
Veinticinco años después, el 11-S vuelve a ocupar un lugar incómodo en la política estadounidense. No porque hayan aparecido pruebas concluyentes que permitan afirmar que los atentados fueron organizados por el propio gobierno norteamericano —esa afirmación sigue sin estar demostrada— sino porque comienza a resultar cada vez más difícil sostener que la historia del 11-S puede reducirse a la narración simple de un ataque exterior que tomó completamente por sorpresa al aparato de seguridad más poderoso del planeta.
Tucker Carlson es uno de los protagonistas más visibles de este cambio. Lo significativo no es solamente lo que afirma actualmente, sino el reconocimiento de que él mismo se equivocó al descalificar durante años las preguntas de quienes cuestionaban determinados aspectos de la versión oficial. En The 9/11 Files, Carlson vuelve sobre aquellas preguntas y desplaza el centro de gravedad de la discusión: ya no se trata necesariamente de quién «derribó las Torres», sino de qué sabía el aparato de inteligencia estadounidense antes del atentado, qué información circulaba entre sus agencias y por qué determinadas señales no fueron convertidas en acciones preventivas.
Ese desplazamiento es políticamente mucho más importante que cualquier teoría conspirativa.
Hoy sabemos que existieron advertencias previas. Y las nuevas desclasificaciones de la CIA conocidas en estos días vuelven a poner el problema sobre la mesa: documentos de inteligencia muestran advertencias reiteradas sobre las intenciones de Osama bin Laden y Al Qaeda, incluida información que señalaba la posibilidad de ataques dentro de Estados Unidos. La cuestión, entonces, no es inventar retrospectivamente una conspiración, sino explicar por qué un Estado que disponía de información relevante no logró impedir el ataque.
Ahí aparece una diferencia fundamental entre una investigación crítica y una teoría conspirativa. Una cosa es demostrar que existieron fallas de inteligencia, disputas burocráticas, información compartimentada, advertencias ignoradas y posteriores operaciones de encubrimiento o clasificación documental. Otra, muy distinta, es convertir esos hechos en una prueba de que el gobierno estadounidense organizó deliberadamente los atentados. La primera cuestión posee abundante material documental. La segunda requiere pruebas que no han sido establecidas.
La misma cautela debe aplicarse a Israel.
Carlson ha avanzado hacia la hipótesis de que sectores israelíes pudieron haber tenido conocimiento previo de los atentados. Ha mencionado, entre otros elementos, a los ciudadanos israelíes detenidos después del 11-S y las investigaciones del FBI sobre posibles actividades de inteligencia. Pero incluso dentro del material presentado por el propio Carlson aparece una distinción decisiva: las investigaciones no demostraron que aquellos individuos conocieran anticipadamente los ataques.
Por eso resulta imprescindible separar conocimiento previo, espionaje, negligencia, encubrimiento, complicidad y autoría. Son categorías diferentes y no pueden convertirse unas en otras mediante inferencias políticas.
Lo que sí puede analizarse seriamente es algo mucho más amplio: qué actores estatales pudieron beneficiarse políticamente de las consecuencias del 11-S y cómo esas consecuencias transformaron la estructura del poder estadounidense.
El atentado permitió una extraordinaria expansión del aparato de seguridad: Patriot Act, vigilancia masiva, fortalecimiento de los organismos de inteligencia, guerras permanentes, tortura, Guantánamo, intervención en Afganistán e Irak y una expansión sin precedentes de la infraestructura securitaria. La propia historia posterior de la CIA incluye el escándalo de las torturas y la utilización de inteligencia defectuosa para justificar la invasión de Irak.
Aquí aparece la verdadera dimensión política del problema.
No hace falta demostrar que el Estado estadounidense organizó el 11-S para demostrar que el 11-S transformó profundamente al Estado estadounidense.
Y esa diferencia es crucial.
Carlson, desde la derecha nacionalista, está llegando a un territorio que durante décadas fue ocupado principalmente por la izquierda antiimperialista: la crítica al aparato de seguridad, al intervencionismo militar y a la utilización de amenazas externas para ampliar el poder estatal.
La paradoja es enorme. Una parte de la derecha que durante décadas defendió el poder militar estadounidense comienza ahora a preguntarse si ese mismo poder mintió, ocultó información o utilizó una tragedia para impulsar una agenda geopolítica previamente deseada.
El fenómeno también debe ser leído a la luz de los actuales alineamientos internacionales. La guerra de Gaza, el creciente cuestionamiento de la relación entre Washington e Israel y las guerras de Medio Oriente modificaron una parte del imaginario político de la derecha estadounidense. Carlson es uno de los ejemplos más visibles de ese desplazamiento. Investigaciones recientes señalan precisamente cómo su posición sobre Israel y el 11-S se fue modificando en paralelo con el creciente rechazo dentro de sectores conservadores estadounidenses al apoyo incondicional de Washington a Israel. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.
Esto no convierte a Carlson en un analista de izquierda ni transforma automáticamente sus hipótesis en verdades. Pero sí revela una fractura dentro del campo político estadounidense.
La pregunta histórica ya no es solamente qué ocurrió el 11 de septiembre de 2001.
Es también qué ocurrió después.
Quién ganó poder. Quién ganó contratos. Qué instituciones se expandieron. Qué libertades fueron restringidas. Qué guerras fueron justificadas. Qué información permaneció clasificada. Qué actores fueron protegidos. Y, sobre todo, cómo una tragedia que produjo un enorme trauma social fue convertida en una plataforma para una transformación radical del Estado y de la política exterior estadounidense.
Desde una perspectiva de poder, esa es una pregunta mucho más profunda que la obsesión por encontrar una «conspiración».
Porque incluso si mañana ninguna de las hipótesis más extremas de Carlson pudiera demostrarse, permanecería intacto el interrogante fundamental:
¿Cómo pudo el aparato de inteligencia más poderoso del mundo recibir durante años advertencias sobre la amenaza de Al Qaeda, no impedir el mayor atentado de su historia y, después, utilizar esa tragedia para construir un orden político, militar y securitario completamente nuevo?
Ese interrogante no pertenece al terreno de la conspiración.
Pertenece al terreno de la historia del poder. En el inicio Tucker Carlson revisa su posición inicicial sobre el 11S y no es el único analista que lo está haciendo ante la falta de evidencia y en perspectiva, a la luz de los actuales alineamientos geopolíticos.

