A partir de una célebre portada de la revista Extra de 1972, este análisis aborda nuevamente cómo la proscripción de liderazgos con representación popular masiva desestabiliza a los regímenes políticos. Entre el recuerdo de 1955-1973 y el escenario contemporáneo sobre Cristina Kirchner, una reflexión sobre la brecha entre la legalidad electoral y la legitimidad política.
El artículo plantea una cuestión de fondo: ¿por qué las sociedades contemporáneas parecen capaces de producir guerras, militarización y enormes desplazamientos de recursos, pero no procesos revolucionarios comparables a los del siglo XX?
La pregunta es particularmente fértil si se la lee desde una perspectiva de clase. La tradición marxista había pensado la guerra y la revolución como fenómenos estrechamente relacionados. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, creó las condiciones para la Revolución Rusa; la guerra española, la Revolución China, Vietnam y Cuba muestran distintas formas de articulación entre crisis militar, crisis estatal y movilización social. La propia Jacobin ha señalado que desde 1917 la revolución quedó profundamente marcada por la militarización de la política.
Pero hoy la relación parece haberse invertido. La guerra no está abriendo necesariamente el camino a la revolución: está funcionando como mecanismo de disciplinamiento social y de recomposición del poder. La destrucción, el endeudamiento público, el gasto militar y la emergencia permanente permiten transferir recursos hacia los grandes complejos industriales, financieros y tecnológicos, mientras las clases populares absorben el costo mediante inflación, precarización y deterioro de las condiciones de vida.
Ahí aparece la contradicción central. El capitalismo atraviesa crisis que objetivamente producen condiciones de descontento, pero la existencia de una crisis capitalista no produce automáticamente conciencia de clase ni capacidad revolucionaria. La clase trabajadora puede sufrir una intensificación de la explotación y, simultáneamente, experimentar fragmentación política, individualización y pérdida de organización colectiva. Un texto de Jacobin sobre la situación del proletariado llega precisamente a esta conclusión: el problema contemporáneo no puede reducirse simplemente a una «crisis de dirección», porque existe una crisis más profunda de constitución del propio sujeto proletario.
Desde esta perspectiva, la pregunta «¿por qué la guerra y no la revolución?» puede reformularse así: ¿qué ha cambiado en la relación de fuerzas entre capital y trabajo para que la crisis del capitalismo produzca más fácilmente guerra que transformación social?
La respuesta está, en buena medida, en la enorme capacidad contemporánea del capital para administrar la crisis. La guerra moviliza al Estado, pero no necesariamente contra el capital: puede ponerlo a su servicio. Tecnología, energía, infraestructura, inteligencia artificial, industria militar y finanzas convergen en un nuevo circuito de acumulación. Al mismo tiempo, la amenaza externa permite construir consenso, neutralizar conflictos internos y presentar como «interés nacional» decisiones que tienen beneficiarios de clase perfectamente identificables.
Por eso, el problema de la izquierda no consiste solamente en esperar que una nueva crisis produzca espontáneamente una revolución. La experiencia histórica demuestra que las crisis pueden desembocar tanto en procesos emancipatorios como en autoritarismo, fascismo o guerra. Incluso la Revolución Rusa no fue resultado de una supuesta «ley histórica»: la guerra sincronizó una crisis campesina, una crisis obrera y la descomposición del ejército, pero el desenlace dependió de la intervención política organizada.
La paradoja de nuestro tiempo es entonces que el capitalismo parece haber recuperado una extraordinaria capacidad para transformar sus contradicciones en instrumentos de dominación. La guerra aparece como una salida sistémica; la revolución, en cambio, requiere reconstruir previamente aquello que el neoliberalismo fragmentó: organización, solidaridad, conciencia de clase y capacidad colectiva de disputar el poder.
En ese sentido, la pregunta del artículo no debería llevarnos a abandonar la idea de revolución, sino a formular una cuestión más incómoda: ¿qué tipo de sujeto político y de organización de clase puede transformar la crisis permanente del capitalismo en una crisis de su poder? Ese es probablemente el verdadero problema estratégico de la izquierda del siglo XXI.
En la apertura el discuso en buena medida anticipatorio de Hugo Chávez Frías hace dos décadas en la ONU acerca de la pretensión de sostenimiento de la hegemonía norteamericana y su impacto en la región.
El texto de Esteban Schmidt es una pieza de opinión de alto voltaje, bien escrita y con una voz propia. Tiene el tono de alguien que conoce el oficio mediático desde adentro y que no se deja seducir por el "storytelling" de resiliencia y meritocracia que Hadad viene construyendo.
La tesis central —que Hadad es un simulador profesional, un jugador galáctico del periodismo como herramienta de poder y no como servicio público, y que ahora prueba el agua presidencial— está clara y se sostiene.
