Zuckerberg y la disputa por el poder en la era de la inteligencia artificial

Mark Zuckerberg acaba de intervenir de lleno en el debate sobre el futuro de la inteligencia artificial con un extenso manifiesto en el que advierte que uno de los principales riesgos de esta tecnología no reside únicamente en que las máquinas alcancen capacidades superiores a las humanas, sino en que el poder derivado de ellas quede concentrado en una empresa, un pequeño grupo de corporaciones o un gobierno. El fundador de Meta plantea como alternativa el desarrollo de una “superinteligencia personal” accesible para la mayor cantidad posible de individuos y anticipa una nueva etapa de apertura de algunos modelos de inteligencia artificial de la compañía, aunque bajo controles de seguridad definidos por su directorio. La propuesta incluye además un fondo de 1.000 millones de dólares destinado a las comunidades estadounidenses donde se instalarán centros de datos, en un intento por responder a las crecientes críticas por el enorme consumo energético y de recursos que exige la expansión de la infraestructura de IA.

Sin embargo, detrás del discurso democratizador aparece una contradicción central. Zuckerberg cuestiona la concentración del poder tecnológico mientras Meta se encuentra entre las empresas que compiten por acumular capital, datos, infraestructura, capacidad de procesamiento y talento científico para dominar la nueva economía de la inteligencia artificial. La cuestión, por lo tanto, no es solamente quién tendrá acceso a la IA, sino quién controlará los medios materiales necesarios para producirla. Puede formularse una paradoja: Zuckerberg propone democratizar el acceso al producto tecnológico sin democratizar los medios de producción tecnológicos que permiten generarlo. La distribución gratuita o de bajo costo de una herramienta no elimina la concentración de la propiedad sobre los centros de datos, los chips, las plataformas digitales ni la infraestructura energética que sostiene el sistema.

Esta contradicción resulta todavía más significativa cuando se observa el impacto potencial de la IA sobre el trabajo. Zuckerberg pone el acento en una inteligencia artificial capaz de potenciar las capacidades individuales, estimular la creatividad, facilitar el aprendizaje y permitir que las personas desarrollen nuevos proyectos. El trabajador aparece así como individuo autónomo, creador y potencial emprendedor. Pero queda en segundo plano la pregunta decisiva: ¿quién se apropiará del incremento de productividad generado por la automatización y la inteligencia artificial? Si una tecnología permite producir el doble en el mismo tiempo, el resultado puede ser una reducción de la jornada laboral y una mejora general del bienestar, pero también puede traducirse en despidos, precarización, intensificación del trabajo y una apropiación mayor del excedente por parte del capital. La tecnología no determina por sí misma cuál de esos caminos prevalecerá: son las relaciones sociales de producción y la correlación de fuerzas entre capital y trabajo las que definirán su resultado.

El manifiesto de Zuckerberg debe interpretarse, por eso, como una intervención dentro de una disputa estratégica por la forma que tendrá el capitalismo de la inteligencia artificial. El conflicto no se reduce a una oposición entre IA “abierta” y “cerrada”. Se enfrentan distintos modelos de acumulación: uno basado en la concentración de modelos, datos, infraestructura y capacidad de cómputo en unas pocas gigantes tecnológicas; otro que promueve modelos abiertos para expandir el ecosistema de desarrolladores y empresas; y una estrategia como la de Meta, que puede combinar la apertura tecnológica con el fortalecimiento de su posición como plataforma global. El open source, en este contexto, puede contribuir efectivamente a limitar determinadas formas de monopolización, pero también puede convertirse en una herramienta competitiva para disputar mercados y desplazar a rivales.

Lo más relevante políticamente es que Zuckerberg reconoce, aunque desde una perspectiva empresarial, que la inteligencia artificial está dejando de ser simplemente una cuestión tecnológica para convertirse en una cuestión de poder. Quien controle los modelos más avanzados, los chips, los centros de datos, las redes y los grandes volúmenes de datos dispondrá de una capacidad creciente para intervenir sobre la economía, el trabajo, la comunicación y las propias estructuras estatales. Por eso, advertir contra la concentración de la IA es insuficiente si la respuesta consiste simplemente en reemplazar un monopolio por varios oligopolios tecnológicos. La verdadera discusión democrática es quién controla los medios materiales de esta nueva revolución tecnológica y quién decide cómo se distribuyen los enormes incrementos de productividad que puede generar.

En última instancia, el manifiesto de Zuckerberg expresa una contradicción característica del capitalismo contemporáneo: una tecnología potencialmente capaz de reducir drásticamente el tiempo de trabajo socialmente necesario puede terminar produciendo, bajo relaciones de propiedad concentradas, desempleo, precarización y una extraordinaria concentración de riqueza. La batalla por la inteligencia artificial será, por lo tanto, también una batalla por la apropiación de sus beneficios. Más que una declaración filantrópica sobre el futuro de la humanidad, el manifiesto de Zuckerberg puede leerse como un programa político-empresarial para disputar quién conducirá y bajo qué reglas el capitalismo de la inteligencia artificial.

Cuba: seis décadas de bloqueo y una decadencia inducida

La crisis que atraviesa Cuba no puede comprenderse al margen de un dato histórico decisivo: la Revolución cubana lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Desde 1962, Washington convirtió el aislamiento de la isla en una política de Estado destinada a limitar su capacidad de comercio, inversión, financiamiento y acceso a bienes estratégicos. No se trata, por lo tanto, de un episodio coyuntural ni de una sanción puntual, sino de una estructura permanente de coerción económica que ha condicionado durante generaciones el funcionamiento de la economía cubana.

El bloqueo constituye el marco estructural de la decadencia económica cubana. Una economía pequeña, insular y altamente dependiente del comercio exterior enfrenta costos extraordinarios cuando se le restringe el acceso a mercados, créditos, tecnologías, insumos y fuentes de financiamiento. A ello se agrega el carácter extraterritorial de buena parte de las sanciones estadounidenses, que presiona sobre empresas y entidades de terceros países que pretenden comerciar o financiar operaciones con Cuba. La consecuencia es un encarecimiento sistemático de las transacciones y una reducción de las posibilidades de acumulación e inversión.

