Liderazgo: China subordina las finanzas a la producción

El artículo de Xiaolu Kuang, Fusheng Xie y Zhi Li, publicado en Monthly Review en julio-agosto de 2026, plantea una pregunta particularmente relevante para pensar la crisis del capitalismo occidental: ¿por qué China no siguió el mismo camino de financiarización que Estados Unidos y buena parte de Europa?

La tesis central

La financiarización supone que el capital financiero adquiere una autonomía creciente respecto de la producción: la rentabilidad se busca cada vez más mediante crédito, activos financieros, especulación, valorización inmobiliaria y endeudamiento, en lugar de depender primordialmente de la expansión de las capacidades productivas.

Los autores sostienen que China constituye una excepción significativa. No porque haya eliminado las finanzas ni el capital privado, sino porque el Estado chino ha conseguido mantener una subordinación relativa del sistema financiero a la acumulación productiva. La prioridad continúa siendo la producción, la infraestructura, la industria y la expansión de las capacidades materiales.

La diferencia, entonces, no es simplemente económica: es política y estructural. El Estado conserva instrumentos decisivos sobre el crédito, los grandes bancos y la orientación de la inversión. Eso limita la capacidad del capital financiero de imponer su propia lógica al conjunto de la economía.

El punto de fondo

La cuestión es especialmente interesante desde una perspectiva de clase porque permite invertir una explicación habitual. No se trata de que China haya encontrado una fórmula técnica para evitar las crisis financieras. La clave está en quién controla las palancas fundamentales de la acumulación.

En el capitalismo financiarizado occidental, particularmente después de la crisis de los años setenta, el capital financiero fue ganando capacidad para condicionar las decisiones de las empresas, los Estados y los hogares. El resultado fue una economía donde el endeudamiento y la valorización financiera adquirieron un peso creciente.

China, en cambio, conservó una arquitectura institucional donde el sistema financiero está mucho más subordinado a objetivos definidos por el Estado. Por eso puede utilizar el crédito como instrumento de política industrial y de desarrollo, en lugar de dejar que el crédito sea predominantemente organizado alrededor de la rentabilidad financiera inmediata.

La cuestión decisiva para Argentina

Aquí aparece una conexión muy fuerte con el problema que venimos trabajando sobre endeudamiento familiar, FMI y financiarización argentina.

Argentina hizo prácticamente el recorrido inverso: debilitamiento de la capacidad estatal de orientar el crédito, valorización financiera, endeudamiento externo, fuga de capitales y creciente dependencia de los mercados financieros internacionales. En ese esquema, la deuda deja de ser un instrumento subordinado a la producción y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento económico y social.

China demuestra que la financiarización no es una fatalidad tecnológica ni una consecuencia inevitable de la globalización. Es el resultado de determinadas relaciones de poder.

Y aquí está, a mi juicio, lo más potente del artículo: la pregunta no debería ser solamente cuánto se endeuda una sociedad, sino quién decide para qué se utiliza el crédito, quién captura la renta financiera y quién soporta el costo del endeudamiento.

En ese sentido, el contraste China-Argentina puede formularse de manera muy contundente:

China intenta subordinar las finanzas a la producción; Argentina ha subordinado crecientemente la producción, el Estado y los hogares a las finanzas.

El artículo de Monthly Review permite así conectar tres fenómenos que habitualmente aparecen separados: financiarización, poder de clase y soberanía económica. La diferencia entre ambos modelos no reside únicamente en sus políticas monetarias: reside en la estructura de poder que determina qué capital tiene capacidad para imponer su lógica sobre el conjunto de la sociedad.

Ahora bien para todo esto se requere liderazgo político nacional y en nuestro país el bloque dominante lo ha proscripto sin fundamentos jurídicos y gran parte de la dirigencia opositora ha «naturalizado» esta situación «diciendo» que no lo ha hecho, como es habitual.

Inflación y pobreza: Arde la ciudad ( Apéndice sobre pobreza y salarios)

El presente trabajo muestra que un IPC con ponderaciones de consumo desactualizadas puede subestimar cambios en el costo de vida, y que esa cuestión afecta directamente la medición de pobreza porque la línea de pobreza se construye a partir de canastas valorizadas con precios.

Al respecto sabemos que el Indice de Precios al Consumidor es una estructura de ponderaciones → medición del IPC → actualización de las canastas → línea de pobreza → incidencia estadística de la pobreza.

No hace falta demostrar una adulteración deliberada de las estadísticas para cuestionar la verosimilitud de una fuerte caída de la pobreza; alcanza con mostrar que la fotografía estadística puede estar perdiendo capacidad para representar la estructura material de consumo de los hogares actuales.

Y hay un segundo eje particularmente fuerte : la pobreza no puede analizarse solamente comparando ingresos nominales con una canasta estadística. Hay que mirar simultáneamente empleo, salario real, jubilaciones, informalidad, distribución funcional y personal del ingreso, endeudamiento y acceso efectivo a bienes y servicios. Si esos indicadores se deterioran, una reducción estadística de la pobreza merece ser examinada críticamente, no simplemente celebrada.

Para la publicación de hoy del IPC ponderado en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de más de dos decadas atras, antes de discutir el número, discutamos el instrumento con el que se construye el número”. Eso desplaza la discusión hacia un terreno metodológico mucho más difícil de refutar que el simple señalamiento o denuncia de manipulación.

Cierran los valores de pobreza de Julio , salario bruto promedio, los más altos, los más bajos y el salario pretendido promedio.

El neoliberalismo privatiza el fracaso y socializa las pérdidas del capital

El artículo de Enrique Carpintero, publicado en Topía #107 (agosto de 2026), tiene una tesis especialmente fértil para el eje que venís trabajando sobre endeudamiento, individualización de la culpa y desarticulación de lo colectivo.

“Recuperar la vergüenza ética como fuerza de lo colectivo” — Topía

La clave política

Carpintero distingue entre una vergüenza impuesta por el sistema y una vergüenza ética capaz de convertirse en potencia colectiva. El neoliberalismo produce un individuo que debe responder exclusivamente por su éxito o fracaso: si no consigue trabajo, si se endeuda, si pierde poder adquisitivo o si no alcanza los estándares de consumo, “el problema sos vos”. La estructura desaparece detrás de la responsabilidad individual.

Ahí aparece una conexión directa con nuestro análisis del endeudamiento familiar: la deuda deja de aparecer como resultado de salarios insuficientes, precarización, inflación, financiarización y transferencia de ingresos hacia el capital financiero, y pasa a presentarse como consecuencia de una supuesta incapacidad individual para administrar la propia vida.

El mecanismo subjetivo es muy potente:

problema estructural → fracaso individual → vergüenza → aislamiento → pérdida de capacidad colectiva de respuesta.

Carpintero lo formula con mucha precisión: el poder utiliza la vergüenza para que el individuo no cuestione al sistema sino que se cuestione a sí mismo.

Pero hay una inversión posible

Lo más interesante políticamente del artículo es que la vergüenza también puede cambiar de objeto.

Cuando el individuo deja de preguntarse “¿qué hice mal yo?” y empieza a preguntarse “¿qué sociedad produce esto?”, la vergüenza individual puede convertirse en indignación colectiva. El autor plantea precisamente que, cuando el colectivo siente vergüenza por el estado de la sociedad, aparece un primer paso hacia su transformación.

Esto permite formular una hipótesis política fuerte:
El neoliberalismo necesita que la víctima se avergüence de su propia situación; la política emancipatoria necesita que la sociedad se avergüence de producirla.

