostrada— sino porque comienza a resultar cada vez más difícil sostener que la historia del 11-S puede reducirse a la narración simple de un ataque exterior que tomó completamente por sorpresa al aparato de seguridad más poderoso del planeta.
Tucker Carlson es uno de los protagonistas más visibles de este cambio. Lo significativo no es solamente lo que afirma actualmente, sino el reconocimiento de que él mismo se equivocó al descalificar durante años las preguntas de quienes cuestionaban determinados aspectos de la versión oficial. En The 9/11 Files, Carlson vuelve sobre aquellas preguntas y desplaza el centro de gravedad de la discusión: ya no se trata necesariamente de quién «derribó las Torres», sino de qué sabía el aparato de inteligencia estadounidense antes del atentado, qué información circulaba entre sus agencias y por qué determinadas señales no fueron convertidas en acciones preventivas.
Ese desplazamiento es políticamente mucho más importante que cualquier teoría conspirativa.
Hoy sabemos que existieron advertencias previas. Y las nuevas desclasificaciones de la CIA conocidas en estos días vuelven a poner el problema sobre la mesa: documentos de inteligencia muestran advertencias reiteradas sobre las intenciones de Osama bin Laden y Al Qaeda, incluida información que señalaba la posibilidad de ataques dentro de Estados Unidos. La cuestión, entonces, no es inventar retrospectivamente una conspiración, sino explicar por qué un Estado que disponía de información relevante no logró impedir el ataque.
Ahí aparece una diferencia fundamental entre una investigación crítica y una teoría conspirativa. Una cosa es demostrar que existieron fallas de inteligencia, disputas burocráticas, información compartimentada, advertencias ignoradas y posteriores operaciones de encubrimiento o clasificación documental. Otra, muy distinta, es convertir esos hechos en una prueba de que el gobierno estadounidense organizó deliberadamente los atentados. La primera cuestión posee abundante material documental. La segunda requiere pruebas que no han sido establecidas.
La misma cautela debe aplicarse a Israel.
Carlson ha avanzado hacia la hipótesis de que sectores israelíes pudieron haber tenido conocimiento previo de los atentados. Ha mencionado, entre otros elementos, a los ciudadanos israelíes detenidos después del 11-S y las investigaciones del FBI sobre posibles actividades de inteligencia. Pero incluso dentro del material presentado por el propio Carlson aparece una distinción decisiva: las investigaciones no demostraron que aquellos individuos conocieran anticipadamente los ataques.
Por eso resulta imprescindible separar conocimiento previo, espionaje, negligencia, encubrimiento, complicidad y autoría. Son categorías diferentes y no pueden convertirse unas en otras mediante inferencias políticas.
Lo que sí puede analizarse seriamente es algo mucho más amplio: qué actores estatales pudieron beneficiarse políticamente de las consecuencias del 11-S y cómo esas consecuencias transformaron la estructura del poder estadounidense.
