Venezuela: el negocio privado detrás de la presión imperial de Trump
El eje de la investigación de Bruno Sgarzini es una contradicción central del orden político estadounidense: mientras Washington invoca la lucha contra la corrupción para disciplinar a gobiernos y dirigentes extranjeros, su propio sistema de lobby permite que empresarios contraten a operadores vinculados con funcionarios de alto nivel para obtener ventajas comerciales.
El artículo sostiene que, alrededor de Marco Rubio y de la política estadounidense hacia Venezuela, se habría configurado una trama de intermediación política, concesiones económicas y acceso privilegiado a recursos estratégicos. El caso involucra a empresas energéticas y mineras, firmas de lobby vinculadas a exfuncionarios y operaciones sobre petróleo, oro y aluminio.
La lectura de clase es decisiva: la presión geopolítica no aparece solamente como una disputa por la orientación política de Venezuela, sino también como un mecanismo para reorganizar la propiedad y el control de sus recursos naturales en favor del capital privado.
Según Sgarzini, Mercuria Energy y Heeney Capital pagaron 330.000 dólares a Continental Strategy, una firma de lobby fundada por Carlos Trujillo, exembajador estadounidense ante la OEA. Posteriormente, las empresas obtuvieron oportunidades comerciales vinculadas con materias primas venezolanas, aluminio y concesiones mineras. La secuencia plantea interrogantes sobre conflictos de intereses y acceso privilegiado, aunque la existencia de esos pagos y contratos no demuestra por sí sola la comisión de un delito de soborno.
La cuestión de fondo excede las conductas individuales: cuando la diplomacia, las sanciones económicas y las licencias comerciales se articulan con los intereses de corporaciones privadas, la política exterior puede funcionar como instrumento de acumulación de capital.
Venezuela aparece así como un territorio donde la presión de una potencia y las necesidades de inversión de un Estado en crisis pueden abrir oportunidades extraordinarias para determinados grupos empresarios. El resultado potencial es una transferencia de activos y rentas estratégicas hacia capitales privados, mientras la sociedad venezolana soporta los costos de la crisis y pierde capacidad de decisión sobre sus recursos.
La pregunta decisiva es quién se beneficia de la política de Washington y quién paga sus consecuencias. Detrás del discurso de la democracia, la seguridad y la lucha contra la corrupción, hay que examinar quién controla el petróleo, los minerales y las empresas estratégicas. Esa es la dimensión material del conflicto: no solo quién gobierna Venezuela, sino quién se apropia de la riqueza que produce.
En cualquier país del mundo se consideraría una dádiva, un soborno, pero en Estados Unidos las leyes que regulan el lobby lo consideran algo legal. Si repasamos la historia, es algo bastante evidente: después del 3 de enero, Marco Rubio, secretario de Estado, amenazó con más bombardeos a Delcy Rodríguez si no hacía lo que la Administración Trump quisiese, y nombró como intermediario a Mauricio Claver-Carone, exdirector para América Latina del Consejo de Seguridad Nacional durante el primer mandato de Trump.
Desde ese momento, Claver-Carone se convirtió en el “virrey no reconocido en Venezuela”. Quienes conocen el día a día del gobierno venezolano dicen que de inmediato se instaló un equipo estadounidense en Caracas y las llamadas con Claver-Carone se volvieron más que frecuentes. Entre muchas de las gestiones del “virrey no reconocido” están la extradición de Alex Saab a Estados Unidos, la designación de la firma Centerview Partners como asesora del gobierno venezolano para reestructurar su deuda externa, y el mega negocio petrolero a 25 años anunciado por Estados Unidos y Venezuela para que North American Blue Energy Partners (NABEP) se quede con 17 campos petroleros a cambio de darle una participación accionaria al Pentágono y el 25% de su producción al costo. Su propietario, Alejandro Betancourt, es un oscuro empresario que funcionó como intermediario entre Delcy Rodríguez y Marco Rubio antes del secuestro de Maduro.
Pero un escándalo más grande ha quedado fuera de la mirada de la mayoría de los medios de comunicación: la adjudicación de varios negocios en Venezuela a dos firmas, Mercuria Energy y Heeney Capital, después de un pago de 330 mil dólares a la firma de lobby Continental Strategy, cercana a Rubio y, por ende, a Claver-Carone. Si el razonamiento fuese lineal, como el que aplica el propio Rubio contra figuras progresistas, este dinero sería una forma de blanquear una dádiva a través de terceros. Sin embargo, como el trabajo de las firmas de lobby está amparado por las leyes estadounidenses, lo que en otros países sería, por lo menos, un conflicto de intereses, en Estados Unidos es legal. El caso muestra en toda su dimensión una de las estructuras de soborno que funcionan alrededor de las concesiones petroleras y mineras en Venezuela: la vinculada directamente al secretario de Estado. Sobre todo porque Rubio controla dos palancas clave de la política sobre Venezuela: las recomendaciones del Departamento de Estado para flexibilizar los permisos para operar en el país de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, y la influencia sobre Delcy Rodríguez a través del contacto directo.
Para recapitular y que el lector no se pierda en estos vericuetos: Continental Strategy fue fundada por Carlos Trujillo, nombrado embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos por recomendación de Rubio en 2018. Trujillo es hijo de cubanoamericanos exiliados de la mayor de las Antillas y artífice de gran parte de la campaña de Trump dirigida a los votantes latinos en la última elección presidencial. En muchos círculos políticos de Washington lo conocían en 2019 como “el pequeño Marco Rubio” por su mimetización con el actual secretario de Estado. La firma de Trujillo emplea a personas cercanas a la Administración Trump, como, por ejemplo, Katie Wiles, hija de la jefa de gabinete de la Casa Blanca, y Alberto Martínez, exjefe de gabinete de Rubio en el Senado. Otro de sus lobistas importantes es John Barsa, administrador interino de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) durante la primera Administración Trump.
