La renovada escalada de hostilidad por parte de la administración Trump hacia Cuba —a través del endurecimiento de las sanciones, la presión política y la agresión ideológica abierta— expone una vez más una contradicción fundamental.

Un país que se presenta como el “modelo global de democracia” sigue considerando a una pequeña isla socialista como una amenaza constante. Esto no es casualidad. Apunta a algo más profundo: lo que se disputa no es la “democracia” en abstracto, sino dos formas fundamentalmente diferentes de organizar el poder en la sociedad.

La respuesta no es complicada. No se trata de una comparación entre la democracia y su ausencia, sino entre dos concepciones opuestas de la democracia : una basada en el poder del capital y la otra en un intento de organizar la vida política más allá de él.

Aquí es donde debe comenzar el debate. La democracia nunca se limita a instituciones sobre el papel; siempre se fundamenta en relaciones sociales reales. La cuestión decisiva es sencilla: ¿quién gobierna realmente, bajo qué condiciones y en interés de quién?

En Estados Unidos, existen derechos políticos formales, pero estos operan dentro de una sociedad marcada por una desigualdad extrema. Una élite económica relativamente pequeña controla sectores clave de la economía, y su influencia no se limita a eso, sino que se extiende directamente a la toma de decisiones políticas. El conocido estudio de Gilens y Page lo dejó claro: cuando las preferencias de las élites económicas difieren de las de la mayoría, los resultados políticos tienden a seguir los intereses de las élites.

En pocas palabras: la mayoría participa, pero no decide.

El marco institucional no hace sino acentuar esta realidad. El Colegio Electoral permite que candidatos rechazados por el voto popular accedan al cargo. El tan elogiado sistema bipartidista reduce la vida política a dos formaciones que, a pesar de las diferencias retóricas, defienden los mismos fundamentos económicos.

Esto no es una verdadera elección, sino una variación dentro de los límites establecidos de antemano.

Y luego está el factor decisivo: el dinero. Las elecciones federales estadounidenses costaron alrededor de 14 mil millones de dólares en 2020. Tras el fallo de Citizens United , las corporaciones y las personas adineradas obtuvieron la capacidad de gastar sin límites significativos.

En la práctica, esto produce resultados sencillos. La competencia política se convierte en competencia financiera. La visibilidad depende de la financiación. La viabilidad depende de la financiación. El éxito depende de la financiación.

Cuando el dinero determina quién puede ser escuchado, también determina quién puede gobernar.

Esto nos lleva al mito más persistente utilizado para defender el sistema: la afirmación de que «todos son libres de tomar sus propias decisiones». Una vez examinado seriamente, este argumento se desmorona.

¿Libertad para elegir qué, exactamente, y bajo qué condiciones?

Para millones de personas en Estados Unidos, la inseguridad económica marca el día a día. Una gran parte de la población no puede afrontar fácilmente ni siquiera pequeños gastos inesperados. Ante tal presión, la idea de elegir libremente entre un trabajo o un camino en la vida se vuelve cuestionable.

Un trabajador que debe aceptar cualquier empleo disponible para sobrevivir no está ejerciendo su libertad, sino que está respondiendo a la necesidad.

El mismo patrón se observa en el propio lugar de trabajo. El modelo generalizado de «empleo a voluntad» permite a los empleadores despedir a los trabajadores en cualquier momento.

No existe verdadera igualdad en una relación donde una de las partes controla si la otra puede vivir o no.

El sistema de salud refleja la misma realidad. El acceso depende del empleo, los ingresos y la capacidad de pago. Millones de personas retrasan su tratamiento o acumulan deudas.

Un derecho que debe comprarse no es un derecho, sino un acceso condicionado a la clase social.

La educación sigue una lógica similar. La deuda estudiantil influye en las decisiones que se toman mucho después de graduarse: qué trabajo aceptar, dónde vivir, cómo planificar la vida.

La deuda no solo supone una carga para las personas, sino que limita silenciosamente su libertad de decisión.

Incluso el proceso electoral refleja esta estructura. El Colegio Electoral puede anular el voto popular, mientras que las barreras financieras para participar filtran a los candidatos mucho antes de que los votantes tengan siquiera la oportunidad de elegir.

Para cuando la gente vota, el abanico de opciones ya se ha reducido.

Lo que emerge no es un sistema de libertad sin restricciones, sino uno en el que las opciones están estructuradas, filtradas y limitadas por el poder económico . La democracia se queda en la forma, mientras que su esencia se moldea en otros ámbitos.

Es precisamente en este punto donde la Cuba socialista ofrece un modelo fundamentalmente diferente.