El atentado permitió una extraordinaria expansión del aparato de seguridad: Patriot Act, vigilancia masiva, fortalecimiento de los organismos de inteligencia, guerras permanentes, tortura, Guantánamo, intervención en Afganistán e Irak y una expansión sin precedentes de la infraestructura securitaria. La propia historia posterior de la CIA incluye el escándalo de las torturas y la utilización de inteligencia defectuosa para justificar la invasión de Irak.
Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.
No hace falta demostrar que el Estado estadounidense organizó el 11-S para demostrar que el 11-S transformó profundamente al Estado estadounidense.
Y esa diferencia es crucial.
Carlson, desde la derecha nacionalista, está llegando a un territorio que durante décadas fue ocupado principalmente por la izquierda antiimperialista: la crítica al aparato de seguridad, al intervencionismo militar y a la utilización de amenazas externas para ampliar el poder estatal.
La paradoja es enorme. Una parte de la derecha que durante décadas defendió el poder militar estadounidense comienza ahora a preguntarse si ese mismo poder mintió, ocultó información o utilizó una tragedia para impulsar una agenda geopolítica previamente deseada.
El fenómeno también debe ser leído a la luz de los actuales alineamientos internacionales. La guerra de Gaza, el creciente cuestionamiento de la relación entre Washington e Israel y las guerras de Medio Oriente modificaron una parte del imaginario político de la derecha estadounidense. Carlson es uno de los ejemplos más visibles de ese desplazamiento. Investigaciones recientes señalan precisamente cómo su posición sobre Israel y el 11-S se fue modificando en paralelo con el creciente rechazo dentro de sectores conservadores estadounidenses al apoyo incondicional de Washington a Israel. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.
Esto no convierte a Carlson en un analista de izquierda ni transforma automáticamente sus hipótesis en verdades. Pero sí revela una fractura dentro del campo político estadounidense.
La pregunta histórica ya no es solamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001.
Es también qué ocurrió después.
Quién ganó poder. Quién ganó contratos. Qué instituciones se expandieron. Qué libertades fueron restringidas. Qué guerras fueron justificadas. Qué información permaneció clasificada. Qué actores fueron protegidos. Y, sobre todo, cómo una tragedia que produjo un enorme trauma social fue convertida en una plataforma para una transformación radical del Estado y de la política exterior estadounidense.
Desde una perspectiva de poder, esa es una pregunta mucho más profunda que la obsesión por encontrar una «conspiración».
Porque incluso si mañana ninguna de las hipótesis más extremas de Carlson pudiera demostrarse, permanecería intacto el interrogante fundamental:
¿Cómo pudo el aparato de inteligencia más poderoso del mundo recibir durante años advertencias sobre la amenaza de Al Qaeda, no impedir el mayor atentado de su historia y, después, utilizar esa tragedia para construir un orden político, militar y securitario completamente nuevo?
Ese interrogante no pertenece al terreno de la conspiración.
Pertenece al terreno de la historia del poder. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

