Categoría Política

Ajuste y desigualdad ante la muerte

A falta de estadísticas oficiales del INDEC desglosadas por ingresos, la demografía social en la Argentina demuestra, a través del nivel educativo y la segregación territorial, que la esperanza de vida está fuertemente condicionada por el estrato socioeconómico. Mientras las poblaciones de mayor instrucción y mejor localización urbana superan los 80 años de expectativa, los sectores vulnerables registran hasta siete años menos de longevidad, penalizados por diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas, precariedad habitacional y barreras en el acceso a la salud. Al respecto, el dato más contundente del ajuste en salud es el del Plan Remediar con una caída del 72 % del presupuesto real entre 2023 y 2026, junto con la reducción de los tratamientos distribuidos. En todos los planes se redujeron de manera sustancial los recursos nacionales destinados a garantizar su acceso gratuito.

El centroizquierda peronista o no, no muere por sus derrotas: muere cuando deja de confrontar al poder

Varoufakis recupera una distinción fundamental: no es lo mismo negociar desde una posición de fuerza que convertir la negociación en una renuncia permanente. El compromiso deja de ser una herramienta política cuando implica abandonar los objetivos que justifican la propia existencia de una fuerza de izquierda.
¿Qué significa para la Argentina?
La discusión interpela directamente al peronismo y al conjunto del progresismo argentino. No alcanza con denunciar el ajuste de Javier Milei ni con esperar que el deterioro económico produzca, por sí solo, una recuperación electoral. La cuestión es qué alternativa se ofrece y qué intereses sociales está dispuesta a enfrentar.
Si la oposición se limita a prometer una administración más moderada del mismo orden económico, sin discutir la distribución del ingreso, el endeudamiento, el poder de los grandes grupos económicos y la precarización laboral, corre el riesgo de reconstruir las condiciones que hicieron posible el ascenso libertario.
La lección de Varoufakis, sin embargo, también merece una discusión crítica: permanecer en la oposición no garantiza una política transformadora, del mismo modo que gobernar no implica necesariamente capitular. La cuestión decisiva es la relación de fuerzas, la organización popular y la capacidad de convertir un programa en poder efectivo.
El desafío consiste en evitar dos trampas: el posibilismo que termina administrando los intereses de las clases dominantes y el purismo que renuncia a construir mayorías capaces de disputar el Estado.
La pregunta, entonces, no es solamente por qué fracasa el centroizquierda. Es más incómoda: ¿qué sentido tiene conquistar el gobierno si, para conservarlo, hay que renunciar a transformar las relaciones de poder que perjudican a las mayorías?

¿Qué sucedió en la semana , eh?

Una semana más, una semana menos en Argentina. El presidente Javier Milei habría echado al ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo por los malos resultados económicos; los libertarios se quisieron apropiar la victoria de Bolsonaro ante Lula en Brasil y también se subieron al homenaje de Lionel Messi a Sancor Seguros; Patricia Bullrich suena como candidata a presidenta y dicen que Mauricio Macri ya eligió; la Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con su fallo y volvieron a poner límites a la venta de tierras a extranjeros; Santiago Caputo le dio la privatización de Aysa a sus grandes amigos, los hermanos Neuss; sigue la interna peronista con Kicillof contra el ala de Cristina Kirchner; sigue la polémica entre las universidades y el Gobierno de Milei por el financiamiento universitario y convocaron a la Quinta Marcha Federal Universitaria y pidieron la detención de Santiago Bausili por perder dinero invirtiendo las reservas de oro del Banco Central.

Los protagonistas de la semana fueron Javier Milei, Luis Caputo, Santiago Caputo, las universidades, Bullrich, la Corte Suprema de Justicia, el oro del Banco Central, Macri, la Ley de Tierras, Bolsonaro y muchos más.

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Estás Frito Angelito

La promesa de libertad económica convive con una paradoja: mientras se reivindica la autonomía individual, millones de personas quedan condicionadas por sus obligaciones financieras. La libertad del acreedor para cobrar tiene como contracara la pérdida de margen de decisión del deudor.

