
El boom de la inteligencia artificial está llevando las ganancias corporativas estadounidenses a niveles históricos, pero detrás de la euforia tecnológica aparece una estructura mucho más frágil: salarios deprimidos, concentración del capital, endeudamiento masivo, compromisos fuera de balance y un circuito financiero que necesita que la demanda de IA crezca indefinidamente. La pregunta no es si la IA transformará la economía, sino si el capitalismo podrá convertir los cientos de miles de millones invertidos en una rentabilidad suficiente para evitar que la revolución tecnológica termine convertida en una nueva burbuja financiera.
Y esto conecta directamente con la cuestión argentina. Milei ofrece a la Argentina como plataforma de recursos naturales, energía barata y desregulación para ese nuevo ciclo de acumulación al que da por consolidado. Sin embargo la discusión, entonces, no debería limitarse a cuántos dólares puede atraer la IA, sino su sustentabilidad y en todo caso quién captura la renta energética, quién controla la infraestructura y qué parte del excedente queda en el país. La experiencia histórica juega en contra e indica que cuando una nueva revolución tecnológica de consolidarse, llega acompañada de una enorme concentración financiera, la pregunta decisiva no es cuánto crece la tecnología, sino quién se apropia de sus ganancias y quién paga sus crisis.

El ICE está construyendo una gigantesca reserva genética de migrantes que alimenta la principal base de ADN criminal de Estados Unidos. Lo que comienza como política de control fronterizo abre una nueva fase del capitalismo de vigilancia: la apropiación estatal de información biológica de poblaciones vulnerables para usos policiales presentes y futuros. La comparación con Milei es pertinente, pero hay que hacerla con precisión: Argentina no está en el punto del “saqueo genético” del ICE que describe Sgarzini; está avanzando en la construcción de una infraestructura de vigilancia biométrica, digital y migratoria que podría constituir el sustrato para una expansión futura.
La similitud más importante no está todavía en el ADN, sino en la lógica política. Trump convierte al migrante en objeto privilegiado de extracción de información biológica; Milei está desplazando la cuestión migratoria desde un paradigma de derechos hacia uno de seguridad, control e inteligencia. El DNU 366/2025 endureció el régimen migratorio y el Gobierno incorporó mecanismos de autenticación biométrica en los pasos fronterizos.
El paralelismo se vuelve más significativo cuando se observa la expansión de las tecnologías de vigilancia en Argentina. En 2024-2025 el Gobierno incorporó herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes y plataformas de análisis de información; además, en 2026 se informó sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de cruzar información proveniente de distintos organismos estatales.
La cuestión de fondo es quién controla esos datos y para qué. Una base biométrica no es simplemente una herramienta administrativa: cuando se articula con inteligencia artificial, reconocimiento facial, información migratoria, antecedentes, redes sociales y bases estatales, puede convertirse en una infraestructura de clasificación y vigilancia de la población.
Y aquí aparece una diferencia importante entre Trump y Milei. En Estados Unidos, el dispositivo tiene una escala y una acumulación genética muy superiores. En Argentina, el proceso está más avanzado en el terreno de la biometría, la vigilancia digital y la securitización de la migración. El peligro no reside entonces en afirmar que Milei ya está haciendo lo mismo que ICE, sino en advertir que se está construyendo una arquitectura tecnológica compatible con una expansión de esas prácticas.
Hay además una dimensión de clase particularmente clara. La población migrante pobre constituye el primer objetivo de esta transformación. El Gobierno ha endurecido los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina y ha asociado crecientemente migración, seguridad y criminalidad. Paralelamente, mantiene mecanismos destinados a facilitar la radicación de extranjeros que aporten capital.
Es decir: fronteras más cerradas para el migrante pobre y puertas selectivamente abiertas para el capital extranjero.
Ese contraste permite formular una hipótesis política más amplia: el neoliberalismo de Milei no elimina al Estado; lo reconfigura y amplía. Reduce sus funciones sociales y amplía sus capacidades de vigilancia, identificación, disciplinamiento y protección de la propiedad.
La comparación con el modelo Trump resulta entonces reveladora: el Estado que se retira de la protección social reaparece fortalecido como Estado policial, fronterizo y tecnológico.
El ADN es apenas el límite extremo de una transformación más amplia: cuando el Estado deja de garantizar derechos y comienza a clasificar cuerpos, migrantes y ciudadanos mediante tecnologías de vigilancia, la información personal se convierte en un nuevo recurso estratégico del poder.
¿Cuánto falta para que la biometría migratoria, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y las bases de datos estatales dejen de ser instrumentos administrativos y se conviertan en una verdadera infraestructura de vigilancia social?

