
La principal contribución del artículo de Michael Roberts consiste en distinguir entre la capacidad del capitalismo para evitar temporalmente un colapso y su capacidad para garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.
Una economía puede mantener el crecimiento agregado mientras millones de personas pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran y la riqueza se concentra. También puede registrar grandes inversiones tecnológicas sin que estas produzcan todavía un aumento equivalente de la productividad social.
La resiliencia, por lo tanto, no debe evaluarse solamente por la continuidad de los mercados financieros o por el crecimiento del producto bruto. También hay que preguntar cómo se distribuyen los ingresos, quién controla la inversión y quién paga cuando las expectativas de ganancias fracasan.
La contradicción que señala Roberts es que el capitalismo puede demostrar una notable capacidad para sostener la acumulación financiera sin demostrar la misma capacidad para satisfacer las necesidades sociales. Y mientras la rentabilidad privada siga determinando las decisiones estratégicas de inversión, la estabilidad económica continuará subordinada a los intereses de quienes poseen el capital.

El discurso neoliberal presenta productividad, digitalización e inteligencia artificial como fenómenos técnicamente neutrales. Pero la distribución de sus frutos depende de la estructura de propiedad y del poder de negociación. El trabajo de Michael Roberts analizando la dinámica de la distribución del ingreso en los Estados Unidos, muestra que cuando los sindicatos pierden fuerza y el capital concentra tecnología, mercados y activos financieros, una parte creciente del excedente puede desplazarse hacia beneficios, rentas y valorización patrimonial.
Y aquí aparece una conexión muy actual con Argentina: el problema no es simplemente “salarios bajos”, sino una modificación de la distribución funcional del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo. Los datos argentinos disponibles hasta junio de 2026 también muestran una fuerte transformación del mercado laboral desde noviembre de 2023, con pérdida de empleo registrado y cambios en la estructura empresarial todo sostenido por una regresividad distributiva histórica, cuyo punto de inicio fue diciembre de 2015 hasta la actuallidad sin solución de continuidad, regresividad que involucra a las tres fuerzas que unidas o separadas pretenden competir de cara al 2027. Tres tigres comieron los mismos tres platos de trigo ...

La inteligencia artificial ya no es un sector: es *la* apuesta. Cinco tecnológicas planean gastar 4,2 billones de dólares hasta 2029 —más que ferrocarriles, rutas e internet juntos— mientras su flujo de caja se derrumba y los precios de los tokens se hunden. El crecimiento de Estados Unidos pende de un solo hilo. El economista marxista Michael Roberts advierte en este artículo que si la productividad no aparece, el mercado lo va a sentir.