El artículo “Un Gramsci para la estrategia” plantea una cuestión especialmente relevante para pensar la política contemporánea: recuperar a Gramsci no como un teórico de la cultura separado de la lucha de clases, sino como un pensador de la estrategia, del poder y de la construcción de una fuerza capaz de disputar el Estado. El texto insiste en que la hegemonía no puede reducirse a “ganar la batalla cultural”: implica construir un bloque social, conquistar posiciones, organizar a los sectores subalternos y, finalmente, disputar el poder estatal.
La distinción entre guerra de posiciones y guerra de movimientos resulta central. En las sociedades capitalistas occidentales, donde la sociedad civil posee una estructura institucional densa —partidos, sindicatos, medios, iglesias, asociaciones, universidades—, la transformación política no puede pensarse simplemente como asalto inmediato al Estado. La guerra de posiciones supone acumular fuerzas en ese entramado social, disputar el sentido común y construir organización. Pero Gramsci tampoco convierte esa estrategia en un reformismo permanente: la hegemonía es, en última instancia, una preparación para la conquista del poder.
Hay aquí una crítica implícita a una de las apropiaciones más difundidas de Gramsci: aquella que lo transforma en un simple teórico de la comunicación, de los discursos o de la “batalla cultural”. En el Gramsci estratégico, la cultura es una dimensión de la lucha por el poder, no su sustituto. La hegemonía combina consenso y coerción; de allí su célebre concepción del Estado integral como “sociedad política + sociedad civil”.
Otro aspecto particularmente fecundo es la noción de bloque histórico. El sujeto transformador no aparece dado de antemano. El proletariado no puede limitarse a representar sus intereses corporativos: necesita articularse con otras clases y fracciones subalternas —en el caso italiano, especialmente con el campesinado— y convertirse en fuerza dirigente de un nuevo bloque social. Esto permite pensar la política mucho más allá de una concepción mecánica de la relación entre estructura económica y conciencia de clase.
Y aquí aparece una cuestión muy actual para Argentina: la construcción de hegemonía exige transformar demandas dispersas en una voluntad política común. No alcanza con denunciar las consecuencias sociales del neoliberalismo ni con sumar electoralmente organizaciones preexistentes. La pregunta gramsciana es más exigente: ¿qué sujeto social puede articular a trabajadores formales e informales, sectores populares, capas medias empobrecidas, pequeños productores, jubilados y sectores de la economía popular en una nueva dirección política?
En ese sentido, el artículo permite discutir críticamente tanto al neoliberalismo como ciertas respuestas opositoras. Milei entendió que la política no se gana solamente administrando el Estado: hay que disputar previamente el sentido común. Su construcción política consiguió convertir determinadas categorías —“casta”, “libertad”, “Estado”, “mercado”, “déficit”— en organizadores ideológicos de una parte significativa de la sociedad. Una respuesta progresista o nacional-popular que se limite a administrar el Estado o a defender conquistas históricas sin reconstruir una nueva voluntad colectiva queda encerrada en una posición defensiva.
Pero existe también el peligro inverso: confundir hegemonía con marketing político. La hegemonía gramsciana no consiste en fabricar consensos desde arriba, sino en producir una articulación orgánica entre organización, experiencia social, conciencia y dirección política. Por eso el concepto de intelectual orgánico resulta fundamental: el intelectual no es un especialista exterior al pueblo que le explica qué debe pensar, sino alguien inserto en las luchas sociales, capaz de convertir experiencias fragmentarias en conciencia política.
La dimensión nacional también resulta decisiva. El artículo recupera una idea de Gramsci que suele quedar relegada: el internacionalismo no elimina la cuestión nacional. Una clase internacional debe “nacionalizarse” para poder dirigir a sectores sociales concretos. Esto tiene enorme importancia frente a un capitalismo globalizado y frente a las nuevas derechas internacionales. La lucha de clases se desarrolla dentro de Estados nacionales concretos, aunque el capital opere transnacionalmente.
Aplicado al presente argentino, esto conduce a una conclusión fuerte: la reconstrucción de una alternativa al mileísmo no puede ser solamente electoral ni tampoco una mera reunificación de las estructuras existentes. Necesita una estrategia de hegemonía: reconstruir organización popular, disputar el sentido común, producir un programa materialmente creíble y articular un bloque histórico capaz de transformar la correlación de fuerzas.
La gran actualidad de Gramsci reside precisamente allí. No se trata simplemente de ganar elecciones; se trata de construir las condiciones sociales, culturales y organizativas que hagan posible una nueva dirección de la sociedad. La política vuelve entonces a ser entendida en su sentido fuerte: lucha por la dirección intelectual y moral de un bloque social y, finalmente, lucha por el Estado.

