Una de las principales banderas políticas del gobierno de Javier Milei es de orden económico: la lucha contra la inflación, que se ha desacelerado en los últimos meses, aunque más en las cifras oficiales que en la percepción de los ciudadanos. Otra bandera política y en este caso ideológica que lo catapultó al gobierno fue un discurso ultraderechista reaccionario, enmascarador del terrorismo de Estado de la dictadura de Videla, característico de su política de seguridad, encabezada por la ministra Patricia Bullrich y direccionada ideológicamente por la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Villarruel, hija de un militar que intervino en los años setenta en el exterminio de la entonces llamada “subversión”, es una férrea defensora de los militares genocidas de la última dictadura. Tras concluir la carrera de abogada en 2003, en los albores del gobierno de Néstor Kirchner y de su exigente política de derechos humanos, Villarruel creó el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una organización de “memoria completa”, que pretende procesar a jefes guerrilleros por la muerte de militares en un intento de equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de las guerrillas. En cierto modo sería una vuelta a la llamada “teoría de los dos demonios”, siempre vigente entre algunos sectores de la sociedad que apoyaron a la dictadura, pero ahora con énfasis revanchista. Fundadora de la organización Jóvenes por la Verdad, “un grupo cuya actividad más destacada era la de coordinar visitas al dictador Jorge Rafael Videla”, publicó en 2014 Los otros muertos: Las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70, un libro escrito por Villarruel en colaboración con Carlos Manfroni, en el cual anticipa el revisionismo de las causas contra militares represores que impulsa ahora desde su posición política.

Negacionismo y encubrimiento del genocidio: la visita a Astiz

El pasado 11 de julio, seis diputados del bloque de LLA visitaron al repudiado represor Alfredo Astiz, condenado a prisión perpetua, en la cárcel de Ezeiza, un penal en el que también se entrevistaron y fotografiaron sonrientes con otros criminales de lesa humanidad del Ejército, la Marina y otros cuerpos de seguridad. El mensaje implícito de esta acción es de completo apoyo a la idea de indultarlos, en consonancia con la agenda de la vicepresidenta. Varios legisladores que participaron en la visita, liderados por Bernat Benedit, tienen vínculo directo con Victoria Villarruel. Benedit niega que esos militares hayan sido represores y los califica como “excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista”, además de caracterizar como una “farsa” los juicios de lesa humanidad que los condenan como genocidas. Benedit es un productor agropecuario de la provincia de Entre Ríos, ex director del lobby del agronegocio, la Sociedad Rural Argentina. No fue esta su primera visita a militares de esa calaña. Meses atrás, el 15 de marzo, Beltrán Benedit estuvo en la cárcel de Campo de Mayo, un presidio destinado únicamente a los represores de la última dictadura. Tras esa visita escribió en X en respuesta a la hija de uno de los detenidos: “Trabajamos por la pronta liberación de todos los patriotas”.

Entre los ideólogos que inspiran a estos representantes de LLA ocupa un lugar de privilegio un tal José D’Angelo, autor del libro negacionista La estafa con los desaparecidos. La hipótesis de D’Angelo, expuesta en la presentación de su libro en noviembre de 2021, es que “desde la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia de la Nación se han falseado historias y adulterado documentos públicos facilitando una multimillonaria estafa con los desaparecidos”. A partir de datos extrapolados de algunos casos de difícil generalización, este ferviente defensor de la impunidad de los genocidas despliega el relato de que muchos beneficiarios de indemnizaciones estatales estarían vivos o habrían muerto por enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Las manifestaciones de repudio no se hicieron esperar. La visita a los represores tiene una dimensión simbólica que apunta a erosionar los consensos democráticos alcanzados con los juicios a los represores y el Nunca Más. Astiz representa la faceta más aberrante de la dictadura de Videla. Conocido como el Ángel Rubio o el Ángel de la Muerte, se infiltró con el nombre de Gustavo Niño en la organización de las Madres de Plaza de Mayo con el pretexto de buscar a su hermana desaparecida. En realidad, el Capitán de Fragata Alfredo Astiz dirigía un grupo de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención, tortura y muerte de la dictadura por el que pasaron más de cinco mil personas. Entre sus crímenes más horrendos está el secuestro y asesinato de dos monjas pasionistas francesas: Alice Domon y Léonie Duquet, quienes colaboraban en la búsqueda de jóvenes desaparecidos desde el ámbito parroquial. Después de torturarlas en la ESMA durante diez días, las religiosas fueron sedadas con pentotal y arrojadas con vida al Río de la Plata en uno de los siniestros “vuelos de la muerte”. El cuerpo de Duquet, junto con el de una fundadora de las Madres, Azucena Villaflor, y el de otras dos mujeres vinculadas a ellas fueron hallados flotando cerca de la playa de Santa Teresita (Buenos Aires) a finales de diciembre de 1977.

