Cuba: seis décadas de bloqueo y una decadencia inducida
La crisis que atraviesa Cuba no puede comprenderse al margen de un dato histórico decisivo: la Revolución cubana lleva más de seis décadas sometida al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos. Desde 1962, Washington convirtió el aislamiento de la isla en una política de Estado destinada a limitar su capacidad de comercio, inversión, financiamiento y acceso a bienes estratégicos. No se trata, por lo tanto, de un episodio coyuntural ni de una sanción puntual, sino de una estructura permanente de coerción económica que ha condicionado durante generaciones el funcionamiento de la economía cubana.
El bloqueo constituye el marco estructural de la decadencia económica cubana. Una economía pequeña, insular y altamente dependiente del comercio exterior enfrenta costos extraordinarios cuando se le restringe el acceso a mercados, créditos, tecnologías, insumos y fuentes de financiamiento. A ello se agrega el carácter extraterritorial de buena parte de las sanciones estadounidenses, que presiona sobre empresas y entidades de terceros países que pretenden comerciar o financiar operaciones con Cuba. La consecuencia es un encarecimiento sistemático de las transacciones y una reducción de las posibilidades de acumulación e inversión.
La cuestión energética expresa con particular claridad esta dependencia. La disponibilidad de combustible resulta indispensable para sostener la generación eléctrica, el transporte y la producción. Cuando se restringen las fuentes externas de abastecimiento, el deterioro energético se transforma rápidamente en deterioro productivo: menos electricidad significa menos producción; menos combustible significa menos transporte; menos producción significa menos exportaciones y menos divisas; y la falta de divisas vuelve todavía más difícil importar combustible, alimentos, medicamentos y bienes de capital. Se configura así un círculo de reproducción de la escasez.
Desde esta perspectiva, las actuales penurias cubanas no deberían interpretarse simplemente como la consecuencia de una supuesta incapacidad de la economía socialista para funcionar. Existe, indudablemente, una dimensión interna de la crisis: baja productividad, dificultades de gestión, envejecimiento demográfico, emigración, pérdida de fuerza de trabajo y problemas derivados de las reformas económicas. Pero colocar exclusivamente allí la explicación significa eliminar de la ecuación seis décadas de presión económica externa.
El dato político fundamental es que el bloqueo no opera solamente sobre el Estado cubano: su efecto final se descarga sobre las condiciones materiales de vida de las clases populares. Las dificultades para obtener alimentos, medicamentos, transporte, electricidad y bienes de consumo no constituyen abstracciones macroeconómicas. Son la forma concreta en que una política internacional de coerción termina impactando sobre la reproducción cotidiana de la población.
Aquí aparece una paradoja histórica. Estados Unidos sostiene que el deterioro económico cubano demuestra el fracaso del sistema político de la isla; pero al mismo tiempo mantiene una política diseñada precisamente para dificultar las condiciones materiales necesarias para el funcionamiento de ese sistema. El bloqueo, en consecuencia, no es simplemente un contexto externo de la crisis: es uno de los mecanismos mediante los cuales la crisis es producida y reproducida.
Esto no implica negar las responsabilidades del gobierno cubano. Una lectura de clase exige evitar tanto la explicación liberal —“todo es culpa del socialismo”— como una explicación exculpatoria que atribuya cada dificultad exclusivamente al imperialismo. Cuba enfrenta contradicciones internas reales y profundas, y algunas de sus políticas económicas han contribuido a reducir productividad, inversión y capacidad de respuesta. Pero esas contradicciones se desarrollan dentro de una estructura internacional excepcionalmente adversa.
Por eso, la apertura económica que está impulsando La Habana debe interpretarse también desde esta perspectiva. La incorporación creciente de capital privado y de mecanismos de mercado no necesariamente expresa una conversión ideológica al capitalismo, sino la búsqueda de mecanismos de supervivencia y acumulación en una economía sometida a una presión externa prolongada. La pregunta de fondo será quién captura los beneficios de esa apertura y quién soporta sus costos.
Después de más de sesenta años, el bloqueo ha dejado de ser una medida excepcional para convertirse en una verdadera estructura histórica de la economía cubana. Su duración permite observar algo que suele quedar oculto en los debates ideológicos: las sociedades no se desarrollan en el vacío. Las posibilidades de acumulación, productividad y bienestar dependen también de las relaciones de poder internacionales.
La decadencia cubana, entonces, debe ser comprendida como el resultado de una combinación entre contradicciones internas y una presión imperial externa sostenida durante seis décadas, donde el bloqueo ocupa un lugar central. Negar las primeras conduce a una lectura apologética; ignorar la segunda conduce a una lectura profundamente incompleta.
El problema no es solamente por qué Cuba tiene hoy dificultades para producir y distribuir bienes. La pregunta histórica más relevante es qué habría ocurrido con la economía cubana durante estos sesenta años sin el bloqueo estadounidense. Esa comparación contrafáctica es imposible de realizar empíricamente, pero su ausencia no permite borrar el hecho histórico: durante más de seis décadas, Cuba ha debido desarrollar su economía bajo una política de coerción internacional excepcionalmente prolongada.
