
La desmanicomialización no consiste simplemente en cerrar manicomios. Consiste en construir las condiciones materiales para que nadie quede condenado al encierro por su padecimiento ni abandonado por su pobreza.
La pregunta decisiva no es solamente cómo tratar la locura, sino qué sociedad produce sufrimiento, cómo distribuye el cuidado y qué intereses se benefician cuando el Estado renuncia a garantizarlo.

Argentina enfrenta una crisis de salud pública que no puede explicarse únicamente desde la psicología individual. La precarización laboral, el endeudamiento, la pérdida de expectativas y el debilitamiento de las redes de protección obligan a interrogar las condiciones sociales en las que se produce el sufrimiento. No se trata de convertir cada suicidio en una consecuencia directa de la economía, sino de entender por qué una sociedad deja a tantas personas sin herramientas para afrontar sus crisis. Ciertamente el dolor es una experiencia personal, pero nunca ocurre fuera de la sociedad. Reconocerlo no significa negar la singularidad de cada historia: significa asumir que la prevención del suicidio necesita tanto atención clínica como políticas públicas, vínculos comunitarios y condiciones de vida que hagan posible imaginar un futuro.
Porque cuando el sufrimiento se convierte exclusivamente en culpa individual, la sociedad se desentiende de sus propias responsabilidades. Y cuando se lo reconoce como un problema común, la prevención deja de ser una exhortación moral y se convierte en una obligación colectiva.

Nicos Poulantzas desarrolló una interpretación muy original del fascismo, considerándolo un potencial latente en todos los estados capitalistas en situaciones de crisis. Su obra puede ayudarnos a comprender el peligro que representa el autoritarismo de derecha en la actualidad.
Apertura y cierre: Video continuado de las protestas y represión en Francia e Italia

En Nicaragua ya los grandes medios intentan convertir a un delincuente que funge de opositor en héroe democrático
El artículo de The Grayzone, publicado el 14 de octubre de 2026 por John Perry y Becca Renk Foster, cuestiona la cobertura de los grandes medios estadounidenses sobre Jeffrey Isaac Jarquin, un nicaragüense deportado desde Estados Unidos que fue encarcelado al llegar a Managua.
La tesis central es que la prensa hegemónica lo presentó como víctima de persecución política sin examinar suficientemente sus antecedentes penales ni su participación en los violentos sucesos de 2018, o sea, lo habitual en estos casos.

La expansión de los asentamientos en Cisjordania no se sostiene solamente con convicciones religiosas o nacionalistas: también requiere recursos estatales, redes de financiamiento privado y mecanismos de coerción que convierten la vulnerabilidad social en un instrumento de desposesión territorial.
En su investigación para Jacobin, E. A. Halevi describe cómo organizaciones vinculadas al movimiento colonizador israelí incorporan a jóvenes excluidos del sistema educativo y familiar, los instalan en puestos agrícolas y los integran a redes que hostigan a las comunidades palestinas. Lo que se presenta como rehabilitación social y formación laboral puede funcionar, en la práctica, como una vía de reclutamiento para la expansión territorial.
El artículo identifica una trama material concreta. Según sus datos, la organización Shivat Tzion recibió más de 17 millones de séqueles en 2024, incluidos más de cuatro millones de fondos estatales israelíes. Otras entidades, como Artzenu, promueven la presencia de jóvenes en explotaciones agrícolas y puestos situados en asentamientos y puestos avanzados ilegales. La investigación también documenta aportes de organizaciones financiadas desde Estados Unidos.
La cuestión de clase aparece aquí en toda su dimensión: jóvenes socialmente vulnerables son incorporados a un proyecto político que les ofrece pertenencia, formación y una función territorial, mientras las comunidades palestinas pierden acceso a tierras de cultivo, pastoreo y agua. La desigualdad no es un elemento exterior al conflicto: interviene en la distribución de sus costos y beneficios.
El fenómeno tampoco puede reducirse a grupos marginales que actúan por cuenta propia. La investigación describe conexiones con organismos públicos, dirigentes colonos y estructuras de financiamiento. A su vez, la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en enero de 2026 que la violencia de los colonos, con apoyo y participación de fuerzas de seguridad israelíes en distintos casos, impulsa el desplazamiento forzado de palestinos.
El resultado es una forma de expansión territorial en la que la ocupación militar, la colonización de tierras y la violencia cotidiana se refuerzan mutuamente. La pregunta decisiva no es solamente por qué algunos jóvenes participan en estos ataques, sino qué instituciones los financian, qué proyecto territorial los organiza y qué mecanismos permiten que la desposesión continúe.
Cuando la exclusión social de una parte de la juventud se transforma en un recurso para desplazar a otra población, la supuesta rehabilitación deja de ser una política social neutral. Se convierte en una pieza de una estructura de colonización cuyos costos recaen sobre los palestinos y cuyos principales beneficiarios son quienes consolidan el control territorial.