En fin que como señalara el gran Rene Lavand, frente a un público que (¡ay!) jamás descubría sus triquiñelas (?) : "No se puede hacer más lento"
A 54 años de la Masacre de Trelew, el fusilamiento de 16 militantes políticos permanece como uno de los antecedentes decisivos del terrorismo de Estado argentino. La entrega bajo custodia, el asesinato y la posterior desaparición de los tres sobrevivientes revelan la continuidad de una política represiva que Trelew anticipó y la dictadura de 1976 llevó a escala nacional.
Una lectura imprescindible para entender nuestros orígenes, dice Roberto Baschetti en su reseña del libro “Orígenes. Las raíces de nuestra militancia” que acaba de publicar Mario Firmenich, en el que repasa los hechos y los nombres que conforman la columna vertebral de la corriente nacional, popular y revolucionaria en la Argentina.
Gallo Mendoza representa una tradición político-intelectual argentina hoy particularmente necesaria: la del técnico que no separa conocimiento, estructura económica y transformación social. Su trayectoria —ingeniero agrónomo, investigador, docente, planificador y militante— estuvo atravesada por una preocupación central: quién controla los recursos estratégicos y para qué proyecto de país se los utiliza.
Hay un punto especialmente significativo: su estudio de 1964 sobre la tenencia de la tierra. Allí identificó que las políticas de crédito, semillas o comercialización podían aliviar problemas del sector agropecuario, pero no resolvían la cuestión fundamental: la estructura de propiedad de la tierra.
Ese planteo conserva una extraordinaria actualidad. La cuestión agraria argentina no puede reducirse a productividad, exportaciones o incorporación tecnológica. Detrás de esas variables existe una relación de poder: quién posee la tierra, quién controla los recursos naturales, quién captura la renta y quién decide el destino de la producción.
Por eso resulta muy acertada la comparación que hace el homenaje con Bialet Massé. Si Bialet Massé había recorrido el país para mostrar las condiciones materiales de las clases trabajadoras, Gallo Mendoza estudió cómo estaba distribuida la propiedad territorial. Ambos hicieron algo políticamente incómodo: obligaron al Estado a observar las relaciones de desigualdad que sus propias estructuras reproducían.
Y hay una segunda dimensión que vuelve especialmente contemporáneo su pensamiento. En 2013, bajo el seudónimo de Juan José Castelli, cuestionó la Ley de Tierras Rurales por considerar insuficiente la protección frente a la extranjerización y reclamó una política mucho más firme sobre tierras ubicadas en áreas estratégicas y de seguridad.
En el contexto actual, donde vuelven a adquirir centralidad la disputa por la tierra, los recursos naturales, la minería, los hidrocarburos, el agua y el territorio, Gallo Mendoza reaparece menos como una figura del pasado que como una caja de herramientas para interpretar el presente.
Su legado podría sintetizarse en una idea: el conocimiento no tiene sentido si no sirve para disputar el destino de la sociedad. Por eso la memoria de Gallo Mendoza no debería quedar confinada al homenaje. Su obra exige ser recuperada para discutir nuevamente qué modelo productivo, territorial y social necesita la Argentina.
En definitiva, despedir a Guillermo Gallo Mendoza es también preguntarse qué proyecto de país fue abandonado y qué relaciones de poder habría que volver a cuestionar para recuperarlo.
¿Cómo pasaron el anarquismo, el socialismo y el comunismo de ser ideas minoritarias a convertirse en las grandes ideologías obreras de comienzos del siglo XX? Sus militantes no solo libraron una batalla de ideas: crearon una prensa propia, una gráfica reconocible, símbolos perdurables y un cancionero revolucionario compartido. Un recorrido por esa cultura militante sirve para inscribir los actuales combates políticos en una historia a menudo olvidada.
El capitalismo enfrenta una contradicción que durante mucho tiempo pudo desplazar hacia adelante: el planeta tiene límites. La expansión económica ya no ocurre sobre un espacio aparentemente infinito de recursos naturales, energía, tierras y mercados. El concepto de “mundo lleno” desarrollado por Alberto Garzón en Monthly Review permite pensar esta transformación desde una perspectiva que articula economía, ecología y geopolítica.
Durante la expansión del capitalismo industrial, el crecimiento podía presentarse como un proceso potencialmente ilimitado. La incorporación permanente de nuevos territorios, recursos y trabajadores permitía ampliar la producción y los mercados. Pero esa dinámica encuentra hoy límites materiales cada vez más evidentes. Energía, minerales estratégicos, agua, tierras cultivables y capacidad de absorción de los ecosistemas se convierten en factores de competencia.
El problema no es simplemente que los recursos sean “escasos”. Lo decisivo es quién controla esos recursos, quién decide sobre su utilización y quién se apropia de la renta que generan.
En este escenario reaparece con fuerza una lógica neomercantilista. Las grandes potencias procuran asegurar mercados, cadenas de suministro, tecnologías, fuentes de energía y minerales críticos. Los aranceles, las sanciones, las guerras comerciales y las políticas de relocalización industrial dejan de ser fenómenos aislados: forman parte de una disputa más amplia por posiciones dentro de una economía mundial sometida a crecientes restricciones materiales.
