Empresarios, personal policial y autoridades provinciales con complicidad judicial aceleraron en los últimos días el hostigamiento a comunidades indígenas y campesinas con el objetivo de despojarlas de sus tierras. El conflicto que involucra a Emanuel Ginóbili en Villa La Angostura. Convocan a un acto en defensa del agua en Mendoza el 9 de diciembre.

Se agrava el conflicto entre una comunidad indígena y las mineras en Catamarca

Por Juan Manuel Erazo

Peñas Negras denuncia una escalada de violencia ante el avance de actividades extractivas en su territorio. Responsabilizan al gobernador Rubén Jalil por el hostigamiento policial.
La Comunidad Indígena de Peñas Negras, perteneciente al pueblo diaguita, resiste al proyecto minero Aguas Calientes I, II y III en Belén, Catamarca. La iniciativa empresarial está a cargo de Minera Millaray S.A., y las operadoras Elevado Gold S.A. (de capitales australianos) y Amalaya S.A., quienes intentan llevar a cabo los estudios iniciales en una zona donde la comunidad desarrolla tareas de pastoreo, actividades comunitarias y que declaran como un territorio ancestral y sagrado.
El miércoles 2 de septiembre, los comuneros fueron golpeados y agredidos con gas pimienta por personal policial. De acuerdo con lo relatado por la comunidad, personas no identificadas y sin orden judicial visible intentaron ingresar al territorio en motocicletas sin identificación. La comunidad sostiene un campamento en la zona. Sus voceros afirman que el operativo policial que derivó en la represión respondió a una orden directa del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, para habilitar por la fuerza el ingreso de la minera al territorio y avanzar con la toma de muestras, pese a la falta de orden judicial y a la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada.
Según su relato, el conflicto se agravó en los últimos días cuando la empresa, escoltada por personal policial, intentó subir al cerro para realizar estudios mineros, lo que derivó en sucesivos episodios de violencia contra los comuneros que resisten el proyecto. La comunidad remarca que, pese a haber puesto los hechos en conocimiento de los organismos de Justicia, hasta el momento no se dispuso ninguna medida de protección.
El 6 de setiembre, los comuneros realizaron una denuncia penal ante la Fiscalía de Belén tras los hechos de violencia policial ocurridos en su territorio. La presentación fue realizada por la abogada de la comunidad, Andrea Morales Leanza, quien solicitó la inmediata intervención fiscal, custodia policial para su traslado y el desplazamiento de personal judicial al territorio para tomar denuncias in situ. La denuncia pide que la Fiscalía verifique la identidad y legitimidad de quienes intervienen en el lugar y que se constaten médicamente las lesiones sufridas por los comuneros.
“Estamos en un Estado sin derecho, sin garantía de nada”, declaró Morales Leanza y denunció la presencia constante de policías y personas vinculadas a la actividad minera en los alrededores del territorio. Según explicó, el acceso a la comunidad desde Catamarca se encuentra dificultado y existen grupos que impiden el ingreso de personas que intentan acercarse para brindar asistencia. Por ese motivo, Morales Leanza debió coordinar su ingreso desde la localidad salteña de Jasimaná, utilizando caminos solo conocidos por las propias comunidades.
El arqueólogo, docente e investigador de UNCA, Gustavo Pisani, comentó: “La respuesta del gobierno provincial fue seguir adelante con el proyecto minero, a pesar de que no contaba con el consentimiento de las comunidades indígenas, lo que significó no solo no revocar, sino incluso renovar, los permisos de exploración a las empresas, y accionar junto con ellas para tratar de favorecer la instalación de este emprendimiento en el lugar”.
Un poco de historia
El 7 de febrero del 2024, el Ministerio de Minería de Catamarca aprobó la Declaración de Impacto Ambiental para la etapa de exploración del proyecto minero. La comunidad impugnó esta resolución ante la ministra Olga Teresita Regalado, reclamando su nulidad absoluta por no haberse realizado el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada que exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
La comunidad sostiene que la única instancia informativa realizada el 23 de mayo de 2023, en una escuela de Aguas Calientes, no cumplió con los estándares de una consulta previa, libre, informada y de buena fe.
Pisani, sostiene también que “las empresas y la gobernación se dieron un proceso de cooptación de los líderes comunitarios, y de corrupción de las instituciones comunitarias indígenas y los procesos asamblearios de toma de decisión, acordando directamente con los caciques. Esto dio lugar a que muchas de las comunidades que en un momento estaban en contra de la actividad minera, pasaron luego a estar a favor y a enfrentarse a sus hermanos indígenas que amparaban el lugar”.
Sobre la situación judicial, Pisani sostiene que “cabe denunciar también la existencia de una complicidad administrativa entre el silencio de la fiscalía de Belén y de la fiscalía general, que no han tomado cartas en el asunto, y las irregularidades administrativas observadas en los permisos otorgados por el Ministerio de Minería, que estarían falseando y omitiendo información”.
En cuanto a la situación actual, la comunidad se mantiene en estado de alerta y de asamblea permanente. No hubo hasta ahora un nuevo intento de la empresa por subir al cerro. Sin embargo, el gobernador Jalil ha manifestado públicamente que no va a dar marcha atrás con el proyecto minero y que va a tratar de llevar a cabo una instancia de diálogo para el día lunes 14 de septiembre. “Hay cinco caciques que están de acuerdo y hay uno que no está de acuerdo», afirmó. “Hasta ahora, la comunidad se mantiene firme en su posición de no retirarse del territorio”.
Fuente: Tiempo Argentino

El modelo Arauco en Misiones: amenazas, detenciones y casas quemadas con complicidad estatal

