Antes de los terremotos, la Administración Trump se había quedado con, al menos, el 70% de los ingresos petroleros de Venezuela, según un análisis del ingeniero petrolero venezolano Einstein Millán Arcia.

Contra el país rigen una serie de licencias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que determinan que la mayoría de los ingresos de entidades sancionadas, como PDVSA, sean depositados en cuentas propiedad del gobierno estadounidense. Esto, en la práctica, le otorga un control discrecional al gobierno de Trump para administrar las entradas de dinero al país venezolano producto de su principal exportación, el petróleo. Los pagos de los compradores se depositan en cuentas controladas por el Tesoro estadounidense y permanecen allí el tiempo que ellos decidan, hasta que son enviados al dueño del recurso —Venezuela— cuando a ellos les plazca, no sin antes retener una gigantesca porción no declarada y desconocida para los venezolanos.

Para Millán Arcia:

El volumen total de petróleo exportado entre enero y marzo rondó los 77,42 millones de barriles, mientras que entre enero y abril fue de 114,29 millones de barriles. El valor aproximado de los primeros se estima en 5.011,6 millones de dólares, mientras que en el segundo caso unos 8.458,4 millones, según se deriva de datos recabados desde Reuters y el reporte oficial de la OPEP. Del total monetizado de las exportaciones realizadas entre enero y marzo, solo una fracción equivalente al 10% fue liberada por la administración estadounidense, mientras que del total enero-abril, un 41,4%.

Hacia finales de mayo, Venezuela y PDVSA habían exportado un volumen total cercano a 152,38 millones de barriles con un valor bruto de 11.673,5 millones de dólares, de los cuales el 70% del ingreso total generado permanece bajo control estadounidense.

Para el exgerente de PDVSA, además, esto se ve reflejado en las cifras de balanza de pagos del primer trimestre de 2026 reportadas por el Banco Central de Venezuela: “los ingresos brutos por exportaciones petroleras alcanzaron 5.491 millones de dólares en dicho período, mientras que en el mismo lapso de 2025 se ubicaron en 4.518 millones, un aumento del 21,53%. Dicho aumento en el valor de las exportaciones petroleras venezolanas se debe estrictamente a la escalada observada en los precios del crudo, habida cuenta de que los promedios de 2025 —tanto de producción, con 1.035.000 barriles diarios, como de exportación, con 892.000— superan con creces los registrados durante el mismo lapso de 2026, de 1.013.000 y 868.000 respectivamente. Ello sugiere que, en lugar de ganancias, ha habido más bien pérdidas relativas para Venezuela bajo el manejo actual de sus exportaciones e ingresos por parte de la administración estadounidense. Según reportes disponibles hasta lo que va de junio de 2026, el monto de divisas que ha salido efectivamente de cuentas controladas por Estados Unidos hacia el Banco Central de Venezuela o entidades venezolanas es solo una pequeña fracción de las ventas o exportaciones petroleras totales del país”.

“Desde enero de 2026, el control estadounidense sobre decisiones otrora soberanas ha sido creciente y sostenido, hasta el punto de que hoy Estados Unidos controla las exportaciones y los ingresos petroleros totales de Venezuela.

Entre las cifras clave confirmadas figura un primer lote en enero de 2026 por un valor cercano a 500 millones de dólares, transferido y confirmado por funcionarios estadounidenses en febrero, por $300 millones para nómina pública y mercado cambiario. Los restantes $200 millones inicialmente retenidos en cuenta en Qatar se transfirieron posteriormente. Hacia finales de abril de 2026, el Departamento de Estado autorizó desembolsos por alrededor de 3.000 millones de dólares, para un total enero-abril esperado de 3.500 millones, sin detallar el monto exacto que llegó neto al BCV ni el saldo remanente retenido en cuentas del Tesoro estadounidense. La información proviene de un testimonio ante el Congreso de Estados Unidos de un funcionario del Departamento de Estado y no de una fuente oficial venezolana, de manera que la recepción de dicho monto no ha sido confirmada aún por el país, según él.

