Categoría Justicia

Convertir relaciones de fuerza en obligaciones jurídicas*

La dominación no siempre llega con los marines. También se impone mediante la deuda, los tribunales y las reglas internacionales que convierten las desigualdades de poder en obligaciones aparentemente neutrales. Argentina es un ejemplo de esa disputa por la soberanía.

El imperialismo contemporáneo no necesita abolir el derecho para ejercer su dominación: puede utilizarlo para convertir relaciones de fuerza en obligaciones jurídicas. Esa es la tesis que desarrolla Luís Eduardo Fernandes en Monthly Review, en su artículo sobre el imperialismo jurídico y la dependencia.

Desde una perspectiva marxista, el autor cuestiona la idea liberal de que el derecho internacional constituye necesariamente un límite al poder de las grandes potencias. Las normas pueden proteger derechos, pero también institucionalizar las desigualdades del sistema mundial, atravesado por la herencia colonial, la dependencia económica y el poder del capital monopólico.

La pregunta fundamental no es solamente si una decisión cumple las reglas, sino quién las establece, qué intereses protegen y quién dispone de la fuerza para imponerlas.

La experiencia argentina permite observar esta contradicción. La deuda externa no es una simple obligación contable: constituye una relación de poder capaz de condicionar el presupuesto, la política económica y las decisiones estratégicas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional expresan esa asimetría, mientras el gobierno de Javier Milei convierte el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica en pilares de su programa.

Estas políticas no distribuyen sus costos de manera uniforme. Mientras trabajadores, jubilados y sectores populares soportan las consecuencias del ajuste, los acreedores y determinados grupos económicos pueden beneficiarse de la reorganización de la economía. Lo que se presenta como una necesidad técnica contiene, por lo tanto, una decisión política y una relación de clase.

La disputa también alcanza a los recursos estratégicos. El litio, los hidrocarburos y los minerales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero la inversión extranjera no lo garantiza por sí misma. Importan el control de los recursos, el valor agregado que permanece en el país, la participación del Estado y la distribución de los beneficios. La seguridad jurídica es legítima, pero no debería convertirse en un blindaje de los privilegios del capital frente a las necesidades de la sociedad.

El problema excede la relación con el FMI: comprende un modelo de inserción internacional que puede reducir la capacidad democrática de decidir qué producir, cómo distribuir la riqueza y qué lugar ocupar en la economía mundial.

Esto no significa que todo el derecho internacional sea una ficción ni que los compromisos externos deban ignorarse. Significa que la legalidad, por sí sola, no elimina las relaciones de dominación. La soberanía requiere instrumentos económicos y políticos para negociar en condiciones menos desiguales y someter las decisiones fundamentales al control democrático.

El imperialismo también se escribe en los códigos, los contratos y las condiciones del crédito. Su eficacia reside en presentar como reglas universales decisiones que reproducen un orden mundial desigual.

La cuestión decisiva es, entonces, quién controla la riqueza social, quién se beneficia del orden vigente y quién paga sus costos. Porque la soberanía popular pierde contenido cuando las mayorías pueden votar, pero el destino de su futuro queda condicionado por poderes económicos que no están sometidos a su control democrático.

Súper pibe

Perón no inventó a la clase trabajadora ni le regaló sus derechos. Su liderazgo fue posible porque los trabajadores irrumpieron como fuerza social y política, desafiando los privilegios de las clases dominantes.

La infancia de Juan Domingo Perón y su contacto con el mundo rural ayudan a comprender su formación. Pero el nacimiento del peronismo no se explica por la biografía de un hombre, sino por una transformación histórica: la industrialización, las migraciones internas y la emergencia de una clase trabajadora que ya no aceptaba vivir sin derechos ni representación política.

El Estatuto del Peón, el aguinaldo y las vacaciones pagas modificaron las relaciones entre capital y trabajo. No fueron concesiones gratuitas: expresaron una nueva correlación de fuerzas, en la que los trabajadores conquistaron derechos y obligaron al Estado a intervenir en un orden social organizado alrededor de los intereses patronales.

Perón fortaleció a los sindicatos y reconoció a los trabajadores como sujetos políticos, mientras procuraba contener el conflicto social dentro de un proyecto de conciliación de clases. Los trabajadores avanzaron en derechos y participación, pero no se abolió el poder económico de los propietarios.