La revolución digital no terminó con la explotación: la hizo más veloz, más global y, en buena medida, más invisible. Detrás de la nube, la inteligencia artificial, los centros de datos y las plataformas existe una gigantesca infraestructura material sostenida por trabajadores, energía, agua, minerales y territorios. Benjamin Selwyn advierte que la digitalización no separa al capitalismo de la destrucción ambiental: puede convertirla en un proceso más eficiente y extendido.
De allí el concepto de “ecocidio sistémico”: la destrucción de la naturaleza no aparece como una anomalía del sistema, sino como una consecuencia incorporada al funcionamiento cotidiano de las cadenas globales de valor. La misma dinámica que presiona sobre los trabajadores presiona sobre los territorios. La explotación laboral y la apropiación de la naturaleza no son procesos independientes: forman parte de una misma lógica de acumulación.
La tecnología promete eficiencia, pero el capitalismo puede convertir esa eficiencia en más consumo. La llamada paradoja de Jevons muestra precisamente esa contradicción: cuando una tecnología reduce el costo de utilizar un recurso, su consumo puede aumentar en lugar de disminuir. Por eso no alcanza con afirmar que una economía más digital será necesariamente una economía más sustentable.
El litio concentra buena parte de esta contradicción. Las baterías necesarias para la transición energética requieren minerales cuya extracción demanda territorios, agua y trabajo. Selwyn muestra cómo esa cadena puede producir contaminación, agotamiento de recursos hídricos, degradación ambiental y riesgos laborales. La transición verde no elimina automáticamente las relaciones de explotación: puede trasladarlas hacia otros territorios y otros eslabones de la cadena global.
Lo mismo ocurre con la economía digital. La nube no flota en el aire. Necesita centros de datos, electricidad, chips, cables, minerales, dispositivos y enormes cantidades de infraestructura. Tampoco desaparece el trabajo: se reorganiza mediante sistemas capaces de monitorear, disciplinar y coordinar proveedores y trabajadores dispersos por el planeta. La digitalización, entonces, no desmaterializa el capitalismo: digitaliza su capacidad de organizar la producción y de ejercer control sobre ella.
Aquí aparece la cuestión central: ¿quién controla esa tecnología y quién paga sus costos? Las grandes empresas pueden utilizar la digitalización para coordinar cadenas cada vez más extensas, mientras los costos materiales, sociales y ambientales quedan distribuidos entre trabajadores, comunidades y territorios. El capital digitaliza la producción, pero no digitaliza sus costos.
Por eso la discusión sobre inteligencia artificial y transición energética no puede reducirse a una cuestión tecnológica. Es también una discusión sobre poder, propiedad y distribución. Si la innovación permanece subordinada a la acumulación, una tecnología más eficiente puede significar simplemente una capacidad mayor para extraer recursos, intensificar el trabajo y ampliar los mercados.
El desafío planteado por Selwyn va en otra dirección: imponer límites ecológicos, prolongar la vida útil de los dispositivos, garantizar reparación, reducir la obsolescencia y someter las infraestructuras digitales a formas de control público y democrático.
La paradoja del capitalismo digital es que cuanto más “virtual” parece, más material puede ser su huella. La inteligencia artificial no elimina la vieja relación entre capital, trabajo y naturaleza. La reorganiza bajo nuevas tecnologías. Y detrás de cada algoritmo, cada centro de datos y cada batería sigue existiendo la misma pregunta que el capitalismo intenta ocultar: quién se apropia de los beneficios y quién soporta los costos.

El debate sobre una futura IA superinteligente capaz de destruir a la humanidad puede estar ocultando un peligro mucho más inmediato: el uso actual de la inteligencia artificial como instrumento de vigilancia, guerra y control social. Gaza ofrece el ejemplo más brutal de una tecnología que no necesita volverse autónoma para multiplicar la capacidad de destrucción de los Estados y los ejércitos. El problema, entonces, no es sólo qué hará la IA cuando sea superinteligente, sino quién controla hoy esa inteligencia y al servicio de qué intereses.

La inteligencia artificial no aparece aquí como una tecnología neutral capaz de resolver las contradicciones del capitalismo, sino como una gigantesca nueva esfera de acumulación, concentración y competencia imperialista. El problema central vuelve a ser quién controla el capital, quién captura el excedente y quién soporta los costos de la transformación tecnológica. En paralelo, la expansión financiera, el endeudamiento y la disputa por el dinero mundial expresan una crisis de hegemonía que puede alimentar nuevas formas de autoritarismo y fascismo

Trump convirtió una discusión compleja sobre poder, tecnología y regulación en otra batalla cultural. El 14 y 15 de septiembre calificó las advertencias sobre riesgos de la IA de “conspiración enfermiza” y de “hoax”, y afirmó que la única barrera de seguridad necesaria es “un presidente fuerte e inteligente”. La operación discursiva es clara: deja de discutirse qué controles democráticos requiere una tecnología disruptiva y se discute quién tiene autoridad para definir qué riesgos son reales. Esa autoridad, en su relato, recae en el poder presidencial y en el desarrollo empresarial acelerado.

