La comedia es siempre la misma. Llega un nuevo Gobierno, a menudo apoyado por las fuerzas políticas que han contribuido a la situación, y pone el grito en el cielo al pretender descubrir un empeoramiento de la situación presupuestaria. En este caso, fue el anuncio la semana pasada por el nuevo Ministro de Cuentas Públicas, Laurent Saint-Martin, de un déficit público del 6% del PIB este año.

Desde entonces, y este es el primer paso hacia la austeridad, los medios de comunicación y los políticos se han centrado en la cuestión presupuestaria. Con el déficit «fuera de control», los mercados «preocupados» y una crisis de la deuda «posible», era como si el único debate posible sobre política económica fuera la reducción del déficit. Esta reducción se presenta como urgente, inevitable y aislada de cualquier contexto macroeconómico. Hay que reducir el déficit, rápido, y ya está.

Los «expertos “ intervienen a continuación para evaluar el ritmo de la consolidación presupuestaria, los ”miles de millones que hay que encontrar» y los medios para encontrarlos. Aquí comienza un debate sobre el método. Pero ya es demasiado tarde, el verdadero debate, sobre el marco económico de este aumento del déficit y la ineficacia de las políticas aplicadas hasta la fecha, que es precisamente lo que refleja el aumento del déficit, ya se ha cerrado. Sólo quedan dos medios: subir los impuestos y recortar los gastos.

Esta es la segunda etapa del cohete de la austeridad. La subida de impuestos es objeto de numerosos debates, en los que se plantean preguntas sobre su impacto en el crecimiento, el atractivo, la inversión y el empleo. La conclusión es que hay que ir despacio, temporal y simbólicamente. Es una contribución «política y moralmente necesaria», afirma en una entrevista a Challenges el economista Olivier Blanchard, cuya responsabilidad en la crisis griega se recordará más adelante.

En resumen, se trata de un pellizco de «justicia fiscal» cuya principal función, en realidad, es dar al Gobierno el derecho a mantener la mayor parte de los recortes fiscales del pasado y centrar la mayor parte del esfuerzo en el gasto. Renunciar temporalmente a 8.000 millones de euros de los 50.000 millones de recortes fiscales anuales logrados durante los cinco primeros años de mandato de Macron, al tiempo que se aprueba la gestión «moral y política», no es tan mal negocio.

Cuando se trata de reducir el gasto público, no hay precauciones tan finas. Se niega el efecto sobre el crecimiento. En el proyecto de Ley de Finanzas, el crecimiento se mantendrá estable en el 1,1%, a pesar de recortes de más de un punto del PIB. Los recortes nunca se especifican. De hecho, explicar que habrá menos fondos para la sanidad, la educación, el transporte y la vejez destruirá sin duda la fina virtud con la que les gusta revestirse a los defensores de la austeridad. Este pequeño atajo y la falta general de contexto permiten ver la «reducción del gasto público» como una forma menos dolorosa, más sana y más eficaz de reducir el déficit.

Los miembros del nuevo Gobierno han advertido de que es ahí donde se concentrará el grueso del esfuerzo. Así lo dijo Michel Barnier en su declaración de política general ante la Asamblea Nacional el 1 de octubre: «El primer remedio para la deuda es reducir el gasto público». Y confirmó la declaración de Laurent Saint-Martin del 25 de septiembre: «Restableceremos las cuentas reduciendo ante todo nuestros gastos». El Primer Ministro fue aún más lejos, pidiendo más eficacia y productividad en el sector público. Con un resultado concreto: la reducción de 40.000 millones de euros del gasto público en 2025 anunciada en la próxima Ley de Finanzas.

2010: austeridad expansiva

Y así aterrizamos en una lógica perfectamente alineada con la que presidió las decisiones tomadas en la primavera de 2010, cuando toda Europa se sumió en la recesión. En aquel momento, todo se había diseñado también para que estos recortes de gastos fueran lo más benignos posible. En aquella época, Olivier Blanchard era economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y elaboraba previsiones que subestimaban el llamado «multiplicador fiscal», es decir, el impacto de la política fiscal en el crecimiento.

En una famosa entrevista al diario italiano La Repubblica, el entonces presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean-Claude Trichet, declaró en junio de 2010 que «todo lo que aumente la confianza de los mercados, las empresas y los inversores en las finanzas públicas es bueno para consolidar el crecimiento y crear empleo». Y añadió: «Creo firmemente que, en las circunstancias actuales, las políticas diseñadas para inspirar confianza apoyarán la recuperación económica en lugar de reducirla».

Este discurso sobre la «austeridad expansiva», es decir, el crecimiento sostenido por recortes del gasto público, tiene su origen en un artículo de 2009 del economista italiano Alberto Alesina, que comparaba los efectos de la consolidación fiscal mediante recortes del gasto y subidas de impuestos. Afirmaba que el primer método protegía el crecimiento.

Este estudio, plasmado en un libro publicado poco antes de la muerte del economista en 2019, Austerity: when it works and when it doesn’t (Princeton, 2019), es muy discutido. Pero ha sido una bendición para los defensores de la austeridad, que lo han utilizado para afirmar que recortar el gasto es una buena política.

Ignorancia

En realidad, la «austeridad expansiva » ha sido un desastre. El gasto público no parasita la economía, sino que la irriga y refuerza las condiciones en las que se produce valor. Cuando se hacen recortes, en lugar de mejorar la eficacia de la acción pública, se reducen las bases mismas de la vida económica: sanidad, educación, infraestructuras, etc.

