Estado y Planificación: Nunca es tarde (casi)
La Argentina necesita una estrategia de desarrollo de largo plazo basada en la industrialización, la diversificación productiva y un Estado con capacidad de planificación.
La argumentación es consistente, el mercado interno supera actualmente los 46 millones de habitantes y la experiencia de industrialización de Corea del Sur estuvo influida por múltiples factores, entre ellos el intercambio tecnológico con Estados Unidos y el aprendizaje de otras experiencias extranjeras, incluida parcialmente la argentina siempre en torno a la presencia y planificación planificación estatal.
Exactamente en sentido contrario a la práctica del actual gobierno nacional (?), que diluye la planificación y presencia estatal a cero.
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Frenan el desarrollo del CAREM (el primer reactor nuclear de potencia diseñado y construido íntegramente en Argentina), desmantelan la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero te hablan de desarrollo nuclear. Los camisas pardas son magia pura.
Sebastian Fernandez @rinconet
Argentina y la necesidad de un proyecto nacional de desarrollo
La caracterización de la economía argentina exige analizar no solo su desempeño coyuntural, sino también la distancia existente entre sus enormes potencialidades y su nivel efectivo de aprovechamiento. La extensión territorial, la abundancia de recursos naturales, la disponibilidad de capacidades científico-tecnológicas y la desigual distribución espacial de la actividad económica ponen de manifiesto la necesidad de recrear un proyecto nacional de desarrollo aún pendiente, acorde tanto con las necesidades internas como con la inserción regional e internacional del país.
La Argentina presenta una estructura productiva de dos velocidades. Por un lado, un complejo agroindustrial altamente competitivo y orientado hacia los mercados internacionales; por otro, diversos sectores industriales estrechamente vinculados al mercado interno, cuya evolución depende en gran medida del ciclo económico doméstico. A ello se suma una tradición industrial que, pese a los sucesivos procesos de desindustrialización, conserva capacidades estratégicas en ramas como la energía, la industria nuclear, la biotecnología, la metalmecánica, el complejo satelital y la producción de bienes de capital. Sobre esa base resulta posible diseñar una estrategia de industrialización de largo plazo que permita sustituir importaciones en sectores críticos, reducir la restricción externa de divisas, diversificar la estructura productiva y consolidar ventajas competitivas en actividades de mayor contenido tecnológico.
Este proceso requiere un Estado con capacidad de planificación y coordinación estratégica. Su función no debería limitarse a regular los mercados, sino también a orientar el crédito hacia la inversión productiva, desarrollar un mercado interno de capitales, fortalecer el sistema científico y tecnológico e impulsar centros de investigación distribuidos en todo el territorio nacional. La articulación entre el Estado, el sector privado y el sistema científico constituye una condición indispensable para acelerar el desarrollo. Allí donde la inversión privada resulte insuficiente o renuente, la participación de empresas públicas en sectores estratégicos puede desempeñar un papel decisivo para iniciar procesos de acumulación y desarrollo industrial.
La experiencia internacional ofrece enseñanzas valiosas. El desarrollo de Corea del Sur desde la década de 1960 estuvo condicionado por el contexto geopolítico de la Guerra Fría y por un fuerte respaldo económico y militar de los Estados Unidos sin perder la presencia y planificación estatal. Incluso, diversos estudios han señalado que funcionarios y planificadores surcoreanos observaron con interés algunas instituciones económicas argentinas de las décadas de 1950 y comienzos de 1960, especialmente aquellas vinculadas con la promoción industrial y el rol del Estado en la planificación. Aunque dichas influencias no fueron determinantes, muestran que la Argentina llegó a constituir una referencia para países que posteriormente alcanzaron niveles de industrialización mucho más avanzados.
Las experiencias de crecimiento industrial registradas durante distintos períodos de las últimas décadas demuestran que el país posee capacidades para expandir su aparato productivo cuando existen condiciones macroeconómicas favorables y políticas públicas orientadas al desarrollo. Esas experiencias podrían constituir el punto de partida para una estrategia sostenida en el tiempo, capaz de elevar la productividad, generar empleo de calidad y reducir los elevados niveles de pobreza y desempleo estructural que persisten en amplias regiones del país.
