En el Estado español sobran señales y síntomas que hacen prever que en el futuro la derecha extrema ganará todavía más pujanza y una buena parte de la ciudadanía ha dejado de verla como una amenaza

No por esperada, la victoria abrumadora de los ultraderechistasen las elecciones de Extremadura deja de resultar sobrecogedora, porque se trata de un territorio en el cual el franquismo y los oligarcas se ensañaron con especial crueldad contra la población trabajadora y campesina.

Los brotes de fobia contra las y los extranjeros más empobrecidos, como el que se manifestó en Badalona, con el apoyo de un alcalde del PP que gana elecciones a base de propaganda xenófoba, paralizan a una izquierda que parece incapacitada para llevar a cabo cualquier acción política igualitaria que no sea la de poner parches.

Las muestras de solidaridad en forma de oferta de lugares de acogida, de alimentos y de ropa de abrigo para personas sin techo son ejemplares, indispensables y merecen reconocimiento. Las denuncias en los tribunales por los delitos de odio y las manifestaciones de rechazo contra el racismo son también necesarias. Están muy bien y hay que insistir en su práctica, pero apenas tocan la raíz del problema.

El autoritarismo antidemocrático se generaliza de manera alarmante en una etapa histórica excepcional, cuando resultan más urgentes que nunca políticas racionales en favor de la vida. Hoy asistimos a una degradación acelerada de las condiciones de existencia sobre nuestro planeta, mientras proliferan los gobernantes despóticos que, en connivencia con gigantes económicos y tecnológicos, exhiben de manera desvergonzada una falta absoluta de respeto por los derechos elementales de pueblos enteros, potencian el negocio de las armas, ignoran la tragedia climática y favorecen la destrucción de la biosfera. Nuestro tiempo es de extrema emergencia y nuestras administraciones pasan a ser controladas progresivamente por negacionistas y codiciosos que desprecian el bien común. Michel Nieva se refirió a la enfermedad social de nuestro tiempo de manera contundente, sin cortarse: la democracia, tal y como la conocemos hoy, “se muestra impotente para frenar la depredación financiera” ¹.

Un día tras otro vemos a dirigentes políticos hipotéticamente defensores de los valores europeos humillados por el actual presidente de Estados Unidos, sumisos a sus dictados económicos y militares, incapaces de poner freno a la violencia, cómplices del genocidio perpetrado por el sionismo y resignados ante las violaciones del derecho internacional.

Dirigentes de las formaciones políticas que en otro tiempo se reivindicaban como demócratas de centro, o sencillamente como conservadores, observan con estupefacción como una parte más que importante de sus votantes tradicionales cambian de orientación, apoyan al discurso de la ultraderecha y/o expresan su intención de votar en su favor.

La realidad más próxima
Se trata de un fenómeno internacional, pero la realidad más próxima nos muestra también datos alarmantes y muy significativos. ¿Es necesario recordar, por ejemplo, que el último barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya indicó que una fuerza ultraderechista como Aliança Catalana hoy pasaría de tener 2 representantes en el Parlament de Catalunya a conseguir 19 o 20? Son los mismos escaños que obtendría Junts per Catalunya. VOX llegaría a tener entre 13 y 14 diputados, uno o dos más que el PP.

Y hay un dato de este estudio que conviene recordar, porque llama especialmente la atención: una de cada cinco personas que votabana Junts per Catalunya dejarían de hacerlo para apoyar a Aliança Catalana.

Hace tiempo que se producen cambios sustanciales en las preferencias de voto del electorado catalán, pero ese salto de tanta gente hacia la derecha extrema exige análisis sereno y reflexión.

En vez de intentar entender lo que ocurre, para intentar revertir lo que les afecta, a los dirigentes de Junts no se les ocurre mejor táctica que la de acercarse a los planteamientos de los partidos que tienen a la derecha. Levantan la voz para poner en cuestión el derecho elemental de cualquier persona a cambiar de país de residencia, reclaman restricciones a la llegada de personas migrantes, criminalizan a colectivos que viven en condiciones de extrema necesidad, fomentan la islamofobia, extienden la idea según la cual en nuestros barrios y ciudades se respira un ambiente de gran inseguridad, reclaman más efectivos y actuaciones policiales y favorecen la tendencia, entre personas humildes o de clase media,a buscar entre la población más empobrecida a los culpables de las deficiencias en los servicios públicos y en los sistemas de protección social. Nunca les ha preocupado mucho la conducta del cada vez más reducido grupo de individuos que acumulan capital. Más bien los admiran.