"A mil días de gobierno (asumió el 10 de diciembre de 2023), el balance es mixto y muy polarizado.
Lo que mejoró de forma clara
Inflación: Recibió 211,4% anual en 2023. En 2024 cerró en 117,8% y en 2025 en 31,5%. En agosto de 2026 el dato mensual fue 1,7%, el más bajo para ese mes en casi una década. Sigue alta para estándares internacionales (~30-34% interanual), pero el descenso es el dato más sólido de la gestión.
Pobreza: Pegó un pico brutal en el primer semestre de 2024 (52,9%) por la devaluación y el ajuste. Después bajó. El último dato oficial (segundo semestre 2025) la ubica en 28,2%. Milei dice que sacó a 14 millones de personas de la pobreza midiendo desde ese pico. Contra fines de 2023 la caída es menor (unos 6 millones). El dato del primer semestre 2026 sale el 24 de septiembre.
Cuentas públicas: Superávit fiscal primario sostenido. El Estado dejó de emitir para cubrir el rojo.
Riesgo país y dólar: El riesgo país bajó de más de 1.900 puntos a alrededor de 500. El tipo de cambio está más estable que en 2023-2024.
Exportaciones e inversión: Récords de exportaciones, boom en energía y minería, y el RIGI atrayendo proyectos (el gobierno habla de decenas de miles de millones de dólares aprobados o en pipeline).
El costo
Salarios: Los registrados privados siguen por debajo del nivel de noviembre 2023 (caídas reales de entre 3% y 8% según el recorte). El salario mínimo perdió alrededor del 40% de poder adquisitivo. El sector público nacional está bastante más atrás.
Empleo: Se perdieron cientos de miles de puestos formales (las cifras van de 300.000 a más de 400.000 según la fuente). Subió la informalidad (alrededor del 44%). El desempleo abierto está en 7,8%. La industria y la construcción siguen flojas.
Actividad: 2025 creció 4,4%. Para 2026 las proyecciones bajaron a menos del 2% (algunas consultoras hablan de 1,5-2%). El crecimiento está concentrado en agro, energía y minería; no llega parejo al mercado interno.
Imagen: La aprobación de Milei ronda el 35-40% y la desaprobación el 58-62% en las encuestas recientes. Las principales quejas de la gente son falta de trabajo, salarios bajos y, en menor medida, corrupción.
Como se se lee según el lente
Quienes lo defienden dicen que heredó una economía al borde del descontrol (inflación de tres dígitos, déficit, reservas negativas) y que el ajuste era inevitable. Destacan que, a diferencia de otros intentos, esta vez el equilibrio fiscal se sostuvo y la inflación no volvió a dispararse.
Quienes lo critican dicen que el “éxito” macro se pagó con un ajuste recesivo que recortó ingresos, empleo formal y consumo, y que el crecimiento no es generalizado. También apuntan al estilo confrontativo, a escándalos (el caso Adorni fue el que más desgaste generó) y a que parte del alivio social viene de comparar contra el peor momento de 2024, no contra 2023.
En resumen: en inflación, déficit y riesgo país el cambio es grande y medible. En salarios, empleo formal y sensación cotidiana de mucha gente, el balance es negativo o, como mínimo, incompleto. “Bueno” o “malo” termina dependiendo de si priorizás la estabilización macro o el costo social inmediato, y de cómo evolucionen 2026-2027. El próximo dato de pobreza y las elecciones de 2027 van a pesar más que cualquier discurso." Con cariño tío Grok😏

La llamada “economía de la adicción” ya no puede pensarse como un fenómeno marginal: apuestas online, pornografía y consumos problemáticos se expanden al amparo de un capitalismo digital que convierte la vulnerabilidad social en negocio. Entre la desregulación, la precarización y el pragmatismo fiscal, el Estado corre el riesgo de pasar de garante de derechos a socio indirecto de industrias que lucran con la dependencia, mientras una generación de jóvenes queda atrapada entre el mercado, el endeudamiento y la ausencia de expectativas de futuro. En la apertura Tucker Carlson dialosga con Saagar Enjeti que habla sobre quiénes se están enriqueciendo con la destrucción de los hombres jóvenes en Estados Unidos.
Saagar Enjeti es el presentador de Breaking Points with Krystal and Saagar, disponible en YouTube y en tu plataforma de podcasts favorita. Saagar trabajó anteriormente en The Daily Caller como corresponsal en la Casa Blanca. En este reportaje es particularmente interesante porque nos muestra otra faceta de "hacia dónde estamos yendo" en nuestro país.

