
Después de cuestionar las teorías monetaristas y keynesianas en la primera parte de la serie, Roberts dirige ahora su análisis hacia las interpretaciones heterodoxas. Su tesis central es que, aunque estas corrientes identifican problemas reales del capitalismo, no logran explicar de manera consistente el origen de la inflación.
El autor examina principalmente dos enfoques.
El primero sostiene que la inflación es consecuencia del poder monopólico de las grandes empresas, que elevan sus márgenes de ganancia («mark-up inflation»). Roberts reconoce que la concentración económica permite a las corporaciones apropiarse de una mayor parte del excedente, pero objeta que ello no explica por qué los precios aumentan de forma generalizada en determinados períodos y no de manera permanente. Si el monopolio fuera la causa suficiente, argumenta, la inflación debería ser constante en todas las economías capitalistas altamente concentradas.
El segundo enfoque interpreta la inflación como resultado del conflicto distributivo entre capital y trabajo. Según esta visión, empresas y trabajadores intentan preservar o ampliar su participación en el ingreso nacional, generando una espiral de precios y salarios. Roberts considera que esta explicación invierte la relación causal. Retomando a Marx, sostiene que los salarios suelen reaccionar al aumento previo de los precios y no ser su detonante inicial. En consecuencia, el conflicto distributivo puede amplificar la inflación, pero no constituye su origen fundamental.
El debate resulta especialmente pertinente para La Argentina. La narrativa oficial suele atribuir la inflación exclusivamente a la emisión monetaria, mientras que buena parte del pensamiento heterodoxo opositor la relaciona con la concentración económica, la puja distributiva y las devaluaciones o asume posiciones neokeynesianas obsoletas que siempre concluyen en devaluaciones del tipo de cambio y empobrecimiento popular.
El enfoque de Roberts invita a ir un paso más allá: preguntarse por qué esas tensiones aparecen de manera recurrente en economías capitalistas periféricas y cuál es la relación entre la acumulación de capital, la rentabilidad y la dinámica de los precios.
Esto desplaza la discusión desde las políticas monetarias y heterodoxas coyunturales hacia las contradicciones estructurales del capitalismo y supone que cualquier modelo económico social alternativo supone fuerte conflicto de intereses con el bloque en el poder – incluídos obviamente los organismos de crédito internacionales – por parte del poder político esto es actuar según lo indica "la marchita", pero completa en un momento donde es posible pensar en el fin del trabajo asalariado que, por caso, reestructurar la deuda impagable.
En ese sentido, el artículo constituye una crítica tanto al monetarismo dominante como a las explicaciones heterodoxas que, según Roberts, describen correctamente algunos mecanismos pero no alcanzan a identificar la causa fundamental de la inflación. Esa explicación será desarrollada en la tercera parte de la serie mediante su propuesta de una «teoría del valor de la inflación», elaborada junto con Guglielmo Carchedi.

