Cuando el estado convirtió la entrega en fusilamiento

El 22 de agosto de 1972, diecinueve militantes políticos detenidos tras la fuga del penal de Rawson fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar, en Trelew. Horas después, durante la madrugada, fueron sacados de sus celdas y ametrallados. Dieciséis murieron y tres sobrevivieron gravemente heridos. La documentación oficial y los testimonios posteriores permiten establecer que no se trató de un enfrentamiento ni de un intento de fuga frustrado: fue un fusilamiento cometido por integrantes de la Armada durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse.

La secuencia previa resulta decisiva para comprender la dimensión política del crimen.

El 15 de agosto, veinticinco presos políticos del PRT-ERP, las FAR y Montoneros lograron escapar del penal de Rawson. Seis consiguieron abordar el avión que los conduciría hacia Chile; los otros diecinueve llegaron tarde al aeropuerto de Trelew y quedaron rodeados por las fuerzas militares. Después de una conferencia de prensa, decidieron entregar las armas y ponerse a disposición de la Justicia, bajo la condición de que se garantizara su integridad y fueran trasladados nuevamente al penal. Esa condición fue incumplida: en lugar de Rawson, fueron conducidos a la Base Almirante Zar.

Allí comenzó otra historia.

En la madrugada del 22 de agosto, los prisioneros fueron obligados a salir de sus celdas y una patrulla abrió fuego contra ellos. La versión oficial intentó presentar los hechos como consecuencia de un supuesto intento de fuga. Pero los tres sobrevivientes —Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar— reconstruyeron el episodio y aportaron el testimonio que permitió desmontar esa explicación. El Archivo Nacional de la Memoria registra dieciséis muertos y tres sobrevivientes y señala expresamente que la versión oficial fue contradicha por los testimonios y las investigaciones posteriores.

Trelew fue, de este modo, un crimen de Estado cometido contra militantes que habían sido reducidos, detenidos y puestos bajo custodia militar.

Entre los asesinados estuvieron Carlos Alberto Del Rey y Alejandro Ulla, ambos estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral, junto con otros militantes provenientes de distintas organizaciones revolucionarias. Para Santa Fe, por lo tanto, Trelew también tiene una dimensión propia: la masacre alcanzó a jóvenes estudiantes y militantes vinculados con una tradición universitaria atravesada por la participación política y las luchas populares.

Pero Trelew no puede comprenderse solamente como un episodio represivo de 1972. Su verdadera dimensión histórica aparece cuando se observa qué ocurrió después con quienes sobrevivieron.

Los tres sobrevivientes fueron testigos fundamentales de la masacre. Alberto Miguel Camps fue asesinado en 1977; María Antonia Berger desapareció en 1979 y Ricardo René Haidar fue secuestrado y desaparecido en 1982. Es decir, los tres sobrevivientes de Trelew terminaron siendo víctimas del terrorismo de Estado instaurado después del golpe del 24 de marzo de 1976.

La continuidad resulta demasiado evidente para ser ignorada: primero Trelew; cuatro años después, la maquinaria represiva se extendería a escala nacional.

Por eso el libro de Francisco “Paco” Urondo, La patria fusilada, ocupa un lugar central en la memoria política argentina. En mayo de 1973, poco antes de la asunción de Héctor Cámpora, Urondo entrevistó en la cárcel de Devoto a los tres sobrevivientes. Su testimonio permitió reconstruir desde adentro lo ocurrido aquella madrugada y enfrentar la versión oficial de la dictadura. La obra fue publicada por primera vez en agosto de 1973.

Camps lo explicó con una frase que conserva toda su potencia política: “Para nosotros relatar lo de Trelew es una obligación”, porque había que hacerlo “para con nuestro pueblo, por todos los compañeros que murieron allí”.

No se trataba solamente de narrar una tragedia. Se trataba de impedir que el Estado pudiera asesinar también la memoria de los asesinados.

Trelew fue además una advertencia sobre la naturaleza del poder represivo que se estaba configurando. La dictadura de Lanusse todavía pretendía conservar una fachada institucional y conducir una salida electoral controlada, pero en la Base Almirante Zar el Estado mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para eliminar a quienes consideraba enemigos políticos.

La masacre ocurrió, además, en una Argentina atravesada por una larga historia de violencia contra las organizaciones populares. En la conferencia de prensa realizada antes de la entrega, Rubén Pedro Bonet vinculó explícitamente la lucha de los militantes con las masacres obreras de la Patagonia de 1921. Aquella referencia no era casual: establecía una genealogía entre la represión de los trabajadores rurales y la persecución de una nueva generación militante.

La historia argentina vuelve a mostrar así una constante: cuando las clases dominantes perciben que el conflicto social puede desbordar los límites institucionales que consideran tolerables, la violencia estatal aparece como mecanismo de disciplinamiento.

Trelew fue una de esas señales.

La masacre fue reconocida judicialmente como un crimen de lesa humanidad y en 2012 el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a responsables de los fusilamientos.

Pero la importancia de Trelew excede la sentencia judicial. Su significado político permanece porque allí se quebró deliberadamente una regla elemental: quienes estaban detenidos y bajo custodia del Estado debían ser protegidos por ese mismo Estado. Fueron, en cambio, convertidos en blanco de una ejecución.

Por eso cada 22 de agosto no se recuerda solamente a dieciséis muertos.

Se recuerda también a los tres que sobrevivieron para contar lo ocurrido y que luego fueron desaparecidos. Se recuerda a los estudiantes santafesinos Del Rey y Ulla. Se recuerda a quienes hicieron de la militancia una forma de compromiso con su tiempo. Y se recuerda que la memoria de Trelew es inseparable de la memoria del terrorismo de Estado que pocos años después cubriría de muerte a toda la Argentina.

Como escribió Urondo, relatar Trelew era una obligación. Porque frente al poder que pretende imponer el olvido, contar lo ocurrido también es una forma de lucha.