El boom de la inteligencia artificial está llevando las ganancias corporativas estadounidenses a niveles históricos, pero detrás de la euforia tecnológica aparece una estructura mucho más frágil: salarios deprimidos, concentración del capital, endeudamiento masivo, compromisos fuera de balance y un circuito financiero que necesita que la demanda de IA crezca indefinidamente. La pregunta no es si la IA transformará la economía, sino si el capitalismo podrá convertir los cientos de miles de millones invertidos en una rentabilidad suficiente para evitar que la revolución tecnológica termine convertida en una nueva burbuja financiera.
Y esto conecta directamente con la cuestión argentina. Milei ofrece a la Argentina como plataforma de recursos naturales, energía barata y desregulación para ese nuevo ciclo de acumulación al que da por consolidado. Sin embargo la discusión, entonces, no debería limitarse a cuántos dólares puede atraer la IA, sino su sustentabilidad y en todo caso quién captura la renta energética, quién controla la infraestructura y qué parte del excedente queda en el país. La experiencia histórica juega en contra e indica que cuando una nueva revolución tecnológica de consolidarse, llega acompañada de una enorme concentración financiera, la pregunta decisiva no es cuánto crece la tecnología, sino quién se apropia de sus ganancias y quién paga sus crisis.

El ICE está construyendo una gigantesca reserva genética de migrantes que alimenta la principal base de ADN criminal de Estados Unidos. Lo que comienza como política de control fronterizo abre una nueva fase del capitalismo de vigilancia: la apropiación estatal de información biológica de poblaciones vulnerables para usos policiales presentes y futuros. La comparación con Milei es pertinente, pero hay que hacerla con precisión: Argentina no está en el punto del “saqueo genético” del ICE que describe Sgarzini; está avanzando en la construcción de una infraestructura de vigilancia biométrica, digital y migratoria que podría constituir el sustrato para una expansión futura.
La similitud más importante no está todavía en el ADN, sino en la lógica política. Trump convierte al migrante en objeto privilegiado de extracción de información biológica; Milei está desplazando la cuestión migratoria desde un paradigma de derechos hacia uno de seguridad, control e inteligencia. El DNU 366/2025 endureció el régimen migratorio y el Gobierno incorporó mecanismos de autenticación biométrica en los pasos fronterizos.
El paralelismo se vuelve más significativo cuando se observa la expansión de las tecnologías de vigilancia en Argentina. En 2024-2025 el Gobierno incorporó herramientas de reconocimiento facial, monitoreo de redes y plataformas de análisis de información; además, en 2026 se informó sobre el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial capaces de cruzar información proveniente de distintos organismos estatales.
La cuestión de fondo es quién controla esos datos y para qué. Una base biométrica no es simplemente una herramienta administrativa: cuando se articula con inteligencia artificial, reconocimiento facial, información migratoria, antecedentes, redes sociales y bases estatales, puede convertirse en una infraestructura de clasificación y vigilancia de la población.
Y aquí aparece una diferencia importante entre Trump y Milei. En Estados Unidos, el dispositivo tiene una escala y una acumulación genética muy superiores. En Argentina, el proceso está más avanzado en el terreno de la biometría, la vigilancia digital y la securitización de la migración. El peligro no reside entonces en afirmar que Milei ya está haciendo lo mismo que ICE, sino en advertir que se está construyendo una arquitectura tecnológica compatible con una expansión de esas prácticas.
Hay además una dimensión de clase particularmente clara. La población migrante pobre constituye el primer objetivo de esta transformación. El Gobierno ha endurecido los requisitos para ingresar y permanecer en Argentina y ha asociado crecientemente migración, seguridad y criminalidad. Paralelamente, mantiene mecanismos destinados a facilitar la radicación de extranjeros que aporten capital.
Es decir: fronteras más cerradas para el migrante pobre y puertas selectivamente abiertas para el capital extranjero.
Ese contraste permite formular una hipótesis política más amplia: el neoliberalismo de Milei no elimina al Estado; lo reconfigura y amplía. Reduce sus funciones sociales y amplía sus capacidades de vigilancia, identificación, disciplinamiento y protección de la propiedad.
La comparación con el modelo Trump resulta entonces reveladora: el Estado que se retira de la protección social reaparece fortalecido como Estado policial, fronterizo y tecnológico.
El ADN es apenas el límite extremo de una transformación más amplia: cuando el Estado deja de garantizar derechos y comienza a clasificar cuerpos, migrantes y ciudadanos mediante tecnologías de vigilancia, la información personal se convierte en un nuevo recurso estratégico del poder.
¿Cuánto falta para que la biometría migratoria, el reconocimiento facial, la inteligencia artificial y las bases de datos estatales dejen de ser instrumentos administrativos y se conviertan en una verdadera infraestructura de vigilancia social?