¿Son tan decisivas las elecciones de medio término en los Estados Unidos? Se verá, pero el artículo de Axios - un house organ trumpista que debe considerarse-, plantea una hipótesis política relevante: Donald Trump ya no estaría concentrado prioritariamente en conservar una mayoría republicana en el Congreso, sino en garantizar que, gane o pierda el Partido Republicano las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, el trumpismo mantenga el control ideológico del partido y del Estado.
Las principales tesis del artículo:
El poder antes que la mayoría parlamentaria. Según Axios, Trump asume que los republicanos podrían perder una o ambas cámaras del Congreso. Sin embargo, considera que eso no implicaría necesariamente una derrota estratégica si consigue consolidar un Partido Republicano completamente subordinado a su liderazgo.
La presidencia como fuente principal de poder. El artículo sostiene que Trump privilegia las facultades ejecutivas —órdenes presidenciales, designaciones, capacidad de indulto y control del aparato estatal— por encima de la negociación legislativa tradicional. La lógica es gobernar mediante una fuerte concentración de atribuciones presidenciales.
Preparar la sucesión sin abandonar el liderazgo. Axios señala que Trump buscaría convertirse en el gran "árbitro" de la política republicana hacia 2028, definiendo quién heredará su capital político. En ese contexto, aparecen como figuras centrales el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, aunque existen fuertes disputas dentro del propio partido.
Las investigaciones como arma política. El título del artículo ("Trump's final act begins") hace referencia a la posibilidad de que, si los demócratas recuperan el Congreso, se reactive una ola de investigaciones parlamentarias sobre la administración Trump. Paradójicamente, Axios sostiene que el propio Trump parece menos preocupado por esas investigaciones que por asegurar la cohesión del movimiento MAGA.
Igualmente el texto refleja una transformación profunda del sistema político estadounidense. Ya no se trataría únicamente de una disputa entre republicanos y demócratas, sino entre dos concepciones del ejercicio del poder:
una basada en los mecanismos clásicos del constitucionalismo liberal (equilibrio entre poderes, negociación legislativa y controles institucionales);
otra que privilegia la legitimidad directa del liderazgo presidencial, el control del Ejecutivo y la movilización permanente de una base política organizada.
En este marco, el Congreso pierde centralidad relativa frente a la Casa Blanca, los tribunales y los organismos ejecutivos.
Otro aspecto importante es que la verdadera batalla parece desarrollarse dentro del propio Partido Republicano.
Los sectores conservadores tradicionales —representados editorialmente por medios como The Wall Street Journal— observan con preocupación que JD Vance encarne la continuidad del trumpismo, mientras que el ala MAGA interpreta esas críticas como una confirmación de que el viejo establishment perdió el control del partido.
Esto sugiere que el conflicto ya no enfrenta únicamente a republicanos contra demócratas, sino también a:
el conservadurismo clásico;
el nacional-populismo trumpista.
Igualmente puede sostenerse sin esfuerzo que el conflicto estadounidense expresa también una disputa entre distintas fracciones del capital.
Por un lado, sectores vinculados al capital financiero global, las grandes tecnológicas y parte del establishment institucional; por otro, una coalición que combina capital industrial nacional, sectores energéticos tradicionales, pequeñas y medianas empresas y una base social compuesta por trabajadores blancos, clases medias empobrecidas y segmentos rurales.
En ese sentido, el trumpismo no cuestiona el capitalismo estadounidense, sino que propone una forma distinta de organizar su hegemonía: más nacionalista, proteccionista y concentrada en el poder ejecutivo.
Conclusión : El artículo de Axios sugiere que Trump ya no mide su éxito únicamente por el resultado electoral inmediato. Su objetivo estratégico sería dejar consolidado un movimiento político capaz de dominar el Partido Republicano y seguir condicionando la política estadounidense incluso después del final de su mandato. Si esa interpretación es correcta, las elecciones de medio término definirán no solo el equilibrio entre demócratas y republicanos, sino también si el trumpismo logra institucionalizarse como la corriente dominante de la derecha estadounidense durante la próxima década.
Finalmente y desde una mirada más situada, conviene recordar que los demócratas demostraron tanto o más vocación de intervención en la región que los republicanos, a punto tal que fue Obama, - al que muchos confundieron con el negro Rada a la hora de celebrar su primer triunfo electoral en 2008 - el que acompañó y respaldó a Mauricio Macri en su campaña en La Argentina. Por otro lado, la disputa por la hegemonía con China y otras grandes potencias emergentes continuará sin prisa ni pause, pase lo que pase en noviembre en los pagos del señor naranja.

La campaña antiargentina que lleva adelante el gobierno nacional pisa el acelerador cada día. El artículo "Ser Batavia" plantea una tesis central: el gobierno de Javier Milei no estaría impulsando únicamente un programa de ajuste económico, sino una transformación estructural del Estado argentino orientada a subordinar el país a los intereses del capital financiero y tecnológico global. La referencia a Batavia —la antigua capital de las Indias Orientales Holandesas, hoy Yakarta— funciona como metáfora de una colonia administrada en beneficio de corporaciones extranjeras antes que de su propia población.
Desde esa perspectiva, el autor sostiene que existe una arquitectura legislativa coherente integrada por el DNU 70/23, la Ley Bases, las reformas fiscales, laborales y ambientales, y una nueva serie de proyectos de ley que profundizarían ese rumbo. El argumento es que estas iniciativas no son medidas aisladas, sino partes de un mismo programa destinado a reducir la capacidad regulatoria del Estado, favorecer la concentración económica y garantizar rentabilidad al gran capital internacional.
Uno de los ejes más importantes del texto es la cuestión de la tierra y los recursos naturales. El proyecto de "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" es presentado como un mecanismo para eliminar límites a la compra de tierras por extranjeros, facilitar el acceso a zonas de frontera, glaciares y reservas de agua, y debilitar la protección jurídica de comunidades indígenas, campesinos e inquilinos rurales. El artículo interpreta estas reformas como un nuevo ciclo de extranjerización del territorio argentino.
En la misma dirección ubica al denominado Súper RIGI, que ampliaría los beneficios otorgados a grandes inversiones en minería, inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores y energías renovables. Según el texto, la combinación de estabilidad fiscal por treinta años, libre disponibilidad de divisas, baja carga tributaria y posibilidad de acudir al CIADI consolidaría un régimen excepcional favorable a grandes conglomerados internacionales.
Otro aspecto novedoso es la crítica a la propuesta de crear una "sociedad automatizada", es decir, una persona jurídica administrada por algoritmos. El artículo contrapone esa iniciativa con la posición de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y cita la advertencia atribuida al historiador israelí Yuval Noah Harari, según la cual Buenos Aires correría el riesgo de convertirse no en una nueva Ámsterdam sino en una nueva Batavia: un espacio gobernado crecientemente por corporaciones tecnológicas antes que por instituciones democráticas.
También ocupa un lugar destacado la crítica a la denominada Inocencia Fiscal II, que, según el autor, invierte la carga de la prueba en materia tributaria y limita las capacidades de fiscalización del Estado, al tiempo que amplía beneficios para grandes patrimonios y funcionarios públicos.
Respecto del sistema financiero, el artículo sostiene que las modificaciones proyectadas para la Carta Orgánica del Banco Central apuntan a consolidar un esquema donde los bancos financian crecientemente al Tesoro mediante instrumentos como LECAP y BONCAP. El texto cuestiona la idea oficial de independencia monetaria y afirma que el sistema financiero destina una porción sustancial de su capacidad crediticia al financiamiento de la deuda pública antes que a la economía productiva.
Finalmente, el artículo interpreta la política de recortes presupuestarios, paralización de obra pública y vetos presidenciales como una estrategia de "shutdown" del Estado. En lugar de limitarse al equilibrio fiscal, el objetivo sería reducir permanentemente las funciones estatales en educación, salud, infraestructura, previsión social y federalismo fiscal.
El texto ofrece una interpretación coherente basada en la teoría de la dependencia y en los enfoques sobre financiarización del capitalismo. Su principal fortaleza consiste en vincular distintas reformas dentro de un mismo proyecto político, en lugar de analizarlas aisladamente.
En este sentido, la metáfora de Batavia resulta potente porque resume la hipótesis central del artículo: la Argentina estaría transitando desde un modelo de Estado nacional hacia otro donde las decisiones estratégicas sobre recursos naturales, infraestructura, sistema financiero y desarrollo tecnológico quedan crecientemente condicionadas por intereses corporativos transnacionales, mientras disminuye la capacidad soberana de las instituciones democráticas para regular esos procesos. ¿Se van entendiendo los alcances de "la campaña antialgentina"?