La clave histórica no es lo que Perón concedió, sino lo que los trabajadores conquistaron y la fuerza social que fueron capaces de construir.

Recordar a aquel pibe llamado Perón significa, entonces, reconocer a los hombres y mujeres que con la lealtad como andamiaje estructural, hicieron posible su liderazgo y finalmente comprender que ninguna conquista popular es irreversible cuando cambia la relación de fuerzas.

Porque el peronismo nació cuando los trabajadores dejaron de ser mano de obra subordinada y se convirtieron en protagonistas de la política argentina.

El imperialismo jurídico: cuando la ley se convierte en un instrumento de dominación

La contribución más interesante del texto es que permite pensar el derecho como parte de la estructura de dominación capitalista, sin reducirlo a una mera ficción ni suponer que todas las normas sean idénticas o carezcan de efectos protectores.
Desde esta perspectiva, conviene formular tres preguntas:
- ¿Quién define las reglas? Qué Estados, grupos económicos e instituciones disponen de capacidad efectiva para establecerlas.
- ¿Quién obtiene los beneficios materiales? Qué sectores controlan recursos, inversiones, propiedad intelectual, crédito y circuitos comerciales.
- ¿Quién paga los costos? Qué sociedades y clases soportan el ajuste, la pérdida de soberanía económica o las consecuencias de las sanciones y las intervenciones.
Para América Latina, este enfoque permite examinar críticamente la relación entre endeudamiento externo, tribunales internacionales, protección de las inversiones y condicionamientos sobre las políticas económicas nacionales. No significa que todos esos instrumentos respondan a una misma lógica ni que sus efectos sean siempre iguales, sino que deben analizarse en su contexto histórico y de clase.
La conclusión política
El imperialismo no es únicamente una potencia que interviene desde afuera: es también una relación social que puede consolidarse mediante instituciones, normas y alianzas entre fracciones del capital internacional y clases dominantes locales.
Por eso, la defensa de la soberanía no puede agotarse en la reivindicación abstracta del Estado nacional. Exige identificar qué intereses de clase representa la política económica, quién controla los recursos estratégicos y qué capacidad tienen las mayorías populares para decidir sobre la riqueza que producen.
El problema de fondo no es solamente si se respeta la ley, sino qué relaciones sociales consagra esa ley y qué fuerzas políticas pueden transformarlas.

Se nota mucho: La presión popular reactiva la Ley de Tierras y la proscripción a CFK tensa el tablero

La presión y movilizaqción social, «la calle», marca el pulso judicial frente al escepticismo de la dirigencia política. La masiva movilización popular y el repudio generalizado en los tribunales forzaron a la Corte Suprema a un giro de timón inmediato, desarmando el discurso resignado de ciertos sectores partidarios que daban por perdida la batalla contra la entrega del territorio nacional tras el rechazo al amparo del CECIM.

Lejos de la supuesta «irreversibilidad» de los fallos, la presión de la sociedad civil obligó al máximo tribunal a convocar a un acuerdo extraordinario urgente y citar a conjueces para revisar, bajo la lupa ambiental de la ONG Árbol de Pie, la constitucionalidad de la Ley de Tierras.

Este recalculated institucional expone los complejos hilos del poder en una semana donde la agenda judicial se recalienta: el mismo tablero legal que hoy debe definir la soberanía de los recursos estratégicos viene de dejar firme el decomiso de bienes a los hijos de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, demostrando que la Justicia no opera en el vacío técnico, sino en un constante arbitraje frente al humor social y el conflicto.

Este es el estado de situación respecto a la proscripción de Cristina Fernández, un equilibrio que solo romperá la movilización y el rechazo popular, nada es irreversible enfrentando a la trama dirigencial propia y extraña que acuerda a viva voz o en silencio con la proscripción de CFK, atendiendo muy particularmente entre quienes «dicen» no acordar. Se nota mucho.

Servida en bandeja

El fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras vuelve a mostrar que detrás de los expedientes y los tecnicismos jurídicos hay una disputa bastante menos sofisticada: quién se queda con la tierra. En una Argentina donde la extranjerización avanza mientras el poder económico amplía su capacidad de apropiación, la Justicia no aparece por fuera del conflicto social: también forma parte de la trama que define quién puede comprar, concentrar y disponer del territorio.