El artículo de Martin Hart-Landsberg, publicado en Monthly Review, propone leer la inteligencia artificial no como una tecnología neutral, sino como un nuevo campo de disputa por el poder económico.
El punto más fuerte del texto es que la amenaza de la IA no reside solamente en la automatización del trabajo, sino en quién controla la infraestructura, los datos, los algoritmos y el capital necesario para desarrollarla.
Desde esta perspectiva, los grandes empresarios tecnológicos —los llamados tech billionaires— concentran un poder que excede ampliamente el ámbito empresarial. La IA puede convertirse en un mecanismo de centralización de riqueza y poder económico, porque las empresas dominantes poseen simultáneamente:
enormes volúmenes de datos;
capacidad computacional;
capital financiero;
infraestructura digital;
propiedad intelectual;
plataformas de distribución;
y capacidad para influir sobre los Estados.
El resultado puede ser una nueva fase de concentración monopólica.
La cuestión decisiva no es simplemente si la IA "destruirá empleos". El problema de fondo es quién se apropia de los incrementos de productividad generados por ella.
En una economía capitalista, una tecnología que permite producir más con menos trabajo no implica automáticamente una reducción de la jornada laboral o una mejora del bienestar. Puede traducirse en:
más productividad → menor necesidad de trabajadores → presión sobre salarios → mayor rentabilidad del capital → concentración de riqueza.
Por eso, la IA puede profundizar una tendencia ya existente: mientras una minoría propietaria controla los activos tecnológicos, una mayoría depende de vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.
La conclusión implícita de Hart-Landsberg es especialmente relevante: no alcanza con regular la inteligencia artificial.
La regulación puede limitar algunos abusos, pero deja intacta la estructura de propiedad. La cuestión estratégica es entonces disputar quién controla la tecnología y para qué fines sociales se utiliza.
Esto permite conectar el debate sobre IA con una cuestión clásica del pensamiento marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas puede abrir posibilidades extraordinarias de bienestar colectivo, pero bajo relaciones capitalistas esas posibilidades pueden convertirse en instrumentos de dominación.
Una lectura desde la Argentina
Este planteo resulta particularmente pertinente frente a un modelo económico que busca reducir el costo laboral como mecanismo de competitividad.
La IA puede funcionar como una nueva herramienta disciplinaria sobre el trabajo: no necesariamente porque sustituya inmediatamente a millones de trabajadores, sino porque introduce la amenaza permanente de sustitución y, por lo tanto, aumenta el poder de negociación del capital frente al trabajador.
El problema no sería entonces solamente el "desempleo tecnológico". Es algo más profundo: la apropiación privada de una productividad producida por el conocimiento social acumulado.
La resistencia que plantea Hart-Landsberg debe entenderse, por lo tanto, como una disputa por la propiedad, el control y la orientación social de la tecnología.
La pregunta fundamental no es "¿qué hará la IA con nosotros?", sino "¿quién controlará la IA y quién se apropiará de la riqueza que produzca?"

El caso Cerimedo expone una dimensión cada vez más relevante de la disputa política argentina: la capacidad de actores privados para intervenir sobre la formación de la opinión pública mediante dinero, datos, algoritmos, redes sociales y operaciones de inteligencia. La manipulación electoral ya no necesita alterar una urna; puede comenzar mucho antes, condicionando qué información reciben los ciudadanos, qué adversarios son construidos como enemigos y qué temas dominan la agenda pública.
Desde esta perspectiva, los llamados “sótanos de la democracia” adquieren una nueva dimensión. Las estructuras tradicionales de inteligencia y operaciones políticas pueden articularse con empresas tecnológicas, consultores electorales y capitales privados, creando una verdadera infraestructura de ingeniería de la opinión. El interrogante para 2027 no es solamente quién ganará las elecciones, sino quién posee los recursos económicos y tecnológicos para intervenir sobre las condiciones en las que millones de argentinos forman su voluntad política.
La disputa electoral de 2027 podría librarse mucho antes de las urnas: dinero, datos, algoritmos y redes de operaciones pueden convertirse en instrumentos de poder capaces de condicionar la voluntad popular. El caso Cerimedo, analizado por Emilia Trabucco, obliga así a discutir un problema institucional mayor: la privatización de capacidades de manipulación política que históricamente estuvieron concentradas en aparatos estatales. En una democracia formalmente libre, la cuestión decisiva pasa a ser quién controla el espacio informacional donde se construye el consentimiento popular.

