Rucci, Cristina Libre y la disputa por el futuro del peronismo
La reivindicación de Rucci puede convertirse en una operación de restauración neoliberal del peronismo: recuperar la doctrina como mecanismo de disciplinamiento, invocar a Perón y a Néstor Kirchner para deslegitimar al kirchnerismo y desplazar a Cristina Fernández de Kirchner del horizonte político del movimiento.
No es una disputa menor por la memoria: está en juego quién define la identidad peronista, qué intereses de clase representa y si la proscripción de Cristina terminará facilitando una reorganización conservadora del campo popular. Frente a esa ofensiva, Cristina Libre es una consigna de defensa democrática y de resistencia a la apropiación neoliberal de la tradición nacional-popular.
La historia del peronismo nunca fue una historia de armonía. Bajo una misma identidad convivieron intereses de clase, estrategias políticas y proyectos de sociedad profundamente contradictorios. La disputa por la conducción del movimiento, el papel de los sindicatos, la relación con el empresariado y los límites de la conciliación de clases atraviesan toda su trayectoria. Por eso, cada reivindicación del pasado debe examinarse a partir de la política que pretende legitimar en el presente : ¿qué política se pretende construir hoy con esos símbolos?
La renovada reivindicación de José Ignacio Rucci, analizada por David Acuña en «Resistencias», abre precisamente ese interrogante. No se trata de negar el lugar que ocupó el dirigente sindical en la historia del movimiento obrero ni de justificar su asesinato por Montoneros, un crimen que agravó el enfrentamiento dentro del peronismo. Se trata de examinar los usos políticos contemporáneos de su figura y las consecuencias de convertirla en una referencia para definir las fronteras de la identidad peronista.
La memoria como instrumento político
Ojalá que la actual reivindicación de Rucci por parte de quienes alguna vez se pararon desde la Tendencia para construir una identidad no implique hoy, en tiempos de desertificación ideológica y falta de héroes colectivos, un giro hacia el posibilismo, casi siempre liberal, como consecuencia de la ausencia de un horizonte estratégico de liberación.
El temor apunta a una operación que podría exceder largamente la revisión histórica. La recuperación de Rucci puede convertirse en una herramienta para cuestionar al kirchnerismo como fase histórica del peronismo y desplazar de su tradición legítima una experiencia política que, con sus contradicciones y limitaciones, confrontó con sectores concentrados del poder económico y amplió derechos sociales.
En la Argentina actual, Cristina Fernández de Kirchner es la principal referencia política de esa experiencia. Su centralidad no elimina las diferencias dentro del campo popular ni exime al kirchnerismo de una evaluación crítica. Pero su exclusión política tampoco es un episodio ajeno a las disputas por la orientación futura del peronismo.
La operación consiste en establecer una suerte de vigilancia doctrinaria: decidir quién interpreta correctamente a Perón, quién puede invocar legítimamente la tradición nacional-popular y qué experiencias deben ser consideradas desviaciones. Bajo el nombre de Rucci podría instalarse una frontera destinada a separar un peronismo aceptable para el orden económico de otro que todavía se proponga discutir sus relaciones de poder.
La paradoja es evidente: dirigentes que alguna vez construyeron su identidad política desde la Tendencia pueden terminar contribuyendo a una reorganización ideológica que neutralice buena parte de las razones históricas que dieron sentido a aquella militancia.
No se trata de atribuir idénticas intenciones a todos los que reivindican a Rucci. Las motivaciones pueden ser diversas y la revisión histórica es legítima. La cuestión política es otra: qué consecuencias produce esa reivindicación cuando se inscribe en una disputa por la conducción, el programa y los límites de la oposición al neoliberalismo.
La restauración no necesita renegar de Perón
El mecanismo tampoco se limita a Rucci. También puede operar mediante la invocación de Juan Domingo Perón e incluso de Néstor Kirchner. Los nombres propios, separados de las condiciones históricas en las que actuaron, pueden convertirse en autoridades tutelares utilizadas para legitimar políticas que contradicen aspectos centrales de sus propias experiencias.
