Se despliegan negociados en los que se demuestra que un sector favorece a otro, como es el caso de los sobreprecios por las compras realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a la droguería Suizo Argentina, una empresa de la familia Kovaliker, fuerte en el norte del país y de buenos vínculos con Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados de la Nación) y Eduardo “Lule” Menem, operador todo terreno de Karina Milei.

El asesor de la Presidencia de la Nación, Santiago Caputo, llama a su despacho en la Casa Rosada al senador de Formosa por La Libertad Avanza Francisco Paoltroni y lo conmina a que guarde silencio sobre el juez Ariel VaLijo, propuesto por la familia judicial (encabezada por el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti), con el aval de la Embassy y, por eso, Javier Milei lo nombra candidato para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Los VaLijo, Ariel y Alfredo, son de origen muy humilde, entraron como meritorios en el Poder Judicial, y hoy Alfredo VaLijo es el dueño del haras “La Generación”, en el partido de Dolores (provincia de Buenos Aires). Al juez Ariel VaLijo se lo ha acusado de encubrir la trata de personas, esencialmente de niños.

En un presupuesto nacional que reduce gastos sin miramiento, deciden otorgarle a la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado) mediante el DNU 656 del 23 de julio de 2024, en gastos reservados, la suma de 100.000 millones de pesos. Basado en la información que el gobierno publica en el sitio Presupuesto Abierto, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de Diputados de Hacemos Coalición Federal, reveló que el gobierno de Javier Milei usó en apenas tres semanas el 80% de los 100.000 millones de pesos que se reasignaron por DNU 656/24. Recordemos que en julio se aprobó la ley 27.742 de Bases que contiene el RIGI [1] y la ley 27.743 de medidas fiscales que incluye en “blanqueo” de capitales, que se publicaron en el Boletín Oficial el 8 de julio de 2024, para que Milei realizara un acuerdo con 19 provincias en la Casa Histórica de Tucumán.

Milei dice que ese gasto es para hacer inteligencia y prevenirnos de probables atentados perpetrados por los terroristas que defienden a Gaza y a Irán, problema en el que nos mete su política de seguimiento a los Estados Unidos, proponiendo mudar la embajada Argentina de Tel Aviv a Jerusalén, cuando sabe que Palestina reclama que ese territorio como propio.

El DNU 656/2024 fue rechazado el 21 de agosto 2024 por la Cámara de Diputados de la Nación y pasó al Senado, que debería expedirse rápidamente. En caso de que en esa Cámara también sea rechazado, los fondos no ejecutados dejan de estar asignados a la SIDE, los ejecutados dejan de ser reservados y cualquier persona, ejerciendo el derecho de acceso a la información pública, puede conocer cómo se aplicaron. Allí sabremos qué es verdad o qué mentira.

Milei, a su vez, anunció que vetará totalmente la Ley de Movilidad Previsional aprobada por dos tercios del cuerpo de la Cámara de Diputados y de Senadores, que regula un simple ajuste inicial de 8,1% a todos los haberes previsionales por una única vez, que estos se ajusten mes a mes por la inflación, pero que en marzo de cada año se lo compare con el salario promedio de la Secretaría de Trabajo de la Nación (RIPTE) y, de haber diferencia a favor del salario, se actualizarían los haberes previsionales. Pero lo más importante es que se aseguraría que la jubilación mínima no sea menor a 1,09 veces la Canasta Básica Total (CBT) para una persona.

En julio de 2024 la Canasta Básica Total para una persona del INDEC (para no ser pobre; no contempla el costo de la vivienda) fue de 291.472 pesos. Cuando la jubilación mínima de ese mes fue de 215.581 pesos y se le sumó un bono de 70.000 pesos. Eso conforma un importe menor que el de la pobreza. De los 12.560.000 jubilados y pensionados nacionales, casi cinco millones cobran el haber mínimo (trabajaron toda su vida y son pobres).

De haber sido efectiva la ley de movilidad previsional aprobada el 22 de agosto de 2024, el haber de julio hubiera sido de 317.704 pesos (9% por encima de la CBT del INDEC). Recordemos que el salario mínimo vital y móvil (SMVyM) que el gobierno fijó por decreto, en julio de 2024, fue de 254.232 pesos.

El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, estima que, de aplicarse la ley de movilidad previsional aprobada, el costo fiscal es del 1% del PIB (4,7 billones de pesos). Pero no dice que, por ejemplo, en el año 2023 el gasto previsional significó el 41% del presupuesto. Que el total del prepuesto nacional sobre el PIB fue de 24,3%. Y ahora, con un PIB que desciende (según el FMI un 3,5% en el año 2024), el gasto presupuestario estimado para el año 2024 es del 21,8% del PIB. Que hasta julio de 2024, el gasto previsional fue del 33,8% del presupuesto, por ende la proyección nos dice que el gasto previsional de 2023 fue del 9,4% del PIB, y sería en el 2024 de sólo el 7,6% del PIB (los jubilados y pensionados pierden 1,8% del PIB; PIB que a su vez se reduce), prácticamente el doble de lo que acusan que sería el incremento del gasto presupuestario de cumplirse con la ley de movilidad previsional vetada por Milei, y ahora apoyado ese veto por Mauricio Macri.