La competencia entre Estados aparece así estrechamente vinculada con la competencia entre capitales. El imperialismo del siglo XXI no se limita al control territorial. También se expresa mediante el dominio tecnológico, financiero, energético y logístico, y mediante la capacidad de apropiarse de recursos localizados en las periferias del sistema.
Desde una perspectiva de clase, esta cuestión adquiere una dimensión todavía más profunda. La escasez no se distribuye democráticamente. Las clases dominantes poseen mayores posibilidades de proteger sus niveles de consumo y trasladar los costos ambientales y económicos hacia las mayorías sociales. La inflación energética y alimentaria, la precarización laboral y el deterioro de las condiciones de vida pueden convertirse en mecanismos mediante los cuales se socializan los costos de una crisis cuya apropiación continúa siendo privada.
Por eso, la llamada transición ecológica tampoco es políticamente neutral. Puede significar una reorganización democrática de la producción y del consumo o, por el contrario, convertirse en una nueva oportunidad para concentrar renta y poder alrededor de los capitales que controlan las tecnologías, los minerales, la energía y las infraestructuras estratégicas.
Esta perspectiva resulta particularmente relevante para Argentina. El país dispone de recursos cuya importancia aumenta en la nueva competencia internacional: hidrocarburos, alimentos, minerales críticos, agua y enormes extensiones de territorio productivo. El problema estratégico no consiste solamente en aumentar las exportaciones o atraer inversiones. La cuestión fundamental es qué lugar ocupa Argentina en la nueva división internacional del trabajo y quién captura la renta derivada de sus recursos.
Existe aquí una contradicción que merece ser discutida. Mientras las principales potencias despliegan políticas destinadas a proteger sus industrias, garantizar energía, controlar tecnologías y asegurar cadenas de abastecimiento, las economías periféricas pueden ser inducidas a profundizar su especialización primaria. En nombre de la apertura y de la competitividad, pueden terminar ofreciendo justamente aquello que las potencias necesitan: recursos naturales baratos y rentas extraordinarias para el capital transnacional.
El concepto de “mundo lleno” obliga, entonces, a abandonar una visión ingenua de la globalización. En un planeta sometido a límites materiales, la disputa por los recursos se convierte necesariamente en una disputa por el poder.
La cuestión argentina no debería formularse únicamente en términos de cuánto capital extranjero puede atraer el país, sino de qué proyecto nacional permite transformar sus recursos estratégicos en capacidad de desarrollo, soberanía tecnológica, empleo y bienestar social.
El problema central del siglo XXI no será solamente producir más. Será decidir para quién, bajo qué relaciones de propiedad y con qué costos sociales y ambientales se produce.
Como advierte la perspectiva desarrollada por Garzón, el “mundo lleno” modifica las condiciones de reproducción del capitalismo. Y en ese nuevo escenario, la vieja pregunta sobre la distribución de la riqueza adquiere una dimensión geopolítica: quien controle los recursos estratégicos tendrá una posición privilegiada para definir el futuro del sistema mundial.
El artículo de Lucas Schaerer, publicado hoy en RezoXVos, propone una lectura de San Martín centrada en su catolicismo, su espiritualidad y la dimensión religiosa del Ejército de los Andes. El texto sostiene que sus padres eran terciarios dominicos, que San Martín fue bautizado en Yapeyú, que los Granaderos utilizaban escapularios y mantenían una disciplina espiritual, y que antes del cruce de los Andes el general hizo bendecir a la Virgen del Carmen de Cuyo y le entregó el bastón de mando.
Pero hay un punto políticamente mucho más interesante: el artículo intenta disputar el significado contemporáneo de San Martín. La cuestión no es solamente si San Martín fue católico —hay abundante evidencia histórica sobre su pertenencia cultural y religiosa—, sino qué proyecto político se construye hoy a partir de esa dimensión de su pensamiento.
San Martín: fe, independencia y soberanía
El artículo acierta al recordar algo que cierta historiografía liberal tendió a relegar: la revolución independentista rioplatense no nació en un vacío cultural secularizado. La sociedad colonial era profundamente católica y las ideas de emancipación convivían con lenguajes religiosos, jurídicos y políticos heredados de la tradición hispánica.
Sin embargo, reducir a San Martín a “un hombre de fe” resulta insuficiente. Su religiosidad debe ser situada dentro de un proyecto político mucho más amplio: la emancipación americana y la construcción de soberanías capaces de enfrentar la dominación colonial.
La propia trayectoria sanmartiniana resulta reveladora. Su proyecto no se limitaba a independizar un territorio administrativo del Imperio español. El objetivo estratégico era mucho más ambicioso: derrotar el poder colonial en América del Sur y evitar que la fragmentación política convirtiera a las nuevas repúblicas en espacios subordinados a las grandes potencias.