Perón no fue una figura ajena a las contradicciones de la conciliación de clases. Néstor Kirchner tampoco dejó un legado libre de tensiones. Pero transformar esas complejidades en una doctrina cerrada, administrada por dirigentes que se arrogan el derecho de definir la ortodoxia, supone reemplazar el análisis histórico por una disputa de legitimidades.
La restauración neoliberal del peronismo no necesita renegar de sus símbolos populares. Puede conservar la liturgia, los nombres, las banderas y las referencias históricas mientras modifica su contenido material. Basta con que la justicia social se convierta en una invocación retórica, la soberanía nacional quede subordinada a las exigencias del capital y la organización popular sea llamada a aceptar como inevitables las restricciones impuestas por los mercados.
Desde una perspectiva de clase, la pregunta decisiva es quién se beneficia con esa transformación. Un peronismo que subordine las demandas de los trabajadores a la rentabilidad empresarial, que convierta la gobernabilidad en sinónimo de moderación frente al poder económico y que presente cualquier confrontación estructural como una irresponsabilidad puede conservar su identidad histórica mientras modifica sustancialmente su función política.
La identidad popular no garantiza por sí sola una política favorable a las mayorías. Tampoco la apelación a la doctrina demuestra que una estrategia sea emancipadora. Hay que examinar las relaciones sociales que cada proyecto reproduce, los intereses que privilegia y las condiciones materiales que ofrece a quienes viven de su trabajo.
El antecedente vandorista
La historia del peronismo conoce diferentes intentos de construir una alternativa que conserve la identidad del movimiento mientras reduce la dependencia respecto de sus liderazgos y modera sus conflictos con el poder económico. El vandorismo constituye un antecedente ineludible, aunque no sea idéntico a las corrientes que hoy reivindican a Rucci.
Augusto Timoteo Vandor impulsó una estrategia sindical con capacidad propia de negociación política, sintetizada en la conocida fórmula de un peronismo sin Perón. Su experiencia demostró que una corriente puede disputar la representación del movimiento, construir poder institucional y alcanzar resultados concretos sin modificar necesariamente las estructuras sociales que condicionan a las mayorías.
Estas estrategias no siempre fracasan. A veces les va bastante bien. Precisamente por eso deben analizarse sin ingenuidad: pueden ofrecer estabilidad a las dirigencias, ampliar su capacidad de negociación y asegurarles un lugar en el sistema político, mientras las demandas de transformación quedan subordinadas.
La eventual restauración neoliberal del peronismo podría seguir una lógica semejante, adaptada a las condiciones actuales. No necesitaría proclamar una ruptura con la tradición nacional-popular. Le alcanzaría con construir una identidad que se presente como más auténtica, ordenada y doctrinariamente correcta, mientras desplaza a quienes cuestionan los límites económicos y políticos del orden vigente.
El resultado sería un peronismo que conservaría su nombre, pero cuya función principal podría ser administrar el ajuste, negociar las condiciones de subordinación y ofrecer gobernabilidad sin alterar las relaciones de fuerza fundamentales.
Cristina Libre: una frontera democrática
En esta disputa, la consigna Cristina Libre adquiere una dimensión que excede ampliamente la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que está en juego es una cuestión elemental de la democracia: el derecho de la ciudadanía a elegir a sus representantes sin que la exclusión judicial sustituya la competencia política ni condicione de antemano la voluntad popular.
La condena y la inhabilitación electoral de Cristina deben examinarse a la luz de sus fundamentos jurídicos, las garantías procesales y los estándares de imparcialidad judicial. Pero la discusión democrática no puede ignorar sus consecuencias políticas: cuando una dirigente de relevancia nacional queda fuera de la competencia electoral, también se restringen las opciones disponibles para los ciudadanos que desean apoyarla.
No hay democracia plena si la disputa política queda condicionada por mecanismos de exclusión que impiden a una parte de la sociedad elegir libremente a quien considera su representante. La independencia judicial es indispensable, pero no significa que los tribunales estén exentos de crítica, que sus decisiones sean inmunes al examen público o que el cumplimiento formal de los procedimientos cierre toda discusión sobre sus efectos institucionales.
