Apuntes para una economía justicialista

Por Santiago Fraschina 13 mayo, 2026

Distribuir para crecer y desarrollo para el orden macroeconómico.

“Como doctrina económica, el Justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y ésta al servicio del bienestar social” (Juan Domingo Peron, Plaza de Mayo,17 de octubre 1950)

“yo no quiero que ese crecimiento (…) se lo queden tres o cuatro vivos nada más. Para esto, me parece que hay que alinear salarios y jubilaciones, obviamente, precios, sobre todo los de los alimentos y tarifas. (…) todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor… hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente en los sillones que ocupen de ministro, ministra, de legislador o legisladora… sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”. (Cristina Fernández de Kirchner, La Plata, 18 de diciembre 2020)

🔴 | Milei dejará una bomba de deuda que amenaza con hiperinflación y default.

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Para nosotros, la estabilidad macroeconómica no es un asunto secundario ni un objetivo prescindible. En una economía como la de Argentina, atravesada recurrentemente por inflación, tensiones cambiarias, restricción externa y fragilidad fiscal, ningún proyecto de desarrollo puede sostenerse en el tiempo sin cierto orden monetario, fiscal y externo. El problema, por lo tanto, no pasa por discutir si la macroeconomía importa o no importa. La cuestión decisiva es otra y remite al modo en que se construyen las condiciones de esa estabilidad. Allí aparece una diferencia sustantiva. La mirada del peronismo federal sostiene que primero debe alcanzarse el equilibrio, luego consolidarse el crecimiento y recién después mejorar la distribución. La tradición justicialista plantea una secuencia distinta. No niega la necesidad de una macroeconomía ordenada, pero entiende que el orden durable no surge simplemente del ajuste de variables contables, sino de una economía que amplía su capacidad de distribuir, producir, invertir, exportar, recaudar y generar empleo. En esa concepción, es el desarrollo el que crea las condiciones materiales de una macroeconomía consistente.

Ese punto es central porque también supone una determinada concepción del crecimiento. El desarrollo no aparece como un proceso espontáneo ni como el resultado automático de los incentivos del mercado. Requiere orientación política, planificación estratégica y un Estado capaz de ordenar prioridades, identificar sectores dinámicos, coordinar inversión e infraestructura y articular las capacidades productivas nacionales. Desde esa perspectiva, reducir al Estado a la mera administración contable del equilibrio fiscal o a la búsqueda de un balance cero implica vaciarlo de su función histórica como agente de transformación económica. En la experiencia histórica del justicialismo, el Estado nunca ocupó el lugar de simple administrador del equilibrio. Su función fue impulsar la transformación de la estructura económica para ampliar las bases materiales de la acumulación y del bienestar social. Desde esta perspectiva, el crecimiento no constituye un fin en sí mismo, ni tampoco un fenómeno que pueda reducirse a la mera recuperación de indicadores agregados. Debe formar parte de un modelo nacional de desarrollo que vincule la distribución del ingreso, la expansión productiva, la transformación estructural, la ampliación del empleo y el fortalecimiento de la soberanía económica.

Además, la idea de que primero hay que crecer y luego distribuir remite a una lógica ajena a la tradición justicialista. Es, en esencia, la vieja teoría del derrame. La pregunta de fondo es otra: ¿de verdad la sociedad argentina no genera riqueza suficiente para sostener niveles salariales dignos? Un país con capacidad agroindustrial, energética, minera, tecnológica e industrial no enfrenta un problema primario de generación de riqueza, sino de apropiación y distribución de esa riqueza. También conviene recordar que el salario no es una consecuencia pasiva del crecimiento; es una de sus condiciones. El poder adquisitivo de los trabajadores dinamiza el mercado interno, estimula la producción, amplía la inversión y fortalece la recaudación. La inversión social, lejos de ser un mero gasto, tiene efectos multiplicadores concretos sobre la actividad económica. Por lo tanto, no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer.

La experiencia histórica del justicialismo es contundente en este punto. Ninguno de sus grandes planes de desarrollo tuvo como objetivo principal alcanzar primero el equilibrio fiscal para después, eventualmente, mejorar los salarios. Ocurrió exactamente lo contrario: la expansión del empleo, la recomposición salarial, el fortalecimiento del mercado interno, la diversificación y expansión de las exportaciones y la ampliación de derechos fueron los motores del crecimiento. El peronismo no nació para administrar prolijamente las cuentas de una economía desigual; nació para transformar la estructura productiva y social de la Argentina. Por eso, si hoy el debate consiste en elegir qué va primero, la respuesta doctrinaria sigue siendo la misma: primero la justicia social.