El artículo de Martin Hart-Landsberg, publicado en Monthly Review, propone leer la inteligencia artificial no como una tecnología neutral, sino como un nuevo campo de disputa por el poder económico.
El punto más fuerte del texto es que la amenaza de la IA no reside solamente en la automatización del trabajo, sino en quién controla la infraestructura, los datos, los algoritmos y el capital necesario para desarrollarla.
Desde esta perspectiva, los grandes empresarios tecnológicos —los llamados tech billionaires— concentran un poder que excede ampliamente el ámbito empresarial. La IA puede convertirse en un mecanismo de centralización de riqueza y poder económico, porque las empresas dominantes poseen simultáneamente:
enormes volúmenes de datos;
capacidad computacional;
capital financiero;
infraestructura digital;
propiedad intelectual;
plataformas de distribución;
y capacidad para influir sobre los Estados.
El resultado puede ser una nueva fase de concentración monopólica.
La cuestión decisiva no es simplemente si la IA "destruirá empleos". El problema de fondo es quién se apropia de los incrementos de productividad generados por ella.
En una economía capitalista, una tecnología que permite producir más con menos trabajo no implica automáticamente una reducción de la jornada laboral o una mejora del bienestar. Puede traducirse en:
más productividad → menor necesidad de trabajadores → presión sobre salarios → mayor rentabilidad del capital → concentración de riqueza.
Por eso, la IA puede profundizar una tendencia ya existente: mientras una minoría propietaria controla los activos tecnológicos, una mayoría depende de vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.
La conclusión implícita de Hart-Landsberg es especialmente relevante: no alcanza con regular la inteligencia artificial.
La regulación puede limitar algunos abusos, pero deja intacta la estructura de propiedad. La cuestión estratégica es entonces disputar quién controla la tecnología y para qué fines sociales se utiliza.
Esto permite conectar el debate sobre IA con una cuestión clásica del pensamiento marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas puede abrir posibilidades extraordinarias de bienestar colectivo, pero bajo relaciones capitalistas esas posibilidades pueden convertirse en instrumentos de dominación.
Una lectura desde la Argentina
Este planteo resulta particularmente pertinente frente a un modelo económico que busca reducir el costo laboral como mecanismo de competitividad.
La IA puede funcionar como una nueva herramienta disciplinaria sobre el trabajo: no necesariamente porque sustituya inmediatamente a millones de trabajadores, sino porque introduce la amenaza permanente de sustitución y, por lo tanto, aumenta el poder de negociación del capital frente al trabajador.
El problema no sería entonces solamente el "desempleo tecnológico". Es algo más profundo: la apropiación privada de una productividad producida por el conocimiento social acumulado.
La resistencia que plantea Hart-Landsberg debe entenderse, por lo tanto, como una disputa por la propiedad, el control y la orientación social de la tecnología.
La pregunta fundamental no es "¿qué hará la IA con nosotros?", sino "¿quién controlará la IA y quién se apropiará de la riqueza que produzca?"