Ley de tierras: La «Justicia» como aparato de reproducción de los intereses del bloque en el poder

La Justicia, como aparato ideológico y material del Estado, contribuye a reproducir las relaciones de dominación existentes, legitimando jurídicamente la apropiación y concentración de los recursos estratégicos en beneficio de los sectores dominantes. Recientemente, al amparo de un estricto formalismo procesal, el máximo tribunal clausuró la vía judicial contra la derogación de la Ley de Tierras dispuesta por el DNU 70/2023. Proponemos discutir una lectura que desarticula la pretendida neutralidad técnica del fallo, exponiendo cómo el andamiaje jurídico opera —en sintonía con las tesis críticas de Marx y Althusser— como un dispositivo estructural para legitimar el despojo material y subordinar los recursos estratégicos al gran capital transnacional. Sabemos que algunos aún sostienen "la autonomía absoluta" del discurso jurídico respecto a los intereses de los sectores dominantes, "la justicia justa": Esperamos con fervor leer sus fundamentos. ⚖️
PD: El que mejor resumió la función de "la justicia" fue el Dr. Glock, , cuya visión, breve pero contundente, da inicio al artículo.

La proscripción como método: condenar para excluir

La nueva evidencia presentada por la defensa de Cristina Kirchner reabre el debate sobre la causa Vialidad y sobre los fundamentos de una condena que no sólo impuso una pena, sino también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Si esa prueba modifica aspectos sustanciales de la sentencia, su revisión trasciende la defensa individual: pone en juego el debido proceso, la representación política y los límites de la proscripción en democracia.

Vialidad: una nueva prueba pone en jaque el corazón de la condena contra Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner incorporó un informe surgido de un testigo de la fiscalía en la causa Cuadernos que, según sus abogados, contradice uno de los fundamentos centrales de la sentencia. Entre 2009 y 2015 se ejecutaron más de US$2.000 millones en obras viales y menos del 1% habría correspondido a empresas de Lázaro Báez. El dato abre un nuevo frente judicial y será llevado también ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Tres casos de intento de desalojo de comunidades indígenas y campesinas en Peñas Negras (Catamarca), San Pedro (Misiones) y Lof Melo (Villa La Angostura)

El artículo de Indymedia permite leer los tres conflictos —Catamarca, Misiones y Neuquén— no como episodios aislados de disputas por la propiedad, sino como expresiones territoriales de una misma lógica: la subordinación de comunidades indígenas y campesinas a la valorización económica de la tierra y de los recursos naturales.

El caso de Peñas Negras, en Catamarca, es particularmente significativo porque muestra la articulación entre Estado provincial, capital minero y aparato represivo. La comunidad diaguita cuestiona el proyecto Aguas Calientes I, II y III y sostiene que no se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada exigida por el Convenio 169 de la OIT y por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución. Según el relato publicado, la policía reprimió a comuneros mientras empresas vinculadas a la exploración minera intentaban ingresar al territorio. La cuestión de fondo es, por lo tanto, quién decide sobre el subsuelo y sobre el territorio: una comunidad que lo habita y utiliza históricamente o empresas que buscan convertirlo en un activo extractivo.

En Misiones, la contradicción adquiere una forma todavía más cruda. Cerca de 200 familias campesinas organizadas en Vecinos Unidos por las Chacras denuncian el avance de la multinacional forestal Arauco y la actuación de la Policía provincial. El dato políticamente más importante es que, según el abogado de las familias, la empresa no habría iniciado una causa judicial para reclamar formalmente esas tierras, mientras que los productores denuncian ingresos policiales acompañados por personal de la compañía, amenazas, detenciones y destrucción de viviendas.

Aquí aparece una dimensión de violencia de clase particularmente evidente: de un lado, una corporación multinacional con capacidad económica y territorial; del otro, pequeños productores cuya reproducción material depende directamente de la tierra. Las familias no están defendiendo una propiedad abstracta: están defendiendo la posibilidad de cultivar maíz, mandioca, porotos, verduras y criar animales. Cuando son obligadas a abandonar temporalmente las chacras por miedo a ser detenidas, la amenaza sobre la propiedad se convierte inmediatamente en una amenaza sobre la subsistencia. El propio artículo documenta que existen 248 niños en esas tierras.