Y esto dialoga muy bien con lo que veníamos trabajando en otras publicaciones del blog: el endeudado no es necesariamente un sujeto económicamente irresponsable; puede ser el sujeto que revela una contradicción del modelo. Cuando millones de personas necesitan endeudarse para sostener consumos básicos, el problema ya no puede ser reducido a la conducta financiera de cada familia.

La dimensión de clase

Hay además una cuestión todavía más profunda. La desvergüenza de quienes están arriba y la vergüenza de quienes están abajo pueden funcionar como dos caras de una misma relación de poder.

Carpintero señala que el poder puede llegar a transformar la vergüenza humillante del subordinado en odio dirigido hacia un tercero: el inmigrante, el pobre, el diferente. De ese modo, la frustración producida por la propia posición social no se dirige hacia las relaciones que la producen, sino lateralmente contra otros sectores subalternos.

Ahí aparece una de las claves para interpretar el presente: el conflicto de clases puede ser desplazada por una guerra entre individuos y grupos populares.

El trabajador precarizado culpa al desocupado.
El endeudado culpa al que recibe asistencia.
El pequeño comerciante culpa al empleado público.
El jubilado culpa al trabajador activo.
El argentino precarizado culpa al inmigrante.

Mientras tanto, la estructura que distribuye desigualmente ingresos, patrimonio y poder queda fuera de campo.

Hay una frase del artículo que puede convertirse en un eje editorial: El neoliberalismo privatiza el fracaso y socializa las pérdidas del capital.

La tarea política sería invertir esa operación: desprivatizar el sufrimiento. Transformar lo que aparece como una suma de fracasos personales —deudas, pobreza, precariedad, imposibilidad de acceder a una vivienda, deterioro del consumo— en la experiencia compartida de una estructura social.

En ese sentido, recuperar la vergüenza ética no significa volver a una moral culpabilizadora. Significa recuperar la capacidad colectiva de mirar una sociedad y decir: esto no debería ser normal.

Y ahí la vergüenza deja de ser un instrumento de dominación y puede convertirse, como plantea Carpintero, en una fuerza de lo colectivo

¿Los votantes libertarios son unos pelotudos? Refutando a Coroniti

Una investigación reciente realizada por Benjamin Ferguson, Peter Hans Matthews, David Ronayne y Roberto Veneziani, cuestiona una de las premisas centrales de la polarización contemporánea: que la izquierda y la derecha poseen concepciones radicalmente incompatibles sobre la explotación. El estudio, basado en 551 filósofos académicos y 1.546 personas del público general de Estados Unidos y Reino Unido, encuentra algo mucho más significativo: unos y otros identifican prácticamente los mismos factores cuando juzgan que existe explotación. Injusticia, poder asimétrico y desigualdad de los beneficios aparecen como los principales determinantes.

El dato más relevante es que la combinación entre poder desigual y resultados económicos desiguales genera una percepción de explotación muy superior a la que producen cada uno de esos factores por separado. Entre los académicos, por ejemplo, la presencia aislada del poder elevó la percepción de explotación en 14 puntos y la desigualdad en 8, pero cuando ambas condiciones aparecieron juntas el incremento alcanzó 34 puntos. La explotación aparece así no simplemente como una distribución desigual de recursos ni como una relación asimétrica de poder, sino como la utilización de una posición estructuralmente dominante para apropiarse de una porción desproporcionada del resultado económico.

Esto permite recuperar una intuición central de Marx sin convertirla en una cuestión exclusivamente doctrinaria. La explotación no depende de que el explotador sea personalmente cruel, ni de que la víctima haya cometido un error, ni siquiera de la existencia de una relación interpersonal conflictiva. El núcleo está en la estructura de poder que permite que una parte imponga condiciones a otra y capture una porción desigual del producto social. El estudio muestra, incluso, que el respeto interpersonal tiene una importancia muy menor entre los académicos: un jefe amable puede explotar exactamente igual que uno maltratador. Para el público general, en cambio, la falta de respeto pesa mucho más, probablemente porque constituye la experiencia cotidiana mediante la cual se percibe y se experimenta una relación estructural de subordinación.

La conclusión política es particularmente interesante para la Argentina. Si se traslada esta matriz al fenómeno del endeudamiento familiar, cambia completamente la pregunta. En lugar de preguntarnos por qué determinados hogares “no saben administrar su dinero”, debemos preguntarnos qué relación de poder produce las condiciones bajo las cuales millones de hogares necesitan endeudarse para sostener su reproducción cotidiana. El deudor aparece entonces no como un individuo defectuoso, sino como el resultado de una determinada relación entre ingresos, precios, empleo, crédito y distribución del excedente.

Esta perspectiva permite conectar dos fenómenos que habitualmente se presentan separados: endeudamiento y explotación. Cuando el salario pierde capacidad para reproducir las condiciones materiales de vida, el crédito funciona como un mecanismo de compensación. Pero esa compensación tiene un costo: transforma una insuficiencia presente de ingresos en una obligación futura. La deuda, en ese sentido, no elimina la desigualdad; la administra temporalmente y puede profundizarla.

Hay aquí una cuestión política de fondo. La ideología neoliberal procura transformar relaciones estructurales en decisiones individuales: el trabajador que acepta un salario bajo “elige”; el inquilino que soporta condiciones abusivas “elige”; la familia que se endeuda para llegar a fin de mes “se administra mal”. El estudio nos permite invertir esa mirada: allí donde existe una desigualdad de poder que condiciona las opciones disponibles, hablar simplemente de elección individual oculta la estructura que produce esas opciones.

Esto resulta especialmente relevante para comprender la política contemporánea. La investigación encuentra que incluso sectores identificados con la derecha reconocen la explotación cuando perciben conjuntamente injusticia, poder asimétrico y resultados desiguales. La derecha y la izquierda pueden diferir profundamente respecto de las soluciones, pero comparten un diagnóstico moral mucho más amplio de lo que suele suponerse: existe algo injusto cuando quienes poseen mayor poder utilizan esa ventaja para apropiarse de una porción desproporcionada de los recursos.

Por eso el desafío para la izquierda no consiste en abandonar su crítica estructural para adaptarse al sentido común de la derecha, sino en traducir esa crítica estructural a experiencias materiales reconocibles por las mayorías: el salario que no alcanza, la deuda que crece, el alquiler que se vuelve impagable, el empleo que pierde estabilidad, la concentración económica y la pérdida de capacidad de negociación de los trabajadores.

En definitiva, el hallazgo más importante de esta investigación podría formularse así: la explotación deja de ser una categoría exclusivamente marxista y aparece como una intuición social compartida. La disputa política pasa entonces por determinar quién tiene poder, cómo lo utiliza y quién paga los costos de esa relación. Y allí se vuelve particularmente fértil para analizar la Argentina actual: cuando millones de familias deben endeudarse para reproducir su vida cotidiana, no estamos simplemente frente a millones de malas decisiones privadas. Estamos frente a una determinada distribución social del poder.

En la apertura, Emiliano Coroniti desarrolla la hipótesis que el artículo del filósofo Ferguson, y los economistas Matthews, Ronayne y Veneziani intentan refutar: “Los votantes libertarios son unos pelotudos”, sostiene Emiliano, en un clásico del streaming argentino que ya merece una instalación audiovisual en el Malba para que lo analicen las nuevas generaciones.

Se puede socavar una democracia simplemente decidiendo quién puede presentarse a las elecciones… o no

El artículo de Delfina Rossi y Franco Metaza en Jacobin, publicado el 11 de agosto, plantea una tesis fuerte: la erosión democrática argentina no se produce necesariamente alterando el resultado de las elecciones, sino restringiendo previamente quiénes pueden competir.