El caso Cerimedo expone una dimensión cada vez más relevante de la disputa política argentina: la capacidad de actores privados para intervenir sobre la formación de la opinión pública mediante dinero, datos, algoritmos, redes sociales y operaciones de inteligencia. La manipulación electoral ya no necesita alterar una urna; puede comenzar mucho antes, condicionando qué información reciben los ciudadanos, qué adversarios son construidos como enemigos y qué temas dominan la agenda pública.
Desde esta perspectiva, los llamados “sótanos de la democracia” adquieren una nueva dimensión. Las estructuras tradicionales de inteligencia y operaciones políticas pueden articularse con empresas tecnológicas, consultores electorales y capitales privados, creando una verdadera infraestructura de ingeniería de la opinión. El interrogante para 2027 no es solamente quién ganará las elecciones, sino quién posee los recursos económicos y tecnológicos para intervenir sobre las condiciones en las que millones de argentinos forman su voluntad política.
La disputa electoral de 2027 podría librarse mucho antes de las urnas: dinero, datos, algoritmos y redes de operaciones pueden convertirse en instrumentos de poder capaces de condicionar la voluntad popular. El caso Cerimedo, analizado por Emilia Trabucco, obliga así a discutir un problema institucional mayor: la privatización de capacidades de manipulación política que históricamente estuvieron concentradas en aparatos estatales. En una democracia formalmente libre, la cuestión decisiva pasa a ser quién controla el espacio informacional donde se construye el consentimiento popular.

El artículo de Bruno Sgarzini pone el foco en un caso especialmente revelador de la relación entre poder político, capital tecnológico y Estado: Trump compró acciones de Palantir y posteriormente salió públicamente a defender la cotización de la empresa. Los registros muestran compras por cientos de miles de dólares durante el primer trimestre de 2026, mientras Palantir se beneficiaba de contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense.
El punto político de fondo es más importante que la operación bursátil: la administración Trump aparece como un espacio donde se entrecruzan decisiones estatales, intereses empresariales y valorización financiera. Palantir, fundada con financiamiento de la CIA y estrechamente vinculada al aparato de seguridad estadounidense, se convirtió en un proveedor estratégico de software para vigilancia, inmigración y defensa.
Trump no sólo gobierna: también invierte en empresas que se benefician de las políticas de su propia administración. El caso Palantir expone la creciente fusión entre Estado, capital tecnológico y complejo militar-securitario estadounidense, donde los contratos públicos alimentan las ganancias privadas y las decisiones del poder político pueden impactar directamente sobre la valorización financiera de las corporaciones.

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.
El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.
En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.
Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.
La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.
Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.
Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.
La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:
¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?
Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.
Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.
Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.
El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.
Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.
En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.

El cofundador de Anthropic, Chris Olah, participó junto al Papa León XIV en el Vaticano el 25 de mayo de 2026 para la presentación de la encíclica sobre inteligencia artificial titulada Magnifica humanitas, esta presencia no fue de cortesía obviamente. En el artículo de Axios describe una deriva inocultable de aquella posición, como una paradoja creciente: mientras Anthropic se consolida como una de las compañías más influyentes de la IA, su posición política y regulatoria la está dejando cada vez más aislada frente al resto de la industria.
Anthropic quedó sola frente a sus competidores. La empresa decidió no firmar una carta impulsada por el CEO de NVIDIA que rechaza la posibilidad de prohibir los modelos abiertos ("open-weight") desarrollados en China. Mientras gigantes como OpenAI, Microsoft, Google y Meta respaldaron una postura más abierta, Anthropic prefirió mantener distancia.
No apoya una prohibición absoluta. El CEO, Dario Amodei, aclaró que la empresa no propone vetar completamente los modelos chinos, aunque sí sostiene que representan riesgos importantes en materia de seguridad nacional, espionaje tecnológico y robo de propiedad intelectual.
El debate excede lo tecnológico. En Washington se discute si Estados Unidos debe restringir la circulación de modelos abiertos chinos como Kimi K3 o DeepSeek. Anthropic y OpenAI vienen alertando sobre esos riesgos, mientras NVIDIA y gran parte de la industria argumentan que una prohibición terminaría debilitando la competitividad estadounidense y favorecería el desarrollo autónomo de China.
La discusión refleja dos estrategias diferentes dentro del capital tecnológico estadounidense:
El bloque de las plataformas abiertas (NVIDIA, Microsoft, Meta y otros) considera que mantener abiertos los modelos fortalece el ecosistema occidental, genera mayor innovación y dificulta que China desarrolle un estándar alternativo.
El bloque de los laboratorios de frontera, encabezado por Anthropic y, en menor medida, OpenAI, prioriza controles regulatorios más estrictos porque entiende que los modelos más avanzados constituyen una tecnología estratégica comparable a los semiconductores o incluso al material nuclear.
El conflicto no enfrenta simplemente a Estados Unidos y China. También expresa una disputa intra-capitalista por quién controlará la infraestructura de la inteligencia artificial.
Las empresas de hardware y de infraestructura obtienen beneficios cuanto mayor sea la difusión de modelos abiertos.
Los desarrolladores de modelos cerrados tienen incentivos para promover mayores barreras regulatorias que eleven el costo de entrada para futuros competidores.
En ese sentido, la controversia sobre los modelos abiertos chinos funciona también como una disputa por la configuración del futuro mercado mundial de la IA: si prevalecerá un ecosistema relativamente abierto y competitivo o un oligopolio dominado por un puñado de laboratorios estadounidenses con fuerte respaldo estatal.
En síntesis, el artículo de Axios muestra que Anthropic está cada vez más aislada porque intenta combinar una agenda de seguridad nacional con una regulación más estricta de la IA, mientras buena parte de Silicon Valley teme que esas restricciones terminen consolidando un mercado menos competitivo y más concentrado.