En el Estado español, el PP ha olvidado del todo los viajes hacia el centro que en otro tiempo les aconsejaban algunos consultores. Sus dirigentes también intentan evitar la fuga de votantes hacia las listas de VOX con la asunción como propias de las propuestas de actuación más autoritarias, las ideas contrarias a la protección del medio ambiente, racistas, xenófobas y antifeministas. El PP integró en sus filas durante muchos años a no pocos herederos del régimen franquista que disimulaban de alguna manera su perfil ultraderechista. Progresivamente, este sector de su militancia, que de manera más o menos explícita expresa nostalgia por el tiempo de la dictadura, manifiesta sin complejos su agresividad contra los defensores de los Derechos Humanos. En nombre de la libertad ponen en cuestión los servicios públicos, los privatizan, protegen y utilizan en beneficio propio a la cúpula judicial, exigen beneficios fiscales para los más ricos, justifican y/o silencian las trampas de sus corruptos, como quién fue ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y reclaman medidas de represión contra los movimientos sociales. Preparan, en definitiva, una contrarreforma autoritaria del régimen, previsiblemente acompañada de más privatizaciones y de pérdidas de derechos laborales, tal como lo reclaman desde hace tiempo personajes del talante de José María Aznar.

En el mapa político todo se desplaza hacia la derecha. Se diría que han desaparecido los que antes se reivindicaban como centristas o moderados.

Desde el llamado bloque progresista, y para responder a los ataques de la ultraderecha, gobernantes españoles y catalanes no dejan de vocearlos datos según las cuales la población tendría que sentirse satisfecha de tanto como “mejora la vida de la gente”.

El presidente del Ejecutivo español y sus compañeros de Gobierno y de partido recuerdan constantemente las cifras hechas públicas por organismos como la OCDE, el FMI y la Comisión Europea sobre el crecimiento económico español. Celebran la evolución de los últimos años, se felicitan por las perspectivas y se muestran exultantesante las informaciones de los medios y de las entidades financieras que remarcan los éxitos del tejido empresarial español.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, que no hace mucho reclamaba cambios en la composición del Ejecutivo, se ha felicitado día sí y día también por la evolución del mercado laboral.

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, también habla a menudo y desde hace tiempo sobre los datos de ocupación y sobre la evolución de la economía catalana y española en términos más que elogiosos.

Quizás les parece que las personas que viven de su trabajo o que se buscan la vida como pueden se han de sentir muy satisfechas con los beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas de la IBEX, pero la percepción entre la población normal es necesariamente más dura. Una gran parte de la ciudadanía no percibe mejora alguna en su día a día y, además, proliferan las situaciones y casos de extrema necesidad.

El número de personas que se venobligadas a dormir en las calles, las de Barcelona por ejemplo, no solo no disminuye sino que crece de manera alarmante. Esta realidad ha sido reconocida por los servicios sociales del Ajuntament de la capital catalana y denunciada por la Fundació Arrels. En el conjunto de Catalunya más de 6.700 personas no tienen vivienda, según la Sindicatura de Greuges. Se trata de una realidad que el poder económico ningunea, que la mayor parte de la burocracia administrativa ignora y que muchos progresistas observan desde sus despachos y escaños con insolente resignación

Hay que leer y releer con atención los informes que año tras año elabora y publica la Fundación FOESSA, que aportan una gran cantidad de datos precisos y significativos sobre “exclusión y desarrollo social en España” ². “La exclusión es estructural y encuentra sus raíces en nuestro modelo social y económico”. A pesar del crecimiento económico, “España mantiene una de las tasas de desigualdad más altas de Europa”. El informe del año 2025 de esta Fundación demuestra de manera fehaciente que “la precariedad laboral se ha convertido en la nueva normalidad del mercado laboral español”. Afecta a un 47,5 % de la población activa del Estado (11,5 millones de personas). El hecho de tener un lugar de trabajo “ya no protege ni incluye”, “la inestabilidad, la desocupación crónica y la parcialidad impiden construir vidas sostenibles”.

Casi nadie se atreve a negar la existencia de un grave problema de vivienda. La realidad es demasiado cruda en este ámbito, pero pocos explican dónde se encuentra su auténtica raíz. Los autores del informe constatan por un lado que “la vivienda es hoy uno de los principales motores de desigualdad”, y de otro señalan que “el modelo inmobiliario español ha generado una depredación territorial sin precedentes, convirtiendo a España en uno de los países europeos más destructores de su propio patrimonio inmobiliario urbano”.

“La erosión del sistema sanitario público convierte la salud en un nuevo eje de desigualdad social”. “Las listas de esperacrecientes han erosionado la capacidad protectora del sistema público cuando más se necesitaba”, se constata también en este informe FOESSA, resultado del trabajo de un número más que considerable de especialistas.

El mismo estudio también ofrece datos preocupantes sobre otros aspectos de la realidad social, como es el de la inseguridad alimentaria, que afecta al 11’6 % de los hogares, especialmente entre mujeres y menores. “La proporción de hogares en los cuales la fuente principal de ingresos lo aporta la mujer pasó del 21’9 % en 2007 al 35,9 % en 2024”, lo cual se corresponde con los peores indicadores económicos y de vivienda.

