HAY QUE PASAR EL INVIERNO Informe CEPA:

Pero para entender el peso de estas palabras, hay que volver a 1959. En plena presidencia de Frondizi, el entonces ministro de Economía, Álvaro Alsogaray, lanzó aquella frase que se convertiría en epitafio de una época: «hay que pasar el invierno». No era un consejo climático, era una declaración de principios ya que el ajuste era inevitable y el Estado no iba a amortiguar el golpe. Era el invierno del Fondo Monetario, del desembolso condicionado, de la primera gran experiencia liberal en la Argentina moderna.

Hoy, Ravier resucita ese espíritu con la misma lógica, el problema no es el precio del gas, sino la decisión individual de no prender la estufa. Es un mensaje que, envuelto en un tono de sentido común, esconde la idea de que el mercado regula todo, incluso la temperatura de tu casa.

Y mientras el vocero invita a buscar otro abrigo en el ropero, la realidad tarifaria golpea la billetera, desde este miércoles las tarifas de Edenor y Edesur suben un 5% en promedio para los casi 2 millones de hogares. Para las pymes y las industrias, el golpe es aún más contundente: hablamos de incrementos de hasta el 13,5%.
La paradoja es brutal. Mientras Ravier repite la receta de Alsogaray, el propio gobierno modifica las bonificaciones para que los hogares subsidiados paguen menos, pero deja al 40% de los usuarios residenciales a merced del precio estacional. No es un «pasar el invierno» igualitario, es un invierno a la carta donde el que puede pagar que pague, y el que no, que se abrigue.

El problema no es el frío. El problema es que, 65 años después de Alsogaray, seguimos con la misma discusión de que el ajuste lo pagan los mismos mientras desde el poder se repiten frases hechas como mantras. La retórica del «abrigarse» es un intento de disfrazar la ausencia de un plan energético con un consejo de abuelo.

DESAMANTELANDO LA CNEA

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) notificó el despido de al menos 61 trabajadores contratados (los gremios elevan a un centenar) en lo que constituye el golpe más reciente contra el organismo rector del desarrollo nuclear argentino. Mientras las autoridades insisten en minimizar los hechos calificándolos como «contratos no renovados» de personal administrativo, la lista de desvinculados revela despidos entre ingenieros químicos, ingenieros electrónicos y técnicos especializados que se desempeñaban en áreas críticas como el desarrollo del reactor CAREM, la seguridad radiológica y la investigación en microscopía.

Este episodio no es un hecho aislado, sino la continuidad de un plan sistemático de desmantelamiento que ya había provocado una reducción del 45,4% del presupuesto de la CNEA y la pérdida de casi 500 trabajadores en los últimos tres años. La decisión se ejecutó en medio de un fuerte operativo de Gendarmería que rodeó la sede central y reprimió en los pasillos a los trabajadores que realizaban una permanencia pacífica para exigir explicaciones, mientras el presidente del organismo, Martín Porro, se negaba a recibirlos y debía ser escoltado para abandonar el edificio.

Detrás de estos despidos se vislumbra que el gobierno no solo ajusta, sino que allana el camino para la privatización de los recursos estratégicos argentinos, como el uranio, en favor de empresas extranjeras, tal como lo reconoció explícitamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, al señalar el interés norteamericano en los minerales críticos del país.

Los hechos muestran un panorama desolador para la CNEA y, por extensión, para la soberanía energética, científica y sanitaria de la Argentina. No se trata de exageraciones gremiales ni de posiciones políticas, la CNEA produce los radioisótopos que se utilizan en el diagnóstico y tratamiento del cáncer, investiga el ciclo completo del combustible nuclear y sostiene proyectos estratégicos como el reactor CAREM-25, paralizado en sus obras civiles. Mientras los salarios de investigadores con 10 años de antigüedad no alcanzan los dos millones de pesos en Bariloche, y empresas extranjeras como Meitner Energy ofrecen hasta cuatro veces más para llevarse el conocimiento generado con fondos públicos, el gobierno responde con despidos. Esto no es gestión, es liquidación.