El gobierno de Milei no sólo redujo la inflación y el déficit: modificó la distribución del ingreso y las relaciones de poder. El ajuste recayó sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, mientras el capital financiero y los sectores concentrados ampliaron su participación en el excedente. Mil días después, el experimento libertario deja una sociedad más desigual, hogares más endeudados y una Argentina nuevamente condicionada por la valorización financiera y la dependencia externa ya en fase colonial.

El respaldo del peronismo a Pablo Yadarola para integrar la Sala I de la Cámara Federal porteña admite una lectura que excede la controversia por Lago Escondido. La cuestión decisiva es el reemplazo de Leopoldo Bruglia, uno de los jueces con mayor acumulación de decisiones adversas al kirchnerismo. Ante una salida institucionalmente inevitable, ¿el PJ pudo haber preferido un juez sin ese antecedente? La hipótesis adquiere otra dimensión cuando se la coloca en el contexto de una ofensiva política y mediática que busca presentar cualquier autonomía del peronismo respecto de Cristina como una “capitulación”, mientras, paradójicamente, la expresidenta permanece presa y proscripta.

La ofensiva contra Cristina Kirchner ya no se juega en un solo frente. Ficha Limpia, Bullrich, Lamelas, los grandes y no tan grandes medios y la Justicia Federal forman parte de un escenario donde distintos intereses pueden converger en un mismo resultado: que Cristina no vuelva a competir electoralmente. La disputa por la Sala I de la Cámara Federal muestra, a la vez, que también se pelea dentro de la Justicia por modificar una correlación de fuerzas que durante años resultó particularmente adversa al kirchnerismo.

Chris Hedges analiza el mecanismo mediante el cual los grandes medios convierten la destrucción de Gaza en una sucesión de acontecimientos aislados, eufemismos y controversias. La guerra no se libra solamente con bombas: también necesita un aparato mediático capaz de transformar la violencia estructural en información neutral. Y ahora esa batalla se extiende a la inteligencia artificial, donde gobiernos y corporaciones intentan disputar las fuentes con las que las máquinas construirán nuestra percepción del mundo.
La tesis central de Chris Hedges puede condensarse así: el genocidio necesita armas para ejecutarse, pero necesita un régimen de representación para volverse políticamente sostenible.
Por eso la disputa por Gaza no ocurre solamente en el territorio palestino. También se libra en las redacciones, las universidades, las redes sociales, las plataformas digitales y ahora en los sistemas de inteligencia artificial.
El dato más significativo es que el aparato de propaganda empieza a trasladarse desde el control de los medios hacia el control de los algoritmos que organizan el conocimiento.
En ese sentido, Gaza anticipa un problema mayor: quién controla la producción social de la verdad cuando la información deja de estar mediada exclusivamente por periodistas y pasa a ser sintetizada por máquinas alimentadas por bases de datos que también pueden ser intervenidas políticamente.

