
El artículo “Un Gramsci para la estrategia” plantea una cuestión especialmente relevante para pensar la política contemporánea: recuperar a Gramsci no como un teórico de la cultura separado de la lucha de clases, sino como un pensador de la estrategia, del poder y de la construcción de una fuerza capaz de disputar el Estado. El texto insiste en que la hegemonía no puede reducirse a “ganar la batalla cultural”: implica construir un bloque social, conquistar posiciones, organizar a los sectores subalternos y, finalmente, disputar el poder estatal.
La distinción entre guerra de posiciones y guerra de movimientos resulta central. En las sociedades capitalistas occidentales, donde la sociedad civil posee una estructura institucional densa —partidos, sindicatos, medios, iglesias, asociaciones, universidades—, la transformación política no puede pensarse simplemente como asalto inmediato al Estado. La guerra de posiciones supone acumular fuerzas en ese entramado social, disputar el sentido común y construir organización. Pero Gramsci tampoco convierte esa estrategia en un reformismo permanente: la hegemonía es, en última instancia, una preparación para la conquista del poder.
Hay aquí una crítica implícita a una de las apropiaciones más difundidas de Gramsci: aquella que lo transforma en un simple teórico de la comunicación, de los discursos o de la “batalla cultural”. En el Gramsci estratégico, la cultura es una dimensión de la lucha por el poder, no su sustituto. La hegemonía combina consenso y coerción; de allí su célebre concepción del Estado integral como “sociedad política + sociedad civil”.
Otro aspecto particularmente fecundo es la noción de bloque histórico. El sujeto transformador no aparece dado de antemano. El proletariado no puede limitarse a representar sus intereses corporativos: necesita articularse con otras clases y fracciones subalternas —en el caso italiano, especialmente con el campesinado— y convertirse en fuerza dirigente de un nuevo bloque social. Esto permite pensar la política mucho más allá de una concepción mecánica de la relación entre estructura económica y conciencia de clase.
Y aquí aparece una cuestión muy actual para Argentina: la construcción de hegemonía exige transformar demandas dispersas en una voluntad política común. No alcanza con denunciar las consecuencias sociales del neoliberalismo ni con sumar electoralmente organizaciones preexistentes. La pregunta gramsciana es más exigente: ¿qué sujeto social puede articular a trabajadores formales e informales, sectores populares, capas medias empobrecidas, pequeños productores, jubilados y sectores de la economía popular en una nueva dirección política?
En ese sentido, el artículo permite discutir críticamente tanto al neoliberalismo como ciertas respuestas opositoras. Milei entendió que la política no se gana solamente administrando el Estado: hay que disputar previamente el sentido común. Su construcción política consiguió convertir determinadas categorías —“casta”, “libertad”, “Estado”, “mercado”, “déficit”— en organizadores ideológicos de una parte significativa de la sociedad. Una respuesta progresista o nacional-popular que se limite a administrar el Estado o a defender conquistas históricas sin reconstruir una nueva voluntad colectiva queda encerrada en una posición defensiva.
Pero existe también el peligro inverso: confundir hegemonía con marketing político. La hegemonía gramsciana no consiste en fabricar consensos desde arriba, sino en producir una articulación orgánica entre organización, experiencia social, conciencia y dirección política. Por eso el concepto de intelectual orgánico resulta fundamental: el intelectual no es un especialista exterior al pueblo que le explica qué debe pensar, sino alguien inserto en las luchas sociales, capaz de convertir experiencias fragmentarias en conciencia política.
La dimensión nacional también resulta decisiva. El artículo recupera una idea de Gramsci que suele quedar relegada: el internacionalismo no elimina la cuestión nacional. Una clase internacional debe “nacionalizarse” para poder dirigir a sectores sociales concretos. Esto tiene enorme importancia frente a un capitalismo globalizado y frente a las nuevas derechas internacionales. La lucha de clases se desarrolla dentro de Estados nacionales concretos, aunque el capital opere transnacionalmente.
Aplicado al presente argentino, esto conduce a una conclusión fuerte: la reconstrucción de una alternativa al mileísmo no puede ser solamente electoral ni tampoco una mera reunificación de las estructuras existentes. Necesita una estrategia de hegemonía: reconstruir organización popular, disputar el sentido común, producir un programa materialmente creíble y articular un bloque histórico capaz de transformar la correlación de fuerzas.
La gran actualidad de Gramsci reside precisamente allí. No se trata simplemente de ganar elecciones; se trata de construir las condiciones sociales, culturales y organizativas que hagan posible una nueva dirección de la sociedad. La política vuelve entonces a ser entendida en su sentido fuerte: lucha por la dirección intelectual y moral de un bloque social y, finalmente, lucha por el Estado.

La economía argentina enfrenta una transformación que va mucho más allá de la baja de la inflación o del equilibrio fiscal. Como advierte Pablo Manzanelli, detrás de los datos oficiales aparecen una crisis de ingresos, desindustrialización, fuga de capitales y un endeudamiento creciente que vuelve a colocar al FMI en el centro de la escena. El modelo de Milei no sólo está modificando la distribución del ingreso: está reconfigurando la estructura productiva en favor de los sectores concentrados, con una economía cada vez más dependiente de la exportación de recursos naturales y del ingreso de dólares. La pregunta decisiva ya no es cuánto crece la economía, sino qué economía está creciendo, quién se apropia de ese crecimiento y quién paga sus costos.