Por Clarisa Néztor

Entre la media sanción del Senado a los desalojos exprés y el avance del debate sobre la regularización de los mercados de carbono, cerca de 200 familias campesinas del municipio de San Pedro denuncian a Arauco y a la Policía de Misiones por un violento y sistemático avance sobre las tierras en las que cultivan sus alimentos. “El gobierno provincial no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro”, denuncia Diego Antúnez, productor y presidente de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras.
Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco son parajes rurales del municipio de San Pedro, en el nordeste de Misiones. La Comisión Vecinos Unidos por las Chacras reúne en esos parajes a 164 familias que producen alimentos en pequeñas parcelas para sostener sus economías. Desde hace años sufren una persecución sistemática de violencia institucional y un hostigamiento permanente por parte de la forestal Arauco, que los acusa de ocupar tierras a pesar de no presentar cargos formales ante el Poder Judicial. En las últimas semanas, la violencia escaló con una represión cuyo objetivo fue sembrar el terror y forzar a las familias a abandonar sus chacras. “Ni Arauco, ni el gobierno municipal ni el provincial nos mostraron un título de propiedad”, sostiene Diego Antúnez, productor y presidente de la comisión de vecinos a quien le incendiaron su casa a fines de agosto.
Los productores describen cómo el personal de Arauco, acompañado por la Policía de Misiones, ingresa a las chacras sin órdenes de desalojo, realiza amenazas, detenciones y prende fuego las viviendas de madera. Las denuncias de las familias campesinas fueron públicas y radicadas ante el Poder Judicial de San Pedro. Las personas perjudicadas exigen la respuesta del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y la regularización de las tierras.
La situación desatada a mediados de agosto, llevó a los vecinos a mantener varios días de acampe frente al Municipio de San Pedro, donde el intendente Miguel Ángel Dos Santos lleva tres años sin darles respuestas. En Posadas, la comisión de vecinos se reunió en varias oportunidades con Daniel Behler, subsecretario provincial de Tierras y Colonización, quien se comprometió a avanzar con un relevamiento de las familias afectadas, solicitar información sobre el accionar policial denunciado y abrir una mesa de diálogo con Arauco, al que la empresa nunca se presentó.
La última reunión de la Comisión de Vecinos Unidos por las Chacras con el subsecretario Behler ocurrió este miércoles. Antúnez contó que el funcionario provincial volvió a pedirle a las familias un relevamiento de las chacras en las que producen para poder cruzarlo con la documentación oficial. La comisión de vecinos, que ya había dejado una carpeta con el relevamiento de las chacras, actualizó la información y precisó que son 164 familias que cultivan sus alimentos en 2.300 hectáreas. Sin embargo, no todas las hectáreas son productivas: muchas de ellas mantienen el monte nativo.
“Le pedimos (a Behler) la paz. Pedimos que intervengan ante Arauco y la Policía para que cesen con la violencia que están ejerciendo: el hostigamiento, la persecución, el desalojo arbitrario, la quema de casas. Responsabilizamos al gobierno, directamente, de todo lo que pasó y de lo que va a seguir pasando. El gobierno de Misiones no nos da seguridad y nuestras vidas corren peligro con Arauco”, exigió Antúnez desde Posadas. Allí, junto a una comitiva de colonos, también radicó denuncias ante la Defensoría del Pueblo y la Jefatura de Policía de Misiones.
La violencia de la empresa forestal recrudeció en espejo con dos normativas tratadas en el Senado nacional con particular interés para Arauco: tras la media sanción de la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” —que mantuvo el capítulo sobre desalojos exprés— y durante el dictamen en el Senado de un proyecto para crear mercados de carbono, impulsado por la Mesa de Carbono Argentina, integrada por la forestal.
La multinacional, de capitales chilenos, es una de los principales propietarios privados de tierras de Misiones. Está presente en esa provincia desde 1996 y fue adquiriendo hectáreas de plantaciones forestales y áreas naturales por un total aproximadamente 230.000 hectáreas. La vasta extensión territorial mantiene continuos conflictos por la posesión de la tierra con familias campesinas y comunidades Mbya Guaraní, pero el caso de las familias rurales de San Pedro se transformó en una emergencia social, habitacional y territorial por los constantes ataques registrados en el último mes.

Producir alimentos no es delito

Los últimos dos ataques ocurrieron el primer fin de semana de septiembre. Una semana antes, la que apareció en cenizas fue la casilla de Antúnez, el referente de las familias productoras. El viernes 4, Cristian Dos Santos, productor de Puerto Argentino 3, encontró incendiadas las dos pequeñas construcciones que tenía dentro de una chacra donde produce alimentos desde hace tres años. El sábado 6, dos familias del paraje San Juan Bosco fueron interceptadas por la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones, amenazadas con disparos y detenidas por 24 horas.
El incendio del viernes 4 ocurrió tres días después de que los efectivos de la Policía de Misiones ingresaran a la chacra de Dos Santos acompañados por personal de la multinacional forestal y lo amenazaran con detenerlo si continuaba trabajando la tierra. “Yo estaba trabajando en mi chacra y llegó la Policía con Arauco. Me pidieron que me vaya de la casa, que deje de trabajar, de carpir y de machetear la capuera (parte de la selva desbrozada para el cultivo). Me dijeron que la próxima vez que lleguen, me iban a llevar preso por seis meses”, relata.
La chacra tiene aproximadamente 18 hectáreas, pero él utiliza para producir solamente unas tres. El resto, explica, permanece cubierto de monte nativo. “Yo nunca hice desmonte ni talé nada. Tengo aproximadamente 18 hectáreas, pero ocupo solamente tres. El resto es todo monte”, sostiene. En la superficie trabajada planta maíz y poroto y mantiene caña, frutales y mandarinas. Asegura además que cuenta con documentación vinculada a la pertenencia de la chacra y reclama que cualquier discusión sobre la situación jurídica de esas tierras se resuelva por las vías correspondientes y no mediante amenazas y violencia.
El sábado, Juan Ramón Ostapiuck, su hijo Juan Pablo, de 16 años, Julio Ayala y Julián Ayala habían ido juntos a la chacra de Julio para cosechar alimentos. Fueron a buscar mandioca, zapallo, maíz, cebollas y verduras para sus casas. Según denunciaron después ante la Fiscalía, cuando regresaban hacia el auto aparecieron policías junto a personal de la empresa forestal.
Juan Ramón escuchó tres disparos con armas de calibre 12, uno de ellos efectuado a muy poca distancia de su cabeza y de la de su hijo. Después los redujeron violentamente. “Nos ponen boca abajo, nos pisan la espalda, nos pisan la nuca y con la escopeta empiezan a disparar”, relató después de recuperar la libertad. La denuncia quedó asentado ante la Fiscalía de Instrucción N°1 de San Pedro.
Juan, Julio y Julián quedaron detenidos. Fueron liberados el domingo cerca del mediodía, luego de que familias de la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras acamparan frente a la comisaría. Ya habían marchado a la Comisaría de San Pedro el 19 de agosto ante la detención de los productores Saúl Lindao y Ángel Rivero, cuando se registraron los primeros ataques. El último fin de semana, una de las banderas que pintaron decía: “Arauco. Basta de violencia, producir no es delito”. Otra estaba dirigida al gobernador provincial, Hugo Passalacqua: “Exigimos su inmediata intervención. Regularización de tierras. Cese de desalojos ilegales y detenciones. Basta de quemar casas”.