El tercer caso, Lof Melo en Neuquén, introduce una dimensión histórica. La comunidad mapuche sostiene que la presencia de las familias Melo y Kinxikew se remonta a las décadas de 1830 y 1840 y cuestiona que la Justicia pueda tratar el conflicto simplemente como una cuestión contemporánea de ocupación. El dato relevante es que el Gobierno neuquino reconoció finalmente la personería jurídica del Lof Melo después de 14 años de trámite, mientras continúa vigente una orden judicial de desalojo.

El caso de Paicil Antreao y las tierras vinculadas al conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili profundiza todavía más esta dimensión. El territorio mapuche se encuentra en una de las zonas de mayor valorización inmobiliaria de Villa La Angostura. La disputa, entonces, no puede separarse de la extraordinaria renta potencial de la tierra patagónica: turismo, urbanizaciones exclusivas, paisaje, acceso a lagos y montaña. El territorio indígena aparece como un obstáculo para esa valorización inmobiliaria.

La cuestión central es que el conflicto territorial funciona como una lucha entre dos formas de concebir la tierra. Para las comunidades indígenas y campesinas, constituye simultáneamente territorio, reproducción social, memoria, producción y pertenencia colectiva. Para el capital, puede convertirse en superficie disponible para minería, forestación, negocios inmobiliarios, turismo o especulación. La diferencia no es solamente cultural: es profundamente económica.

Por eso resulta insuficiente interpretar estos desalojos exclusivamente como conflictos jurídicos. El derecho aparece atravesado por relaciones materiales de poder. Cuando una empresa dispone de recursos económicos, capacidad de lobby y vínculos con autoridades, mientras una familia campesina enfrenta una policía armada o una comunidad indígena debe resistir el ingreso de una minera, la igualdad formal ante la ley puede esconder una desigualdad real enorme. En Misiones, por ejemplo, el artículo señala que un pedido de hábeas corpus presentado para proteger a las familias fue rechazado, mientras posteriormente volvieron a producirse intervenciones policiales.

Hay además un elemento común que merece especial atención: la transformación de la cuestión territorial en una cuestión de seguridad. El campesino que cultiva aparece como ocupante; la comunidad indígena que defiende su territorio puede ser presentada como obstáculo al desarrollo; la protesta contra una explotación minera se convierte en un problema policial. De ese modo, una disputa por la distribución de la tierra y de la renta termina administrándose mediante policías, jueces y órdenes de desalojo.

En términos gramscianos, se trata también de una disputa por la hegemonía sobre el territorio: quién tiene legitimidad para definir qué significa desarrollo. Para el bloque económico dominante, desarrollo significa convertir recursos naturales y tierra en capital. Para las comunidades, significa conservar las condiciones materiales de su reproducción. Cuando esas dos racionalidades chocan, el Estado deja de aparecer como árbitro neutral y revela su carácter contradictorio: puede reconocer derechos colectivos en el plano constitucional y, simultáneamente, garantizar las condiciones materiales para que esos derechos sean desplazados por la valorización capitalista.

Esto conecta directamente estos conflictos con la discusión sobre el extractivismo argentino. La minería de litio y otros minerales en el Norte, la expansión forestal en Misiones y la valorización inmobiliaria de la Patagonia parecen actividades diferentes, pero comparten una misma estructura: territorios periféricos son incorporados a circuitos de acumulación orientados hacia mercados nacionales y globales, mientras los costos sociales, ambientales y culturales quedan concentrados en las poblaciones locales.

La conclusión política es fuerte: no estamos solamente frente a nuevos intentos de desalojo; estamos frente a una disputa por quién tendrá derecho a decidir sobre el territorio argentino. La cuestión indígena y campesina no constituye un problema marginal ni folklórico. Se encuentra en el centro de la discusión sobre propiedad, renta, extractivismo, soberanía y modelo de desarrollo.

