Categoría Choreo

Todo sigue igual de bien, no me puedo quejar

El informe permite ir más allá de la discusión contable sobre “déficit versus superávit”. Lo que aparece es una recomposición de las prioridades del Estado.

El ajuste no consiste simplemente en que el Estado gaste menos: gasta menos en determinadas funciones y preserva o incrementa otras. La reducción particularmente intensa de educación, ciencia, infraestructura, políticas alimentarias, desarrollo productivo y asistencia a provincias y municipios supone una transferencia de recursos desde funciones de reproducción social y desarrollo económico hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal, los servicios de la deuda y determinados aparatos estratégicos del Estado.

El dato de +33% real en Inteligencia, colocado junto al desplome de políticas sociales y educativas, resulta políticamente significativo.

En términos de estructura social, puede sintetizarse así: el Estado reduce su intervención allí donde ésta funciona como mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, mientras conserva una fuerte capacidad de intervención en áreas vinculadas con la deuda, el control y la seguridad.

Esto permite caracterizar el programa fiscal del gobierno de Milei no solamente como un programa de reducción del gasto, sino como una reorientación clasista del gasto público.

Hay además una diferencia metodológica importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando otra base y otra comparación interanual, informa para los primeros siete meses de 2026 una caída real del gasto de la Administración Nacional mucho menor, del 0,8% interanual. Esto no invalida el diagnóstico del CEPA: significa que la comparación elegida —2026 contra 2023— es decisiva para medir la magnitud del ajuste acumulado durante el ciclo de gobierno de Milei.

La conclusión política es, entonces, más fuerte que el simple dato del superávit: el equilibrio fiscal se está construyendo mediante una profunda modificación de la composición del gasto público. El interrogante central deja de ser cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién pierde, quién conserva y quién gana con esa redistribución de los recursos públicos.

Van apareciendo las actas: La extranjerización del crudo venezolano

En Venezuela sin prisa ni pausa van apareciendo "las actas" que la comunidad occidental reclamaba y negaba el dictador y son ya un indicador de análisis insoslayable. Por ejemplo, el texto de Bruno Sgarzini que se publica presenta una tesis fuerte: Estados Unidos ya no utiliza las sanciones solo como mecanismo de presión diplomática, sino como un instrumento de administración directa de la renta petrolera venezolana. Si los datos citados son correctos, estaríamos ante un cambio cualitativo en la relación entre Washington y Caracas.
Aunque los casos son muy diferentes, el artículo invita a reflexionar sobre una cuestión más amplia. En América Latina, y La Argentina es un leading case, las disputas contemporáneas por la soberanía ya no se expresan únicamente mediante intervenciones militares.

Con frecuencia aparecen a través del control de:

la deuda externa y la fuga consecuente,
los sistemas de pagos internacionales;
las reservas de los bancos centrales;
las licencias comerciales;
las sanciones financieras;
el acceso al crédito.

Desde esa perspectiva, el dominio sobre los circuitos financieros puede resultar tan determinante como el control territorial.

Sovereignty break

El Gobierno nacional dispuso ayer, mediante el Decreto 590/2026, la convocatoria a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración de hidrocarburos en el área CAN_200 de la plataforma continental argentina, luego de una manifestación de interés presentada por la empresa británica Challenger Energy Group.

Desde el punto de vista jurídico, el decreto supone el inicio de un procedimiento para adjudicar un permiso de exploración bajo jurisdicción nacional. Sin embargo, la decisión resulta políticamente controvertida por varios motivos.

En primer lugar, la elección de una empresa de origen británico despierta cuestionamientos inevitables en un país que mantiene un histórico conflicto de soberanía con el Reino Unido por las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. Aunque la empresa opere bajo la legislación argentina y deba cumplir las normas nacionales, dada la trayectoria del gobierno libertario, la señal política resulta respudiable.

En segundo término, el avance sobre la explotación offshore profundiza un modelo basado en la atracción de capitales extranjeros para desarrollar recursos estratégicos. Esta orientación reduce la capacidad del Estado para conducir la política energética y aumentar la dependencia tecnológica y financiera de empresas internacionales.

También genera interrogantes la oportunidad política de la medida. La publicación del decreto coincidió con una jornada de fuerte atención pública por el partido de la selección argentina, lo que alimentó sospechas de que el Gobierno buscó minimizar el impacto de una decisión muy polémica, por decir lo menos.

En definitiva, el decreto expresa una estrategia de política energética que privilegia la participación de empresas privadas internacionales en la exploración de recursos hidrocarburíferos. Esa orientación es legítimamente discutible desde una perspectiva económica, ambiental y geopolítica, especialmente cuando involucra a una empresa británica en un contexto marcado por la persistencia del conflicto por Malvinas. El debate de fondo, más que sobre una supuesta cesión territorial, gira en torno a quién controla, explota y se apropia de la renta de los recursos naturales estratégicos de la Argentina, una política pública que resulta de hecho en una nueva cesión de soberanía por parte del gobierno nacional.