Defender la democracia no significa reclamar privilegios para una dirigente ni sostener que un liderazgo está por encima de la ley. Significa exigir garantías judiciales, igualdad ante la ley, derecho de defensa, imparcialidad y reglas electorales que no se conviertan en instrumentos de persecución política. Esos principios deben valer para todos, independientemente de la orientación ideológica de los afectados.
La respuesta democrática a una fuerza política es la confrontación pública con sus ideas, sus decisiones y sus resultados. Es la construcción de una alternativa, la discusión programática y, finalmente, la competencia electoral. No la eliminación del adversario mediante mecanismos que reduzcan las opciones de la ciudadanía.
Por eso, Cristina Libre es una consigna de defensa del pluralismo y de la soberanía popular. Su significado no depende de compartir todas las decisiones de Cristina ni de idealizar los gobiernos kirchneristas. La democracia no exige adhesión incondicional a una persona: exige garantizar que las diferencias puedan expresarse y resolverse sin proscripciones arbitrarias.
Pero la consigna tiene también una dimensión estratégica que no puede separarse de la defensa democrática. La exclusión de Cristina puede facilitar una reorganización del peronismo que preserve sus símbolos mientras neutraliza la experiencia política que ella representa. La proscripción institucional corre así el riesgo de convertirse en una proscripción ideológica: el intento de excluir al kirchnerismo no solamente de la competencia electoral, sino también de la historia legítima del movimiento.
Defender a Cristina supone defender el derecho de esa experiencia a ser discutida, criticada y confrontada en las urnas, no eliminada de antemano. La disputa por el futuro del peronismo debe resolverse mediante la participación política y la organización popular, no bajo la tutela de poderes que terminen determinando qué representación es aceptable y cuál debe quedar fuera del juego.
La democracia no puede separarse de la disputa social
La defensa de Cristina tampoco puede agotarse en la restitución de una dirigencia. Su potencia democrática dependerá de que se articule con una discusión más amplia sobre el programa político, la organización de los trabajadores y las condiciones materiales de las mayorías.
La proscripción no se combate únicamente con argumentos jurídicos, aunque estos sean indispensables. También se enfrenta reconstruyendo la capacidad colectiva de intervenir en la vida pública, sosteniendo la movilización democrática y evitando que el miedo, la fragmentación o la resignación conviertan la exclusión política en una normalidad aceptada.
Aquí aparece el vínculo entre la defensa democrática y la disputa popular-democrática. Cuando las mayorías pierden capacidad para elegir entre proyectos políticos efectivamente diferentes, se debilita su posibilidad de cuestionar las decisiones económicas que afectan sus condiciones de vida. La restricción del pluralismo puede favorecer un sistema en el que las alternativas electorales cambien de nombre y de dirigentes, pero compartan límites cada vez más estrechos frente al poder económico.
La democracia no se reduce al acto electoral, pero tampoco puede prescindir de él. Requiere derechos políticos efectivos, instituciones sometidas a controles y una sociedad capaz de organizar intereses colectivos. Defenderla implica rechazar tanto la arbitrariedad judicial como cualquier intento de presentar las decisiones de los poderes concentrados como restricciones naturales e inmodificables.
Por eso, la consigna Cristina Libre debe vincularse con la defensa de los derechos políticos, la libertad de organización y la capacidad de las mayorías para decidir su futuro. Su alcance transformador dependerá de que no se convierta en una consigna exclusivamente personal, sino en un punto de articulación entre la lucha contra la proscripción y la construcción de una alternativa popular.
El derecho a disputar el porvenir
La renovada reivindicación de Rucci obliga a discutir qué se pretende restaurar bajo el nombre del peronismo. ¿Una tradición reducida a sus símbolos, administrada por dirigentes que reclaman autoridad doctrinaria? ¿Un movimiento cuya unidad signifique aceptar los límites establecidos por el poder económico? ¿O una identidad política abierta a la disputa por las condiciones materiales de existencia de las mayorías?