Suecia celebra hoy elecciones generales muy reñidas, en las que la ultraderecha podría acceder al gobierno por primera vez si los partidos de derecha logran la mayoría. Sin embargo, las encuestas muestran a la alianza de centroizquierda a la cabeza, con Magdalena Andersson, del Partido Socialdemócrata, como favorita para volver a ser primera ministra tras cuatro años en la oposición. No obstante, la ventaja de su bloque se ha reducido considerablemente en los últimos días de la campaña. El caso sueco revela una paradoja decisiva del capitalismo contemporáneo: la extrema derecha no surge necesariamente contra el Estado social, sino también de su desmantelamiento. Décadas de neoliberalización erosionaron la histórica alianza entre capital y trabajo que sostuvo al modelo sueco, dejando a sectores populares expuestos a la precarización y al deterioro de las certezas materiales. El vacío político fue ocupado por una derecha que transforma conflictos de clase en conflictos culturales y culpa a los inmigrantes por una crisis cuyas raíces están en la transformación neoliberal del capitalismo. El caso sueco funciona así como una advertencia más amplia: cuando la socialdemocracia abandona a la clase trabajadora, la derecha radical puede convertirse en la heredera política del descontento que la izquierda dejó de representar.

Lapavitsas permite leer el momento actual del capitalismo mundial desde una perspectiva que va más allá de Trump como fenómeno político. Su tesis central es que Estados Unidos no está abandonando el imperialismo, sino reconfigurándolo frente al desgaste de su hegemonía. El dólar y el poder militar aparecen como dos dimensiones de una misma estructura de dominación: la coerción financiera, tecnológica y comercial se articula con la capacidad militar para sostener una posición de privilegio que ya no puede reproducirse exclusivamente mediante el consenso del viejo orden liberal. En este sentido, el trumpismo expresa una transformación del imperialismo norteamericano: menos universalismo liberal, más nacionalismo económico y una utilización mucho más explícita del poder estatal para defender los intereses estratégicos de Estados Unidos. Aranceles, sanciones, control tecnológico, presión sobre aliados, disputa por recursos estratégicos y despliegue militar no son políticas aisladas, sino instrumentos de una misma estrategia. La paradoja es que cuanto más se deterioran las condiciones que permitieron la hegemonía estadounidense posterior a 1945, mayor es la necesidad de recurrir a la coerción para preservarla. Desde una perspectiva gramsciana, podría decirse que cuando disminuye la capacidad de construir hegemonía mediante consenso aumenta el peso relativo de la coerción. Y esta transformación permite comprender mejor el papel de la Argentina de Milei. Trump busca reconstruir la primacía estadounidense desde el centro del sistema; Milei intenta insertar a la Argentina, desde la periferia, en esa nueva arquitectura de poder. No se trata simplemente de una política exterior alineada con Washington, sino de una concepción del desarrollo nacional subordinada a las necesidades estratégicas del capital y de Estados Unidos. Litio, petróleo, gas, Vaca Muerta, minerales críticos, infraestructura, alimentos y territorio adquieren así una dimensión geopolítica que excede ampliamente el intercambio comercial. La cuestión decisiva pasa a ser quién controla esos recursos, quién captura la renta y quién determina su destino estratégico. Allí aparece el problema de la soberanía. Si el nuevo imperialismo estadounidense combina dólar, tecnología, finanzas, energía y poder militar, una Argentina que ofrece sus recursos estratégicos y su política exterior a cambio de integración subordinada corre el riesgo de convertirse en una plataforma periférica de esa estrategia imperial. Por eso el fenómeno Milei no debería analizarse como una excentricidad ideológica ni solamente como una versión extrema del neoliberalismo: constituye también una respuesta periférica a la reorganización del capitalismo mundial. La paradoja histórica es contundente: mientras Estados Unidos procura recuperar margen de maniobra mediante un Estado más intervencionista y proteccionista, Milei propone precisamente lo contrario para la Argentina, desarmando capacidades estatales y entregando al mercado —y crecientemente al capital extranjero— áreas estratégicas. Trump intenta reconstruir el poder imperial desde el centro; Milei ofrece reorganizar la periferia en función de ese poder. En esa relación se encuentra una de las claves para comprender la actual disputa por los recursos, la soberanía y el lugar de la Argentina en el nuevo orden mundial. En la apertura la importancia de los apraratos ideológicos. Santiago Caputo adoctrinando, esto es consolidando la formación de cuadros afines en la Universidad Di Tella. Es su derecho.

El recuerdo del golpe del 11 de setiembre de 1973 en Chile cobra notable actualidad tanto en el país trsandino como en el nuestro.
Pinochet representa la versión autoritaria originaria del neoliberalismo latinoamericano; Milei representa uno de sus intentos contemporáneos de radicalización por vía electoral y proscripción en la oposición
No son políticamente idénticos. Pero pueden ser colocados dentro de una misma genealogía de transformación de las relaciones entre Estado, mercado y clases sociales.
Y el peligro de borrar esa genealogía es enorme: porque cuando se presenta a Pinochet exclusivamente como un reformador económico, desaparece de la fotografía aquello que el informe secreto revela con crudeza: que detrás de la transformación económica existió un Estado capaz de ejercer violencia sistemática contra quienes podían resistirla. Bajo otro formato la represión primero física el 1 de setiembre de 2022 y luego judicial a partir de su apresamiento y proscripción el 17 de junio de 2025, muestran que el modelo inaugurado por la dictadura pinochetista sigue desplegándose en la región bajo formatos diversos pero un único fin: La dictadura del capital. En suma, Chile 1973 y Argentina 2025 muestran contextos históricos diferentes, pero la discusión sobre democracia, proscripción, poder judicial y reestructuración social vuelve a colocar en primer plano la relación entre poder político y poder económico.