Ceuta expresa la contradicción entre un capitalismo profundamente desigual y un régimen de fronteras extremadamente selectivo.
Europa necesita mano de obra migrante para diversos sectores productivos, pero procura administrar esos flujos de forma estrictamente controlada. Marruecos, por su parte, convierte esa capacidad de control en un recurso de negociación con Bruselas, obteniendo financiamiento, reconocimiento diplomático y ventajas económicas a cambio de contener los movimientos migratorios.
En ese esquema:
los trabajadores migrantes constituyen la parte más vulnerable;
Marruecos obtiene capacidad de presión internacional;
la Unión Europea busca preservar la estabilidad política interna frente al crecimiento de fuerzas antiinmigración;
las derechas europeas capitalizan electoralmente cada episodio de presión fronteriza.
En consecuencia, Ceuta es una crisis geopolítica porque la migración fue utilizada como herramienta de presión estatal; pero esa estrategia sólo es posible porque existen profundas desigualdades económicas entre ambas orillas del Mediterráneo que generan una oferta permanente de personas dispuestas a migrar. Reducir el fenómeno únicamente a la seguridad o únicamente a la pobreza deja fuera una parte esencial del problema. En La Argentina el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 681/2026) mediante el cual el gobierno de Javier Milei modificó aspectos de la Ley de Migraciones se inscribe en esta tendencia de usos de la inmigración por parte de la ultraderecha para actuar un nacionalismo del que en la práctica abjura, como veremos en la nota de Rovelli. La norma xenófoba fue publicada a fines de julio de 2026 y generó un intenso debate político y jurídico.
Los principales cambios son:
Se habilita a impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que incurran en conductas consideradas de "odio", discriminación o agravio contra los argentinos o los símbolos nacionales.
Se amplían las causales de expulsión para personas extranjeras que ya se encuentren en el país.
El Gobierno sostiene que la medida no alcanza a las críticas políticas, académicas o ideológicas, sino únicamente a expresiones que constituyan incitación al odio o a la violencia.
Los argumentos del Gobierno
El Poder Ejecutivo justificó el DNU afirmando que existió una "campaña antiargentina" durante el Mundial de Fútbol 2026 y que era necesario proteger a los ciudadanos argentinos frente a manifestaciones xenófobas o discriminatorias provenientes del exterior.
Las principales críticas
Diversos constitucionalistas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición cuestionaron la medida por varias razones:
La amplitud e indeterminación del concepto de "agravio", que podría permitir interpretaciones discrecionales.
El uso de un DNU para modificar aspectos sensibles de la política migratoria, evitando el debate parlamentario.
El posible conflicto con garantías constitucionales sobre libertad de expresión y debido proceso.
El riesgo de utilizar la política migratoria como herramienta de política exterior o de confrontación política.
Una lectura política
Desde una perspectiva comparada, el decreto se inscribe en una tendencia observable en distintos gobiernos de derecha radical y nacionalista —como los de Donald Trump en Estados Unidos o varios ejecutivos europeos— que vinculan la política migratoria con la seguridad nacional y la defensa de la identidad nacional.
Desde una perspectiva crítica de clase, puede interpretarse como parte de un proceso de securitización de la migración: el fenómeno migratorio deja de abordarse principalmente como una cuestión de derechos humanos o de mercado de trabajo para convertirse en un problema de orden público y soberanía. Al mismo tiempo, sus críticos sostienen que este tipo de medidas puede contribuir a desplazar el debate público desde los problemas económicos y sociales internos hacia la identificación de amenazas externas o de "enemigos" simbólicos, una derva de "La campaña antiargentina" que soportamos tras la derrota en la final del mundial 2026 donde los argentino volvimos a ser derechos y humanos ... un ratito, hasta este decreto nefasto, por ejemplo. ¯\_(ツ)_/¯i

