El neoliberalismo (y más aún su cepa libertaria) se caracteriza por querer imponer el campo de lo posible, como lo es el ajuste permanente como único modo de resolver los problemas de una economía. En esta línea, el programa económico, bajo la promesa de “ordenar la macro”, despliega un conjunto de políticas que, lejos de sentar las bases de un crecimiento sostenido, terminan socavando las condiciones materiales de existencia de la industria nacional. El resultado no es neutral: es una economía más extranjerizada, más dependiente y con menos capacidad de generar empleo de calidad.

El INDEC publicó recientemente la “Encuesta de Tendencia de Negocios. Industria manufacturera”, que releva las perspectivas y expectativas del sector y arroja resultados contundentes. En relación con la situación de la cartera total de pedidos de clientes en enero de 2026, el 52,4 % de las empresas considera que se encuentra por debajo de lo normal. Asimismo, respecto de la proyección del volumen de producción para el período febrero-abril de 2026 en comparación con la situación actual, más del 80 % estima que no registrará variaciones o incluso disminuirá. En cuanto a los factores que limitan la capacidad de aumentar la producción, el 53 % identifica a la insuficiencia de la demanda interna como la principal causa, seguida por la competencia de productos importados y, en tercer lugar, por la debilidad de la demanda externa. Cada una de estas variables se encuentra directamente influenciada por las directrices del programa económico del gobierno nacional, que serán analizadas a continuación.

En este marco, los indicadores productivos ofrecen un diagnóstico elocuente. El nivel de actividad muestra un comportamiento errático, sin una tendencia firme de recuperación, mientras que la industria manufacturera cierra el año con caídas interanuales y una utilización de la capacidad instalada persistentemente baja. El empleo registrado privado deja de crecer (es de público conocimiento la cantidad de empresas que cierran día a día en el país). Al mismo tiempo, la apertura comercial se acelera: aumentan las cantidades importadas, incluso en rubros donde existe capacidad productiva local, reforzando la presión competitiva sobre un entramado industrial que opera con costos financieros elevados y demanda interna debilitada. Todo esto no es mero resultado de un contexto exógeno sino de políticas económicas concretas: se flexibilizaron aranceles y se eliminaron trámites regulatorios. Por otro lado, el endeudamiento del sector privado, lejos de expresar un ciclo virtuoso de inversión, se convierte en muchos casos en una estrategia defensiva para sostener el trabajo y refinanciar pasivos en un contexto de ventas frágiles.

En este escenario se monta el programa económico industricida, el cual fortalece las dinámicas de un modo de acumulación de capital de valorización financiera (o rentístico financiero). Respecto a la política fiscal, el Gobierno exhibe el superávit como principal credencial de éxito, pero omite discutir su composición. El “equilibrio” se logra fundamentalmente a través de la licuación del gasto y la retracción de la inversión pública, dos variables que afectan de manera directa a la industria. Menos obra pública significa menos demanda para sectores clave; menos gasto implica menores ingresos y, por lo tanto, menor consumo. Es decir, cada obra pública paralizada implica daños a los sectores que van desde la construcción directa hasta a los proveedores de materiales, maquinaria y sectores complementarios. El ajuste fiscal, en este esquema, no es neutro: opera como un freno estructural sobre la producción manufacturera, que depende del mercado interno mucho más que otros sectores. La disciplina fiscal se transforma así en un ancla que no logra estabilizar precios, pero que congela la actividad.

La política monetaria completa el cuadro. Aunque el crédito muestra cierta recuperación en términos agregados, su composición revela una dinámica desigual. El financiamiento fluye con mayor facilidad hacia grandes empresas y operaciones de corto plazo, mientras que el crédito productivo de largo plazo sigue siendo escaso y caro para buena parte del entramado industrial. La combinación de tasas reales elevadas, plazos reducidos e incertidumbre sobre la demanda desalienta la inversión en capacidad instalada, tecnología e innovación. La industria no necesita solo crédito: necesita crédito compatible con sus ciclos productivos. Cuando ese requisito no se cumple, el endeudamiento crece sin traducirse en mayor productividad.

La política cambiaria es uno de los eslabones más sensibles para la producción local. Un esquema de flotación administrada puede ofrecer previsibilidad, pero en un contexto de inflación estructural y apertura importadora corre el riesgo de derivar en una apreciación del tipo de cambio real. Para la industria, esto implica una pérdida directa de competitividad: los costos internos suben en dólares mientras los bienes importados se abaratan. El aumento de las importaciones en cantidades confirma este mecanismo. No se trata de un fenómeno coyuntural, sino de un patrón histórico: cada vez que el tipo de cambio real se atrasa y la economía se abre sin resguardos, la industria nacional queda expuesta a una competencia desigual que erosiona producción y empleo.

En ese contexto aparece el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el cual se presenta como la gran apuesta estratégica del programa, pero su diseño revela una lógica que privilegia enclaves antes que desarrollo. Los beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios apuntan a atraer proyectos de gran escala orientados a la exportación, con escasas exigencias de integración local, transferencia tecnológica o generación de encadenamientos productivos. El riesgo es evidente: consolidar una estructura económica dual, donde conviven sectores altamente rentables y protegidos con un tejido industrial que compite sin red frente a importaciones crecientes y financiamiento caro. En lugar de articular inversión extranjera con desarrollo nacional, el régimen corre el peligro de profundizar la desconexión entre crecimiento y empleo.

El problema de fondo no es la búsqueda de estabilidad (si consideramos a la estabilidad como una virtud en sí misma), sino el contenido de esa estabilidad. Una macroeconomía ordenada que se sostiene sobre ajuste fiscal contractivo, crédito restrictivo, tipo de cambio apreciado y apertura comercial indiscriminada tiende a reproducir un patrón conocido: menos industria, más dependencia y mayor fragilidad social. La historia económica argentina ofrece demasiados ejemplos como para ignorarlos.

Una economía sin industria puede mostrar cuentas prolijas durante un tiempo, pero difícilmente sostenga crecimiento, empleo y cohesión social. En este sentido, el programa económico actual parece apostar a ese equilibrio frágil. Revertir este rumbo no requiere épica ni slogans, sino decisiones concretas. Implica entender que el equilibrio fiscal puede y debe convivir con una inversión pública que traccione demanda y productividad; que el crédito debe orientarse deliberadamente a la producción, con plazos y costos compatibles con la industria; que el tipo de cambio debe ser una herramienta de desarrollo y no solo un ancla antiinflacionaria; que la apertura comercial necesita administración inteligente para evitar la destrucción de capacidades locales; y que cualquier régimen de incentivos a la inversión debe estar condicionado a empleo, contenido nacional y aprendizaje tecnológico. No se trata de proteger ineficiencias, sino de proteger el futuro.