La proscripción como forma contemporánea de lawfare

El eje del artículo es el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Los autores sostienen que su condena en la causa Vialidad y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos deben ser leídas no solamente como un proceso judicial, sino como un mecanismo de exclusión política de la principal dirigente opositora. Señalan que Cristina permanece bajo arresto domiciliario y que la condena le impide competir electoralmente en 2027.

La comparación histórica que propone Jacobin es particularmente significativa: 1955 y 2026 no serían fenómenos idénticos, pero sí podrían cumplir una función política semejante. Después del derrocamiento de Perón, el peronismo fue proscripto durante 18 años. La exclusión se realizó entonces mediante golpes militares, decretos y prohibiciones explícitas. En el presente, sostienen Rossi y Metaza, el mecanismo opera mediante tribunales, procesos judiciales y decisiones de inhabilitación.

La fórmula podría sintetizarse así:

antes, la proscripción necesitaba tanques; hoy puede operar mediante expedientes judiciales.

El punto más interesante: no hace falta manipular las urnas

Aquí está, a mi juicio, la contribución conceptual más importante del artículo.

La democracia puede deteriorarse sin fraude electoral. Es posible mantener elecciones formalmente limpias y, simultáneamente, reducir sustancialmente la competencia democrática mediante la exclusión judicial de determinados actores.

Eso desplaza el problema desde la pregunta clásica:

“¿Se alteró el resultado electoral?”

hacia otra mucho más profunda:

“¿Quiénes tienen realmente permitido disputar el poder?”

Los autores plantean precisamente que una elección puede contar correctamente los votos y, sin embargo, producir una democracia sustancialmente mutilada si uno de los principales contendientes ha sido previamente eliminado de la competencia.

La cuestión no es solamente Cristina sí o Cristina no. El problema estructural es qué ocurre cuando un liderazgo político mantiene capacidad de representación sobre sectores sociales que el bloque dominante pretende desplazar del proceso de decisión.

El artículo caracteriza al kirchnerismo como un movimiento asociado a la redistribución de ingresos y presenta a Cristina como una adversaria particularmente conflictiva para la derecha argentina.

En ese sentido, la proscripción puede interpretarse como una tecnología política de disciplinamiento de la representación popular: no elimina necesariamente las preferencias sociales existentes, pero intenta impedir que esas preferencias puedan convertirse nuevamente en poder estatal.

Y ahí aparece una paradoja central: la exclusión de un dirigente no elimina la demanda social que ese dirigente representa. Puede incluso desplazarla desde el terreno electoral hacia otras formas de conflicto político.

La comparación latinoamericana

Rossi y Metaza inscriben el caso argentino en una secuencia regional que incluye a Lula en Brasil, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales y Fernando Lugo. Su argumento es que, pese a las enormes diferencias entre cada caso, aparece una estructura recurrente: judicialización de la política, medios concentrados que producen legitimidad previa y actores políticos que terminan siendo desplazados de la competencia.

Hay que hacer, sin embargo, una precisión analítica: “lawfare” no debería convertirse en una explicación totalizante que presuponga que toda investigación o condena contra un dirigente popular es necesariamente una conspiración. La cuestión políticamente relevante es demostrar si existe una selectividad estructural en la aplicación de la justicia, si se vulneran garantías procesales, si existe coordinación entre actores judiciales, mediáticos y económicos y, sobre todo, si el resultado es una alteración sustantiva de la competencia democrática.

Ese es el terreno donde el concepto adquiere densidad analítica y deja de ser simplemente una consigna.

La tesis política de fondo

El artículo puede resumirse en una frase:

la democracia no comienza cuando se deposita el voto; comienza mucho antes, cuando todos los sectores con capacidad de representación tienen derecho efectivo a disputar el poder.

Por eso la situación de Cristina adquiere una dimensión que excede su persona. Si una dirigente que continúa siendo central para una parte significativa del electorado puede ser excluida definitivamente de la competencia mediante una sentencia judicial, la discusión deja de ser solamente jurídica y pasa a ser una discusión sobre el régimen democrático y la distribución efectiva del poder político.

En ese sentido, el título original —“How Argentina Banned Its Opposition”— es deliberadamente contundente: no dice que Argentina haya cometido fraude electoral, sino algo más inquietante: que puede estar construyéndose una democracia en la que se vota, pero se restringe previamente quién puede ser votado

Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

El creciente endeudamiento de los hogares argentinos no puede leerse como una suma de malas decisiones individuales, falta de previsión o incapacidad para administrar los ingresos. Es, antes que nada, una respuesta social a un modelo económico que deteriora el poder adquisitivo, encarece las condiciones de reproducción de la vida y obliga a millones de familias a recurrir al crédito para sostener consumos básicos. Como advirtió Mark Fisher, uno de los rasgos centrales del capitalismo contemporáneo consiste en transformar problemas estructurales en fracasos personales: aquello que produce el sistema aparece como responsabilidad del individuo. Así, la deuda deja de ser una anomalía privada y se convierte en un mecanismo de disciplinamiento social. El trabajador endeudado no simplemente «gasta de más»: utiliza crédito para compensar la insuficiencia de su salario. La morosidad, entonces, tampoco expresa necesariamente irresponsabilidad: puede ser el punto en que la capacidad familiar de absorber el ajuste llega a su límite. La deuda de los hogares no es una carencia moral de las familias; es una de las formas concretas en que la crisis del modelo económico se descarga sobre ellas. Cierra el cura Juan Rega: "Deuda o hambre", en los barrios populares ya las familias comen una vez al día.

Es hora de encontrar valor en algo más que un nuevo iPhone o un par de jeans

En su nuevo artículo, “A dying West is eating its children”, Jonathan Cook sostiene que el capitalismo occidental atraviesa una crisis que ya no puede ser interpretada simplemente como una sucesión de problemas económicos, políticos o ambientales. Para el periodista británico, lo que está en cuestión es la propia capacidad del sistema para garantizar las condiciones materiales y sociales sobre las que construyó su hegemonía.

Cook parte de una paradoja: una sociedad que depende del capitalismo para satisfacer sus necesidades cotidianas tiene enormes dificultades para imaginar una alternativa al capitalismo. El ejemplo de los jeans y los iPhone funciona como metáfora de esa dependencia cultural: se ha naturalizado la idea de que determinados niveles de consumo, producción y propiedad privada son inseparables de una vida digna. Sin embargo, el autor plantea que esa forma de consumo masivo es precisamente una de las causas de la crisis ecológica y de la degradación social que amenaza al propio sistema.

El argumento adquiere una dimensión explícitamente política cuando Cook cuestiona la imagen del Occidente liberal como sinónimo de democracia. Según su lectura, la democracia occidental ha estado históricamente limitada por la concentración económica y mediática. La ciudadanía puede votar, pero las opciones políticas disponibles permanecen dentro de márgenes estrechos definidos por los intereses de las clases dominantes. Paralelamente, el colonialismo no habría desaparecido sino que se habría transformado: después de la etapa de gobiernos subordinados en el Sur Global, Occidente habría recuperado una política más abierta de coerción, intervención y apropiación de recursos.

El punto central aparece cuando Cook vincula crisis ecológica y crisis de acumulación. Los recursos naturales son finitos, mientras que el capitalismo necesita expandir permanentemente producción, consumo y rentabilidad. La clase multimillonaria, sostiene, no puede renunciar al mecanismo que produce su riqueza y poder, aun cuando ese mismo mecanismo contribuya al deterioro ambiental. La competencia geopolítica —particularmente con China— funciona además como justificación para mantener esa dinámica.