El artículo de Gatti acierta al proponer la politización de la deuda y la organización colectiva del malestar. Su principal aporte consiste en desplazar la discusión desde la responsabilidad individual hacia las relaciones sociales que producen el endeudamiento.

Una precisión importante: no toda deuda es idéntica ni todo endeudamiento constituye automáticamente explotación. Es necesario distinguir entre crédito productivo, endeudamiento público, financiamiento del consumo y préstamos usurarios. La cuestión de clase pasa por identificar quién presta, quién se beneficia, quién asume el riesgo y quién termina pagando los costos.

La conclusión política: no alcanza con enseñar a administrar mejor las deudas. También hay que discutir por qué los ingresos del trabajo resultan insuficientes, cómo se distribuye el excedente y qué poder adquieren los acreedores sobre la vida social. La educación financiera popular puede ser una herramienta de defensa; sin embargo la transformación de las condiciones que producen el endeudamiento exige organización y disputa política que de no ocurrir, estás frito angelito.

Se nota mucho: La presión popular reactiva la Ley de Tierras y la proscripción a CFK tensa el tablero

La presión y movilizaqción social, «la calle», marca el pulso judicial frente al escepticismo de la dirigencia política. La masiva movilización popular y el repudio generalizado en los tribunales forzaron a la Corte Suprema a un giro de timón inmediato, desarmando el discurso resignado de ciertos sectores partidarios que daban por perdida la batalla contra la entrega del territorio nacional tras el rechazo al amparo del CECIM.

Lejos de la supuesta «irreversibilidad» de los fallos, la presión de la sociedad civil obligó al máximo tribunal a convocar a un acuerdo extraordinario urgente y citar a conjueces para revisar, bajo la lupa ambiental de la ONG Árbol de Pie, la constitucionalidad de la Ley de Tierras.

Este recalculated institucional expone los complejos hilos del poder en una semana donde la agenda judicial se recalienta: el mismo tablero legal que hoy debe definir la soberanía de los recursos estratégicos viene de dejar firme el decomiso de bienes a los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, demostrando que la Justicia no opera en el vacío técnico, sino en un constante arbitraje frente al humor social y el conflicto.

Este es el estado de situación respecto a la proscripción de Cristina Fernández, un equilibrio que solo romperá la movilización y el rechazo popular, nada es irreversible enfrentando a la trama dirigencial propia y extraña que acuerda a viva voz o en silencio con la proscripción de CFK, atendiendo muy particularmente entre quienes «dicen» no acordar. Se nota mucho.

No camines solo: el desafío que Milei le plantea al conjunto de las fuerzas popular democráticas

Todo comenzó cuando un joven peronista se acercó al bar pidiendo supuestos consejos basada en una supuesta experiencia que al parecer creía (él) que yo tenía.😏
En concreto preguntaba si había que ir o no a reventarle las casas a los jueces. Obvio no le dije que sí ni que no, solo se me ocurrió una apreciación: "Toda decisión se debe tomar en el contexto de una organización" (comúnmente denominada ORGA), aún con todas las contradicciones y miserias, inevitables en toda ORGA. No hay efectos políticos duraderos si las decisiones se toman fuera de una organización.

No parece que me hirviera la cabeza con esa respuesta ... Pero resulta que hoy leemos en Jacobin que la hiperpolítica describe una paradoja de nuestro tiempo: crecen las protestas, la polarización y la participación política, pero ese movimiento no siempre modifica las relaciones de poder. En la Argentina de Milei, el desafío del campo popular no consiste solamente en resistir el ajuste o ganar elecciones, sino en transformar el descontento disperso en organización duradera, conciencia de clase y capacidad efectiva para disputar la hegemonía. Porque una sociedad puede estar en ebullición política y, sin embargo, dejar intactos los privilegios de quienes concentran el poder económico. La reflexión de Jäger puede ponerse en diálogo con dos tradiciones marxistas.