La cuestión energética expresa con particular claridad esta dependencia. La disponibilidad de combustible resulta indispensable para sostener la generación eléctrica, el transporte y la producción. Cuando se restringen las fuentes externas de abastecimiento, el deterioro energético se transforma rápidamente en deterioro productivo: menos electricidad significa menos producción; menos combustible significa menos transporte; menos producción significa menos exportaciones y menos divisas; y la falta de divisas vuelve todavía más difícil importar combustible, alimentos, medicamentos y bienes de capital. Se configura así un círculo de reproducción de la escasez.

Desde esta perspectiva, las actuales penurias cubanas no deberían interpretarse simplemente como la consecuencia de una supuesta incapacidad de la economía socialista para funcionar. Existe, indudablemente, una dimensión interna de la crisis: baja productividad, dificultades de gestión, envejecimiento demográfico, emigración, pérdida de fuerza de trabajo y problemas derivados de las reformas económicas. Pero colocar exclusivamente allí la explicación significa eliminar de la ecuación seis décadas de presión económica externa.

El dato político fundamental es que el bloqueo no opera solamente sobre el Estado cubano: su efecto final se descarga sobre las condiciones materiales de vida de las clases populares. Las dificultades para obtener alimentos, medicamentos, transporte, electricidad y bienes de consumo no constituyen abstracciones macroeconómicas. Son la forma concreta en que una política internacional de coerción termina impactando sobre la reproducción cotidiana de la población.

Aquí aparece una paradoja histórica. Estados Unidos sostiene que el deterioro económico cubano demuestra el fracaso del sistema político de la isla; pero al mismo tiempo mantiene una política diseñada precisamente para dificultar las condiciones materiales necesarias para el funcionamiento de ese sistema. El bloqueo, en consecuencia, no es simplemente un contexto externo de la crisis: es uno de los mecanismos mediante los cuales la crisis es producida y reproducida.

Esto no implica negar las responsabilidades del gobierno cubano. Una lectura de clase exige evitar tanto la explicación liberal —“todo es culpa del socialismo”— como una explicación exculpatoria que atribuya cada dificultad exclusivamente al imperialismo. Cuba enfrenta contradicciones internas reales y profundas, y algunas de sus políticas económicas han contribuido a reducir productividad, inversión y capacidad de respuesta. Pero esas contradicciones se desarrollan dentro de una estructura internacional excepcionalmente adversa.

Por eso, la apertura económica que está impulsando La Habana debe interpretarse también desde esta perspectiva. La incorporación creciente de capital privado y de mecanismos de mercado no necesariamente expresa una conversión ideológica al capitalismo, sino la búsqueda de mecanismos de supervivencia y acumulación en una economía sometida a una presión externa prolongada. La pregunta de fondo será quién captura los beneficios de esa apertura y quién soporta sus costos.

Después de más de sesenta años, el bloqueo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una verdadera estructura histórica de la economía cubana. Su duración permite observar algo que suele quedar oculto en los debates ideológicos: las sociedades no se desarrollan en el vacío. Las posibilidades de acumulación, productividad y bienestar dependen también de las relaciones de poder internacionales.

La decadencia cubana, entonces, debe ser comprendida como el resultado de una combinación entre contradicciones internas y una presión imperial externa sostenida durante seis décadas, donde el bloqueo ocupa un lugar central. Negar las primeras conduce a una lectura apologética; ignorar la segunda conduce a una lectura profundamente incompleta.

El problema no es solamente por qué Cuba tiene hoy dificultades para producir y distribuir bienes. La pregunta histórica más relevante es qué habría ocurrido con la economía cubana durante estos sesenta años sin el bloqueo estadounidense. Esa comparación contrafáctica es imposible de realizar empíricamente, pero su ausencia no permite borrar el hecho histórico: durante más de seis décadas, Cuba ha debido desarrollar su economía bajo una política de coerción internacional excepcionalmente prolongada.

En ese sentido, las “penurias de Cuba” no pueden separarse de la historia del bloqueo. La escasez actual es también el resultado acumulado de seis décadas de asedio económico, sobre el cual se superponen las limitaciones, errores y contradicciones del propio modelo cubano.

Museo de novedades: «Se viene la lucha armada»

La disputa por la bandera argentina aparece, según el análisis de Diego Genoud en El Destape, como un fenómeno político que excede la simbología patriótica y comienza a expresar un creciente malestar social con el gobierno de Javier Milei. El episodio de los jugadores de la Selección mostrando la bandera argentina en el Mundial habría funcionado como catalizador de un sentimiento nacional que venía acumulándose y que ahora empieza a traducirse en movilización política.

El artículo vincula ese fenómeno con la reciente derrota parlamentaria del oficialismo en torno a la Ley de Manejo del Fuego y la venta de tierras rurales a extranjeros. La presión social surgida desde las provincias afectadas logró modificar posiciones de gobernadores que inicialmente acompañaban al Gobierno y dejó al oficialismo sin los votos necesarios. Para Genoud, lo significativo no es solamente el fracaso de una iniciativa legislativa, sino que la movilización social comenzó a imponer límites concretos a la estrategia gubernamental.

En este proceso, la bandera adquiere una dimensión política. El sentimiento nacional se estaría desplazando desde el terreno simbólico hacia la acción colectiva, en particular frente a políticas percibidas como contrarias a intereses nacionales. El artículo relaciona esta reacción con la política exterior de Milei, sus estrechos vínculos con Estados Unidos y la discusión sobre los recursos estratégicos argentinos, particularmente las tierras, la energía y el Atlántico Sur.

Genoud sostiene además que el Gobierno enfrenta un deterioro de su capacidad de comunicación política. Un informe citado en la nota señala que el impacto de las publicaciones de Milei en redes sociales cayó un 62% respecto del comienzo de su gestión, mientras crece un clima de conversación menos favorable al oficialismo. La pérdida de centralidad comunicacional resulta especialmente relevante para un gobierno cuya construcción política se apoyó fuertemente en las redes y en la comunicación directa del Presidente.

El artículo también describe una creciente fragmentación dentro del oficialismo y dificultades para coordinar la relación con los gobernadores. La derrota legislativa sería, en ese sentido, el resultado de una combinación entre presión social, cambios de posición de dirigentes provinciales y dificultades internas de la Casa Rosada para anticipar el comportamiento de sus propios aliados.

El planteo central de la nota es que la principal amenaza para Milei no reside necesariamente en perder una votación parlamentaria, sino en que se consolide una interpretación social del Gobierno como representante de intereses externos en conflicto con los intereses nacionales. En esa lectura, la bandera funciona como un significante capaz de articular demandas diversas: defensa de los recursos naturales, soberanía territorial, rechazo a la extranjerización de la tierra y cuestionamiento a una política exterior percibida como excesivamente subordinada a Washington.