Y allí aparece la contradicción más profunda: mientras el discurso dominante reivindica la propiedad privada como principio absoluto, en estos territorios la propiedad privada de grandes empresas puede avanzar sobre formas comunitarias, campesinas o indígenas de ocupación y producción mucho más antiguas. La defensa de la propiedad, entonces, deja de ser un principio universal y se convierte en una relación concreta de poder: importa quién posee, cuánto posee y qué capacidad tiene para hacer valer esa posesión frente al Estado.

La tierra vuelve a ser, así, una cuestión de clase. Y detrás de cada desalojo aparece la misma pregunta que atraviesa la historia argentina: ¿territorio para quienes lo habitan y producen o territorio para quienes pueden convertirlo en renta y capital?

El 11-S bajo sospecha: Las preguntas que Washington nunca quiso responder

Veinticinco años después, el 11-S vuelve a ocupar un lugar incómodo en la política estadounidense. No porque hayan aparecido pruebas concluyentes que permitan afirmar que los atentados fueron organizados por el propio gobierno norteamericano —esa afirmación sigue sin estar demostrada— sino porque comienza a resultar cada vez más difícil sostener que la historia del 11-S puede reducirse a la narración simple de un ataque exterior que tomó completamente por sorpresa al aparato de seguridad más poderoso del planeta.

Tucker Carlson es uno de los protagonistas más visibles de este cambio. Lo significativo no es solamente lo que afirma actualmente, sino el reconocimiento de que él mismo se equivocó al descalificar durante años las preguntas de quienes cuestionaban determinados aspectos de la versión oficial. En The 9/11 Files, Carlson vuelve sobre aquellas preguntas y desplaza el centro de gravedad de la discusión: ya no se trata necesariamente de quién «derribó las Torres», sino de qué sabía el aparato de inteligencia estadounidense antes del atentado, qué información circulaba entre sus agencias y por qué determinadas señales no fueron convertidas en acciones preventivas.

Ese desplazamiento es políticamente mucho más importante que cualquier teoría conspirativa.

Hoy sabemos que existieron advertencias previas. Y las nuevas desclasificaciones de la CIA conocidas en estos días vuelven a poner el problema sobre la mesa: documentos de inteligencia muestran advertencias reiteradas sobre las intenciones de Osama bin Laden y Al Qaeda, incluida información que señalaba la posibilidad de ataques dentro de Estados Unidos. La cuestión, entonces, no es inventar retrospectivamente una conspiración, sino explicar por qué un Estado que disponía de información relevante no logró impedir el ataque.

Ahí aparece una diferencia fundamental entre una investigación crítica y una teoría conspirativa. Una cosa es demostrar que existieron fallas de inteligencia, disputas burocráticas, información compartimentada, advertencias ignoradas y posteriores operaciones de encubrimiento o clasificación documental. Otra, muy distinta, es convertir esos hechos en una prueba de que el gobierno estadounidense organizó deliberadamente los atentados. La primera cuestión posee abundante material documental. La segunda requiere pruebas que no han sido establecidas.

La misma cautela debe aplicarse a Israel.

Carlson ha avanzado hacia la hipótesis de que sectores israelíes pudieron haber tenido conocimiento previo de los atentados. Ha mencionado, entre otros elementos, a los ciudadanos israelíes detenidos después del 11-S y las investigaciones del FBI sobre posibles actividades de inteligencia. Pero incluso dentro del material presentado por el propio Carlson aparece una distinción decisiva: las investigaciones no demostraron que aquellos individuos conocieran anticipadamente los ataques.

Por eso resulta imprescindible separar conocimiento previo, espionaje, negligencia, encubrimiento, complicidad y autoría. Son categorías diferentes y no pueden convertirse unas en otras mediante inferencias políticas.

Lo que sí puede analizarse seriamente es algo mucho más amplio: qué actores estatales pudieron beneficiarse políticamente de las consecuencias del 11-S y cómo esas consecuencias transformaron la estructura del poder estadounidense.

El atentado permitió una extraordinaria expansión del aparato de seguridad: Patriot Act, vigilancia masiva, fortalecimiento de los organismos de inteligencia, guerras permanentes, tortura, Guantánamo, intervención en Afganistán e Irak y una expansión sin precedentes de la infraestructura securitaria. La propia historia posterior de la CIA incluye el escándalo de las torturas y la utilización de inteligencia defectuosa para justificar la invasión de Irak.

Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.