Por tanto, los recortes del gasto público tienen un impacto económico: debilitan la demanda, la inversión y el atractivo. «La austeridad es una idea peligrosa porque ignora las externalidades que genera», resumía el economista británico Mark Blyth en un importante libro (Austerity. Historia de una idea peligrosa, Oxford University UP, 2013), en 2013. Detrás de las peticiones de recortes se esconde esta ignorancia.

Y es esta misma ignorancia la que condena las políticas de austeridad al fracaso económico y al desastre social. En términos estrictamente económicos, el discurso sobre el renovado crecimiento de Grecia en los últimos años pasa por alto la realidad del estado del país: el PIB griego en el segundo trimestre de 2024 era un 23% inferior al del mismo trimestre de 2007. Su nivel actual lo retrotrae al de 2001. En términos de PIB, el país ha perdido por tanto casi veintitrés años.

PIB real griego desde 1995 © FRED Reserva Federal de San Luis

El caso griego es ciertamente extremo, pero la situación actual en Alemania muestra los efectos a largo plazo de la austeridad, incluso en las economías que parecen más sólidas. También está el caso de Italia, que durante décadas ha tenido un superávit primario (excluida la carga de la deuda) a pesar de que su economía lleva estancada un cuarto de siglo. Los países que realmente se han recuperado de la crisis de 2010-2015 son los que han dado la espalda a la austeridad, como España y Portugal.

En la década de 2010, varios estudios pusieron de relieve los efectos a largo plazo de la austeridad, contradiciendo los bonitos modelos de Alberto Alesina. Es lo que se conoce como efecto«histéresis », que fue puesto de relieve por Lawrence Summers y Antonio Fatas, dos economistas de la corriente dominante, en un artículo ya famoso en 2018.

Según ellos, no hay recuperación de las ganancias de productividad a largo plazo tras una reducción del gasto público. En estas condiciones, subrayaban los dos autores, la «consolidación fiscal» es en gran medida autodestructiva desde el punto de vista presupuestario: no reduce realmente la deuda y el déficit porque debilita el crecimiento a lo largo del tiempo.

Pero la austeridad tiene consecuencias más amplias. Los recortes presupuestarios provocan un deterioro duradero del entorno económico y vital. Tendemos a olvidar que la austeridad mata. En los países afectados por estas políticas, los suicidios aumentan, los sistemas sanitarios se desmoronan y las infraestructuras se deterioran. Las cuarenta y tres muertes causadas por el derrumbe del puente Morandi de Génova en 2018 nos lo recuerdan.

En la segunda mitad de la década de 2010, la mayoría de los economistas ortodoxos y líderes políticos juraron que nunca volverían a hacerlo. Afirmaron que habían aprendido la lección y los efectos de la austeridad. Incluso nos prometieron un nuevo pacto presupuestario europeo que tendría en cuenta los errores del pasado y sería «más flexible». Pero todo eso ya se ha olvidado. Ahora, bajo la presión de sus élites económicas y políticas, Francia se ve obligada de nuevo a la austeridad, utilizando el mismo mecanismo y los mismos argumentos.

Los economistas de «centro-izquierda», los «neokeynesianos» que dirigieron los trabajos sobre el efecto de histéresis, piden ahora recortes del gasto. Es el caso del columnista del Financial Times Martin Sandbu, uno de los principales críticos de la austeridad a finales de la década de 2010, quien, en una columna publicada el 26 de septiembre, pide ahora a Francia que recorte el gasto… y los impuestos.

Lo mismo puede decirse de Olivier Blanchard, cuya entera actividad tras dejar el FMI fue hacer olvidar su complicidad en el desastre griego, y que fue uno de los que desarrolló esa idea de la histerésis de la austeridad. Pero ahora, en una entrevista con Challenges, pide un tranquilo recorte del gasto de 90.000 millones de euros para lograr un presupuesto primario equilibrado. Así que las palomas se han convertido de nuevo en halcones, y están sirviendo descaradamente la receta que antes tanto criticaban.

La explicación de este giro es sencilla. Los economistas ortodoxos, más que científicos, son barómetros de los intereses del capital. La austeridad es una política antiredistributiva que favorece a los grandes grupos del sector privado debilitando el sector público, y da prioridad al capital financiero sobre el interés general. Es también, y sobre todo, una política de represión social que busca -y a menudo consigue- acabar con cualquier resistencia de la sociedad al capital. Muy a menudo, las políticas de austeridad desembocan también en luchas políticas concretas. El caso griego es un recordatorio de hasta qué punto la austeridad ha sido capaz de aplastar todas las formas de resistencia en la sociedad.

Por ello, la austeridad es una respuesta a la situación actual, en la que se hace necesario mantener una elevada tasa de rentabilidad del capital con un crecimiento cada vez menor. Para mantener esta brecha, el mundo del capital necesita políticas concretas: el mantenimiento del grueso del apoyo al sector privado (que el impuesto excepcional no pondrá en cuestión sino que, por el contrario, asegurará), el aseguramiento de los rendimientos del capital financiero y, por último, la mercantilización creciente de la sociedad. Para desarrollar un programa de este tipo, hay que vencer las resistencias. La austeridad parece cumplir estos requisitos. Por eso la austeridad vuelve ahora a la agenda política, con la validación de los economistas.