El texto de Esteban Schmidt es una pieza de opinión de alto voltaje, bien escrita y con una voz propia. Tiene el tono de alguien que conoce el oficio mediático desde adentro y que no se deja seducir por el "storytelling" de resiliencia y meritocracia que Hadad viene construyendo.
La tesis central —que Hadad es un simulador profesional, un jugador galáctico del periodismo como herramienta de poder y no como servicio público, y que ahora prueba el agua presidencial— está clara y se sostiene.
En fin que como señalara el gran Rene Lavand, frente a un público que (¡ay!) jamás descubría sus triquiñelas (?) : "No se puede hacer más lento"

El dato merece una lectura geopolítica y de economía política, no solamente tecnológica. Google no está simplemente “mejorando Internet”: está ampliando el control privado sobre una infraestructura estratégica de las comunicaciones globales.
Google anunció tres nuevos sistemas —Alisios, Canoa y OlaLuz— dentro de su iniciativa Americas Connect. Alisios conectará Chile, Panamá y República Dominicana; Canoa enlazará República Dominicana con Bermudas y, a través de otras conexiones, con Europa; y OlaLuz conectará República Dominicana con Florida. El proyecto se complementa con una nueva derivación del cable Firmina y con las redes Curie, Nuvem y Sol.
Lo más importante es la arquitectura de poder que se está construyendo debajo del océano. Los cables submarinos concentran una parte fundamental del tráfico internacional de datos y constituyen infraestructura crítica para la nube, las finanzas, las comunicaciones empresariales y, cada vez más, para la inteligencia artificial. Google ya posee o participa en decenas de sistemas submarinos y está construyendo una red propia que articula sus centros de datos y regiones Cloud.
Desde una perspectiva latinoamericana, el caso chileno es particularmente significativo. Google ya opera el cable Curie, que vincula Chile con Panamá y California, y ahora Alisios agrega una nueva ruta hacia el Caribe. A esto se suma Humboldt, el proyecto que conectará Chile con Australia y el Asia-Pacífico. Chile comienza así a ocupar una posición relevante dentro de una arquitectura digital transoceánica que excede ampliamente sus necesidades nacionales.
La cuestión de fondo es quién controla esa infraestructura. La soberanía en el siglo XXI no se juega únicamente sobre territorios, puertos, minerales o energía: también se juega sobre las rutas por donde circulan los datos. Y allí las grandes tecnológicas estadounidenses están adquiriendo una posición estructural.
Por eso, detrás de la aparente neutralidad técnica de los cables aparece una cuestión política clásica: quién posee las redes posee una parte creciente de la capacidad de organizar los flujos económicos, financieros, informacionales y tecnológicos. América Latina puede recibir mejores conexiones, mayor capacidad y nuevas inversiones; pero también corre el riesgo de profundizar una dependencia en la que sus territorios funcionan como nodos de una infraestructura cuyo control estratégico permanece fuera de la región.
En ese sentido, el mapa submarino que está dibujando Google es también un mapa del poder mundial.

Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.
El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.
Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.
La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.
Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.
Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.
Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.
Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.
En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.
En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