La crisis del costo de vida en Europa no es solamente un problema de inflación, sino una disputa por la distribución social de sus costos y por la orientación política del continente. Para sostenerla periodísticamente, conviene vincular las protestas con conflictos laborales concretos, las políticas de ajuste y las consecuencias de la crisis energética, distinguiendo los hechos documentados de las interpretaciones políticas.
A continuación, una versión ampliada con título, copete, casos nacionales y una lectura crítica de clase. La información está situada al 19 de octubre de 2026; las convocatorias futuras se presentan como tales y no como hechos consumados.
Tengan en cuenta que las protestas mencionadas no constituyen un movimiento homogéneo ni responden exclusivamente a la energía. Las demandas educativas, salariales, habitacionales y presupuestarias tienen dinámicas propias, aunque convergen en el deterioro de las condiciones de vida.

Una semana más, una semana menos en Argentina. El presidente Javier Milei viajó a Estados Unidos para hablar bien de Israel y en contra del Socialismo; el Gobierno libertario restituyó la vigencia de la Ley de Tierras y desarticuló la sesión opositora en el Congreso para voltear el DNU 70/23; se desarrolló la Quinta Marcha Federal Universitaria pero terminó con represión; algunos periodistas le echaban la culpa a los manifestantes diciendo que eran terroristas y que querían hacer un Golpe de Estado, pero otros criticaban el operativo de la Policía; en la marcha detuvieron a 31 personas pero las tuvieron que dejar libres porque ningunohabía participado de los desmanes; sigue la interna peronista con Kicillof contra Cristina Kirchner; el abogado de Cristina dijo que si la ONU falla a su favor espera que la Justicia Argentina acate y confirmó que la ex presidenta puede presentarse en las PASO; Milei demintió que esté por despedir al ministro de Economía Luis 'Toto' Caputo y la inflación volvió a subir en septiembre, pero en el Gobierno igual salieron a festejar.
Los protagonistas de la semana fueron Javier Milei, Luis Caputo, la Marcha Federal Universitaria, Lilia Lemoine, la represión, los manifestantes/terroristas, la inflación, Cristina Kirchner y sus abogados, Axel Kicillof, Videla, Feinmann y muchos más.

El concepto de «capital paciente», analizado por Siyuan Liu en Monthly Review, apunta a una contradicción central del capitalismo: la producción necesita tiempo, pero las finanzas exigen beneficios rápidos. Desarrollar semiconductores, investigar medicamentos, construir redes eléctricas o transformar la matriz energética requiere inversiones de largo plazo que la especulación privada no siempre está dispuesta a sostener.
La experiencia china propone otra relación entre inversión y desarrollo. La propiedad pública, la planificación estratégica y los fondos estatales pueden orientar recursos hacia objetivos productivos que exceden el rendimiento financiero inmediato. La cuestión no es convencer a los capitalistas de que tengan paciencia, sino construir instituciones capaces de subordinar las finanzas a prioridades colectivas.
Pero la perspectiva marxista exige ir más allá de la eficiencia económica. Quién controla la inversión, quién decide qué producir y quién se apropia de los resultados son preguntas tan importantes como cuánto se produce. El financiamiento público de una innovación pierde su potencial emancipador si los riesgos recaen sobre la sociedad y las ganancias terminan concentradas en empresas privadas.
Por eso, el capital paciente no es sinónimo automático de socialismo. Un horizonte de inversión más largo no elimina la explotación laboral, los conflictos distributivos ni la subordinación de la naturaleza a la acumulación. Su carácter transformador depende de que la riqueza generada fortalezca a los trabajadores y satisfaga necesidades sociales, en lugar de reproducir privilegios.
La lección para América Latina es relevante. Frente a economías dependientes de las exportaciones primarias, la fuga de capitales y la valorización financiera, la planificación de largo plazo podría contribuir a diversificar la producción, desarrollar capacidades tecnológicas y ampliar la soberanía económica. Pero eso requiere capacidad estatal, control democrático y una disputa efectiva por la distribución del excedente.
La pregunta decisiva, entonces, no es si el capital puede esperar, sino quién tiene el poder de hacerlo esperar y para beneficio de quién.
La sociedad debe invertir tiempo en el conocimiento, la infraestructura y el desarrollo humano. No debe resignarse a esperar frente a la pobreza, la explotación y los monopolios. El capital debe aprender a esperar; los pueblos ya han esperado demasiado.

