Todo sigue igual
Todo sigue igual de bien Siguen los amigos que quiero tener, no me puedo quejarEn noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit fiscal de $1.381.545 millones. Luego del pago de intereses de deuda por $1.024.383 millones, el resultado financiero fue superavitario, con un saldo de $357.162 millones. Cabe destacar que este resultado no incluye los intereses correspondientes a las LEFI y LECAPS, lo que constituye un ajuste contable significativo. De haberse contabilizado, el resultado financiero de noviembre habría sido deficitario por más de $2 billones.
Los ingresos totales alcanzaron los $9,6 billones, reflejando un incremento de 147,3%, aunque, al ajustarlos por inflación se reduce 7,0% en términos reales. Por su parte, el gasto público fue de $8,2 billones, lo que representa un crecimiento de 100,9% en términos nominales, que ajustado por inflación implica una caída interanual de 24,5%, un ajuste algo menos severo en comparación con el acumulado anual, que se ubicó en -28,7%.
Durante noviembre, el Sector Público Nacional (SPN) registró ingresos por un total de $9.609.299 millones, lo que representa una caída interanual de 7,0% en términos reales. Esta disminución se explica principalmente por el desplome en la recaudación de impuestos como el Impuesto al Cheque (-1%), Bienes Personales (-40%) y el IVA (-4%).
Por otro lado, se destaca el crecimiento de los impuestos vinculados al comercio exterior: los Derechos de Exportación (+117%) y los Derechos de Importación (+8%). En el caso de las exportaciones, el incremento se vio favorecido por la significativa liquidación de cosecha (+99% respecto a 2023) ante la necesidad de liquidez en pesos para financiar la cosecha gruesa y, probablemente, la acumulación de stock de materias primas durante la primera mitad del año. Este crecimiento fue parcialmente mitigado por la caída en los precios promedio de las commodities.
En cuanto a las importaciones, el crecimiento de 8% estuvo impulsado principalmente por la reducción del Impuesto PAIS, que bajó de 17,5% a 7,5%[1] (retornando a la alícuota que el gobierno aumentó en diciembre de 2023), y un incremento de las cantidades importadas[2].
El Impuesto PAIS, que se incluye dentro de la categoría «resto tributario», experimentó un crecimiento nominal interanual de sólo 97,6% y al descontar la inflación, registra su cuarta caída real del año, con una reducción de 25,7%. El impuesto estrella que salvó al gobierno de tener déficit financiero en 6 de los 8 primeros meses del año, ya sufre los efectos de la reducción de la alícuota y el atraso cambiario. A fines de noviembre, se eliminó la obligación de abonar el pago a cuenta, y a fines de diciembre finaliza la vigencia del impuesto, que el gobierno ya adelantó que no prorrogará.
Por último, los tributos ligados a la actividad económica continúan con caídas. Los datos de la economía real muestran que la recesión continúa, aunque se atenúa. Según el último dato disponible, al tercer trimestre de este año la economía argentina registró una caída acumulada en 2024 de 3,0% interanual (INDEC).
Entre los impuestos asociados a la actividad se encuentran el IVA, que luego de mantenerse prácticamente constante en términos reales (-0,1%) en octubre, en noviembre volvió a exhibir una caída (-4%) al igual que Débitos y créditos (-1%). Por su parte, Aportes y contribuciones a la seguridad social crece 7% en el marco de la moratoria vigente.
Durante noviembre, los gastos totales del Sector Público Nacional (SPN) ascendieron a $8.227.754 millones, marcando un incremento nominal de 100,9%. Sin embargo, este aumento nominal se tradujo en una disminución real de 24,5% una vez descontada la inflación. Luego del feroz ajuste de enero y febrero (-39,4% y -36,4% respectivamente), en noviembre el ajuste estuvo por debajo del nivel promedio del año en torno al -28%. Por primera vez en el año, la partida de jubilaciones y pensiones muestra un crecimiento interanual. En noviembre, también la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las prestaciones de PAMI exhiben una recuperación. El resto de las partidas muestra caídas pronunciadas.
El derrumbe interanual de los egresos se atribuye principalmente -por su peso sobre el total- al recorte de los programas sociales, que caen 55% en términos reales (y que en el año acumulan una reducción de 33%) y de los gastos de funcionamiento (-23%) sustentados en la licuación salarial de los empleados del sector público.
Los subsidios se redujeron 22% interanual en términos reales. Al interior, aquellos destinados a la energía muestran una caída de sólo 5%, explicada por la falta de ejecución de las transferencias a ENARSA. Por su parte, los subsidios al transporte se redujeron 32%.