En ese sentido, las “penurias de Cuba” no pueden separarse de la historia del bloqueo. La escasez actual es también el resultado acumulado de seis décadas de asedio económico, sobre el cual se superponen las limitaciones, errores y contradicciones del propio modelo cubano.
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Las penurias de Cuba
Presionada como nunca antes por el bloqueo económico estadounidense (1962) y debilitada sin el apoyo de Venezuela, la isla sobrevive resignada entre el aguante cotidiano y la apertura capitalista ensayada por La Habana mientras negocia otro estatus de relación con Washington.
Tras la caída de Maduro en Venezuela, último apoyo externo de Cuba frente al bloqueo de EEUU, y asfixiada como nunca, la isla inició una apertura capitalista en pequeña escala mientras su población resiste de mil maneras y el gobierno comunista discute con la Administración Trump cambios mayores, pero inciertos.
El Parlamento aprobó en julio 176 reformas económicas que incluyeron el permiso para que más de 15.000 pymes inicien sus actividades y dinamicen mínimamente un mercado interno estrangulado, ahora también, por la falta de combustible que genera la falta de suministro de petróleo desde Venezuela, México y otros países.
“Seré el primer presidente estadounidense en tener el honor de tomar Cuba. Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera con ella”, dijo en marzo Donald Trump, el 13° jefe de la Casa Blanca desde que Fidel Castro llegó al poder en 1959. “Cuba, simplemente, va a caer”, aventuró en enero.
En el último año y medio, evocó el periodista Jon Lee Anderson (New Yorker), un gran conocedor de Cuba, tres poderosos huracanes habían destruido innumerables viviendas y vastas extensiones de tierras de cultivo, desplazando a más de un millón de personas. Cuando llegaron las nuevas sanciones, “Cuba estaba con respirador; la medida de Trump, en la práctica, le cortó el oxígeno”.
Tres meses antes, comandos estadounidenses habían incursionado en Caracas, apresado y trasladado a Nueva York al presidente Nicolás Maduro bajo cargos de narcotráfico (como Manuel Noriega, en 1989). Desde entonces, Trump reconoció y sigue negociando acuerdos con la vicepresidenta a cargo, Delcy Rodríguez.
Luego, Raúl Castro (94), hermano de Fidel y líder histórico de la Revolución Cubana, fue acusado de cuatro cargos de asesinato en un tribunal de EEUU por el derribo de dos avionetas civiles de supuesta ayuda humanitaria a Cuba, en 1996.
Al final, con el bloqueo llevado al límite, agotado el último envío de petróleo de Rusia y la economía cubana paralizada, en mayo llegó a la isla el director de la CIA, John Ratcliffe, un nivel de contacto oficial inédito desde la visita del presidente Barack Obama en 2016, cuando el demócrata había ensayado un deshielo de relaciones que abortó enseguida la primera Administración Trump.
“Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas”, dijo entonces el gobierno cubano a Ratcliffe (foto).
El presidente Miguel Díaz Canel insistió: “Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí”. El país sufre masivos cortes de electricidad (dispone del 40% del mínimo necesario de petróleo) que, pese a la ayuda de China con paneles solares, agobian a los 9,4 millones de cubanos y alejan al turismo, fuente clave de ingresos de divisas.
Los países de América Latina siguen la situación de Cuba con estrategias diversas y opuestas según el color de sus gobiernos pero con el mismo nulo resultado. La mayoría de gobiernos derechistas adhiere a las presiones de Trump en nombre de la “democratización” de la isla. México, Colombia y Brasil, con líderes de izquierda, expresan su solidaridad y rechazan cualquier plan de “invasión” o “toma” de EEUU, pero envían ayuda con cuentagotas, sin intervenir directamente en la disputa.
En tanto, la isla se vacía y envejece. Entre 2019 y 2025 habrían salido del país más de 1,4 millones de cubanos (de 11,1 millones en 2020 a 9,4 millones ahora). El 25,7% tiene 60 años o más y la población laboralmente activa se redujo 19% desde 2015.
«EEUU ha incrementado sus recursos de inteligencia en Cuba, mientras presiona al régimen para que se reforme o pierda el poder. Esto podría presagiar desde una operación militar hasta lograr que funcionarios cubanos o ciudadanos se vuelvan contra el régimen», escribió el influyente medio Politico, de Washington.
“¿Qué es lo que sí se está discutiendo?”, preguntó el New York Times, al vicecanciller Carlos Fernández de Cossío: “El gobierno de EEUU no negociaría su Constitución ni su sistema político con otro gobierno. Así que no debería sorprender que Cuba no esté dispuesta a discutir sus asuntos políticos internos con EEUU”.
“Introdujimos algunos cambios en nuestra economía. Creemos que pueden permitirnos enfrentar esta situación. Sin embargo, si lo que EEUU intenta es provocar dificultades de índole humanitaria en Cuba, lamentablemente tiene el poder para hacerlo. No hay nada que Cuba pueda hacer”.
Los cambios posibles
Cuba sufrió una contracción del 15% en su PIB en los últimos cinco años (la pandemia golpeó con dureza el turismo) y ha enfrentado, desde principios de este año, una escalada de hostilidades por parte de EEUU, la más intensa en décadas.