El planteo de Michael Roberts que se publica permite leer el experimento de Milei desde una perspectiva diferente.
El discurso libertario afirma que el problema argentino es fundamentalmente el exceso de Estado, déficit, emisión, regulación e impuestos. Su respuesta consiste en reducir drásticamente la intervención estatal y confiar en que la recuperación de los incentivos permita reactivar la inversión privada.
Pero la pregunta sería otra: ¿qué ocurre si la inversión privada no responde simplemente a la reducción del Estado, sino a las expectativas de rentabilidad?
Entonces aparece una contradicción fundamental. Un Estado puede reducir salarios reales, gasto público y derechos laborales y, al mismo tiempo, generar condiciones muy favorables para determinados capitales concentrados —energía, minería, finanzas, infraestructura— sin que eso implique necesariamente una recuperación generalizada de la economía.
El problema no sería entonces Estado versus mercado, sino qué fracciones del capital se benefician de la intervención estatal y quién paga el costo de esa política.
Ese enfoque permite superar tanto el discurso neoliberal como cierto keynesianismo simplificado.
La pregunta “¿Está muerto el keynesianismo?” puede tener una respuesta más compleja:
No está muerto como política económica; está cuestionado como estrategia capaz de resolver las contradicciones estructurales del capitalismo.
El Estado todavía puede gastar, endeudarse, subsidiar, emitir, bajar tasas o invertir. Lo que resulta mucho más difícil es conseguir que esas herramientas modifiquen por sí mismas la lógica de acumulación.
Y allí está la diferencia entre Keynes y Marx: Keynes quería salvar al capitalismo de sus crisis; Marx intentó explicar por qué esas crisis son inherentes a su funcionamiento.
Para una perspectiva de clase, el debate actual no debería reducirse entonces a “más Estado” o “menos Estado”. La cuestión decisiva es qué Estado, al servicio de qué fracciones sociales, financiado por quién y orientado hacia qué estructura de acumulación.
Ese desplazamiento es particularmente potente para analizar el experimento Milei: porque permite sostener que la llamada “libertad económica” no elimina al Estado, sino que reordena su poder en favor de determinadas fracciones del capital.

Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder. Lo advirtió ya Cristina Kirchner que asumire el gobierno suponía un 25% del poder real, hoy no lo sabemos pero podemos imaginarlo.
La experiencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes?
La lectura de Nicos Poulantzas permite ir más allá de la idea del Estado como simple instrumento de la burguesía: el Estado capitalista es una condensación material de las relaciones de fuerza entre las clases, un terreno de disputa atravesado por contradicciones, pero estructurado de manera tal que contribuye a reproducir la dominación.
La experiencia colombiana analizada por Alfonso Insuasty Rodríguez y Juan Martorano constituye, desde esta perspectiva, es un laboratorio privilegiado para pensar también la Argentina de Milei y los límites de cualquier proyecto de transformación que confunda administrar el Estado con transformar las relaciones de poder.Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.
La evidencia latinoamericana vuelve a poner en discusión una vieja cuestión del marxismo: ¿qué ocurre cuando una fuerza popular accede al Ejecutivo pero encuentra que las estructuras económicas, burocráticas, mediáticas, judiciales y geopolíticas permanecen bajo la gravitación de las clases dominantes? Llegar al gobierno mediante elecciones no significa conquistar el poder.

José Carlos Mariátegui sigue siendo una referencia fundamental para pensar un marxismo latinoamericano capaz de escapar del eurocentrismo. Como analiza Chris Gilbert en Monthly Review, su aporte central fue comprender que el socialismo no podía ser una doctrina importada mecánicamente desde Europa, sino que debía construirse a partir de las condiciones históricas, sociales y culturales de cada pueblo.
Para Mariátegui, las tradiciones locales de lucha no eran un obstáculo para el socialismo: constituían su punto de partida. El movimiento obrero, las comunidades indígenas, las organizaciones populares y las distintas formas históricas de resistencia debían integrarse en una estrategia de transformación social.
Esta perspectiva conserva una enorme actualidad. En América Latina, enfrentar al neoliberalismo exige recuperar las experiencias concretas de organización popular y las tradiciones nacionales de lucha. No se trata de copiar modelos externos, sino de construir una alternativa desde nuestra propia historia.
En Argentina, esta mirada permite pensar la disputa actual más allá de la coyuntura electoral. Frente a un proyecto como el de Javier Milei, que busca reducir la sociedad a individuos y relaciones de mercado, la cuestión central vuelve a ser la construcción de un sujeto colectivo capaz de defender el trabajo, los recursos nacionales, los derechos sociales y la soberanía.
La lección de Mariátegui es, entonces, profundamente política: la emancipación latinoamericana no se construye negando nuestras tradiciones populares, sino transformándolas en fuerza colectiva para disputar el futuro.