¿Distribuir para crecer o crecer para distribuir?
La discusión entre “crecer para distribuir” y “distribuir para crecer” remite a dos tradiciones distintas dentro de la teoría económica acerca de la relación entre acumulación y distribución del ingreso. La primera, asociada a la economía clásica y retomada luego por buena parte de la teoría neoclásica, parte de la premisa de que la condición inicial del crecimiento es la ampliación del excedente económico y la formación de capital. En La Riqueza de las Naciones, Adam Smith vinculaba la expansión de la riqueza con la acumulación y la profundización de la división del trabajo, mientras que David Ricardo colocó el problema distributivo en el centro de la dinámica económica al advertir que una mayor presión salarial podía reducir la masa de beneficios y, con ello, afectar el ritmo de acumulación. En el siglo XX, esta lógica reapareció en los modelos de crecimiento de Roy Harrod y Evsey Domar, donde la expansión sostenida depende de una tasa suficiente de ahorro e inversión. Bajo esta perspectiva, primero debe crecer el producto, elevarse la productividad y consolidarse la formación de capital; sólo después la economía genera las condiciones materiales que permiten mejorar la distribución.

La tesis de “distribuir para crecer”, en cambio, se inscribe en la tradición de la demanda efectiva desarrollada por Michal Kalecki y sistematizada por John Maynard Keynes. En este enfoque, la distribución del ingreso no constituye simplemente un resultado del proceso económico, sino una variable que incide directamente sobre su propia dinámica. Kalecki mostró que la participación de salarios y beneficios condiciona el nivel de producción y empleo, mientras que Nicholas Kaldor profundizó el análisis de los efectos distributivos sobre el consumo, el ahorro y la inversión. La literatura poskeynesiana contemporánea reformuló este debate en términos de regímenes de crecimiento wage-led y profit-led a partir de los aportes de Amit Bhaduri y Stephen Marglin.

En términos generales, la economía argentina presenta rasgos más próximos a un régimen wage-led que a uno estrictamente profit-led, dado el peso decisivo del mercado interno y del consumo privado en la determinación del nivel de actividad. La experiencia histórica muestra que, aun en etapas de elevada apropiación del excedente por parte del capital, una porción significativa de ese excedente no se tradujo en inversión productiva doméstica sino en formación de activos externos. Por eso, afirmar que “no se puede distribuir la riqueza que no se genera” sólo constituye una verdad parcial: en economías como la argentina, una mejora en la participación salarial puede ser, ella misma, uno de los motores del crecimiento. Lo que no puede sostenerse mecánicamente es que el simple aumento del producto garantice por sí solo una recomposición distributiva posterior.

Gráfico 1

Fuente: Elaboración propia en base a Fundación Norte y Sur. t = a cualquier año entre 1935 y 2024

Para acercar esta discusión al caso argentino, se trabajó con la serie histórica entre 1935 y 2024, comparando la variación del PBI y la variación del salario real en un mismo período. El gráfico 1 muestra una asociación positiva entre ambas variables: en términos generales, los años en que mejora el salario real tienden a coincidir con años de mayor expansión del producto. La pendiente ascendente de la recta de tendencia refuerza una regularidad ampliamente señalada por la literatura sobre la economía argentina. En un país caracterizado por una estructura productiva heterogénea, una fuerte dependencia de importaciones en ramas estratégicas y un sector externo que rara vez puede traccionar por sí solo el crecimiento, el mercado interno ha sido históricamente uno de los principales motores de la actividad. En ese marco, el salario real no aparece como una variable secundaria, sino como uno de los componentes centrales de la dinámica económica.

Al mismo tiempo, la dispersión de los datos indica que no se trata de una relación mecánica ni proporcional. Hay años de crecimiento con deterioro salarial y también episodios de mejora salarial con bajo dinamismo del producto. El gráfico, por sí solo, no permite establecer una relación causal definitiva. Pero sí deja ver una regularidad difícil de ignorar: en la experiencia argentina, salario real y nivel de actividad forman parte de un mismo movimiento macroeconómico. La conclusión no es que cualquier mejora salarial garantice automáticamente crecimiento, ni que la restricción externa deje de existir. La conclusión es otra: la evidencia histórica no confirma que primero haya que crecer para recién después distribuir. Más bien sugiere que, cuando mejora el ingreso de los trabajadores, se fortalecen las condiciones para que la economía se expanda. En un país donde el mercado interno conserva un peso decisivo, distribuir también ha sido, muchas veces, una manera de crecer.