Podemos desacelerar en la periferia del sistema capitalista? Esa es precisamente una de las principales preguntas y objeciones que se le hace a Kohei Saito. Su propuesta de "desaceleración" (degrowth o decrecimiento) adquiere una dimensión muy distinta cuando se la observa desde la periferia del capitalismo y no desde las economías centrales.
Saito sostiene que la crisis ecológica no puede resolverse manteniendo un imperativo de crecimiento infinito. Inspirándose en una lectura de Karl Marx, plantea reducir la producción de bienes superfluos, acortar la jornada laboral, ampliar los bienes comunes y reorganizar la economía en función de las necesidades sociales antes que de la rentabilidad.
Sin embargo, esa propuesta enfrenta un problema estructural.
El Norte y el Sur no parten del mismo lugar. Los países centrales acumularon durante más de dos siglos enormes niveles de riqueza gracias a:
la industrialización temprana;
la apropiación colonial de recursos;
el intercambio desigual con la periferia;
una elevada productividad tecnológica.
En cambio, gran parte de América Latina, África y parte de Asia todavía presentan déficits en infraestructura, vivienda, salud, educación, transporte y capacidad industrial y están sometidos con La Argentian a gobiernos que los despojan de recursos materiales e institucionales de manera creciente y exponencial.
Para millones de personas de la periferia, "consumir menos" no significa dejar de comprar un tercer automóvil o realizar menos vuelos internacionales, sino que puede implicar renunciar a satisfacer necesidades básicas que aún no están cubiertas.
Ahí aparece una contradicción importante.
¿Puede la periferia decrecer?
Desde una perspectiva marxista dependencista, la respuesta suele ser negativa.
Autores como Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos o Samir Amin sostienen que el problema de la periferia nunca fue el exceso de crecimiento sino la forma subordinada en que crece.
La cuestión no sería producir menos, sino producir de otra manera y para otros fines.
Es decir:
industrializarse;
agregar valor;
desarrollar ciencia y tecnología;
sustituir importaciones estratégicas;
mejorar salarios;
disminuir la dependencia financiera y tecnológica.
En otras palabras, la periferia necesita transformar su estructura productiva antes que reducirla.
El intercambio ecológicamente desigual
Aquí aparece un punto donde Saito y la teoría de la dependencia pueden complementarse.
El Norte global externaliza buena parte de sus costos ambientales hacia el Sur.
Ejemplos:
minería del litio;
soja;
petróleo;
cobre;
tierras raras;
pesca;
deforestación.
Los impactos ecológicos quedan en los países exportadores mientras el consumo ocurre principalmente en las economías desarrolladas.
Por eso muchos autores hablan de un intercambio ecológicamente desigual: el centro importa naturaleza barata y exporta manufacturas y tecnología caras.
Una lectura desde América Latina
Autores como Eduardo Gudynas o Alberto Acosta proponen una posición intermedia.
No se trata simplemente de crecer o decrecer.
Se trataría de:
decrecer en sectores ambientalmente destructivos;
crecer en salud, educación, investigación científica y energías limpias;
abandonar el extractivismo como eje permanente de acumulación.
Es un cambio cualitativo más que una reducción cuantitativa del producto.
¿Qué ocurre con Argentina?
Argentina ilustra bien esta tensión.
Si aplicara una política de decrecimiento en el sentido estricto de Saito, podría profundizar problemas ya existentes:
desindustrialización;
desempleo;
restricción externa;
dependencia tecnológica;
menor capacidad estatal.
Pero tampoco resulta sostenible reproducir un patrón basado exclusivamente en exportar materias primas para obtener divisas.
El desafío no es "producir menos" sino disputar qué se produce, quién decide la producción, cómo se distribuye el excedente y cuáles son los costos ambientales que asume cada clase social.
Una posible síntesis
La propuesta de Saito es especialmente convincente como crítica al hiperconsumo de las economías desarrolladas. Allí, reducir el consumo material puede mejorar tanto la sostenibilidad ambiental como la calidad de vida.
En la periferia, en cambio, la cuestión es distinta. Un proyecto emancipador difícilmente pueda prescindir de cierto crecimiento económico, pero ese crecimiento debería orientarse a satisfacer necesidades sociales, fortalecer la soberanía productiva y reducir la dependencia externa, en lugar de reproducir un modelo extractivista y financieramente subordinado.
En ese sentido, una síntesis entre Saito y la teoría marxista de la dependencia podría formularse así: el Norte debería decrecer en consumo material y apropiación de recursos, mientras que la periferia necesita transformarse estructuralmente para poder desarrollarse dentro de límites ecológicos, con mayor autonomía y justicia distributiva. Veamos en esta entrevista la mirada de Saito que, más allá de críticas, merece la pena política y conceptualmente.