Los datos de este informe son públicos. Algunas de los más contundentes se dieron a conocer en algunos espacios informativos y medios de comunicación, pero parece que se olvidan o que no llegan a los ojos ni oídos de los autores de los relatos más triunfalistas.

Se puede mantener un alto grado de respeto por los defensores de políticas posibilistas, pero es absurda la negativa a encarar la realidad. Es evidente que los beneficios del crecimiento económico de las grandes empresas no llegan a la mayoría de las personas de clase trabajadora. Sirven, sí, para reducir en medida insuficiente las cifras de paro, pero sobre todo son útiles para alimentar grandes fortunas, repartir dividendos y retribuir a los altos directivos. Oxfam Intermón ha proporcionado información alarmante sobre el agravamiento de las desigualdades en materia salarial. Durante el año 2024, entre las 40 empresas más grandes del Estado español, “el salario más alto es, de media, 111 veces superior a la nómina media”.

¿No pasarán?
La derecha no solo no ha pretendido ni pretende poner solución a estos problemas allá donde gobierna, sino que los convierte en más graves cuando consigue cuotas más grandes de poder. Para evitar que su demagogia cale y se extienda todavía más entre amplias franjas de nuestras sociedades hará falta que los defensores de las políticas de igualdad y solidaridad dejen de ignorar la existencia de una grave fractura social y hagan algo más que predicar en favor de la unidad de las izquierdas. La clásica consigna del no pasarán está muy bien, pero en ausencia de un proyecto emancipador es evidente que ellos, los ultraderechistas, pasan. Se necesitan propuestas estratégicas en positivo y escenarios de futuro con capacidad de ilusionar a millones de personas, proyectos dibujados con la idea de que es posible ambicionar una vida en sociedad totalmente diferente a la actual.

Si todo lo que puede ofrecer el progresismo es la defensa de lo que hay, sin poner en cuestión la actual estructura de poder, lo que hace es regalarle a la derecha la posibilidad de presentarse como fuente de transgresión.

Junts per Catalunya hace mucho de tiempo que abandonó el discurso en favor de una causa común con el conjunto del movimiento soberanista y se dedica a reivindicar el contenido más antisocial de su tradición, con la estéril voluntad de desestabilizar gobiernos, en Catalunya y en Madrid. El PP ataca al progresismo con groserías e insultos cada vez más llamativos, en las Cortes, en la calle y en los medios de comunicación. Los espectáculos que dan en las cámaras legislativas, además de resultar lamentables, presentan una imagen execrable de la vida política. Aliança Catalana y VOX no se tienen que esforzar mucho para poner sus cestos de recogida de votos y recoger los que les proporcionan las propagandas antisociales de Junts y del PP.

La mayor parte de la izquierda que se encuentra dentro de las instituciones, que se reivindica como tal porque se encuentra a la izquierda de la derecha, se adapta más y más al neoliberalismo, en un largo y constante viaje hacia la moderación.

La derecha no se modera lo más mínimo. Hace mucho ruido. Se han hecho los amos del ruido, los dueños de un estruendo vacío de contenido, perocon él recogen el apoyo de mucha gente normal, entre la cual se encuentra una amplia franja de juventud, en el Estado español y en gran partedel mundo.

A menudo se buscan las causas de este fenómeno en el control de las redes sociales por parte de la derecha y en el peso que ganan en internet los mensajes de odio, las mentiras llamativas, las difamaciones y los relatos antidemocráticos, pero hace falta que las izquierdas más o menos organizadas reflexionen también sobre otros poderosos motivos.

Conviene que los hipotéticos defensores de la democracia social y económicaobserven el resultado de tanta moderación y de tantos esfuerzos por mantenerse dentro del sistema. Miguel Urbán lo afirma con extraordinaria lucidez en su «Radiografía de la derecha radical»: “En este momento de ‘polarizaciones’ es determinante entender que la hegemonía sobre el tablero político no se disputa en el centro sino en los extremos” ³.

“Estamos viviendo un proceso de derechización muy fuerte de los discursos progresistas”, constata también Yayo Herrero en un libro de conversaciones de María Eugenia Rodríguez Palop con pensadoras feministas ⁴.

Para conseguir que la derecha extrema no pase, para defendernos de su agresividad, hay que creer en la posibilidad de poner fin al proceso de concentración económica en pocas manos, para hacer realmente posible la distribución igualitaria de la riqueza entre el conjunto de la ciudadanía. Hay que perder el miedo a parecer demasiado radicales.