La disputa por la bandera argentina aparece, según el análisis de Diego Genoud en El Destape, como un fenómeno político que excede la simbología patriótica y comienza a expresar un creciente malestar social con el gobierno de Javier Milei. El episodio de los jugadores de la Selección mostrando la bandera argentina en el Mundial habría funcionado como catalizador de un sentimiento nacional que venía acumulándose y que ahora empieza a traducirse en movilización política.
El artículo vincula ese fenómeno con la reciente derrota parlamentaria del oficialismo en torno a la Ley de Manejo del Fuego y la venta de tierras rurales a extranjeros. La presión social surgida desde las provincias afectadas logró modificar posiciones de gobernadores que inicialmente acompañaban al Gobierno y dejó al oficialismo sin los votos necesarios. Para Genoud, lo significativo no es solamente el fracaso de una iniciativa legislativa, sino que la movilización social comenzó a imponer límites concretos a la estrategia gubernamental.
En este proceso, la bandera adquiere una dimensión política. El sentimiento nacional se estaría desplazando desde el terreno simbólico hacia la acción colectiva, en particular frente a políticas percibidas como contrarias a intereses nacionales. El artículo relaciona esta reacción con la política exterior de Milei, sus estrechos vínculos con Estados Unidos y la discusión sobre los recursos estratégicos argentinos, particularmente las tierras, la energía y el Atlántico Sur.
Genoud sostiene además que el Gobierno enfrenta un deterioro de su capacidad de comunicación política. Un informe citado en la nota señala que el impacto de las publicaciones de Milei en redes sociales cayó un 62% respecto del comienzo de su gestión, mientras crece un clima de conversación menos favorable al oficialismo. La pérdida de centralidad comunicacional resulta especialmente relevante para un gobierno cuya construcción política se apoyó fuertemente en las redes y en la comunicación directa del Presidente.
El artículo también describe una creciente fragmentación dentro del oficialismo y dificultades para coordinar la relación con los gobernadores. La derrota legislativa sería, en ese sentido, el resultado de una combinación entre presión social, cambios de posición de dirigentes provinciales y dificultades internas de la Casa Rosada para anticipar el comportamiento de sus propios aliados.
El planteo central de la nota es que la principal amenaza para Milei no reside necesariamente en perder una votación parlamentaria, sino en que se consolide una interpretación social del Gobierno como representante de intereses externos en conflicto con los intereses nacionales. En esa lectura, la bandera funciona como un significante capaz de articular demandas diversas: defensa de los recursos naturales, soberanía territorial, rechazo a la extranjerización de la tierra y cuestionamiento a una política exterior percibida como excesivamente subordinada a Washington.
El conflicto alrededor de la bandera, por lo tanto, adquiere una dimensión política mayor: expresa la posibilidad de que una demanda nacional-popular, nacida fuera de los canales tradicionales de representación, se transforme en un factor capaz de modificar la correlación de fuerzas. La calle aparece así como un espacio donde pueden recomponerse identidades políticas que las estructuras partidarias todavía no logran representar plenamente. En la apertura y cierre" tras "La campaña antiargentina", ahora"Se viene la lucha armada", y ya no importa cuando veas esto.