Desde Gramsci, el desafío es pasar de la reacción episódica a la construcción de una voluntad colectiva capaz de disputar la hegemonía. Esto requiere organización, elaboración intelectual y arraigo en la vida cotidiana de las clases subalternas.

Desde Althusser, cabe agregar que el poder de las clases dominantes no se reproduce exclusivamente mediante la coerción estatal. También opera a través de instituciones y prácticas que contribuyen a reproducir las relaciones sociales existentes. Por eso, cambiar el clima de opinión no equivale necesariamente a modificar las condiciones materiales que sostienen la dominación.

La pregunta estratégica para la izquierda argentina es, entonces, cómo convertir el malestar social en capacidad colectiva de intervención, sin confundir la visibilidad política con la fuerza organizada. En esa perspectiva la cuestión central no aprece ser cuánto se moviliza una sociedad, sino qué fuerza social queda organizada después de la movilización y qué capacidad tiene para cambiar las condiciones materiales de vida. Esa es la diferencia entre una política que expresa el descontento y una política que puede disputar el poder.

Informe Energético CEPA: Guerra a los usuarios

La política energética del Gobierno exhibe una contradicción central: mientras promete seguridad jurídica e inversiones récord en París, en la Argentina se investigan decisiones vinculadas al RIGI, se condonan USD 1.842 millones a distribuidoras eléctricas y se avanza con privatizaciones que favorecen a actores ya instalados. Al mismo tiempo, el ajuste de la Zona Fría descarga el costo sobre millones de usuarios, mientras los grandes negocios energéticos reciben beneficios, subsidios y garantías. Entre el RIGI, Vaca Muerta y las reformas regulatorias, el modelo redefine quién paga y quién captura la renta energética.

De la bandera de Malvinas a la venta de la tierra

Hay una contradicción política : no alcanza con denunciar hoy la extranjerización si antes se acompañó —desde distintos espacios opositores y provinciales— el andamiaje jurídico y económico que amplió la capacidad del capital transnacional para apropiarse de recursos estratégicos.
Conviene, eso sí, distinguir responsabilidades: no todos los dirigentes opositores votaron lo mismo ni apoyaron el RIGI. La propia votación parlamentaria muestra posiciones diferenciadas. Pero sí existe un antecedente documentado de gobernadores peronistas y legisladores provinciales aliados que impulsaron o acompañaron el RIGI, Súper RIGI el andamiaje estructural de la pérdida de soberanía particularmente en el Norte del paí, que según esta dirigencia transvcersal, resularía beneficiado con la entrega de soberanía.

Del ajuste salarial al endeudamiento popular

El fenómeno de endeudamiento puede sintetizarse así: primero cae el salario real → aumentan los costos esenciales → se reduce el ingreso disponible → el hogar se endeuda para sostener el consumo → llega la morosidad → la deuda deja de ser una solución transitoria y se convierte en otra forma de ajuste.

Por eso, la morosidad récord no es simplemente un problema de quienes “no pagan”. Es también un indicador de la incapacidad de los ingresos laborales y previsionales para acompañar el costo de reproducción de la vida.

¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien allá afuera? ¿Hay alguien allá afuera?

En la Argentina contemporánea esa operación se ve con nitidez. El trabajador precario no aparece como tal: aparece como monotributista, como “emprendedor”, como “colaborador” de una plataforma o como alguien que “eligió” la flexibilidad. Rappi, PedidosYa, Uber o el delivery de barrio no se presentan como una relación de subordinación mediada por un algoritmo, sino como un mercado de individuos libres que administran su tiempo. El salario se disuelve en “ingresos variables”; la jornada, en “disponibilidad”; el riesgo empresario, en “autonomía”.

El monotributo cumple una función ideológica precisa: formaliza la informalidad sin reconocer la dependencia. Convierte una posición de clase en una categoría fiscal. Quien vende su tiempo a un tercero sigue haciéndolo, pero ahora figura como un pequeño contribuyente responsable de sí mismo. La precariedad deja de ser un dato de la relación laboral y pasa a ser un problema de “gestión personal”.