El conflicto alrededor de la bandera, por lo tanto, adquiere una dimensión política mayor: expresa la posibilidad de que una demanda nacional-popular, nacida fuera de los canales tradicionales de representación, se transforme en un factor capaz de modificar la correlación de fuerzas. La calle aparece así como un espacio donde pueden recomponerse identidades políticas que las estructuras partidarias todavía no logran representar plenamente. En la apertura y cierre" tras "La campaña antiargentina", ahora"Se viene la lucha armada", y ya no importa cuando veas esto.

Japón y Argentina: dos economías atrapadas por los límites de la política económica

Japón vuelve a enfrentar una paradoja que parecía haber dejado atrás: después de décadas de deflación y estancamiento, ahora debe lidiar con inflación sin haber recuperado un crecimiento vigoroso. En su reciente análisis, el economista marxista Michael Roberts sostiene que la tercera economía mundial quedó atrapada entre inflación y estancamiento, luego de años de expansión monetaria, tasas de interés ultrabajas y estímulo fiscal.

El cambio es significativo. Japón había construido durante décadas un régimen caracterizado por inflación extremadamente baja, salarios contenidos y una política monetaria expansiva destinada a estimular el consumo y la inversión. Sin embargo, la depreciación del yen y el aumento de los costos de importación modificaron el escenario. La inflación comenzó a trasladarse a los hogares mientras el crecimiento continuó siendo débil. El Banco de Japón enfrenta así un dilema clásico: si aumenta las tasas para contener los precios, puede profundizar el estancamiento; si mantiene una política monetaria expansiva, corre el riesgo de prolongar la pérdida del poder adquisitivo.

Los datos recientes muestran esa tensión. Aunque la inflación se ha moderado, el Banco de Japón reconoce que la depreciación del yen amplificó los shocks externos y que el vínculo entre precios y salarios está adquiriendo mayor persistencia. El FMI, por su parte, señala que los salarios nominales japoneses crecen, pero los salarios reales continúan bajo presión porque los precios avanzan más rápidamente.

El problema de fondo señalado por Roberts no es solamente monetario. La dificultad central es la insuficiencia de la acumulación privada. El Estado puede sostener la demanda mediante déficit y el Banco Central puede abaratar el crédito, pero ninguna de esas políticas garantiza que el capital privado encuentre condiciones suficientes de rentabilidad para ampliar la inversión productiva. De allí surge una contradicción decisiva: pueden coexistir beneficios empresariales elevados, abundante liquidez y una economía con escaso dinamismo.

La comparación con Argentina

La experiencia japonesa resulta particularmente interesante para Argentina, aunque ambas economías se encuentran en posiciones estructurales muy diferentes.

Japón llega a esta situación desde el centro del capitalismo mundial: posee una enorme base industrial, alta productividad, grandes activos financieros y una elevada capacidad de ahorro interno. Argentina, en cambio, es una economía periférica y dependiente, condicionada por la restricción externa, la escasez de divisas y una estructura productiva con fuerte peso de las actividades primarias y extractivas.

Sin embargo, existe una semejanza fundamental: en ambos casos aparece el límite de creer que una determinada política monetaria puede resolver por sí misma los problemas de la acumulación capitalista.

El programa de Javier Milei parte de una hipótesis casi inversa a la japonesa. Mientras Japón intentó durante años estimular la economía mediante dinero barato y gasto público, Argentina busca disciplinar la inflación mediante ajuste fiscal, tasas reales elevadas, restricción monetaria y un tipo de cambio que el Gobierno procura mantener relativamente estable. La expectativa oficial es que la estabilización genere confianza, reduzca el riesgo y finalmente desencadene inversión privada.

Pero el caso japonés permite introducir una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la rentabilidad financiera o empresarial no se transforma en inversión productiva suficiente?

En Argentina, la mejora de determinados indicadores financieros puede coexistir con una demanda interna debilitada por la caída del salario real, el deterioro de las jubilaciones, el aumento del endeudamiento de los hogares y la contracción del gasto público. El problema no es solamente cuánto gana una empresa, sino qué hace con esa ganancia: si amplía capacidad productiva, incorpora tecnología y empleo, o si privilegia posiciones financieras, recomposición patrimonial, distribución de dividendos o actividades de rentabilidad rápida.

Desde esta perspectiva, Japón ofrece una advertencia que trasciende las diferencias entre ambas economías. El ajuste sobre los trabajadores puede mejorar determinados indicadores de costos, pero no garantiza por sí mismo un ciclo expansivo. Para que exista acumulación sostenida debe existir inversión productiva y, en última instancia, una expectativa de realización de esas mercancías en el mercado.

La cuestión distributiva resulta entonces central. En Japón, el desafío consiste en conseguir que los aumentos nominales de salarios superen de manera sostenida la inflación para recuperar el consumo. El propio Banco de Japón considera que la estabilidad depende de que salarios y precios entren en un ciclo ascendente relativamente equilibrado.

En Argentina ocurre algo diferente pero relacionado: la estrategia antiinflacionaria se apoya fuertemente en la contención del salario y de la demanda. La estabilidad de precios puede mejorar mientras se deterioran las condiciones materiales de amplios sectores sociales. El resultado puede ser una desinflación acompañada de contracción económica, en lugar de una expansión basada en mayores ingresos populares.

La comparación permite, por lo tanto, escapar de una falsa dicotomía entre Estado y mercado. Japón demuestra que el Estado puede sostener durante mucho tiempo la demanda sin resolver el problema de la acumulación; Argentina muestra que el ajuste puede mejorar las variables financieras sin garantizar una expansión de la inversión productiva.

La pregunta decisiva no es simplemente si baja o sube la inflación, ni si el Estado tiene déficit o superávit. La cuestión es quién absorbe el costo del ajuste, quién captura las ganancias de la estabilización y si esas ganancias se convierten efectivamente en inversión, empleo y expansión de la capacidad productiva.

Japón constituye así una advertencia para Argentina: la estabilidad macroeconómica no equivale automáticamente a desarrollo, del mismo modo que la rentabilidad empresarial no equivale necesariamente a acumulación productiva. Cuando ambas dimensiones se separan, una economía puede alcanzar estabilidad financiera y, simultáneamente, profundizar el estancamiento y la desigualdad.