La visita a los represores tiene una dimensión simbólica que apunta a erosionar los consensos democráticos alcanzados con los juicios a los represores y el Nunca Más

Además de la visita al penal de Ezeiza de los seis diputados mileístas, el diario Página 12 denunció que meses antes, en marzo, asistieron al penal de Campo de Mayo para entrevistarse con otro grupo de ex represores dos funcionarios del ministerio de Defensa que dirige Luis Petri: el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, y el director nacional de Derechos Humanos. El periódico afirma que esa visita se inscribe en la “nueva impronta” que Petri quiere darle al área de derechos humanos del Ministerio de Defensa, reivindicando la llamada “memoria completa”. Para avanzar en ello el ministerio anunció el despido de los expertos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir en las causas por crímenes de lesa humanidad, acusándolos de ser un “grupo parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares, e incorporó en cargos directivos a Arturo Larrabure y Silvia Ibarzábal, militantes de organizaciones de “memoria completa”. Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el organismo que preside Victoria Villarruel.

La pretensión de Villarruel y sus legisladores más devotos de exonerar a los torturadores y genocidas de la responsabilidad por sus crímenes de Estado no parece encontrar mayor eco en el conjunto de la sociedad argentina, que tiende a mirar aquella época como un capítulo cerrado de la historia reciente y no desea reabrir las heridas del pasado cuando ya han transcurrido 40 años desde el inicio de los juicios a los dictadores, en 1985.

Algunos jueces han pedido información sobre la visita a la ministra de Seguridad, responsable del Servicio Penitenciario Federal (SPF). El primero en hacerlo fue el juez Alejandro Slokar, miembro de la Cámara de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Crímenes contra la Humanidad. También lo hizo Daniel Obligado, que presidió varios juicios de lesa humanidad donde fueron condenados decenas de represores, entre ellos Alfredo Astiz. Por su parte la Comisión por la Memoria presentó una denuncia penal contra Benedit “por el delito de apología del crimen”. El intento de reavivar las brasas de aquellos años de difíciles equilibrios políticos y judiciales alcanzados durante el gobierno de Raúl Alfonsín puede conducir a una polarización extrema de la vida política argentina que muy pocos desean, pero que parece formar parte del ADN del gobierno Milei-Villarruel.

La política de seguridad interior: el nuevo giro represivo

Ni bien asumir el gobierno de LLA, el 15 de diciembre de 2023, la ministra de Seguridad dio a conocer la resolución 943/2023, por la cual se establecía el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, que entre otras medidas incluye la identificación y detención de quienes encabecen o participen de las protestas sociales en la vía pública, además del cobro a las organizaciones sociales de los gastos de intervención de las fuerzas de seguridad enviadas para reprimirlas.

El “protocolo antipiquetes”, como se lo conoce popularmente, implica la intervención de las cuatro fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria) además del Servicio Penitenciario Federal, frente a los cortes de vías, piquetes o bloqueos totales o parciales. Este protocolo se aplica siempre que la cantidad de asistentes a las marchas no desborde la capacidad operativa de las fuerzas represivas. No hubo posibilidad material de aplicarlo en la gigantesca marcha por la educación pública realizada el 23 de abril, con unas 800.000 personas manifestándose en el centro de Buenos Aires y más de un millón en todo el país.