La deuda de consumo completa el cuadro. Tarjeta, crédito digital, fiado de plataforma o préstamo informal no se leen como un mecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo en un salario insuficiente, sino como una decisión financiera del individuo. El trabajador no aparece explotado: aparece endeudado por haber consumido, por no haberse capacitado o por no haber “invertido en sí mismo”.

El lema “sé tu propio jefe” resume la inversión. Lo que en la experiencia concreta es ausencia de derechos, inestabilidad e imposibilidad de negociar colectivamente se traduce en una narrativa de libertad. La pantalla —la app, el perfil, el recuento de pedidos o de likes— ofrece la sensación de mando sobre la propia vida mientras las condiciones de esa vida siguen siendo fijadas por otro: la plataforma, el tarifario, la tasa, el cliente, el algoritmo.

Así, la clase no desaparece. Queda opacada. Lo que se ve es un enjambre de trayectorias individuales; lo que estructura esas trayectorias sigue siendo una relación desigual entre quien controla las condiciones del trabajo y quien debe aceptarlas para vivir.

Tres casos de intento de desalojo de comunidades indígenas y campesinas en Peñas Negras (Catamarca), San Pedro (Misiones) y Lof Melo (Villa La Angostura)

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?

Gramsci contra el posibilismo: la hegemonía como estrategia para disputar el poder

El artículo “Un Gramsci para la estrategia” plantea una cuestión especialmente relevante para pensar la política contemporánea: recuperar a Gramsci no como un teórico de la cultura separado de la lucha de clases, sino como un pensador de la estrategia, del poder y de la construcción de una fuerza capaz de disputar el Estado. El texto insiste en que la hegemonía no puede reducirse a “ganar la batalla cultural”: implica construir un bloque social, conquistar posiciones, organizar a los sectores subalternos y, finalmente, disputar el poder estatal.

La distinción entre guerra de posiciones y guerra de movimientos resulta central. En las sociedades capitalistas occidentales, donde la sociedad civil posee una estructura institucional densa —partidos, sindicatos, medios, iglesias, asociaciones, universidades—, la transformación política no puede pensarse simplemente como asalto inmediato al Estado. La guerra de posiciones supone acumular fuerzas en ese entramado social, disputar el sentido común y construir organización. Pero Gramsci tampoco convierte esa estrategia en un reformismo permanente: la hegemonía es, en última instancia, una preparación para la conquista del poder.

Hay aquí una crítica implícita a una de las apropiaciones más difundidas de Gramsci: aquella que lo transforma en un simple teórico de la comunicación, de los discursos o de la “batalla cultural”. En el Gramsci estratégico, la cultura es una dimensión de la lucha por el poder, no su sustituto. La hegemonía combina consenso y coerción; de allí su célebre concepción del Estado integral como “sociedad política + sociedad civil”.

Otro aspecto particularmente fecundo es la noción de bloque histórico. El sujeto transformador no aparece dado de antemano. El proletariado no puede limitarse a representar sus intereses corporativos: necesita articularse con otras clases y fracciones subalternas —en el caso italiano, especialmente con el campesinado— y convertirse en fuerza dirigente de un nuevo bloque social. Esto permite pensar la política mucho más allá de una concepción mecánica de la relación entre estructura económica y conciencia de clase.

Y aquí aparece una cuestión muy actual para Argentina: la construcción de hegemonía exige transformar demandas dispersas en una voluntad política común. No alcanza con denunciar las consecuencias sociales del neoliberalismo ni con sumar electoralmente organizaciones preexistentes. La pregunta gramsciana es más exigente: ¿qué sujeto social puede articular a trabajadores formales e informales, sectores populares, capas medias empobrecidas, pequeños productores, jubilados y sectores de la economía popular en una nueva dirección política?