Crecimiento, desarrollo y el rol del gasto publico
La discusión sobre el gasto público suele quedar atrapada en una simplificación contable que lo reduce a un problema de déficit o superávit, empobreciendo el debate económico. Desde la perspectiva justicialista, su significado depende de la función que cumple dentro de una estrategia de país: el gasto no es un fin en sí mismo, sino la herramienta para transformar la estructura productiva. No todo gasto produce los mismos efectos ni todo recorte tiene iguales consecuencias. La cuestión de fondo no es cuánto gasta el Estado, sino hacia dónde orienta ese gasto, sobre qué sectores interviene y qué capacidades colectivas fortalece o debilita.

En este sentido, es vital distinguir crecimiento (aumento cuantitativo de la actividad) de desarrollo (transformación cualitativa, autonomía tecnológica, justicia distributiva, composición del empleo, más asociado a la calidad de vida) porque no son conceptos equivalentes. El crecimiento puede ser coyuntural, por ejemplo por el impulso de un ciclo externo favorable o por el descubrimiento de nuevos recursos naturales (Ejemplo Vaca Muerta). Pero el desarrollo requiere de un Estado que planifique y coordine el proceso de acumulación. La inversión pública en infraestructura, energía, transporte, educación, salud, ciencia y tecnología no sólo dinamiza la actividad presente; también modifica las condiciones estructurales de la economía, reduce costos sistémicos, eleva la productividad y amplía el horizonte de decisiones de la inversión privada. Estos “gastos” obviamente pondrán en tensión de alguna forma el orden fiscal. El desafío es gestionar esas tensiones de forma de lograr establecer un camino hacia el desarrollo con el mayor orden macro posible. De nada sirve invertir la secuencia.

Históricamente, el peronismo no construyó orden macroeconómico mediante la retracción estatal, sino a través de una inversión pública estratégica. Durante el primer peronismo (1946-1955), la inversión alcanzó picos cercanos al 30% del gasto total (Gráfico 2) y, entre 2003 y 2015 se triplicó su peso respecto al PIB, orientándose en infraestructura, energía y ciencia (Gráfico3). Esta inversión no es “gasto improductivo”; es la creación de las capacidades materiales que reducen costos y amplían el horizonte de la inversión privada.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia en base a Pusetto (2002)

Gráfico 3

Fuente: Ministerio de Economía

Entonces, el peronismo enfrenta hoy una encrucijada que no se resuelve con pericia contable, sino con la recuperación de su audacia histórica para transformar la realidad. Pretender que el equilibrio fiscal y el orden macroeconómico se conviertan en los nuevos dogmas que ordenen nuestra doctrina implica aceptar el lenguaje de la ortodoxia, ese mismo que siempre quiso reducirnos a administradores prolijos del ajuste. Si asumimos que la justicia social es un objetivo postergable, algo que sólo podrá alcanzarse cuando primero cierren los balances, estaremos renunciando a la razón de ser de un movimiento que nació para demostrar exactamente lo contrario. La dignidad del pueblo no es el premio final del crecimiento, es su condición de posibilidad.

En esta misma línea, pretender que la macroeconomía sea una ciencia de laboratorio es negar que en realidad es un terreno de disputa por la apropiación y el destino del excedente. Si el justicialismo deja de utilizarla para ampliar derechos, fortalecer el salario real y robustecer el mercado interno, corre el riesgo de verse desdibujado, de dejar de representar sus ideales y valores doctrinarios, y de transformarse en un administrador de las desigualdades. El desafío del presente no pasa por administrar mejor la escasez, sino por reconstruir una estrategia nacional capaz de orientar la riqueza social hacia el crecimiento con justicia distributiva. Y eso no es otra cosa que el desarrollo económico.

Si el experimento neoliberal-financiero que hoy encarna Milei profundiza su curso, es difícil imaginar otro saldo que no sea una estructura productiva más debilitada, una mayor extranjerización de los resortes estratégicos de la economía y un tejido social todavía más fragmentado. La historia argentina ya conoce ese desenlace. La valorización financiera puede ofrecer, durante un tiempo, ciertos indicadores de orden nominal, pero suele hacerlo al costo de desarticular capacidades industriales, deteriorar el salario real y volver más dependiente a la economía nacional de flujos de capital tan volátiles como ajenos a cualquier proyecto de desarrollo.

Es precisamente ante ese horizonte donde comienza a insinuarse, en algunos sectores del peronismo, una tentación desarrollista. No resulta extraño. Frente a la devastación social que deja el neoliberalismo, la promesa de reconstrucción productiva, inversión y crecimiento industrial reaparece como una respuesta razonable, e incluso necesaria. Cuando un ciclo de valorización financiera deja como saldo capacidad ociosa, caída del salario real, cierre de pequeñas y medianas empresas y deterioro del entramado productivo nacional, es lógico que vuelva a cobrar fuerza la idea de que la prioridad inmediata debe ser reconstruir las condiciones materiales de la acumulación. En ese marco, el desarrollismo vuelve a presentarse como una alternativa capaz de reinstalar la cuestión de la producción, la infraestructura, la industria y la planificación estatal, en contraste con el dogma neoliberal de la autorregulación de los mercados.