La memoria no ofrece respuestas automáticas. Rucci, Perón, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner pertenecen a contextos históricos distintos, atravesados por contradicciones que no pueden borrarse. Invocarlos no resuelve los problemas del presente. Lo decisivo es establecer qué proyectos se construyen con sus nombres, qué intereses se representan y qué relaciones de fuerza se pretende modificar o conservar.
En tiempos de desertificación ideológica, los héroes pueden convertirse en sustitutos de un programa y las lealtades en reemplazo de una estrategia. La política queda entonces reducida a la administración de identidades heredadas, mientras se debilita la capacidad de imaginar y organizar una transformación social.
Frente a ese riesgo, la defensa democrática y la disputa por el sentido del peronismo no son tareas separadas. La proscripción de Cristina puede debilitar la pluralidad política y, al mismo tiempo, facilitar la reorganización conservadora del movimiento. Resistir ambas tendencias exige defender el derecho a elegir y recuperar la discusión sobre los intereses sociales que cada proyecto expresa.
Cristina Libre es, en esta coyuntura, una frontera democrática: el rechazo a que la exclusión judicial sustituya la decisión popular y a que la proscripción se transforme en una herramienta para reorganizar el campo político. Pero también plantea una exigencia hacia el propio peronismo: que su unidad no se construya borrando sus conflictos históricos ni aceptando que una ortodoxia administrada desde arriba determine los límites de lo posible.
La libertad de Cristina no se juega solamente en los tribunales. Se juega en la posibilidad de que la sociedad argentina decida su futuro sin proscripciones, de que ninguna corriente política sea expulsada arbitrariamente de la competencia y de que el destino del peronismo se resuelva mediante la lucha democrática, la discusión programática y la organización popular.
Porque una tradición política no permanece viva por la repetición de sus nombres. Permanece viva cuando puede interpretar el presente, enfrentar las relaciones de poder que producen desigualdad y ampliar la capacidad colectiva de transformar la realidad. La disputa por Rucci, en definitiva, no es solamente una discusión sobre el pasado: es una disputa por el peronismo que vendrá y por la democracia en la que ese futuro deberá decidirse.
En el N° 4 de la Revista “Evita Montonera (abril, 1975) se lee la valoración por parte de la organización peronista Montonero de los hechos ocurridos el 20 de junio de 1973: “Con la masacre de Ezeiza, se inició la contraofensiva del imperialismo, destinada a frenar las posibilidades de organización popular y destruir su proyecto de vanguardia. Cámpora fue desplazado y el enemigo pasó a controlar progresivamente el Estado, el aparato del Partido Justicialista y la superestructura del Movimiento”.
Al número siguiente (junio-julio, 1975), se señala que Rucci fue “ajusticiado” por “la sangre de los compañeros peronistas caídos el 20 de junio, de Antonio Quispe, Beto Simona, José Luis Neill…”, en referencia a las víctimas del día de la masacre.
Teniendo en cuenta estas declaraciones nos eximimos de realizar tanto un análisis de los hechos, como de otorgar una carga valorativa a los mismos. No son las intenciones de este artículo.
Por otro lado, sí nos interesa preguntarnos cuál fue la tradición en la que se encontraba encuadrado José Ignacio Rucci como secretario general de la CGT, como así también sobre los usos que se hacen hoy de su figura en términos políticos por algunos sectores al interior del peronismo.
Derroteros.
Los errores de análisis del Partido Comunista que ejercía la conducción del Sindicato Obrero de la Industria Metalúrgica (SOIM) tendrían consecuencias decisivas. En 1942, bajo la premisa de que profundizar los reclamos sindicales en un contexto de guerra —cuando la Argentina era proveedora de suministros estratégicos para los ejércitos de los Aliados— significaba “hacerle el juego a los nazis”, la conducción del SOIM resolvió levantar el conflicto contra las patronales. La decisión generó un fuerte malestar entre sus bases provocando al año siguiente que una fracción de ella abandonara el sindicato y conformara la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Esta ruptura no fue un hecho aislado, sino que reflejaba la misma fractura que atravesaba el resto de la CGT. La UOM, incorporada al sector encabezado por el dirigente ferroviario José Domenech, comenzó a construir una relación de diálogo con el gobierno del Gral. Edelmiro Farrell que la llevaría, luego de la asunción de Juan Domingo Perón a la presidencia, a consolidarse como una de las organizaciones de mayor peso político-sindical del país durante las décadas siguientes.