En ese sentido, el artículo permite discutir críticamente tanto al neoliberalismo como ciertas respuestas opositoras. Milei entendió que la política no se gana solamente administrando el Estado: hay que disputar previamente el sentido común. Su construcción política consiguió convertir determinadas categorías —“casta”, “libertad”, “Estado”, “mercado”, “déficit”— en organizadores ideológicos de una parte significativa de la sociedad. Una respuesta progresista o nacional-popular que se limite a administrar el Estado o a defender conquistas históricas sin reconstruir una nueva voluntad colectiva queda encerrada en una posición defensiva.

Pero existe también el peligro inverso: confundir hegemonía con marketing político. La hegemonía gramsciana no consiste en fabricar consensos desde arriba, sino en producir una articulación orgánica entre organización, experiencia social, conciencia y dirección política. Por eso el concepto de intelectual orgánico resulta fundamental: el intelectual no es un especialista exterior al pueblo que le explica qué debe pensar, sino alguien inserto en las luchas sociales, capaz de convertir experiencias fragmentarias en conciencia política.

La dimensión nacional también resulta decisiva. El artículo recupera una idea de Gramsci que suele quedar relegada: el internacionalismo no elimina la cuestión nacional. Una clase internacional debe “nacionalizarse” para poder dirigir a sectores sociales concretos. Esto tiene enorme importancia frente a un capitalismo globalizado y frente a las nuevas derechas internacionales. La lucha de clases se desarrolla dentro de Estados nacionales concretos, aunque el capital opere transnacionalmente.

Aplicado al presente argentino, esto conduce a una conclusión fuerte: la reconstrucción de una alternativa al mileísmo no puede ser solamente electoral ni tampoco una mera reunificación de las estructuras existentes. Necesita una estrategia de hegemonía: reconstruir organización popular, disputar el sentido común, producir un programa materialmente creíble y articular un bloque histórico capaz de transformar la correlación de fuerzas.

La gran actualidad de Gramsci reside precisamente allí. No se trata simplemente de ganar elecciones; se trata de construir las condiciones sociales, culturales y organizativas que hagan posible una nueva dirección de la sociedad. La política vuelve entonces a ser entendida en su sentido fuerte: lucha por la dirección intelectual y moral de un bloque social y, finalmente, lucha por el Estado.

El Estado como socio de la adicción: cuando el mercado convierte la vulnerabilidad juvenil en negocio

La llamada “economía de la adicción” ya no puede pensarse como un fenómeno marginal: apuestas online, pornografía y consumos problemáticos se expanden al amparo de un capitalismo digital que convierte la vulnerabilidad social en negocio. Entre la desregulación, la precarización y el pragmatismo fiscal, el Estado corre el riesgo de pasar de garante de derechos a socio indirecto de industrias que lucran con la dependencia, mientras una generación de jóvenes queda atrapada entre el mercado, el endeudamiento y la ausencia de expectativas de futuro. En la apertura Tucker Carlson dialosga con Saagar Enjeti que habla sobre quiénes se están enriqueciendo con la destrucción de los hombres jóvenes en Estados Unidos.
Saagar Enjeti es el presentador de Breaking Points with Krystal and Saagar, disponible en YouTube y en tu plataforma de podcasts favorita. Saagar trabajó anteriormente en The Daily Caller como corresponsal en la Casa Blanca. En este reportaje es particularmente interesante porque nos muestra otra faceta de "hacia dónde estamos yendo" en nuestro país.

Estás frito, angelito

Se analizan las tensiones internas dentro del peronismo y se traza un paralelismo histórico sobre los intentos de construir alternativas por fuera de los liderazgos mayoritarios:

“Esto viene desde 1955 con el primer intento de neoperonismo de Bramuglia tras el derrocamiento de Perón, criticándolo por 'personalista' y por tomar decisiones 'a dedo'.

Si hacés un esfuerzo, parece exactamente lo que se discute hoy. No me llama la atención que, en medio de la proscripción de Cristina Kirchner, surjan intentos de desconocer su conducción, pero es una tradición donde todos los ensayos terminaron mal”.