El artículo de Axios del 27 de julio de 2026 analiza cómo OpenAI está posicionando a ChatGPT como una herramienta para “especialistas del trabajo”, es decir, profesionales que requieren asistencia en tareas complejas y específicas. El foco está en cómo la IA se integra en entornos laborales, más allá de usos generales o recreativos. En el contexto argentino, donde la digitalización laboral avanza pero enfrenta limitaciones de infraestructura, la idea de un ChatGPT especializado podría ser útil en sectores como educación pública, asesoría legal y gestión financiera. Sin embargo, la falta de regulación clara y la necesidad de supervisión humana son desafíos inmediatos.

Alguien usó IA para escribir mi biografía. Miles de libros más de ese tipo están contaminando Amazon. ¿Quién está detrás de toda esta bazofia?

El artículo "AI and productivity", de Michael Roberts, analiza críticamente la promesa de que la inteligencia artificial desatará un fuerte aumento de la productividad y, con ello, una nueva etapa de crecimiento capitalista. Su tesis es que, pese a las enormes inversiones y la euforia bursátil, todavía no existen evidencias sólidas de un salto significativo en la productividad agregada.
¿La IA revolucionará la productividad o estamos ante otra burbuja tecnológica?
Mientras las grandes empresas tecnológicas y los mercados financieros celebran la inteligencia artificial como el motor de una nueva revolución económica, la evidencia empírica sigue siendo mucho más modesta. Esa es la principal conclusión del economista marxista Michael Roberts.
El autor sostiene que la IA ya produce mejoras de eficiencia en tareas específicas —programación, redacción, atención al cliente o procesamiento de datos—, pero esos avances todavía no se traducen en un incremento apreciable de la productividad del conjunto de la economía. La historia económica muestra que las grandes innovaciones tecnológicas suelen requerir décadas para difundirse y reorganizar los procesos productivos antes de reflejarse en las estadísticas nacionales.
Roberts destaca además una contradicción propia del capitalismo contemporáneo: las empresas invierten cientos de miles de millones de dólares en infraestructura para IA con la expectativa de reducir costos laborales y aumentar ganancias, pero esa misma carrera tecnológica puede profundizar la sobrecapacidad instalada y reducir la rentabilidad media del capital.
Otro aspecto central es el impacto sobre el empleo. Diversos estudios citados muestran que los trabajadores jóvenes son quienes comienzan a sufrir con mayor intensidad el reemplazo de tareas rutinarias. En ocupaciones altamente expuestas a la IA, el empleo de trabajadores de entre 22 y 25 años estaría disminuyendo a un ritmo superior al 4% anual, mientras las empresas privilegian perfiles con mayor experiencia capaces de supervisar y complementar los sistemas inteligentes.
Desde una perspectiva marxista, Roberts sostiene que la IA no modifica las leyes fundamentales del capitalismo. Puede aumentar la productividad del trabajo y reducir la necesidad de mano de obra, pero ello no garantiza un crecimiento sostenido si la rentabilidad continúa deteriorándose y si la demanda permanece limitada por salarios estancados.
En consecuencia, la inteligencia artificial aparece como una tecnología potencialmente transformadora, aunque subordinada a las contradicciones propias del sistema económico. El problema no sería la capacidad técnica de la IA, sino la forma en que el capital organiza su utilización.