Freedom

La declaración patrimonial de Donald Trump expone un cambio histórico en su estructura de negocios: las criptomonedas desplazaron al negocio inmobiliario como principal fuente de riqueza. Los ingresos superiores a US$1.400 millones provenientes de activos digitales vuelven a colocar en el centro del debate los posibles conflictos entre la política pública y los intereses privados del presidente estadounidense. El dato más relevante de esta nota no es únicamente el volumen de ingresos, sino que éstos provienen de un sector que la propia administración Trump impulsó desde el gobierno mediante una política de desregulación, apoyo institucional y promoción de Estados Unidos como centro mundial de las criptomonedas. Esa coincidencia ha reavivado las críticas de especialistas en ética pública y de dirigentes opositores, quienes advierten sobre posibles conflictos de interés entre las decisiones presidenciales y los beneficios económicos privados del mandatario. La Casa Blanca rechaza esas acusaciones y sostiene que no existe incompatibilidad legal. De todas maneras los 2.000 millones de Trump, empalidecen frente a los US$ 5.000 millones tomados por el ministro de Economía, Luis Caputo (Decreto 478/2026), que corresponden a una operatoria de crédito público. Obviamente el funcionario defendió la medida aclarando los siguientes puntos clave: No es nueva deuda: Se trata de una operación de refinanciamiento diseñada para cancelar compromisos existentes y mejorar los costos financieros.Tasa de interés: La tasa pactada para estas operaciones es del 6% anual. Jurisdicción: La normativa autoriza ceder jurisdicción a favor de los tribunales de Nueva York. Donald un poroto

Su nombre es legión: En Colombia otro empresario llegó a presidente

La victoria de Abelardo de la Espriella reavivó los interrogantes sobre el origen de su patrimonio. El abogado y empresario conservador, que se presentó como un outsider cercano a Donald Trump y Javier Milei, construyó su fortuna defendiendo a figuras vinculadas al paramilitarismo y a casos de corrupción, cobrando honorarios millonarios.

Investigaciones periodísticas identificaron decenas de empresas asociadas a su nombre, aunque varias registran pérdidas y deudas, lo que pone en duda la imagen de magnate exitoso que proyecta. Además, congresistas demócratas estadounidenses solicitaron investigar el origen de sus inversiones en EE.UU.

Sus críticos sostienen que detrás de su discurso antipolítico aparecen viejas redes de poder económico y judicial que han marcado la historia reciente de Colombia.
Las sombras sobre la fortuna de De la Espriella y un paralelo con Macri

La elección de Abelardo de la Espriella volvió a poner en discusión el origen de su fortuna. El abogado y empresario conservador, cercano a Donald Trump y Javier Milei, construyó su carrera defendiendo a figuras vinculadas al paramilitarismo y a casos de corrupción, mientras investigaciones periodísticas cuestionan la solidez de parte de su entramado empresarial.

Su ascenso presenta similitudes con el de Mauricio Macri. Ambos se proyectaron como empresarios exitosos y outsiders, aunque apoyados en redes de poder económico y mediático tradicionales. No es casual que Macri mantuviera una estrecha relación política con el expresidente Álvaro Uribe, bajo cuyo gobierno se produjo la desmovilización de las AUC y se consolidó el clima político que favoreció el ascenso profesional de De la Espriella.

La afinidad ideológica entre Macri y Uribe, basada en agendas de seguridad, liberalización económica y alineamiento con Washington, encuentra ahora una continuidad en el triunfo del abogado colombiano, representante de una nueva derecha regional que combina discurso antipolítico con fuertes vínculos con las élites tradicionales. En la apertura Alcira Argumedo y su memorable síntesis sobre cómo hicieron su fortuna los Macri y al cierre Javier Ledesma recorre la vida y obra de la famiglia.