EL ENIGMA DEL PRECIO DE LAS NAFTAS

El análisis de la evolución de precios de los combustibles revela una anomalía difícil de justificar. Durante años, los precios en dólares se mantuvieron estables, con la Nafta Super oscilando entre USD 0,80 y USD 1,10 por litro entre 2020 y 2025. Este comportamiento reflejaba una lógica comprensible, ya que el petróleo que se refina en el país es de producción local, y los shocks externos como la guerra entre Rusia y Ucrania, no tuvieron un impacto significativo en el precio final al consumidor.

Sin embargo, a partir de febrero de 2026, esa lógica se rompió abruptamente y la nafta Super pasó de USD 1,08 a 1,40, y la Premium de USD 1,23 a USD 1,60, valores que se sostienen por encima de esos niveles durante todo el primer semestre. Este incremento no se explica por el tipo de cambio (estable alrededor de $1400-1450) ni por la evolución del precio internacional del petróleo (ya que no se importa).

La paradoja es ineludible, si la guerra en Ucrania no impactó, ¿por qué habría de hacerlo un conflicto en Oriente Medio que ya muestra señales de distensión? La respuesta no está en los fundamentos del mercado petrolero, sino en decisiones de política interna que rompen con la lógica de años. Los precios de los combustibles suben sin freno, revelando que el combo de la «motosierra» no es solo contra el Estado, sino también contra el bolsillo de los argentinos.

Gráfico N°1: Precios de las naftas (en dólares, 2020/2026)

EL GASODUCTO QUE YA SE REPAGÓ

Un informe de la Fundación Encuentro menciona que el ex gasoducto Néstor Kirchner (hoy Perito Moreno) ya ahorró al país USD 9.122 millones frente a una inversión de USD 2.300 millones. Retorno de 3,97 veces. En cualquier manual de evaluación de proyectos, eso sería éxito. En el manual de la política argentina, es incómodo.
La obra fue inaugurada en 2023 por el Frente de Todos, rebautizada después y su continuidad (segunda etapa) frenada. El debate nunca fue técnico, sino ideológico. Los números muestran que 17.000 millones de metros cúbicos fueron inyectados, sustitución de importaciones de GNL, gasoil, gas boliviano, fueloil y energía eléctrica. Un ahorro diversificado que no depende del precio internacional, sino de una decisión de infraestructura.

El informe advierte que el gasoducto no resuelve la dependencia externa en invierno, es necesaria la segunda etapa. Si la primera demostró ser rentable, ¿qué justifica la detención? ¿Falta de fondos? ¿Revancha política? Argentina sigue importando gas y quemando divisas cuando tiene Vaca Muerta y un gasoducto probado que podría extenderse. El silencio oficial sobre la segunda etapa es elocuente. No hay anuncios ni pliegos. El informe destaca que el 81% del proyecto fue ejecutado con industria nacional y movilizando 48.800 trabajadores demostrando que el país tiene capacidad de ingeniería y mano de obra calificada.

CON LA OLA DE FRÍO LLEGARON LOS CORTES

El Gobierno celebra haber evitado los cortes a hogares, pero la industria argentina enfrenta su invierno más crítico en años. Mientras ENARSA completa la compra de 28 barcos de GNL con un costo que superará los 1.100 millones de dólares (50% más que en 2025), las fábricas del Litoral, Córdoba y el NOA sufren restricciones de hasta el 70% en su suministro. La paradoja es brutal, el gas local cuesta 4,5 dólares por millón de BTU, pero el importado ronda los 18 dólares y la mayoría de las industrias no puede pagar ese salto.