La pelea de fondo

Mientras las disputas políticas lucen en la superficie, los negociados y el enriquecimiento favorecen a un sector mientras les es funcional a una realidad subyacente, donde compiten férreamente los capitales financieros del exterior, principalmente encabezados por BlackRock, Vanguard Group, Fidelity, PIMCO, Franklin Templeton, Gramercy, Greylok, entre otros, y capitales menores, pero que siguen a pie juntillas sus inversiones. En los que participan “inversionistas” locales que confían parte de su capital en la administración de esos fondos.

Están muchos de ellos en el país hace mucho tiempo, pero acrecentaron fuertemente su participación en el gobierno de Mauricio Macri, que nos endeudó por más de 100.000 millones de dólares y que hizo que fuera la primera vez que viniera a la Argentina Larry Fink, CEO de BlackRock, en octubre de 2016, para entrevistarse con él.

Estos capitales administrados por fondos extranjeros están desplazando a los grupos locales, quienes en sus comienzos disfrazaban a Milei de avispón verde o imitador de Favio para que entre a ser conocido y la población, sin referentes políticos, ni gremiales, ni sociales de fuste, tomaran a Milei como su representante.

Los grupos locales fueron los que financiaron a los estudios jurídicos e impositivos para confeccionar la ley Ómnibus, luego derivada en la ley Bases, la ley 27.743, que contempla el blanqueo de Capitales, y el DNU 70/23. Pero el gobierno depende de los acreedores, de allí que el Ministerio de Economía y el BCRA sea administrado por Caputo, Bausili y equipo, todos comisionistas de los fondos de cobertura nombrados que endeudan cada día más al país por sus tenencias en pesos ajustadas por inflación.

La deuda bruta hasta julio de 2024 aumentó en 81.398 millones de dólares a precio oficial [2]. La deuda representa el 96,1% del PIB y los vencimientos son de cada vez menor plazo. En dólares hay vencimientos hasta enero de 2025 por 4.500 millones y hasta fin del mandato de Milei, en diciembre de 2027, los vencimientos de la deuda suman 65.397 millones de dólares.

Obviamente que esos grupos quieren cambiar sus acreencias (jamás investigadas ni auditadas, de las que no se sabe en qué se invirtieron y que se acrecientan por los principios del capital compuesto) por nuestros recursos naturales (petróleo, gas, litio, minerales raros, oro, plata, hierro, cobre, etc.).

Recién ahora los Rocca, Eurnekián, Braun, etc., saben que el capital financiero viene por ellos también.

Lo dijo lastimosamente Paolo Rocca el 31 de julio cuando presentó el balance semestral de Tenaris S. A., que hace caños sin costura y que fue el único proveedor de estos en el primer tramo del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que va de Vaca Muerta a Saliquelló, cuando vio que el segundo tramo del gasoducto no se va a licitar este año.

Dos semanas más tarde respondió a su manera, su empresa Ternium S. A. anunció un plan de inversiones de 4.000 millones de dólares en los próximos dos años para expandir su presencia en Nuevo León, el Estado del norte de México que limita con Texas. Una inyección de capital para el desarrollo de plantas “completamente nuevas” que van a producir laminado en frío, acero crudo y galvanizado para abastecer automotrices, línea blanca, trenes, construcción, motores eléctricos y tuberías.

En síntesis

Dejan los “negociados” de la política en manos de la actual Administración, mientras se sigue endeudando al país en con el capital financiero internacional con sede en Nueva York, quienes son los principales acreedores. Una deuda impagable que depende de que el capital la refinancie. A cambio de esa refinanciación, se van a vender o concesionar por el RIGI los recursos que le pertenecen al pueblo argentino actual y al de las generaciones por venir.

En agosto de 1988 se ejecutó el llamado Plan Primavera, en el que se compró dólares a los exportadores a 12 australes, y se les vendió a los importadores a 14,66 australes. El campo pisó las exportaciones y los importadores adelantaron sus compras. El 6 de febrero de 1989 el BCRA no pudo vender un solo dólar más y se disparó la híper devaluación (madre de la híper inflación). El gran capital local, beneficiado por Alfonsín por la estatización de su deuda, quebró al Estado nacional y Menem les fue funcional con las privatizaciones.

En agosto de 2024 el actual gobierno está haciendo lo mismo: compra dólares a los exportadores a precio mayorista y los vende en el CCL al campo a dólar blend y a los bonistas.

El problema es que el capital financiero internacional tiene mucha mayor injerencia (pool de siembra, capitales y empresas extranjeras en petróleo, gas, minería en general, etc.). El final es obvio: el supuesto beneficio en el corto plazo está dado por el intento de “administrar” la devaluación para no perjudicar su tenencia de títulos de deuda en pesos.

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[1] El RIGI (Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones) es la ampliación, extensión, y profundización de la Ley de Minería de Menem. Es el estatuto del saqueo, al posibilitar que tanto los recursos exportados y las divisas obtenidas se queden fuera del país, acompañada de inauditas prebendas tributarias y aduaneras.

[2] La deuda total neta en poder del sector privado y organismos internacionales de crédito (sin el FMI al que se le había pagado toda la deuda en enero de 2006), era de 89.081 millones de dólares en diciembre de 2015. La mayor parte de la deuda bruta, que ascendía a 222.703 millones de dólares, era intra sector público (en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.).