
Mientras una parte del debate público se concentra en denunciar supuestas campañas internacionales contra la Argentina —ya sea por el Mundial, por la política exterior o por disputas diplomáticas—, los datos económicos muestran que la principal agresión contra las condiciones de vida de los argentinos proviene de la propia política económica del gobierno nacional.
El informe del CEPA sobre endeudamiento y mora permite sostener esa afirmación con evidencia. No se trata simplemente de un aumento del crédito: lo que crece es la incapacidad de millones de hogares para devolver préstamos utilizados para financiar gastos cotidianos. Cuando casi seis millones de personas ingresan en situación de mora y las billeteras virtuales registran niveles de incumplimiento cercanos al 30%, el problema deja de ser financiero para convertirse en un indicador del deterioro social.
La denominada "estabilización" descansa sobre un fuerte ajuste del ingreso real. La desaceleración de la inflación se obtiene al costo de una caída del consumo, salarios que continúan rezagados respecto de la recuperación de precios relativos y un creciente recurso al endeudamiento para sostener niveles mínimos de subsistencia. El crédito reemplaza al salario; cuando ese crédito deja de pagarse, aparece la mora.
En ese sentido, la verdadera campaña antiargentina no consiste en críticas provenientes del exterior ni en supuestos intentos de desprestigio internacional. Consiste en un modelo económico que debilita sistemáticamente las capacidades materiales de la sociedad argentina. Una economía donde las familias se endeudan para comprar alimentos, pagar servicios o medicamentos no fortalece al país: reduce su mercado interno, deteriora su tejido social y limita sus posibilidades de desarrollo.
La situación de las empresas confirma que el fenómeno trasciende a los hogares. El incremento de la irregularidad crediticia empresarial refleja una demanda deprimida y dificultades crecientes para sostener la producción y el empleo. Es decir, el deterioro alcanza simultáneamente a consumidores y productores.
Desde una perspectiva política, esta dinámica erosiona uno de los principales activos de cualquier proyecto nacional: la capacidad de su población para consumir, ahorrar, invertir y proyectar el futuro. Un país con millones de ciudadanos atrapados en un circuito permanente de endeudamiento y mora no sólo enfrenta una crisis económica; también experimenta un proceso de debilitamiento de su cohesión social.
Por eso, si se busca identificar qué está dañando hoy a la Argentina, los indicadores sociales ofrecen una respuesta más contundente que cualquier polémica internacional. La verdadera campaña antiargentina es aquella que convierte el ajuste permanente en política de Estado, sustituye ingresos por deuda, naturaliza el aumento de la pobreza financiera y traslada el costo de la estabilización macroeconómica a las familias y al aparato productivo. En esa lógica, el país no es atacado desde afuera: se debilita desde adentro. La campaña anti argentina la lleva adelante el gobierno nacional y con una eficacia narrativa que cuya eficacia es la exacta inversión de los resultados estructurales como este que analizamos: El hombre y la mujer endeudados. La figura social emergente no es, entonces, la del consumidor financiado sino la del ciudadano atrapado por deudas que no puede cancelar. Ese sujeto económico social, cuando adquiere dimensión masiva, puede convertirse también en un sujeto político disruptivo. Esa transformación disruptiva puede ser una de las señales más relevantes para comprender las tensiones sociales que podrían desarrollarse en los próximos meses. Al pie Mirtha denunciando otra campaña antiargentina en los inicios del plan económico-social que hoy despliega el actual gobierno. ( Es en blanco y negro, lástima)