Tres años de organización frente a los ataques de Arauco

La Comisión Vecinos Unidos por las Chacras se creó el 4 de julio de 2023 ante los conflictos que atravesaban distintas familias rurales de San Pedro. Antúnez es el presidente desde su creación, elegido por las familias en dos oportunidades. Su testimonio permite reconstruir un problema que no comenzó con los últimos operativos, sino que lleva años acumulando denuncias.
Antúnez explica una cuestión central para comprender el conflicto: no todas las familias tienen su vivienda permanente dentro de las chacras, pero eso no significa que las tierras están abandonadas. En esas parcelas cultivan los alimentos y crían los animales con los que llenan los platos en sus hogares, mientras realizan otras changas en el pueblo. “A varios les tocó llegar a la chacra y encontrarse con su casita humilde quemada”, lamenta.
Cuando comenzaron a organizarse, recuerda , acudieron al intendente Dos Santos para pedir una intervención. El jefe comunal —que en mayo de 2023 fue reelecto para su cuarto mandato— respondió que no tenía competencia sobre la disputa y que la documentación presentada por Arauco se encontraba en el Juzgado de Instrucción N°1 de San Pedro.
“Nunca nos mostraron un título. Hasta el día de hoy, ni Arauco ni el gobierno municipal ni el provincial nos mostraron un título y en qué parte estamos nosotros en el mapa”, asegura. Pero la comisión sí realizó su relevamiento, georreferenciando las 160 chacras que reúnen a unas 200 familias. Lo presentaron a las autoridades municipales y provinciales.
Según los datos relevados y presentados ante las autoridades provinciales: en San Juan Bosco hay 42 familias con 568 hectáreas; en Puerto Argentino 1, 25 familias con 391 hectáreas; en Puerto Argentino 2, 20 familias con 200 hectáreas; en Puerto Argentino 3, 22 familias con 291 hectáreas y en Palmera Boca, 55 familias con 850 hectáreas. En esas tierras campesinas viven 248 niños.
Desde la primera reunión con Behler, la comisión reclama que se esclarezca la situación dominial de los lotes y que la discusión por la propiedad no sea resuelta mediante procedimientos violentos, detenciones o la destrucción de aquello que permite a los campesinos continuar trabajando. Para buscar apoyo, Antúnez sumó al movimiento de productores a la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), que está acompañando las causas legales de las familias, a través del abogado Jorge Zabulanes.

“Arauco no dio la cara”

Según el abogado de las familias, hasta el momento, Arauco no inició ninguna causa judicial, civil, penal o administrativa contra estas familias. Tampoco realizó una presentación formal en la que manifieste su pretensión sobre las tierras que ellas habitan y trabajan. “Hasta ahora, Arauco no dio la cara ni judicialmente ni ante la administración pública. Cuando se intentó abrir una instancia de diálogo, la empresa se negó a presentar su posición. Sin embargo, en las chacras las familias denuncian que quienes aparecen son oficiales de la empresa acompañados por policías armados”, cuenta Zabulanes.
El abogado de las familias resaltó que no existieron órdenes de desalojo para los operativos que se realizaron, por lo que debe explicarse bajo qué fundamento se producen los ingresos a las chacras y por qué la Policía de Misiones aparece acompañando procedimientos vinculados a los intereses de una empresa privada. Al respecto, la comisión de vecinos reclama respuestas por parte del ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, de quien depende la Policía de Misiones, y del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Karina Alejandra Aguirre.
Zabulanes calificó de “extremadamente cobarde” el accionar de la empresa y señaló que sí existen denuncias por parte de los productores de Vecinos Unidos por las Chacras presentadas en el Poder Judicial de San Pedro. Denuncias que fueron ampliadas con elementos de los últimos ataques para intentar demostrar que no se trata de episodios independientes, sino de una modalidad sistemática de actuación.
El abogado precisó que en las demandas de los campesinos se adjuntaron nombres, lugares, testimonios de personas afectadas, fotografías, filmaciones y un detalle de las herramientas y de otros bienes que las familias denuncian como robados. El abogado sostiene que la intención es demostrar un patrón común detrás de los incendios, amenazas, robos, y extorsiones, una “forma de operar y de intimidar a toda la gente”.
Entre los primeros ataques de esta nueva ola de persecución contra los campesinos y los últimos incendios, Zabulanes presentó un pedido de hábeas corpus para proteger a las familias de Vecinos Unidos por las Chacras, que fue rechazado por el fiscal Francisco Insfrán del Juzgado de Instrucción N°1 de San Pedro, por no encontrar acreditado la “amenaza colectiva, concreta e inminente de afectación ilegítima de la libertad ambulatoria”. En la misma resolución, ordenó a la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones a no actuar sin orden judicial. Sin embargo, la seguridad de las familias volvió a ser vulnerada y los uniformados de la Comisaría de San Pedro volvieron a actuar.

“Cuando desperté estaba esposado”