El artículo de Bruno Sgarzini pone el foco en un caso especialmente revelador de la relación entre poder político, capital tecnológico y Estado: Trump compró acciones de Palantir y posteriormente salió públicamente a defender la cotización de la empresa. Los registros muestran compras por cientos de miles de dólares durante el primer trimestre de 2026, mientras Palantir se beneficiaba de contratos multimillonarios con el gobierno estadounidense.
El punto político de fondo es más importante que la operación bursátil: la administración Trump aparece como un espacio donde se entrecruzan decisiones estatales, intereses empresariales y valorización financiera. Palantir, fundada con financiamiento de la CIA y estrechamente vinculada al aparato de seguridad estadounidense, se convirtió en un proveedor estratégico de software para vigilancia, inmigración y defensa.
Trump no sólo gobierna: también invierte en empresas que se benefician de las políticas de su propia administración. El caso Palantir expone la creciente fusión entre Estado, capital tecnológico y complejo militar-securitario estadounidense, donde los contratos públicos alimentan las ganancias privadas y las decisiones del poder político pueden impactar directamente sobre la valorización financiera de las corporaciones.

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

El artículo de Cenital sobre los data centers tiene una lectura política particularmente interesante: la “nube” es una infraestructura material que transforma recursos públicos en condiciones de rentabilidad privada.
El punto central es que la inteligencia artificial no existe en el aire. Necesita enormes cantidades de electricidad, agua, suelo, infraestructura y redes, y esos recursos son territoriales. El caso estadounidense citado es elocuente: un solo centro de datos en Fayette County consume casi 110 millones de litros de agua, mientras que en Virginia la expansión de estas instalaciones ya se asocia con mayores costos de electricidad, agua y gas para los residentes.
En Argentina, el problema adquiere una dimensión todavía más política. El Gobierno de Milei promueve la llegada de centros de datos de escala hyperscale y contempla a la Patagonia como territorio privilegiado por su disponibilidad energética y condiciones climáticas. A la vez, Sur Energy y OpenAI firmaron una carta de intención para un proyecto que podría alcanzar 500 MW. Para facilitar estas inversiones se impulsa además un “Super RIGI”, con una alícuota de Ganancias del 15% y liberación de importaciones y exportaciones, sin exigencias ambientales específicas según el proyecto analizado por Cenital.
Ahí aparece la cuestión decisiva: ¿quién paga la infraestructura y quién captura el excedente? La entrevista a Cecilia Rikap desmonta la idea de que cualquier inversión tecnológica constituye automáticamente desarrollo. Los data centers generan empleo fundamentalmente durante su construcción, tienen escasos encadenamientos productivos locales y buena parte de su inversión corresponde a componentes importados, particularmente semiconductores. No hay, por lo tanto, un efecto multiplicador comparable al de una industria manufacturera capaz de desarrollar proveedores locales y transferencia tecnológica.
La cuestión del agua y la energía permite ir todavía más lejos. Si una instalación privada consume recursos estratégicos durante las 24 horas, los 365 días del año, el costo de oportunidad no desaparece: se desplaza hacia el resto de la sociedad. Menos disponibilidad energética para otros usos, presión sobre tarifas, utilización intensiva del agua y eventualmente desplazamiento de otras actividades productivas. Es una forma contemporánea de privatización de beneficios y socialización de costos.
Por eso me parece especialmente potente pensar el fenómeno como extractivismo digital. Ya no se trata solamente de extraer petróleo, litio, minerales o tierras: también se extrae capacidad energética, agua, territorio y renta para alimentar plataformas y modelos de inteligencia artificial controlados por grandes corporaciones tecnológicas.
Y hay una paradoja especialmente argentina: un país que necesita divisas, empleo y desarrollo tecnológico puede terminar ofreciendo recursos estratégicos a empresas globales a cambio de una inversión cuyo principal efecto local sea consumir esos mismos recursos. El problema no es tener data centers. Como señala Rikap, el punto es la planificación territorial y la capacidad del Estado para decidir dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién se instala esa infraestructura.
La pregunta política, entonces, no debería ser “¿cómo hacemos para atraer inversiones?”, sino:
¿Qué parte de la riqueza generada por la economía digital queda en el territorio que aporta el agua, la energía, el suelo y la infraestructura necesaria para producirla?
Ahí está, el verdadero conflicto de la llamada “economía de la nube”.