Desde una perspectiva gramsciana, Cook interpreta el presente como un interregno: el viejo orden pierde capacidad de legitimación, pero todavía no aparece una alternativa suficientemente organizada para reemplazarlo. Recupera la célebre formulación de Antonio Gramsci sobre el momento en que “lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer”, asociándola con la proliferación de “síntomas mórbidos”. Para Cook, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos representan precisamente esa concentración extraordinaria de riqueza, tecnología y capacidad de intervención sobre la sociedad.

El artículo, sin embargo, no termina en el pesimismo. Cook plantea que la salida podría encontrarse en la recuperación de lo colectivo: cooperación frente a competencia, solidaridad frente al individualismo, bienes comunes frente a propiedad concentrada y comunidad frente al consumo individual. En su visión, una sociedad posterior al capitalismo debería recuperar formas de organización social orientadas al bien común y a una relación menos destructiva con la naturaleza.

El mayor interés político del artículo está en que la crisis ecológica aparece inseparable de la estructura de poder capitalista. Cook no plantea simplemente que “consumimos demasiado”; identifica quién controla los recursos, quién decide qué se produce, quién obtiene los beneficios y quién soporta los costos sociales y ambientales.

Ahí aparece una cuestión que puede profundizarse desde una perspectiva de clase: el problema no es el iPhone en sí mismo, sino las relaciones sociales que determinan su producción, apropiación y consumo. La crítica al consumismo corre el riesgo de convertirse en una exhortación moral dirigida a los individuos si no se incorpora la cuestión de la propiedad y del poder. El trabajador que consume barato porque su salario no alcanza para otra cosa no ocupa la misma posición social que el propietario del capital que organiza globalmente esa cadena productiva.

Por eso, el planteo más potente de Cook no está en pedir que la sociedad consuma menos, sino en su pregunta implícita: ¿quién decide qué producir, para quién y con qué finalidad? Esa pregunta desplaza el debate desde el comportamiento individual hacia las relaciones de producción.

En ese sentido, el texto puede leerse como una actualización ecológica de una vieja contradicción marxiana: el desarrollo de las fuerzas productivas bajo relaciones capitalistas termina chocando con las condiciones sociales y naturales que hacen posible su reproducción. Cook agrega una dimensión decisiva: el capitalismo no solamente explota trabajo; también transforma la naturaleza en una fuente aparentemente ilimitada de valorización.

La advertencia final es, entonces, profundamente política: si la crisis del capitalismo no produce una alternativa organizada, puede producir barbarie en lugar de emancipación. El “tiempo de monstruos” de Gramsci no garantiza que nazca algo mejor. La crisis abre una disputa por el futuro, pero su resultado depende de la capacidad de las clases subalternas para transformar el malestar disperso en organización, conciencia y poder colectivo.

¿Quién se lleva la guita?

El economista Michael Roberts analiza en su último artículo las principales discusiones del XIX Congreso de la World Association of Political Economy (WAPE), realizado en la Universidad de Greenwich, Londres, con la participación de más de 150 investigadores y más de un centenar de ponencias. El encuentro tuvo como eje la vigencia de Adam Smith, a 250 años de La riqueza de las naciones, pero extendió el debate hacia el imperialismo, la financiarización, la inteligencia artificial, la teoría del valor y el ascenso de China.

Uno de los puntos centrales fue la disputa por la apropiación de Adam Smith. Frente a la tradición neoliberal que lo convirtió en fundador ideológico del laissez-faire, los economistas marxistas reunidos en WAPE sostienen que Smith tenía una concepción bastante más compleja: reconocía la importancia de la división social del trabajo y del mercado, pero también el papel del Estado, las normas morales y las contradicciones de la sociedad comercial. Roberts destaca especialmente la tensión entre La teoría de los sentimientos morales y La riqueza de las naciones.

Desde una perspectiva marxista, la contradicción fundamental de Smith aparece en su teoría del valor. Aunque reconoció al trabajo como fuente de la riqueza, terminó incorporando una concepción basada en los llamados factores de producción —salarios, ganancias y renta—. Marx consideró que esa contradicción era significativa porque Smith había identificado problemas que sus sucesores resolverían tomando posiciones opuestas. Para Roberts, la economía convencional terminó descartando la teoría del valor-trabajo y consolidando la visión de los factores productivos.

La parte más relevante del artículo aparece cuando Roberts aborda el imperialismo y la relación entre centro y periferia. Su tesis es contundente: bajo las actuales relaciones imperialistas, los países pobres difícilmente podrán cerrar la brecha de ingresos, productividad y desarrollo humano respecto del Norte Global.

La explicación no se limita a una diferencia tecnológica interna. Roberts plantea que existe una transferencia persistente de valor desde el Sur hacia el Norte, mientras que la rentabilidad del capital en las economías periféricas cae más rápidamente que aumenta la productividad laboral. Esto restringe la inversión y reproduce el atraso relativo.

La excepción sería China, cuya dinámica de inversión depende menos de la rentabilidad inmediata que la de otras grandes economías periféricas. Roberts estima que China podría alcanzar hacia 2041 los niveles actuales de ingreso de los países de altos ingresos y aproximarse a sus niveles proyectados hacia 2046. Ninguno de los demás BRICS tendría, según su proyección, posibilidades semejantes en las próximas dos décadas.

Otro dato particularmente importante es el referido a la riqueza financiera offshore. Roberts cita estimaciones según las cuales entre US$7,6 y US$36 billones de riqueza financiera no tributada se encontraban depositados offshore hacia 2015, con un crecimiento anual estimado de entre US$200.000 y US$850.000 millones. La magnitud resulta especialmente significativa cuando se la compara con los aproximadamente US$153.000 millones de asistencia oficial al desarrollo de los países de la OCDE.

El mecanismo tiene una dimensión de clase evidente: la evasión y elusión fiscal internacional permite que una fracción extraordinariamente concentrada de la riqueza escape de los sistemas tributarios nacionales. Roberts señala que aproximadamente la mitad de la riqueza ubicada en paraísos fiscales pertenecería al 0,01% más rico, mientras que cerca del 77% estaría en manos del 0,1%.

Así, el imperialismo contemporáneo no opera solamente mediante comercio desigual o dominación política directa. También lo hace mediante flujos financieros, estructuras corporativas offshore, deuda, propiedad transnacional y apropiación fiscalmente privilegiada del excedente.

Roberts polemiza además con una parte de la literatura heterodoxa que interpreta la financiarización como una transformación cualitativa del capitalismo, en la que las ganancias financieras habrían adquirido autonomía respecto de la explotación del trabajo.

Su argumento marxista es diferente: el capital ficticio no constituye una fuente independiente de valor. Es, fundamentalmente, una apuesta sobre la futura extracción de plusvalor. Las ganancias financieras pueden redistribuir el excedente producido en la esfera productiva, pero no crean valor autónomamente.

Esta distinción es fundamental. Para Roberts, hablar de capital ficticio no significa hablar de un capital "virtual" desligado de la producción. El capital financiero sigue conectado, aunque indirectamente y mediante múltiples mediaciones, con la capacidad futura del sistema para generar plusvalor.

El aporte más potente del artículo puede sintetizarse así: la desigualdad internacional no es simplemente el resultado de que algunos países sean más productivos que otros; es también una relación estructural mediante la cual el excedente producido en la periferia es apropiado, transferido o capturado por el capital concentrado en el centro.

Desde esta perspectiva, la financiarización no reemplaza al capitalismo productivo sino que constituye una de sus formas de valorización y redistribución del excedente. Y los paraísos fiscales funcionan como una infraestructura fundamental para esa concentración.