No hace falta demostrar que el Estado estadounidense organizó el 11-S para demostrar que el 11-S transformó profundamente al Estado estadounidense.

Y esa diferencia es crucial.

Carlson, desde la derecha nacionalista, está llegando a un territorio que durante décadas fue ocupado principalmente por la izquierda antiimperialista: la crítica al aparato de seguridad, al intervencionismo militar y a la utilización de amenazas externas para ampliar el poder estatal.

La paradoja es enorme. Una parte de la derecha que durante décadas defendió el poder militar estadounidense comienza ahora a preguntarse si ese mismo poder mintió, ocultó información o utilizó una tragedia para impulsar una agenda geopolítica previamente deseada.

El fenómeno también debe ser leído a la luz de los actuales alineamientos internacionales. La guerra de Gaza, el creciente cuestionamiento de la relación entre Washington e Israel y las guerras de Medio Oriente modificaron una parte del imaginario político de la derecha estadounidense. Carlson es uno de los ejemplos más visibles de ese desplazamiento. Investigaciones recientes señalan precisamente cómo su posición sobre Israel y el 11-S se fue modificando en paralelo con el creciente rechazo dentro de sectores conservadores estadounidenses al apoyo incondicional de Washington a Israel. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

Esto no convierte a Carlson en un analista de izquierda ni transforma automáticamente sus hipótesis en verdades. Pero sí revela una fractura dentro del campo político estadounidense.

La pregunta histórica ya no es solamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001.

Es también qué ocurrió después.

Quién ganó poder. Quién ganó contratos. Qué instituciones se expandieron. Qué libertades fueron restringidas. Qué guerras fueron justificadas. Qué información permaneció clasificada. Qué actores fueron protegidos. Y, sobre todo, cómo una tragedia que produjo un enorme trauma social fue convertida en una plataforma para una transformación radical del Estado y de la política exterior estadounidense.

Desde una perspectiva de poder, esa es una pregunta mucho más profunda que la obsesión por encontrar una «conspiración».

Porque incluso si mañana ninguna de las hipótesis más extremas de Carlson pudiera demostrarse, permanecería intacto el interrogante fundamental:

¿Cómo pudo el aparato de inteligencia más poderoso del mundo recibir durante años advertencias sobre la amenaza de Al Qaeda, no impedir el mayor atentado de su historia y, después, utilizar esa tragedia para construir un orden político, militar y securitario completamente nuevo?

Ese interrogante no pertenece al terreno de la conspiración.

Pertenece al terreno de la historia del poder. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

Patria o colonia

Del País Fernet al ejército silencioso de changarines, del IPC mentiroso al GINI de 2001: 236 mil empleos destruidos, industricidio sistemático y salarios en indigencia. Por qué esto ya no es democracia sino democracia desnaturalizada y por qué Cristina libre es la condición de posibilidad para restaurarla.

Ficha Limpia, juego sucio – Apuntes –

La ofensiva contra Cristina Kirchner ya no se juega en un solo frente. Ficha Limpia, Bullrich, Lamelas, los grandes y no tan grandes medios y la Justicia Federal forman parte de un escenario donde distintos intereses pueden converger en un mismo resultado: que Cristina no vuelva a competir electoralmente. La disputa por la Sala I de la Cámara Federal muestra, a la vez, que también se pelea dentro de la Justicia por modificar una correlación de fuerzas que durante años resultó particularmente adversa al kirchnerismo.

4 años de impunidad: Cristina Kirchner sobrevivió, las redes de poder también

El texto de Emilia Trabucco plantea que el atentado contra Cristina Kirchner fue un síntoma de una crisis democrática más profunda: la persistencia de estructuras judiciales y políticas capaces de sobrevivir a gobiernos y denuncias públicas. Cuatro años después, la bala no salió, pero la estructura de poder sigue intacta y con mayor capacidad de intervención en la Argentina.