Por eso resulta especialmente significativo el pasaje del artículo que recupera la preocupación sanmartiniana por el “libre comercio” y contrapone su proyecto al de Rivadavia y posteriormente al de Mitre.
Ahí aparece una clave que permite conectar al San Martín histórico con los debates argentinos contemporáneos.
El problema no es religión versus secularismo
La discusión interesante no debería ser si San Martín fue “religioso” o “laico”. Esa oposición proyecta sobre el siglo XIX categorías contemporáneas.
La cuestión decisiva es otra: ¿Qué relación existía entre su fe, su concepción de la autoridad política y su proyecto de emancipación continental?
El artículo cita el Estatuto Provisional del Perú de 1821, cuyo primer artículo establecía la religión católica, apostólica y romana como religión del Estado. También señala que los funcionarios debían profesar la religión cristiana.
Pero ese dato necesita ser colocado en su contexto histórico. San Martín no estaba diseñando un Estado liberal del siglo XXI. Estaba organizando políticamente un territorio recién liberado de una monarquía colonial y en medio de una guerra revolucionaria.
Por eso resulta metodológicamente peligroso utilizar ese texto para convertir retrospectivamente a San Martín en un precursor de cualquier programa político contemporáneo.
El San Martín que incomoda al liberalismo económico
Hay, en cambio, una dimensión de San Martín que resulta particularmente fértil para pensar la Argentina actual.
El libertador entendía la independencia política como inseparable de la capacidad efectiva de los pueblos para decidir sobre su destino. La soberanía no podía reducirse a la existencia formal de una bandera, un gobierno y una Constitución.
Y aquí aparece una tensión histórica que sigue siendo actual: ¿Puede existir independencia política cuando las principales decisiones económicas, comerciales, financieras y estratégicas quedan subordinadas a poderes externos?
El San Martín de la emancipación ofrece una respuesta inequívoca: la independencia debía ser efectiva.
De ahí que sea mucho más productivo recuperar su figura desde la relación entre soberanía, territorio, recursos, integración continental y autonomía económica que utilizarlo como simple emblema religioso.
La disputa por la memoria de San Martín
Hay además una cuestión de política cultural.
San Martín es uno de los pocos símbolos argentinos capaces de atravesar las fronteras partidarias. Precisamente por eso, su figura constituye un terreno permanente de disputa por la memoria colectiva.
El liberalismo oligárquico construyó durante décadas un San Martín compatible con una determinada narrativa de la organización nacional. El nacionalismo popular recuperó otro San Martín: el de la emancipación americana, la soberanía y la oposición a la subordinación económica.
El artículo de Schaerer introduce ahora otra dimensión: el San Martín católico y espiritual.
Las tres dimensiones pueden coexistir históricamente. Lo que no debería hacerse es utilizar una de ellas para borrar las otras.
Porque un San Martín exclusivamente religioso sería tan incompleto como un San Martín exclusivamente militar o exclusivamente liberal.
La paradoja contemporánea
Y aquí aparece, a mi juicio, la cuestión política más potente.
Si se quiere recuperar al San Martín católico, también habría que recuperar su idea de comunidad, su noción de deber público y su concepción de la emancipación americana.
No parece posible reivindicar su religiosidad mientras se abandona la cuestión de la soberanía económica.
No parece coherente reivindicar su cruzada emancipadora mientras se considera que la inserción subordinada de la Argentina en los circuitos financieros y comerciales globales constituye una virtud en sí misma.
Y tampoco parece razonable convertir la religión de San Martín en una herramienta de legitimación de un proyecto económico que pueda profundizar la dependencia.
San Martín no fue simplemente un hombre que creyó en Dios. Fue un hombre que puso esa convicción al servicio de una determinada concepción del deber, la comunidad política y la emancipación.
Por eso la pregunta contemporánea no debería ser solamente “¿en qué creía San Martín?”, sino:
¿Qué entendía San Martín por libertad y qué condiciones materiales consideraba necesarias para conquistarla?
Esa pregunta devuelve la discusión al terreno verdaderamente sanmartiniano: la independencia como proyecto político, económico y continental.
Y allí el debate deja de ser sobre estampitas, ceremonias o apropiaciones religiosas de la memoria del Libertador para convertirse en una discusión sobre soberanía o dependencia.
El artículo «Globalismo» de Le Grand Continent (12 de agosto de 2026), forma parte de un proyecto particularmente interesante: reconstruir críticamente el vocabulario político de la extrema derecha contemporánea. El punto central no es solamente qué significa la palabra globalismo, sino cómo una categoría originalmente descriptiva fue transformándose en una pieza de combate político y, en determinados discursos, en una teoría conspirativa.