Se desestian las comparaciones con figuras históricas como Augusto Timoteo Vandor y remarcan la falta de volumen político de los armados actuales:

“Comparar la emergencia de neoperonismos o dirigentes que intentan alternativizar la conducción de Cristina con lo que fue Vandor es un exabrupto insostenible; la UOM de los 60 tenía una fuerza territorial e industrial que hoy nadie tiene.

En la interna Cafiero-Menem no había un liderazgo constituido, pero con Perón sí lo había y se lo desafió igual. Desconocer liderazgos populares consolidados en momentos de persecución política siempre condujo al fracaso”.

Mirá el programa en el video de apertura.

John Fogerty: el rock que puso a los poderosos frente al espejo

Detrás de los grandes éxitos de Creedence Clearwater Revival hubo mucho más que canciones pegadizas. John Fogerty convirtió el trabajo, la guerra de Vietnam, los privilegios de clase y las fracturas de la sociedad estadounidense en himnos populares que, más de medio siglo después, conservan una sorprendente actualidad. Fortunate Son sigue siendo una de las denuncias más contundentes de cómo las guerras las deciden los poderosos mientras otros ponen los cuerpos. Por supuesto esta lectura es controversial en La Argentina, como era de esperar. En la vieja Rock and Pop la dirección literalmente prohibió emitir a Creedence por considerarlo "Grasa". Cada uno es responsable de lo que hizo, hace y hará.
PD: en la apértura una charla actual entre Rick Beato y John Fogerty.

Mil días de Milei: Perfil de un psycho killer (fafafa)

El gobierno de Milei no sólo redujo la inflación y el déficit: modificó la distribución del ingreso y las relaciones de poder. El ajuste recayó sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, mientras el capital financiero y los sectores concentrados ampliaron su participación en el excedente. Mil días después, el experimento libertario deja una sociedad más desigual, hogares más endeudados y una Argentina nuevamente condicionada por la valorización financiera y la dependencia externa ya en fase colonial.

La disputa por la Cámara Federal: cambiar un juez para cambiar el equilibrio del poder

La disputa por la composición de la Sala I de la Cámara Federal porteña expone una batalla silenciosa por el control de uno de los tribunales más estratégicos del poder judicial argentino. El eventual desplazamiento de Leopoldo Bruglia y su reemplazo por Yadarola no implica necesariamente un giro contra el lawfare, pero sí modifica el equilibrio interno de una estructura judicial que durante años tuvo un papel decisivo en las causas contra el peronismo. La reciente reconfiguración de la Cámara Federal porteña, impulsada por la aprobación en el Senado de la Nación de los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, marca un punto de quiebre estratégico en el equilibrio de poder dentro de Comodoro Py. Este movimiento clave del gobierno de Javier Milei, coordinado bajo la gestión del ministro de Justicia Juan Bautista Mahíques, redefine las mayorías en el tribunal que tiene la última palabra sobre las causas de corrupción, lavado de dinero y delitos económicos que afectan tanto a la gestión actual como a administraciones pasadas. En el inicio Cristina tiene que ser candidata, ya se demostró que no funcionan los candidatos delegados.

Sobre el posibilismo: Un pragmatismo sin resultados

El artículo de Samuel Farber en Nueva Sociedad es especialmente interesante porque cuestiona una lectura muy instalada de Max Weber: la oposición entre «ética de la responsabilidad» y «ética de la convicción» como si la primera representara el realismo político y la segunda una política revolucionaria necesariamente irracional.

Farber sostiene que esa dicotomía no alcanza para comprender la política revolucionaria marxista. Weber construyó su crítica desde una posición de liberalismo moderado, nacionalismo alemán y defensa del Estado, y tendió a juzgar de manera mucho más severa la violencia cuando provenía de movimientos socialistas que cuando respondía a objetivos nacionales alemanes.