El informe de CEPA revela la dimensión del retroceso: el Salario Mínimo, Vital y Móvil perdió 40,8% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023 y hoy se encuentra en niveles reales similares a los de abril de 2002. No se trata simplemente del efecto de la inflación, sino de una decisión política: mientras las tarifas y los precios estratégicos se multiplicaron muy por encima de los salarios, el Gobierno intervino sistemáticamente para contener el piso salarial en línea con las demandas empresarias. El resultado es una modificación profunda de la relación de fuerzas entre capital y trabajo: salarios más bajos, menor capacidad de negociación de los trabajadores y mayor excedente disponible para el capital. La llamada “libertad de mercado” termina así funcionando como una política estatal de disciplinamiento laboral. El proyecto de Milei no sólo busca "estabilizar la economía": busca redefinir cuánto vale el trabajo en la Argentina y se ve solo oscuridad
Concepto, Variación
SMVM, +158 %
Subte, +2.005 %
Colectivo +1.510 %
Tren, +1.090 %
"Electricidad, gas",+856 %
Nafta súper,+631 %

La acusación de “marxismo cultural” funciona hoy como un dispositivo ideológico de la nueva derecha para disputar la hegemonía. En la Argentina de Javier Milei, la batalla cultural no es un complemento del programa económico: es una condición para hacerlo socialmente aceptable. El objetivo es transformar intereses particulares en sentido común y convertir conquistas sociales, Estado y organización colectiva en obstáculos para la libertad individual.

El gobierno de Milei no sólo redujo la inflación y el déficit: modificó la distribución del ingreso y las relaciones de poder. El ajuste recayó sobre salarios, jubilaciones y consumo popular, mientras el capital financiero y los sectores concentrados ampliaron su participación en el excedente. Mil días después, el experimento libertario deja una sociedad más desigual, hogares más endeudados y una Argentina nuevamente condicionada por la valorización financiera y la dependencia externa ya en fase colonial.

La advertencia de Michael Roberts sobre la crisis de los bonos tiene una traducción particularmente clara en la Argentina de Milei. Mientras en las economías centrales el aumento del costo de la deuda vuelve a poner en cuestión la sostenibilidad fiscal, en nuestro país el ajuste ya funciona como mecanismo para garantizar la confianza de los acreedores y recuperar el acceso al financiamiento.
El problema es que la deuda no desaparece: cambia de lugar. El Estado reduce gasto y busca mostrar superávit, mientras hogares y sectores medios recurren cada vez más al crédito para sostener consumos básicos. La estabilidad de las cuentas públicas puede coexistir así con una creciente inestabilidad social.
La paradoja del modelo mileísta es que presenta el ajuste como el camino hacia la independencia financiera cuando, en realidad, profundiza la dependencia de los mercados, del FMI y del financiamiento externo.
La tesis de Roberts permite entonces una lectura política de la Argentina: el costo de estabilizar la deuda soberana se está trasladando hacia la deuda cotidiana de las familias. El capital financiero recupera previsibilidad; la sociedad pierde capacidad de consumo y de reproducción de sus condiciones de vida.
No se resolvió el problema de la deuda: se modificó quién paga la factura.

El artículo de Ludueña muestra que la financiarización de la economía argentina ya no se expresa solamente en el mercado financiero. También se instala en los hogares, donde el crédito comienza a funcionar como una herramienta para sostener un consumo que los ingresos laborales ya no alcanzan a financiar.
La diferencia es sustancial. Mientras en la cúspide del sistema la deuda puede convertirse en un instrumento de valorización del capital, en los sectores populares y medios se transforma en una obligación sobre ingresos futuros.
El dato más significativo es que el endeudamiento se concentra en los hogares de menores ingresos. No estamos, por lo tanto, ante un problema de decisiones individuales de consumo, sino frente a una consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo y del deterioro de las condiciones de reproducción social.
La paradoja del modelo económico es evidente: mientras la valorización financiera ofrece oportunidades extraordinarias para quienes poseen capital, una parte creciente de la sociedad debe recurrir al crédito para llegar a fin de mes.
La timba financiera y la deuda cotidiana no son fenómenos desconectados: pueden ser las dos caras de una misma estructura económica. Arriba, el capital busca multiplicarse mediante las finanzas. Abajo, los trabajadores se endeudan para sostener su vida cotidiana.

La ofensiva de Trump sobre Venezuela tiene en el petróleo su verdadero núcleo estratégico. Más que cambiar un gobierno, Washington busca recuperar capacidad de decisión sobre una de las mayores reservas energéticas del planeta. La disputa no es solamente por quién extrae el petróleo, sino por quién controla la renta que produce. Y el caso venezolano plantea una pregunta incómoda para toda América Latina: ¿soberanía sobre los recursos o administración extranjera del excedente?
Hay una conexión particularmente relevante con el modelo que está construyéndose en Argentina alrededor de los hidrocarburos.
La pregunta que Venezuela vuelve a colocar sobre la mesa es: ¿Para quién se desarrolla el recurso?
No alcanza con aumentar producción, exportaciones e inversión extranjera. Hay que observar quién controla los activos, quién financia, quién exporta, quién recibe las divisas, qué impuestos y regalías quedan en el Estado y qué proporción de la renta termina en manos privadas.
Por eso, el caso venezolano constituye una advertencia mucho más amplia: la soberanía energética no se pierde únicamente cuando una potencia extranjera ocupa un yacimiento. También puede perderse cuando el Estado conserva la propiedad formal del recurso pero renuncia al control efectivo de su renta.