Perón no inventó a la clase trabajadora ni le regaló sus derechos. Su liderazgo fue posible porque los trabajadores irrumpieron como fuerza social y política, desafiando los privilegios de las clases dominantes.
La infancia de Juan Domingo Perón y su contacto con el mundo rural ayudan a comprender su formación. Pero el nacimiento del peronismo no se explica por la biografía de un hombre, sino por una transformación histórica: la industrialización, las migraciones internas y la emergencia de una clase trabajadora que ya no aceptaba vivir sin derechos ni representación política.
El Estatuto del Peón, el aguinaldo y las vacaciones pagas modificaron las relaciones entre capital y trabajo. No fueron concesiones gratuitas: expresaron una nueva correlación de fuerzas, en la que los trabajadores conquistaron derechos y obligaron al Estado a intervenir en un orden social organizado alrededor de los intereses patronales.
Perón fortaleció a los sindicatos y reconoció a los trabajadores como sujetos políticos, mientras procuraba contener el conflicto social dentro de un proyecto de conciliación de clases. Los trabajadores avanzaron en derechos y participación, pero no se abolió el poder económico de los propietarios.
La clave histórica no es lo que Perón concedió, sino lo que los trabajadores conquistaron y la fuerza social que fueron capaces de construir.
Recordar a aquel pibe llamado Perón significa, entonces, reconocer a los hombres y mujeres que con la lealtad como andamiaje estructural, hicieron posible su liderazgo y finalmente comprender que ninguna conquista popular es irreversible cuando cambia la relación de fuerzas.
Porque el peronismo nació cuando los trabajadores dejaron de ser mano de obra subordinada y se convirtieron en protagonistas de la política argentina.

La dificultad de Lula no es solamente electoral. Es la expresión de una contradicción más profunda: un progresismo que consiguió mejoras económicas y sociales, pero que no logró transformar suficientemente las condiciones materiales de vida ni disputar la hegemonía cultural a la derecha.
El crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la pobreza no garantizan por sí solos el apoyo popular. Cuando los salarios se consumen en deudas, alquileres y servicios privados, el empleo deja de ser sinónimo de bienestar. La experiencia cotidiana puede contradecir los indicadores positivos del gobierno.
En ese terreno avanza la extrema derecha. Su eficacia consiste en apropiarse del malestar social, ofrecer explicaciones simples a problemas complejos y presentar como rebeldía un programa económico que beneficia a los sectores concentrados del capital. La meritocracia transforma problemas colectivos en fracasos individuales; el conservadurismo cultural identifica enemigos y desplaza el conflicto desde las relaciones de clase hacia las disputas identitarias.
El problema del progresismo es que, cuando acepta los límites de la austeridad fiscal y la ortodoxia económica, termina administrando restricciones que afectan a sus propias bases sociales. Las mejoras parciales pierden fuerza política si no se traducen en seguridad material, derechos duraderos y expectativas de futuro.
La batalla tampoco se libra únicamente en las urnas. La derecha construye comunidades, referentes y sentidos comunes a través de las redes digitales y de una presencia territorial persistente. No alcanza con exhibir resultados de gestión: es necesario disputar cómo se interpreta la realidad y quiénes son responsables de sus injusticias.
La lección de Lula para América Latina es contundente: cuando la izquierda administra lo posible sin ampliar sus límites, la derecha puede apropiarse del deseo de cambio. La respuesta no es abandonar las reformas sociales ni imitar la agenda conservadora, sino confrontar los intereses económicos que bloquean las transformaciones.
Salarios dignos, servicios públicos de calidad, protección frente al endeudamiento y derechos colectivos deben convertirse en una experiencia concreta de mejora de la vida.
El desafío es transformar el malestar en organización popular y esperanza política. Porque no basta con demostrar que el ajuste perjudica a las mayorías: hay que construir una alternativa capaz de cambiar las condiciones que reproducen ese malestar.
"Lula Lá" (cuyo título original es "Sem medo de ser feliz") es una consigna y un jingle creado para la campaña presidencial de Brasil de 1989, lo sabemos, pero nada la ha superado como visión ni como deseo colectivo. No es casual.