Esto permite establecer una conexión particularmente relevante con América Latina y Argentina: la fuga de capitales, la deuda externa, la extranjerización de activos estratégicos y la transferencia de excedentes hacia centros financieros internacionales pueden ser analizadas no como fenómenos aislados, sino como componentes de una misma estructura de subordinación periférica.

La cuestión decisiva, entonces, no es simplemente cuánto crece una economía periférica, sino quién se apropia del excedente que produce y dónde termina ese excedente. Esa es, en última instancia, la pregunta de clase que atraviesa todo el texto de Roberts.

Una precisión importante: las proyecciones de Roberts sobre China y la persistencia de la brecha Norte-Sur son hipótesis analíticas, no hechos establecidos. Su valor reside en el marco teórico y empírico que propone para explicar la reproducción de las desigualdades globales

Todo sigue igual de bien, no me puedo quejar

El informe permite ir más allá de la discusión contable sobre “déficit versus superávit”. Lo que aparece es una recomposición de las prioridades del Estado.

El ajuste no consiste simplemente en que el Estado gaste menos: gasta menos en determinadas funciones y preserva o incrementa otras. La reducción particularmente intensa de educación, ciencia, infraestructura, políticas alimentarias, desarrollo productivo y asistencia a provincias y municipios supone una transferencia de recursos desde funciones de reproducción social y desarrollo económico hacia el sostenimiento del equilibrio fiscal, los servicios de la deuda y determinados aparatos estratégicos del Estado.

El dato de +33% real en Inteligencia, colocado junto al desplome de políticas sociales y educativas, resulta políticamente significativo.

En términos de estructura social, puede sintetizarse así: el Estado reduce su intervención allí donde ésta funciona como mecanismo de compensación de las desigualdades sociales, mientras conserva una fuerte capacidad de intervención en áreas vinculadas con la deuda, el control y la seguridad.

Esto permite caracterizar el programa fiscal del gobierno de Milei no solamente como un programa de reducción del gasto, sino como una reorientación clasista del gasto público.

Hay además una diferencia metodológica importante: la Oficina de Presupuesto del Congreso, utilizando otra base y otra comparación interanual, informa para los primeros siete meses de 2026 una caída real del gasto de la Administración Nacional mucho menor, del 0,8% interanual. Esto no invalida el diagnóstico del CEPA: significa que la comparación elegida —2026 contra 2023— es decisiva para medir la magnitud del ajuste acumulado durante el ciclo de gobierno de Milei.

La conclusión política es, entonces, más fuerte que el simple dato del superávit: el equilibrio fiscal se está construyendo mediante una profunda modificación de la composición del gasto público. El interrogante central deja de ser cuánto gasta el Estado y pasa a ser quién pierde, quién conserva y quién gana con esa redistribución de los recursos públicos.

Zuckerberg y la disputa por el poder en la era de la inteligencia artificial

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.

Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.

Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.

El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.

Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.

En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.

Cuba: seis décadas de bloqueo y una decadencia inducida

La crisis que atraviesa Cuba no puede comprenderse al margen de un dato histórico decisivo: la Revolución cubana lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Desde 1962, Washington convirtió el aislamiento de la isla en una política de Estado destinada a limitar su capacidad de comercio, inversión, financiamiento y acceso a bienes estratégicos. No se trata, por lo tanto, de un episodio coyuntural ni de una sanción puntual, sino de una estructura permanente de coerción económica que ha condicionado durante generaciones el funcionamiento de la economía cubana.

El bloqueo constituye el marco estructural de la decadencia económica cubana. Una economía pequeña, insular y altamente dependiente del comercio exterior enfrenta costos extraordinarios cuando se le restringe el acceso a mercados, créditos, tecnologías, insumos y fuentes de financiamiento. A ello se agrega el carácter extraterritorial de buena parte de las sanciones estadounidenses, que presiona sobre empresas y entidades de terceros países que pretenden comerciar o financiar operaciones con Cuba. La consecuencia es un encarecimiento sistemático de las transacciones y una reducción de las posibilidades de acumulación e inversión.

La cuestión energética expresa con particular claridad esta dependencia. La disponibilidad de combustible resulta indispensable para sostener la generación eléctrica, el transporte y la producción. Cuando se restringen las fuentes externas de abastecimiento, el deterioro energético se transforma rápidamente en deterioro productivo: menos electricidad significa menos producción; menos combustible significa menos transporte; menos producción significa menos exportaciones y menos divisas; y la falta de divisas vuelve todavía más difícil importar combustible, alimentos, medicamentos y bienes de capital. Se configura así un círculo de reproducción de la escasez.

Desde esta perspectiva, las actuales penurias cubanas no deberían interpretarse simplemente como la consecuencia de una supuesta incapacidad de la economía socialista para funcionar. Existe, indudablemente, una dimensión interna de la crisis: baja productividad, dificultades de gestión, envejecimiento demográfico, emigración, pérdida de fuerza de trabajo y problemas derivados de las reformas económicas. Pero colocar exclusivamente allí la explicación significa eliminar de la ecuación seis décadas de presión económica externa.

El dato político fundamental es que el bloqueo no opera solamente sobre el Estado cubano: su efecto final se descarga sobre las condiciones materiales de vida de las clases populares. Las dificultades para obtener alimentos, medicamentos, transporte, electricidad y bienes de consumo no constituyen abstracciones macroeconómicas. Son la forma concreta en que una política internacional de coerción termina impactando sobre la reproducción cotidiana de la población.

Aquí aparece una paradoja histórica. Estados Unidos sostiene que el deterioro económico cubano demuestra el fracaso del sistema político de la isla; pero al mismo tiempo mantiene una política diseñada precisamente para dificultar las condiciones materiales necesarias para el funcionamiento de ese sistema. El bloqueo, en consecuencia, no es simplemente un contexto externo de la crisis: es uno de los mecanismos mediante los cuales la crisis es producida y reproducida.

Esto no implica negar las responsabilidades del gobierno cubano. Una lectura de clase exige evitar tanto la explicación liberal —“todo es culpa del socialismo”— como una explicación exculpatoria que atribuya cada dificultad exclusivamente al imperialismo. Cuba enfrenta contradicciones internas reales y profundas, y algunas de sus políticas económicas han contribuido a reducir productividad, inversión y capacidad de respuesta. Pero esas contradicciones se desarrollan dentro de una estructura internacional excepcionalmente adversa.

Por eso, la apertura económica que está impulsando La Habana debe interpretarse también desde esta perspectiva. La incorporación creciente de capital privado y de mecanismos de mercado no necesariamente expresa una conversión ideológica al capitalismo, sino la búsqueda de mecanismos de supervivencia y acumulación en una economía sometida a una presión externa prolongada. La pregunta de fondo será quién captura los beneficios de esa apertura y quién soporta sus costos.

Después de más de sesenta años, el bloqueo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una verdadera estructura histórica de la economía cubana. Su duración permite observar algo que suele quedar oculto en los debates ideológicos: las sociedades no se desarrollan en el vacío. Las posibilidades de acumulación, productividad y bienestar dependen también de las relaciones de poder internacionales.

La decadencia cubana, entonces, debe ser comprendida como el resultado de una combinación entre contradicciones internas y una presión imperial externa sostenida durante seis décadas, donde el bloqueo ocupa un lugar central. Negar las primeras conduce a una lectura apologética; ignorar la segunda conduce a una lectura profundamente incompleta.