Asimismo, el mercado interno argentino, compuesto por más de 46 millones de habitantes y correspondiente a una de las principales economías de América Latina, constituye un activo estratégico que no debe ser subestimado. En un escenario internacional caracterizado por una creciente multipolaridad, el fortalecimiento de los vínculos económicos con China, India, Rusia, el Sudeste Asiático y otras economías emergentes podría ampliar significativamente las oportunidades de comercio, inversión e intercambio tecnológico, disminuyendo la dependencia histórica respecto de los países occidentales desarrollados y diversificando las relaciones internacionales del país.
Para avanzar en esa dirección resulta imprescindible construir una estrategia de desarrollo ampliamente consensuada entre el Estado, el sector empresario, los trabajadores, el sistema científico y las universidades. Ello supone también reorientar la política macroeconómica, abandonando la dependencia del endeudamiento externo como mecanismo recurrente para financiar déficits fiscales, comerciales o de cuenta corriente. Una política fiscal orientada al desarrollo debe promover la inversión productiva, fortalecer la capacidad del Estado y distribuir de manera más equilibrada los costos y beneficios del crecimiento económico.
En este marco, las pequeñas y medianas empresas ocupan un lugar central. Constituyen las principales generadoras de empleo formal, poseen una elevada capacidad para incorporar innovación y mantienen un fuerte arraigo territorial. Su fortalecimiento mediante financiamiento, asistencia tecnológica, infraestructura y acceso a mercados externos permitiría incrementar el valor agregado nacional y consolidar cadenas productivas de mayor complejidad.
La historia económica también cuestiona el determinismo de las ventajas naturales. Durante gran parte del siglo XIX se sostuvo que la riqueza de las naciones dependía principalmente de la disponibilidad de recursos naturales. Sin embargo, casos como el de Japón demostraron que el desarrollo industrial puede construirse incluso en contextos de escasez de recursos. Tras la Segunda Guerra Mundial, ese país impulsó una estrategia basada en la incorporación tecnológica, la formación de capital humano, la innovación y el incremento sostenido de la productividad, convirtiéndose en una de las principales potencias industriales del mundo.
La Argentina continúa teniendo pendiente un debate profundo acerca de su estrategia nacional de desarrollo. Dicho proyecto debe trascender los ciclos electorales y las alternancias de gobierno, estableciendo objetivos compartidos que otorguen previsibilidad a las decisiones públicas y privadas. Sin acuerdos estratégicos de largo plazo, las potencialidades del país seguirán desaprovechadas y los problemas estructurales continuarán reproduciéndose.
Nunca es tarde para emprender ese camino. Las transformaciones que experimenta la economía mundial, la transición tecnológica, las disputas geoeconómicas entre las grandes potencias y la creciente competencia por los recursos estratégicos obligan a repensar el lugar de la Argentina en el sistema internacional. El desafío consiste en construir un proyecto de desarrollo que permita convertir las capacidades potenciales del país en riqueza socialmente distribuida, soberanía económica y bienestar para el conjunto de la sociedad.
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Sobre un texto de Ezequiel Beer: Geógrafo UBA / Analista Político.
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El nuevo cálculo del equipo económico reemplaza la meta anunciada en abril; entre los activos en danza figuran centrales eléctricas, concesiones hidroeléctricas, trenes y la privatización de AySA
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó hoy el programa financiero para 2026 y 2027 con el objetivo de despejar dudas sobre el pago de los vencimientos de deuda y mostrar mayor poder de fuego del Gobierno de cara al año electoral de 2027. Entre los anuncios, el funcionario indicó que una parte de ese financiamiento llegará a través de privatizaciones: US$800 millones ingresarán este año a la caja del Tesoro y otros US$1500 millones lo harán en 2027.