Al presentar el protocolo, Patricia Bullrich afirmó: “La factura de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará a las organizaciones o individuos responsables. El estado no va a pagar por el uso de las fuerzas de seguridad”. Y no faltó su muletilla característica de la campaña electoral: “El que las hace, las paga”. Un lema que acabó siendo adoptado por el presidente y otros miembros de LLA desde que Bullrich se incorporó al gobierno. Las críticas arreciaron desde las organizaciones sociales y partidos opositores. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por el peronista Axel Kiciloff, declaró que no aplicaría el nuevo reglamento de seguridad porque en su opinión “criminaliza la protesta”.

La siguiente vuelta de tuerca de la política de Seguridad se produjo en marzo, con el acicate de varios crímenes cometidos en Rosario por mafias de narcotraficantes. El ministerio de Seguridad realizó un extraordinario despliegue en esa ciudad, la tercera más poblada del país y el principal puerto agroexportador. Una ciudad donde la enorme desigualdad social genera contradicciones entre la sociedad opulenta y las grandes bolsas de marginalidad y desocupación crónica, donde prolifera el microtráfico de drogas. El despliegue incluyó recursos para “apoyar la lucha por aire, tierra y agua” contra las bandas de narcotraficantes: helicópteros, embarcaciones, vehículos y más 120 uniformados. Por primera vez en 40 años de democracia, los militares se trasladaron a un centro urbano para intervenir, junto a las fuerzas de seguridad federales y provinciales, en la lucha contra bandas criminales, lo que marca un precedente de la intención de militarizar la calle de manera temprana para naturalizar su presencia y contener en el territorio la previsible emergencia de protestas sociales.

El mayor despliegue del sistema represivo fue el pasado 12 de junio, frente al Congreso, durante el debate parlamentario y la votación de la Ley Bases. Ese día se detuvo a 33 personas que participaban en una marcha convocada espontáneamente contra la aprobación de esa ley tan cuestionada. Casi la mitad de los detenidos fueron liberados dos días más tarde. Una jueza ordenó su excarcelación, desestimando el pedido del fiscal de prisión preventiva para todos ellos por “terrorismo” y “sedición”. El fiscal abrió una indagatoria contra los detenidos por “incitación a la violencia colectiva en contra de las instituciones” y “delito contra los poderes políticos y el orden constitucional”, entre muchos otros cargos, además de la amenaza de aplicar un artículo del Código Penal referido a acciones terroristas.

Más de una decena de manifestantes que permanecían detenidos fueron liberados días más tarde por “falta de mérito”, quedando sólo cuatro encarcelados. El 11 de julio se revocó la prisión preventiva de otros dos detenidos, que estuvieron en cárceles federales durante casi un mes y seguirán siendo investigados, y quedaron encarceladas dos personas, procesadas como supuestos causantes del incendio de una bicicleta y un contenedor.

El mayor despliegue del sistema represivo fue el pasado 12 de junio, frente al Congreso, durante el debate parlamentario y la votación de la Ley Bases. Ese día se detuvo a 33 personas

En suma, de las 33 personas detenidas arbitrariamente por las fuerzas de seguridad y que fueron liberadas algunos días o semanas más tarde, sólo dos quedaron recluidas con un proceso en curso. El resultado final demuestra que las detenciones se practicaron al azar, como denunciaron muchos de los manifestantes, o en situaciones que no pudieron documentarse como delictivas. El 94% de los detenidos quedó finalmente en libertad por falta de pruebas. Uno de ellos, liberado tras pasar dos días en prisión, fue Santiago Adano, un músico que no milita en ningún partido y que asistió de motus propio. Su hermana da cuenta del maltrato que recibió: “Él estaba parado en la vereda entre la gente cuando sale del subte, y lo agarran policías de civil por detrás y lo tironean y se lo llevan detenido. Lo empiezan a arrastrar. Así fue como nos enteramos. Lo arrastraron entre 30 policías, lo asfixiaron. Está con la cara roja. Tanto es así que se descompuso. Yo estuve muy preocupada hasta la madrugada del jueves porque no nos decían dónde estaba.”