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.
Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.
Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.
El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.
Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.
En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.

El cofundador de Anthropic, Chris Olah, participó junto al Papa León XIV en el Vaticano el 25 de mayo de 2026 para la presentación de la encíclica sobre inteligencia artificial titulada Magnifica humanitas, esta presencia no fue de cortesía obviamente. En el artículo de Axios describe una deriva inocultable de aquella posición, como una paradoja creciente: mientras Anthropic se consolida como una de las compañías más influyentes de la IA, su posición política y regulatoria la está dejando cada vez más aislada frente al resto de la industria.
Anthropic quedó sola frente a sus competidores. La empresa decidió no firmar una carta impulsada por el CEO de NVIDIA que rechaza la posibilidad de prohibir los modelos abiertos ("open-weight") desarrollados en China. Mientras gigantes como OpenAI, Microsoft, Google y Meta respaldaron una postura más abierta, Anthropic prefirió mantener distancia.
No apoya una prohibición absoluta. El CEO, Dario Amodei, aclaró que la empresa no propone vetar completamente los modelos chinos, aunque sí sostiene que representan riesgos importantes en materia de seguridad nacional, espionaje tecnológico y robo de propiedad intelectual.
El debate excede lo tecnológico. En Washington se discute si Estados Unidos debe restringir la circulación de modelos abiertos chinos como Kimi K3 o DeepSeek. Anthropic y OpenAI vienen alertando sobre esos riesgos, mientras NVIDIA y gran parte de la industria argumentan que una prohibición terminaría debilitando la competitividad estadounidense y favorecería el desarrollo autónomo de China.
La discusión refleja dos estrategias diferentes dentro del capital tecnológico estadounidense:
El bloque de las plataformas abiertas (NVIDIA, Microsoft, Meta y otros) considera que mantener abiertos los modelos fortalece el ecosistema occidental, genera mayor innovación y dificulta que China desarrolle un estándar alternativo.
El bloque de los laboratorios de frontera, encabezado por Anthropic y, en menor medida, OpenAI, prioriza controles regulatorios más estrictos porque entiende que los modelos más avanzados constituyen una tecnología estratégica comparable a los semiconductores o incluso al material nuclear.
El conflicto no enfrenta simplemente a Estados Unidos y China. También expresa una disputa intra-capitalista por quién controlará la infraestructura de la inteligencia artificial.
Las empresas de hardware y de infraestructura obtienen beneficios cuanto mayor sea la difusión de modelos abiertos.
Los desarrolladores de modelos cerrados tienen incentivos para promover mayores barreras regulatorias que eleven el costo de entrada para futuros competidores.
En ese sentido, la controversia sobre los modelos abiertos chinos funciona también como una disputa por la configuración del futuro mercado mundial de la IA: si prevalecerá un ecosistema relativamente abierto y competitivo o un oligopolio dominado por un puñado de laboratorios estadounidenses con fuerte respaldo estatal.
En síntesis, el artículo de Axios muestra que Anthropic está cada vez más aislada porque intenta combinar una agenda de seguridad nacional con una regulación más estricta de la IA, mientras buena parte de Silicon Valley teme que esas restricciones terminen consolidando un mercado menos competitivo y más concentrado.

El artículo de Axios del 27 de julio de 2026 analiza cómo OpenAI está posicionando a ChatGPT como una herramienta para “especialistas del trabajo”, es decir, profesionales que requieren asistencia en tareas complejas y específicas. El foco está en cómo la IA se integra en entornos laborales, más allá de usos generales o recreativos. En el contexto argentino, donde la digitalización laboral avanza pero enfrenta limitaciones de infraestructura, la idea de un ChatGPT especializado podría ser útil en sectores como educación pública, asesoría legal y gestión financiera. Sin embargo, la falta de regulación clara y la necesidad de supervisión humana son desafíos inmediatos.

Alguien usó IA para escribir mi biografía. Miles de libros más de ese tipo están contaminando Amazon. ¿Quién está detrás de toda esta bazofia?