Venezuela parece estar convirtiéndose en el principal monumento a la nueva escuela de contribuciones. Hasta hace poco, ocupaba las portadas de los periódicos: la operación militar estadounidense, la captura de Nicolás Maduro, su traslado a Estados Unidos, el liderazgo interino liderado por Delcy Rodríguez, las declaraciones de Donald Trump sobre el nuevo futuro del país. Luego la atención se desplazó hacia Irán, el Estrecho de Ormuz y otra gran guerra. Venezuela está casi olvidada.
Mientras tanto, fue allí, en silencio, donde quizá ocurría lo más interesante: se estaba aclarando el precio de la victoria estadounidense. O más bien, ¿cuánto le debe Venezuela a Trump por un nuevo futuro feliz, bajo el patrocinio de Estados Unidos? El caso venezolano debería ser observado con enorme atención desde Argentina.
Porque el patrón no se limita al petróleo. Litio, gas, cobre, oro, tierras raras, agua y energía constituyen hoy el centro de una nueva disputa mundial por recursos estratégicos. América Latina vuelve a ocupar una posición central, pero la pregunta es si será capaz de transformar esa riqueza en desarrollo autónomo o si volverá a quedar reducida a proveedora de materias primas.
En ese sentido, Venezuela funciona como un caso extremo de una tendencia mucho más amplia: la disputa por los recursos naturales está reemplazando progresivamente a la vieja disputa ideológica como uno de los principales ejes de la geopolítica mundial.
Y allí aparece una conexión inevitable con la Argentina de Milei: mientras Trump construye una estrategia imperial-nacionalista para garantizar recursos estratégicos a Estados Unidos, el gobierno argentino promueve una apertura extraordinariamente favorable al capital extranjero sobre recursos estratégicos argentinos.
La diferencia es fundamental: Trump utiliza el mercado para fortalecer el poder imperial estatal estadounidense; el Psycho Killer presenta la subordinación de los recursos al capital transnacional como si fuera sinónimo de soberanía de mercado.
Ese contraste merece ser discutido. Venezuela muestra hacia dónde puede conducir una política de recursos estratégicos cuando la correlación de fuerzas permite que una potencia externa determine quién invierte, quién extrae y quién controla la renta. Argentina debería mirar ese espejo antes de entregar los suyos, pero con el gatito mimoso, no lo hará, obvio.

La narrativa oficial presenta la experiencia mileísta como una recuperación basada en el equilibrio fiscal, la desinflación y la apertura económica. Pero detrás de las variables macroeconómicas aparece otra realidad: contracción del consumo, deterioro del mercado laboral, pérdida de capacidad adquisitiva y una creciente transferencia de ingresos hacia los sectores concentrados. El problema no es solamente cuánto crece la economía, sino quién captura ese crecimiento y quién paga el costo de su estabilización.
El texto desarrollará especialmente la contradicción entre estabilización macroeconómica y reproducción social, evitando reducir el análisis a la discusión sobre déficit, inflación o PIB. La hipótesis central será que el programa de Milei no constituye simplemente un plan de ordenamiento fiscal, sino una reconfiguración regresiva de la distribución del ingreso y de las relaciones de poder entre capital y trabajo.
La cuestión es especialmente relevante porque el propio oficialismo comienza a modificar su política económica. Bloomberg señaló en agosto que el Gobierno está flexibilizando algunos aspectos del ajuste monetario procurando inyectar liquidez para reactivar una economía cuyo enfriamiento empieza a afectar la percepción social. No se trata de un detalle técnico: constituye el reconocimiento implícito de que la estabilidad macroeconómica neoliberal por sí sola, no garantiza estabilidad política y menos aún eficacia electoral.