Detrás del repliegue oficialista con la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, se encuentra una secuencia política más profunda.
En política, las correlaciones de fuerzas suelen presentarse como realidades estáticas. Se las mide a través de elecciones, encuestas, bancadas parlamentarias, capacidad de movilización, recursos económicos o control institucional. Sin embargo, la historia política demuestra que ninguna correlación de fuerzas permanece definitivamente congelada. A veces, un acontecimiento inesperado puede alterar en poco tiempo aquello que parecía firmemente establecido.
El acontecimiento o evento no debe confundirse con cualquier hecho de coyuntura. Se trata de una irrupción capaz de modificar la percepción que los actores tienen de sus propias posibilidades. Una sociedad puede atravesar durante meses o años un proceso de malestar, fragmentación y descontento sin que ello se traduzca automáticamente en acción política. Pero basta en ocasiones un hecho aparentemente menor para que esas demandas dispersas encuentren un punto de condensación.
Allí comienza a cambiar la política.
La importancia del acontecimiento reside precisamente en que no puede explicarse solamente por las estructuras institucionales existentes. Aparece en un terreno preparado por contradicciones sociales previamente acumuladas, pero introduce algo que no estaba previsto en el cálculo de los actores dominantes. Lo que hasta entonces parecía imposible comienza a aparecer como posible.
Por eso, la correlación de fuerzas no se modifica únicamente dentro del Parlamento ni mediante una elección. También puede comenzar a cambiar en la calle, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los territorios y en aquellos espacios de la sociedad donde se construye sentido común.
La experiencia reciente ofrece ejemplos significativos. Un símbolo, una consigna o una protesta que inicialmente parece circunscripta a un grupo reducido puede convertirse en expresión de un malestar más amplio. La bandera “Las Malvinas son Argentinas”, por ejemplo, excedió rápidamente el carácter deportivo o patriótico de su aparición para convertirse en un punto de condensación de una discusión mucho más profunda sobre soberanía, recursos naturales y relación con el capital extranjero.
Lo decisivo no es entonces el tamaño inicial del hecho, sino su capacidad de producir identificación y organización. Un acontecimiento puede funcionar como una chispa sobre una superficie social que ya acumula materiales inflamables.
Esta dinámica permite comprender por qué los gobiernos pueden conservar una mayoría institucional y, al mismo tiempo, comenzar a perder capacidad política. La autoridad formal puede mantenerse mientras se erosiona la legitimidad social. Y cuando esa distancia entre poder institucional y consenso social se amplía, un acontecimiento puede acelerar la transformación de la escena.
En este punto aparece una cuestión central: la política no consiste solamente en administrar una correlación de fuerzas existente, sino en disputar permanentemente su modificación.
Desde una perspectiva cercana a la reflexión de Alain Badiou, el acontecimiento introduce una ruptura con el orden de lo previsible. No crea desde cero una nueva realidad: hace visible una posibilidad que permanecía oculta dentro de la situación. Después del acontecimiento comienza una disputa por su significado y, fundamentalmente, por su capacidad de prolongarse en una secuencia política.
Ese es el momento decisivo. Un acontecimiento puede ser neutralizado, absorbido o convertido en una anécdota. Pero también puede convertirse en el punto de partida de una nueva articulación social y política.
La historia argentina está llena de estos momentos. El Cordobazo, las jornadas de diciembre de 2001 o determinadas movilizaciones populares que modificaron decisiones gubernamentales muestran que la política real no siempre comienza en los lugares donde las instituciones esperan encontrarla.
Por eso, analizar una coyuntura exclusivamente a través de encuestas, elecciones o relaciones parlamentarias puede conducir a una lectura equivocada. Esos instrumentos permiten observar una parte de la correlación de fuerzas, pero no necesariamente aquello que está comenzando a transformarla.
La cuestión estratégica consiste, entonces, en identificar esos puntos de ruptura: allí donde una demanda particular deja de ser solamente particular, donde un símbolo comienza a expresar un conflicto general y donde sectores sociales hasta entonces dispersos descubren que pueden actuar colectivamente.
Cuando eso ocurre, la correlación de fuerzas deja de ser una fotografía y vuelve a convertirse en un proceso.
Y es precisamente allí donde comienza la política.

Alguien usó IA para escribir mi biografía. Miles de libros más de ese tipo están contaminando Amazon. ¿Quién está detrás de toda esta bazofia?