Mercuria Energy y Heeney Capital acudieron a esta firma de lobby, según los registros públicos, entre el 19 de diciembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. En total, Mercuria Energy, una de las mayores empresas de comercio de energía y materias primas del mundo, pagó 330 mil dólares a Continental Strategy por “temas relacionados con procesos de concesión de licencias, mercados energéticos y proyectos de desarrollo de petróleo y minerales”, de acuerdo con uno de los reportes presentados a las autoridades en el primer trimestre del año. Entre los lobistas contratados para estas gestiones, en el primer reporte presentado el 19 de diciembre de 2025, aparecen el propio Trujillo y Martínez, el exjefe de gabinete del mandamás de la política exterior estadounidense.
Gracias a estos pagos, las dos compañías han encadenado una serie de jugosos contratos conjuntos con el gobierno venezolano. Primero, después del primer pago de 165 mil dólares, el 1 de mayo firmaron un memorándum de entendimiento con el gobierno venezolano, auspiciado por la Casa Blanca, para vender materias primas venezolanas, como oro, en los mercados internacionales, con una ganancia estimada de 2.200 millones de dólares, de acuerdo con un comunicado de Mercuria Energy. La firma del memorándum contó con la presencia de una delegación estadounidense liderada por Jarrod Agen, director ejecutivo del Consejo Nacional de Dominio Energético. En el marco de este acuerdo, ambas también han adquirido 15.000 toneladas métricas de lingotes de aluminio de la empresa estatal Venalum. Para el periodista de investigación venezolano Víctor Majano, el negocio es claro: el conglomerado compra el aluminio con un descuento de entre el 5 y el 10% y después lo revende por encima de su valor en el Medio Oeste estadounidense. Ahora Mercuria y Heeney Capital están en tratativas para quedarse con la privatización de Venalum, que opera al 20% de su capacidad, a cambio de inyectar miles de millones de dólares para recuperar su producción. Entre sus competidoras está el gigante minero y de materias primas Glencore.
Epígrafe: Jarrod Agen (izquierda) junto a James Gilbert, director gerente de Inversiones de Mercuria.
Los negocios, por supuesto, no se quedan acá: ambas compañías se quedaron con la concesión a 30 años de la mina de oro El Chocó, ubicada en El Callao, una de las principales zonas auríferas de Venezuela. La adquisición se dio luego de que el gobierno venezolano sancionara una ley de minas que permite el traspaso a privados de yacimientos mineros, sin participación estatal, y el Departamento del Tesoro emitiera una licencia que flexibiliza las condiciones para que capitales privados operen en el sector. Esto sucedió después del último pago de Mercuria Energy a Continental Strategy para que la asesore en “cuestiones relacionadas con las materias primas energéticas y su comercialización, el desarrollo de petróleo y gas”.
Pero estas dos compañías no son las únicas que han aprovechado esta estructura de soborno encubierta para hacerse de negocios en Venezuela. La energética turca Çan2 Termik AŞ contrató a la firma de lobby de Trujillo, el “pequeño Marco Rubio”, por 135 mil dólares antes de que la compañía firmase un contrato con la estatal venezolana PDVSA para hacerse del control de 10 campos petroleros en el bloque CEMA con capacidad de producción de 10 mil barriles diarios. Otra empresa que quiere conseguir lo mismo es Gran Tierra Energy, que pagó en el segundo trimestre casi 300 mil dólares a Continental para conseguir “oportunidades de negocios en petróleo y gas en Venezuela”. La firma acaba de vender sus participaciones en proyectos energéticos en Ecuador y Colombia por 1.300 millones de dólares.
También entre los clientes de la firma de Trujillo aparece Integra Capital, propiedad del empresario argentino José Luis Manzano, exministro del Interior de Carlos Menem y accionista de varias empresas de energía argentinas, como Edenor y MetroGas; de empresas mineras, como Integra Uranium, y de medios de comunicación, como el canal América de Argentina. Integra pagó un monto no determinado para que la firma de Trujillo hiciera lobby sobre la “política de Estados Unidos para Venezuela, incluyendo asuntos que afectan la protección de la propiedad privada, las inversiones y los activos comerciales”. El holding de Manzano es accionista en Venezuela, a través de su empresa Integra Oil & Gas, de la petrolera Lagopetrol, en el lago de Maracaibo, en conjunto con la Corporación Venezolana de Petróleo. Es posible que Manzano analice si puede quedarse con una parte más grande de las acciones de la empresa estatal venezolana. Para tal tarea cuenta entre sus lobistas con John Barsa, ex boina verde y administrador interino de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante el primer gobierno de Trump, y Eric Farnsworth, vicepresidente del Council of the Americas, creado por el empresario petrolero David Rockefeller en 1963.
La lista de clientes de esta estructura de soborno encubierta es larga e incluye a otras compañías, como Helmerich & Payne, una empresa estadounidense de perforación de petróleo y gas. En lo que va del año, destinó 175 mil dólares a tareas de lobby relacionadas con la “seguridad energética y el compromiso/cumplimiento comercial de Estados Unidos en Venezuela”. Hace quince años, Hugo Chávez ordenó la expropiación de once taladros de la compañía por mantenerlos “ociosos”, producto de una disputa por una deuda millonaria del Estado. Es posible que ahora busque algún tipo de resarcimiento por esa disputa.