Para 1948 la UOM contaba ya con 100.000 afiliados y, por medio de su secretario general, Armando Cabo, integraba el cuadrunvirato que conducía la CGT junto con José Espejo, Isaías Santín y Florencio Soto. Desde esa posición, los cuatro dirigentes impulsarían el histórico Cabildo Abierto del Justicialismo del 22 de agosto de 1951 donde se intentó integrar a Eva Perón a la fórmula presidencial para las elecciones del año siguiente. Hecho que sintetizaba la impronta plebeya y obrerista que caracterizó a los años del primer peronismo.
Perpetrado el golpe oligarca de 1955, con las organizaciones sindicales intervenidas y el peronismo proscripto, comenzaron a gestarse en las fábricas y en los barrios nuevas formas de organización obrera clandestinas y semiclandestinas.
En el plano sindical, este proceso implicó la conformación de las “62 Organizaciones” surgidas de la ruptura del Congreso Normalizador de la CGT de 1957 convocado por la dictadura con el propósito de reconstruir una central obrera bajo su control. El intento fracasó y lejos de neutralizar al movimiento obrero terminó favoreciendo la consolidación de una nueva estructura sindical vinculada al peronismo de “La Resistencia”.
A partir de entonces, dentro del sindicalismo peronista comenzarán a delinearse dos grandes corrientes con estrategias diferentes frente a las formas de organización obrera, la resistencia y la disputa política.
Una de ellas puede definirse como “Combativa”. En ella convergían dirigentes que hicieron de la lucha sindical una herramienta de confrontación directa.
Es el caso de Sebastián Borro, del gremio de la Carne, quien encabezó la huelga y ocupación del Frigorífico Municipal Lisandro de la Torre para impedir su cierre y privatización. También el de Jorge Di Pascuale, dirigente de Farmacia e integrante de la CGT-A y del Peronismo de Base, quien posteriormente se convirtió en enlace de Perón con los países socialistas. Como así también el del dirigente de la UOM Seccional Capital Avelino Fernández que participa junto a Armando Cabo (padre de Dardo Cabo, protagonista del Operativo Cóndor y posteriormente dirigente de Descamisados) del intento insurreccional encabezado por el Gral. Miguel Ángel Iñíguez en Rosario. Además, Fernández fue uno de los impulsores de la huelga con ocupación de fábricas como método de lucha contra la dictadura.
Tras el asesinato político de Augusto Timoteo Vandor, se abrió la disputa por la conducción de la UOM. Avelino Fernández contaba con el aval de Perón para ocupar la Secretaría General, pero su perfil combativo y vínculos estrechos con la CGT-A conducida por Raimundo Ongaro, no le era conveniente al gobierno del Gral. Juan Carlos Onganía quien contribuyó al bloqueó de esa posibilidad.
No olvidemos que de la mano de Ongaro y en esta etapa, son los programas de “La Falda” (1957), “Huerta Grande” (1962) y “1 de Mayo de 1968” que condensaron buena parte de las demandas obreras y plantearon una agenda que excedía ampliamente las reivindicaciones salariales: control de los recursos estratégicos, nacionalización de sectores claves de la economía, participación obrera en la planificación económica y una política exterior asentada en la soberanía nacional.
En ese contexto, otra línea sindical, la “Burocrática”, encontró mejores condiciones para consolidarse.
En marzo de 1970, una patota irrumpió en la Seccional Capital de la UOM generando la excusa para que el Ministerio de Trabajo interviniera habilitando el avance de un sector alineado con Lorenzo Miguel. El resultado fue la expulsión de Avelino Fernández y de los compañeros. Así, la intervención estatal y la disputa interna dentro de la UOM terminaron convergiendo en un mismo sentido: desplazar una conducción combativa y favorecer la consolidación de Lorenzo Miguel más proclive al diálogo con los esquemas del poder.