La paradoja japonesa y la experiencia argentina convergen finalmente en una cuestión más profunda: el capitalismo puede modificar sus instrumentos de política económica, pero no puede eliminar mediante tasas de interés, emisión, ajuste fiscal o devaluación la contradicción fundamental entre rentabilidad privada y reproducción social.

Se está produciendo un genocidio

El artículo de Nueva Sociedad aborda una de las contradicciones más complejas del debate político contemporáneo: la convivencia entre discursos que reivindican una defensa incondicional de Israel y, al mismo tiempo, reproducen prejuicios históricos contra los judíos. La tesis central apunta a desmontar una identificación que resulta políticamente funcional pero conceptualmente problemática: judíos, sionismo e Israel no son sinónimos.

El antisemitismo es una forma histórica de discriminación contra los judíos y posee una trayectoria que precede ampliamente a la creación del Estado de Israel. Por eso, combatirlo no debería depender de una adhesión a las políticas de ningún gobierno israelí. Del mismo modo, cuestionar al Estado de Israel, al sionismo o a las decisiones de sus gobiernos no implica automáticamente una posición antisemita.

La paradoja señalada por el artículo adquiere especial relevancia en determinados sectores de la derecha internacional. En ellos puede aparecer una defensa enfática de Israel combinada con concepciones profundamente negativas sobre los judíos, especialmente cuando estos son representados mediante estereotipos asociados al poder financiero, las elites cosmopolitas o supuestas conspiraciones. Se produce así una separación entre un supuesto “judío aceptable”, identificado con Israel y el nacionalismo sionista, y aquellos judíos que cuestionan esa identificación.

El problema político reside precisamente en esa operación: convertir a Israel en representante exclusivo de todos los judíos y, simultáneamente, presentar a los judíos que no se identifican con el Estado israelí como una anomalía. La consecuencia es borrar la diversidad política, social e ideológica existente dentro de las comunidades judías.

La cuestión también puede analizarse desde una perspectiva de clase. Ni los judíos ni los israelíes constituyen bloques sociales homogéneos. Existen trabajadores, empresarios, sectores populares, elites económicas, movimientos de izquierda, nacionalistas religiosos, pacifistas y organizaciones judías críticas del sionismo. Reducir esa diversidad a una única identidad estatal impide comprender las contradicciones sociales que atraviesan tanto a Israel como a las comunidades judías de otros países.

El artículo permite, en consecuencia, distinguir dos cuestiones que con frecuencia son deliberadamente confundidas: la defensa de los judíos frente al antisemitismo y la defensa de las políticas del Estado de Israel. Son problemas diferentes. La primera constituye una lucha contra una forma histórica de racismo; la segunda pertenece al terreno de la discusión política sobre un Estado concreto, sus gobiernos, sus instituciones y sus relaciones con el pueblo palestino.

La conclusión es políticamente incómoda pero necesaria: se puede combatir el antisemitismo y, al mismo tiempo, cuestionar las políticas del Estado de Israel; del mismo modo, se puede defender los derechos del pueblo palestino sin convertir esa defensa en hostilidad hacia los judíos. Separar estas dimensiones resulta imprescindible para evitar que la memoria histórica del antisemitismo sea utilizada como instrumento de legitimación política y, al mismo tiempo, para impedir que la crítica a Israel sea utilizada como cobertura para reproducir prejuicios antijudíos. En la apertura Jeffrey Sachs analiza la política israelí y los indicios de una posible caída política. Afirma que el país del norte se está quedando sin tiempo. Jeffrey Sachs evalúa el clima geopolítico actual y las presiones internas que enfrenta el liderazgo. Este análisis está diseñado para quienes buscan una comprensión más profunda de la retórica en torno a los acontecimientos recientes y sus implicaciones para las relaciones internacionales a largo plazo. Al examinar el lenguaje específico y los cambios estratégicos mencionados, se tendrá una perspectiva más clara sobre cómo los observadores externos interpretan el actual conflicto en Oriente Medio.

El evento

Detrás del repliegue oficialista con la Ley de Tierras y de Manejo del Fuego, se encuentra una secuencia política más profunda.

En política, las correlaciones de fuerzas suelen presentarse como realidades estáticas. Se las mide a través de elecciones, encuestas, bancadas parlamentarias, capacidad de movilización, recursos económicos o control institucional. Sin embargo, la historia política demuestra que ninguna correlación de fuerzas permanece definitivamente congelada. A veces, un acontecimiento inesperado puede alterar en poco tiempo aquello que parecía firmemente establecido.

El acontecimiento o evento no debe confundirse con cualquier hecho de coyuntura. Se trata de una irrupción capaz de modificar la percepción que los actores tienen de sus propias posibilidades. Una sociedad puede atravesar durante meses o años un proceso de malestar, fragmentación y descontento sin que ello se traduzca automáticamente en acción política. Pero basta en ocasiones un hecho aparentemente menor para que esas demandas dispersas encuentren un punto de condensación.

Allí comienza a cambiar la política.

La importancia del acontecimiento reside precisamente en que no puede explicarse solamente por las estructuras institucionales existentes. Aparece en un terreno preparado por contradicciones sociales previamente acumuladas, pero introduce algo que no estaba previsto en el cálculo de los actores dominantes. Lo que hasta entonces parecía imposible comienza a aparecer como posible.

Por eso, la correlación de fuerzas no se modifica únicamente dentro del Parlamento ni mediante una elección. También puede comenzar a cambiar en la calle, en los sindicatos, en las organizaciones sociales, en los territorios y en aquellos espacios de la sociedad donde se construye sentido común.

La experiencia reciente ofrece ejemplos significativos. Un símbolo, una consigna o una protesta que inicialmente parece circunscripta a un grupo reducido puede convertirse en expresión de un malestar más amplio. La bandera “Las Malvinas son Argentinas”, por ejemplo, excedió rápidamente el carácter deportivo o patriótico de su aparición para convertirse en un punto de condensación de una discusión mucho más profunda sobre soberanía, recursos naturales y relación con el capital extranjero.

Lo decisivo no es entonces el tamaño inicial del hecho, sino su capacidad de producir identificación y organización. Un acontecimiento puede funcionar como una chispa sobre una superficie social que ya acumula materiales inflamables.