Los gastos de capital continúan prácticamente paralizados, con una caída de 76%, destacándose las reducciones en vivienda (-84%) y transporte (-76%). No se observan señales de reactivación de la obra pública, incumpliendo por ahora las obligaciones establecidas por el Congreso Nacional en la Ley de Bases[3]. En cuanto a las erogaciones de obras de energía, se advierte una moderación en la caída de los gastos (-20%), impulsada por la reversión del Gasoducto Norte.
Por otra parte, se destaca la continuidad del ajuste a las Universidades Nacionales (-27%). En términos acumulados, las Universidades Nacionales percibieron 22,8% menos de recursos que en 2023.
La partida correspondiente a «Otros programas» sufrió en noviembre su mayor recorte del año (-55%). Este rubro incluye políticas sociales dirigidas a los sectores más vulnerables, como la Tarjeta Alimentar, transferencias a comedores comunitarios y merenderos, el ex programa “Potenciar Trabajo” y el programa Acompañar, entre otros. Algunos programas fueron interrumpidos, otros reducidos (como Acompañar y Becas Progresar), y en casos como Potenciar Trabajo, los montos permanecieron congelados todo 2024, erosionando su poder adquisitivo.
En lo referente a las provincias, las transferencias no automáticas registraron una caída de 68% en términos reales en comparación con noviembre de 2023, en línea con la caída acumulada del año (-68%) pero algo menor a meses anteriores, cuando la reducción alcanzó 85%. Los principales recortes se originaron en la decisión de discontinuar el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) en todas las provincias, afectando directamente los salarios docentes. Además, se redujeron los recursos destinados a comedores escolares y al financiamiento de la universalización de la quinta hora en las escuelas primarias. Por su parte, continúan sin ejecución los pagos por las cajas previsionales no transferidas a la Nación pese a contar con presupuesto vigente.
Como se puede ver en el Gráfico 2, en los once meses de 2024, de cada $100 ajustados, $24,0 correspondieron a la obra pública. El segundo lugar en relevancia lo ocupan las jubilaciones con $22,1. Le siguen las prestaciones sociales que aportaron $13,9 (entre las que se incluyen asignaciones, pensiones no contributivas, prestaciones del PAMI, entre otros), luego los gastos de funcionamiento del Estado (principalmente salarios) con $12,8 y los subsidios con $12,2.
Al analizar los datos en términos de PBI a lo largo de los últimos ocho años, se observa que la reducción del gasto se profundizó significativamente en 2024. A noviembre, el gasto público acumulado alcanza el 13,1% del PBI, 3,2 puntos porcentuales menos que en 2023 y 4,7 puntos porcentuales por debajo del promedio.
En los gráficos subsiguientes se detallan las variables que explican esta caída. En primer lugar, la mayor contracción se registra en los gastos de capital, que incluyen la obra pública (-1 p.p.). Este rubro pasó de representar 1,4% del PBI en 2023, año en el que se concentraron gran parte de las inversiones para la construcción del gasoducto de Vaca Muerta, a 0,4% en 2024. Las transferencias a las provincias también experimentaron un fuerte ajuste en términos de PBI (-0,4 p.p.). Por otro lado, en los subsidios y las partidas sociales se consolidó este año una tendencia de reducción que viene observándose desde 2021 (-0,4 p.p y -0,8 p.p. respectivamente).
Por otro lado, el Gráfico 8 muestra la correlación registrada este año entre la recaudación del IVA y la actividad económica. Mientras que los datos sobre la actividad económica están disponibles hasta septiembre, la recaudación de IVA se presenta hasta noviembre. Esto permite inferir que, si las condiciones se mantienen constantes, es posible afirmar que durante octubre la actividad económica podría estar experimentando una recuperación, atenuada en noviembre, tras la marcada caída sufrida en la primera mitad del año.
Los datos de recaudación muestran que se está vislumbrando una incipiente recuperación económica.
[1] Esta reducción afecta de forma indirecta al funcionamiento del PAMI que se financia con el 28% de lo recaudado por ese impuesto.
[2] Entre enero y octubre de 2024, las importaciones cayeron 21,5% con respecto al mismo período de 2023 (INDEC). Sin embargo, por primera vez en el año, en octubre mostraron un crecimiento interanual de 4,9%.
[3] En la Ley Bases finalmente se incorporó un artículo para obligar al Poder Ejecutivo a retomar aquellas obras que estén con ejecución física superior a 80% o que cuenten con financiamiento internacional. Resta esperar su efectiva implementación.
Informe CEPA N° 430, ISSN 2796-7166.