Entre las familias que exigen la regularización de las tierras se encuentra la de María Da Silva, madre y productora de la colonia San Juan Bosco. Junto a su esposo, sus hijos y otros vecinos trabaja la tierra para producir alimentos. En agosto denunció que su vivienda fue incendiada. “Tenemos el derecho de vivir en estas tierras y de cultivar para que podamos sobrevivir con la situación económica que estamos atravesando. El abuso de autoridad de la empresa Arauco y de la Policía es muy fuerte para nosotros. Es muy difícil la situación que estamos viviendo”, relata.
La situación se vuelve aún más grave porque la Comisaría de San Pedro se niega a recibir las denuncias de las familias cuando involucran a Arauco. Esto deja a los campesinos en una intemperie de defensa y en absoluta desprotección frente a una empresa que posee un poder económico, territorial y político influyente.
Daniel Humberto “El Paisa” Rodríguez también produce y vive en la colonia San Juan Bosco. Su relato permite comprender una dimensión del conflicto que difícilmente aparece en un expediente judicial: la manera en que la incertidumbre territorial modifica la vida cotidiana de una familia. “El Paisa” vive de lo que produce en la chacra. Planta zapallo, maíz, poroto, sandía y otras verduras. Tiene un hijo con discapacidad cuya alimentación requiere, según explica, una dieta en la que las verduras tienen un lugar fundamental.
En un contexto de pobreza creciente, cultivar sus propios alimentos no constituye para él una elección de estilo de vida sino una necesidad. Por eso explica el conflicto en términos muy concretos: necesita permanecer en la tierra porque necesita producir comida para su familia.
Saúl Lindao vive en Puerto Argentino 2. Según relató, alrededor de las 10 de la mañana del miércoles 19 de agosto se encontraba trabajando en los canteros de su chacra cuando llegaron efectivos de la Policía de Misiones acompañados por dos oficiales de Arauco, a quienes los campesinos llaman “los verdes” por los uniformes de la empresa.
Lindao asegura que los representantes de la empresa llevaban machetes, mientras que los policías portaban distintas armas de fuego, entre ellas escopetas, ametralladoras y una pistola 9 milímetros. De acuerdo con su testimonio, los efectivos le preguntaron si podían revisar el campamento y su vivienda. Lindao respondió que no autorizaba el ingreso sin una orden judicial. Los propios policías, afirma, reconocieron que no tenían una orden de allanamiento.
La negativa desencadenó en una situación extremadamente violenta. Lindao sostiene que personal vinculado a Arauco insistió en que el terreno pertenecía a la empresa y que, mientras permanecía en la puerta de su casa, policías se acercaron por detrás y lo ahorcaron hasta hacerle perder el conocimiento. “Cuando desperté estaba esposado”, recuerda.
El productor denuncia que recibió golpes de puño en el abdomen, rodillazos y golpes en la espalda, que fue arrojado al suelo y nuevamente golpeado después de recuperar el conocimiento. Posteriormente fue trasladado a la comisaría. Allí, según cuenta, le realizaron un pedido de antecedentes, lo encerraron y le informaron que existía una causa vinculada al conflicto por la propiedad. Cuando lo liberaron no recibió documentación que explicara formalmente el procedimiento ni constancia de los elementos que habían sido retirados. Entre sus pertenencias, denunció que le quitaron el carnet y la cédula de conducir, una tarjeta de Mercado Pago y una motocicleta Honda Titan KS 125.
Al salir de la comisaría, el productor sentía fuertes dolores por los golpes y decidió dirigirse al hospital para ser examinado. Antes de hacerlo, según denuncia, un policía de apellido Fariña lo habría amenazado para que no llorara, y no relatara que había sido ahorcado durante la detención. Lindao llegó al centro médico, pero no pudo contar lo que había sucedido. “Me dio pánico contar la verdad”, explicó.
Al regresar a su vivienda encontró el interior revuelto, mercadería tirada en el piso y que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para el apeo y el trabajo rural. Lindao vive acompañado por una perra pitbull a la que describe como su compañera cotidiana. Durante el arresto los policías efectuaron disparos con proyectiles de goma contra el animal. También afirma que otros dos perros recibieron gas pimienta y patadas. Cuando regresó, su perra estaba herida y rengueaba de una pata.
La violencia contra los animales aparece repetidamente en los testimonios de las familias de San Pedro. Los productores vienen denunciando perros heridos, animales de cría muertos o desaparecidos y episodios en los que encontraron sus chacras destruidas después de haber sido retirados del lugar.
Lindao contó que fue precisamente durante su permanencia en la comisaría cuando se enteró de que Ángel Rivero también había sido detenido. Según los productores, el día anterior Rivero se encontraba limpiando un sector de tierra para plantar zapallos cuando ingresó la Policía y lo trasladó a la dependencia policial. Las organizaciones que acompañan a las familias –XR-Misiones, Federación Nacional Territorial (Fenat-CTA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE)– sostienen que la detención también ocurrió sin que se le exhibiera una orden judicial.
La producción en la que trabajaba Rivero es el cultivo de zapallo, con acompañamiento técnico del INTA para su posterior comercialización. Su detención provocó nuevas protestas. Terminó acelerando la movilización de las familias hacia el centro de San Pedro y un acampe frente a la Municipalidad.

Tierras anheladas por los mercados de carbono

El viernes 28 de agosto, cerca de las 15 horas en el paraje San Juan Bosco, Antúnez denunció el incendio de la casilla ubicada en sus parcelas. Según su relato, antes de las llamas se había desarrollado un operativo en la zona y personal vinculado a Arauco recorrió los terrenos, una vez más, junto a efectivos de la Unidad Regional XIV de la Policía de Misiones. Pero el presidente de la comisión de Vecinos Unidos por las Chacras marcó otro antecedente, 24 horas antes del fuego.
El día anterior recibió la llamada de un auditor vinculado a SCS Global Services, certificadora que realiza auditorías de manejo forestal a Arauco Argentina. Durante esa comunicación, conversó con el auditor sobre el conflicto territorial y le mostró mediante Google Maps la ubicación exacta de su chacra. La participación de una certificadora internacional agrega otra dimensión al conflicto. SCS Global Services realiza auditorías vinculadas a certificaciones forestales y ofrece servicios internacionales de verificación y certificación ambiental, entre ellos certificaciones relacionadas con neutralidad de carbono.
Arauco Argentina figura entre las empresas sometidas a procesos de auditoría forestal de SCS. La llamada que recibió Antúnez de parte del auditor ocurrió en un momento en que Arauco profundiza su participación en mecanismos de certificación ambiental y mercados de carbono. En el Senado de la Nación avanza un proyecto de ley para regularizar los mercados de carbono en el país y Arauco integra la Mesa Argentina de Carbono que los impulsa junto a otros firmas forestales como Tierras del Sud (Grupo Benetton), de celulosa como Ledesma, Unitán; la Sociedad Rural y subsidiarias de petroleras como Aike (Vista Energy).
Desde noviembre de 2024, Arauco Argentina adhirió formalmente al Programa Jurisdiccional JNR-REDD+ de Misiones, que permite convertir las reducciones de emisiones provenientes de la deforestación y degradación evitada de los bosques nativos en créditos de carbono comercializables en el mercado voluntario internacional. El mecanismo le pone así un precio al carbono almacenado en los territorios y transforma la conservación del monte en un nuevo activo económico. Arauco necesita acaparar la tierra de los campesinos y monetizar el carbono. Las familias pagan el costo con el despojo más violento que ocurrió en los últimos 30 años.
La llamada “carbono neutralidad”, a nivel global, se produce mediante acaparamiento de tierras y despojos de comunidades. Para producir créditos de carbono se necesita controlar el territorio donde se encuentra almacenado ese carbono. Y cuando la tierra adquiere un nuevo valor dentro del mercado climático, controlar grandes extensiones significa también controlar un nuevo negocio. Por eso los mercados de carbono están directamente atravesados por la disputa por la tierra. Un modelo que convierte el control de la tierra y de los bosques en una nueva fuente de acumulación económica.