El 2 de julio de 1970, durante el gobierno de Roberto Levingston, la CGT convocó a su Congreso Normalizador. El resultado consolidó el avance del sector encabezado por Lorenzo Miguel, que logró colocar como secretario general a José Ignacio Rucci, un dirigente de su confianza y que hasta entonces se había ocupado de la intervención sindical de la seccional de la UOM de San Nicolás por instrucciones previas de Vandor.
Levingston no llegó a durar diez meses y fue remplazado por Alejandro Agustín Lanusse, quien en 1971 comenzó a delinear una salida democrática frente al creciente desgaste del régimen. Ante la inminente reapertura electoral, Isabel Perón regresó al país en diciembre con la misión de reorganizar el movimiento peronista y preparar su participación en las elecciones.
Durante aquella gira la UOM realizó un acto en homenaje a Eva Perón con la presencia de José López Rega, jefe de la Triple A, y el estanciero Manuel de Anchorena, vinculado al Peronismo Federal y cercano a José Ignacio Rucci. Anchorena sería posteriormente candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por ese sector, enfrentando a Oscar Bidegain, candidato vinculado a la Tendencia Revolucionaria quien termina siendo electo.
El acto reflejó la creciente polarización política que atravesaba al movimiento peronista. En distintos momentos, el cántico “Perón, Mazorca, los bolches a la horca” irrumpió como expresión de esa disputa.
Todo esto contrastó con la asunción posterior de Héctor Cámpora el 25 de mayo de 1973, quien salió al balcón de la casa de gobierno acompañado por Salvador Allende y Osvaldo Dorticós, presidentes de Chile y Cuba, para saludar a una Plaza de Mayo colmada con banderas de las organizaciones del peronismo revolucionario. Esta vez, los sectores de la burocracia sindical y partidaria ocupaban un lugar claramente secundario.
El cambio de etapa fue interpretado por los sectores de la Tendencia como una oportunidad para avanzar en un proceso de transformación política y social. La consigna “Liberación Nacional en el camino del Socialismo Nacional” sintetizaba ese horizonte y en ese clima de movilización popular, centenares de edificios públicos, organismos estatales, universidades y fábricas fueron ocupados por sectores juveniles y obreros que buscaban llevar esa consigna del terreno discursivo a la práctica.
La CGT convocó a un Congreso para junio de 1973 en el cual las dos corrientes sindicales que venían disputándose la conducción del movimiento obrero volvieron a confrontar, esta vez en un escenario político mucho más abierto.
Por un lado, los sectores del sindicalismo combativo, junto con la Juventud Trabajadora Peronista y el Peronismo de Base, impulsaron un programa orientado a la construcción de la Patria Socialista.
Del otro lado, los gremios alineados con la conducción de la CGT fortalecían sus propias estructuras de movilización bajo la denominación de Juventud Sindical. Enarbolando la consigna de la Patria Peronista y acusando a la Tendencia de ser “infiltrados” dentro del peronismo, estos sectores estrecharon vínculos con referentes de derecha como Norma Kennedy, Jorge Osinde y Alberto Brito Lima. Estos vínculos terminaron construyendo el dispositivo que protagonizó la Masacre de Ezeiza el 20 de junio de 1973 durante el regreso de Perón al país.
La violencia desatada en Ezeiza, con sus 13 muertos y más de 300 heridos, profundizó la disputa interna del peronismo y debilitó al gobierno de Héctor Cámpora, quien terminó presentando su renuncia. El proceso desembocó en las elecciones del 23 de septiembre donde Juan Domingo Perón obtuvo casi las dos terceras partes de los votos.
Dos días después, el 25 de septiembre, era asesinado José Ignacio Rucci. Al día siguiente, Perón concurrió a su velatorio confiando a su viuda: “Me mataron a un hijo“. Y, al irse, dijo a la prensa: “estos balazos fueron para mí“.
Todo este derrotero sitúa a Rucci dentro de una corriente sindical específica y reconstruye parte del clima de época que enmarcó su asesinato.