La nota de Chequeado analiza el proyecto del Gobierno para derogar la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable (conocida como ley de etiquetado frontal) y refuta cinco argumentos utilizados para justificar esa decisión.
Más allá de la verificación de datos, el conflicto expresa una disputa entre dos enfoques de política pública:
El enfoque desregulador sostiene que el Estado debe intervenir lo menos posible y que la información nutricional tradicional alcanza para que el consumidor decida libremente.
El enfoque de salud pública considera que existe una fuerte asimetría de información y de poder entre grandes empresas alimenticias y consumidores, especialmente niños y adolescentes, por lo que los sistemas de advertencia constituyen una herramienta para reducir enfermedades asociadas al consumo de ultraprocesados.
La experiencia regional, especialmente en Chile, ha mostrado que los sellos frontales pueden modificar decisiones de compra e incentivar la reformulación de productos por parte de la industria, aunque el impacto sobre obesidad y enfermedades crónicas depende también de otras políticas complementarias.
En la apertura la edición de Carpe Diem la Dra. María Teresa Enrico, médica diabetóloga y especialista en Nutrición, analiza los cambios que impulsa el Gobierno a la Ley de Etiquetado Frontal. Durante la entrevista abordamos el impacto que estas modificaciones podrían tener en la salud pública y las razones por las que numerosas sociedades científicas expresaron su preocupación frente a esta iniciativa.
Un diálogo imprescindible para comprender un debate que involucra el derecho a una alimentación saludable y al acceso a información clara para los consumidores.

¿Puede el peronismo ganar y gobernar con un liderazgo proscripto o desplazado de la candidatura presidencial? La historia argentina ofrece una secuencia de experiencias que parecen responder negativamente. Desde Frondizi hasta Alberto Fernández, pasando por Illia y Cámpora, las fórmulas construidas para reemplazar o compensar la ausencia del liderazgo central terminaron enfrentando problemas de legitimidad política, conflictos de conducción o gobiernos truncos. Este artículo sostiene que las llamadas "candidaturas delegadas" constituyen una constante históricamente fallida del peronismo y que la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner vuelve a colocar ese dilema en el centro de la escena política argentina.

El artículo "Turnos nocturnos, mataderos y niños" de Bruno Sgarzini propone una reflexión sobre un aspecto poco visible de la transformación del capitalismo contemporáneo: cómo la organización del trabajo termina reconfigurando la vida familiar, el cuidado infantil y la reproducción cotidiana de la fuerza de trabajo.
Lejos de presentar el trabajo nocturno como una simple modalidad laboral, el texto lo interpreta como el síntoma de un modelo económico que extiende la lógica de la producción durante las veinticuatro horas del día. Cuando la economía funciona sin pausas, también exige trabajadores disponibles permanentemente, trasladando los costos de esa disponibilidad a las familias.
El artículo recupera la imagen histórica de los mataderos y de los turnos industriales para mostrar que, aunque las tecnologías hayan cambiado, persiste un problema estructural: el tiempo del capital y el tiempo de la vida no coinciden. Mientras las empresas buscan maximizar la utilización de instalaciones y equipos mediante turnos continuos, las necesidades de cuidado de niños, descanso, educación y sociabilidad quedan subordinadas a esa lógica.
Desde esa perspectiva, la ausencia de jardines maternales nocturnos o de políticas públicas de cuidado deja de ser una simple deficiencia administrativa para convertirse en una manifestación de una contradicción más profunda. La economía necesita trabajadores disponibles de noche, pero no garantiza las condiciones sociales que permitan sostener esa disponibilidad. El resultado es que las familias —y especialmente las mujeres— absorben gratuitamente ese costo mediante redes informales de cuidado, sobrecarga doméstica

El artículo "De trapos, banderas y volantes" del sociólogo e historiador Roberto Baschetti, reflexiona sobre un fenómeno que excede al fútbol: el regreso de la militancia visible en el espacio público a través de símbolos materiales —banderas, trapos, volantes, murales— en un contexto de fuerte ofensiva individualista y digital. A partir de la experiencia de las movilizaciones populares recientes, el autor sostiene que esos elementos vuelven a ocupar un lugar central porque expresan organización, identidad colectiva y pertenencia política.
El mayor mérito del artículo es recordar que la política sigue siendo un fenómeno profundamente colectivo. En tiempos donde pareciera que todo sucede en las pantallas, los trapos, las banderas y los volantes recuperan su carácter original: son instrumentos de organización y de construcción de poder popular. No sustituyen al programa político ni a la organización, pero constituyen una manifestación visible de ambos. En ese sentido, cada bandera levantada representa mucho más que una consigna: expresa la voluntad de transformar el descontento individual en acción colectiva.

El artículo adjunto analiza críticamente un informe publicado por la revista The Economist el 23 de junio de 2026. Dicho informe defiende que los milmillonarios actuales se han ganado su fortuna de forma más justa y meritocrática en comparación con el pasado. El texto rebate esta postura señalando las deficiencias lógicas del argumento y cuestionando los intereses de la publicación.
Antes, la opinión pública respetable se preocupaba por distinguir entre los pobres "merecedores" y los "no merecedores". Hoy, ante el creciente sentimiento anti-ultraricos, The Economist argumenta que, de hecho, son los multimillonarios quienes merecen nuestra gratitud, compasión y protección. Tal como advirtiera Carlos en su momento, gobernaremos para , "los niños ricos que tienen tristeza", han crecido. Abracémoslos muy fuerte.