Rastrillajes, amenazas e intimidación, el miedo como método de expulsión

Luego de cada incendio, las familias denunciaron el modus operandi: fuerte despliegue policial, rastrillajes y amenazas sobre supuestas órdenes de desalojo que no fueron mostradas a los productores. Según los testimonios recogidos por la Comisión Vecinos Unidos por las Chacras, efectivos de la Policía de Misiones ingresaron a las chacras manifestando que realizaban un relevamiento por disposición del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente, a cargo del juez Gerardo Casco, quien, según les informaban los propios policías, intervendría en la causa vinculada al reclamo territorial de Arauco.
Antúnez denuncia que durante las recorridas, los policías les decían a los productores que dejaran de plantar y trabajar la tierra porque próximamente el juez Casco firmaría órdenes de desalojo. También les habrían advertido que podían retirarles herramientas, secuestrar motocicletas y detenerlos si los encontraban cortando leña o continuando determinadas tareas dentro de las chacras. “Las familias viven hace años en esas tierras, pero cuando pasan estas cosas dejan de cultivar por temor a que los metan presos o les prendan fuego”, lamenta Antúnez.
Fueron ese tipo de amenazas las que recibió el productor Dos Santos en la previa al último incendio registrado el viernes pasado. Que deje de trabajar la tierra, le habían ordenado el personal policial y de la empresa Arauco que llegaron a su chacra sin orden judicial ni documentación que justificara el operativo.
“Me dijeron que me iban a detener y ahí dejé de trabajar por miedo. Me amenazaron y tuve que dejar mi chacra porque tengo miedo de que me lleven preso. Soy pobre, no tengo para pagar todo eso”, describe Dos Santos y el objetivo de las intimidaciones que denuncian los productores se hace carne. “Tenía mi chancho, un buey y gallinas y tuve que sacar todo. Le pagué a un vecino para que me ayudara a sacar mis cosas el miércoles. El jueves llegaron las camionetas de Arauco a revisar y el viernes entraron y quemaron mi casita”, resume con el último incendio todos los incendios sufridos por las familias campesinas desde mediados de agosto.
Arauco instaló el terror entre las familias rurales. Las denuncias muestran una disputa profundamente desigual por el territorio: de un lado, una multinacional con poder económico y territorial; del otro, familias campesinas que son amenazadas para dejar de plantar y que, cuando abandonan temporalmente sus chacras por miedo, encuentran después sus viviendas incendiadas.
Fuente: Agencia Tierra Viva

Lof Melo anunció que resistirá el desalojo ordenado por la justicia neuquina

La comunidad anticipó además que permanecerá en el territorio que ocupa en el paraje El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura. Esta decisión se conoce luego de que el juez Francisco Astoul Bonorino librara un nuevo mandamiento para completar el operativo iniciado en agosto y avanzar sobre la fracción del lote pastoril 42 que todavía permanece ocupada.
El referente de la comunidad, Longko Lucas Melo, afirmó que la decisión es resistir: “Nosotros de acá no nos vamos a ir. Es resistir hasta las últimas consecuencias”.
Además, Melo responsabilizó por las consecuencias del procedimiento tanto al juez que dispuso la medida como al Gobierno de Neuquén.
Desde la Lof señalan que la presencia de las familias Melo y Kinxikew (Quintriqueo) en la zona se remonta a las décadas de 1830 y 1840. Este antecedente histórico es uno de los principales argumentos que la comunidad plantea frente al avance judicial. Explican que no se trata de una ocupación reciente, sino de una presencia territorial que se mantiene desde hace generaciones y que debe ser considerada al momento de evaluar cualquier medida que afecte su permanencia en el lugar.
A esto, la Lof Melo suma su condición de comunidad mapuche reconocida y el relevamiento territorial que, según asegura, ya fue completado. Desde la comunidad cuestionan que esos antecedentes y los derechos indígenas vinculados con el territorio no hayan recibido la consideración que, a su entender, corresponde dentro del proceso judicial.
El reclamo se profundizó por las dificultades que han tenido para acceder al expediente. Desde la Lof denunciaron que nuevamente se les habría restringido el acceso a las actuaciones, por lo que están impedidos de conocer detalles del desalojo previsto, por lo que consideran que es una limitación que afecta sus posibilidades de ejercer una defensa efectiva.
Respecto al relevamiento territorial, desde el sector mapuche también sostienen que el juez desestima elementos relacionados con sus derechos y que tampoco tuvieron acceso a la carpeta técnica correspondiente; mientras que los demandantes no cuentan con título de propiedad sobre el territorio en conflicto.
La nueva medida judicial tiene como antecedente el operativo realizado el 19 de agosto pasado, cuando la Policía de Neuquén, con efectivos uniformados y personal del grupo especial GEOP, desalojó otra fracción de las 625 hectáreas correspondientes al sector. En ese procedimiento, que se efectuó un día antes de la fecha inicialmente prevista, fue expulsada la Lof Kinxikew.
Por ahora, este mandamiento judicial no tiene fecha de ejecución informada públicamente, aunque los integrantes de la comunidad aseguran que la medida fue confirmada y que el procedimiento puede avanzar. Ante esto, desde la Lof Melo llamaron a permanecer en estado de alerta y solicitaron acompañamiento para enfrentar la ejecución de la medida.
En tanto, desde la Confederación Mapuche de Neuquén reclamaron al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, que intervenga para detener el desalojo; mientras que desde el propio ejecutivo provincial se reconoció en las últimas horas la personería jurídica del Lof Melo, después de 14 años de trámite.