Como hipótesis provisorias de trabajo podemos decir para el debate que Rucci no fue propiamente la derecha peronista, del mismo modo que tampoco lo fue el vandorismo originario, aunque ambos tendieron puentes hacia ella. La Tendencia, por su parte, planteó el socialismo, pero su decisión de eliminar a Rucci constituyó un grave error que terminó profundizando su distancia del único liderazgo de masas con capacidad de lograrlo si hubiera querido hacerlo: Perón.
Rucci hoy.
Como hemos señalado al principio, nos interesa los usos políticos que se hacen hoy de la figura de Rucci.
Desde ya que entendemos y vemos con coherencia, que una amplia mayoría de las conducciones de la CGT y la UOM reivindiquen actualmente la figura de Rucci como arquetipo de lealtad a Perón. No haremos foco en ellos.
Tampoco nos detendremos en aquellos sectores partidarios que, desde una supuesta ortodoxia, levantan su figura mientras han llevado acciones de gobierno de corte liberal durante los 90 que hasta al propio Rucci escandalizarían. El menemismo, estuvo completamente alejado de lo que implicó tanto la firma del Pacto Social del 73 como de los principios de la Comunidad Organizada. Negarlo sería obtuso.
Sí nos interesa preguntarnos por el uso que determinados espacios políticos, presentados durante años como continuadores históricos de la Tendencia, hacen hoy de la figura de Rucci en declaraciones públicas, programas de streamers, homenajes, publicaciones periodísticas, conferencias, redes sociales e incluso en una conocida agencia de noticias digital, desde donde despliegan una sostenida operación de recuperación de su figura.
Las preguntas resultan inevitables: ¿Qué hay detrás de esta renovada apelación a Rucci? ¿Una reivindicación tardía? ¿Un honesto revisionismo? ¿Una forma de expiar culpas? ¿Una convicción política genuina? ¿Una pose destinada a disputar sentidos? ¿Una forma de aunar voluntades? ¿O simplemente nuevas generaciones con preguntas renovadas a la historia? Tal vez algo de ello o todo a la vez.
Lo cierto —y esto debe quedar claro— es que la primacía política durante la década del 70 en el peronismo, en todas sus concepciones, estuvo signada por la existencia de colectivos militantes con estrategias explícitas y metodologías definidas. Los enfrentamientos respondieron, en todos los casos, a esas diferencias.
Vandor disputó con Perón y por momentos le salió bastante bien. Lorenzo Miguel quiso encumbrar un ternero al que pudiera manejar, pero Rucci resultó torazo tanto en corral propio como en ajeno. Avelino Fernández resultó desplazado y supo tomarse su tiempo hasta encontrar en Germán Abdala y el Grupo de los 8 una herramienta contra el menemismo. Por su parte, Montoneros explicitó sus fundamentos con Perón, ante Perón y contra Perón. Nadie fue ingenuo y todos jugaron fuerte.
La restauración del sufragio en 1983 dio lugar a una democracia de baja intensidad, que encorsetó los márgenes de la disputa política dentro de una institucionalidad moldeada por los vencedores: los grupos económicos y el imperialismo. El peronismo pejotizado, que había asumido buena parte del programa de la derecha liberal, no previó la irrupción de Néstor Kirchner ni su recuperación para la acción política de conceptos tan olvidados como “planificación, estrategia y militancia organizada”. Aun así, tampoco fue posible perforar el techo de una institucionalidad que continuó limitando el horizonte de transformación.
De aquellos polvos, estos lodos. La amplia participación política juvenil que acompañó al kirchnerismo no buscó sus referencias en quienes habían protagonizado la resistencia en los 90, sino que fue más atrás en el tiempo hasta los 70 y la Tendencia. Pero, en esa operación de recuperación del pasado, al prescindir de su praxis y de su horizonte de liberación nacional y patria socialista, primaron los símbolos y las nuevas canciones.
Ojalá que la actual reivindicación de Rucci por parte de quienes alguna vez se pararon desde la Tendencia para construir una identidad no implique hoy, en tiempos de desertificación ideológica y falta de héroes colectivos, un giro hacia el posibilismo, casi siempre liberal, como consecuencia de la ausencia de un horizonte estratégico de liberación.