La democracia no siempre se destruye mediante golpes de Estado: también se vacía cuando las corporaciones controlan la circulación de información, las potencias extranjeras condicionan elecciones y los tribunales excluyen dirigentes de la competencia política. De Meta a las presiones de Trump en Honduras, de las controversias electorales en Colombia y Bolivia a la intervención en Venezuela y la proscripción de Cristina Kirchner, seis casos revelan una amenaza común: la voluntad popular subordinada a poderes económicos, judiciales y geopolíticos que nadie eligió. Detrás de estas intervenciones hay intereses materiales concretos y disputas por el control del Estado, los recursos y el rumbo de las sociedades. Defender la democracia exige que ningún poder esté por encima de la soberanía popular. Por eso, Cristina Libre no es solo una consigna política: es una defensa del derecho del pueblo a elegir sin proscripciones.

A falta de estadísticas oficiales del INDEC desglosadas por ingresos, la demografía social en la Argentina demuestra, a través del nivel educativo y la segregación territorial, que la esperanza de vida está fuertemente condicionada por el estrato socioeconómico. Mientras las poblaciones de mayor instrucción y mejor localización urbana superan los 80 años de expectativa, los sectores vulnerables registran hasta siete años menos de longevidad, penalizados por diagnósticos tardíos de enfermedades crónicas, precariedad habitacional y barreras en el acceso a la salud. Al respecto, el dato más contundente del ajuste en salud es el del Plan Remediar con una caída del 72 % del presupuesto real entre 2023 y 2026, junto con la reducción de los tratamientos distribuidos. En todos los planes se redujeron de manera sustancial los recursos nacionales destinados a garantizar su acceso gratuito.

Las grandes corporaciones tecnológicas presentan la inteligencia artificial como innovación neutral, pero sus algoritmos reproducen discriminaciones, concentran riqueza y condicionan el debate público. El problema no es solamente tecnológico: es político y de clase.
La inteligencia artificial no funciona en el vacío. Detrás de cada algoritmo hay empresas, intereses económicos y decisiones sobre qué información circula, qué conductas se premian y qué sectores sociales quedan expuestos a la discriminación. El artículo de Tarcizio Silva en *Jacobin Brasil* muestra que la supuesta neutralidad tecnológica encubre relaciones de poder.
La investigación de Joy Buolamwini sobre los sistemas de reconocimiento facial expuso errores y sesgos discriminatorios en tecnologías desarrolladas por grandes corporaciones. El problema no se limita a fallas técnicas: cuando estos sistemas intervienen en la seguridad pública, el acceso al crédito o la selección de personas, los prejuicios sociales pueden convertirse en decisiones automatizadas con consecuencias concretas.
Pero hay algo más. Las Big Tech no solo acumulan datos y ganancias: también presionan a los Estados para limitar las regulaciones que podrían someterlas al control democrático. Silva describe cómo, en Brasil, el lobby empresarial debilitó los intentos de regular las plataformas y la inteligencia artificial, restringiendo la transparencia y la participación de los sectores afectados.
La administración de Donald Trump profundiza esa tendencia al desmontar políticas antidiscriminatorias y favorecer los intereses de las grandes empresas tecnológicas. La alianza entre capital corporativo y poder político muestra que la expansión de la inteligencia artificial no es un proceso inevitable ni ajeno a las disputas sociales: responde a decisiones concretas sobre quién controla la tecnología y para qué se utiliza.
Desde una perspectiva de clase, la contradicción es evidente: mientras las corporaciones privatizan las ganancias derivadas de los datos y la automatización, los costos de sus errores y discriminaciones recaen sobre trabajadores y sectores históricamente marginados. La sociedad produce información y conocimiento, pero una minoría empresarial concentra la infraestructura y el beneficio económico.
**Desenmascarar los algoritmos significa, por lo tanto, discutir quién los diseña, quién los controla y quién se beneficia de ellos.** Las auditorías independientes, la transparencia, la regulación pública y la participación social son herramientas indispensables, aunque insuficientes si no se cuestiona la concentración de la propiedad tecnológica.
La democracia no puede quedar subordinada a empresas cuyo principal compromiso es con sus accionistas. La inteligencia artificial debe estar sometida a derechos colectivos y controles públicos, no al privilegio de quienes poseen los servidores, los datos y los recursos para imponer sus reglas.
El desafío no consiste en rechazar toda innovación, sino en impedir que la innovación se convierta en una nueva forma de dominación. Porque los algoritmos no tienen voluntad propia: expresan decisiones humanas, intereses materiales y relaciones de fuerza. Y mientras esas relaciones permanezcan bajo el control de las grandes corporaciones, la promesa de progreso tecnológico convivirá con la reproducción automatizada de las desigualdades.
Basada en el artículo de Tarcizio Silva, «Cómo “desenmascarar” los algoritmos de las grandes tecnológicas», publicado en Jacobin Brasil.