El reclamo de la UIA por convocar el comité de emergencia del ENREGE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad y el Gas) no es un pedido técnico menor, sino una batalla política por definir quién asume el sobrecosto del invierno. Si el faltante es por transporte, la distribuidora debe responder, pero si es comercial corresponde reunir a transportistas, distribuidoras, ENREGE, Secretaría de Energía, CAMMESA y ENARSA para verificar si hay volúmenes disponibles. La negativa del Gobierno a convocarlo es una decisión política con nombre propio: la secretaria de Energía, María Tettamanti sostiene que la industria debe conseguir gas regasificado a “costo real” mientras el ministro coordinador Daniel González lo justifica con un argumento de mercado: «Queremos transparentar el costo para que cada actor tome decisiones racionales».

El dato que desmonta el relato de escasez es que la producción nacional de gas marcha en niveles altos. No hay falta física, hay un problema de arquitectura de transporte y comercialización. La Resolución 66/2026 reconfiguró el sistema para priorizar el flujo desde Vaca Muerta, pero el corredor norte quedó expuesto y a la espera del gasoducto Tratayén–La Carlota que sigue sin concretarse. La paradoja es que el gas está en Neuquén y los barcos llegan a la costa, pero las fábricas del norte se quedan sin suministro. El Gobierno eliminó el rol de ENARSA como proveedor de última instancia, pero no construyó un mercado que funcione sin esa figura, y el resultado es un descontrol donde cada uno se arregla como puede.

La UIA propuso que el Estado financie el 50% del costo del GNL importado durante el invierno y que la industria asuma el otro 50%. El Ministerio de Economía lo rechazó. La coherencia fiscal del Gobierno es políticamente elogiable pero industrialmente devastadora, mientras ahorra 130 millones en esos subsidios, el país pierde producción industrial y gasta 1.200 millones en importaciones de GNL.
El invierno de 2026 expone la tensión no resuelta entre el mercado y la planificación. El Gobierno eligió el mercado, pero el mercado falló en el norte. El problema no es la ola polar, sino la falta de una política de invierno ya que sin gasoductos que conecten Vaca Muerta con el norte, sin un esquema de transición para el cambio regulatorio, y sin un mecanismo que aísle a la industria de la volatilidad internacional, el próximo invierno repetirá la película.

AGENDA REGULATORIA Y NORMATIVA

1. Precios de la Programación Estacional de Invierno (Resolución 109/2026): Se aprueba los Precios Estacionales de Invierno para el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el sistema de Tierra del Fuego, vigentes desde el 1° de mayo de 2026. Los nuevos precios se fijaron para reflejar los costos reales de la energía, potencia y transporte, avanzando en el «sinceramiento» de los costos del sistema. La medida se enmarca en las emergencias energética y económica prorrogadas, y en el proceso de normalización del MEM iniciado por la Resolución N° 400/20252.

2. Adjudicación AlmaSADI (Resolución 155/2026): Se formalizó la adjudicación de 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de 5 empresas a lo largo de 7 regiones del país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa. La inversión estimada para esta primera etapa es de USD 700 millones. Las empresas adjudicatarias son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (1 proyecto) e INTERMEPRO (1 proyecto).

3. Más privatizaciones para este año: El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la intención de concretar este año la venta de las acciones de las usinas San Martín y Belgrano que están en manos de Enarsa con una potencia de 865 MW cada una y de las hidroeléctricas los Nihuiles, Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre (Diamante), Río Hondo y Los Quiroga, Futaleufú, Cabra Corral y El Tunal (Río Juramento), Ullum y El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo (Tucumán), que suman una potencia total de 1.399 MW.

Colofón: El invierno no es el problema, sino el síntoma. Detrás del frío, del precio de los combustibles y de los cortes de gas, se esconde una decisión política: dejar que el mercado decida quién se calienta y quién no. Pero la energía no es solo una mercancía, sino que es trabajo, industria, soberanía y calidad de vida. Sin una política que lo asuma, el próximo invierno solo será más caro y más injusto.

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR ENERGÉTICO