La paradoja histórica es significativa: Francis Fukuyama, el intelectual que proclamó el triunfo definitivo de la democracia liberal y el capitalismo, observa ahora que la derecha estadounidense llevó demasiado lejos su guerra contra el Estado. La deslegitimación de la burocracia pública, compartida durante décadas por sectores conservadores y también por parte de la izquierda, terminó creando las condiciones para el avance de Trump y de una derecha que ya no pretende simplemente reducir el Estado, sino capturarlo y utilizarlo contra sus propios mecanismos de regulación democrática.
Esta problemática permite conectar a Fukuyama con una discusión más profunda sobre Milei, la Ilustración oscura y la nueva derecha. El problema ya no es solamente cuánto Estado debe existir, sino quién controla el Estado y para qué intereses de clase. La retórica de la eficiencia, la desregulación y la eliminación de la burocracia puede presentarse como una defensa de la libertad individual, pero en determinadas condiciones funciona como una estrategia para desarmar las capacidades estatales que limitan el poder económico concentrado.
Ahí aparece la contradicción central del neoliberalismo: necesita un Estado fuerte para imponer la desregulación, pero simultáneamente construye el discurso de que ese mismo Estado es el enemigo.
Fukuyama parece advertir ahora que el resultado de esa operación no es necesariamente un mercado más libre ni una democracia más eficiente. Puede ser, por el contrario, un Estado debilitado en sus capacidades públicas pero fortalecido en sus dimensiones coercitivas y ejecutivas. Trump representa, para Fukuyama, esa deriva: una derecha que dejó atrás al conservadurismo institucional tradicional y que ya no acepta las restricciones liberales sobre el poder político.
Desde una perspectiva gramsciana, podría formularse de otro modo: la batalla no se libra entre Estado y mercado, sino por la dirección política del Estado y por la capacidad de las clases dominantes para convertir su propia visión del mundo en sentido común.
Y allí la experiencia argentina adquiere especial relevancia. Milei lleva al extremo latinoamericano esa misma operación ideológica: presentar al Estado como enemigo de la sociedad mientras se utilizan las instituciones estatales para transferir ingresos, disciplinar al trabajo, desregular mercados y favorecer la concentración económica. La paradoja es que el supuesto “antiestatismo” no elimina al Estado: lo reconfigura en función de otra relación de fuerzas sociales.
La evolución intelectual de Fukuyama resulta entonces significativa no porque abandone el liberalismo, sino porque revela una crisis dentro del propio campo liberal. El hombre que anunció el “fin de la historia” comienza a reconocer que la historia no terminó: regresó bajo la forma de una disputa por el Estado, la democracia y el poder social. En la apertura Fukuyama sobre Trump, Vance, Putin y la guerra de Ucrania sin dejar de menoscabar a las corrientes socialistas que se consolidan al interior del partido Demócrata.

Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder. Lo advirtió ya Cristina Kirchner que asumire el gobierno suponía un 25% del poder real, hoy no lo sabemos pero podemos imaginarlo.
La experiencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes?
La lectura de Nicos Poulantzas permite ir más allá de la idea del Estado como simple instrumento de la burguesía: el Estado capitalista es una condensación material de las relaciones de fuerza entre las clases, un terreno de disputa atravesado por contradicciones, pero estructurado de manera tal que contribuye a reproducir la dominación.
La experiencia colombiana analizada por Alfonso Insuasty Rodríguez y Juan Martorano constituye, desde esta perspectiva, es un laboratorio privilegiado para pensar también la Argentina de Milei y los límites de cualquier proyecto de transformación que confunda administrar el Estado con transformar las relaciones de poder.Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.
La evidencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes? Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.

José Carlos Mariátegui sigue siendo una referencia fundamental para pensar un marxismo latinoamericano capaz de escapar del eurocentrismo. Como analiza Chris Gilbert en Monthly Review, su aporte central fue comprender que el socialismo no podía ser una doctrina importada mecánicamente desde Europa, sino que debía construirse a partir de las condiciones históricas, sociales y culturales de cada pueblo.
Para Mariátegui, las tradiciones locales de lucha no eran un obstáculo para el socialismo: constituían su punto de partida. El movimiento obrero, las comunidades indígenas, las organizaciones populares y las distintas formas históricas de resistencia debían integrarse en una estrategia de transformación social.
Esta perspectiva conserva una enorme actualidad. En América Latina, enfrentar al neoliberalismo exige recuperar las experiencias concretas de organización popular y las tradiciones nacionales de lucha. No se trata de copiar modelos externos, sino de construir una alternativa desde nuestra propia historia.
En Argentina, esta mirada permite pensar la disputa actual más allá de la coyuntura electoral. Frente a un proyecto como el de Javier Milei, que busca reducir la sociedad a individuos y relaciones de mercado, la cuestión central vuelve a ser la construcción de un sujeto colectivo capaz de defender el trabajo, los recursos nacionales, los derechos sociales y la soberanía.
La lección de Mariátegui es, entonces, profundamente política: la emancipación latinoamericana no se construye negando nuestras tradiciones populares, sino transformándolas en fuerza colectiva para disputar el futuro.