El Mundial 2026 no solo batió récords deportivos y de asistencia. También confirmó un cambio estructural en el mercado audiovisual estadounidense: el fútbol dejó de ser un producto de nicho y pasó a ocupar un lugar central en la industria del entretenimiento.
Según Axios, la final entre España y Argentina fue vista por 62,8 millones de personas en Estados Unidos, convirtiéndose en el partido de fútbol más visto de la historia del país y en la final de un Mundial con mayor audiencia registrada en territorio estadounidense.
Los datos más relevantes son:
62,8 millones de espectadores entre las transmisiones en inglés (Fox) y español (Telemundo/Peacock).
38,9 millones siguieron el encuentro por Fox.
23,9 millones lo hicieron por Telemundo y Peacock, estableciendo además un récord histórico para una transmisión deportiva en español en Estados Unidos.
El fenómeno responde a varios factores:
La organización del torneo en Estados Unidos, Canadá y México acercó el evento al público norteamericano.
La buena actuación de la selección estadounidense incrementó el interés durante toda la competencia.
La expansión del streaming amplió considerablemente el alcance de las transmisiones.
La presencia de figuras como Lionel Messi, en lo que podría haber sido su último Mundial, aportó un atractivo adicional.
Desde el punto de vista económico, el impacto fue inmediato. Fox registró un fuerte crecimiento de sus plataformas digitales, mientras que Peacock sumó millones de nuevos suscriptores gracias al torneo. El éxito de audiencia fortalece además la posición de la FIFA de cara a la negociación de los derechos televisivos del Mundial 2030, cuyo valor se proyecta significativamente superior al de los ciclos anteriores.
En perspectiva, el Mundial 2026 consolidó el ingreso definitivo del fútbol al mercado deportivo de masas en Estados Unidos. Durante décadas, las ligas profesionales estadounidenses dominaron el consumo televisivo; ahora, la Copa del Mundo demostró que un gran evento futbolístico puede competir e incluso superar, en audiencia, a las finales de la NBA, la Serie Mundial de béisbol y otros espectáculos tradicionales del deporte estadounidense.
La gran paradoja del deporte contemporáneo es que cuanto más se denuncia la mercantilización del espectáculo, más masivo se vuelve ese mismo espectáculo. Nunca hubo tantas críticas al negocio del fútbol —calendarios interminables, clubes-empresa, fondos de inversión, marketing global, precios prohibitivos de las entradas— y, sin embargo, nunca tanta gente lo consumió.
El Mundial 2026 parece confirmar esa contradicción. La final entre España y Argentina reunió casi 63 millones de espectadores solo en Estados Unidos, una cifra impensable apenas una década atrás. El fútbol ya no es únicamente el deporte más popular del planeta: se está convirtiendo también en uno de los principales productos culturales de la economía digital.
Existe una analogía reveladora con la Fórmula 1. Los aficionados de larga data sostienen que la categoría perdió parte de su mística: desaparecieron muchos circuitos históricos, los autos son cada vez más estandarizados, la estrategia informática pesa tanto como el piloto y el negocio domina sobre la épica deportiva. Sin embargo, los datos muestran el fenómeno inverso: la F1 vive el mayor auge comercial de su historia. Los autódromos registran récords de asistencia, las audiencias televisivas y por streaming multiplican las de décadas anteriores y la serie Drive to Survive transformó un deporte tradicionalmente europeo en un fenómeno global, especialmente entre públicos jóvenes y estadounidenses.
La lógica es similar a la del fútbol. Lo que muchos perciben como una pérdida de autenticidad es, al mismo tiempo, el mecanismo que permitió ampliar exponencialmente la escala del espectáculo. La digitalización, las plataformas de streaming, las redes sociales y la internacionalización de los calendarios convirtieron competencias antes esencialmente nacionales o regionales en productos globales consumidos en tiempo real por cientos de millones de personas.
Desde una perspectiva de economía política, no hay contradicción. El capitalismo contemporáneo tiende a industrializar la emoción. El deporte deja de ser solamente una competencia para convertirse en una plataforma de producción de audiencias, datos, publicidad, apuestas, contenidos audiovisuales y consumo asociado. La nostalgia por un deporte "más puro" convive con una demanda que no deja de crecer porque el propio capital ha logrado expandir extraordinariamente el mercado del entretenimiento deportivo.
En ese sentido, el Mundial 2026 y la nueva Fórmula 1 ilustran una misma tendencia histórica: la espectacularización no necesariamente erosiona la masividad; muchas veces la potencia. El espectáculo puede perder parte de su aura romántica para quienes lo conocieron en otras épocas, pero gana una escala inédita como mercancía cultural global. La paradoja es que el deporte parece menos auténtico para muchos de sus seguidores históricos y, al mismo tiempo, nunca fue tan exitoso, rentable y universal.

La periodista y politóloga Luciana Bertoia analizó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y advirtió sobre la consolidación de una estructura corporativa que trasciende a los gobiernos de turno. En diálogo con Pablo Caruso en Gente Que Dice, sostuvo que el acelerado proceso de designación de jueces durante la gestión de Javier Milei, la persistencia de la denominada "familia judicial", la selectividad en los tiempos de la Justicia y el peso de los operadores informales reflejan un sistema de poder con lógica propia, capaz de condicionar la vida política e institucional del país.

El artículo de Jacobin, titulado "The Iran War Had Plenty of Cheerleaders in the Media. We Shouldn't Forget How Spectacularly, Destructively Wrong They Were", constituye una crítica al papel desempeñado por buena parte del establishment mediático estadounidense durante la guerra con Irán y a la posterior ausencia de autocrítica cuando muchas de las justificaciones de la intervención quedaron desmentidas por los hechos. La tesis central del artículo es que el verdadero problema no reside únicamente en que numerosos analistas hayan apoyado una guerra que terminó mostrando resultados muy distintos a los prometidos. Lo preocupante, según Jacobin, es que el sistema político-mediático estadounidense reproduce cíclicamente los mismos incentivos: las voces que impulsan la intervención militar conservan prestigio y espacio público incluso cuando sus diagnósticos fracasan, mientras que las posiciones críticas suelen quedar marginadas hasta que el conflicto ya ha producido consecuencias irreversible. ¡¡Por suerte en La Argentina esto no pasa!!