Según cálculos del Financial Times, la administración Trump ha recaudado más de 13.000 millones de dólares en ingresos por la venta de petróleo venezolano este año, pero prácticamente no ha dicho nada sobre qué ha sucedido con ese dinero.

Los ingresos petroleros representan alrededor de una cuarta parte del PIB de Venezuela, y se esperaba que el levantamiento de las sanciones proporcionara un impulso importante a la economía, que ya estaba en crisis incluso antes de los devastadores terremotos del mes pasado.

Pero seis meses después de que Estados Unidos tomara el control de los fondos, los economistas afirman que las señales de una recuperación en Venezuela son relativamente escasas, lo que podría indicar que Estados Unidos no ha enviado todos los ingresos de vuelta a Caracas.

Washington ha dado versiones divergentes sobre lo que está haciendo con el dinero, que van desde una orden ejecutiva que describe su propio papel como de “custodia” hasta las declaraciones del presidente Donald Trump de que Estados Unidos estaba “ganando mucho dinero” con el petróleo venezolano.

El Financial Times calculó los probables ingresos petroleros de Venezuela utilizando datos sobre envíos de crudo desde el país desde enero, recopilados por Kpler, una plataforma de análisis de datos y transporte marítimo. El Financial Times empleó estimaciones de precios de Argus Media, una agencia de precios, para el crudo Merey, un tipo de crudo extrapesado producido en Venezuela, así como para Boscan y Hamaca, dos tipos menos comunes de crudo venezolano.

Los datos de precios no abarcan todos los tipos de petróleo venezolano y solo se recopilaron en febrero. El valor de los barriles con precios directos estimados enviados desde enero asciende a unos 11.500 millones de dólares. Sin embargo, según la evolución histórica de los precios, se estima que los barriles sin precio habrían elevado ese total a más de 13.000 millones de dólares.

En abril, Michael Kozak, alto funcionario del Departamento de Estado, declaró que se habían enviado a Venezuela alrededor de 3.000 millones de dólares procedentes de los ingresos petroleros y que KPMG estaba auditando las cuentas bancarias. Añadió que la administración proporcionaría informes trimestrales sobre los fondos, pero los demócratas del Comité de Asuntos Exteriores afirman no haber recibido ninguna información desde entonces.

Según funcionarios estadounidenses, el control de los fondos petroleros se ha utilizado para ejercer presión sobre Rodríguez, un miembro clave del régimen chavista que ahora gobierna el país en parte siguiendo instrucciones de Washington.

En una audiencia del Congreso el miércoles pasado, Kozak dijo: “Es su dinero, pero… tienen que obtener nuestro permiso”. Añadió que los fondos se destinaron a cubrir gastos como salarios gubernamentales y equipos para la industria petrolera.

El Departamento de Estado afirmó que, en el marco de este sistema, se han desembolsado miles de millones de dólares a la economía venezolana. Añadió que se está llevando a cabo un seguimiento financiero para garantizar que los fondos beneficien al pueblo venezolano.

Un funcionario del Departamento del Tesoro agregó: “El gobierno de Estados Unidos, en su calidad de custodio, ha estado trabajando con el gobierno de Rodríguez desde enero para distribuir rápidamente fondos para gastos oficiales del gobierno, incluyendo la nómina de los empleados públicos, y para garantizar la liquidez en el sistema venezolano”.

El gobierno trumpista controla los flujos petroleros y a través de estos, negocia con varias petroleras su entrada a Venezuela para quedarse con yacimientos a precio de ganga. En medio de esta relación, el dinero de las empresas fluye a las agencias de lobby cercanas a la Casa Blanca y el Departamento de Estado, para conseguir contratos con la nueva ley de hidrocarburos, sancionada por Venezuela, que permite la privatización de la mayoría de los proyectos petroleros. Para consolidar este modelo de extranjerización del crudo venezolano, el Departamento del Tesoro emitió una serie de licencias (permisos) que prohíben la asociación en nuevos proyectos con compañías dirigidas por el Estado venezolano. Un misil teledirigido contra PDVSA, la estatal venezolana.