Adano participa, junto a otros excarcelados, en los reclamos por la libertad de quienes permanecen detenidos. En un comunicado colectivo titulado “Libertad a los detenidos de la Ley Bases y cese de persecuciones”, los firmantes aseguran que las personas privadas de libertad “han recibido durante su detención malos tratos”. “Asimismo, repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el poder Ejecutivo se convierten en ‘terroristas’ que actuaron en ‘un intento de golpe de Estado’, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”. El comunicado abierto a recoger firmas añade que durante la manifestación del 12 de junio “las fuerzas de seguridad no sólo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta sino también a diputadas y diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales”. En efecto, varios diputados que salieron a mediar entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes recibieron ataques con gas pimienta por parte de los efectivos policiales.

Revanchismo y operaciones de inteligencia

Una manera de imponer la visión revanchista sobre la represión ilegal durante la dictadura consiste en obstaculizar el trabajo de los organismos de derechos humanos. Entre las entidades perjudicadas por la política de Seguridad del gobierno de Milei se encuentra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) creada en 1992, que se ocupa de la búsqueda de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres, durante la última dictadura. El ministerio de Seguridad le negó en mayo pasado el derecho a requerir legajos de las fuerzas policiales y de seguridad federales para su investigación.

Otro aspecto cuestionado de la política de Seguridad Interna es el avance de las expulsiones de comunidades indígenas de los territorios que reclaman como propios desde tiempos ancestrales. Los conflictos más frecuentes son con las comunidades mapuche en la Patagonia. Por ejemplo, a finales de julio, el portavoz Manuel Adorni anunció “el desalojo forzoso de la comunidad Lof Paillako” del predio que fue ocupado en 2020 en el parque nacional Los Alerces, provincia de Chubut. Su expulsión de estos terrenos públicos supondrá derribar las viviendas y medios de subsistencia de esta población originaria. Una política que tiene una línea de continuidad con la aplicada durante el macrismo, también bajo la dirección de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad.

Por otra parte, el gobierno de LLA restituyó en julio pasado el viejo nombre de los servicios de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), en lugar de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que la sustituyó durante el gobierno de Alberto Fernández. Además, Milei le asignó por decreto a la SIDE un presupuesto para gastos reservados de 100.000 millones de pesos, triplicando los fondos para su equipamiento. Todo cuanto sucede en el organismo de inteligencia estatal cuenta con la aprobación del asesor presidencial Santiago Luis Caputo, sobrino del ministro de Economía Luis Caputo.

En este sentido, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, rechazó el plan de crear una Fiscalía Especializada en Inteligencia (artículo 28 del DNU), que coordinaría los contactos de toda la justicia federal con la SIDE y sus agentes. Esta posibilidad incomoda incluso a los medios de comunicación del establishment. El procurador dispuso que estas funciones queden en la órbita de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración. Casal afirmó que esa institución “es un organismo que ejerce sus funciones con autonomía funcional” y ya dispone de distintas instancias para la persecución de delitos. Otras miembros de la institución declararon “un despropósito” la propuesta del gobierno , porque “aceptar este proyecto implicaría crear ahora una fiscalía en base a la herramienta de investigación —la inteligencia— y no al tema o al delito”.

En medios críticos al gobierno se sugiere que el asesor presidencial Santiago Caputo, reputado como responsable directo de las granjas de troles que interfieren a favor de Milei en las redes sociales, contará así con sumas multimillonarias de fondos reservados de la SIDE para seguir ejerciendo su actividad de desinformación y propaganda con dinero público.

El Ejército podrá patrullar las calles

En paralelo al avance del esquema represivo, el gobierno legitima la restauración de un culto seudopatriótico basado en la exaltación de las fuerzas armadas. El pasado 9 de julio, el día de la Independencia nacional, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel desfilaron sonrientes a bordo de un tanque del Ejército, encabezando una columna de blindados. En el desfile intervinieron más de 7.000 efectivos de las distintas fuerzas, un gasto superfluo difícil de justificar en tiempos de austeridad y ajuste presupuestario. Pero salta a la vista la dimensión simbólica del acto cuando el gobierno también ajusta las tuercas de la represión contra la protesta.