Ginóbili quedo atrapado en una compleja trama de negocios inmobiliarios

Por Alejandro Pairone

La disputa por las tierras que reclama el ex basquetbolista es parte de un conflicto mayor en perjuicio de la comunidad Paicil Antreao. Al asedio de intendentes fiscales, policías y desarrolladores.
El basquetbolista Emanuel Ginóbili quedó involucrado en una compleja trama de negociados inmobiliarios en Villa La Angostura en perjuicio de la comunidad mapuche Paicil Antreao, que defiende un territorio que le pertenece desde 1903 cuando el ex presidente Julio Roca les concedió 625 hectáreas, llamadas “Lote 9”, sobre las que se erigió Villa La Angostura y que hoy constituyen las tierras más apetecidas por los operadores inmobiliarios en ese paraíso neuquino.
Por casi un siglo, la comunidad Paicil Antreao fue objeto de acoso para despojarla de esas tierras, en el que se involucraron jueces, fiscales, policías, intendentes, desarrolladores urbanos, abogados, aventureros, y hasta ex militares que reivindican a la última dictadura y atacan a las infancias mapuches en las escuelas.
El asedio se materializó en intentos de usurpación y desalojo, de acecho judicial y ataques armados e incendiarios. En los últimos 20 años les abrieron más de 30 causas judiciales contra 60 miembros de la comunidad hasta por razones tan absurdas como la ocupación de sus propias tierras. Un lawfare patagónico que redujo aquellas 625 hectáreas originales en apenas 120 en la actualidad.
El territorio está en el corazón de la Villa, en el faldeo del Cerro Belvedere sobre las costas del Lago Correntoso con vistas libres hacia el Nahuel Huapi y a las nieves eternas de la Cordillera de los Andes. La Paicil Antreao es un obstáculo insalvable para urbanizaciones turísticas millonarias en dólares que convocan a inversores, aventureros y malandrines de toda laya.
Originalmente, las tierras llegaban hasta mucho más allá del Correntoso, a tal punto que el cementerio mapuche original se encuentra en la actual plaza principal de Villa La Angostura, en pleno centro comercial de la ciudad, frente al ACA y la terminal de Micros. Pero sucede que cuando se hizo la primera mensura, en 1933, a los Paicil y a los Antreao (depositarios de las tierras originales) les cercenaron de prepo decenas de hectáreas que hoy son la avenida comercial de la ciudad. Don José Antreao se negó a firmar la nueva traza, pero la policía fronteriza que envió la autoridad logró persuadirlo. Hoy su nombre figura entre los 32 fundadores del pueblo y en una placa se le agradece la “donación voluntaria” de los terrenos.
En esa ciénaga cayó en 2004 Manu Ginóbili cuando su fallecido padre, Jorge “Yuyo” Ginóbili, compró 12 hectáreas del Belvedere por apenas 150.000 dólares para un desarrollo turístico.
Ginóbili las compró a un grupo familiar, “los Salamida”, quienes a través de las generaciones fueron clave en el asedio a la Paicil Antreao. En 1948, don José María Segundo Paicil, iletrado en español, vendió una hectárea a Elvira Mesa, esposa de José Salamida. La escritura, de 1966, no dice dónde está ubicada esta hectárea misteriosa que por acción divina engordó hasta llegar a convertirse en las 12 que compró Ginóbili en 2004 a precio de ganga.
Los Salamida también se apropiaron de otras 21 hectáreas, que dicen haber cobrado por los servicios de apoderado de don José María Segundo. Pero cuando en 2002 intentaron montar allí un centro de Canopy, el municipio lo clausuró por no poder probar que eran ni inquilinos ni propietarios de esos terrenos.
Don José había sido un vecino notable como interventor de Villa La Angostura durante las dictaduras de José María Guido, en 1962, y de Jorge Videla, en 1976. Tal vez por afinidad castrense sus herederos se asociaron ahora con el ex capitán del Ejército José María Alejandro Galli, para montar un centro de equinoterapia en las mismas tierras donde fracasó el canopy.
Orgulloso de la última dictadura, el ex capitán Galli irrumpió a los gritos en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura durante el acto del 9 de julio para exigir el retiro de la bandera Wenufoye, símbolo del Pueblo Mapuche, ante el asombro de las autoridades municipales y provinciales, quienes más se horrorizaron cuando la patota arremetió contras las niñas y los niños para quitarles la bandera.
El próximo jueves 12 se realizará una audiencia por la supuesta usurpación de aquellas 21 hectáreas que los Salamida reclaman como propias. La fiscalía del caso, como suele suceder, pasó por alto una agresión violenta contra un grupo de mujeres mapuches que en febrero pasado intentaron impedir que aquellos cercaran el terreno que, además, cortaba un callejón interno de la Paicil Antreao. Son las tierras del canopy y el centro de equinoterapia.
La Comunidad reclama que el juicio Oral y Público por las tierras que reclama Emanuel Ginóbili sean en el Centro de Convenciones para exponer públicamente títulos y documentos, evitar el secretismo de los expedientes y permitir que la sociedad sea testigo finalmente de la verdad histórica.
Damián Olivero tiene 44 años, es la quinta generación desde que Ignacio Antreao y José María Paicil se asentaron en la zona, y es el Lonko de la Comunidad. Olivero dijo: “Nosotros queremos pedirle al Estado que haga una reparación ante todo el despojo que sufrió la comunidad. Sobre todo queremos justicia por nuestros kuifikeche yem (los antepasados fallecidos) que han sufrido el abuso y las estafas de los distintos gobiernos y dictaduras a lo largo del siglo pasado y el presente: Nunca consultaron si podían desarrollar la ciudad dentro del territorio y nunca hubo algún tipo de resarcimiento a cambio”.
Cuando pide justicia, el lonko Olivero a todos los saqueos y usurpaciones que sufrieron desde aquella primera mensura de 1933, cuando les quitaron lo que hoy es el centro de la ciudad. Pero que igualmente continuaron con el tiempo.
En 1993, por una supuesta deuda impositiva jamás comprobada, la Provincia le quitó 120 hectáreas a la Comunidad, que luego fueron rematadas. De ellas, 87 quedaron en manos de un fideicomiso de financistas que en 2010 intentó un desarrollo de élite pero quedó trunco por el desastre ambiental que ocasionaron al iniciar los trabajos. La sociedad estaba integrada, entre otros, por Alberto Artemio López, concuñado de Mauricio Macri; Alfredo Reganzani, ex interventor de Grupo Grecco durante la dictadura, y Murat Nakas, un operador financiero que integró la directiva de Boca Juniors durante los mandatos del ex presidente Daniel Angelicci.
Las usurpaciones también implicaron a “La famiglia Judicial”. En 1999 el abogado Federico Sommariva apareció con una misteriosa escritura que le adjudicaba la propiedad de una exclusiva zona llamada “Mirador del Belvedere”, que finalmente jamás ocupó. El abogado era hijo del juez de la Suprema Corte de Neuquén, Jorge Sommariva, quien pocos años más tarde, en 2004, quedó complicado en la compra de una estancia de 6.000 hectáreas vía testaferros y con fondos cuyo origen no pudo justificar.
La Municipalidad de Villa La Angostura abrió dos causas todavía en proceso para desalojar a la comunidad de las costas del Lago Correntoso y de un camping que administran desde hace larguísimos años. Para hacerlo, se valió sin vergüenza del decreto-ley 21477 de la última dictadura, que lleva la firma de Jorge Videla y Albano Harguindeguy.
Don Edgardo Castello era en los años cuarenta del siglo pasado un joven abogado radicado en Viedma que compartía su estudio con su compinche José María Guido, quien años más tarde sería el senador golpista que asumió la presidencia tras el derrocamiento, en 1962, del presidente Arturo Frondizi. Castello, de la UCR, sería luego en el primer gobernador constitucional de Río Negro.
Pero el joven letrado recién recibido también cobraba del Estado como defensor oficial de “menores e incapaces”. Esa función lo llevó a intervenir en las sucesiones de los Paicil y Antreao en las sucesiones familiares con una forma de pago que se tradujo en alguna decena de hectáreas que pasaron prontamente a integrar su patrimonio.
También la Policía de Neuquén fue a por su tajada cuando en 2009 el municipio le aprobó a la Mutual del Personal Policial un proyecto para construir 16 cabañas y un SUM sobre varias hectáreas del “Lote 9”, propiedad de la comunidad Paicil Antreao. Por esas casualidades, en las inmediaciones montaron un puesto de control policial que fijaba su mirada casi en exclusiva sobre la gente mapuche. El escándalo fue tan grande que finalmente el Municipio decidió relocalizarlos.
Todos estos son sólo algunas de las decenas de situaciones de acoso sistemático para el despojo de las tierras del Lote 9 que la comunidad posee desde 1903, que se han realizado ininterrumpidamente por vía legal, por la violencia, el engaño y la presión del Estado.
Francisco Capraro era un terrateniente, dueño del Hotel Correntoso, primer comisionado de fomento de Villa la Angostura, cofundador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y primer senador nacional de la provincia. Fue también uno de los primeros en admitir el asedio para el despojo de la Comunidad. Ya anciano, en 1998 concedió una entrevista a Mercedes Palavecino, responsable del Museo Histórico Municipal, en la que confesó con absoluta claridad que por muchos años “se vendían las tierras del Lote 9 (de la Paicil Antriao) con los indios adentro”. Solo han cambiado las formas.