El texto de Alain Badiou es particularmente potente porque no presenta la juventud como una cuestión biológica o generacional, sino como un problema político: quién define el sentido de la vida y para qué se vive. El artículo de Eterna Cadencia reproduce un pasaje de La verdadera vida, donde Badiou retoma a Sócrates, Platón y Rimbaud para formular una crítica radical de la sociedad contemporánea.
La tesis central: hay una vida falsa y una vida verdadera
Para Badiou, la "vida verdadera" no consiste en alcanzar bienestar individual, riqueza o reconocimiento. Es, fundamentalmente, una existencia organizada alrededor de una Idea que trasciende el interés individual.
Por eso recupera la pregunta socrática: ¿qué es una vida verdadera? Y contrapone esa vida a una existencia subordinada al dinero, el poder, el consumo y la satisfacción inmediata. La filosofía tendría precisamente la función de "corromper" a los jóvenes: sacarlos de los caminos previamente trazados y hacerles imaginar que el mundo puede ser de otra manera.
Esto tiene una consecuencia política muy fuerte: la juventud peligrosa para el orden establecido no es necesariamente la que protesta, sino aquella que empieza a imaginar una vida que no está organizada por las reglas del orden existente.
Las dos trampas de la juventud
Badiou identifica dos caminos aparentemente opuestos pero que terminan funcionando dentro de la misma lógica.
1. Consumir la vida.
Es el culto al instante, al placer, a la experiencia inmediata, a la rebelión episódica. Puede adoptar incluso formas aparentemente radicales: protesta, insurrección, ocupación de plazas, "no future". El problema es que, si no construye una orientación duradera, la rebelión termina consumiéndose a sí misma.
2. Construir una carrera dentro del sistema.
Es la otra cara: estudiar, competir, ascender, ganar dinero, obtener prestigio y encontrar un lugar confortable dentro del orden social. Badiou describe aquí el recorrido que lleva de las instituciones educativas a las grandes empresas, las finanzas, los medios y el Estado.
La formulación es extraordinariamente precisa:
Quemar o construir.
El problema es que ambas alternativas pueden terminar produciendo vidas subordinadas a la lógica existente: una mediante el nihilismo de la inmediatez; la otra mediante la integración exitosa al sistema.
El punto verdaderamente político
Aquí aparece lo más interesante desde una perspectiva de clase.
Badiou sostiene que el capitalismo contemporáneo ha debilitado los antiguos ritos de pasaje, pero no ha liberado realmente a los jóvenes. Al desaparecer las antiguas formas de iniciación, aparece una juventud más libre formalmente, pero también más errante y desorientada.
Y esa desorientación puede ser funcional al mercado.
El individuo adulto queda convertido, en cierto sentido, en un consumidor de juguetes cada vez más grandes: automóvil, vivienda, tecnología, viajes, marcas, experiencias. La diferencia entre adulto y adolescente se vuelve cuantitativa: el adulto simplemente tiene mayor capacidad de consumo.
Esto permite una lectura marxista muy fértil: el capitalismo no necesita solamente explotar el trabajo; necesita producir sujetos cuyos deseos sean compatibles con la reproducción del capital.
La mercancía sustituye parcialmente a la Idea.
Y aquí aparece la cuestión generacional
El pasaje que probablemente más interesa es el que plantea una alianza entre jóvenes y viejos contra los adultos actuales.
Badiou propone una provocación deliberada: jóvenes menores de treinta y viejos mayores de sesenta contra los adultos de cuarenta y cincuenta años "bien establecidos". No se trata literalmente de una guerra de edades, sino de una metáfora para identificar una posición social: quienes todavía no han sido plenamente integrados al orden y quienes, por edad, han atravesado las luchas anteriores pero no han renunciado a ellas.
Ahí está el núcleo político de la propuesta.
No es una alianza entre edades. Es una alianza entre posiciones frente al orden social.
Y eso permite corregir una interpretación superficial de Badiou: no está diciendo que todos los jóvenes tengan intereses comunes ni que todos los mayores sean potencialmente emancipatorios. De hecho, reconoce explícitamente que las diferencias de clase atraviesan a la juventud y pueden reaparecer bajo nuevas formas —origen social, residencia, educación, consumo, identidad— aunque parezca existir una cultura juvenil homogénea.
Una lectura muy actual para la Argentina
La hipótesis adquiere una enorme actualidad si se la aplica a la Argentina contemporánea.
El proyecto neoliberal puede ser leído como una combinación de las dos falsas salidas que Badiou identifica:
por un lado, la vida inmediata, el consumo, la gratificación instantánea, la exposición permanente, el entretenimiento y la política convertida en espectáculo;
por otro, la vida como competencia, donde cada individuo debe convertirse en empresario de sí mismo, acumular capital humano y aceptar que el éxito o el fracaso son exclusivamente responsabilidad individual.
En ambos casos desaparece la pregunta fundamental de Badiou:
¿para qué vale la pena vivir?
Y desaparece, junto con ella, otra pregunta todavía más peligrosa para el orden establecido:
¿qué sociedad habría que construir para que esa vida fuera posible?
Ese es el punto donde Badiou pasa de la filosofía a la política.
La verdadera vida no es una vida privada mejor administrada. Es una vida que encuentra una verdad colectiva por la cual comprometerse. Una lectura especializada de Badiou coincide en que "vivir verdaderamente" implica vivir en relación con una Idea y con un acontecimiento capaz de abrir una posibilidad nueva de existencia.
La paradoja final
Hay además una paradoja muy poderosa.
El capitalismo contemporáneo glorifica a la juventud al mismo tiempo que la teme. La convierte en objeto de publicidad, consumo y deseo, mientras reprime o estigmatiza a la juventud popular cuando esa juventud deja de ser consumidora y se transforma en sujeto político. Badiou observa precisamente esa coexistencia entre "jovenismo" y miedo a la juventud.
Por eso su propuesta de una alianza entre jóvenes y viejos rebeldes puede leerse como una estrategia de reconstrucción de una memoria política intergeneracional: jóvenes que buscan orientación y mayores que conservan la experiencia de luchas históricas.
Y acá aparece una idea particularmente fecunda para pensar el presente argentino:
el problema no es que los jóvenes hayan perdido la política; el problema es que el sistema intenta ofrecerles dos sustitutos de la política: consumo o éxito individual.
La verdadera ruptura comenzaría cuando una generación vuelva a considerar que una vida individual sólo puede adquirir pleno sentido dentro de un proyecto colectivo de transformación social.