Se tiene que hacer mediante la fiscalidad, claro que sí, pero no solo. La recaudación de impuestos sobre las rentas y los patrimonios es necesaria, pero es del todo insuficiente. La democracia económica no será posible mientras se permita que el funcionamiento de la banca, los seguros, la generación y distribución de energía, las obras públicas, las redes de comunicación, los sistemas de movilidad y de transporte de mercancías dependan de la voluntad de grupos cada vez más reducidos de actores económicos. La precariedad y la pobreza no se pueden eliminar mientras se mantengan los criterios actuales sobre productividad, crecimiento económico y rentabilidad.

Hay que imaginar y presentar escenarios en los cuales la ciudadanía pueda creer realmente en la posibilidad de cambiar el comportamiento de las administraciones, para que pueda encontrar siempre en los poderes locales, nacionales, estatales o supranacionales actores que proporcionen seguridad en el futuro, procedimientos sencillos y fiables para resolver necesidades elementales. Los mecanismos de poder tendrían que estar en manos de personas respetuosas y amables, para las cuales los episodios de corrupción tendrían que ser tan solo unas historias de otro tiempo.

Este ejercicio de imaginación no parece nada fácil actualmente, pero es preciso, porque hoy la codicia, la acumulación de poder administrativo, la voluntad de mantener privilegios y, sobre todo, la obediencia al poder económico de un grupo cada vez más pequeño de empresas aparecen como obstáculos descomunales para la defensa del bien común.

El poder legislativo, en cualquiera de sus ámbitos, puede y debe convertirse en una instancia política transparente, responsable, próxima y fiable para cualquier ciudadano o ciudadana. El Ejecutivo debe ser un instrumento concebido estrictamente para dar servicio a la gente normal. Y el judicial no tendría que poder pasar nunca por encima de lo que la ciudadanía decide o quiere decidir democráticamente sobre cualquier aspecto de la vida.

Seguro que es posible que la gente que se considera de izquierdas deje de pedir respeto a los potentados de las finanzas, a políticos corruptos, burócratas despóticos, cuerpos policiales cargados de ultraderechistas y jueces prevaricadores.

Hace falta un cambio cultural para cerrar el paso a la brutalidad de los extremistas de derechas, combatir la pobreza y garantizar medios dignos de subsistencia para todo el mundo, acabar con el trabajo de cuidados no remunerado, suprimir el negocio de las armas, hacer respetar los derechos de los pueblos, defender sus lenguas y detener la destrucción del medio ambiente. Hay que aprender, como escribió Jorge Riechmann, a “vivir dentro de los límites de la naturaleza y a convivir armoniosamente con todas las otras formas de vida que comparten este hogar que denominamos Tierra” ⁵.

No tendría que resultar inverosímil en el siglo XXI que las escuelas fueran todas públicas, que la colonización de la universidad por parte de inversores privados no fuera posible, que la atención sanitaria no dependiera de las mutuas ni de hospitales privados y que la banca y los seguros estuvieran en manos del sector público. Todo esto es perfectamente imaginable. De hecho, antes de caer en la vorágine privatizadora, bastantes de estas ideas formaban parte de alguna manera de no pocos idearios políticos. Lo que resulta más complicado hoy, a pesar de su urgencia, es la defensa de estos objetivos como posibilidades realistas a corto plazo, porque haría falta que fuera asumida por amplísimos sectores de población de nuestras sociedades. No se trata de sueños absurdos. Lo que resulta delirante es pensar que podemos dar satisfacción indefinidamente a las ambiciones de quienes nunca tienen suficiente riqueza y pregonan la posibilidad de un crecimiento económico sin límites. Lo más disparatado se encuentra en la idea según la cual “el mismo capitalismo puede poner solución con más capitalismo a las mismas crisis que el sistema ha provocado” ⁶. Para cambiar la deriva actual hacia el infierno hace falta sumar voluntades de millones de personas que no viven de rentas del capital. Y sobre todo hace falta que crezca el nivel de conciencia sobre la necesidad y posibilidad de lograr un modelo de convivencia en el cual el comportamiento solidario sea tan natural como la vida misma, la competitividad sea mal vista y el individualismo sea estudiado como una conducta pasada, resultante de muchos años de decadencia. Son asignaturas pendientes de examen para fuerzas que de alguna manera se encuentran a la izquierda de la derecha.

• 1
  Michel Nieva. Ciencia ficción capitalista. Anagrama, 2024. p. 32
• 2
  IX informe sobre exclusión y desarrollo social en España. Fundación FOESSA, 2025
• 3
  Miguel Urbán. Trumpismos. Verso, 2024, p. 65
• 4
  María Eugenia Rodríguez Palop. Conversaciones urgentes. Icaria Editorial, 2025, p. 164
• 5
  Jorge Riechmann. Simbioética. Homo sapiens en el entramado de la vida. Plaza y Valdés, 2022, p. 256
• 6
  Franco “Bifo” Berardi. La segunda venida. Caja negra editora, 2021 p. 76