El nuevo proyecto de ley de Seguridad Interna, enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso el pasado 5 de agosto, brinda al Ejército facultades prohibidas desde la última dictadura genocida. El objetivo de esta norma es que las Fuerzas Armadas puedan actuar dentro del territorio para “restablecer la seguridad interior patrullando las calles, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia”.

La sola idea de que el Ejército patrulle las calles de las ciudades e identifique personas y las detenga resulta una regresión en el tiempo. Reaviva en el imaginario de gran parte de la sociedad la memoria de la última vez que esto ocurrió, en dictadura, cuando comandos especiales de las fuerzas armadas tenían carta libre para secuestrar y desaparecer ciudadanos, masacrar civiles, asesinar religiosos y robar bebés, entre muchos otros crímenes de lesa humanidad.

El nuevo proyecto de ley de Seguridad Interna, enviado por el Ministerio de Defensa al Congreso el pasado 5 de agosto, brinda al Ejército facultades prohibidas desde la última dictadura genocida

El objetivo que persigue el gobierno con este proyecto de ley es disponer de un instrumento permanente para la intervención militar contra las protestas ciudadanas que no requiera la declaración previa del Estado de Sitio. La construcción propagandística del gobierno de Milei que señala a los manifestantes como “terroristas” es una distorsión que permite falsificar los fundamentos del derecho, cuando la ley propone que las fuerzas armadas actúen “en caso de acciones terroristas que tengan por fin aterrorizar a la población, sin necesidad de llegar a utilizar un remedio extremo, como es la declaración de Estado de Sitio”. Esta intervención quedaría habilitada por disposición del Comité de Crisis del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Peltri, cuyo poder avanza sobre el de otros ministerios como Interior y Seguridad. El proyecto establece el traspaso desde Seguridad a Defensa de aspectos cruciales de la dirección de los servicios secretos, tales como “dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal, del Servicio Penitenciario y de la Policía Aeroportuaria, como también de los pertenecientes a Gendarmería y a Prefectura”. La militarización de la represión social consagrada legalmente para imponer el saqueo económico a sangre y fuego permitirá caracterizar como terrorista a todo aquel que resista por sus derechos o los de su pueblo frente al avasallamiento del poder.

Veamos someramente los antecedentes. Un decreto firmado en 2006 por Néstor Kirchner fijó de manera explícita los límites de las actuaciones militares y les impidió cualquier tipo de intervención en cuestiones de seguridad interior. Posteriormente, este decreto fue modificado durante la presidencia de Macri para dar mayores facultades al Ejército. Y este cambio fue derogado por el gobierno de Alberto Fernández, que restituyó la norma anterior.

El programa económico neoliberal más radical que se aplicó en Argentina, y que luego tuvo sus derivaciones, fue el del ministro de Economía José Martínez de Hoz, bajo la dictadura de Videla y su sanguinaria fiesta macabra. Los principios declarados por Martínez de Hoz como aspectos centrales de su plan económico fueron calcados por los promotores del Consenso de Washington, y a su vez retomados por Javier Milei.

En los años setenta y principio de los ochenta, ese plan que inició el endeudamiento feroz del país para propiciar al mismo tiempo una fuga de capitales extraordinaria, contó con el respaldo sin fisuras de las tres armadas que gobernaban el país: Ejército, Marina y Aeronáutica. El golpe de Estado de abril de 1976 impuso las condiciones para la implantación de esa política económica a sangre y fuego, ya que bastaba con asfixiar económicamente o eliminar a quienes se resistieran.

En esta primera etapa de gobierno de Javier Milei se observa la voluntad de reproducir ese sistema represivo característico de la dictadura mediante la aprobación de leyes que aumenten el poder efectivo del estamento militar sobre el resto de los cuerpos de seguridad. En definitiva, la presencia continuada del Ejército y otras fuerzas armadas en el espacio público supondría un Estado de Sitio Virtual Permanente. Una manera eficaz de inhibir las marchas de protesta e interiorizar el sistema represivo en el ánimo de los ciudadanos. Y una violación flagrante y sostenida de los derechos humanos.