Ayer se dió un paso central para consolidar el modelo peruano en La Argentina, aunque conviene hacer una precisión conceptual: el caso peruano no demuestra que el Banco Central haya quedado literalmente “por encima” del poder político. Lo que muestra es algo más sofisticado: una autonomización institucional de la política monetaria, acompañada por una fuerte inestabilidad del sistema presidencial. Julio Velarde preside el BCRP desde octubre de 2006, atravesando los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Dina Boluarte. Hemos analizado acá lo suficiente sobre la fragilidad del sistema de representación, su fragmentación estructural en un contexto donde el principal liderazgo de plexo nacional encarnado en Cristina Fernández de Kirchner, de cuyo intento de supresión física se cumplirán 4 años, hoy proscripto y cumpliendo prisión rigurosa sin fundamentos legales conocidos.

El artículo de Martin Hart-Landsberg, publicado en Monthly Review, propone leer la inteligencia artificial no como una tecnología neutral, sino como un nuevo campo de disputa por el poder económico.
El punto más fuerte del texto es que la amenaza de la IA no reside solamente en la automatización del trabajo, sino en quién controla la infraestructura, los datos, los algoritmos y el capital necesario para desarrollarla.
Desde esta perspectiva, los grandes empresarios tecnológicos —los llamados tech billionaires— concentran un poder que excede ampliamente el ámbito empresarial. La IA puede convertirse en un mecanismo de centralización de riqueza y poder económico, porque las empresas dominantes poseen simultáneamente:
enormes volúmenes de datos;
capacidad computacional;
capital financiero;
infraestructura digital;
propiedad intelectual;
plataformas de distribución;
y capacidad para influir sobre los Estados.
El resultado puede ser una nueva fase de concentración monopólica.
La cuestión decisiva no es simplemente si la IA "destruirá empleos". El problema de fondo es quién se apropia de los incrementos de productividad generados por ella.
En una economía capitalista, una tecnología que permite producir más con menos trabajo no implica automáticamente una reducción de la jornada laboral o una mejora del bienestar. Puede traducirse en:
más productividad → menor necesidad de trabajadores → presión sobre salarios → mayor rentabilidad del capital → concentración de riqueza.
Por eso, la IA puede profundizar una tendencia ya existente: mientras una minoría propietaria controla los activos tecnológicos, una mayoría depende de vender su fuerza de trabajo en condiciones cada vez más precarias.
La conclusión implícita de Hart-Landsberg es especialmente relevante: no alcanza con regular la inteligencia artificial.
La regulación puede limitar algunos abusos, pero deja intacta la estructura de propiedad. La cuestión estratégica es entonces disputar quién controla la tecnología y para qué fines sociales se utiliza.
Esto permite conectar el debate sobre IA con una cuestión clásica del pensamiento marxista: el desarrollo de las fuerzas productivas puede abrir posibilidades extraordinarias de bienestar colectivo, pero bajo relaciones capitalistas esas posibilidades pueden convertirse en instrumentos de dominación.
Una lectura desde la Argentina
Este planteo resulta particularmente pertinente frente a un modelo económico que busca reducir el costo laboral como mecanismo de competitividad.
La IA puede funcionar como una nueva herramienta disciplinaria sobre el trabajo: no necesariamente porque sustituya inmediatamente a millones de trabajadores, sino porque introduce la amenaza permanente de sustitución y, por lo tanto, aumenta el poder de negociación del capital frente al trabajador.
El problema no sería entonces solamente el "desempleo tecnológico". Es algo más profundo: la apropiación privada de una productividad producida por el conocimiento social acumulado.
La resistencia que plantea Hart-Landsberg debe entenderse, por lo tanto, como una disputa por la propiedad, el control y la orientación social de la tecnología.
La pregunta fundamental no es "¿qué hará la IA con nosotros?", sino "¿quién controlará la IA y quién se apropiará de la riqueza que produzca?"