La propia revista explica que términos como «globalismo», «marxismo cultural», «declive de Occidente», «orden natural» o «deep state» deben analizarse no aisladamente, sino como componentes de un repertorio ideológico que establece una frontera entre un in-group considerado legítimo y un out-group presentado como amenaza.
Una cuestión especialmente relevante desde una perspectiva de clase
El problema del concepto globalismo es que puede capturar una contradicción real del capitalismo contemporáneo, pero desplazarla hacia una explicación conspirativa.
Existe, efectivamente, una transformación estructural del capitalismo: internacionalización de las cadenas de valor, financiarización, concentración transnacional del capital, poder de las grandes plataformas tecnológicas, organismos supranacionales, fondos de inversión y creciente capacidad de las corporaciones para condicionar las decisiones estatales.
Pero una cosa es analizar la estructura material del capitalismo global y otra muy distinta atribuir esa estructura a una conspiración homogénea de «élites globalistas».
Ahí aparece una operación ideológica decisiva: la relación entre capital y trabajo desaparece detrás de la oposición entre «pueblo» y «globalistas».
El trabajador precarizado, el pequeño empresario endeudado o el jubilado que pierde capacidad adquisitiva pueden experimentar efectivamente las consecuencias de procesos globales. Pero si la explicación identifica como responsable a «los globalistas», se produce un desplazamiento: la contradicción social deja de ser capital/trabajo y pasa a ser nación/élite cosmopolita.
Ese desplazamiento es políticamente extraordinariamente eficaz.
El problema de la extrema derecha no es que invente todas las contradicciones
Este punto me parece fundamental para leer el texto.
La extrema derecha contemporánea no necesita inventar el malestar social. Lo que hace es darle una determinada gramática política.
La investigación que acompaña el proyecto de Le Grand Continent sostiene precisamente que la batalla política contemporánea también se libra en el terreno del lenguaje. Steven Forti señala que la normalización de determinadas palabras e ideas permite que posiciones que antes eran marginales ingresen progresivamente en el sentido común.
Esto permite comprender algo que en Argentina resulta particularmente visible.
Cuando Milei habla contra «la casta», «el socialismo», «la justicia social» o determinadas formas de «globalismo», no estamos solamente ante definiciones doctrinarias. Estamos ante operaciones de construcción de antagonismos.
El problema es qué sujetos quedan incluidos y excluidos en esos antagonismos.
Del conflicto de clases a la guerra cultural
La eficacia de esta nueva derecha reside, en buena medida, en haber comprendido que la hegemonía no se construye exclusivamente alrededor de un programa económico.
Se construye alrededor de una interpretación del mundo.
Por eso adquieren tanta importancia cuestiones como género, inmigración, nación, seguridad, «wokismo», libertad de expresión, identidad nacional, élites culturales y «globalismo». El propio Forti señala que la nueva derecha combina storytelling emocional, provocación, memes y guerras culturales para desplazar el centro del debate.
Desde una perspectiva gramsciana, podría decirse que estamos ante una disputa por el sentido común.
Y aquí aparece una paradoja: sectores populares pueden terminar adhiriendo a una representación del conflicto que identifica correctamente algunas experiencias de subordinación pero identifica incorrectamente sus causas.
Ese es quizás uno de los mecanismos más sofisticados de la hegemonía contemporánea.
Globalización no es lo mismo que «globalismo»
Conviene, por eso, separar tres conceptos:
Globalización: proceso histórico-material de expansión e integración de mercados, capitales, tecnologías, cadenas productivas y flujos financieros.
Gobernanza global: conjunto de instituciones y mecanismos mediante los cuales se coordinan determinadas decisiones internacionales.
Globalismo: término político que, en determinados discursos de extrema derecha, transforma esos procesos complejos en la acción deliberada de una élite homogénea que conspiraría contra las naciones.
La diferencia no es académica. Es política.
Porque criticar la globalización capitalista puede ser perfectamente compatible con una crítica marxista del capital transnacional, mientras que la teoría conspirativa del globalismo tiende a personalizar y moralizar relaciones estructurales.
Y aquí aparece la cuestión argentina
El concepto adquiere especial importancia para interpretar el proyecto de Milei.
Hay una contradicción que merece ser examinada con mucha atención: el discurso libertario denuncia supuestas élites globales mientras impulsa una política de apertura, desregulación y subordinación de importantes decisiones económicas a las condiciones de los mercados internacionales y del capital financiero.
Por eso no alcanza con preguntarse si Milei es «globalista» o «antiglobalista».
La pregunta más productiva es:
¿Qué fracción del capital se beneficia de cada dimensión de su proyecto y cuál es el lugar que ocupa el trabajo en esa reorganización?
Ese interrogante permite salir de la trampa semántica.
La retórica nacional-popular de determinadas derechas puede coexistir perfectamente con políticas económicas favorables a sectores altamente internacionalizados del capital. Y, a la inversa, puede utilizar el nacionalismo cultural para construir legitimidad social para una transformación económica profundamente regresiva.
