Michael Roberts plantea una pregunta incómoda para la economía convencional: ¿por qué determinados economistas conservan su prestigio pese a las dificultades de sus modelos para anticipar las crisis y explicar sus consecuencias? El problema no es exclusivamente académico. También es político: quién tiene autoridad para definir qué es una crisis, qué políticas se consideran inevitables y sobre qué sectores sociales recae el costo de resolverla.
La Argentina ofrece un caso especialmente revelador: Ricardo Arriazu, economista de referencia para sectores empresarios y financieros, continúa ocupando un lugar destacado en el debate público y entre los interlocutores del gobierno de Javier Milei. Sus exposiciones ante empresarios, banqueros e inversores siguen siendo escenarios privilegiados para interpretar la coyuntura y anticipar el rumbo económico.
La cuestión no es negar que Arriazu posea conocimientos técnicos ni afirmar que todos sus pronósticos hayan fracasado. Es someter sus predicciones a una evaluación sistemática: qué anticipó, con qué supuestos, qué ocurrió efectivamente y qué consecuencias tuvo para sus diagnósticos. Sin esa comparación documentada, la acusación de fracaso permanente sería tan poco rigurosa como la veneración que se pretende cuestionar.
Pero hay una contradicción política que merece atención. En 2024, Arriazu proyectó para 2025 un crecimiento del 5,2% y una inflación anual cercana al 20%.
La distancia entre una proyección y el resultado efectivo debe medirse con los datos de cierre del período, sin confundir una estimación fallida con una trayectoria completa. Lo significativo es que el prestigio del especialista no depende exclusivamente de la precisión de cada pronóstico: también descansa en su capacidad para interpretar los acontecimientos desde el marco conceptual compartido por las élites económicas.
En 2026, esa autoridad sigue vigente. Arriazu sostiene que las perspectivas de crecimiento descansan en el equilibrio fiscal, la confianza y la expansión de sectores como la energía, la minería y el agro. Al mismo tiempo, reconoce que la apertura económica perjudica a determinadas actividades industriales y que la construcción, el comercio y la industria enfrentan dificultades de recuperación y empleo.
Ahí aparece el núcleo de una crítica de clase. El crecimiento agregado no equivale al bienestar de la mayoría. Una economía puede generar divisas y mejorar determinados indicadores macroeconómicos mientras destruye puestos de trabajo, debilita el entramado industrial y desplaza los costos del ajuste hacia los asalariados y las pequeñas empresas. La pregunta decisiva no es solamente cuánto crece el producto, sino quién se apropia de sus beneficios, quién pierde sus ingresos y qué estructura productiva se consolida.
El punto de partida histórico es 1976, cuando la dictadura y la política económica de José Alfredo Martínez de Hoz marcaron un cambio profundo en la trayectoria argentina, con apertura financiera, endeudamiento y transformación regresiva de las relaciones entre capital y trabajo.
No se trata de atribuir a Arriazu la autoría de ese programa ni de sostener, sin un archivo de pronósticos verificables, que todos sus modelos hayan fracasado desde aquel año. Se trata de observar la persistencia de un paradigma económico que, con distintas variantes, privilegia la estabilidad monetaria, la disciplina fiscal, la confianza de los inversores y la rentabilidad privada como condiciones centrales del desarrollo.
Ese paradigma puede cambiar de instrumentos sin abandonar sus prioridades. Cuando una predicción no se cumple, el problema suele atribuirse a la política, a las expectativas, a la incertidumbre o a un cambio imprevisto de las condiciones externas. Algunas de esas explicaciones pueden ser válidas. Lo que debe discutirse es por qué la revisión de los diagnósticos no suele tener el mismo peso que la exigencia de nuevos sacrificios sociales.
La hipótesis política es que la autoridad del economista ortodoxo no se sostiene únicamente en su capacidad de anticipar el futuro, sino también en su función de legitimar determinadas decisiones de clase. Su prestigio se reproduce en los espacios donde empresarios, inversores, funcionarios y medios de comunicación comparten un lenguaje económico que presenta sus propios intereses como necesidades universales.
Así se entiende la paradoja: los pronósticos pueden ser revisados, los escenarios pueden cambiar y las crisis pueden repetirse, pero la prescripción fundamental permanece. Ajustar el gasto, disciplinar los salarios, reducir costos laborales, abrir mercados y restaurar la confianza del capital aparecen una y otra vez como condiciones necesarias, aun cuando sus resultados distributivos sean profundamente desiguales.
El caso de Arriazu permite llevar más lejos la crítica de Roberts. El problema de la economía dominante no consiste simplemente en equivocarse al pronosticar la inflación, el dólar o el crecimiento. Consiste en que sus errores no siempre cuestionan las premisas que organizan sus recomendaciones.
Desde una perspectiva marxista, la economía no puede evaluarse únicamente por la estabilidad de sus variables monetarias. Debe examinarse a partir de las relaciones sociales que organizan la producción, la apropiación del excedente y la distribución de los costos de las crisis.
En la Argentina, la pregunta que el prestigio de los economistas del establishment deja pendiente es elemental: ¿estabilizar para qué y para quién? ¿Para garantizar la rentabilidad de los capitales, la capacidad de pago de la deuda y la confianza financiera, o para ampliar el empleo, los salarios, la producción industrial y las condiciones materiales de vida?
Medio siglo después de 1976, esa discusión sigue abierta. La continuidad del prestigio de los expertos no demuestra por sí misma que sus diagnósticos sean falsos, pero sí obliga a examinar los mecanismos institucionales y sociales que reproducen su autoridad, incluso cuando sus predicciones no se cumplen.
Porque el verdadero éxito de una doctrina económica no siempre consiste en acertar lo que va a suceder. A veces consiste en conseguir que, ocurra lo que ocurra, sus recetas sigan siendo consideradas las únicas posibles.
Medio siglo de fracasos y aplausos: cuando la economía ortodoxa puede perder capacidad predictiva sin perder autoridad política.