El problema no es solamente por qué Cuba tiene hoy dificultades para producir y distribuir bienes. La pregunta histórica más relevante es qué habría ocurrido con la economía cubana durante estos sesenta años sin el bloqueo estadounidense. Esa comparación contrafáctica es imposible de realizar empíricamente, pero su ausencia no permite borrar el hecho histórico: durante más de seis décadas, Cuba ha debido desarrollar su economía bajo una política de coerción internacional excepcionalmente prolongada.

En ese sentido, las “penurias de Cuba” no pueden separarse de la historia del bloqueo. La escasez actual es también el resultado acumulado de seis décadas de asedio económico, sobre el cual se superponen las limitaciones, errores y contradicciones del propio modelo cubano.

Museo de novedades: «Se viene la lucha armada»

La disputa por la bandera argentina aparece, según el análisis de Diego Genoud en El Destape, como un fenómeno político que excede la simbología patriótica y comienza a expresar un creciente malestar social con el gobierno de Javier Milei. El episodio de los jugadores de la Selección mostrando la bandera argentina en el Mundial habría funcionado como catalizador de un sentimiento nacional que venía acumulándose y que ahora empieza a traducirse en movilización política.

El artículo vincula ese fenómeno con la reciente derrota parlamentaria del oficialismo en torno a la Ley de Manejo del Fuego y la venta de tierras rurales a extranjeros. La presión social surgida desde las provincias afectadas logró modificar posiciones de gobernadores que inicialmente acompañaban al Gobierno y dejó al oficialismo sin los votos necesarios. Para Genoud, lo significativo no es solamente el fracaso de una iniciativa legislativa, sino que la movilización social comenzó a imponer límites concretos a la estrategia gubernamental.

En este proceso, la bandera adquiere una dimensión política. El sentimiento nacional se estaría desplazando desde el terreno simbólico hacia la acción colectiva, en particular frente a políticas percibidas como contrarias a intereses nacionales. El artículo relaciona esta reacción con la política exterior de Milei, sus estrechos vínculos con Estados Unidos y la discusión sobre los recursos estratégicos argentinos, particularmente las tierras, la energía y el Atlántico Sur.

Genoud sostiene además que el Gobierno enfrenta un deterioro de su capacidad de comunicación política. Un informe citado en la nota señala que el impacto de las publicaciones de Milei en redes sociales cayó un 62% respecto del comienzo de su gestión, mientras crece un clima de conversación menos favorable al oficialismo. La pérdida de centralidad comunicacional resulta especialmente relevante para un gobierno cuya construcción política se apoyó fuertemente en las redes y en la comunicación directa del Presidente.

El artículo también describe una creciente fragmentación dentro del oficialismo y dificultades para coordinar la relación con los gobernadores. La derrota legislativa sería, en ese sentido, el resultado de una combinación entre presión social, cambios de posición de dirigentes provinciales y dificultades internas de la Casa Rosada para anticipar el comportamiento de sus propios aliados.

El planteo central de la nota es que la principal amenaza para Milei no reside necesariamente en perder una votación parlamentaria, sino en que se consolide una interpretación social del Gobierno como representante de intereses externos en conflicto con los intereses nacionales. En esa lectura, la bandera funciona como un significante capaz de articular demandas diversas: defensa de los recursos naturales, soberanía territorial, rechazo a la extranjerización de la tierra y cuestionamiento a una política exterior percibida como excesivamente subordinada a Washington.

El conflicto alrededor de la bandera, por lo tanto, adquiere una dimensión política mayor: expresa la posibilidad de que una demanda nacional-popular, nacida fuera de los canales tradicionales de representación, se transforme en un factor capaz de modificar la correlación de fuerzas. La calle aparece así como un espacio donde pueden recomponerse identidades políticas que las estructuras partidarias todavía no logran representar plenamente. En la apertura y cierre" tras "La campaña antiargentina", ahora"Se viene la lucha armada", y ya no importa cuando veas esto.

Japón y Argentina: dos economías atrapadas por los límites de la política económica

Japón vuelve a enfrentar una paradoja que parecía haber dejado atrás: después de décadas de deflación y estancamiento, ahora debe lidiar con inflación sin haber recuperado un crecimiento vigoroso. En su reciente análisis, el economista marxista Michael Roberts sostiene que la tercera economía mundial quedó atrapada entre inflación y estancamiento, luego de años de expansión monetaria, tasas de interés ultrabajas y estímulo fiscal.

El cambio es significativo. Japón había construido durante décadas un régimen caracterizado por inflación extremadamente baja, salarios contenidos y una política monetaria expansiva destinada a estimular el consumo y la inversión. Sin embargo, la depreciación del yen y el aumento de los costos de importación modificaron el escenario. La inflación comenzó a trasladarse a los hogares mientras el crecimiento continuó siendo débil. El Banco de Japón enfrenta así un dilema clásico: si aumenta las tasas para contener los precios, puede profundizar el estancamiento; si mantiene una política monetaria expansiva, corre el riesgo de prolongar la pérdida del poder adquisitivo.

Los datos recientes muestran esa tensión. Aunque la inflación se ha moderado, el Banco de Japón reconoce que la depreciación del yen amplificó los shocks externos y que el vínculo entre precios y salarios está adquiriendo mayor persistencia. El FMI, por su parte, señala que los salarios nominales japoneses crecen, pero los salarios reales continúan bajo presión porque los precios avanzan más rápidamente.

El problema de fondo señalado por Roberts no es solamente monetario. La dificultad central es la insuficiencia de la acumulación privada. El Estado puede sostener la demanda mediante déficit y el Banco Central puede abaratar el crédito, pero ninguna de esas políticas garantiza que el capital privado encuentre condiciones suficientes de rentabilidad para ampliar la inversión productiva. De allí surge una contradicción decisiva: pueden coexistir beneficios empresariales elevados, abundante liquidez y una economía con escaso dinamismo.

La comparación con Argentina

La experiencia japonesa resulta particularmente interesante para Argentina, aunque ambas economías se encuentran en posiciones estructurales muy diferentes.

Japón llega a esta situación desde el centro del capitalismo mundial: posee una enorme base industrial, alta productividad, grandes activos financieros y una elevada capacidad de ahorro interno. Argentina, en cambio, es una economía periférica y dependiente, condicionada por la restricción externa, la escasez de divisas y una estructura productiva con fuerte peso de las actividades primarias y extractivas.

Sin embargo, existe una semejanza fundamental: en ambos casos aparece el límite de creer que una determinada política monetaria puede resolver por sí misma los problemas de la acumulación capitalista.

El programa de Javier Milei parte de una hipótesis casi inversa a la japonesa. Mientras Japón intentó durante años estimular la economía mediante dinero barato y gasto público, Argentina busca disciplinar la inflación mediante ajuste fiscal, tasas reales elevadas, restricción monetaria y un tipo de cambio que el Gobierno procura mantener relativamente estable. La expectativa oficial es que la estabilización genere confianza, reduzca el riesgo y finalmente desencadene inversión privada.

Pero el caso japonés permite introducir una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la rentabilidad financiera o empresarial no se transforma en inversión productiva suficiente?

En Argentina, la mejora de determinados indicadores financieros puede coexistir con una demanda interna debilitada por la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones, el aumento del endeudamiento de los hogares y la contracción del gasto público. El problema no es solamente cuánto gana una empresa, sino qué hace con esa ganancia: si amplía capacidad productiva, incorpora tecnología y empleo, o si privilegia posiciones financieras, recomposición patrimonial, distribución de dividendos o actividades de rentabilidad rápida.