Las exportaciones cayeron a menos de la mitad; la generación eléctrica, 25% entre 2019 y 2025; y el turismo pasó de 4,6 millones de visitantes en 2017 a apenas 1,8 millones en 2025 (de 17,8% a 6% de todo el Caribe) . A ello se suma el desplome del transporte público, la escasez persistente de alimentos y medicamentos.
En 1996, la Ley Helms-Burton, impulsada por republicanos, prorrogó ad infinitum el embargo comercial de 1962 e impuso sanciones a las empresas extranjeras que comerciaran con Cuba. El demócrata Bill Clinton suspendió esa última parte (Título III), al igual que George W. Bush y Obama. Pero Trump la reimpuso y en 2021 restableció otra medida que declaraba “Estado patrocinador del terrorismo” a Cuba.
En enero de este año, Trump se basó en una supuesta “emergencia” para imponer aranceles prohibitivos a todos los bienes provenientes de cualquier país que decidiera vender petróleo a Cuba, amenaza que reforzó enviando una flota al Mar Caribe. Lo peor vino con el corte de suministro de petróleo importado.
Para cualquier país, hoy sin combustible, ni transporte, ni industria, ni agricultura, o directamente electricidad como en Cuba. Hasta islas como Japón o Taiwán son vulnerables a semejante corte del suministro energético.
En julio, el Parlamento aprobó la apertura de varios sectores de la economía a capitales privados, desde estaciones de servicios a farmacias, pasando por hogares para cuidar ancianos e importadores de vehículos. Desde ahora, esos negocios podrán aceptar dinero de inversionistas privados, aunque el transporte, la educación y la salud seguirán bajo control total del Estado.
El mismo paquete de 176 reformas
En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15.000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno.
Algunos economistas relativizan los efectos inmediatos de la apertura por razones de fondo, como la falta de capital en sí, y otros -desde EEUU- insisten en que mientras el Estado continúe centralizando las decisiones persistirán los problemas agravados por el bloqueo estadounidense y todas sus sanciones.
El vicecanciller Fernández de Cossío dijo que desde Cuba “intentamos atraer inversión extranjera de cualquier país. Y eso no excluye a Estados Unidos”, y ni siquiera al propio Trump: “Si él quiere hacerlo de manera pacífica, no vemos ninguna razón específica para excluirlo”.
Enviados del New York Times autorizados como pocas veces antes para reportar desde la isla narraron “una historia notable de gente adaptándose a circunstancias extremas, con baterías de litio, generadores improvisados, paneles solares y más”.
El gobierno cubano también aprobó la mayor reforma del aparato estatal en décadas, con reducción de cargos y ministerios. El paquete de medidas elimina 92.000 puestos de trabajo, la mayoría de los cuales ya están vacantes, y prevé la reasignación de trabajadores a zonas con escasez de personal.
“Es necesario impulsar esta transformación”, afirmó el secretario del Consejo de Ministros, José Amado Ricardo Guerra. La Administración Central del Estado pasará de 27 órganos a 21 entidades: 20 ministerios y el Banco Central de Cuba.
Según Martín Schapiro, “Cuba es, hace décadas, un laboratorio de las sanciones económicas que hoy son utilizadas por las potencias –y muy particularmente por los Estados Unidos– como herramienta de coerción alternativa a la acción militar directa. Es uno de los principales espacios de experimentación en este terreno, que han dejado una huella severa en su economía”.
Política, economía y sociedad
El primer impacto de la renovada presión sobre la isla fue económico: una incursión al estilo de Venezuela parece remota considerando tanto la disposición como la organización de unas y otras fuerzas militares, sin contar aliados eventuales de La Habana en defensa como Rusia, Irán, Corea del Norte y hasta China.
El propio secretario de Estado, Marco Rubio, el primer descendiente de isleños en ocupar el cargo, dejó en claro a los estadounidenses, y en particular a la influyente comunidad cubana de la Florida, que las sanciones económicas dejaban por ahora sin opciones a un forzado cambio de régimen en La Habana.
“Nos encantaría ver un cambio de régimen. Eso no significa que vayamos a provocarlo”, le había precisado en 2025 a un comité del Congreso de EEUU. Según Anderson, el principal interlocutor de la Administración Trump en las discusiones es Raúl Guillermo Rodríguez Castro (41), nieto de Raúl Castro y muy vinculado con el conglomerado estatal GAESA, que controla casi la mitad de la economía isleña.
En la última andanada, en julio, el Departamento de Estado incluyó a diez organizaciones cubanas en la lista de sanciones. “EEUU seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”, aclaró.
Pero luego hay un costo social para la Revolución. Entre 2008 y 2024, los ingresos del Estado cayeron de 71,7% del PIB a 36,1%, y el gasto total descendió de 78,1% a 42,9%. El gasto social en 2008 representaba 42% del PIB; en 2024 había caído a 19,5%. En Educación bajó de 14,2% a 6,1% del PIB; el de salud pública y asistencia social de 12,4% a 7%; y el de jubilaciones 7,1% a 4,4%.