Milei ya no pretende solamente transformar la Argentina. Su proyecto comienza a presentarse como un modelo político exportable para la extrema derecha mundial. El discurso pronunciado en Santiago de Chile revela esa ambición: construir una alianza internacional que deje en segundo plano las diferencias nacionales para organizar un enemigo común —la izquierda— y disputar la hegemonía política y cultural.
La novedad no reside simplemente en la radicalización de la derecha argentina, sino en su voluntad de convertirse en uno de los nodos latinoamericanos de una nueva internacional reaccionaria, articulada con Trump, Vox, el universo MAGA y las redes conservadoras estadounidenses y europeas.
La estrategia tiene una lógica gramsciana, aunque Milei reivindique permanentemente su combate contra Gramsci: no alcanza con conquistar gobiernos; hay que conquistar el sentido común. Por eso la batalla cultural ocupa un lugar central. La izquierda deja de ser presentada como adversario democrático y comienza a construirse como una amenaza existencial contra la libertad, la nación y Occidente.
Desde una perspectiva de clase, esta operación cumple una función precisa. Mientras el programa económico favorece la desregulación, reduce capacidades redistributivas del Estado y deteriora derechos sociales y laborales, el conflicto económico es desplazado hacia una guerra cultural. La desigualdad deja de discutirse como resultado de relaciones de poder y aparece explicada por la supuesta amenaza de un enemigo ideológico.
Así, la «libertad» que Milei universaliza no es políticamente neutra: expresa fundamentalmente la libertad del capital frente a las regulaciones, los derechos laborales y las políticas de redistribución.
La experiencia argentina se convierte entonces en laboratorio. El objetivo ya no es solamente ganar las elecciones de 2027, sino demostrar que una derecha radical puede conquistar el Estado, transformar las relaciones sociales y luego exportar su método.
Milei no quiere solamente gobernar la Argentina. Quiere convertir al mileísmo en una doctrina internacional de la nueva extrema derecha. Y esa batalla, en definitiva, es una batalla por la hegemonía.

Tras el derrumbe de la Unión Soviética, Occidente tuvo la oportunidad de construir una arquitectura de seguridad inclusiva que incorporara a Rusia. Según Jeffrey Sachs, Washington eligió en cambio preservar su hegemonía mediante la expansión de la OTAN y la lógica de bloques. Tres décadas después, la guerra en Ucrania y la emergencia de China expresan no sólo conflictos regionales, sino la crisis de un orden internacional que ya no puede sostener su antigua estructura unipolar. El Prof. Jeffrey Sachs analiza cómo el orden mundial posterior a la Guerra Fría se construyó sobre mentiras, que han cegado a Occidente ante las razones por las que todo se está derrumbando. En la apertura Jeffrey Sachs dialoga con Glenn Diesen: "Nunca hubo ni habrá un hegemón permanente"

La acusación de “marxismo cultural” funciona hoy como un dispositivo ideológico de la nueva derecha para disputar la hegemonía. En la Argentina de Javier Milei, la batalla cultural no es un complemento del programa económico: es una condición para hacerlo socialmente aceptable. El objetivo es transformar intereses particulares en sentido común y convertir conquistas sociales, Estado y organización colectiva en obstáculos para la libertad individual.

Detrás de los grandes éxitos de Creedence Clearwater Revival hubo mucho más que canciones pegadizas. John Fogerty convirtió el trabajo, la guerra de Vietnam, los privilegios de clase y las fracturas de la sociedad estadounidense en himnos populares que, más de medio siglo después, conservan una sorprendente actualidad. Fortunate Son sigue siendo una de las denuncias más contundentes de cómo las guerras las deciden los poderosos mientras otros ponen los cuerpos. Por supuesto esta lectura es controversial en La Argentina, como era de esperar. En la vieja Rock and Pop la dirección literalmente prohibió emitir a Creedence por considerarlo "Grasa". Cada uno es responsable de lo que hizo, hace y hará.
PD: en la apértura una charla actual entre Rick Beato y John Fogerty.