Sin embargo, el desarrollismo, aun en sus versiones más sofisticadas, parte de una premisa distinta a la tradición justicialista. Su núcleo ordenador es la expansión de las fuerzas productivas, la ampliación de la capacidad de acumulación y el aumento de la productividad general del sistema económico. Bajo esa lógica, el problema central consiste en remover los obstáculos que frenan la inversión, expandir la escala productiva, incorporar tecnología y elevar la competitividad. Históricamente, esa secuencia suele apoyarse en una industrialización que busca ganar dinamismo sobre la base de costos laborales contenidos, es decir, con salarios subordinados a las necesidades de la acumulación y de la competitividad. Pero en una economía como la argentina, esa lógica no sólo recae sobre los trabajadores. También suele trasladar sus costos a las pequeñas y medianas empresas, que dependen del mercado interno para sostener ventas, empleo e inversión. Cuando el salario pierde poder de compra y el consumo se contrae, no son únicamente los hogares los que retroceden; también las pymes ven reducirse su facturación, aumentar su capacidad ociosa y deteriorarse sus condiciones de supervivencia. La mejora distributiva “podría” aparecer, en todo caso, como una consecuencia posterior del proceso, como un resultado esperado una vez consolidado el crecimiento. Primero se acumula y después se distribuye (la conocida teoría del derrame). Esa es, en términos generales, la secuencia implícita que organiza su razonamiento. La experiencia reciente vuelve legítima una pregunta. Si esa lógica fuera correcta, ¿en qué momento debían recomponerse los salarios luego del crecimiento del PBI registrado en Argentina durante 2021 y 2022?

El justicialismo parte de otra lógica. No concibe la distribución como una consecuencia diferida del crecimiento, sino como una condición constitutiva del propio desarrollo. En la tradición justicialista, el salario no es apenas una variable de costo que debe administrarse para asegurar competitividad, sino el principal dinamizador del mercado interno, el mecanismo que transforma producción en demanda efectiva y el fundamento material de la comunidad organizada. La expansión económica no se legitima por el solo hecho de aumentar el producto, sino por la forma en que ese crecimiento modifica la participación de los trabajadores en la renta nacional y amplía las condiciones de bienestar colectivo. Pero esa centralidad del salario no supone desentenderse de la productividad. Por el contrario, el aumento sostenido de la productividad es una condición necesaria para que salarios altos puedan consolidarse en el tiempo. Una economía justicialista no elige entre distribución y productividad. Debe organizar una estrategia en la que la recomposición del ingreso impulse la demanda, mientras la inversión pública y privada, el crédito productivo, la innovación tecnológica, la infraestructura y la planificación sectorial amplían la capacidad de oferta y elevan la productividad general del sistema.

Del mismo modo, tampoco puede limitarse a administrar pasivamente la renta generada por sus recursos estratégicos ni admitir que esa renta sea apropiada de manera concentrada o fugada al exterior. La renta energética y minera debe ser captada, orientada y reinvertida en una estrategia nacional de productividad que fortalezca infraestructura, abarate la energía para la producción, mejore el transporte, impulse la incorporación tecnológica, desarrolle proveedores locales, promueva procesos de industrialización aguas abajo, eleve la calificación laboral y amplíe el financiamiento productivo. El objetivo de esa secuencia es construir las condiciones materiales para que salarios altos, empleo y ampliación de derechos no sean episodios transitorios, sino motores persistentes de una estrategia nacional de desarrollo.

Por eso el debate que comienza a abrirse en el peronismo no es meramente técnico. Lo que está en discusión es si, frente a la crisis que dejará este ciclo, el movimiento optará por una versión aggiornada del desarrollismo o si volverá a plantear un programa económico genuinamente justicialista. La diferencia no es menor. En un caso, se trata de reconstruir la acumulación esperando que luego se derrame bienestar. En el otro, se trata de organizar desde el inicio un proceso de crecimiento en el que la expansión productiva, la soberanía económica y la justicia social avancen de manera simultánea.

La encrucijada, entonces, no pasa por elegir entre orden y desorden, ni entre estabilidad y expansión. Pasa por definir si la salida de la crisis será administrada bajo las categorías de una racionalidad que vuelve a postergar al trabajo, o si el peronismo recuperará la convicción histórica de que no hay desarrollo nacional posible cuando el salario pierde centralidad y la riqueza social se desacopla de las necesidades del pueblo. Ahí está el verdadero debate de época. No se trata de volver a crecer para después distribuir, se trata distribuir para el desarrollo.