La cuestión de fondo
Hay entonces una conclusión que, a mi juicio, permite ir más allá del artículo:
la crítica al globalismo no debe ser monopolizada por la extrema derecha.
Existe una crítica de izquierda mucho más consistente: no necesita imaginar una conspiración mundial. Puede analizar empíricamente la concentración del capital, la financiarización, la pérdida de capacidad regulatoria de los Estados, la internacionalización productiva, la desigual distribución de la renta y la subordinación de las mayorías populares a decisiones tomadas por actores económicos que carecen de control democrático.
El desafío político consiste, precisamente, en reconstruir ese conflicto sin convertirlo en una guerra cultural entre pueblos y enemigos imaginarios.
Porque detrás de la palabra «globalismo» hay una pregunta mucho más concreta:
¿quién controla el capital, quién controla el Estado, quién se apropia del excedente y quién paga los costos de la reorganización capitalista mundial?
Esa es la pregunta que permite recuperar la dimensión de clase que la retórica de la «guerra contra el globalismo» tiende a ocultar. Y también permite comprender por qué la extrema derecha puede presentarse simultáneamente como rebelión contra las élites y como vehículo político de determinadas fracciones de las clases dominantes.
De Zeballos a Storni, de Travassos a Guglialmelli, la Argentina construyó una tradición geopolítica que pensó el territorio como una dimensión del poder. Recuperar esa mirada permite leer de otro modo el AtlánticoSur, Malvinas, los recursos estratégicos, la relación con Brasil y los desafíos de la dependencia en el siglo XXI. Abre el video de Mates con Historia, conversación de Pablo Yurman con Juan José Borrelli
sobre Historia de la geopolítica argentina.
La hipótesis, que se busca testear analizando los distintos proyectos neoperonistas del 1955 hasta 1973, es que Perón pugnó por mantener la conducción de su movimiento buscando permanentemente destruir cualquier forma de organización que escapara a su control y a la lógica del liderazgo carismático, y lo hizo aprovechando la puja interna característica de su partido, construyendo y destruyendo alianzas internas o externas, operando con un pragmatismo que demostró tener alta efectividad. Pese a proclamar lo contrario, el propio Perón trabajó en contra de la organización o institucionalización del peronismo, para poder mantener su control sobre esa fuerza política. Dicho de otra manera, la organización carismática, con fuerte dependencia de las acciones del líder y conductor, fue el único o más efectivo modo que Perón encontró para mantener vivo al peronismo. El espacio de tiempo que se analiza termina en 1973 con el retorno de Perón al poder político, hecho que sumado a su muerte al poco tiempo, colocó al peronismo en una situación totalmente diferente al proceso que examinaremos a continuación. Para realizar este estudio nos apoyaremos en los aportes de Panebianco (Panebianco, 1995), en su conceptualización de los partidos carismáticos y en sus contribuciones a la comprensión de dinámica de constitución de las coaliciones dominantes en el interior de esos partidos. En tanto la investigación empírica nos reveló que, en todas las etapas, la lucha por la conducción del peronismo se resolvió en un juego entre tres fuerzas protagónicas, utilizaremos también los esquemas desarrollados por Theodore Caplow para el análisis de la teoría de las coaliciones en las tríadas (Caplow, 1956 y 1959).
El programa de reformas del Gobierno argentino, inspirado en un "modelo peruano", busca consolidar la llamada "estabilidad macroeconómica" junto a una profunda fragmentación política, legislativa y flexibilización de la soberanía sobre recursos naturales. Este enfoque, que incluye la reforma del BCRA, la suba del tope de extranjerización de tierras al 25% y la flexibilización de la Ley de Glaciares, opera bajo un escenario donde el ancla de deuda externa facilita la privatización del subsuelo y la "balcanización" del federalismo, un riesgo que Cristina Kirchner ya había señalado como central.
El artículo "Rebeldía Controlada" utilizando el caso Bramuglia, el primer intento de construir un "peronismo sin Perón" ya en el año 1955 sostiene una hipótesis central: los liderazgos populares de volumen histórico y gran arraigo popular no son sustituibles mediante operaciones políticas ni judiciales, y que la proscripción termina debilitando la representación democrática más que al liderazgo proscripto. Para desarrollar esa idea, establece un paralelo entre la proscripción de Juan Domingo Perón tras 1955 y la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner.
El texto recupera la experiencia del neoperonismo encabezado por Juan Atilio Bramuglia, quien intentó construir un peronismo autónomo aprovechando la proscripción de Perón. Apoyándose en trabajos del historiador Raanan Rein, el artículo señala que ese intento fracasó porque el liderazgo de Perón conservó la adhesión mayoritaria del movimiento aun desde el exilio.
Como contracara, recupera la posición de John William Cooke, quien rechazaba las corrientes "blandas" o conciliadoras y sostenía que la conducción seguía perteneciendo al líder proscripto. Según el autor, esa experiencia histórica demuestra que la legitimidad política no puede transferirse mecánicamente a dirigentes sustitutos.