Desde esta perspectiva, Japón ofrece una advertencia que trasciende las diferencias entre ambas economías. El ajuste sobre los trabajadores puede mejorar determinados indicadores de costos, pero no garantiza por sí mismo un ciclo expansivo. Para que exista acumulación sostenida debe existir inversión productiva y, en última instancia, una expectativa de realización de esas mercancías en el mercado.

La cuestión distributiva resulta entonces central. En Japón, el desafío consiste en conseguir que los aumentos nominales de salarios superen de manera sostenida la inflación para recuperar el consumo. El propio Banco de Japón considera que la estabilidad depende de que salarios y precios entren en un ciclo ascendente relativamente equilibrado.

En Argentina ocurre algo diferente pero relacionado: la estrategia antiinflacionaria se apoya fuertemente en la contención del salario y de la demanda. La estabilidad de precios puede mejorar mientras se deterioran las condiciones materiales de amplios sectores sociales. El resultado puede ser una desinflación acompañada de contracción económica, en lugar de una expansión basada en mayores ingresos populares.

La comparación permite, por lo tanto, escapar de una falsa dicotomía entre Estado y mercado. Japón demuestra que el Estado puede sostener durante mucho tiempo la demanda sin resolver el problema de la acumulación; Argentina muestra que el ajuste puede mejorar las variables financieras sin garantizar una expansión de la inversión productiva.

La pregunta decisiva no es simplemente si baja o sube la inflación, ni si el Estado tiene déficit o superávit. La cuestión es quién absorbe el costo del ajuste, quién captura las ganancias de la estabilización y si esas ganancias se convierten efectivamente en inversión, empleo y expansión de la capacidad productiva.

Japón constituye así una advertencia para Argentina: la estabilidad macroeconómica no equivale automáticamente a desarrollo, del mismo modo que la rentabilidad empresarial no equivale necesariamente a acumulación productiva. Cuando ambas dimensiones se separan, una economía puede alcanzar estabilidad financiera y, simultáneamente, profundizar el estancamiento y la desigualdad.

La paradoja japonesa y la experiencia argentina convergen finalmente en una cuestión más profunda: el capitalismo puede modificar sus instrumentos de política económica, pero no puede eliminar mediante tasas de interés, emisión, ajuste fiscal o devaluación la contradicción fundamental entre rentabilidad privada y reproducción social.

Se está produciendo un genocidio

El artículo de Nueva Sociedad aborda una de las contradicciones más complejas del debate político contemporáneo: la convivencia entre discursos que reivindican una defensa incondicional de Israel y, al mismo tiempo, reproducen prejuicios históricos contra los judíos. La tesis central apunta a desmontar una identificación que resulta políticamente funcional pero conceptualmente problemática: judíos, sionismo e Israel no son sinónimos.

El antisemitismo es una forma histórica de discriminación contra los judíos y posee una trayectoria que precede ampliamente a la creación del Estado de Israel. Por eso, combatirlo no debería depender de una adhesión a las políticas de ningún gobierno israelí. Del mismo modo, cuestionar al Estado de Israel, al sionismo o a las decisiones de sus gobiernos no implica automáticamente una posición antisemita.

La paradoja señalada por el artículo adquiere especial relevancia en determinados sectores de la derecha internacional. En ellos puede aparecer una defensa enfática de Israel combinada con concepciones profundamente negativas sobre los judíos, especialmente cuando estos son representados mediante estereotipos asociados al poder financiero, las elites cosmopolitas o supuestas conspiraciones. Se produce así una separación entre un supuesto “judío aceptable”, identificado con Israel y el nacionalismo sionista, y aquellos judíos que cuestionan esa identificación.

El problema político reside precisamente en esa operación: convertir a Israel en representante exclusivo de todos los judíos y, simultáneamente, presentar a los judíos que no se identifican con el Estado israelí como una anomalía. La consecuencia es borrar la diversidad política, social e ideológica existente dentro de las comunidades judías.

La cuestión también puede analizarse desde una perspectiva de clase. Ni los judíos ni los israelíes constituyen bloques sociales homogéneos. Existen trabajadores, empresarios, sectores populares, elites económicas, movimientos de izquierda, nacionalistas religiosos, pacifistas y organizaciones judías críticas del sionismo. Reducir esa diversidad a una única identidad estatal impide comprender las contradicciones sociales que atraviesan tanto a Israel como a las comunidades judías de otros países.

El artículo permite, en consecuencia, distinguir dos cuestiones que con frecuencia son deliberadamente confundidas: la defensa de los judíos frente al antisemitismo y la defensa de las políticas del Estado de Israel. Son problemas diferentes. La primera constituye una lucha contra una forma histórica de racismo; la segunda pertenece al terreno de la discusión política sobre un Estado concreto, sus gobiernos, sus instituciones y sus relaciones con el pueblo palestino.

La conclusión es políticamente incómoda pero necesaria: se puede combatir el antisemitismo y, al mismo tiempo, cuestionar las políticas del Estado de Israel; del mismo modo, se puede defender los derechos del pueblo palestino sin convertir esa defensa en hostilidad hacia los judíos. Separar estas dimensiones resulta imprescindible para evitar que la memoria histórica del antisemitismo sea utilizada como instrumento de legitimación política y, al mismo tiempo, para impedir que la crítica a Israel sea utilizada como cobertura para reproducir prejuicios antijudíos. En la apertura Jeffrey Sachs analiza la política israelí y los indicios de una posible caída política. Afirma que el país del norte se está quedando sin tiempo. Jeffrey Sachs evalúa el clima geopolítico actual y las presiones internas que enfrenta el liderazgo. Este análisis está diseñado para quienes buscan una comprensión más profunda de la retórica en torno a los acontecimientos recientes y sus implicaciones para las relaciones internacionales a largo plazo. Al examinar el lenguaje específico y los cambios estratégicos mencionados, se tendrá una perspectiva más clara sobre cómo los observadores externos interpretan el actual conflicto en Oriente Medio.

El evento

Detrás del repliegue oficialista con la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, se encuentra una secuencia política más profunda.

En política, las correlaciones de fuerzas suelen presentarse como realidades estáticas. Se las mide a través de elecciones, encuestas, bancadas parlamentarias, capacidad de movilización, recursos económicos o control institucional. Sin embargo, la historia política demuestra que ninguna correlación de fuerzas permanece definitivamente congelada. A veces, un acontecimiento inesperado puede alterar en poco tiempo aquello que parecía firmemente establecido.

El acontecimiento o evento no debe confundirse con cualquier hecho de coyuntura. Se trata de una irrupción capaz de modificar la percepción que los actores tienen de sus propias posibilidades. Una sociedad puede atravesar durante meses o años un proceso de malestar, fragmentación y descontento sin que ello se traduzca automáticamente en acción política. Pero basta en ocasiones un hecho aparentemente menor para que esas demandas dispersas encuentren un punto de condensación.

Allí comienza a cambiar la política.

La importancia del acontecimiento reside precisamente en que no puede explicarse solamente por las estructuras institucionales existentes. Aparece en un terreno preparado por contradicciones sociales previamente acumuladas, pero introduce algo que no estaba previsto en el cálculo de los actores dominantes. Lo que hasta entonces parecía imposible comienza a aparecer como posible.

Por eso, la correlación de fuerzas no se modifica únicamente dentro del Parlamento ni mediante una elección. También puede comenzar a cambiar en la calle, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los territorios y en aquellos espacios de la sociedad donde se construye sentido común.