La diáspora

Cuando el toki (líder militar) Valentín Sayweke firmó la rendición el 1º de enero de 1885, en Junín de los Andes, comenzó la diáspora de la derrota para mucha de la gente de sus huestes. Su caída significó el fin de la guerra.
Entre aquellos guerreros se encontraban José María Paicil e Ignacio Antreao, quienes años más tarde trabarían una fuerte amistad con espíritu comunitario mientras trabajaban en los arreos y comercio con las comunidades mapuches transcrodilleranas a través del corredor del Puyehue y lo que es hoy el paso cardenal Samoré.
Su posición se consolidó en la zona del Lago Correntoso. Eran agricultores, ganaderos y, principalmente, baqueanos que, por esas cosas de la vida se relacionaron y colaboraron con las expediciones del perito Francisco Moreno, quien había sido casi amigo personal de Valentín Sayweke antes de la crisis que los enemistó.
Por su valiosa tarea en la zona, Moreno intercedió ante el presidente Julio Roca para reconocerles a Paicil y a Antreao tierras en su zona natural, lo que finalmente se concretaría con la resolución presidencial de 1903 que les concede 625 hectáreas en el denominado Lote 9, la actual traza de la localidad de Villa la Angostura que por entonces se llamaba Colonia Agrícola pastoril Nahuel Huapi.
Durante décadas, ellos y sus descendientes vivieron sus vidas acorde a las tradiciones ancestrales, mientras se veían obligados a defenderse de las usurpaciones violentas y leguleyas de los “pioneros” blancos. A la vez les brindaban alojamiento, apoyo y tierras a muchas otras familias mapuches que eran permanentemente desalojadas de sus propios asentamientos.
Así fue casi todo el siglo 20, hasta que en 2002 sus descendientes y los descendientes de las familias que encontraron refugio en esas tierras, conformaron la comunidad Paicil Antreao, que busca el reconocimiento que le es negado por el Estado argentino, continuar con la propiedad comunitaria de sus tierras y emprender el camino de recuperación de todas aquellas que les fueron saqueadas a lo largo del tiempo por la voracidad insaciable del mercado inmobiliario que solo ve dinero y renta donde los verdaderos dueños ven vida, armonía y comunidad.

Piden la presencia de Ginóbili

La comunidad mapuche Paicil Antreao, pidió a la justicia neuquina establecer un pie de igualdad ante la ley con el basquetbolista Emanuel Ginóbili, quien les disputa 12 hectáreas en el Lago Correntoso.
El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, pidió a la Justicia que cite a declarar a Ginóbili: “Si los miembros de la comunidad se van a sentar en el banquillo de los acusados, tendrá que venir Ginobili al juicio y mirar a los ojos a los mapuches y contestar las preguntas que le vamos a hacer. Es su derecho y su tradición», reclamó.
“Mis defendidos se preguntan ¿Por qué Ginobili puede usar el Poder Judicial de Villa La Angostura, Fiscalía, Jueces para sus intereses personales y se ve eximido de declarar cuando las personas a quienes denuncia lo convocan para que responda al interrogatorio de la defensa. ¿Quién le da esos privilegios?”, protestó.
Añadió que Ginóbili “vive en Houston pero hace desastres en Villa La Angostura, inicia juicios y hace denuncias contra la comunidad Paicil Antreao, lleva adelante proyectos inmobiliarios que contravienen la ley de bosques y la vivienda de su cuidador casualmente refugió a la patota que atacó a la comunidad mapuche, pero el señor no puede ser molestado».
“Hay que visibilizar esa desigualdad, porque parece que hay ciudadanos de primera y de segunda, pero los de primera viven en EEUU», concluyó Sánchez. Ginóbili quedó atrapado en una compleja trama de negociados inmobiliarios en La Angostura
Informe, Susana Lara
Fuente: Resumen Latinoamericano

La Organización Territorial Malalweche denuncia el desalojo en el Lof Yanten Florido

