La dominación no siempre llega con los marines. También se impone mediante la deuda, los tribunales y las reglas internacionales que convierten las desigualdades de poder en obligaciones aparentemente neutrales. Argentina es un ejemplo de esa disputa por la soberanía.
El imperialismo contemporáneo no necesita abolir el derecho para ejercer su dominación: puede utilizarlo para convertir relaciones de fuerza en obligaciones jurídicas. Esa es la tesis que desarrolla Luís Eduardo Fernandes en Monthly Review, en su artículo sobre el imperialismo jurídico y la dependencia.
Desde una perspectiva marxista, el autor cuestiona la idea liberal de que el derecho internacional constituye necesariamente un límite al poder de las grandes potencias. Las normas pueden proteger derechos, pero también institucionalizar las desigualdades del sistema mundial, atravesado por la herencia colonial, la dependencia económica y el poder del capital monopólico.
La pregunta fundamental no es solamente si una decisión cumple las reglas, sino quién las establece, qué intereses protegen y quién dispone de la fuerza para imponerlas.
La experiencia argentina permite observar esta contradicción. La deuda externa no es una simple obligación contable: constituye una relación de poder capaz de condicionar el presupuesto, la política económica y las decisiones estratégicas. Los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional expresan esa asimetría, mientras el gobierno de Javier Milei convierte el ajuste fiscal, la desregulación y la apertura económica en pilares de su programa.
Estas políticas no distribuyen sus costos de manera uniforme. Mientras trabajadores, jubilados y sectores populares soportan las consecuencias del ajuste, los acreedores y determinados grupos económicos pueden beneficiarse de la reorganización de la economía. Lo que se presenta como una necesidad técnica contiene, por lo tanto, una decisión política y una relación de clase.
La disputa también alcanza a los recursos estratégicos. El litio, los hidrocarburos y los minerales pueden impulsar el desarrollo nacional, pero la inversión extranjera no lo garantiza por sí misma. Importan el control de los recursos, el valor agregado que permanece en el país, la participación del Estado y la distribución de los beneficios. La seguridad jurídica es legítima, pero no debería convertirse en un blindaje de los privilegios del capital frente a las necesidades de la sociedad.
El problema excede la relación con el FMI: comprende un modelo de inserción internacional que puede reducir la capacidad democrática de decidir qué producir, cómo distribuir la riqueza y qué lugar ocupar en la economía mundial.
Esto no significa que todo el derecho internacional sea una ficción ni que los compromisos externos deban ignorarse. Significa que la legalidad, por sí sola, no elimina las relaciones de dominación. La soberanía requiere instrumentos económicos y políticos para negociar en condiciones menos desiguales y someter las decisiones fundamentales al control democrático.
El imperialismo también se escribe en los códigos, los contratos y las condiciones del crédito. Su eficacia reside en presentar como reglas universales decisiones que reproducen un orden mundial desigual.
La cuestión decisiva es, entonces, quién controla la riqueza social, quién se beneficia del orden vigente y quién paga sus costos. Porque la soberanía popular pierde contenido cuando las mayorías pueden votar, pero el destino de su futuro queda condicionado por poderes económicos que no están sometidos a su control democrático.