El artículo de Samuel Farber en Nueva Sociedad es especialmente interesante porque cuestiona una lectura muy instalada de Max Weber: la oposición entre «ética de la responsabilidad» y «ética de la convicción» como si la primera representara el realismo político y la segunda una política revolucionaria necesariamente irracional.
Farber sostiene que esa dicotomía no alcanza para comprender la política revolucionaria marxista. Weber construyó su crítica desde una posición de liberalismo moderado, nacionalismo alemán y defensa del Estado, y tendió a juzgar de manera mucho más severa la violencia cuando provenía de movimientos socialistas que cuando respondía a objetivos nacionales alemanes.
El punto más fuerte del artículo aparece en el análisis de Brest-Litovsk. Allí Farber muestra que los bolcheviques no actuaron simplemente movidos por una «ética de la convicción». Lenin, Trotski y Bujarin discutieron alternativas diferentes considerando la correlación de fuerzas, la situación militar, las posibilidades de revolución internacional y la supervivencia del poder soviético.
Es decir, la política transformadora también puede ser profundamente estratégica, racional y pragmática, sin abandonar por ello determinados principios.
La crítica de Farber adquiere una dimensión de clase particularmente relevante. Weber defendía el sindicalismo y consideraba legítima la lucha de clases reformista dentro del capitalismo democrático, pero rechazaba la ruptura revolucionaria con el orden existente.
Por eso, la «responsabilidad» weberiana no aparece como una categoría políticamente neutral. En la práctica puede terminar identificándose con la administración responsable del orden social existente, en otras palabras aceptar el campo de los posible sin intentar modificarlo, un dispositivo ideológico que asume la forma de "pragmatismo".
Y aquí está el núcleo político del texto: La responsabilidad no es necesariamente neutral respecto del poder.
Un dirigente puede ser «responsable» porque calcula las consecuencias de sus decisiones, pero también porque acepta como inmodificables las relaciones de fuerza existentes. La política popular democrática, en cambio, intenta transformar esas relaciones de fuerza.
Esta discusión permite recuperar una cuestión que suele desaparecer cuando Weber es convertido en una suerte de árbitro universal de la política: ¿responsable ante quién?
La responsabilidad de un gobierno que administra el capitalismo no tiene necesariamente el mismo contenido que la responsabilidad de una fuerza política que intenta modificar las relaciones de propiedad, distribución y poder.
Desde esta perspectiva, el concepto de responsabilidad puede funcionar ideológicamente como un mecanismo de naturalización del statu quo: realismo → moderación → compromiso → gobernabilidad → preservación del orden existente.
Frente a esto, Farber propone recuperar la racionalidad estratégica del marxismo : analizar condiciones objetivas, correlaciones de fuerzas, organización, tiempos políticos y posibilidades concretas sin convertir los principios en dogmas abstractos.
Una clave para pensar la política contemporánea
El texto resulta particularmente útil para analizar la política actual porque permite distinguir entre realismo político y adaptación política. No todo compromiso es necesariamente una traición a los principios. Pero tampoco todo compromiso es necesariamente «responsable». La cuestión decisiva es qué relación de fuerzas expresa, qué intereses sociales preserva y qué capacidad futura de acción construye o destruye.
Farber lo lleva incluso más lejos: cuando el compromiso se transforma en una filosofía permanente de gobierno, puede terminar asociado a la burocratización y a la reproducción de quienes administran el poder.
La conclusión política sería entonces contundente: la verdadera alternativa no es entre «responsabilidad» y «convicción», sino entre una política que administra relaciones de fuerza dadas y otra que intenta modificarlas conscientemente.
Este es probablemente el aspecto más fértil del artículo: la política responsable no debe definirse por su distancia respecto de la transformación social, sino por su capacidad de comprender la realidad material, identificar intereses sociales concretos y actuar sobre la correlación de fuerzas para modificarla. Lo hemos vivido recientemente cuando la responsabilidad se mimetizo en pragmatismo sin resultados y nos regaló esta agradable circunstancia por la que estamos atravezando.

Apenas días después de la muerte de dos trabajadores en Vaca Muerta, el nuevo acuerdo de productividad entre el sindicato petrolero y las empresas vuelve a poner en el centro una contradicción decisiva: cuando el salario premia la reducción de los tiempos de operación, la seguridad puede quedar subordinada a la presión por producir más y más rápido. En una actividad de alto riesgo, los cuerpos de los trabajadores no pueden convertirse en la variable de ajuste de la productividad. Los dos operarios muertos recuerdan brutalmente cuál puede ser el costo humano de esa lógica.

La crisis política de Estados Unidos tiene una dimensión que suele quedar oculta detrás de las encuestas, las elecciones y la disputa entre demócratas y republicanos: la progresiva destrucción de los vínculos colectivos que alguna vez articularon a la sociedad norteamericana.
El debate que recupera Jacobin a partir de las posiciones de Chris Murphy y Jerusalem Demsas coloca el problema en el centro: ¿la creciente soledad, el aislamiento y la pérdida de participación comunitaria son simplemente consecuencia de decisiones individuales o expresan una transformación estructural de la sociedad?
Desde una perspectiva de clase, la segunda explicación resulta más consistente.
Durante décadas, el neoliberalismo convirtió cada dimensión de la vida social en una responsabilidad individual. El empleo dejó de ser una relación colectiva para transformarse en una competencia entre individuos; la vivienda, la educación y la salud fueron progresivamente sometidas a la lógica mercantil; los sindicatos perdieron capacidad de organización y las comunidades obreras se fragmentaron.
El resultado no fue solamente mayor desigualdad económica. Fue también mayor aislamiento social.
El individuo neoliberal debe resolver individualmente aquello que antes encontraba, al menos parcialmente, en instituciones colectivas: trabajo, representación, seguridad, pertenencia y solidaridad.
Por eso resulta contradictorio que una parte del liberalismo estadounidense pretenda responder a la crisis de la comunidad reivindicando todavía más autonomía individual. El problema no es que los individuos hayan adquirido demasiada libertad, sino que han perdido buena parte de las estructuras sociales que permitían convertir esa libertad formal en una experiencia colectiva.
Aquí aparece una cuestión política decisiva.
El debilitamiento de la organización obrera dejó un vacío que la derecha comprendió mejor que el liberalismo. Allí donde desaparecieron sindicatos, asociaciones, clubes, instituciones comunitarias y formas de sociabilidad popular, la extrema derecha comenzó a ofrecer otra cosa: identidad, pertenencia, nación, autoridad y una explicación sencilla para frustraciones producidas por transformaciones económicas mucho más profundas.
No reconstruye necesariamente la solidaridad de clase. Pero ofrece una comunidad imaginaria allí donde el neoliberalismo produjo aislamiento real.
La experiencia histórica del New Deal muestra que existió otra posibilidad. Los grandes programas públicos estadounidenses no fueron solamente mecanismos de transferencia de ingresos. También crearon trabajo, instituciones, vínculos y una experiencia material de pertenencia a un proyecto colectivo.
Ese es precisamente el punto que debería recuperar una izquierda contemporánea.
No alcanza con defender derechos individuales ni con construir campañas electorales más eficaces. La reconstrucción de una política de clase exige reconstruir las condiciones materiales de la solidaridad.
Trabajo estable. Sindicatos fuertes. Servicios públicos. Vivienda accesible. Espacios comunitarios. Organización territorial. Tiempo social. Instituciones capaces de producir experiencias colectivas.
La disputa política, entonces, no es simplemente entre liberalismo y conservadurismo. Es también entre una sociedad organizada alrededor del individuo aislado y otra capaz de reconstruir sujetos colectivos.
La paradoja del liberalismo contemporáneo es que pretende defender al individuo mientras acepta las condiciones económicas que lo dejan cada vez más solo.
Y allí reside una de las claves de la crisis democrática estadounidense: cuando la sociedad pierde sus organizaciones colectivas, la libertad individual puede sobrevivir como principio jurídico, pero comienza a desaparecer como experiencia social.
La cuestión de fondo no es cómo convencer mejor al individuo aislado.
Es cómo volver a organizarlo colectivamente porque el liberalismo no puede reconstruir la sociedad que ayudó a destruir.