La disputa por la Cámara Federal: cambiar un juez para cambiar el equilibrio del poder

La disputa por la composición de la Sala I de la Cámara Federal porteña expone una batalla silenciosa por el control de uno de los tribunales más estratégicos del poder judicial argentino. El eventual desplazamiento de Leopoldo Bruglia y su reemplazo por Yadarola no implica necesariamente un giro contra el lawfare, pero sí modifica el equilibrio interno de una estructura judicial que durante años tuvo un papel decisivo en las causas contra el peronismo. La reciente reconfiguración de la Cámara Federal porteña, impulsada por la aprobación en el Senado de la Nación de los pliegos de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, marca un punto de quiebre estratégico en el equilibrio de poder dentro de Comodoro Py. Este movimiento clave del gobierno de Javier Milei, coordinado bajo la gestión del ministro de Justicia Juan Bautista Mahíques, redefine las mayorías en el tribunal que tiene la última palabra sobre las causas de corrupción, lavado de dinero y delitos económicos que afectan tanto a la gestión actual como a administraciones pasadas. En el inicio Cristina tiene que ser candidata, ya se demostró que no funcionan los candidatos delegados.

Para volver a capturar el espíritu del kirchnerismo, por favor …

¿Puede el peronismo ganar y gobernar con un liderazgo proscripto o desplazado de la candidatura presidencial? La historia argentina ofrece una secuencia de experiencias que parecen responder negativamente. Desde Frondizi hasta Alberto Fernández, pasando por Illia y Cámpora, las fórmulas construidas para reemplazar o compensar la ausencia del liderazgo central terminaron enfrentando problemas de legitimidad política, conflictos de conducción o gobiernos truncos. Este artículo sostiene que las llamadas "candidaturas delegadas" constituyen una constante históricamente fallida del peronismo y que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a colocar ese dilema en el centro de la escena política argentina.

La otra batalla del poder: cómo Milei remodela la Justicia desde adentro

La periodista y politóloga Luciana Bertoia analizó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y advirtió sobre la consolidación de una estructura corporativa que trasciende a los gobiernos de turno. En diálogo con Pablo Caruso en Gente Que Dice, sostuvo que el acelerado proceso de designación de jueces durante la gestión de Javier Milei, la persistencia de la denominada "familia judicial", la selectividad en los tiempos de la Justicia y el peso de los operadores informales reflejan un sistema de poder con lógica propia, capaz de condicionar la vida política e institucional del país.

Perseverar

En entrevista con Tucker Carlson, Roger Waters respalda una nueva ofensiva judicial sobre el 11-S. El fundador de Pink Floyd apoya a la familia británica de Geoff Campbell, una de las víctimas de los atentados contra las Torres Gemelas, en su pedido de una nueva investigación judicial. En la entrevista, Waters convoca a respaldar la campaña de financiamiento del caso y sostiene que aún quedan interrogantes pendientes sobre los hechos del 11 de septiembre de 2001. En el cierre Atentado a la AMIA: 32 años de impunidad. Un informe de @InfoNodal (2025), donde detallan los hechos y encubridores.

Rusconi y el sistema judicial: Refundar, no reformar

El penalista Maximiliano Rusconi sostuvo en el streaming Inteligencia Artesanal que el sistema judicial argentino no requiere reformas, sino una refundación total ante un "espanto estructural" que ha deslegitimado el poder judicial. Argumentó que la independencia judicial ha sido tergiversada para desconectar a los magistrados de la sociedad y que el sistema actual, heredero de complicidades históricas, debe ser sustituido por un nuevo pacto democrático que garantice la participación popular.

Las generaciones mayores están abatidas y las generaciones más jóvenes, además de compartir el abatimiento, aún parecen inexpertas

La disputa por el financiamiento universitario excede la discusión presupuestaria. Frente al incumplimiento de una ley votada por el Congreso, el conflicto pone en cuestión el vínculo entre Estado, legalidad y democracia. A partir de un pasaje de Georges Bataille, este texto propone pensar la negativa oficial a aplicar la norma como un rasgo constitutivo de la lógica fascista contemporánea: del tecnofascismo.

Yo hice lo que vine a hacer

El texto de Emilia Trabucco en NODAL —publicado al cumplirse un año de la proscripción política de
Cristina Fernández de Kirchner
— propone una tesis fuerte: la inhabilitación judicial no habría desactivado su gravitación, sino que la habría reconfigurado como un eje ordenador del conflicto político argentino. La centralidad, en esta lectura, no depende sólo de ocupar cargos o competir electoralmente, sino de condensar antagonismos sociales y políticos.