Y llama a participar de un Travun Intercultural el próximo 13 de diciembre en la localidad de Los Parlamentos; además convocan a sumarse a la “Gesta Libertadora por el Agua”, que se desarrollará entre el 8 y el 9 de diciembre con una marcha que culminará frente a la Legislatura provincial. Ambas iniciativas confluyen en la defensa de los territorios y del agua como bien común, en un contexto de creciente conflictividad por proyectos extractivos en Mendoza.
Gabriel Jofré de la Organización territorial Malaweche, anunció que, junto a la Coordinadora por el Agua y el Ambiente de Malargüe, marcharán desde esa localidad para unir luchas con los defensores del agua y llevar la invitación a participar el sábado 13 de diciembre en la defensa de los territorios de las comunidades. Así, la convocatoria en solidaridad con el Lof Yanten Florido se une a la “Gesta Libertadora del agua”.
Esta movilización, convocada por Asambleas socioambientales y organizaciones ciudadanas, comenzará en la mañana del 8 de diciembre y culminará el 9 frente a la Legislatura provincial. La marcha partirá desde la Plaza del Agua Pura en Uspallata y recorrerá localidades como Potrerillos, Cacheuta, Blanco Encalada, Luján y El Cóndor, sumando adhesiones en cada punto. El acto central se llevará a cabo el 9 de diciembre en la Legislatura, coincidiendo con el debate en el senado provincial sobre la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto minero San Jorge, impulsado por la empresa Cobre Mendocino en Uspallata.
La iniciativa pretende visibilizar la falta de “licencia social” para la megaminería y reafirmar que el agua es un bien común. La convocatoria se inscribe en la histórica defensa mendocina del recurso hídrico, recordando las movilizaciones que en 2019 frenaron la reforma de la Ley 7722.

La situación en la comunidad Yanten Florido

El puestero y lonko de la comunidad mapuche Yanten Florido, José Luis Martínez, fue desalojado pero permanece en otra zona del territorio comunitario. Las cabras con sus crías fueron trasladadas al puesto de una familiar, mientras que los animales de mayor tamaño, como vacas y caballos, continúan dispersos en el área que fue despojada, informaron desde Malalweche.
Además, emitieron el siguiente comunicado público convocando al trawun y denunciando la complicidad de la Justicia Federal de San Rafael al demorar más de un año un amparo que podría frenar la medida:

Comunicado Malalweche – Continúa el intento de Desalojo en Lof Yanten Florido

Convocamos a TRAVUN INTERCULTURAL en Los Parlamentos 13 de diciembre de 2025
LA JUSTICIA FEDERAL DE SAN RAFAEL PODRÍA SER CÓMPLICE AL DEMORAR MÁS DE UN AÑO UN AMPARO QUE EVITARÍA ESTA ACCIÓN VIOLENTA CONTRA FAMILIAS DEL LOF YANTEN FLORIDO.
A los Pu Lof Malalweche – al Pueblo Mapuche – Al Pueblo Mendocino, desde el territorio ancestral de Malalwe – en la zona de los Parlamentos, espacio simbólico de importancia histórica donde se realizaron grandes parlamentos, encuentros, Futa Travun y Gulam Tuwun – Nguillatun, decimos:
Desde el 1º de diciembre la Comunidad Lof Yanten Florido esta sufriendo el desalojo de su Territorio Ancestral – puesto Costa del Lechuzo – por parte del Ingeniero F. Greco. En plena época de parición la familia tiene que mover animales peligrando su bienestar y su fuente de trabajo. Parte de los bienes de la familia esta en mano de gente contratado y la Justicia provincial no da respuesta.

Desde el 27 de noviembre de 2024, el Lof Yanten y el Lof Yanten Florido ha solicitado en carácter de URGENTE una acción de Amparo ante el Juzgado Federal de San Rafael dirigido por el juez Puidéngola, solicitando la entrega de las Carpetas de Relevamiento Territorial que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se niega a entregar.
Debemos denunciar públicamente que ESTÁ DEMORADA LA SENTENCIA DESDE MÁS DE UN AÑO, una medida de carácter urgente que debería resolverse en días, tarda más de un año y en ese transcurso la Cámara de San Rafael presidida por el Juez Bermejo y dos jueces de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, respondiendo a sus patrones políticos, DECIDIERON UN DESALOJO (en contra de la Ley que suspendía los desalojos de comunidades) ¡¡¡que miren la casualidad lo está ejecutando el abogado que trabajó (o trabaja) en la Ley de Arraigo de puesteros del Municipio de San Rafael ARTURO PEREIRA!!!

¿Con piedritas y palitos?

* Connivencia entre el poder político, empresarial y ciertos funcionarios de la justicia provincial y federal.
* Como también podemos explicar que todo esto está pasando en el marco del traspaso del Área petrolera Los Parlamentos operada por YPF a manos de PCR Petroquímica Comodoro Rivadavia en la cual trabaja el Ingeniero Francisco Greco y su hijo
* También sumar que justo se amplía la zona de exploración del Proyecto Don Luis de producción de Litio
* Todo esto después que el Lonko Martínez denunció una posible contaminación de aguas del Arroyo el Lechuzo, y también pidió ser Consultado sobre la Exploración de Litio en la zona
¡¡¡EL AGUA DEL ATUEL Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES ESTÁN EN PELIGRO!!!
¡¡¡LOS DEFENSORES AMBIENTALES, LOS VERDADEROS GUARDIANES TAMBIÉN!!!

Convocamos a Futa Travun Encuentro Intercultural para el día 13 de diciembre en Los Parlamentos junto al Lof Yanten Florido

Infoterritorial Malalweche se suma a la “Gesta Libertadora del Agua” y convoca a Trawun – InfoTerritorial.
La actividad propone abordar y poner en diálogo situaciones socioambientales vinculadas con proyectos extractivos en las provincias de Mendoza, Neuquén y Río Negro, a partir de un espacio de intercambio entre investigadores/as, activistas ambientales y comunidad universitaria desde una mirada crítica sobre las transformaciones territoriales.
La actividad es organizada por el Departamento, en articulación con el proyecto de investigación “Transformaciones territoriales en la Nordpatagonia. Extractivismos y procesos socioambientales” (PIN1- FAHU-UNCo) y el Instituto Patagónico de Estudios en Humanidades y Ciencias Sociales (IPEHCS).

MARTES 22 de Septiembre
17 a 20 hs. AULA D
Facultad de Humanidades – Universidad Nacional del Comahue