La cifra implica un ajuste respecto de lo que había anticipado el propio Caputo el 28 de abril pasado, durante Expo EFI. En esa oportunidad, había dicho que el proceso de privatizaciones y concesiones iba a generar ingresos por unos US$2000 millones. El cambio no es sustancial, pero marca una recalibración de los tiempos y los montos esperados.
Hasta el momento, el Gobierno recaudó US$356 millones por la venta de su participación accionaria en la transportista eléctrica Transener y otros US$707 millones durante el verano, con la licitación de las cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue.
El resto del programa de privatizaciones incluye una serie de activos en distintas etapas de avance. El más avanzado, aunque no exento de complicaciones, es la venta de las centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín, ambas en manos de la estatal Enarsa, que tiene el 65,01% de la primera y el 68,83% de la segunda. Se trata de dos activos gemelos, de unos 800 MW cada uno y con turbinas Siemens, que el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) tasa en alrededor de US$400 millones cada uno.
El proceso de venta tiene dos obstáculos. El primero es el derecho de preferencia que tienen los socios privados -entre ellos Central Puerto, AES y Pampa Energía- para igualar cualquier oferta que se presente. Eso desalienta la llegada de nuevos jugadores y reduce el proceso, en la práctica, a una discusión entre los actuales accionistas. Central Puerto, que además opera ambas plantas, ya manifestó su interés en quedarse con el control.
El segundo obstáculo es la tasación. El valor de estos activos depende del flujo de ingresos futuro, que resulta difícil de proyectar tras los cambios recientes en las reglas de remuneración del mercado eléctrico que impulsó el Gobierno.
Más adelante, Enarsa también prevé sumar a la lista de venta otras dos centrales térmicas, Almirante Brown (575 MW) y Vuelta de Obligado (540 MW), aunque ambas están todavía sujetas al fideicomiso que recién vence entre 2027 y 2028.
Otro de los procesos en danza es la privatización de Belgrano Cargas, que arrastra demoras. El pliego, que en Argentina Week se había anticipado para marzo, todavía no se conoció. El Gobierno licita en este caso tres activos distintos. El primero es la concesión de las vías por 50 años de los ramales San Martín, Belgrano y Urquiza, con un fuerte componente de financiamiento internacional y arbitraje fuera del país. Ya mostraron interés el grupo mexicano Ferromex, un consorcio de cerealeras y una constructora local.
El segundo es la venta del material rodante -locomotoras y vagones-, tasado en unos US$500 millones, un activo que se revaloriza porque no hay stock disponible en el mercado internacional. El tercero es el alquiler de los talleres de reparación, bajo un esquema de leasing.
A diferencia de otros procesos, la concesión de las vías no aporta liquidez inmediata al Tesoro, ya que las empresas se comprometen a ejecutar obras a lo largo de cinco a 15 años. El ingreso más rápido llegará por la venta del material rodante, que se cobraría en cinco cuotas: un anticipo del 20% y cuatro pagos anuales sujetos al avance de la obra.
De todos los procesos en danza, el de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que más interés despierta en el mercado y el que muestra mayor avance. A mediados de mayo, el Gobierno publicó los pliegos para vender el 90% de las acciones de la empresa, con el objetivo de recaudar unos US$500 millones para el pago de deuda. El esquema prevé dos etapas: primero, la venta de al menos el 51% del capital a un operador privado mediante licitación; luego, la colocación del resto de las acciones estatales en el mercado. El 10% restante quedará en manos de los empleados, a través del Programa de Propiedad Participada. Entre los interesados en quedarse con la compañía figuran el empresario José Luis Manzano y Sabesp, la empresa brasileña de gestión de agua y residuos con sede en San Pablo.
El proceso de privatización de Intercargo, en cambio, sufrió un traspié. Tras dos prórrogas, el Gobierno abrió los sobres de la licitación para vender el 100% del paquete accionario de la empresa de asistencia en tierra, que opera en más de 20 aeropuertos del país, pero no recibió ninguna oferta. El precio base era de US$45 millones.
Tandanor y Casa de Moneda completan la lista de activos que el Gobierno evalúa incorporar al proceso, aunque todavía sin cronograma definido.
Fuente: La Nación