La renovada disputa por las islas, impulsada por el alineamiento entre Trump y Milei, puede convertirse en una inesperada herramienta política para la ultraderecha británica. Mientras la Argentina recupera centralidad en el conflicto de soberanía, el laborismo queda atrapado entre la presión diplomática y la acusación de debilidad nacional que Reform UK explota electoralmente. La cuestión Malvinas vuelve así a cruzarse con una disputa mayor: la reconfiguración de la derecha británica y la crisis de representación de las fuerzas tradicionales.

El gobierno de Milei no sólo redujo la inflación y el déficit: modificó la distribución del ingreso y las relaciones de poder. El ajuste recayó sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, mientras el capital financiero y los sectores concentrados ampliaron su participación en el excedente. Mil días después, el experimento libertario deja una sociedad más desigual, hogares más endeudados y una Argentina nuevamente condicionada por la valorización financiera y la dependencia externa ya en fase colonial.

Los archivos desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores británico muestran que Gran Bretaña llevó a cabo una ofensiva de propaganda encubierta para impedir que el líder chileno Salvador Allende ganara dos elecciones presidenciales democráticas, y ayudó a preparar el terreno para el brutal régimen militar del general Augusto Pinochet.

En una entrevista atravesada por el centenario del nacimiento de Fidel Castro, Abel Prieto sostiene que la ofensiva estadounidense contra Cuba busca producir las condiciones materiales y psicológicas para una ruptura política. Pero advierte que el poder imperial tiene límites. Su reflexión sobre la guerra cultural, los “pobres de derecha” y la destrucción de la capacidad crítica resulta particularmente pertinente para comprender el avance contemporáneo de las nuevas derechas.
La afirmación de Prieto —“combatimos contra un enemigo muy poderoso, pero no todopoderoso”— condensa una concepción del conflicto internacional que excede ampliamente la cuestión cubana. Washington conserva una capacidad económica, financiera, tecnológica, militar y comunicacional extraordinaria, pero esa capacidad no equivale a omnipotencia. El dato estratégico central es precisamente ese: la hegemonía no significa dominio absoluto.
El caso cubano constituye un laboratorio extremo. Según Prieto, la actual política estadounidense ya no puede ser caracterizada simplemente como bloqueo comercial: se trata de una estrategia de asfixia multidimensional, dirigida contra combustible, alimentos, medicamentos, transporte, turismo, cooperación médica y vínculos empresariales internacionales. El objetivo político sería provocar un deterioro social suficientemente profundo como para convertir la crisis económica en crisis de legitimidad y, finalmente, en ruptura política.

El ensayista y novelista indio Pankaj Mishra ha escrito algunas de las obras más incisivas sobre las heridas persistentes del imperialismo, las promesas incumplidas de la modernidad y las tradiciones intelectuales poscoloniales desplazadas por los relatos centrados en Europa y Estados Unidos. En esta entrevista, Mishra repasa su formación intelectual en la India poscolonial, el impacto cultural de la Unión Soviética en Asia, las posibilidades y límites de la tradición socialista, las promesas truncas del antiimperialismo y la crisis moral de Occidente ante el ascenso de las extremas derechas, la islamofobia, el nacionalismo hindú de Narendra Modi y la ofensiva israelí sobre Gaza. Leyendo la entrevista veremos que Milei representa una versión particularmente radical de aquello que Mishra identifica como crisis del liberalismo: un discurso que presenta al mercado como principio ordenador de la sociedad y al Estado como obstáculo, mientras procura una reconfiguración profunda de las relaciones de poder entre capital y trabajo.
Pero hay una diferencia importante: en Argentina, esa operación se realiza sobre una sociedad con una tradición histórica mucho más fuerte de Estado social, sindicalismo, movilidad ascendente y derechos laborales.
Por eso el conflicto no es meramente económico. Es también una disputa por la memoria histórica de lo que constituye una sociedad legítima.
Desde esta perspectiva, Milei y su gobierno pueden ser interpretados como parte de una tendencia internacional que Mishra describe, pero con una particularidad argentina: la radicalización neoliberal intenta desarmar instituciones construidas durante décadas de conflicto entre capital y trabajo sin que haya aún una oposición dispuesta a enfrentar frontalmente la deconstrucción.