Esta dinámica permite comprender por qué los gobiernos pueden conservar una mayoría institucional y, al mismo tiempo, comenzar a perder capacidad política. La autoridad formal puede mantenerse mientras se erosiona la legitimidad social. Y cuando esa distancia entre poder institucional y consenso social se amplía, un acontecimiento puede acelerar la transformación de la escena.

En este punto aparece una cuestión central: la política no consiste solamente en administrar una correlación de fuerzas existente, sino en disputar permanentemente su modificación.

Desde una perspectiva cercana a la reflexión de Alain Badiou, el acontecimiento introduce una ruptura con el orden de lo previsible. No crea desde cero una nueva realidad: hace visible una posibilidad que permanecía oculta dentro de la situación. Después del acontecimiento comienza una disputa por su significado y, fundamentalmente, por su capacidad de prolongarse en una secuencia política.

Ese es el momento decisivo. Un acontecimiento puede ser neutralizado, absorbido o convertido en una anécdota. Pero también puede convertirse en el punto de partida de una nueva articulación social y política.

La historia argentina está llena de estos momentos. El Cordobazo, las jornadas de diciembre de 2001 o determinadas movilizaciones populares que modificaron decisiones gubernamentales muestran que la política real no siempre comienza en los lugares donde las instituciones esperan encontrarla.

Por eso, analizar una coyuntura exclusivamente a través de encuestas, elecciones o relaciones parlamentarias puede conducir a una lectura equivocada. Esos instrumentos permiten observar una parte de la correlación de fuerzas, pero no necesariamente aquello que está comenzando a transformarla.

La cuestión estratégica consiste, entonces, en identificar esos puntos de ruptura: allí donde una demanda particular deja de ser solamente particular, donde un símbolo comienza a expresar un conflicto general y donde sectores sociales hasta entonces dispersos descubren que pueden actuar colectivamente.

Cuando eso ocurre, la correlación de fuerzas deja de ser una fotografía y vuelve a convertirse en un proceso.

Y es precisamente allí donde comienza la política.

Hacia un nuevo orden global – ¿El ejército estadounidense se desmorona y la economía colapsa? –

Antes de que la Guerra de Ucrania, el conflicto en Oriente Medio o la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China dominaran la agenda internacional, ya estaba en marcha una transformación mucho más profunda: la crisis de la hegemonía occidental y la emergencia de un orden mundial policéntrico. En este escenario, las guerras, las sanciones económicas, la competencia por los corredores marítimos y el control de los recursos estratégicos dejan de ser episodios aislados para convertirse en manifestaciones de una misma disputa por la reorganización del poder global. El artículo de Rubén Darío Guzzetti propone interpretar esa transición histórica desde una perspectiva crítica del capitalismo contemporáneo, situando el declive relativo de Estados Unidos, el ascenso de China y la resistencia de los países emergentes como expresiones de una nueva correlación de fuerzas internacional. Al mismo tiempo, invita a reflexionar sobre las implicancias de este cambio para América Latina y, en particular, para la Argentina, cuyo papel estratégico en el Atlántico Sur, la Antártida y la provisión de recursos naturales la convierte en un territorio central de la disputa geopolítica del siglo XXI. En conjunto, el artículo constituye una interpretación coherente de la coyuntura geopolítica contemporánea desde una perspectiva crítica del orden occidental. Su mayor fortaleza reside en vincular conflictos aparentemente dispersos dentro de una misma transición histórica hacia un orden multipolar. Su principal limitación es que privilegia la confrontación entre Estados y bloques geopolíticos, relegando el análisis de las relaciones de clase y de las contradicciones internas de las potencias emergentes, cuestiones indispensables para una comprensión más completa del capitalismo contemporáneo. En la apertura Glenn Diesen entrevista a Karen Kwiatkowski, libertaria, teniente coronel retirada de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que trabajó cuatro años en el Pentágono. Actualmente es profesora adjunta en la Universidad James Madison que observa que dado el despliegue militar inapropiado actual, el ejército estadounidense se desmorona y la economía colapsa.

Iforme energético CEPA

La energía vuelve a ocupar el centro de la disputa por el modelo de desarrollo argentino. A veinte años del Plan Nuclear de 2006, el país enfrenta una encrucijada entre planificación estratégica y lógica de mercado: mientras se frenan proyectos de infraestructura, avanzan privatizaciones, se sinceran tarifas y se busca convertir a Vaca Muerta en una plataforma exportadora. El informe energético del CEPA plantea que el desafío no es solamente producir más energía, sino decidir quién controla los recursos, quién captura la renta y quién paga los costos. La cuestión energética aparece así como una dimensión central de la soberanía, la estructura productiva y la justicia social.

De Michigan a La Banda: ¿Es posible volver a representar?

Desde una perspectiva comparada, el caso estadounidense comparte elementos con crisis de representación observadas en otras democracias occidentales: partidos tradicionales incapaces de expresar las consecuencias sociales de décadas de financiarización, concentración económica y debilitamiento del trabajo organizado.

La respuesta puede adoptar formas opuestas: derechas populistas que canalizan el malestar contra inmigrantes, minorías o instituciones democráticas, o izquierdas populares que intentan disputar la estructura económica que produce desigualdad.

El-Sayed expresa la segunda alternativa.

La cuestión decisiva será si esta nueva izquierda puede articular una alianza amplia entre trabajadores industriales, jóvenes precarizados, sectores urbanos progresistas y comunidades históricamente excluidas sin quedar limitada a una minoría ideologizada.

En síntesis: la primaria de Michigan no es solamente una elección interna demócrata. Es un síntoma de una crisis más profunda: la disputa por quién representará a las mayorías sociales en la etapa posterior al neoliberalismo estadounidense.

San Cayetano

Cada 7 de agosto, aniversario del fallecimiento de San Cayetano, cientos de miles de argentinos se congregan para pedir pan, trabajo y salud. La devoción al santo de los trabajadores constituye una de las expresiones más profundas de la religiosidad popular argentina, pero también forma parte de una historia política en la que la fe, la organización colectiva y las luchas sociales se entrelazaron. El 7 de noviembre de 1981, la marcha de la CGT Brasil bajo la consigna "Pan, Paz y Trabajo" convirtió al santuario de San Cayetano en el escenario de una de las primeras grandes irrupciones populares contra la última dictadura militar. Aquella jornada no solo desafió al poder represivo: inauguró una nueva subjetividad democrática al demostrar que el miedo podía ser derrotado cuando un pueblo encontraba un símbolo capaz de transformar la esperanza en acción colectiva.