El artículo se vincula con un trabajo posterior de López donde desarrolla el concepto de "déficit de legitimidad sustitutiva". La idea es que cuando un liderazgo con gran capacidad de representación queda excluido de la competencia política, quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan un problema estructural: heredan parte del electorado, pero no la legitimidad política ni simbólica del liderazgo original.
Desde esa perspectiva, la proscripción no afecta solamente al dirigente alcanzado por la medida, sino que altera el funcionamiento del sistema de representación en su conjunto.
El artículo afirma que el reclamo "Cristina Libre" debe entenderse como una demanda vinculada a la calidad democrática y no únicamente como una consigna electoral. Según el autor, la exclusión judicial de un liderazgo con fuerte apoyo popular reduce la competencia política efectiva y contribuye al aumento de la apatía electoral entre sectores sociales que se identifican con ese liderazgo.
Establece un paralelo histórico consistente entre distintas experiencias de proscripción del peronismo;
incorpora bibliografía especializada, particularmente los estudios de Raanan Rein;
intenta formular un concepto analítico ("déficit de legitimidad sustitutiva") que trasciende la coyuntura argentina.
En conjunto, el texto combina historia política, teoría de la representación y una interpretación claramente situada en el debate político argentino. Su aporte más original es la formulación del concepto de déficit de legitimidad sustitutiva, que busca explicar por qué, según el autor, la exclusión de un liderazgo popular produce dificultades persistentes para la construcción de liderazgos alternativos y afecta la legitimidad del sistema político.
¿Puede el peronismo ganar y gobernar con un liderazgo proscripto o desplazado de la candidatura presidencial? La historia argentina ofrece una secuencia de experiencias que parecen responder negativamente. Desde Frondizi hasta Alberto Fernández, pasando por Illia y Cámpora, las fórmulas construidas para reemplazar o compensar la ausencia del liderazgo central terminaron enfrentando problemas de legitimidad política, conflictos de conducción o gobiernos truncos. Este artículo sostiene que las llamadas "candidaturas delegadas" constituyen una constante históricamente fallida del peronismo y que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a colocar ese dilema en el centro de la escena política argentina.
El artículo "De trapos, banderas y volantes" del sociólogo e historiador Roberto Baschetti, reflexiona sobre un fenómeno que excede al fútbol: el regreso de la militancia visible en el espacio público a través de símbolos materiales —banderas, trapos, volantes, murales— en un contexto de fuerte ofensiva individualista y digital. A partir de la experiencia de las movilizaciones populares recientes, el autor sostiene que esos elementos vuelven a ocupar un lugar central porque expresan organización, identidad colectiva y pertenencia política.
El mayor mérito del artículo es recordar que la política sigue siendo un fenómeno profundamente colectivo. En tiempos donde pareciera que todo sucede en las pantallas, los trapos, las banderas y los volantes recuperan su carácter original: son instrumentos de organización y de construcción de poder popular. No sustituyen al programa político ni a la organización, pero constituyen una manifestación visible de ambos. En ese sentido, cada bandera levantada representa mucho más que una consigna: expresa la voluntad de transformar el descontento individual en acción colectiva.
En esta nota se compara el servicio anual de deuda en moneda extranjera entre las obligaciones con el FMI y los bonos Globales en dólares bajo ley de Nueva York para el período 2026-2035. La conclusión principal es contundente: el acuerdo con el FMI concentra un "muro de vencimientos" mucho más exigente que el perfil de pagos de los bonos reestructurados en 2020.
Entre 2028 y 2031 aparece el denominado "Muro FMI", con pagos anuales que oscilan entre US$ 9.262 millones y US$ 11.212 millones.
El pico se registra en 2030, cuando los pagos al Fondo alcanzarían US$ 11.212 millones, casi el doble del servicio correspondiente a los Globales ese mismo año (US$ 6.039 millones).
Incluso en 2031, cuando los Globales aumentan hasta US$ 7.779 millones, el FMI continúa exigiendo US$ 10.638 millones.
A partir de 2032, las obligaciones con el Fondo comienzan a descender rápidamente, mientras que los bonos mantienen un cronograma relativamente estable entre US$ 6.500 y 7.500 millones anuales.
Desde una perspectiva macroeconómica, el gráfico evidencia que el verdadero problema financiero de la Argentina durante los próximos años no proviene principalmente de la reestructuración de la deuda privada realizada en 2020, sino del calendario de repagos asociado al préstamo extraordinario otorgado por el FMI en 2018 y posteriormente refinanciado.
El préstamo con el Fondo posee dos características que lo diferencian de los bonos:
concentra fuertes amortizaciones en pocos años;
exige revisiones periódicas y el cumplimiento de condicionalidades de política económica.