El artículo plantea una cuestión de fondo: ¿por qué las sociedades contemporáneas parecen capaces de producir guerras, militarización y enormes desplazamientos de recursos, pero no procesos revolucionarios comparables a los del siglo XX?
La pregunta es particularmente fértil si se la lee desde una perspectiva de clase. La tradición marxista había pensado la guerra y la revolución como fenómenos estrechamente relacionados. La Primera Guerra Mundial, por ejemplo, creó las condiciones para la Revolución Rusa; la guerra española, la Revolución China, Vietnam y Cuba muestran distintas formas de articulación entre crisis militar, crisis estatal y movilización social. La propia Jacobin ha señalado que desde 1917 la revolución quedó profundamente marcada por la militarización de la política.
Pero hoy la relación parece haberse invertido. La guerra no está abriendo necesariamente el camino a la revolución: está funcionando como mecanismo de disciplinamiento social y de recomposición del poder. La destrucción, el endeudamiento público, el gasto militar y la emergencia permanente permiten transferir recursos hacia los grandes complejos industriales, financieros y tecnológicos, mientras las clases populares absorben el costo mediante inflación, precarización y deterioro de las condiciones de vida.
Ahí aparece la contradicción central. El capitalismo atraviesa crisis que objetivamente producen condiciones de descontento, pero la existencia de una crisis capitalista no produce automáticamente conciencia de clase ni capacidad revolucionaria. La clase trabajadora puede sufrir una intensificación de la explotación y, simultáneamente, experimentar fragmentación política, individualización y pérdida de organización colectiva. Un texto de Jacobin sobre la situación del proletariado llega precisamente a esta conclusión: el problema contemporáneo no puede reducirse simplemente a una «crisis de dirección», porque existe una crisis más profunda de constitución del propio sujeto proletario.
Desde esta perspectiva, la pregunta «¿por qué la guerra y no la revolución?» puede reformularse así: ¿qué ha cambiado en la relación de fuerzas entre capital y trabajo para que la crisis del capitalismo produzca más fácilmente guerra que transformación social?
La respuesta está, en buena medida, en la enorme capacidad contemporánea del capital para administrar la crisis. La guerra moviliza al Estado, pero no necesariamente contra el capital: puede ponerlo a su servicio. Tecnología, energía, infraestructura, inteligencia artificial, industria militar y finanzas convergen en un nuevo circuito de acumulación. Al mismo tiempo, la amenaza externa permite construir consenso, neutralizar conflictos internos y presentar como «interés nacional» decisiones que tienen beneficiarios de clase perfectamente identificables.
Por eso, el problema de la izquierda no consiste solamente en esperar que una nueva crisis produzca espontáneamente una revolución. La experiencia histórica demuestra que las crisis pueden desembocar tanto en procesos emancipatorios como en autoritarismo, fascismo o guerra. Incluso la Revolución Rusa no fue resultado de una supuesta «ley histórica»: la guerra sincronizó una crisis campesina, una crisis obrera y la descomposición del ejército, pero el desenlace dependió de la intervención política organizada.
La paradoja de nuestro tiempo es entonces que el capitalismo parece haber recuperado una extraordinaria capacidad para transformar sus contradicciones en instrumentos de dominación. La guerra aparece como una salida sistémica; la revolución, en cambio, requiere reconstruir previamente aquello que el neoliberalismo fragmentó: organización, solidaridad, conciencia de clase y capacidad colectiva de disputar el poder.
En ese sentido, la pregunta del artículo no debería llevarnos a abandonar la idea de revolución, sino a formular una cuestión más incómoda: ¿qué tipo de sujeto político y de organización de clase puede transformar la crisis permanente del capitalismo en una crisis de su poder? Ese es probablemente el verdadero problema estratégico de la izquierda del siglo XXI.
En la apertura el discuso en buena medida anticipatorio de Hugo Chávez Frías hace dos décadas en la ONU acerca de la pretensión de sostenimiento de la hegemonía norteamericana y su impacto en la región.