Pancarta

La Ley de Tierras: cuando un acontecimiento modifica la correlación de fuerzas. La decisión del Gobierno de retirar el capítulo que habilitaba la venta irrestricta de tierras rurales a extranjeros fue presentada como una concesión parlamentaria. Sin embargo, detrás del repliegue oficialista se encuentra una secuencia política más profunda: un acontecimiento inesperado que desplazó el debate hacia la soberanía nacional, activó una resistencia social por fuera de los canales institucionales y terminó modificando la correlación de fuerzas. A la luz de las reflexiones de Alain Badiou sobre el acontecimiento y de Antonio Gramsci sobre la construcción de la hegemonía, la marcha atrás del oficialismo revela que las grandes derrotas políticas suelen comenzar mucho antes de llegar al recinto legislativo y ser reconocidas por la mayoría de la representación política tradicional.

Realpolitik: De Stalin a Putin

La actitud vacilante de Rusia frente al depliegue colonial norteamericano en nuestra región, pero también en medio oriente medio y áfrica, merece ensayar una perspectiva histórica que explique este comportamiento.

En ese sentido, puede afirmarse que la realpolitik de Putin constituye una herencia más de la evolución del Estado soviético posterior a Lenin que del leninismo mismo. La prioridad concedida a la seguridad del Estado, la existencia de una esfera de influencia y la subordinación del principio de autodeterminación a las necesidades estratégicas tienen un antecedente claro en la transformación de la URSS durante el estalinismo y la Guerra Fría.

La principal diferencia radica en el fundamento ideológico: donde la dirigencia soviética invocaba el socialismo y la defensa del bloque revolucionario, Putin invoca la continuidad histórica de Rusia como gran potencia y una concepción civilizatoria de la nación. En ambos casos, sin embargo, la razón de Estado termina prevaleciendo sobre el principio leninista de libre autodeterminación de los pueblos.

La disputa por la soberanía no se limita al control del territorio

El artículo sostiene que las principales corporaciones del complejo militar-industrial occidental no solo producen armamento, sino que también invierten sistemáticamente en la formación cultural e ideológica de las futuras generaciones mediante programas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Su tesis central es que estas iniciativas funcionan como mecanismos de legitimación social y de reclutamiento temprano para la industria de la defensa. El caso resulta especialmente significativo para Argentina porque muestra cómo la competencia geopolítica ya no se libra únicamente mediante bases militares o ventas de armas, sino también mediante la construcción de capacidades científicas y tecnológicas. El artículo también invita a pensar una contradicción estructural.

Las empresas argumentan que financian STEM porque existe escasez de ingenieros y especialistas.

Pero esa necesidad responde, en buena medida, al enorme crecimiento del presupuesto militar estadounidense y a la creciente integración entre universidades, laboratorios privados y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

Así, la educación deja de ser únicamente formación científica para convertirse también en una política de abastecimiento de recursos humanos altamente calificados para la industria bélica.

En un contexto donde La Argentina debate su inserción internacional, la política científica y tecnológica adquiere una dimensión estratégica: el desarrollo de recursos humanos altamente calificados puede orientarse hacia objetivos de desarrollo nacional o integrarse a cadenas globales de valor dominadas por grandes corporaciones. En este sentido la desfinanciación del sistema público de enseñanza en todos sus niveles, muestra que la disputa por la soberanía no se limita al control del territorio o de los recursos naturales, sino que alcanza también a la producción de conocimiento y a la formación de las futuras generaciones de científicos e ingenieros.

Van apareciendo las actas: La extranjerización del crudo venezolano

En Venezuela sin prisa ni pausa van apareciendo "las actas" que la comunidad occidental reclamaba y negaba el dictador y son ya un indicador de análisis insoslayable. Por ejemplo, el texto de Bruno Sgarzini que se publica presenta una tesis fuerte: Estados Unidos ya no utiliza las sanciones solo como mecanismo de presión diplomática, sino como un instrumento de administración directa de la renta petrolera venezolana. Si los datos citados son correctos, estaríamos ante un cambio cualitativo en la relación entre Washington y Caracas.
Aunque los casos son muy diferentes, el artículo invita a reflexionar sobre una cuestión más amplia. En América Latina, y La Argentina es un leading case, las disputas contemporáneas por la soberanía ya no se expresan únicamente mediante intervenciones militares.

Con frecuencia aparecen a través del control de:

la deuda externa y la fuga consecuente,
los sistemas de pagos internacionales;
las reservas de los bancos centrales;
las licencias comerciales;
las sanciones financieras;
el acceso al crédito.

Desde esa perspectiva, el dominio sobre los circuitos financieros puede resultar tan determinante como el control territorial.

Cambio de paradigma

El artículo de Emilia Trabucco plantea que la reforma de la Ley de Tierras Rurales constituye uno de los cambios estructurales más importantes impulsados por el gobierno de Javier Milei. Su tesis central es que no se trata simplemente de una desregulación del mercado inmobiliario rural, sino de una redefinición de la relación entre soberanía, propiedad y capital internacional.

Desde una perspectiva crítica de economía política, pueden señalarse cinco aspectos centrales:

1. De la tierra como bien estratégico a la tierra como activo financiero

La Ley 26.737, aprobada en 2011, consideraba que la tierra rural posee un valor estratégico que excede la propiedad privada. Por ello establecía límites a la extranjerización (15% del territorio nacional, provincial y municipal, además de restricciones por nacionalidad y ubicación). La reforma impulsada por el Gobierno flexibiliza esos límites —tras una modificación de último momento, el oficialismo pasó de proponer la eliminación total a elevar el tope al 25% para facilitar su aprobación en el Senado— bajo el argumento de atraer inversiones.

En términos económicos, la tierra deja de ser concebida como un recurso vinculado al desarrollo nacional para convertirse en un activo abierto a la valorización del capital global.

2. Una nueva fase de acumulación por desposesión

El debate puede interpretarse a través del concepto desarrollado por el geógrafo David Harvey: la acumulación por desposesión.

En este enfoque, el capital amplía sus posibilidades de ganancia apropiándose de bienes comunes o estratégicos mediante reformas legales.

La tierra rural concentra simultáneamente:

agua dulce;
minerales críticos;
bosques;
biodiversidad;
potencial energético;
producción agroalimentaria.