El inefable Ravid dice que informa que la tregua entre Israel e Irán atravesó su momento más crítico cuando un intercambio de ataques amenazó con reabrir una guerra regional de gran escala. El detonante fue un ataque israelí contra un objetivo de Hezbollah en Beirut, al que Irán respondió con una nueva oleada de misiles sobre territorio israelí, argumentando que Israel había violado el alto el fuego.
Ante la escalada, Donald Trump se comunicó directamente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para exigir moderación y evitar represalias que hicieran fracasar las negociaciones con Teherán. Según Axios, el presidente estadounidense intentó convencer a Israel de limitar o cancelar nuevas operaciones militares.
Sin embargo, Netanyahu mantuvo que los ataques respondían a necesidades de seguridad israelí y continuó autorizando operaciones contra infraestructura iraní y objetivos vinculados al eje proiraní. La decisión dejó en evidencia diferencias estratégicas entre Washington y Jerusalén respecto de cómo administrar la confrontación con Irán.
Trump declaró públicamente que tanto Irán como Israel debían "dejar de disparar inmediatamente" y sostuvo que aún existía margen para preservar el proceso diplomático. También reveló que Teherán había transmitido, mediante intermediarios, su disposición a cesar los ataques si Israel hacía lo mismo.
El episodio refleja una contradicción creciente entre los intereses de Washington y los del gobierno israelí. Mientras Trump procuraba consolidar una tregua que le permitiera reducir la implicación militar estadounidense en Oriente Medio, Netanyahu buscó preservar la capacidad de acción israelí contra Irán y Hezbollah. Axios presenta el incidente como una demostración de que, aunque Estados Unidos sigue siendo el principal aliado de Israel, su capacidad para condicionar las decisiones estratégicas del gobierno israelí enfrenta límites cada vez más visibles

El artículo de Axios sintetiza una tendencia que diversos estudios vienen registrando desde hace años: los estadounidenses socializan cada vez menos, independientemente de la edad. El dato central proviene de la American Time Use Survey y muestra que el tiempo promedio diario dedicado a la interacción social cayó de 45 minutos a 35 minutos en las últimas dos décadas. Este proceso tiene consecuencias políticas importantes. Una sociedad con menos espacios de encuentro tiende a presentar menor confianza interpersonal, mayor polarización, menor participación en organizaciones colectivas y una ciudadanía más expuesta a la fragmentación informativa y a las dinámicas algorítmicas de las redes sociales.
En conjunto, el artículo sugiere que la disminución de la sociabilidad no es un simple cambio de hábitos, sino un indicador de una transformación profunda de la estructura social estadounidense. En el contexto del 250.º aniversario del país del norte, esta tendencia dialoga con otros síntomas de malestar registrados recientemente, como el aumento del pesimismo sobre el futuro y la pérdida de confianza en las instituciones. No hay registros en nuestro país pero, podemos inferir que la tendencia es similar en sus consecuencias sociales y políticas: asilamiento y fragmentación.

🎥 Resumen del video:
En el video inicial se analiza la renuncia de Manuel Adorni como vocero presidencial, interpretándola como un síntoma de tensiones internas dentro del gobierno de Javier Milei.
Una lectura crítica, señalando que la salida de Adorni refleja una crisis en la estrategia comunicacional y un desgaste político acelerado.
Se mencionan las repercusiones mediáticas, con algunos medios interpretando la renuncia como un signo de debilidad y otros como una maniobra para reorganizar el discurso oficial.
El tono general es analítico y polémico, con énfasis en cómo esta renuncia puede afectar la percepción pública del gobierno y su capacidad para sostener el relato político.
🎥 Resumen del contenido
Tema central: La renuncia de Manuel Adorni como vocero del gobierno de Javier Milei.
Se interpreta la decisión como un síntoma de crisis comunicacional y desgaste político dentro del oficialismo.
Argumentos principales:
La figura del vocero se debilitó por la concentración del discurso en el propio presidente.
La salida busca recomponer la estrategia mediática ante crecientes tensiones internas.
Se mencionan las reacciones de distintos medios y analistas, que oscilan entre ver la renuncia como un signo de debilidad o como una maniobra de control.
En síntesis, el video plantea que la renuncia de Adorni no es un hecho aislado, sino parte de un proceso de reconfiguración del relato oficial y de centralización del liderazgo presidencial.
Se agregan comparaciones con episodios locales e internacionales similares y sus consecuencias inmediatas.
Cierra una breve descripción – prontuario de las últimas características centrales del modelo de acumulación que encarna el reemplazante de Manuel, el inefable Diego.