En consecuencia, el peso del FMI no se limita al volumen de dólares a pagar sino que también condiciona la política económica mediante metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.
El gráfico también permite observar una paradoja importante.
Durante años, buena parte del debate público argentino se concentró en la reestructuración de los bonos privados realizada en 2020. Sin embargo, el cronograma muestra que esos bonos presentan un perfil de pagos relativamente más distribuido y previsible que el correspondiente al FMI.
En otras palabras, el principal cuello de botella externo entre 2028 y 2031 está explicado por el Fondo Monetario Internacional.
Para la administración de Javier Milei esto supone un desafío estructural. Si el programa económico no logra:
incrementar significativamente las exportaciones,
acumular reservas internacionales,
recuperar el acceso pleno al financiamiento voluntario,
El país enfrentará la necesidad de una nueva renegociación con el FMI o de obtener nuevos desembolsos que permitan refinanciar esos vencimientos.
Por ello, el "muro FMI" constituye no solo un problema financiero, sino también un factor de condicionamiento político: la capacidad del gobierno para sostener su programa económico dependerá en buena medida de cómo resuelva ese calendario de pagos extraordinariamente concentrado, y para lograrlo o reestructura o el país seguirá desplegando este plan de miseria planificada que planteara Rodolfo Walsh. Lamentablemente la respuesta ya la conocemos. En otras palabras, reestrucutamos la deuda o morimos y como lo advirtó
El Mundial 2026 marcó un antes y un después en Estados Unidos: la final España–Argentina fue vista por 62,8 millones de personas (38,9M en Fox y 23,9M en Telemundo/Peacock), récord histórico para un partido de fútbol en ese país y para una transmisión deportiva en español. El torneo, celebrado en EE. UU., Canadá y México, se benefició del auge del streaming, la buena campaña de la selección anfitriona y la presencia de figuras como Lionel Messi. El resultado fue un fuerte impacto económico: crecimiento de audiencias digitales, millones de nuevos suscriptores en plataformas como Peacock y un posicionamiento renovado de la FIFA para negociar derechos futuros. Más allá de lo deportivo, el evento consolidó al fútbol como un producto central del mercado audiovisual estadounidense, capaz de competir con finales de la NBA o la Serie Mundial. El fenómeno refleja la paradoja contemporánea del deporte: críticas a su mercantilización conviven con un crecimiento sin precedentes en asistencia, consumo y rentabilidad, similar al auge comercial observado en la Fórmula 1.
Estos apuntes describen muy brevemente la génesis, evolución y reactivación del concepto de «campaña antiargentina» como un dispositivo retórico y tecnológico estructural de los modelos económicos de derecha neoliberal en la Argentina. Se sostiene que este constructo funciona como un mecanismo de cohesión ideológica abstracta en el plano de la superestructura discursiva y digital. Su objetivo es edificar una unificación imaginaria de la población de manera concomitante con un proceso material de desarticulación, extranjerización y fragmentación estructural del Estado-Nación, aquí caracterizado bajo la categoría analítica de tupacamarización. A través de un abordaje histórico-comparativo, se demuestra la línea de continuidad entre el programa fundacional de la última dictadura cívico-militar (1976-1983) conducido por José Alfredo Martínez de Hoz y su capítulo contemporáneo bajo la gestión libertaria y el denominado «Plan Caputo».
El artículo ¿Qué quiere realmente el comunismo? de Lavinia Marchetti, presenta un recorrido histórico y teórico de las ideas comunistas, distinguiendo sus metas originales de las interpretaciones propagandísticas o las deformaciones de los regímenes autodenominados comunistas. Plantea que la teoría comunista busca eliminar la explotación económica inherente al capitalismo, reemplazando la propiedad privada de los medios de producción por una gestión colectiva democrática. Desarrolla diez puntos clave: comienza con la plusvalía como base de la explotación, aclara que el comunismo no pretende abolir los bienes personales, y sitúa como meta última recuperar la “alienación” del trabajador (remitir a los Manuscritos de 1844) para lograr que “el libre desarrollo de cada uno sea condición del desarrollo de todos”. Introduce el materialismo histórico como herramienta de análisis, critica el Estado como garante del orden de propiedad, y emplea conceptos marxistas posteriores (hegemonía de Gramsci, aparatos ideológicos de Althusser, igualdad-libertad de Balibar, entre otros) para explicar por qué la dominación parece aceptable. Reconoce los abusos de regímenes pasados (Stalin, Mao, Pol Pot) y el efecto de la Guerra Fría en estigmatizar al comunismo. Finalmente enumera demandas contemporáneas (“democracia económica”, “retirar de mercado salud y vivienda”, reducción de la jornada) ilustrando que los fines comunistas traducidos hoy pueden parecer razonables ante la creciente desigualdad global.
En el inicio un breve recorrido por el pensamiento tardío de Alhusser , sobre el materialismo aleatorio que omite el artículo de Lavinia Marchetti