La flexibilización normativa facilita la incorporación de esos recursos a circuitos internacionales de valorización.

3. El argumento oficial y sus límites

El Gobierno sostiene que las restricciones vigentes desalientan inversiones que podrían alcanzar unos 15.000 millones de dólares y dinamizar economías regionales.

Sin embargo, la evidencia internacional muestra que la inversión extranjera en tierras no garantiza automáticamente:

mayor empleo;
industrialización;
encadenamientos productivos;
desarrollo regional.

En muchos casos predomina un modelo extractivo orientado a la exportación de materias primas, con escaso impacto sobre el tejido económico local.

4. La cuestión de la soberanía

El aspecto más sensible es que la discusión excede la propiedad privada.

Quien controla grandes extensiones de territorio puede controlar también:

fuentes de agua;
corredores logísticos;
áreas de frontera;
reservas de minerales;
zonas con importancia geopolítica.

Diversos especialistas advierten que algunas regiones ya presentan niveles de propiedad extranjera superiores al promedio nacional, especialmente en áreas con recursos estratégicos.

Por eso el debate se vincula directamente con la capacidad del Estado para planificar el uso del territorio.

5. El significado político
La iniciativa expresa un cambio de paradigma.
Mientras la legislación de 2011 entendía que ciertos bienes debían permanecer sujetos a regulaciones por razones de interés nacional, la propuesta oficial parte de una concepción donde la libertad contractual y la protección absoluta de la propiedad privada prevalecen sobre consideraciones de soberanía territorial.

En ese sentido, la reforma acompaña otras iniciativas del gobierno de Milei orientadas a reducir regulaciones sobre recursos naturales y ampliar el espacio de actuación del capital privado.

Autores como Ruy Mauro Marini o Theotonio dos Santos sostuvieron que, en las economías periféricas, la inserción subordinada en el capitalismo mundial suele profundizarse cuando los recursos estratégicos pasan a ser controlados por capitales externos. Desde esa perspectiva, la flexibilización de la Ley de Tierras podría interpretarse como un paso adicional hacia una especialización basada en la exportación de recursos naturales con menor capacidad de decisión nacional sobre su aprovechamiento.

En síntesis, el proyecto enfrenta dos concepciones contrapuestas. Para el oficialismo, la apertura del mercado de tierras constituye un instrumento para atraer inversiones y dinamizar la economía. Para sus críticos, implica una redefinición del papel del Estado sobre recursos estratégicos y una mayor inserción dependiente de la economía argentina en los circuitos globales del capital, con potenciales implicancias sobre la soberanía territorial, el desarrollo regional y el control de bienes naturales

Espejos

El programa de reformas del Gobierno argentino, inspirado en un "modelo peruano", busca consolidar la llamada "estabilidad macroeconómica" junto a una profunda fragmentación política, legislativa y flexibilización de la soberanía sobre recursos naturales. Este enfoque, que incluye la reforma del BCRA, la suba del tope de extranjerización de tierras al 25% y la flexibilización de la Ley de Glaciares, opera bajo un escenario donde el ancla de deuda externa facilita la privatización del subsuelo y la "balcanización" del federalismo, un riesgo que Cristina Kirchner ya había señalado como central.

La estabilidad de una economía capitalista no puede descansar exclusivamente sobre el Banco Central

El artículo «Monetary Policy and Capitalism», de Jan Toporowski, publicado en la edición de julio-agosto de 2026 de Monthly Review, desarrolla una crítica marxista a la idea dominante de que la política monetaria es el principal instrumento para regular el capitalismo contemporáneo. El autor denomina este paradigma «dominancia de la política monetaria»

El aporte de Toporowski consiste en cuestionar la creencia de que los bancos centrales poseen la capacidad de «administrar» el capitalismo mediante el manejo de las tasas de interés. Su tesis es que la política monetaria opera sobre la superficie financiera del sistema, mientras que la dinámica profunda depende de la acumulación de capital, la rentabilidad esperada y las relaciones sociales de producción. En ese sentido, la inflación, las crisis y el crecimiento no pueden entenderse aisladamente como fenómenos monetarios, sino como manifestaciones de las contradicciones estructurales del capitalismo contemporáneo.

Si se aplica la tesis de Jan Toporowski al proyecto de «blindaje» del Banco Central impulsado por el gobierno de Javier Milei, emerge una crítica profunda que va más allá del debate sobre la autonomía institucional del BCRA. No se trata de discutir únicamente si un banco central independiente es deseable, sino de preguntarse qué problemas puede resolver realmente la política monetaria y cuáles exceden completamente su alcance.

El proyecto oficial busca impedir que el Banco Central financie al Tesoro y reforzar su independencia respecto del poder político, con el objetivo declarado de evitar que futuros gobiernos recurran a la emisión monetaria para cubrir déficits fiscales. La iniciativa se inscribe en una concepción según la cual la estabilidad de precios depende, ante todo, de reglas monetarias estrictas y de la autonomía del banco emisor.

Desde la perspectiva de Toporowski, ese diagnóstico parte de un supuesto discutible: que el Banco Central constituye el principal instrumento para gobernar el capitalismo contemporáneo. El economista sostiene precisamente lo contrario: la llamada «dominancia de la política monetaria» exagera la capacidad de las tasas de interés y de los bancos centrales para determinar la inversión, el crecimiento y el empleo. En última instancia, la dinámica capitalista depende de la acumulación de capital y de las expectativas de rentabilidad, no de decisiones monetarias aisladas.

El blindaje institucional no garantiza el desarrollo

Desde esta óptica, el blindaje del Banco Central podría fortalecer la credibilidad financiera del país frente a acreedores e inversores, pero no garantiza por sí mismo:

mayores niveles de inversión productiva;
creación de empleo;
incremento de la productividad;
transformación de la estructura productiva;
reducción de la restricción externa.

Un Banco Central jurídicamente independiente puede contribuir a estabilizar variables nominales, pero carece de instrumentos para modificar las decisiones de inversión privada cuando las expectativas de rentabilidad son bajas.

La prioridad del capital financiero

La crítica adquiere mayor profundidad cuando se incorpora el concepto de financiarización, central en la obra de Toporowski.

En economías altamente financiarizadas, las decisiones del Banco Central afectan principalmente:

el precio de los activos financieros;
el rendimiento de los bonos;
el costo del crédito;
los flujos internacionales de capital.