El artículo de Michael Roberts, «Theories of inflation: part one – the mainstream», constituye la primera entrega de una serie dedicada a confrontar las principales explicaciones de la inflación. Su objetivo es mostrar que las teorías dominantes —aunque difieren entre sí— comparten un rasgo central: sitúan el origen de la inflación en problemas de la circulación monetaria, la demanda agregada o las expectativas, dejando en un segundo plano las relaciones de producción y la dinámica de la rentabilidad del capital.
El debate adquiere especial relevancia para Argentina. Durante el gobierno de Javier Milei, la narrativa oficial ha combinado elementos monetaristas —la emisión como causa principal de la inflación— con una fuerte apuesta a la credibilidad del programa económico.
Sin embargo, persisten factores estructurales como la concentración de mercados, la restricción externa potenciada por la fuga de capitales récord durante su gobierno, la formación oligopólica de precios y la puja distributiva que difícilmente pueden reducirse únicamente a la cantidad de dinero en circulación.
En ese sentido, el artículo de Roberts cuestiona la idea de que la estabilidad de precios dependa exclusivamente del ajuste monetario y fiscal, e invita a analizar la inflación como una expresión de las contradicciones del proceso de acumulación capitalista, más que como un simple desequilibrio técnico entre dinero y bienes.

La disputa sobre Nicaragua también es una disputa por el sentido. Buena parte de la información que circula en los grandes conglomerados mediáticos occidentales responde a agendas editoriales influenciadas por los intereses estratégicos de los países centrales.
Por ello, asumir sin contraste ese relato implica correr el riesgo de reproducir una visión parcial del conflicto. Una evaluación rigurosa exige confrontar fuentes diversas —incluidas las provenientes de América Latina y del propio país— y distinguir entre hechos comprobados, interpretaciones y posicionamientos políticos.
La crítica al intervencionismo estadounidense y el análisis de las limitaciones democráticas del gobierno nicaragüense no son incompatibles; ambas dimensiones deben examinarse con el mismo rigor, máxime con las recientes operaciones de medios occidentales sobre el gobierno nicaragüense y el intervencionismo manifiesto del gobierno norteamericano.

Millones de personas en todo el mundo se verán ahora aún más expuestas a las acciones criminales de estados depredadores. A diferencia de la acusadora de Khan, es poco probable que alguna vez tengan la oportunidad de ser juzgadas.

El artículo de Emilia Trabucco plantea que la visita de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, no fue una simple misión técnica vinculada a la tercera revisión del programa, sino un episodio de mayor alcance político e institucional. La tesis central es que el Fondo aparece como un actor que acompaña y condiciona transformaciones estructurales del Estado argentino, más allá de la supervisión macroeconómica habitual. Quizá el aspecto más relevante del artículo no sea la revisión técnica del acuerdo, sino la hipótesis de que la visita de Georgieva simboliza un momento de consolidación institucional del programa económico de Milei.
En ese marco, la reforma del Banco Central aparece presentada como un cambio de reglas de largo plazo destinado a limitar la direccionalidad futura de la política económica, mientras, en rigor una cesión adicional de autonomía frente a los condicionamientos del FMI y de los mercados financieros internacionales. Esa tensión entre supuesta estabilidad macroeconómica tutelada e independencia de las decisiones democráticas constituye el núcleo del debate político que el artículo busca poner en primer plano.

En esta nota se compara el servicio anual de deuda en moneda extranjera entre las obligaciones con el FMI y los bonos Globales en dólares bajo ley de Nueva York para el período 2026-2035. La conclusión principal es contundente: el acuerdo con el FMI concentra un "muro de vencimientos" mucho más exigente que el perfil de pagos de los bonos reestructurados en 2020.
Entre 2028 y 2031 aparece el denominado "Muro FMI", con pagos anuales que oscilan entre US$ 9.262 millones y US$ 11.212 millones.
El pico se registra en 2030, cuando los pagos al Fondo alcanzarían US$ 11.212 millones, casi el doble del servicio correspondiente a los Globales ese mismo año (US$ 6.039 millones).
Incluso en 2031, cuando los Globales aumentan hasta US$ 7.779 millones, el FMI continúa exigiendo US$ 10.638 millones.
A partir de 2032, las obligaciones con el Fondo comienzan a descender rápidamente, mientras que los bonos mantienen un cronograma relativamente estable entre US$ 6.500 y 7.500 millones anuales.
Desde una perspectiva macroeconómica, el gráfico evidencia que el verdadero problema financiero de la Argentina durante los próximos años no proviene principalmente de la reestructuración de la deuda privada realizada en 2020, sino del calendario de repagos asociado al préstamo extraordinario otorgado por el FMI en 2018 y posteriormente refinanciado.
El préstamo con el Fondo posee dos características que lo diferencian de los bonos:
concentra fuertes amortizaciones en pocos años;
exige revisiones periódicas y el cumplimiento de condicionalidades de política económica.
En consecuencia, el peso del FMI no se limita al volumen de dólares a pagar sino que también condiciona la política económica mediante metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas.
El gráfico también permite observar una paradoja importante.
Durante años, buena parte del debate público argentino se concentró en la reestructuración de los bonos privados realizada en 2020. Sin embargo, el cronograma muestra que esos bonos presentan un perfil de pagos relativamente más distribuido y previsible que el correspondiente al FMI.
En otras palabras, el principal cuello de botella externo entre 2028 y 2031 está explicado por el Fondo Monetario Internacional.
Para la administración de Javier Milei esto supone un desafío estructural. Si el programa económico no logra:
incrementar significativamente las exportaciones,
acumular reservas internacionales,
recuperar el acceso pleno al financiamiento voluntario,
El país enfrentará la necesidad de una nueva renegociación con el FMI o de obtener nuevos desembolsos que permitan refinanciar esos vencimientos.
Por ello, el "muro FMI" constituye no solo un problema financiero, sino también un factor de condicionamiento político: la capacidad del gobierno para sostener su programa económico dependerá en buena medida de cómo resuelva ese calendario de pagos extraordinariamente concentrado, y para lograrlo o reestructura o el país seguirá desplegando este plan de miseria planificada que planteara Rodolfo Walsh. Lamentablemente la respuesta ya la conocemos. En otras palabras, reestrucutamos la deuda o morimos y como lo advirtó