El informe de coyuntura Nº 50 de CIFRA expone las contradicciones del programa económico libertario: retroceden la inversión y el empleo asalariado, caen los salarios reales, crecen las importaciones y se acelera la salida de divisas.
La publicitada estabilización no elimina los desequilibrios estructurales: los reorganiza mediante una transferencia de ingresos y recursos que beneficia a determinados sectores del capital, mientras los costos recaen sobre los trabajadores y la producción nacional

La crítica de Cook permite formular una pregunta decisiva: ¿qué valor tiene la soberanía popular si los ciudadanos pueden votar, pero las alternativas electorales están condicionadas por el dinero, las campañas mediáticas, las presiones de gobiernos extranjeros y la capacidad de las plataformas digitales para ordenar la circulación de ideas?
Esto no significa que todas las denuncias de injerencia sean equivalentes ni que deban aceptarse sin pruebas. Las acusaciones específicas de Cook requieren contrastación independiente. Su argumento estructural, sin embargo, plantea un problema legítimo: la defensa de la democracia pierde credibilidad cuando la vigilancia de la injerencia extranjera depende de quién sea el país que interviene y de los intereses que esa intervención protege.
En ese sentido, el artículo de Jonathan Cook es una crítica tanto de la política exterior británica como de los límites de una democracia subordinada a intereses económicos y estratégicos que los votantes no controlan plenamente.

La posibilidad de recurrir a medidas excepcionales para intervenir en las elecciones de medio término de noviembre de 2026 revela una disputa que excede las denuncias de fraude: está en juego la aceptación de los límites constitucionales por parte del trumpismo.

La denuncia de Lula ante la OEA por presuntas restricciones electorales de Meta no es un episodio aislado. Honduras, Colombia, Bolivia y Venezuela muestran, con diferencias importantes entre cada caso, que la disputa por la democracia latinoamericana también se libra en las plataformas digitales, los organismos internacionales y las decisiones de las potencias. La pregunta de fondo es quién controla las condiciones en las que los pueblos eligen y qué intereses económicos y geopolíticos se juegan detrás de esa disputa.

El Presupuesto 2027 consolida el ajuste sobre las universidades públicas y los salarios docentes, mientras el Gobierno prioriza el equilibrio fiscal y la reasignación de recursos en favor de los sectores económicos que se benefician de su programa: acreedores del Estado, capital financiero y grandes grupos empresarios favorecidos por la reducción de cargas, los incentivos fiscales y la desregulación. El costo recae sobre los trabajadores universitarios y los sectores populares, que dependen de la educación pública para ampliar sus oportunidades. No es una consecuencia inevitable de las cuentas públicas, sino una decisión sobre quién paga y quién gana. Detrás del recorte se disputa también el acceso al conocimiento, la capacidad científica nacional y el papel de la universidad en una sociedad atravesada por la desigualdad.

La principal contribución del artículo de Michael Roberts consiste en distinguir entre la capacidad del capitalismo para evitar temporalmente un colapso y su capacidad para garantizar condiciones de vida dignas para las mayorías.
Una economía puede mantener el crecimiento agregado mientras millones de personas pierden poder adquisitivo, los servicios públicos se deterioran y la riqueza se concentra. También puede registrar grandes inversiones tecnológicas sin que estas produzcan todavía un aumento equivalente de la productividad social.
La resiliencia, por lo tanto, no debe evaluarse solamente por la continuidad de los mercados financieros o por el crecimiento del producto bruto. También hay que preguntar cómo se distribuyen los ingresos, quién controla la inversión y quién paga cuando las expectativas de ganancias fracasan.
La contradicción que señala Roberts es que el capitalismo puede demostrar una notable capacidad para sostener la acumulación financiera sin demostrar la misma capacidad para satisfacer las necesidades sociales. Y mientras la rentabilidad privada siga determinando las decisiones estratégicas de inversión, la estabilidad económica continuará subordinada a los intereses de quienes poseen el capital.

La vigencia del Índice de Precios al Consumidor (IPC) basado en el consumo de hace dos décadas consolidó en septiembre de 2026 una inflación oficial del 1,9%, un dígito eficaz para el relato financiero pero considerado una "ficción estadística". La postergación del nuevo indicador por parte del Gobierno —que derivó en la renuncia de Marco Lavagna al INDEC— evita que el fuerte impacto de las tarifas de servicios públicos sea plenamente registrado, amortiguando de forma artificial el índice general y subestimando el costo real de la Canasta Básica Total frente al deterioro del bolsillo popular.