Su influencia sobre la economía real resulta mucho más indirecta. En consecuencia, un Banco Central blindado puede terminar funcionando principalmente como una institución destinada a garantizar la estabilidad de los mercados financieros antes que la expansión de la producción y el empleo.

La cuestión de la soberanía democrática

Existe además una dimensión política.
Blindar constitucional o legalmente al Banco Central supone retirar del debate democrático una parte sustancial de la política económica.
Los defensores de esa autonomía sostienen que ello evita el uso electoral de la emisión monetaria y fortalece la credibilidad.
Sin embargo, puede interpretarse como una despolitización de decisiones que tienen efectos distributivos. Las tasas de interés, el acceso al crédito, la administración de reservas y la regulación financiera no son instrumentos neutrales: benefician o perjudican de manera diferente a sectores sociales y económicos.

Resumiendo mucho: En Argentina, es obvio que la inflación no responde exclusivamente a fenómenos monetarios. Diversos estudios identifican un conjunto de factores que interactúan:

restricción externa y fuga de capitales
volatilidad cambiaria;
concentración económica;
formación oligopólica de precios;
puja distributiva;
expectativas;
dinámica fiscal y monetaria.

Desde la perspectiva de Toporowski, concentrar la estrategia antiinflacionaria casi exclusivamente en un Banco Central independiente corre el riesgo de transformar un problema estructural en uno puramente monetario.

El blindaje del Banco Central puede interpretarse como una forma de institucionalizar la primacía del capital financiero sobre otras prioridades de política económica. Al limitar la capacidad del Estado para coordinar políticas monetarias, fiscales e industriales, se reduce el margen de intervención de gobiernos futuros, incluso si cuentan con legitimidad electoral para impulsar otra estrategia de desarrollo.

En este sentido, la tesis de Toporowski no implica negar la importancia de la estabilidad monetaria. Su planteo es diferente: la estabilidad de una economía capitalista no puede descansar exclusivamente sobre el Banco Central, porque los determinantes fundamentales del crecimiento son la inversión, la estructura productiva, la distribución del ingreso y la acumulación de capital. Cuando estos factores permanecen estancados, la autonomía del banco central puede preservar la estabilidad financiera, pero difícilmente genere desarrollo sostenido o mejore las condiciones de vida de la mayoría de la población.

El primer peronismo sin Perón: Bramuglia y «La rebeldía controlada»

El artículo "Rebeldía Controlada" utilizando el caso Bramuglia, el primer intento de construir un "peronismo sin Perón" ya en el año 1955 sostiene una hipótesis central: los liderazgos populares de volumen histórico y gran arraigo popular no son sustituibles mediante operaciones políticas ni judiciales, y que la proscripción termina debilitando la representación democrática más que al liderazgo proscripto. Para desarrollar esa idea, establece un paralelo entre la proscripción de Juan Domingo Perón tras 1955 y la situación actual de Cristina Fernández de Kirchner.

El texto recupera la experiencia del neoperonismo encabezado por Juan Atilio Bramuglia, quien intentó construir un peronismo autónomo aprovechando la proscripción de Perón. Apoyándose en trabajos del historiador Raanan Rein, el artículo señala que ese intento fracasó porque el liderazgo de Perón conservó la adhesión mayoritaria del movimiento aun desde el exilio.

Como contracara, recupera la posición de John William Cooke, quien rechazaba las corrientes "blandas" o conciliadoras y sostenía que la conducción seguía perteneciendo al líder proscripto. Según el autor, esa experiencia histórica demuestra que la legitimidad política no puede transferirse mecánicamente a dirigentes sustitutos.

El artículo se vincula con un trabajo posterior de López donde desarrolla el concepto de "déficit de legitimidad sustitutiva". La idea es que cuando un liderazgo con gran capacidad de representación queda excluido de la competencia política, quienes intentan ocupar ese espacio enfrentan un problema estructural: heredan parte del electorado, pero no la legitimidad política ni simbólica del liderazgo original.

Desde esa perspectiva, la proscripción no afecta solamente al dirigente alcanzado por la medida, sino que altera el funcionamiento del sistema de representación en su conjunto.

El artículo afirma que el reclamo "Cristina Libre" debe entenderse como una demanda vinculada a la calidad democrática y no únicamente como una consigna electoral. Según el autor, la exclusión judicial de un liderazgo con fuerte apoyo popular reduce la competencia política efectiva y contribuye al aumento de la apatía electoral entre sectores sociales que se identifican con ese liderazgo.

Establece un paralelo histórico consistente entre distintas experiencias de proscripción del peronismo;
incorpora bibliografía especializada, particularmente los estudios de Raanan Rein;
intenta formular un concepto analítico ("déficit de legitimidad sustitutiva") que trasciende la coyuntura argentina.

En conjunto, el texto combina historia política, teoría de la representación y una interpretación claramente situada en el debate político argentino. Su aporte más original es la formulación del concepto de déficit de legitimidad sustitutiva, que busca explicar por qué, según el autor, la exclusión de un liderazgo popular produce dificultades persistentes para la construcción de liderazgos alternativos y afecta la legitimidad del sistema político.

Es difícil explicarle a un neoyorquino por qué sus necesidades no se discuten y se destinan millones de dólares para matar civiles al otro lado del mundo

Zohran Mamdani, el alcalde de la ciudad de Nueva York, está en su mejor momento. En una época en la que el público está desencantado con la política, las encuestas recientes muestran que, de hecho, su popularidad entre los neoyorquinos va en aumento. Se puede decir que eso se debe en parte a la buena vibra: cuando los Knicks ganaron el campeonato de la NBA, Mamdani fue una de las principales voces de apoyo al equipo, beneficiándose del brillo de su victoria; la Copa Mundial fue un éxito arrollador, con Nueva York inundada de aficionados celebrando; Taylor Swift se casó en una ceremonia secreta en el lugar más visible de Nueva York.

Y mientras su popularidad aumenta, Mamdani, un socialista democrático, también ha estado demostrando su poder político de formas nuevas: su respaldo a tres candidatos progresistas para la Cámara de Representantes les dio la ventaja frente a titulares y candidatos respaldados por el establishment, y consolidó su papel como figura decisiva en el Partido Demócrata. Por supuesto, Mamdani también tiene muchos detractores, tanto en la derecha como entre los líderes demócratas en Washington, a quienes les preocupa su influencia y sus objetivos al llevar al partido más hacia la izquierda.