La experiencia reciente ofrece ejemplos significativos. Un símbolo, una consigna o una protesta que inicialmente parece circunscripta a un grupo reducido puede convertirse en expresión de un malestar más amplio. La bandera “Las Malvinas son Argentinas”, por ejemplo, excedió rápidamente el carácter deportivo o patriótico de su aparición para convertirse en un punto de condensación de una discusión mucho más profunda sobre soberanía, recursos naturales y relación con el capital extranjero.

Lo decisivo no es entonces el tamaño inicial del hecho, sino su capacidad de producir identificación y organización. Un acontecimiento puede funcionar como una chispa sobre una superficie social que ya acumula materiales inflamables.

Esta dinámica permite comprender por qué los gobiernos pueden conservar una mayoría institucional y, al mismo tiempo, comenzar a perder capacidad política. La autoridad formal puede mantenerse mientras se erosiona la legitimidad social. Y cuando esa distancia entre poder institucional y consenso social se amplía, un acontecimiento puede acelerar la transformación de la escena.

En este punto aparece una cuestión central: la política no consiste solamente en administrar una correlación de fuerzas existente, sino en disputar permanentemente su modificación.

Desde una perspectiva cercana a la reflexión de Alain Badiou, el acontecimiento introduce una ruptura con el orden de lo previsible. No crea desde cero una nueva realidad: hace visible una posibilidad que permanecía oculta dentro de la situación. Después del acontecimiento comienza una disputa por su significado y, fundamentalmente, por su capacidad de prolongarse en una secuencia política.

Ese es el momento decisivo. Un acontecimiento puede ser neutralizado, absorbido o convertido en una anécdota. Pero también puede convertirse en el punto de partida de una nueva articulación social y política.

La historia argentina está llena de estos momentos. El Cordobazo, las jornadas de diciembre de 2001 o determinadas movilizaciones populares que modificaron decisiones gubernamentales muestran que la política real no siempre comienza en los lugares donde las instituciones esperan encontrarla.

Por eso, analizar una coyuntura exclusivamente a través de encuestas, elecciones o relaciones parlamentarias puede conducir a una lectura equivocada. Esos instrumentos permiten observar una parte de la correlación de fuerzas, pero no necesariamente aquello que está comenzando a transformarla.

La cuestión estratégica consiste, entonces, en identificar esos puntos de ruptura: allí donde una demanda particular deja de ser solamente particular, donde un símbolo comienza a expresar un conflicto general y donde sectores sociales hasta entonces dispersos descubren que pueden actuar colectivamente.

Cuando eso ocurre, la correlación de fuerzas deja de ser una fotografía y vuelve a convertirse en un proceso.

Y es precisamente allí donde comienza la política.

Hacia un nuevo orden global – ¿El ejército estadounidense se desmorona y la economía colapsa? –

Antes de que la Guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China dominaran la agenda internacional, ya estaba en marcha una transformación mucho más profunda: la crisis de la hegemonía occidental y la emergencia de un orden mundial policéntrico. En este escenario, las guerras, las sanciones económicas, la competencia por los corredores marítimos y el control de los recursos estratégicos dejan de ser episodios aislados para convertirse en manifestaciones de una misma disputa por la reorganización del poder global. El artículo de Rubén Darío Guzzetti propone interpretar esa transición histórica desde una perspectiva crítica del capitalismo contemporáneo, situando el declive relativo de Estados Unidos, el ascenso de China y la resistencia de los países emergentes como expresiones de una nueva correlación de fuerzas internacional. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre las implicancias de este cambio para América Latina y, en particular, para la Argentina, cuyo papel estratégico en el Atlántico Sur, la Antártida y la provisión de recursos naturales la convierte en un territorio central de la disputa geopolítica del siglo XXI. En conjunto, el artículo constituye una interpretación coherente de la coyuntura geopolítica contemporánea desde una perspectiva crítica del orden occidental. Su mayor fortaleza reside en vincular conflictos aparentemente dispersos dentro de una misma transición histórica hacia un orden multipolar. Su principal limitación es que privilegia la confrontación entre Estados y bloques geopolíticos, relegando el análisis de las relaciones de clase y de las contradicciones internas de las potencias emergentes, cuestiones indispensables para una comprensión más completa del capitalismo contemporáneo. En la apertura Glenn Diesen entrevista a Karen Kwiatkowski, libertaria, teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que trabajó cuatro años en el Pentágono. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad James Madison que observa que dado el despliegue militar inapropiado actual, el ejército estadounidense se desmorona y la economía colapsa.

Iforme energético CEPA

La energía vuelve a ocupar el centro de la disputa por el modelo de desarrollo argentino. A veinte años del Plan Nuclear de 2006, el país enfrenta una encrucijada entre planificación estratégica y lógica de mercado: mientras se frenan proyectos de infraestructura, avanzan privatizaciones, se sinceran tarifas y se busca convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora. El informe energético del CEPA plantea que el desafío no es solamente producir más energía, sino decidir quién controla los recursos, quién captura la renta y quién paga los costos. La cuestión energética aparece así como una dimensión central de la soberanía, la estructura productiva y la justicia social.

De Michigan a La Banda: ¿Es posible volver a representar?

Desde una perspectiva comparada, el caso estadounidense comparte elementos con crisis de representación observadas en otras democracias occidentales: partidos tradicionales incapaces de expresar las consecuencias sociales de décadas de financiarización, concentración económica y debilitamiento del trabajo organizado.

La respuesta puede adoptar formas opuestas: derechas populistas que canalizan el malestar contra inmigrantes, minorías o instituciones democráticas, o izquierdas populares que intentan disputar la estructura económica que produce desigualdad.

El-Sayed expresa la segunda alternativa.

La cuestión decisiva será si esta nueva izquierda puede articular una alianza amplia entre trabajadores industriales, jóvenes precarizados, sectores urbanos progresistas y comunidades históricamente excluidas sin quedar limitada a una minoría ideologizada.

En síntesis: la primaria de Michigan no es solamente una elección interna demócrata. Es un síntoma de una crisis más profunda: la disputa por quién representará a las mayorías sociales en la etapa posterior al neoliberalismo estadounidense.

San Cayetano

Cada 7 de agosto, aniversario del fallecimiento de San Cayetano, cientos de miles de argentinos se congregan para pedir pan, trabajo y salud. La devoción al santo de los trabajadores constituye una de las expresiones más profundas de la religiosidad popular argentina, pero también forma parte de una historia política en la que la fe, la organización colectiva y las luchas sociales se entrelazaron. El 7 de noviembre de 1981, la marcha de la CGT Brasil bajo la consigna "Pan, Paz y Trabajo" convirtió al santuario de San Cayetano en el escenario de una de las primeras grandes irrupciones populares contra la última dictadura militar. Aquella jornada no solo desafió al poder represivo: inauguró una nueva subjetividad democrática al demostrar que el miedo podía ser derrotado cuando un pueblo encontraba un símbolo capaz de transformar la esperanza en acción colectiva.

Pancarta

La Ley de Tierras: cuando un acontecimiento modifica la correlación de fuerzas. La decisión del Gobierno de retirar el capítulo que habilitaba la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros fue presentada como una concesión parlamentaria. Sin embargo, detrás del repliegue oficialista se encuentra una secuencia política más profunda: un acontecimiento inesperado que desplazó el debate hacia la soberanía nacional, activó una resistencia social por fuera de los canales institucionales y terminó modificando la correlación de fuerzas. A la luz de las reflexiones de Alain Badiou sobre el acontecimiento y de Antonio Gramsci sobre la construcción de la hegemonía, la marcha atrás del oficialismo revela que las grandes derrotas políticas suelen comenzar mucho antes de llegar al recinto legislativo y ser reconocidas por la mayoría de la representación política tradicional.