El cofundador de Anthropic, Chris Olah, participó junto al Papa León XIV en el Vaticano el 25 de mayo de 2026 para la presentación de la encíclica sobre inteligencia artificial titulada Magnifica humanitas, esta presencia no fue de cortesía obviamente. En el artículo de Axios describe una deriva inocultable de aquella posición, como una paradoja creciente: mientras Anthropic se consolida como una de las compañías más influyentes de la IA, su posición política y regulatoria la está dejando cada vez más aislada frente al resto de la industria.
Anthropic quedó sola frente a sus competidores. La empresa decidió no firmar una carta impulsada por el CEO de NVIDIA que rechaza la posibilidad de prohibir los modelos abiertos ("open-weight") desarrollados en China. Mientras gigantes como OpenAI, Microsoft, Google y Meta respaldaron una postura más abierta, Anthropic prefirió mantener distancia.
No apoya una prohibición absoluta. El CEO, Dario Amodei, aclaró que la empresa no propone vetar completamente los modelos chinos, aunque sí sostiene que representan riesgos importantes en materia de seguridad nacional, espionaje tecnológico y robo de propiedad intelectual.
El debate excede lo tecnológico. En Washington se discute si Estados Unidos debe restringir la circulación de modelos abiertos chinos como Kimi K3 o DeepSeek. Anthropic y OpenAI vienen alertando sobre esos riesgos, mientras NVIDIA y gran parte de la industria argumentan que una prohibición terminaría debilitando la competitividad estadounidense y favorecería el desarrollo autónomo de China.
La discusión refleja dos estrategias diferentes dentro del capital tecnológico estadounidense:
El bloque de las plataformas abiertas (NVIDIA, Microsoft, Meta y otros) considera que mantener abiertos los modelos fortalece el ecosistema occidental, genera mayor innovación y dificulta que China desarrolle un estándar alternativo.
El bloque de los laboratorios de frontera, encabezado por Anthropic y, en menor medida, OpenAI, prioriza controles regulatorios más estrictos porque entiende que los modelos más avanzados constituyen una tecnología estratégica comparable a los semiconductores o incluso al material nuclear.
El conflicto no enfrenta simplemente a Estados Unidos y China. También expresa una disputa intra-capitalista por quién controlará la infraestructura de la inteligencia artificial.
Las empresas de hardware y de infraestructura obtienen beneficios cuanto mayor sea la difusión de modelos abiertos.
Los desarrolladores de modelos cerrados tienen incentivos para promover mayores barreras regulatorias que eleven el costo de entrada para futuros competidores.
En ese sentido, la controversia sobre los modelos abiertos chinos funciona también como una disputa por la configuración del futuro mercado mundial de la IA: si prevalecerá un ecosistema relativamente abierto y competitivo o un oligopolio dominado por un puñado de laboratorios estadounidenses con fuerte respaldo estatal.
En síntesis, el artículo de Axios muestra que Anthropic está cada vez más aislada porque intenta combinar una agenda de seguridad nacional con una regulación más estricta de la IA, mientras buena parte de Silicon Valley teme que esas restricciones terminen consolidando un mercado menos competitivo y más concentrado.

