No los votemos
Como lo señalamos repetidamente desde estas columnas, el gobierno de Javier Milei, está camino a una mega crisis social, económica y también financiera sin precedentes. Frente a esta evidencia, como es de esperar despliega un modelo de gestión estatal de creciente sesgo antidemocrático. Analicemos algunos puntos.
Proscripción de la principal opositora nacional
Todos los estudios de opinión coinciden en que Cristina Kirchner es la principal opositora al gobierno nacional en general y al presidente Milei en particular.
En ese contexto bastó que Kirchner anunciara su candidatura en la tercera sección electoral del conurbano – que aporta el 50% de los votos al peronismo bonaerense-, para que los aparatos de estado judiciales la declararan culpable y la proscribieran basados en una causa sin fundamentos jurídicos.
La proscripción de Cristina Kirchner no solo afecta al peronismo, sino al conjunto del sistema de representación democrático, cuyo fundamento es el voto popular y plantea una elección bonaerense anómala, condicionada desde el origen.
Clausura del Parlamento mediante veto sistemático
Milei ha hecho un uso extensivo de la corrupción de legisladores para habilitar el veto presidencial, como se observa en la anulación de leyes que aumentaban el financiamiento de provincias, salud y universidades. Además, La Libertad Avanza, tiene una representación parlamentaria limitada (6 de 72 senadores y 27 de 257 deputados), lo que lo lleva a enfrentar derrotas legislativas (36 reportadas hasta agosto de 2025,).
Este uso recurrente de corrupción y veto, combinado con su retórica de desprecio hacia el Congreso (descrito como “nido de ratas”), sugiere un intento de gobernar por encima de las instituciones legislativas, una práctica común en gobiernos antidemocráticos.
Represión sistemática de la protesta social
El juez Armella procesó a Thiago Florentín por hechos gravísimos y prácticamente sin pruebas.
Lo acusa de haber atentado contra la caravana de campaña de LLA en Lomas, en base al testimonio de un policía que dice que lo vio tirar algo, no sabe qué.
Thiago había ido a protestar. pic.twitter.com/kHsubmBQtl— CELS (@CELS_Argentina) September 5, 2025
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado un “patrón de represión y criminalización” de la protesta social bajo el gobierno de Milei, con uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos, balas de goma y detenciones arbitrarias. Hasta septiembre de 2024, se reportaron 723 personas heridas, incluidas 50 trabajadores de prensa, y detenciones calificadas como arbitrarias. La propuesta de la “ley ómnibus” incluía penas de hasta seis años de cárcel para organizadores de protestas que afecten el tránsito o servicios públicos, lo que refuerza la percepción de un enfoque represivo hacia el disenso.
Impedir la libertad de prensa que denuncia corrupción
Sumado a las amenazas personales a directores de medios como el caso de Jorge Fontevecchia, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras organizaciones, han alertado sobre un deterioro significativo de la libertad de prensa en Argentina, que cayó al puesto 66 en el ranking mundial de 2024.
Milei ha estigmatizado a periodistas, acusándolos de ser enemigos y fomentando un clima de hostilidad, con 52 casos de discursos estigmatizantes registrados. El cierre de la agencia Télam, la precarización laboral y la distribución discrecional de la pauta publicitaria hacia medios afines, refuerzan el intento de controlar la narrativa mediática.
Además, la denuncia del gobierno contra periodistas por la difusión de audios que implican corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), calificándolos como una “operación de inteligencia ilegal”, muestra un intento de censura previa, algo que el Sindicato de Prensa calificó como un “ataque sin precedente” a la libertad de expresión.
Los recientes audios filtrados por dirigentes del propio gobierno que involucran a Karina Milei y otros funcionarios en una red de sobornos en la ANDIS, han generado una crisis significativa. La respuesta del gobierno, que incluye acusaciones de operaciones políticas internacionales (sic) y demandas de censura, refleja una estrategia de desvío de responsabilidades más que de transparencia, consistente con regímenes antidemocráticos que buscan consolidar el poder a través del control de la narrativa.
Sin embargo, la falta de control creciente sobre el Congreso y la persistencia de movilizaciones sociales y denuncias en los medios, indican que el régimen antidemocrático no se ha consolidado, opera a su pesar en un marco de tensiones democráticas que aún no ha podido suprimir.
En este contexto, las próximas elecciones bonaerenses serán una nueva prueba de resistencia comunitaria frente al avance antidemocrático.
Aún con la proscripción de la principal opositora, disponemos todavía de opciones electorales múltiples, legítimas y democráticas: Rechacemos a los candidatos del régimen, que además de empobrecer a la sociedad, pretende terminar con la democracia y entre otros, el derecho a elegir y ser elegido.
Artemio López