Mujercitas

Analizamos algunas de las tensiones internas dentro del oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei, focalizándose en la disputa entre Patricia Bullrich y Karina Milei. La hipótesis central sostiene que esta confrontación expresa diferencias estratégicas entre fracciones del poder económico que, aunque coinciden en el programa de ajuste fiscal y liberalización económica, difieren en sus formas de construcción política y articulación institucional.
Desde una perspectiva político-económica, el sector asociado a Bullrich aparece vinculado al empresariado tradicional, las corporaciones multinacionales y los sectores del denominado “círculo rojo”, que privilegian la estabilidad institucional, la previsibilidad regulatoria y los acuerdos políticos amplios. En contraste, el espacio liderado por Karina Milei y el denominado “Triángulo de Hierro” se relaciona con capitales financieros globales, fondos de inversión, empresas tecnológicas y actores económicos que favorecen una profundización más acelerada de la desregulación y una menor dependencia de las estructuras políticas tradicionales.
La disputa adquirió relevancia institucional a partir del tratamiento del pliego de la jueza María Verónica Michelli en el Senado. La decisión de la Casa Rosada de retirar su candidatura provocó una fractura pública dentro del bloque oficialista, evidenciada por la abstención de Bullrich y la aprobación final del pliego con apoyo opositor. Este episodio puso de manifiesto las dificultades del oficialismo para sostener disciplina parlamentaria y garantizar mayorías en cuestiones estratégicas.
En el plano electoral, el conflicto se expresa en dos estrategias divergentes. Mientras Karina Milei impulsa la consolidación de una estructura partidaria autónoma de La Libertad Avanza, desplazando aliados tradicionales del PRO, Bullrich promueve una integración más amplia de las fuerzas de centroderecha para maximizar competitividad electoral y gobernabilidad: Se señalan las tensiones entre el Gobierno y el grupo industrial Techint, originadas por decisiones de contratación en proyectos vinculados a Vaca Muerta. Estas diferencias reflejan un conflicto entre una lógica de competencia global basada en costos y la defensa de sectores industriales nacionales. Al mismo tiempo, se destaca que la seguridad jurídica continúa siendo una demanda central de los grandes inversores, especialmente en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Finalmente, la interna entre Bullrich y Karina Milei trasciende una disputa personal y representa una puja por la orientación política del oficialismo, con consecuencias sobre la gobernabilidad, la construcción partidaria, las relaciones entre Estado y capital, y la capacidad del Gobierno para sostener consensos legislativos e institucionales. Desde una perspectiva de análisis de clases, la controversia puede interpretarse como una expresión de las tensiones entre distintas fracciones del capital —financiero, tecnológico e industrial— que buscan influir en la configuración del proyecto político libertario y en la distribución futura de beneficios derivados de las reformas económicas en curso, todas perjudiciales para el interés nacional y el conjunto de los sectores populares, obviamente.

El repostero del norte

Bajo el mandato de Donald Trump ocurren tantas cosas descabelladas en cualquier momento que es fácil olvidar que esta es la administración presidencial más errática y plagada de escándalos que Estados Unidos haya visto jamás.

La encíclica del león argento: «Sbalordito Tutti»

En la Argentina del Psycho Killer suceden hechos atípicos tan rápidamente que la anormalidad produce un efecto social de anonadamiento. Mientras el escándalo Adorni nos cautiva, las Privatizaciones de AySA, de las centrales nucleares, de la Hidrovía, o la salida de la Organización Mundial de la Salud, que agrava el desmantelamiento del sistema público de salud – entre otros hechos – lo que se normaliza es precisamente el estado de anonadamiento que padecemos. Por supuesto entonces, en el video de apertura, Pato da Torre nos "anonada".

Absolutamente cortinas

En 250 años, Estados Unidos nunca había visto a un presidente en ejercicio protegerse a sí mismo y a su familia del escrutinio fiscal, después de haber implementado políticas que benefician a sus propios negocios y carteras personales, como lo ha hecho Donald J. Trump .

La farsa democrática: Nuestros enemigos son los superricos y sus secuaces

Las críticas sobre la influencia desproporcionada de las élites económicas en la política no son nuevas. Informes recientes de organizaciones internacionales, como el informe de Oxfam que agregamos en el cierre, señalan que la creciente concentración de riqueza permite a ciertos grupos moldear las agendas públicas. Esto genera un debate global constante sobre la independencia de los medios y el funcionamiento democrático.La percepción de que el sistema recompensa a las élites y que estas utilizan diversas herramientas para preservar el statu quo es compartida por múltiples observadores y movimientos sociales: Concentración mediática: El debate gira en torno a cómo un número reducido de milmillonarios controla gran parte de las redes sociales y cadenas de noticias, limitando la pluralidad y el acceso a la información. Influencia institucional: Diversos análisis políticos sostienen que la financiación de campañas y el cabildeo (lobby) inclinan la balanza legislativa a favor de los intereses corporativos por encima de las demandas populares. Aparato de seguridad: Críticos sociales argumentan que los recursos estatales, policiales y de vigilancia suelen desplegarse para sofocar protestas y frenar cambios estructurales profundos. Analistas de distintas corrientes argumentan que esta dinámica crea una brecha entre la ciudadanía y sus representantes, alimentando la desconfianza generalizada en las instituciones representativas tradicionales.

Adorni, Quintar: Llega «La manuela»

Una parte cada vez mayor de la infraestructura mundial está dominada por el excéntrico, reaccionario y molesto multimillonario Elon Musk. Lamentablemente, es una figura clave que debemos comprender, algo que Ben Tarnoff y Quinn Slobodian se propusieron hacer en Muskism .