El artículo de Bruno Sgarzini parte de una pregunta que se volvió central durante el Mundial 2026: ¿existió realmente una campaña coordinada contra la Argentina o fue un fenómeno espontáneo amplificado por los algoritmos?
Su respuesta es matizada. No sostiene una teoría conspirativa, pero tampoco acepta que todo haya sido casual.Las redes sociales se inundaron durante el Mundial 2026 de mensajes que acusaban a la Argentina de racismo, supremacismo blanco, corrupción arbitral ("ArgenFIFA") y privilegios deportivos. Para Sgarzini, el fenómeno no puede reducirse a una simple conspiración, pero tampoco explicarse únicamente por el comportamiento espontáneo de millones de usuarios.
El autor sostiene que confluyeron varios factores.
En primer lugar, existieron núcleos organizados de producción de contenido que instalaron determinadas narrativas. Sin embargo, la verdadera potencia no provino de esos grupos sino de los algoritmos de plataformas como X, TikTok e Instagram, que privilegian el contenido emocional, polarizante y conflictivo.
En segundo término, la selección argentina llegaba al Mundial como uno de los equipos más exitosos de la última década. Esa condición de favorito multiplicó el incentivo para generar contenido crítico, ya que "odiar al campeón" genera muchas más interacciones que apoyarlo.
También analiza cómo la discusión sobre la composición étnica de la selección argentina fue utilizada para presentar al país como excepcionalmente racista, ignorando procesos históricos, migratorios y demográficos mucho más complejos. El autor advierte que muchas críticas mezclaron hechos ciertos con generalizaciones falsas, una combinación especialmente eficaz para viralizarse.
Otro aspecto central del análisis es que la economía de la atención recompensa mucho más la indignación que la información. Cada publicación que denunciaba a Argentina encontraba miles de respuestas, réplicas y discusiones, alimentando un círculo de retroalimentación que hacía crecer todavía más el alcance del tema.
El artículo concluye que probablemente no existió un "comando central" dirigiendo una operación mundial, pero sí una convergencia entre actores interesados, comunidades digitales ya predispuestas y algoritmos diseñados para maximizar la confrontación. En ese contexto, una narrativa inicialmente marginal terminó convirtiéndose en una conversación global.
Un debate que sigue abierto
Otros análisis publicados durante julio llegan a conclusiones parcialmente coincidentes. Investigaciones periodísticas y de consultoras digitales registraron millones de menciones negativas sobre Argentina durante el Mundial, aunque aclaran que esos datos no demuestran por sí solos la existencia de una operación centralizada. También destacan el papel decisivo de los algoritmos y de la lógica de las plataformas para convertir algunos temas en fenómenos globales.
En ese sentido, la tesis de Sgarzini puede resumirse así: más que una conspiración perfectamente organizada, existió una convergencia entre campañas parciales, incentivos económicos de las plataformas y una arquitectura algorítmica que premia la polarización, transformando un conjunto de narrativas dispersas en una percepción internacional de gran alcance.

La aceleración del desarrollo de la inteligencia artificial en China abrió una nueva grieta dentro del poder económico y político de Estados Unidos. El CEO de Nvidia, Jensen Huang, cuestionó a la administración de Donald Trump por impulsar regulaciones basadas en temores sobre los riesgos futuros de la IA y advirtió que una estrategia excesivamente restrictiva puede terminar debilitando la competitividad estadounidense frente a Pekín.
El detonante de la polémica fue la irrupción de Kimi K3, un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa china Moonshot AI, cuyo rendimiento y bajo costo sorprendieron a la industria tecnológica. Su aparición reavivó en Washington el debate sobre la conveniencia de limitar el acceso a modelos abiertos provenientes de China por razones de seguridad nacional.
Huang sostuvo que la regulación no debe quedar en manos de un reducido grupo de empresas que buscan preservar sus posiciones dominantes. En ese punto, marcó diferencias con compañías como OpenAI y Anthropic, que impulsan mayores controles sobre el desarrollo y la difusión de modelos avanzados de IA.
Detrás de la discusión técnica se esconde una disputa económica de enorme magnitud. Mientras Nvidia necesita un mercado global abierto para expandir la venta de sus procesadores, otros gigantes de la inteligencia artificial consideran que endurecer las regulaciones y restringir la competencia china es clave para mantener su liderazgo.
La controversia refleja uno de los principales dilemas de la estrategia estadounidense: cómo contener el avance tecnológico de China sin frenar la capacidad de innovación de sus propias empresas. La aparición de modelos chinos cada vez más competitivos demuestra que la carrera por la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los escenarios centrales de la competencia geopolítica entre las dos mayores potencias del mundo.