Cristina Fernández de Kirchner anunció en una carta abierta su presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU para impugnar la condena por la causa "Vialidad", calificando la inhabilitación como una proscripción motivada por el "lawfare". El documento denuncia un sesgo de género en la justicia argentina, vincula la persecución judicial con el atentado sufrido en 2022, y suma a juristas internacionales para su defensa. La visión política del kirchnerismo y su conductora califica a los tribunales de Comodoro Py como el epicentro del "lawfare" y la persecución política en Argentina. Esta postura argumenta que un sector del Poder Judicial funciona como un instrumento de disputa de poder en lugar de impartir justicia. Ejes de la crítica a Comodoro Py Mecanismo de Proscripción: Sostiene que las causas judiciales y las condenas (como en la causa "Vialidad") no buscan castigar delitos, sino neutralizar y proscribir a dirigentes populares de la vida pública. Farsa y Show Mediático: Denuncia que las citaciones e indagatorias (por ejemplo, en la causa "Cuadernos") se configuran como "farsas procesales" montadas para el espectáculo mediático. Su objetivo sería desviar la atención social de los problemas económicos vigentes. Guerra Judicial o Lawfare: Describe al fuero federal como un esquema articulado entre jueces, fiscales, medios de comunicación hegemónicos y servicios de inteligencia. Según esta perspectiva, se utilizan "prácticas mafiosas", armado de pruebas y presiones para disciplinar a la oposición. Sustitución de las Fuerzas Armadas: Compara el accionar actual de ciertos sectores judiciales con los métodos de los golpes militares del siglo XX. Plantea que hoy la intervención en la vida institucional y la desestabilización democrática se ejecutan desde los escritorios de Retiro. Politización de la Justicia: Cuestiona las reformas estructurales del pasado, señalando que la dinámica interna actual (como la elección de autoridades en el Consejo de la Magistratura) ha llevado a que los magistrados actúen más como militantes políticos enfocados en armar listas que en dictar fallos independientes.

Horacio Rovelli interpreta la visita de Kristalina Georgieva como un gesto político y financiero clave: apoyo explícito al gobierno de Javier Milei, garantía de capacidad de pago vía Vaca Muerta y un mensaje de flexibilidad del FMI respecto al destino de los fondos.

Una sombra planea hoy sobre la relación bilateral más estratégica de la Argentina: la que mantiene con Brasil. El canciller Mauro Vieira llamó a consultas a su embajador en Argentina luego de que Milei calificara al presidente brasilero de «convicto» y «ladrón».

El análisis de Artemio López sostiene que el silencio opositor y la omisión de Cristina Kirchner, denominando a esta estrategia como "La Innombrable", fragmentan al peronismo y fortalecen el relato oficialista, facilitando la hegemonía oficialista. Esta dinámica, derivada de la impunidad tras el atentado de 2022, conlleva a la desmovilización popular y a la normalización de la violencia política. Sin duda el atentado y la persecución judicial contra Cristina Kirchner buscan su proscripción definitiva para retirar del escenario político la única alternativa real al modelo actual. Claves del análisis sobre el silencio interno: Disciplinamiento político: El ataque físico y judicial funciona como una amenaza mafiosa para disciplinar a toda la dirigencia opositora. Complicidad por omisión: El silencio de los propios sectores del peronismo fragmenta la resistencia y debilita la respuesta social frente al avance oficialista. Falta de reacción popular: Al no militar de forma unánime la consigna "Cristina Libre", la oposición convalida el cerco judicial y mediático que la aísla.Vía libre al mercado: Sin una conducción fuerte que polarice, el gobierno desarticula los derechos laborales y sociales sin encontrar resistencia institucional sólida.La columna concluye que callar el nombre de Cristina Kirchner no es una estrategia de moderación, sino una capitulación política que deja al campo popular sin su principal referencia de poder.
La proscripción y el intento de eliminación simbólica o física de líderes populares en Argentina tiene antecedentes históricos claros, donde el silencio o la moderación interna de sus propios movimientos funcionó como un factor de debilitamiento. Procesos históricos de proscripción y reacción interna: La proscripción del Peronismo (1955-1973): Tras el golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Peronismo, el decreto 4161 prohibió nombrarlo a él, a Evita y a los símbolos del partido. A nivel interno, surgieron sectores conocidos como el "neoperonismo" (liderados por figuras como Augusto Vandor) que intentaron construir un "peronismo sin Perón", apostando al silencio sobre el líder exiliado para negociar con las dictaduras y gobiernos civiles de turno. El derrocamiento e inhabilitación de Hipólito Yrigoyen (1930): El primer golpe de Estado moderno en Argentina derrocó al líder de la Unión Cívica Radical (UCR). Yrigoyen fue encarcelado en la isla Martín García bajo un fuerte cerco mediático y judicial que buscaba su muerte política. Sectores internos de la propia UCR (los "antipersonalistas") optaron por el silencio y la distancia con su figura histórica, facilitando el período de fraude patriótico conocido como la Década Infame. El fusilamiento y persecución a Manuel Dorrego (1828): El gobernador de Buenos Aires y líder del partido popular/federal fue derrocado por un golpe militar unitario liderado por Juan Lavalle. Dorrego fue fusilado sin juicio previo con el objetivo de cortar de raíz la representación de las clases populares. Gran parte de la élite política de la época rodeó el hecho de un silencio cómplice o justificativo, lo que derivó en años de guerra civil ante la falta de una salida política institucional. Elementos comunes con el análisis actual. La Ilusión de la moderación: En todos los casos, los sectores internos que optaron por no nombrar al líder perseguido creían que la moderación los salvaría de la persecución. El relevo fallido: Los intentos de la dirigencia "propia" por reemplazar al líder proscrito mediante el pacto o el silencio terminaron debilitando la base electoral y social del movimiento. Facilitación del modelo rival: La falta de una defensa unánime de la conducción perseguida permitió a los gobiernos de turno consolidar reformas económicas y políticas profundas sin resistencia. Un apéndice especial sobre la supuesta "pelotudez" de la consigna "CristinaLibre" y su comparación con "LulaLibre".