El poder permanente acelera y ya se prepara para el día después. El almuerzo secreto de Santiago Caputo con los CEOs de IDEA y una variante más osada del mileismo sin Milei. Mientras los Saguier adoptan la filosofía Magnetto, Adorni y Karina usan el Mundial para poner la TV Pública al servicio de los Werthein. El partido más caro de la historia.

La expansión del streaming transformó la producción y el consumo cultural, pero también profundizó procesos de precarización laboral en distintos eslabones de la industria. La promesa de democratización y acceso masivo convivió con nuevas formas de concentración económica y deterioro de las condiciones de trabajo.
Algunos rasgos centrales de este fenómeno son:
Caída de los ingresos residuales: actores, guionistas, músicos y otros trabajadores perciben menores regalías que en el modelo tradicional de televisión abierta o venta física. Las plataformas suelen pagar montos fijos y con escasa transparencia sobre las audiencias.
Concentración del mercado: un pequeño grupo de grandes empresas controla la distribución global de contenidos, fortaleciendo su capacidad para imponer condiciones contractuales y reducir costos laborales.
Fragmentación y trabajo por proyecto: se generalizan contratos temporales, tercerización y formas de empleo inestable. Los trabajadores culturales alternan períodos de intensa actividad con largos intervalos sin ingresos.
Algoritmización de la producción: las plataformas utilizan datos de consumo para orientar inversiones y formatos, subordinando criterios artísticos y culturales a la lógica de maximización de audiencias.
Desde una perspectiva de economía política, el streaming representa una fase de reorganización del capitalismo cultural: la digitalización no eliminó las relaciones de explotación, sino que las reconfiguró. El valor generado por consumidores y trabajadores se fragmenta, mientras aumenta la inseguridad laboral y se debilitan los mecanismos tradicionales de negociación colectiva.
Las huelgas de guionistas y actores en Estados Unidos entre 2023 y 2024 expresaron precisamente este conflicto: la disputa por los ingresos, los derechos de propiedad intelectual y el impacto de la inteligencia artificial puso de manifiesto las tensiones entre las plataformas y el trabajo cultural. En ese sentido, la precarización asociada al streaming no constituye un fenómeno marginal, sino una manifestación de transformaciones más amplias en el capitalismo contemporáneo y en la llamada "economía de plataformas". De hecho en La Argentina fueron a su manera , la precuela efectiva de la Reforma Laboral que aplica el gobierno.
Tras el escándalo y el show de la indignación, el affaire de Florencia Peña con la familia Messi abre la posibilidad de problematizar las condiciones en las que se ejerce el periodismo hoy. Los análisis de Mariana Mandakovic y Pascual Calicchio.

Estados Unidos e Irán acordaron un memorando de entendimiento de 14 puntos para poner fin al conflicto bélico iniciado a principios de 2026. El histórico documento establece el cese inmediato de hostilidades y garantiza la reapertura del Estrecho de Ormuz a cambio de la liberación de activos financieros iraníes.
El pacto preliminar, que será formalizado en Suiza, contempla puntos clave que han generado opiniones divididas y asombro en la comunidad internacional.
Puntos clave del acuerdo
1- Cese de hostilidades: Marca el fin permanente de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano, y prohíbe el uso de la fuerza entre ambas naciones.
2-Apertura de Ormuz: Irán se compromete a restablecer el tráfico marítimo y a neutralizar las minas en el área, mientras que Estados Unidos levantará su bloqueo naval en un plazo de 30 días.
3-Alivio económico y sanciones: Estados Unidos levantará las sanciones internacionales y descongelará los activos financieros de Irán.
4- Fondo de Reconstrucción: Se incluye un plan integral con una financiación de al menos $$300.000 millones para el desarrollo económico y la rehabilitación de Irán.
5-Negociación final: El memorando establece un periodo de 60 días para negociar los términos de un acuerdo definitivo y duradero.
El acuerdo ha sido catalogado como «sorprendente» debido a las amplias concesiones de Washington para restaurar la normalidad comercial y energética, lo que generó un intenso debate sobre su verdadera eficacia a largo plazo.
En el video de apertura Tucker Carlson (ex MAGA) por momentos descreído… y eso que Trump no miente jamás.