La proliferación de cámaras inteligentes capaces de registrar cada movimiento de millones de vehículos reabre en Estados Unidos un debate crucial sobre los límites de la vigilancia estatal. Mientras sus defensores las presentan como herramientas para combatir el delito, sus críticos advierten que la recopilación masiva de datos sin sospecha previa erosiona la privacidad, favorece el control social y pone en tensión principios fundamentales de las democracias liberales tradicionales.

El artículo sostiene que la inteligencia artificial podría llevar al capitalismo a un límite que tanto la economía marxista como la neoclásica anticipan, por razones distintas, aunque reconoce que es partucularmente dificultoso extender los límites en el caso de España y los españoles. Rari.
Según Marx, el trabajo humano es la fuente del valor y de la plusvalía (la base de las ganancias). Si la IA reemplazara a casi todos los trabajadores, dejaría de generarse nueva plusvalía. En consecuencia, las ganancias tenderían a desaparecer, lo que pondría en crisis al propio capitalismo.
Desde la economía neoclásica, el problema no es la creación de valor sino la demanda. Si la IA concentra la riqueza en los propietarios de las máquinas y la mayoría de las personas pierde sus ingresos laborales, habrá muy pocos consumidores con capacidad de compra. Las empresas podrán producir mucho, pero no venderlo de forma rentable.
El autor, Branko Milanovic, destaca que ambas teorías llegan así a una conclusión similar: un capitalismo completamente automatizado sería difícil de sostener.
Sin embargo, no afirma que ese escenario sea inevitable. Recuerda que, en el pasado, cada gran ola de automatización destruyó algunos empleos pero también creó otros nuevos. La gran incógnita es si la IA será diferente porque puede reemplazar no solo tareas manuales, sino también una parte importante del trabajo intelectual y profesional.
En definitiva, el artículo plantea que el verdadero desafío no es que la IA produzca más bienes, sino cómo se distribuirán los ingresos y quién tendrá poder de compra en una economía donde el trabajo humano sea cada vez menos necesario. Esa cuestión, sostiene Milanovic, podría convertirse en la principal contradicción del capitalismo en la era de la inteligencia artificial.

La tesis central del artículo es que la "interdependencia confiable" constituye una respuesta geopolítica al ascenso de China, pero difícilmente pueda reemplazar la profunda interdependencia creada por décadas de globalización. Intentar separar las cadenas tecnológicas según criterios políticos genera mayores costos, nuevas vulnerabilidades y acelera la fragmentación del sistema económico internacional. Desde esta perspectiva, Pax Silica expresa la transición hacia un orden internacional caracterizado por la competencia entre bloques tecnológicos y por una creciente subordinación de la economía a los objetivos de seguridad nacional y de hegemonía estratégica de Estados Unidos