En Cuba, el proceso electoral está diseñado deliberadamente para eliminar la influencia del dinero. Los candidatos son nominados en asambleas vecinales, no por partidos, ni por donantes, ni a través de campañas mediáticas.

La política no se trata como un mercado, y los candidatos no son mercancías que compiten por la inversión.

Este enfoque se ve reforzado por prácticas institucionales concretas. La Constitución de 2019, por ejemplo, fue precedida por una consulta nacional en la que participaron millones de ciudadanos y decenas de miles de reuniones. Los cambios propuestos fueron debatidos, enmendados y solo entonces aprobados.

En este sentido, la legislación no se impone, sino que se moldea mediante la participación.

Las organizaciones de masas —sindicatos, comités vecinales, organizaciones de mujeres y de estudiantes— están integradas en la vida pública de forma estructurada.

La participación no es ocasional, sino que está integrada en el propio sistema.

Las diferencias entre los dos sistemas no son sutiles. Son estructurales.

En Estados Unidos, enormes sumas de dinero determinan la visibilidad política.

En Cuba, la financiación privada de candidatos está totalmente prohibida .

En Estados Unidos, los candidatos dependen de las redes de donantes y de la maquinaria del partido.

En Cuba, son nominados directamente por los ciudadanos en las asambleas locales .

En Estados Unidos, las campañas están condicionadas por los medios de comunicación y el marketing.

En Cuba, todos los candidatos se presentan en igualdad de condiciones .

No se trata de variaciones dentro del mismo modelo. Reflejan principios fundamentalmente diferentes.

Los patrones de participación refuerzan este contraste. Las elecciones cubanas registran sistemáticamente una alta participación, lo que sugiere que la gente considera que el proceso es significativo. En Estados Unidos, la participación sigue siendo considerablemente menor, lo que refleja la percepción generalizada de que la participación política tiene un impacto limitado.

Cuando las personas sienten que su papel importa, se involucran. Cuando sienten que no importa, se retiran.

Fundamentalmente, la diferencia radica en la base económica de cada sistema. En Estados Unidos, la propiedad privada garantiza que el poder económico y la influencia política permanezcan estrechamente vinculados.

En Cuba, la propiedad social cambia esa relación.

Cuando la riqueza deja de dominar la vida política, la política misma comienza a adquirir un carácter diferente.

Fidel Castro lo expresó con una pregunta sencilla pero decisiva: «¿Qué clase de democracia es aquella en la que los ricos deciden todo?».

Esa pregunta sigue sin respuesta para los defensores del modelo estadounidense.

Tener más opciones no significa tener más libertad cuando todas conducen en la misma dirección.

El sistema cubano rechaza este marco y, en cambio, hace hincapié en la representación a través de la participación organizada.

Esto no es una deficiencia, sino una forma diferente de estructurar la vida política.

El contraste se hace más evidente al observar la experiencia cotidiana. En Estados Unidos, la participación política a menudo se reduce a votar periódicamente, influenciada por las narrativas de los medios de comunicación y los ciclos de campaña.

En Cuba, la participación se extiende a las asambleas locales, los lugares de trabajo y las organizaciones.

Un sistema produce espectadores. El otro intenta producir participantes.

Todo esto se desarrolla en condiciones externas muy diferentes. Cuba ha enfrentado décadas de bloqueo económico y presión constante. Sin embargo, ha mantenido un sistema político en el que el dinero no domina la vida pública.

Estados Unidos, en cambio, depende del flujo continuo de financiación privada para sostener sus procesos políticos.

Un sistema se esfuerza por limitar el papel del capital. El otro no puede funcionar sin él.

La conclusión es evidente. Estados Unidos no representa la democracia en su máxima expresión. Representa un sistema donde la igualdad formal coexiste con la desigualdad real , donde la participación no se traduce en control y donde el poder económico establece los límites de la vida política .

Cuba, a pesar de sus dificultades, apunta en otra dirección. Demuestra que los sistemas políticos pueden organizarse de manera que limiten la influencia de la riqueza, amplíen la participación y orienten la toma de decisiones hacia las necesidades sociales.

Un sistema donde el dinero tiene más peso que las personas no puede considerarse democrático en ningún sentido significativo.  Un sistema que reduce la elección política a seleccionar entre opciones predefinidas no es libertad, sino consentimiento controlado.

La verdadera democracia comienza cuando el capital pierde su poder de decisión. Ese es precisamente el límite que la Cuba socialista ha intentado cruzar —bajo presión, con contradicciones, pero en la práctica—.

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Nikos Mottas es el redactor jefe de En defensa del comunismo .