El artículo de Samuel Farber en Nueva Sociedad es especialmente interesante porque cuestiona una lectura muy instalada de Max Weber: la oposición entre «ética de la responsabilidad» y «ética de la convicción» como si la primera representara el realismo político y la segunda una política revolucionaria necesariamente irracional.
Farber sostiene que esa dicotomía no alcanza para comprender la política revolucionaria marxista. Weber construyó su crítica desde una posición de liberalismo moderado, nacionalismo alemán y defensa del Estado, y tendió a juzgar de manera mucho más severa la violencia cuando provenía de movimientos socialistas que cuando respondía a objetivos nacionales alemanes.
El punto más fuerte del artículo aparece en el análisis de Brest-Litovsk. Allí Farber muestra que los bolcheviques no actuaron simplemente movidos por una «ética de la convicción». Lenin, Trotski y Bujarin discutieron alternativas diferentes considerando la correlación de fuerzas, la situación militar, las posibilidades de revolución internacional y la supervivencia del poder soviético.
Es decir, la política transformadora también puede ser profundamente estratégica, racional y pragmática, sin abandonar por ello determinados principios.
La crítica de Farber adquiere una dimensión de clase particularmente relevante. Weber defendía el sindicalismo y consideraba legítima la lucha de clases reformista dentro del capitalismo democrático, pero rechazaba la ruptura revolucionaria con el orden existente.
Por eso, la «responsabilidad» weberiana no aparece como una categoría políticamente neutral. En la práctica puede terminar identificándose con la administración responsable del orden social existente, en otras palabras aceptar el campo de los posible sin intentar modificarlo, un dispositivo ideológico que asume la forma de "pragmatismo".
Y aquí está el núcleo político del texto: La responsabilidad no es necesariamente neutral respecto del poder.
Un dirigente puede ser «responsable» porque calcula las consecuencias de sus decisiones, pero también porque acepta como inmodificables las relaciones de fuerza existentes. La política popular democrática, en cambio, intenta transformar esas relaciones de fuerza.
Esta discusión permite recuperar una cuestión que suele desaparecer cuando Weber es convertido en una suerte de árbitro universal de la política: ¿responsable ante quién?
La responsabilidad de un gobierno que administra el capitalismo no tiene necesariamente el mismo contenido que la responsabilidad de una fuerza política que intenta modificar las relaciones de propiedad, distribución y poder.
Desde esta perspectiva, el concepto de responsabilidad puede funcionar ideológicamente como un mecanismo de naturalización del statu quo: realismo → moderación → compromiso → gobernabilidad → preservación del orden existente.
Frente a esto, Farber propone recuperar la racionalidad estratégica del marxismo : analizar condiciones objetivas, correlaciones de fuerzas, organización, tiempos políticos y posibilidades concretas sin convertir los principios en dogmas abstractos.
Una clave para pensar la política contemporánea
El texto resulta particularmente útil para analizar la política actual porque permite distinguir entre realismo político y adaptación política. No todo compromiso es necesariamente una traición a los principios. Pero tampoco todo compromiso es necesariamente «responsable». La cuestión decisiva es qué relación de fuerzas expresa, qué intereses sociales preserva y qué capacidad futura de acción construye o destruye.
Farber lo lleva incluso más lejos: cuando el compromiso se transforma en una filosofía permanente de gobierno, puede terminar asociado a la burocratización y a la reproducción de quienes administran el poder.
La conclusión política sería entonces contundente: la verdadera alternativa no es entre «responsabilidad» y «convicción», sino entre una política que administra relaciones de fuerza dadas y otra que intenta modificarlas conscientemente.
Este es probablemente el aspecto más fértil del artículo: la política responsable no debe definirse por su distancia respecto de la transformación social, sino por su capacidad de comprender la realidad material, identificar intereses sociales concretos y actuar sobre la correlación de fuerzas para modificarla. Lo hemos vivido recientemente cuando la responsabilidad se mimetizo en pragmatismo sin resultados y nos regaló esta agradable circunstancia por la que estamos atravezando.