La tercera entrega de "250 Years: The United States – From Independence to Empire", publicada por el economista marxista Michael Roberts en The Next Recession, se concentra en la transformación de Estados Unidos desde una potencia industrial en ascenso hacia la principal potencia imperial del capitalismo mundial durante el siglo XX.
El texto sostiene que la expansión estadounidense no fue un producto accidental de su éxito económico sino una necesidad derivada de la acumulación de capital. A medida que la economía crecía, las empresas estadounidenses requirieron nuevos mercados, fuentes de materias primas, oportunidades de inversión y mecanismos para asegurar tasas de ganancia elevadas. En ese marco, el Estado pasó a desempeñar un papel decisivo en la protección de esos intereses.
Roberts describe cómo, tras la Guerra Hispano-Estadounidense, Estados Unidos comenzó a construir un imperio de ultramar mediante la ocupación o control de territorios como Puerto Rico, Filipinas y Guam. Paralelamente consolidó su influencia sobre América Latina mediante intervenciones militares, ocupaciones y respaldo a gobiernos favorables a sus intereses económicos.
El autor vincula este proceso con las interpretaciones clásicas del imperialismo desarrolladas por Vladimir Lenin y Rosa Luxemburg. Desde esa perspectiva, el imperialismo constituye una fase del capitalismo caracterizada por la concentración del capital, el predominio del capital financiero y la exportación de inversiones hacia el exterior.
La obra sostiene además que las dos guerras mundiales aceleraron el desplazamiento de Reino Unido como potencia hegemónica y consolidaron a Estados Unidos como el centro económico y financiero del sistema capitalista. Tras la Segunda Guerra Mundial, Washington impulsó un nuevo orden internacional basado en instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el sistema monetario de Acuerdos de Bretton Woods, instrumentos que, según Roberts, facilitaron la expansión global del capital estadounidense.
Otro eje del artículo es la estrecha relación entre poder económico y poder militar. El autor argumenta que el liderazgo internacional de Estados Unidos se sostuvo mediante una red mundial de bases militares, alianzas estratégicas y una capacidad de intervención que garantizó la estabilidad del orden económico favorable a sus corporaciones.
Finalmente, Roberts plantea que las contradicciones internas del capitalismo estadounidense —como la desaceleración de la productividad, la caída de la rentabilidad y el ascenso de competidores como China— anuncian el inicio de un período de declive relativo de la hegemonía estadounidense. No obstante, sostiene que ese debilitamiento no implica el fin inmediato de su predominio, sino una transición hacia un escenario internacional más conflictivo y multipolar, donde las disputas económicas, tecnológicas y militares adquieren un peso creciente.
En conjunto, la tercera parte completa el recorrido iniciado en las entregas anteriores: desde la independencia y la expansión continental hasta la constitución de Estados Unidos como la principal potencia imperial del capitalismo contemporáneo, interpretando esa evolución desde un enfoque de economía política marxista.

El artículo de E. Raúl Zaffaroni, "La cultura del poder según la encíclica Magnifica Humanitas", toma como eje el capítulo V de la primera encíclica de León XIV para desarrollar una interpretación política de la noción de "cultura del poder". El autor sostiene que el documento papal no se limita a una reflexión religiosa sobre la inteligencia artificial, sino que constituye una crítica estructural al orden mundial contemporáneo. El planteo de Zaffaroni presenta a Magnifica Humanitas como un documento con fuerte contenido político. La noción de "cultura del poder" funciona como una categoría para explicar un orden internacional caracterizado por la concentración de riqueza, tecnología y capacidad militar en pocos actores, fenómeno que debilita la democracia y subordina el derecho a relaciones de fuerza. Frente a ello, la encíclica propone reubicar a la persona humana, la solidaridad y el bien común en el centro de la organización política y económica.

El artículo de Axios sintetiza una tendencia que diversos estudios vienen registrando desde hace años: los estadounidenses socializan cada vez menos, independientemente de la edad. El dato central proviene de la American Time Use Survey y muestra que el tiempo promedio diario dedicado a la interacción social cayó de 45 minutos a 35 minutos en las últimas dos décadas. Este proceso tiene consecuencias políticas importantes. Una sociedad con menos espacios de encuentro tiende a presentar menor confianza interpersonal, mayor polarización, menor participación en organizaciones colectivas y una ciudadanía más expuesta a la fragmentación informativa y a las dinámicas algorítmicas de las redes sociales.
En conjunto, el artículo sugiere que la disminución de la sociabilidad no es un simple cambio de hábitos, sino un indicador de una transformación profunda de la estructura social estadounidense. En el contexto del 250.º aniversario del país del norte, esta tendencia dialoga con otros síntomas de malestar registrados recientemente, como el aumento del pesimismo sobre el futuro y la pérdida de confianza en las instituciones. No hay registros en nuestro país pero, podemos inferir que la tendencia es similar en sus consecuencias sociales y políticas: asilamiento y fragmentación.