El punto más fuerte del artículo aparece en el análisis de Brest-Litovsk. Allí Farber muestra que los bolcheviques no actuaron simplemente movidos por una «ética de la convicción». Lenin, Trotski y Bujarin discutieron alternativas diferentes considerando la correlación de fuerzas, la situación militar, las posibilidades de revolución internacional y la supervivencia del poder soviético.

Es decir, la política transformadora también puede ser profundamente estratégica, racional y pragmática, sin abandonar por ello determinados principios.

La crítica de Farber adquiere una dimensión de clase particularmente relevante. Weber defendía el sindicalismo y consideraba legítima la lucha de clases reformista dentro del capitalismo democrático, pero rechazaba la ruptura revolucionaria con el orden existente.

Por eso, la «responsabilidad» weberiana no aparece como una categoría políticamente neutral. En la práctica puede terminar identificándose con la administración responsable del orden social existente, en otras palabras aceptar el campo de los posible sin intentar modificarlo, un dispositivo ideológico que asume la forma de "pragmatismo".

Y aquí está el núcleo político del texto: La responsabilidad no es necesariamente neutral respecto del poder.

Un dirigente puede ser «responsable» porque calcula las consecuencias de sus decisiones, pero también porque acepta como inmodificables las relaciones de fuerza existentes. La política popular democrática, en cambio, intenta transformar esas relaciones de fuerza.

Esta discusión permite recuperar una cuestión que suele desaparecer cuando Weber es convertido en una suerte de árbitro universal de la política: ¿responsable ante quién?

La responsabilidad de un gobierno que administra el capitalismo no tiene necesariamente el mismo contenido que la responsabilidad de una fuerza política que intenta modificar las relaciones de propiedad, distribución y poder.

Desde esta perspectiva, el concepto de responsabilidad puede funcionar ideológicamente como un mecanismo de naturalización del statu quo: realismo → moderación → compromiso → gobernabilidad → preservación del orden existente.

Frente a esto, Farber propone recuperar la racionalidad estratégica del marxismo : analizar condiciones objetivas, correlaciones de fuerzas, organización, tiempos políticos y posibilidades concretas sin convertir los principios en dogmas abstractos.

Una clave para pensar la política contemporánea

El texto resulta particularmente útil para analizar la política actual porque permite distinguir entre realismo político y adaptación política. No todo compromiso es necesariamente una traición a los principios. Pero tampoco todo compromiso es necesariamente «responsable». La cuestión decisiva es qué relación de fuerzas expresa, qué intereses sociales preserva y qué capacidad futura de acción construye o destruye.

Farber lo lleva incluso más lejos: cuando el compromiso se transforma en una filosofía permanente de gobierno, puede terminar asociado a la burocratización y a la reproducción de quienes administran el poder.

La conclusión política sería entonces contundente: la verdadera alternativa no es entre «responsabilidad» y «convicción», sino entre una política que administra relaciones de fuerza dadas y otra que intenta modificarlas conscientemente.

Este es probablemente el aspecto más fértil del artículo: la política responsable no debe definirse por su distancia respecto de la transformación social, sino por su capacidad de comprender la realidad material, identificar intereses sociales concretos y actuar sobre la correlación de fuerzas para modificarla. Lo hemos vivido recientemente cuando la responsabilidad se mimetizo en pragmatismo sin resultados y nos regaló esta agradable circunstancia por la que estamos atravezando.

No se puede hacer más lento

El texto de Esteban Schmidt es una pieza de opinión de alto voltaje, bien escrita y con una voz propia. Tiene el tono de alguien que conoce el oficio mediático desde adentro y que no se deja seducir por el "storytelling" de resiliencia y meritocracia que Hadad viene construyendo.

La tesis central —que Hadad es un simulador profesional, un jugador galáctico del periodismo como herramienta de poder y no como servicio público, y que ahora prueba el agua presidencial— está clara y se sostiene.

En fin que como señalara el gran Rene Lavand, frente a un público que (¡ay!) jamás descubría sus triquiñelas (?) : "No se puede hacer más lento"